Sentencia Civil 546/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 8, Rec. 136/2023 de 25 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Antecedentes. 1.1-Por parte de la representación de D. Teodoro se interpuso demanda de juicio ordinario de resolución contractual por incumplimiento de contrato de franquicia y reclamación de cantidad, frente a la entidad mercantil MR. JEFF ESPAÑA, SLU, solicitando la condena de la misma al pago de la cantidad de VEINTISÉIS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (26.096,53.euros) más los intereses legales que se devenguen y todo ello con expresa imposición de costas.

Alegaba que en fecha 30 de noviembre de 2019 firmó un contrato de franquicia (documento nº1) con la mercantil Mr. Jeff España, SLU., y que los incumplimientos por parte de la demandada, concretados esencialmente en la modificación de las condiciones económicas, conllevaron la imposibilidad de desarrollar la franquicia por parte del actor.

1.2.-La parte demandada negó los incumplimientos indicados por la actora, y la sentencia de instancia desestimó la demanda entendiendo que no concurre causa de resolución contractual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil, y que únicamente hubo alguna modificación referente a la maquinaria y potencia que no puede ser causa de resolución.

1.3-Recurre la parte demandante alegando error en la valoración de la prueba, reiterando que la información proporcionada al demandante fue errónea e imprecisa, provocando que la inversión fuese mayor de lo previsto, imposibilitando al actor desarrollar la franquicia, destacando las testificales practicadas, de empleados de la demandada, y concluyendo que la testifical de una de ellas acredita el incumplimiento grave de la demandada. También alega incongruencia por cuanto no se ha pronunciado la sentencia de instancia respecto de la vulneración de la cláusula 12.1, en relación al canon, y de la alegada vulneración de la cláusula 14, en relación al deber de asistencia y asesoramiento.

1.4-Conferido el oportuno traslado a la parte demanda, presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de adverso considerando ajustada a derecho la sentencia impugnada, solicitando la desestimación del recurso con imposición de costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Principios que rigen la segunda instancia.-Expuesto el objeto del recurso conviene recordar siguiendo la reciente STS 1433/2023 de 18 de octubre, que el recurso de apelación se constituye en una revisio prioris instantiae (revisión de la primera instancia), que permite al tribunal de apelación abordar la cuestión fáctica y jurídica planteada en la instancia con plena jurisdicción, sin otra limitación o condicionante que no sea el derivado de los términos en los que el propio recurso de apelación se ha formulado ( SSTS 269/2016, de 22 de abril, 135/2020, de 2 de marzo; 306/2020, de 16 de junio y 419/2021, de 21 de junio, entre otras muchas).

Rige el principio recogido en la regla latina tantum devolutum quantum apellatum (se transfiere lo que se apela), conforme al cual el tribunal de apelación sólo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sido planteadas en el recurso, como establece el art. 465.5 LEC, que no deja de ser una proyección del principio de congruencia en segunda instancia ( STS 306/2020, de 16 de junio y SSTC 143/1988, de 12 de julio; 19/1992, de 14 de febrero; 15/1987, etc...).

La manifestación última de estos principios en el proceso civil es la vinculación del órgano judicial a las peticiones formuladas por las partes, de manera que su decisión habrá de ser congruente con las mismas, sin que pueda otorgar cosa distinta a la solicitada, ni más de lo pedido, ni menos de lo resistido. Por ello, la sentencia 795/2010, de 29 de noviembre, recordó la correlación entre el principio de justicia rogada ( art. 216 LEC) y la congruencia de la sentencia ( art. 218.1 LEC) .

Señalar, igualmente que, como expresión del principio dispositivo, es reiterada la jurisprudencia que señala que la Audiencia Provincial sólo puede revisar el pleito, asumiendo funciones de instancia, tanto en cuestiones fácticas como jurídicas, si la controversia se reproduce o subsiste en esa segunda instancia ( SSTS de 6 de julio 2006, Rc. 3914/1999, 610/2010, de 1 de octubre o 419/2021, de 21 de junio).

TERCERO.- Examen y resolución de los motivos impugnatorios alegados.-

Se aceptan los de la sentencia de instancia que se completan con lo expuesto a continuación.

3.1-Alega la apelante, remitiéndose prácticamente a su demanda, que ha quedado acreditado el incumplimiento grave por parte de la demandada. Sin embargo, debe compartirse la conclusión de la Sentencia de instancia, en tanto la prueba practicada en el procedimiento, la documental aportada por las partes y la testifical de dos empleados de la demandada, no permiten llegar a una apreciación distinta.

La resolución del recurso requiere examinar separadamente los motivos que la parte demandante alegaba en su demanda, como causas de resolución del contrato, y que son los siguientes incumplimientos de la parte demandada:

1ºAchacaba a la demandada haber modificado las condiciones económicas inicialmente pactadas y con las que el Sr. Teodoro confeccionó su plan de negocio e inversiones a realizar provocándole la imposibilidad de iniciar su actividad. Entendía que eso se acreditaba mediante la comparación del documento nº 2, plan de negocio inicial, y el documento nº 19, modelo financiero enviado el día 18/02/2020, esto es, casi tres meses después de haber firmado el contrato, señalando que en la primera propuesta la inversión inicial IVA incluido ascendía a 57.406.euros y con la nueva propuesta la inversión era de 72.603.euros IVA incluido, esto es, 15.197.euros de más. Y que el coste inicial de la "llave en mano" (adecuación del local), era de 28.600.euros y con la modificación unilateral de Mr. Jeff ascendía a 41.600.euros, es decir, más 13.000.euros.

La alegación no puede ser acogida. Y ello, cuando la misma demanda impide llegar a esa conclusión. Y es que el mismo demandante pone de manifiesto que el documento 2 se entregó durante la fase de contactos previos, pero que posteriormente, incluso pagada la señal y puesto en contacto con BBVA, entidad financiera, D. Juan Pedro, responsable de Expansión Executive España y testigo que fundamenta muchas de las afirmaciones contenidas en la demanda pero que no ha sido llamado por la parte demandante para poder corroborar alguna de ellas, le dijo que el modelo de negocio cambiaba a mejor y si antes no daba servicios de tintorería, con este nuevo modelo mejorado sí. Y esto lo ubica el mismo demandante el 4 de noviembre de 2019, señalando que ahí le indica que el coste total de la inversión ascendía a 70.183 euros IVA incluido y que la llave en mano ahora valía 39.160 euros + IVA y diciéndole que necesitaba 76.000 euros para salir adelante teniendo en cuenta que una vez hubiere pagado el resto de la tasa, con 2-3 meses máximo ya habría arrancado el negocio, aproximadamente unos 45 días desde que Mr. Jeff aceptara el local propuesto por el cliente. Y señala que aceptó ya que BBVA se comprometía a financiar la operación y ya había pagado los 3.000 euros de reserva.

Por tanto, no puede alegarse una modificación de las condiciones inicialmente pactadas teniendo en cuenta la propuesta de septiembre, obviando la que efectivamente, y debidamente informado, acepta el demandante. Y es que la firma del contrato tiene lugar el 30 de noviembre de 2019, y el demandante, desde casi cuatro semanas antes, conoce las nuevas condiciones que son las que deben ser comparadas con las ofertadas finalmente el 18 de febrero de 2020, condiciones económicas que difieren de lo pactado en poco más de dos mil euros, en una inversión de setenta mil euros. Por tanto, una cantidad no relevante, y menos aún si se tiene en cuenta que la información entregada previamente al demandante, y sobre la que forma su voluntad, es estimativa, pues del mismo contrato resulta que hasta que se encuentre el local, no puede conocerse el precio exacto de la inversión.

Y, en este sentido, la sentencia de instancia, es inobjetable cuando indica que el modelo de negocio sobre el que fue informado el demandante fue objeto de modificación y fue aceptado por el mismo antes de la firma del contrato. Así, señala la sentencia que "de la prueba practicada consistente en la testifical de la Sra. Consuelo y el Sr. Valentín, ha quedado acreditado que antes de firmar el contrato de franquicia, el modelo de negocio cambia de lavandería y se amplía a tintorería siendo este finalmente el modelo de negocio objeto del contrato de franquicia firmado el 30/11/2019".

Este razonamiento de la sentencia no resulta controvertido por las escasas alegaciones del demandante en su recurso de apelación, que se limita a señalar que la información fue errónea e imprecisa, basándose indebidamente en el documento 2, y que la inversión finalmente era mucho mayor, cuando, como acabamos de señalar, el documento 2 no es el que se debe tener en cuenta y la desviación del importe calculado de inversión es mínimo.

2ºAlegaba la parte la vulneración del artículo 12.1 del contrato puesto que según el clausulado el coste total el primer año de canon inicial, canon mensual y gastos de marketing ascendía a 11.111 USD y el cliente abonó la cantidad de 12.100.euros.

Ciertamente, como alega el apelante, la sentencia no se pronuncia sobre este concreto punto. Y llama la atención el uso de la divisa "USD" en lugar de los euros, atendido a que ninguna de las partes, ni el objeto del negocio, tiene vinculo alguno con el país correspondiente a esa divisa.

Sin embargo, no puede ser acogida esta alegación, como causa de resolución del contrato. Para ello hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la parte demandada ha alegado que se trata de un error de transcripción en el contrato, que no impidió que las partes tuviesen por euros las cantidades indicadas. Y así consta, pues el demandante realizó el pago de las cuantías en euros, y la demandada las dio por válidas, sin que una u otra parte objetara nada al respecto.

En segundo lugar, el documento 2, al que se aferra la parte demandante, expresa las cuantías en euros, lo que permite tener por cierto ese mero error de transcripción.

Pero es que, además, si tenemos en cuenta el cambio USD/EURO, en la fecha de firma del contrato, resulta que los 11.111 dolares equivalen a 10.117,68 euros. Pero esa cantidad no tiene en cuenta el IVA aplicable, del 21%, que sí que consta en lo abonado por el demandante en la factura (documento nº27) por lo que incluso resultaría que el demandante habría pagado menos cantidad de la debida de estar a lo pactado en el contrato en Dólares y sin el IVA incluido, frente a lo que cobró y facturó la parte demandada con el IVA ya incluido.

Por tanto, este motivo tampoco puede ser acogido.

3ºLa parte demandante manifiesta que la demanda había vulnerado las cláusulas 5 y 7.1, en relación a la empresa homologada para la adecuación y equipamientos del establecimiento.

En este punto, sobre el que la demanda incide notablemente frente al resto de incumplimientos alegados, desarrollando un largo relato de hechos, la apelación apenas refiere como motivos para combatir la sentencia, que no era normal que se mandaran tantos presupuestos diferentes, y cada vez más altos, para la adecuación del local comercial, cuando el local ya estaba prácticamente equipado puesto que anteriormente se desarrollaba también un negocio de lavandería.

Este motivo se ve igualmente afectado por lo indicado previamente sobre el primero de los motivos que han sido examinados en el presente fundamento. Y es que, el presupuesto global finalmente se corresponde con lo previsto, pero es que, además, como indica la sentencia , las relaciones del franquiciado con el contratista son ajenas al franquiciador, como se recoge en la cláusula 7.1 del contrato que establece que: "El franquiciador asesorará al Franquiciado en la instalación y decoración del Centro, marcando las pautas sobre los estándares mínimos que deberá cumplir el proyecto de reforma y/o decoración, que deberá ser ejecutado por el Franquiciado a través de una Empresa Homologada y a su propio cargo. El Franquiciado se responsabilizará de la contratación de Empresas Homologada habiendo sido facilitadas previamente por el Franquiciador, que serán las que realicen los proyectos de ejecución y dirección de obra, la realización de las obras de instalación, los equipamientos, el mobiliario y/o decoración conforme a los planos básicos de implantación entregados por el Franquiciador, cuyos honorarios y gastos serán a cargo del Franquiciado. Así mismo, el Franquiciado deberá obtener la verificación técnica provista por la empresa Homologada facilitada por el Franquiciador".

Por otra parte, sin negar que el demandante cumplió con su obligación de encontrar un local en la zona dentro del plazo de 3 meses, refiere que la empresa homologada emitió diversos presupuestos, pero todo ello fue dentro de las negociaciones y requerimientos que la parte iba efectuando. Siendo que, por una parte, no puede tenerse en cuenta la primera estimación, anterior a la firma del contrato porque ya se ha indicado que el modelo de negocio fue objeto de cambio. En segundo lugar, por cuanto el primero de los que la parte señala, documento nº5, no es un presupuesto de reforma del local, sino que el mismo se remite por MR JEFF a solicitud del demandante para su aportación al trámite de obtención de financiación iniciado con BBVA, siendo un presupuesto del pack básico, que no puede ser considerado un presupuesto definitivo con los extras, ya que éste solo se emite una vez que el contratista ha podido ver el local.

En este punto llama la atención que la demandante dice que encontró el local y la empresa encargada homologada por el franquiciador, New Building Lexcorp, SLU, quien opera en el tráfico mercantil como RC Rehabilitaciones, le entregó el presupuesto "de la llave en mano" en fecha 21/11/2019 (Documento nº 5). No se entiende esa información cuando previamente afirma que no es hasta el pagó, del 29 de noviembre de 2019, cuando empezó a buscar el local. Ello confirma el carácter de presupuesto de pack básico que tiene ese documento nº5, como afirma la demandada.

El resto de presupuestos, a que se refiere la parte deben tener ese carácter meramente orientativo, pues no se alcanza a comprender como puede considerarse que pueden ser presupuestos válidos si la empresa que los emite aún no ha visto el local, lo que hace previamente el último de los presupuestos aportados.

Alegaba la parte en la demanda que la demandada no quería reducir el precio de la reforma, y que este hecho se lo confirma el constructor, al que tampoco llama como testigo. Sin embargo, consta un correo remitido por Dª. Consuelo al demandante, en fecha 18 de febrero, donde se le confirma que, tras la visita del contratista al local, le han confirmado que si se va a realizar un descuento del paquete llave en mano respecto de aquellos elementos reutilizables, y que le iban a pasar el presupuesto con la actualización del nuevo modelo de plancha.

Merece hacer mención también a que la demanda, sobre este motivo, está plagada de hechos no constatados, y para los que habría sido necesaria la declaración del constructor o del Sr. Juan Pedro, y es que la actora refiere que Dª. Consuelo y el Sr. Juan Pedro le dieron indicaciones contradictorias sobre si se podía quedar con las maquinarias del comercio anterior. Igualmente, no consta, que la constructora le dijese que ellos trabajan con presupuesto cerrado, que no podían descontar nada y que había cambios en el modelo. Y hace referencia a conversaciones y correos que no constan aportados, como el relativo a los 10.000 euros del traspaso del local. Tampoco consta que la constructora se negase a ver el local, como afirma, ni que no pudiese cambiar de industrial.

En definitiva, no puede acreditarse el motivo alegado.

4ºAlega que Mr. Jeff incumplió su deber de asistencia y asesoramiento hacia el demandante previsto en la cláusula 14, lo que concreta en que la información fue incompleta, errónea y decisiva para que el Sr. Teodoro no pudiera seguir con su proyecto. Y que existieron cambios con los interlocutores de Mr. Jeff, hecho que dificultó más las comunicaciones.

Sin embargo, ese incumplimiento se relaciona con los cambios de condiciones, que ya se ha indicado que no puede ser acogido.

De todas formas, consta una información completa recibida, el contrato igualmente detallado, y una relación epistolar con la demandada, en la que se atiende en todo momento las solicitudes del demandante, por lo que este motivo tampoco puede ser acogido.

5º)Alegana también la vulneración de la cláusula 14 puesto que en ningún momento recibió formación alguna a pesar de lo indicado en el contrato.

Este motivo debe decaer, sin perjuicio de reconocer que tampoco se pronuncia la sentencia sobre el mismo, indicando que consta probado, documento 6 de la contestación, que se le remitieron, el 5 de diciembre de 2019, las claves de acceso al material formativo. Y que el demandante accedió a los mismos, sin queja alguna. Aunque ciertamente consta , documento 7 de la contestación, que teniendo 30 cursos activos, el demandante, desde el 5 de diciembre de 2019 al 5 de febrero de 2020, únicamente utilizó la plataforma de formación por un tiempo total de 1 hora y 26 minutos.

Por tanto, este motivo no puede ser acogido.

3.2-En definitiva, los motivos del recurso no pueden ser atendidos, en tanto que la demandante no prueba los hechos que fundamentan su pretensión, conteniendo omisiones o contradicciones en la misma, y haciendo referencia a motivos que no acredita. Y, aunque no fue objeto de apelación, debe hacerse mención a la referencia contenida en la demanda sobre la adquisición del vehículo, cuando afirma que mientras esperaba que la constructora contestara, pidió a la Sra. Consuelo la oferta especial del vehículo Dacia Dokker que inicialmente le ofrecieron por 8.800 más IVA pero le dijo que no, que ahora la oferta ya eran 12.500 euros. Y acompaña un correo electrónico, como documento nº 16, que precisamente desvirtúa su propia alegación, pues lo que le dice Dª. Consuelo es que puede adquirir cualquier furgoneta con tal de que sea blanca. Y no tiene en cuenta que el coste de furgoneta que se le fijó en su día, nuevamente, era una estimación. Por tanto, un nuevo incumplimiento que no se acredita y que aún siendo cierto no parece ostentar la relevancia suficiente para resolver el contrato, como tampoco los cambios de interlocutores a que hace referencia la demanda, o el plazo de puesta en funcionamiento, cuestiones algunas que ni siquiera fueron objeto de reclamación previa a la resolución del contrato.

Por todo lo señalado, no cabe sino desestimar el recurso de apelación, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.

CUARTO.-De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la desestimación del recurso de apelación motiva la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.