Sentencia Civil 191/2025 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 8, Rec. 1373/2023 de 03 de abril del 2025

PRIMERO.- Antecedentes y planteamiento del recurso.- 1.-La representación procesal de Doña Blanca formuló demanda de juicio ordinario frente a la mercantil CONSTRUCCIONES GÓMEZ Y TORTAJADA SL ejercitando acción de resolución contractual por incumplimiento de contrato de obra con el consiguiente resarcimiento de daños y perjuicios, alegando en síntesis que a finales de 2017 contactó con la entidad demandada a fin de solicitar un presupuesto para la realización de obras de reforma de la vivienda sita en la localidad de Moncada, DIRECCION000, propiedad de su madre, con la finalidad de acondicionarla y dividirla en dos viviendas independientes, una para su madre y la otra para el actora; exponía que la demandada elaboró dos presupuestos en fecha 6 de octubre de 2017 entregando a la demandante el presupuesto NUM000 por importe de 3.987,88 € IVA excluido y el presupuesto NUM001 por importe de 35.304,53 €, IVA excluido, abonando la demandante a la entidad demandada la cantidad de 42.000 €, comenzando las obras en mayo de 2018.

Sostiene la actora que la mercantil demandada incumplió reiteradamente sus obligaciones, limitándose a solicitar más dinero para finalizar su trabajo cuando en el mes de julio se le había abonado ya la cantidad de 43.000 €, superior a la presupuestada, y ante la negativa de la demandante, la mercantil demandada abandonó las obras a finales de verano sin dar más explicación, dejando parte de la obra sin ejecutar y con graves deficiencias, siendo el estado de la obra el que se refleja en el acta notarial que acompaña a la demanda, remitiendo a la demandada burofax en fecha 7 de octubre de 2019 en el que se le comunicó la resolución del contrato por los graves y reiterados incumplimientos contractuales y las graves deficiencias existentes en la obra realizada y el abandono de facto de la misma, anunciando igualmente la reclamación de los daños y perjuicios causados, solicitando la actora la elaboración de un informe pericial que se aporta con la demanda, en el que se reflejan las partidas no ejecutadas o ejecutadas defectuosamente de las incluidas en el presupuesto, reclamándose por este concepto la cantidad de 11.682,67 € sin IVA; reclama así mismo partidas que fueron abonadas por la propiedad y que estaban incluidas en el presupuesto pero que fueron ejecutadas por otros profesionales, ascendente a 8.989 sin IVA, si bien de la misma se reclamaba la cantidad de 8.509 €; también reclamaba obras complementarias para subsanar las deficiencias constadas en la ejecución de la obra por importe de 908,66 € sin IVA al que según la actora debe descontarse el incremento de la mano de obra no incluido en el presupuesto por importe de 1.938,88 €.

Y solicitaba en definitiva que se dictara sentencia declarando resueltos los contratos de fecha 6 de octubre de 2018 y condenando la mercantil demandada a abonar a la actora la cantidad de 19.116,45 € en concepto de daños y perjuicios más los intereses legales y procesales con arreglo a los artículos 1100 y 1108 del Código Civil y 576 LEC, y al pago de las costas procesales.

2.- Emplazada la entidad demandada contestó a la demanda oponiéndose a la misma alegando que se trataba de una obra compleja arquitectónicamente hablando ya que consistía en esencia en convertir una antigua vivienda en dos subviviendas, y que la comitente arrendadora, dada la complejidad de la obra, contrató con carácter previo al contrato de obra los servicios de un despacho de arquitectos por lo que se daría una situación de litisconsorcio pasivo necesario apreciable de oficio; sostenía que el Juzgado no puede resolver un contrato ya resuelto extrajudicialmente y con carácter previo por la parte actora ni pronunciarse sobre la licitud o no de la resolución extrajudicial previa ya que se trata de una petición no formulada por la demandante; que la demandada no abandonó la obra sino que fue la comitente la que le expulsó de la misma prohibiendo la entrada por lo que nos encontraríamos ante un desistimiento de la comitente previsto en el artículo 1594 del Código Civil; que no existe un cumplimiento por parte de la demandada que justifique la resolución contractual instada por la parte actora en octubre de 2019; que las obras pactadas inicialmente fueron modificadas durante su ejecución principalmente a petición de la demandante; considera improcedente la reclamación de la partida que la actora denomina como cantidades abonadas por la propiedad; que alguna de las partidas reclamadas en concepto de trabajos mal ejecutados no deben ser imputados a la mercantil demandada; realizaba la misma una liquidación del contrato con un saldo a su favor de 1.082,16 €; y finalmente alegaba que la parte actora no ha tenido en cuenta en la demanda que en los presupuestos se indica expresamente que a las cantidades presupuestadas se le deberá añadir el IVA correspondiente.

3.-Previos los trámites legales oportunos el Juzgado dictó sentencia estimando parcialmente la demanda, declarando la resolución de los contratos de fecha 6 de octubre de 2017 y condenando a la mercantil demandada a pagar a la actora la cantidad de 15.332,23 € más los intereses legales desde la interpelación judicial, sin imposición de costas.

4.-Contra dicha sentencia interpone recurso de apelación la mercantil demandante, que alega los siguientes motivos:

1.-) La sentencia resuelve el contrato suscrito entre la mercantil demandada y la demandante, aplicado erróneamente el artículo 1124 del Código Civil, incurriendo en incongruencia interna con vulneración de los artículos 218 LEC y 24 CE.

2.-) El órgano judicial a quo no puede homologar la resolución contractual decidida por la demandante por no haber sido solicitada, incurriendo la sentencia en incongruencia con infracción de los artículos 218 LEC y 24 CE.

3.-) Error del órgano judicial en la calificación del documento 6 de la demanda con vulneración de los artículos 1281 y 1282 del Código Civil.

4.-) La mercantil demandada no incumplió el contrato por lo que se aplica incorrectamente el artículo 1124 del Código Civil.

5.-) Error en la valoración de la prueba y de los daños y perjuicios causados con vulneración del artículo 24 CE.

6.- Error en el tipo de IVA aplicable a los trabajos ejecutados con vulneración de los artículos 90 y 91 de la ley del IVA.

7.-) Error en el cálculo del IVA con vulneración de los artículos 78 y 79 de la Ley del IVA en cuanto la determinación de la base imponible.

Solicitaba en definitiva la parte apelante que se dictara sentencia por la que se anulara la sentencia recurrida por infracción procesal, retrotrayendo las actuaciones para que se dictara nueva sentencia congruente internamente y conforme a las peticiones de la demandante, y subsidiariamente se dictara sentencia en la que se desestime la demanda en su totalidad, con condena en costas a la parte demandante.

Conferido traslado a la parte actora presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de adverso solicitando su desestimación con imposición de costas.

SEGUNDO.- Examen y resolución de los motivos del recurso. Decisión de la Sala.- 1.-En su escrito de interposición del recurso la mercantil constructora demandada opone como primer motivo del recurso que la sentencia incurre en incongruencia, con infracción del art. 218 LEC, ya que tras admitir en su fundamentación jurídica que la resolución contractual se produjo "de mutuo acuerdo", declara en el fallo la resolución del contrato, sin que a juicio de la apelante sea admisible decretar judicialmente la resolución de un contrato ya resuelto previamente, por lo que a lo sumo cabría la homologación judicial de la resolución contractual previa, de haberse producido a instancia de una de las partes, y además según argumenta, la resolución debía declararse en su caso con efectos desde el día 7 de octubre de 2019, que es la fecha del burofax aportado como documento 6 de la demanda.

La Sala no comparte dicha argumentación, pues de la lectura de la demanda se desprende con absoluta claridad que lo que se solicitaba en el suplico de la misma era la resolución de los contratos de obra objeto de autos por incumplimiento contractual de la demandada, demanda en la que concretamente se ejercitaba una "acción de resolución contractual por incumplimiento de contrato de obra con el consiguiente resarcimiento de daños y perjuicios";por otro lado en el burofax aportado como documento nº 6 de la demanda se comunicó dicha resolución contractual a la demandada "motivado por los graves y reiterados incumplimientos contractuales, las graves deficiencias de la parte de obra realizada, y el abandono de facto de la obra";y finalmente el Juzgado en la sentencia explicita perfectamente en su fundamentación jurídica que en el burofax se comunicaba la resolución contractual sin que constara oposición alguna de la parte demandada, que optó por una aceptación tácita de dicha resolución contractual, y razona también la indicada resolución que la declaración judicial de resolución de los contratos es procedente, precisando que la resolución contractual mutuamente aceptada y la existencia de declaración judicial sobre dicha resolución, son cosas totalmente distintas; y finalmente la sentencia declaró en el fallo la resolución de los contratos concertados con la demandada de fecha 6 de octubre de 2017, que es la fecha de los dos presupuestos pactados, por lo que la actuación del Juzgado es irreprochable, y la coherencia interna de la sentencia incuestionable, lo que excluye sin duda la infracción denunciada.

2.-En segundo lugar, alega la mercantil apelante que el Juzgado no puede homologar la resolución contractual decidida por la parte demandante al no haber sido solicitada dicha homologación, con vulneración del art. 218 LEC en relación con el art. 24 CE. Argumenta en síntesis que en el suplico de la demanda se solicitó la resolución contractual y no la homologación de la misma. Sin embargo debe traerse a colación de nuevo lo ya expuesto, pues en la comunicación extrajudicial previa realizada mediante el citado burofax, la parte actora comunicaba a la demandada la resolución de los contratos de autos debido a lo que consideraba un incumplimiento grave por parte de la demandada, y precisamente se pedía en la demanda que se declarara judicialmente dicha resolución contractual, que no es otra cosa que interesar el reconocimiento judicial de la resolución contractual extraprocesalmente comunicada por una de las partes ante lo que considera un incumplimiento de la otra, por lo que, insistimos, la demanda esta formulada correctamente y la sentencia se ajusta a lo pedido en la misma y no se aprecia en consecuencia incongruencia alguna. En suma, se ha resuelto el litigio dentro del ámbito del objeto del proceso tal y como fue delimitado por las partes, esto es, con pleno respeto del principio dispositivo ( art. 216 LEC) .

3.-En el tercer motivo alega la mercantil impugnante que el Juzgado incurre en error en la calificación del documento número 6 aportado con la demanda (el indicado burofax) con infracción de los arts. 1281 y 1282 Cc; argumenta, en cuanto al silencio o pasividad de la demandada, que debe interpretarse la intención de las partes y sus actos coetáneos y posteriores, y razona que la misma no se opuso al burofax remitido porque entendió que la decisión de la actora no era resolver el contrato sino más bien desistir del mismo, y cita al respecto el art. 1594 Cc.

Ello sentado, al margen de que el burofax indicado obviamente no es un contrato y no cabe invocar al respecto los aludidos preceptos relativos a la hermenéutica contractual, los términos de dicha comunicación extraprocesal son absolutamente claros, tal y como ha quedado expuesto, por lo que carece de relevancia alguna que la mercantil demandada entendiera que en realidad la demandante estaba desistiendo del contrato, y no que se trataba de una resolución contractual por incumplimiento, pues evidentemente lo era, y así se desprendía sin lugar a dudas de dicha comunicación.

4.-La constructora demandada e impugnante alega así mismo que no incumplió el contrato, por lo que el Juzgado habría aplicado incorrectamente el art. 1124 Cc. Sostiene que la indicada comunicación se pronuncia en términos muy genéricos sin identificar exactamente los supuestos incumplimientos, por lo que no se cumplirían los requisitos jurisprudenciales para que tenga éxito la resolución contractual, pues en este caso no cabe hablar de incumplimiento grave, ni afirmar que se malograra el fin del negocio jurídico, o las expectativas del comitente, como tampoco hubo a su juicio una conducta obstativa al cumplimento contractual.

Sin embargo, la existencia o no de incumplimiento y su entidad o gravedad es precisamente el objeto del presente litigio, incumplimiento que tal y como se desprende de la prueba, que analiza perfectamente el Juzgado en la sentencia impugnada, sí se produjo, como veremos, y fue grave y esencial, dada la existencia de muy relevantes deficiencias constructivas, y de obras directamente no ejecutadas, sin que en modo alguno se aprecie la alegada infracción del art. 1124 Cc.

5.-a.-) En el quinto motivo impugnatorio alude la impugnante al error en que a su juicio habría incurrido la sentencia combatida en la valoración de la prueba y en concreto en cuanto a los daños y perjuicios causados. La mercantil apelante sostiene que el perito designado por la parte demandada D. Celestino no visitó el inmueble, en base a ciertos indicios que a juicio de la apelante así lo revelarían, y considera igualmente que el Juzgado incurre en error al no dar credibilidad al testimonio del arquitecto D. Evaristo. Sin embargo, lo que la parte impugnante denomina indicios no son sino meras conjeturas interesadas, pues es claro y así se indica en el informe, que el perito visitó la obra en fecha 3 de noviembre de 2019, fecha en la que llevó a cabo la inspección de la vivienda y realizó las mediciones oportunas "in situ" elaborando el exhaustivo y esclarecedor informe que se aporta con la demanda, siendo totalmente irrelevante que en el juicio el perito incurriera en un error en cuanto a la fecha exacta de la visita, comprensible dado el tiempo transcurrido, pues es evidente que sí visitó el inmueble y ello quedó perfectamente claro en el juicio. Y en cuanto al testimonio del Sr. Evaristo, que es el arquitecto que realizó los planos de reforma de la vivienda, la sentencia explicita perfectamente y en un razonamiento que comparte este tribunal, que su declaración era escasamente creíble debido a que el propio testigo admitió una situación de conflictividad con la actora y reconoció que "acabaron mal" y que "rompieron las relaciones personales" a partir de diferencias sobre la obra, y al margen de su mala relación con la parte demandante es evidente su interés en el pleito, llegando incluso a afirmar -sorprendentemente- que la escalera estaba bien ejecutada ya que contaba con la oportuna licencia, como si ello fuera suficiente para subsanar los defectos advertidos, cuando es evidente a simple vista con un mero examen a las fotografías que su ejecución fue claramente defectuosa, lo que además avala el informe pericial aportado por la parte actora, de suerte que el Juzgado ha valorado dicha declaración testifical destacando escasa fuerza probatoria ajustándose escrupulosamente a las reglas de la sana crítica, que no es otra cosa que seguir las exigencias de la lógica y del sentido común, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 376 LEC, sin que se aprecie error alguno en la valoración de dicho medio de prueba por parte del órgano judicial a quo.

Ello sentado, y dado que se cuestiona fundamentalmente la valoración probatoria llevada a cabo en la instancia, no está de más recordar que el proceso valorativo de las pruebas incumbe a los órganos judiciales exclusivamente y no a las partes que litigan, a las que les está vedada toda pretensión tendente a sustituir el criterio objetivo e imparcial de los jueces por el suyo propio, dada la subjetividad de éstas por razón de defender sus particulares intereses, además de que, dentro de las facultades concedidas al efecto a jueces y tribunales, éstos pueden conceder distinto valor a los medios probatorios puestos a disposición e incluso optar entre ellos por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, debiendo, por tanto, ser respetada la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, debiendo únicamente ser rectificado cuando en verdad sea ficticio, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones, ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo, lo que no sucede cuando la valoración que efectúa el juez a quo resulta correcta en relación al resultado de la prueba practicada y motivada en la argumentación de la sentencia que evidencie el análisis detallado y exhaustivo llevado a cabo, por lo que inicialmente cabrá entender que lo pretendido por el recurrente no es sino sustituir la apreciación imparcial y objetiva del juez por la suya propia que, como es lógico, resulta parcial e interesada y a la vista de la fundamentación de la resolución combatida, entiende que, en estas circunstancias, es de aplicación la doctrina jurisprudencial dimanante tanto del Tribunal Constitucional ( SS. del T.C. 174/1987, 11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/1997, 231/1997, 36/1998, 116/1998, 181/1998, 187/2000, 171/2002 y 196/2005), como de la Sala Primera del Tribunal Supremo (SS. del T. S. de 5 octubre1998, 19 octubre 1999, 3 febrero, 23, 28 y 30 marzo, 9 junio y 21 julio 2000, 2 y 23 noviembre 2001, 30 abril y 20 diciembre 2002, 24 febrero y 2 octubre 2003, 9 febrero y 3 marzo 2004 y 27 junio 2006).

Y en el presente caso es evidente que las alegaciones de la parte demandada cuestionando la valoración de la prueba realizada en la instancia no persiguen otra finalidad que poner en valor la prueba practicada a su instancia, y singularmente el informe pericial por ella ha aportado elaborado por el perito D. Alberto, del que no obstante se aleja cuando sus conclusiones no son de su interés, cuestionando al propio tiempo el dictamen aportado por la parte demandante, realizado por el Sr. Celestino, que desdeña, sin que esta Sala, reiteramos, aprecie que el Juzgado haya incurrido en error alguno en la valoración de la prueba, sino que motivadamente realiza una valoración conjunta de la misma, y en particular de ambos informes, utilizando los datos de uno u otro para llegar a sus propias conclusiones y completar su razonamiento, valoración que se comparte en su integridad.

Concretamente y en cuanto a la prueba pericial, conviene también recordar, dada su relevancia en el presente asunto, que ante la existencia de varios informes el tribunal puede fundar su resolución en cualquiera de ellos, con la correspondiente motivación, al respecto la STS de 28 mayo 2012, recurso 1116/2009, expone que "La emisión de varios dictámenes o el contraste de algunos de ellos con las demás pruebas, posibilita que la autoridad de un juicio pericial se vea puesta en duda por la del juicio opuesto o por otras pruebas, y que, con toda lógica, los Jueces y Tribunales, siendo la prueba pericial de apreciación libre y no tasada acepten el criterio más próximo a su convicción, motivándolo de forma suficiente y adecuada",y en el mismo sentido se pronuncia la STS de 27 de abril del 2012, recurso 1663/2009. Todo ello implica, prima facie, que los informes periciales se deben valorar motivadamente teniendo en cuenta las explicaciones y aclaraciones dadas por los peritos en el acto del juicio, y en conjunto con el resto de las pruebas practicadas, pautas que son seguidas por la sentencia impugnada que valora motivadamente ambos informes periciales tomando en consideración sus argumentos y conclusiones.

b.-) Seguidamente la mercantil apelante cuestiona la valoración de los daños y perjuicios causados en cuanto a las partidas no ejecutadas que la parte demandante valora en 11.682,67 € y que son reconocidas en la sentencia por el órgano judicial de instancia en su totalidad, mostrando su disconformidad respecto de ellas como la relativa a la escalera o los defectos en el ventanal, que entiende deben ser imputados al arquitecto y al profesional contratado por la comitente para la construcción de los ventanales su instalación.

Sin embargo al respecto cabe señalar que la mercantil demandada está introduciendo en esta alzada una cuestión nueva incurriendo en mutatio libelli,al alterar el objeto del proceso, pues la indicada suma no fue cuestionada en la instancia sino al contrario expresamente asumida por la mercantil demandada en la contestación a la demanda (hecho décimo de dicho escrito), y además, y sin duda por ello mismo, no aparece en el informe pericial por ella aportado, siendo evidente que en esta alzada únicamente pueden ser analizadas aquellas cuestiones que fueron tempestivamente alegadas -u objeto de expresa oposición- en fase de alegaciones en la instancia ( arts. 405, 412 y 456.1 LEC) , pues de lo contrario, el sorpresivo planteamiento de cuestiones nuevas en la alzada podría causar evidente indefensión a la contraparte.

En cualquier caso es evidente que la demolición de la escalera era absolutamente necesaria incluso por motivos de seguridad tal y como se aprecia a simple vista en las fotografías aportadas y se desprende del informe pericial aportado por la parte actora dado que adolecía de un incorrecto diseño y de una defectuosa ejecución material, tal y como así se expone razonadamente en la sentencia cuestionada; y en cuanto a la manivela para elevar y bajar la persiana ha de considerarse probada dicha deficiencia que se constata también a simple vista con el examen de la fotografía que obra en el dictamen pericial emitido por el perito designado por la parte demandante Sr. Celestino, al haberse instalado la manilla demasiado cerca de la pared, lo que impide que pueda girar, defecto que en todo caso no puede ser imputado a la empresa de carpintería ALUMON puesto que de la declaración de su legal representante se desprende que los huecos ya estaban hechos y se limitaron a tomar las medidas de las balconeras y no realizaron la instalación, a lo que cabe decir que el perito designado por la parte demandada manifestó que desconocía este problema.

c.-) En lo referente a las partidas que fueron presupuestadas y abonadas por la parte demandante a los profesionales que las realizaron, distintos de la demandada, y que valora en 8.509 €, dicha suma que ha sido reconocida por la sentencia, frente a los 7.534 € que postulaba la mercantil demandada, que reitera ésta en esta alzada que las obras de electricidad fontanería y gas fueron ejecutadas parcialmente por ella realizando los trabajos preparatorios de dichas instalaciones, si bien esta Sala comparte con la sentencia impugnada que no procede a entrar en una nueva valoración del coste de estas partidas sino que el criterio adecuado es partir del coste pactado en el presupuesto tal y como lo ha efectuado el perito designado por la parte actora, y en cuanto a las preinstalaciones o trabajos previos es evidente que no han quedado acreditados en autos por ningún medio de prueba tal y como con acierto indica la sentencia cuestionada, de hecho el perito designado por la parte demandada Sr. Alberto, aunque hace referencia a las mismas, visitó la obra cuando ya se encontraba finalizada, mientras el perito designado por la parte actora Sr. Celestino la visitó el 3 de noviembre de 2019 por lo que es más verosímil la valoración que realiza este último, ya que el perito designado por la parte demandada se atiene en su informe a las manifestaciones del propio constructor que obviamente no pudieron ser verificadas personalmente.

d.-) En cuanto a los trabajos realizados fuera del presupuesto, ejecutados por la mercantil demandada, o "trabajos extra", sostiene la misma, al igual que en la instancia, que dicha partida asciende a la suma de 12.053,52 €, aunque llamativamente el perito por ella designado Sr. Alberto las cuantificó en una suma sensiblemente inferior, concretamente en 8.547,37 €, es decir no se ajusta siquiera a las conclusiones de su propio perito, aunque la resolución judicial combatida fijó finalmente dicha partida en 5.243,66 €, compartiendo de nuevo esta Sala la valoración probatoria realizada en la instancia, pues los apreciaciones efectuadas por la parte demandada parten de desvirtuar sistemáticamente el informe pericial aportado por la parte actora partiendo de la premisa -irreal- de que el perito no visitó la vivienda, cuando ello no es cierto, sin concretar en qué extremos en concreto habría incurrido en error la sentencia de instancia, más allá de sujetarse a los datos, mediciones y cálculos que realizan los peritos, singularmente el designado por la parte demandante.

Y así, en cuanto la solera de hormigón armado en la cocina, la sentencia fija su importe en la suma de 470,32 € en base al argumento de que el propio informe pericial aportado por la parte demandada es el que cuantifica dicha partida en la indicada cantidad, mientras que la suma de 900 € reclamada por la parte demandada carece de cualquier justificación, razonamiento irreprochable; en cuanto al revestimiento pétreo instalado en las distintas fachadas de la vivienda, su importe está perfectamente explicitado en la sentencia considerando el Juez de instancia únicamente justificada la reclamación de 1.403,47 € ya que el importe de 385,35 € corresponde a elementos instalados en la vivienda de la madre de la demandante, y así resulta de las facturas anexadas al informe pericial aportado por la actora, siendo dicha suma la cantidad realmente adeudada, a la que debe añadirse la mano de obra para la colocación de dicho material, que asciende a 936 €, argumento realmente sólido que debe prevalecer frente al interesado cálculo que de nuevo reitera la demandada en esta alzada, que cuantifica dicha partida en 3.100,42 €. En cuanto a la partida relativa a la instalación del ladrillo caravista, la parte demandada considera que los trabajos extra ascendieron a 5.628 €, a pesar de que, de nuevo, el informe pericial que aporta al propia demandada la valora en 3.526,37 €, por lo que no se entiende dicha reclamación compensatoria, si bien en todo caso la discrepancia se centra en la superficie sobre la que se realizó dicha instalación que según la parte actora fue de 35,02 m2 y según la parte demandada de 46,89 m2, y en este punto debe estarse al dictamen pericial aportado por la parte demandante ya que el perito realizó las mediciones oportunas "in situ" por lo que su importe debe quedar fijado en la cantidad que establece la sentencia recurrida, que asciende a 1.600,50 €, y que incluye la mano de obra. En cuanto al exceso de tabiquería y enlucido de yeso, la sentencia impugnada cuantifica dicha partida en 383,37 € que consta en el informe aportado por la parte actora habiendo explicado el perito en el juicio cómo había realizado dichas mediciones, sus cálculo y consiguiente cuantificación. Finalmente, en cuanto a la demolición del paellero, debe desestimarse la reclamación de 360 € efectuada por la parte demandada ya que dicha actuación se llevó a cabo en la vivienda de la madre de la actora.

6.-La última cuestión a analizar que plante la apelante en los dos últimos motivos del recurso es la relativa al tipo de IVA aplicable a los trabajos ejecutados con arreglo a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que según la impugnante sería del 21% y no el tipo reducido del 10%, considerando infringidos los artículos 78, 79, 90 y 91 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cabe señalar que en este punto la entidad apelante incurre en una evidente contradicción, ya que lo que postula en este momento es totalmente contrario a lo que plasmó en sus dos presupuestos, es decir, dicha alegación va en contra de sus propios actos, y por ende de la buena fe ( art. 7.1 y 1258 Cc) , al pretender que se aplique el tipo de IVA del 21% cuando en los indicados presupuestos por ella misma elaborados (y así lo reconoce en el propio motivo) se aplicó un tipo del 10% (documentos 1 y 2 de la demanda).

En cualquier caso, al margen de que debe estarse al tipo legal ( art. 88 de la Ley 37/1992) esta Sala considera procedente el tipo reducido de acuerdo con el artículo 91.1 apartado 10º de la indicada Ley, que se aplica a las obras de renovación y reparación realizadas en edificios o parte de los mismos que están destinados a vivienda, siempre que se cumplan los requisitos que establece la norma legal y que son básicamente que el destinatario sea una persona física, que no actúe como empresario o profesional y que utilice la vivienda para su uso particular, así como que la construcción o rehabilitación de la vivienda haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas, así como que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución, o en el caso de que los aporte, no excedan del 40% de la base imponible de la operación, lo que como destaca la sentencia la mercantil demandada no ha acreditado, a pesar de que le incumbía ( art. 217.3º LEC) , y por tanto no puede asumirse la liquidación que realiza la demandada, que incorpora partidas no acreditadas e incluso superiores a las de su informe pericial, del que, llamativamente, de nuevo se aleja, obteniendo con ello un saldo favorable escasamente fiable, por lo que debe estarse al cálculo realizado en la sentencia que determina la suma objeto de condena, y que se considera correcto.

7.-A la vista de cuanto se ha expuesto, no cabe sino desestimar el recurso, compartiendo esta Sala en un todo la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia; y al respecto cabe señalar que el TS permite la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada en cuanto en ella se exponen argumentos correctos y bastantes que fundamentan en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos y cual precisa la STS de 20 de octubre de 2007 subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, en aras de la economía procesal ( SS.T.S. de 16 octubre 1992, 5 noviembre 1992, 19 abril 1993, 5 octubre 1998, 30 marzo 1999 y 19 octubre 1999). En idéntico sentido la STS de 22 de mayo de 2000, que además añade que: "una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juzgador "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya utilizadas por aquélla ( STS de 5 de noviembre de 1992 )".

TERCERO.- Costas procesales.-Dada la desestimación del recurso interpuesto procede imponer a la mercantil demandada las costas procesales causadas en esta alzada ( art. 398 LEC) .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación la Sala pronuncia el siguiente