Sentencia Civil 568/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 9, Rec. 865/2025 de 17 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Previo.

En la sentencia apelada se establece un régimen de coparentalidad, modificando el anterior de custodia materna, fijando además un nuevo régimen de visitas y estancias entre semana y vacacionales y una prestación alimenticia a cargo del padre, pronunciamientos que recurre este último denunciando la existencia d de un error valorativo porque la sentencia contiene errores en la evaluación de los datos patrimoniales de los progenitores. En particular: Ingresos del padre: Se indica que el Sr. Benito, responsable financiero en DIRECCION000., percibe 3.500 € mensuales, pero se resta incorrectamente una pensión compensatoria de 350 €, cuando en realidad esta es de 411,47 € mensuales (actualizada por IPC conforme al Convenio Regulador de 4/05/2022). Esto resulta en una incorrecta determinación de sus ingresos netos, que se fijan en 3.200 €; además no se ha tenido en cuenta el gasto de desplazamiento del Sr. Benito (69,4 km diarios,150-200 euros mensuales)) para acudir a su trabajo en DIRECCION001, un gasto necesario y documentado en nóminas y certificados (afirma tener unos ingresos netos de 2.938,57 euros mensuales).También expresa que si se suma a los ingresos de la madre la pensión compensatoria, sus ingresos serán similares. Por otra parte se omite el impacto económico derivado del nacimiento de un nuevo hijo del Sr. Benito, un hecho acreditado antes de la vista oral y mencionado en el Informe Pericial Psicológico (págs. 9, 19, 23 y 26). Este nuevo hijo genera gastos objetivos que, conforme al artículo 154.1 del Código Civil, deben considerarse al determinar la capacidad económica del padre. Por otra parte afirma que dado el régimen de custodia compartida y la falta de una disparidad significativa en los ingresos de ambos progenitores (la madre percibe aproximadamente 2.500 € netos mensuales más la pensión compensatoria), no se justifica la imposición de una pensión de alimentos. La sentencia incrementa la cantidad de 50 € (según tablas) a 150 € considerando los préstamos hipotecarios de la madre, pero no valora que el padre no tiene gastos de vivienda, lo cual no compensa adecuadamente los gastos adicionales mencionados.

Por lo anterior, interesa que se suprima la pensión de alimentos.

La parte demandada se ha opuesto al recurso presentado, abundando con sus alegaciones en el acierto parcial de la resolución apelada, la cual impugna alegando que está de acuerdo con la existencia de un desequilibrio económico que justifica una pensión de alimentos, pero considera que la cantidad establecida es insuficiente. Solicita que se fije en 150 euros mensuales por cada hijo, argumentando que esta cantidad es más proporcional a las circunstancias económicas de las partes. Se señala que el Sr. Benito, padre de los menores, tiene ingresos significativos como responsable financiero en la empresa " DIRECCION000.", con un salario documentado en 2022 de aproximadamente 3.500 euros mensuales, aunque se presume que sus ingresos actuales (2025) podrían ser superiores. Se critica que no aportó documentación actualizada (declaración de IRPF de 2023, datos fiscales de 2024, nóminas, contrato de trabajo), lo que dificulta verificar sus ingresos reales. Además, se indica que el Sr. Benito recibe beneficios en especie (como un vehículo por leasing o renting) y trabaja mayormente desde casa, lo que reduce sus gastos de desplazamiento. Por tanto, no se deberían considerar estos como gastos deducibles para calcular la pensión. Igualmente afirma que la pensión compensatoria que paga el Sr. Benito a la madre no debería considerarse como ingreso de esta última, ya que es temporal y finalizará en 2030, lo que no debe afectar las necesidades futuras de los menores. Se argumenta que el nacimiento de un nuevo hijo del Sr. Benito no debe influir en la pensión de alimentos de los hijos anteriores, ya que su pareja actual tiene ingresos similares y no representa una carga económica significativa. Respecto a los ingresos de la parte indica que el demandante ha experimentado un aumento de sus ingresos con los años. En 2020, tuvo ingresos netos mensuales de aproximadamente 3.442,63 euros (tras deducciones de IRPF y Seguridad Social); en 2021, 3.400 euros; y en 2022, 3.541 euros más una retribución en especie de 2.970 euros. No se tienen datos de 2023 y 2024, pero se presume un aumento salarial debido a su cambio de empleo. Por el contrario la demandada en 2022 percibió ingresos netos de 15.888,99 euros (1.324 euros mensuales); en 2023, 20.514,33 euros (1.709,53 euros mensuales). Además, tiene gastos fijos como 700 euros mensuales por vivienda, dejando ingresos disponibles de 1.939 euros mensuales en 2024 ,Por otra parte, aunque no se impugna formalmente el régimen de custodia compartida, la madre expresa su oposición, argumentando que el régimen monoparental a su favor funcionó correctamente durante 4 años, con los menores bien adaptados y con una relación cercana con el padre, fomentada por ella. El informe pericial psicológico que fundamenta la custodia compartida es cuestionado por omitir razones para no mantener la custodia monoparental y por posibles inexactitudes. Por ejemplo, se indica que el menor Efrain prefería el domicilio materno, pero el informe concluye que no muestra interés en cambiar el régimen, lo cual se considera contradictorio. Se señala que la hija menor, Justa (5 años), ha mostrado cambios negativos desde la implementación de la custodia compartida (tristeza, peor comportamiento y calificaciones más bajas), según observaciones de su tutora en el CEIP DIRECCION002. Se solicita un informe oficial de la tutora, Frida, para respaldar estas afirmaciones.

Por lo anterior interesa: "En cuanto a la pensión de alimentos establecida a cargo del padre solicitamos se fije la cantidad de 150 euros mensuales por cada uno de sus hijos, por ser esta una cantidad que se ajusta más a las circunstancias de las partes y al desequilibrio económico entre estos.

- En cuanto a la visita intersemanal, solicitamos se fije en los jueves para nuestra representada ya que el miércoles trabaja de tarde, y se mantenga el miércoles para el Sr. Benito ya que nuestra representada trabaja por la tarde los lunes y los miércoles teniendo que dejar a los niños esas dos tardes al cuidado de los abuelos paternos y de esta forma únicamente tendría que dejarlos los lunes. Considerando más conveniente que si no tiene ninguna razón justificada el Sr. Benito se mantenga su visita intersemanal los miércoles por ser más beneficioso que los menores estén acompañados de sus progenitores el mayor tiempo posible.

En relación al final de las vacaciones de navidad solicitamos se realice el intercambio al día siguiente en el centro escolar, esto es, el día 7 de enero para que los menores puedan disfrutar todo el día de Reyes con el progenitor que le toque cada año.

En cuanto a los días del cumpleaños de los progenitores solicitamos que los niños estén en compañía del progenitor que se trate desde las 11 horas de la mañana hasta las 20 horas de la tarde, si no tienen colegio, pero si tienen colegio solicitamos que los menores pernocten con el progenitor de que se trate, con el único fin de que puedan disfrutar del cumpleaños de su madre o padre ya que los días que tienen colegio también tienen actividades extraescolares y el tiempo que resta es muy escaso siendo más conveniente en esos días el poder cenar juntos y disfrutar de unas cuantas horas más.

Para evitar que ninguno de los progenitores tengan que adelantar dinero para el pago de los gastos extraordinarios de los menores ya que se trata de una gran cantidad de dinero, solicitamos se fije la obligación de abrir una cuenta bancaria común para aportar cada progenitor una cantidad que se determine y de ahí pagar todos los gastos de los menores."

El apelante se ha opuesto a esta impugnación arguyendo que solo el primer motivo del escrito de oposición/impugnación de la Sra. Carmela constituye una verdadera impugnación a la sentencia, centrada en la cuantía de la pensión de alimentos. Los motivos segundo y tercero no son impugnaciones válidas, ya que el segundo motivo cuestiona la custodia compartida (no impugnada explícitamente) y el informe pericial psicológico, sin fundamentar oposición al recurso de apelación. El tercer motivo plantea modificaciones al régimen de custodia compartida basadas en preferencias personales de la Sra. Carmela, que debieron presentarse en la contestación a la demanda o en aclaración de sentencia. Por ello, se solicita no admitir estos motivos ni las pruebas asociadas. Afirma que los ingresos del Sr. Benito, según su declaración de renta, son de 3.500 € mensuales (promedio anual). Se desmiente que sus ingresos aumenten anualmente, ya que las variaciones se deben a retenciones de IRPF. Respecto a los gastos, insiste en un gasto mensual de 150-200 € en combustible por desplazamientos de DIRECCION003 a DIRECCION001 (69,4 km diarios), ya que usa un vehículo de renting que no cubre combustible. Además, se aclara que su flexibilidad laboral y teletrabajo ocasional están certificados por su empresa. Igualmente reitera que la Sra. Carmela recibe 411,47 € mensuales (actualizables por IPC hasta 2030), que deben considerarse como ingreso suyo, ya que tributa como rendimiento del trabajo en su IRPF e igualmente, señala de nuevo que la sentencia omitió el nacimiento de un nuevo hijo del Sr. Benito, lo que genera gastos significativos (alimentación, pañales, guardería, etc.). No considerar estos gastos se argumenta como discriminatorio hacia el nuevo hijo. Afirma ahora que la Sra. Carmela no ha aportado declaraciones de IRPF, ocultando sus ingresos reales. En 2023, trabajaba a media jornada en una asesoría y a jornada completa en un instituto, pero omitió esta información. Su nómina de septiembre de 2024 (2.123,02 € netos) más la pensión compensatoria (411,64 €) y el prorrateo de pagas extras (387,32 €) arrojan ingresos mensuales de 2.921,98 €, a los que se suman ingresos no declarados de la asesoría. Se destaca que la Sra. Carmela tiene estabilidad laboral como funcionaria, con posibilidad de convertirse en indefinida no fija, frente a la inseguridad laboral del Sr. Benito, que trabaja por cuenta ajena. Se aportan justificantes de dos préstamos, pero con datos desactualizados (agosto 2024). Con la bajada del Euribor al 2%, las cuotas (316,80 € y 365,65 €) se reducirán significativamente. Además, se omite que una plaza de garaje está alquilada, generando ingresos. Concluye expresando que los menores pasan 15 días al mes con cada progenitor, y los libros escolares son gratuitos en el colegio público DIRECCION002.

El MF interesa el mantenimiento del régimen de custodia compartida y una pensión de alimentos de 150 euros para cada hijo a cargo del padre.

SEGUNDO.- Alimentos.

En la sentencia se razona sobre el particular, sustancialmente, que "valorada la prueba practicada, resultan acreditados los siguientes datos patrimoniales: - El padre, trabaja como responsable financiero para la mercantil DIRECCION000 y percibe una nómina mensual de unos 3500€ según resulta de su propia declaración y de la declaración de IRPF de 2022 unida a autos. El mismo abona una pensión compensatoria a la madre de 350€, en virtud del convenio firmado por ambos, hasta el año 2030. Por lo que sus ingresos mensuales netos rondan los 3200€. - La madre, desde septiembre de 2024, trabaja como educadora en el centro DIRECCION004 de DIRECCION003, cubriendo una vacante hasta agosto del año que viene, dado que la misma es interina. La misma de diciembre de 2018 a diciembre de 2023, compatibilizaba su labor como docente interina, con un trabajo en una asesoría, en la actualidad se encuentra de excedencia voluntaria en dicha mercantil, no percibiendo ingresos por dicha actividad laboral. Por tanto, en estos momentos sus ingresos mensuales, son de unos 1986€ netos, teniendo en cuenta el importe de la nómina de septiembre de 2024 y el tipo de IRPF que resulta aplicable, teniendo 14 pagas. Lo que supone unos ingresos mensuales medios de 2300€ mensuales, a los que hay que adicionar la pensión compensatoria, lo que supone unos ingresos mensuales netos en la actualidad de unos 2650€ mensuales. La misma abona dos préstamos, que según la documentación aportada ascienden a unos 700€ mensuales. Dichos préstamos según el convenio regulador son préstamos hipotecarios sobre la vivienda que se adjudicó la demandada, dónde reside actualmente con los menores. Partiendo de estos los recursos económicos de los padres, y aplicando las tablas del CGPJ, debe fijarse una pensión de alimentos a cargo del padre de 150€ mensuales, para contribuir a la manutención de sus hijos durante el tiempo que estén con la madre. Si bien las tablas arrojan una suma de unos 50€, se tiene en cuenta que la madre abona dos préstamos hipotecarios, mientras que el padre no acredita gasto alguno por el uso de la vivienda dónde va a residir con los menores.Dicha cantidad se abonará entre los días 1 y 5 de cada mes, en la cuenta que designe la madre y se actualizará anualmente conforme al IPC. La primera pensión con este nuevo importe será noviembre de 2024, dada la fecha de dictado de esta sentencia. Además, cada padre se hará cargo de los gastos de ropa y manutención que ocasione la menor durante el tiempo que los tengan en su compañía. Así mismo deberán ambos progenitores sufragar los gastos extraordinarios de los hijos, y los restantes gastos distintos a los de alimentación y vestido, al 50%."

Y como lo que se está denunciando por ambos litigantes es un pretendido error valorativo, diremos que según consolidada jurisprudencia del TS (STS de 8 de abril de 2014, con cita de las SSTS de 18 de febrero de 2013 y 4 de enero de 2013) la valoración de la prueba corresponde en principio a la Sala de instancia, debiéndose reducir su examen en esta sede a problemas de infracción en concreto de una regla de valoración, al error patente y a la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad; de forma que procede la revisión probatoria: a) cuando se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio; b) cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica o se adopten criterios desorbitados o irracionales; c) cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericia; y d) cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias; sin que le sea factible al recurrente, en los casos de valoración conjunta de la prueba, desarticularla para ofrecer sus propias conclusiones o deducciones. En línea con lo anterior, se encuentra igualmente consolidada la doctrina que declara ( STS de 8 de abril de 2014): a) que la valoración de la prueba y la motivación de la sentencia son dos cuestiones diversas que no pueden tratarse conjuntamente ni mezclarse ( STS 3 de noviembre de 2009, y 25 de noviembre de 2010) y que el hecho de que en la sentencia impugnada no se tome en consideración determinado o determinados elementos de prueba, relevantes a juicio de la recurrente, carece de trascendencia en relación con el cumplimiento del requisito de motivación y es suficiente que el tribunal razone sobre aquellos elementos a partir de los cuales obtiene sus conclusiones, sin necesidad de que se refiera de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos ( STS de 8 de julio de 2009 y 25 de noviembre de 2010).

Y en este caso, del examen de la resolución de instancia puesta en relación con los recursos interpuestos, no se evidencia la existencia del error en la valoración de la prueba que en definitiva se pretende. Pura y simplemente se intenta sustituir tal valoración de la juzgadora a quo,fundada esencialmente en la prueba practicada, y consecuente argumentación y conclusiones jurídicas, a las que expresamente nos remitimos, por otras más convenientes a los intereses de la parte recurrente.

Efectivamente, la información fiscal obtenida únicamente amerita la realidad del desequilibrio objetivo que existe entre los ingresos regulares de ambos progenitores, incluso contemplando la pensión compensatoria actualizada como pretende el recurrente, el cual obvia que si ésta se ha incrementado por el IPC, también lo han sido sus ingresos anuales, al igual que no ha tenido en cuenta que lo que hizo la Juzgadora en la primera instancia fue ponderar los gastos que por préstamos hipotecarios asume la demandada, posibilidad contemplada en las propias Tablas del CGPJ, pues como ya dijimos en nuestra sentencia 521/2022 de 28 de octubre ""...las tablas orientadoras constituyen una herramienta informática desarrollada en la Sección de Estadística Judicial del Consejo General de Poder Judicial que permite automatizar el cálculo de las pensiones alimenticias entre cónyuges separados con uno o más hijos dependientes. La funcionalidad de esta herramienta permite el cálculo de dichas pensiones alimenticias tanto en los supuestos de custodia monoparental como en los de custodia compartida. En ambos casos, los valores se obtienen a partir de los ingresos de ambos progenitores e introduciendo factores de corrección basados en la Comunidad Autónoma y Municipio de residencia del hogar custodio o del hogar de residencia del menor.Los gastos de vivienda (hipoteca, alquiler, IBI) y educación de los hijos se han excluido en la elaboración de este cálculo y deben de ponderarse de manera independiente por los operadores jurídicos. Por tanto la cantidad resultante deberá incrementarse con tales conceptos en función de su importe y criterios de reparto."...Y como también se dice en la explicación de las tablas orientativas "...En el cálculo del gasto medio del hogar se ha considerado solamente el gasto monetario, sin tener en cuenta la hipoteca ni los gastos en alquiler de vivienda principal si ése fuera el caso que pudiera tener el hogar. De ahí que en la aplicación de las Tablas se deben tener en cuenta los ingresos netos sin deducir hipoteca o similares y que el coste que se obtiene no contempla el gasto correspondiente al menor por vivienda, por lo que si hubiera hipoteca o alquiler debería añadirse la parte que correspondiera al coste estimado según este procedimiento..."

En segundo lugar, cuando el actor pretende que se considere el gasto de gasolina mensual, también desconoce que ello no se contempla en las Tablas aplicadas, además de que, en ese caso, también tendríamos que considerar el ahorro que le genera el tener un coche cuyos gastos de compra, seguros, averías y mantenimiento son asumidos por un tercero, así como que tiene la posibilidad de teletrabajar y evitar desplazamientos.

Y en tercer lugar, que para poder considerar el nacimiento de un nuevo hijo lo importante hubiera sido conocer el caudal o medios con los que cuenta la nueva unidad familiar, para lo que se hacía preciso probar si la madre contribuía económicamente al sostenimiento de dicha carga o por el contrario el sustento del hijo quedaba a expensas exclusivamente del padre, -situación ésta que sí redundaría en una disminución de su fortuna- ( STS 10.07.2015 y 30.04.2013), pues como dijera el auto del TS de 22 de noviembre de 2017 " «(...)La sentencia la sentencia 30 de abril 2013 , que reproducen las sentencias de 21 de septiembre y 21 de noviembre 2016 declara como doctrina jurisprudencial la siguiente: «el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad»(...)».

Dicha carga probatoria correspondía al ahora recurrente ex art. 217,1º de la LEC, debiendo por ello soportar ahora las consecuencias de su inactividad respecto a este particular.

En lo atinente a la impugnación de la demandada, nos remitimos a lo ya expresado acerca de la correcta ponderación que, respecto a los ingresos y cargas computables, se realiza en primera instancia, sin que tampoco pueda considerarse el carácter temporal de la pensión compensatoria para excluirla del cómputo global, dado que se trata de un ingreso mensual regular, a resultas de lo que en el futuro acontezca respecto de la capacidad económica de ambos padres alimentistas, cambios que, en su caso, podrían justificar una nueva modificación de las medidas ahora adoptadas.

TERCERO.- Visitas y estancias.

Sobre este particular únicamente se expresa en la sentencia recurrida "que debe fijarse un régimen de custodia compartida distribuyéndose el tiempo por semanas alternas, haciéndose los intercambios los lunes en el centro escolar. Se fija los lunes y no los viernes como solicitaba la madre, porque consideramos que ayuda a la organización de la semana y del fin de semana, y la madre no explica justificadamente porque solicita el intercambio los viernes, siendo una petición que introduce por primera vez en trámite de conclusiones. La madre alega que como el padre cuando viaja se va los domingos es mejor fijar el intercambio el viernes, pero lo cierto es que no podemos compartir dicho argumento, primero por qué como hemos expuestos los viajes son puntuales, y segundo porque si efectivamente el padre viaja los domingos, el lunes se revela como mejor día de intercambio, dado que solo pasaran unas horas hasta la entrada al cole el lunes en compañía de terceros. Valorada la edad de los menores si consideramos conveniente fijar una tarde intersemanal desde la salida del centro escolar hasta las 20.30 horas, tal como solicita la madre, y recomienda la perito, si bien el padre no lo considera necesario entendemos que dada la corta edad de la hija menor que solo cuenta con 5 años, una semana entera sin la presencia de uno u otro progenitor no resulta beneficioso, además el padre no justifica porque se opone a estas visitas. Ahora bien no se considera necesario establecer más de una visita, porque consideramos que también es importante que los menores tengan una estabilidad y continuidad, no obligándoles a continuos cambios. Las vacaciones se distribuirán por mitad en la forma que se especificará en la parte dispositiva. "

La progenitora, al plantear ahora cambios en lo decidido en la primera instancia, infringe la prohibición de incurrir en la denominada "mutatio libelli", ya que nada de ello propuso y/o planteó entonces, lo que, tratándose de otras cuestiones, debería determinar el rechazo de plano de las mismas.

Ello no obstante, dado que en esta clase de procedimiento lo que se tutela es el interés de la progenie y que los cambios que se interesan tienen por objeto facilitar la relación materno-filial, así como el padre no ha ofrecida una sola razón objetiva para oponerse (únicamente indica que debió plantear los cambios en su contestación), procede su aceptación en los términos propuestos.

A mayor abundamiento, la Sala también considera que dichos cambios son beneficiosos para los menores precisamente porque, en su conjunto, promocionan las relaciones de aquéllos con sus padres, existiendo incluso la posibilidad de que puedan ser acordados de oficio, pues como dijera la STS 525/2017, de 27 de septiembre, «no puede alegarse incongruencia cuando las partes no hayan formulado una petición que afecta al interés del menor, que deberá ser decidida por el Juez, en virtud de la naturaleza de ius cogens que tiene una parte de las normas sobre procedimientos matrimoniales».

CUARTO.- Costas.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas del recurso debido a la especial naturaleza de los procedimientos de familia, de conformidad con el criterio seguido en la STS nº 432/2014, de 12 de julio (rec. nº 79/2013).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;

PRIMERO.- Previo.

En la sentencia apelada se establece un régimen de coparentalidad, modificando el anterior de custodia materna, fijando además un nuevo régimen de visitas y estancias entre semana y vacacionales y una prestación alimenticia a cargo del padre, pronunciamientos que recurre este último denunciando la existencia d de un error valorativo porque la sentencia contiene errores en la evaluación de los datos patrimoniales de los progenitores. En particular: Ingresos del padre: Se indica que el Sr. Benito, responsable financiero en DIRECCION000., percibe 3.500 € mensuales, pero se resta incorrectamente una pensión compensatoria de 350 €, cuando en realidad esta es de 411,47 € mensuales (actualizada por IPC conforme al Convenio Regulador de 4/05/2022). Esto resulta en una incorrecta determinación de sus ingresos netos, que se fijan en 3.200 €; además no se ha tenido en cuenta el gasto de desplazamiento del Sr. Benito (69,4 km diarios,150-200 euros mensuales)) para acudir a su trabajo en DIRECCION001, un gasto necesario y documentado en nóminas y certificados (afirma tener unos ingresos netos de 2.938,57 euros mensuales).También expresa que si se suma a los ingresos de la madre la pensión compensatoria, sus ingresos serán similares. Por otra parte se omite el impacto económico derivado del nacimiento de un nuevo hijo del Sr. Benito, un hecho acreditado antes de la vista oral y mencionado en el Informe Pericial Psicológico (págs. 9, 19, 23 y 26). Este nuevo hijo genera gastos objetivos que, conforme al artículo 154.1 del Código Civil, deben considerarse al determinar la capacidad económica del padre. Por otra parte afirma que dado el régimen de custodia compartida y la falta de una disparidad significativa en los ingresos de ambos progenitores (la madre percibe aproximadamente 2.500 € netos mensuales más la pensión compensatoria), no se justifica la imposición de una pensión de alimentos. La sentencia incrementa la cantidad de 50 € (según tablas) a 150 € considerando los préstamos hipotecarios de la madre, pero no valora que el padre no tiene gastos de vivienda, lo cual no compensa adecuadamente los gastos adicionales mencionados.

Por lo anterior, interesa que se suprima la pensión de alimentos.

La parte demandada se ha opuesto al recurso presentado, abundando con sus alegaciones en el acierto parcial de la resolución apelada, la cual impugna alegando que está de acuerdo con la existencia de un desequilibrio económico que justifica una pensión de alimentos, pero considera que la cantidad establecida es insuficiente. Solicita que se fije en 150 euros mensuales por cada hijo, argumentando que esta cantidad es más proporcional a las circunstancias económicas de las partes. Se señala que el Sr. Benito, padre de los menores, tiene ingresos significativos como responsable financiero en la empresa " DIRECCION000.", con un salario documentado en 2022 de aproximadamente 3.500 euros mensuales, aunque se presume que sus ingresos actuales (2025) podrían ser superiores. Se critica que no aportó documentación actualizada (declaración de IRPF de 2023, datos fiscales de 2024, nóminas, contrato de trabajo), lo que dificulta verificar sus ingresos reales. Además, se indica que el Sr. Benito recibe beneficios en especie (como un vehículo por leasing o renting) y trabaja mayormente desde casa, lo que reduce sus gastos de desplazamiento. Por tanto, no se deberían considerar estos como gastos deducibles para calcular la pensión. Igualmente afirma que la pensión compensatoria que paga el Sr. Benito a la madre no debería considerarse como ingreso de esta última, ya que es temporal y finalizará en 2030, lo que no debe afectar las necesidades futuras de los menores. Se argumenta que el nacimiento de un nuevo hijo del Sr. Benito no debe influir en la pensión de alimentos de los hijos anteriores, ya que su pareja actual tiene ingresos similares y no representa una carga económica significativa. Respecto a los ingresos de la parte indica que el demandante ha experimentado un aumento de sus ingresos con los años. En 2020, tuvo ingresos netos mensuales de aproximadamente 3.442,63 euros (tras deducciones de IRPF y Seguridad Social); en 2021, 3.400 euros; y en 2022, 3.541 euros más una retribución en especie de 2.970 euros. No se tienen datos de 2023 y 2024, pero se presume un aumento salarial debido a su cambio de empleo. Por el contrario la demandada en 2022 percibió ingresos netos de 15.888,99 euros (1.324 euros mensuales); en 2023, 20.514,33 euros (1.709,53 euros mensuales). Además, tiene gastos fijos como 700 euros mensuales por vivienda, dejando ingresos disponibles de 1.939 euros mensuales en 2024 ,Por otra parte, aunque no se impugna formalmente el régimen de custodia compartida, la madre expresa su oposición, argumentando que el régimen monoparental a su favor funcionó correctamente durante 4 años, con los menores bien adaptados y con una relación cercana con el padre, fomentada por ella. El informe pericial psicológico que fundamenta la custodia compartida es cuestionado por omitir razones para no mantener la custodia monoparental y por posibles inexactitudes. Por ejemplo, se indica que el menor Efrain prefería el domicilio materno, pero el informe concluye que no muestra interés en cambiar el régimen, lo cual se considera contradictorio. Se señala que la hija menor, Justa (5 años), ha mostrado cambios negativos desde la implementación de la custodia compartida (tristeza, peor comportamiento y calificaciones más bajas), según observaciones de su tutora en el CEIP DIRECCION002. Se solicita un informe oficial de la tutora, Frida, para respaldar estas afirmaciones.

Por lo anterior interesa: "En cuanto a la pensión de alimentos establecida a cargo del padre solicitamos se fije la cantidad de 150 euros mensuales por cada uno de sus hijos, por ser esta una cantidad que se ajusta más a las circunstancias de las partes y al desequilibrio económico entre estos.

- En cuanto a la visita intersemanal, solicitamos se fije en los jueves para nuestra representada ya que el miércoles trabaja de tarde, y se mantenga el miércoles para el Sr. Benito ya que nuestra representada trabaja por la tarde los lunes y los miércoles teniendo que dejar a los niños esas dos tardes al cuidado de los abuelos paternos y de esta forma únicamente tendría que dejarlos los lunes. Considerando más conveniente que si no tiene ninguna razón justificada el Sr. Benito se mantenga su visita intersemanal los miércoles por ser más beneficioso que los menores estén acompañados de sus progenitores el mayor tiempo posible.

En relación al final de las vacaciones de navidad solicitamos se realice el intercambio al día siguiente en el centro escolar, esto es, el día 7 de enero para que los menores puedan disfrutar todo el día de Reyes con el progenitor que le toque cada año.

En cuanto a los días del cumpleaños de los progenitores solicitamos que los niños estén en compañía del progenitor que se trate desde las 11 horas de la mañana hasta las 20 horas de la tarde, si no tienen colegio, pero si tienen colegio solicitamos que los menores pernocten con el progenitor de que se trate, con el único fin de que puedan disfrutar del cumpleaños de su madre o padre ya que los días que tienen colegio también tienen actividades extraescolares y el tiempo que resta es muy escaso siendo más conveniente en esos días el poder cenar juntos y disfrutar de unas cuantas horas más.

Para evitar que ninguno de los progenitores tengan que adelantar dinero para el pago de los gastos extraordinarios de los menores ya que se trata de una gran cantidad de dinero, solicitamos se fije la obligación de abrir una cuenta bancaria común para aportar cada progenitor una cantidad que se determine y de ahí pagar todos los gastos de los menores."

El apelante se ha opuesto a esta impugnación arguyendo que solo el primer motivo del escrito de oposición/impugnación de la Sra. Carmela constituye una verdadera impugnación a la sentencia, centrada en la cuantía de la pensión de alimentos. Los motivos segundo y tercero no son impugnaciones válidas, ya que el segundo motivo cuestiona la custodia compartida (no impugnada explícitamente) y el informe pericial psicológico, sin fundamentar oposición al recurso de apelación. El tercer motivo plantea modificaciones al régimen de custodia compartida basadas en preferencias personales de la Sra. Carmela, que debieron presentarse en la contestación a la demanda o en aclaración de sentencia. Por ello, se solicita no admitir estos motivos ni las pruebas asociadas. Afirma que los ingresos del Sr. Benito, según su declaración de renta, son de 3.500 € mensuales (promedio anual). Se desmiente que sus ingresos aumenten anualmente, ya que las variaciones se deben a retenciones de IRPF. Respecto a los gastos, insiste en un gasto mensual de 150-200 € en combustible por desplazamientos de DIRECCION003 a DIRECCION001 (69,4 km diarios), ya que usa un vehículo de renting que no cubre combustible. Además, se aclara que su flexibilidad laboral y teletrabajo ocasional están certificados por su empresa. Igualmente reitera que la Sra. Carmela recibe 411,47 € mensuales (actualizables por IPC hasta 2030), que deben considerarse como ingreso suyo, ya que tributa como rendimiento del trabajo en su IRPF e igualmente, señala de nuevo que la sentencia omitió el nacimiento de un nuevo hijo del Sr. Benito, lo que genera gastos significativos (alimentación, pañales, guardería, etc.). No considerar estos gastos se argumenta como discriminatorio hacia el nuevo hijo. Afirma ahora que la Sra. Carmela no ha aportado declaraciones de IRPF, ocultando sus ingresos reales. En 2023, trabajaba a media jornada en una asesoría y a jornada completa en un instituto, pero omitió esta información. Su nómina de septiembre de 2024 (2.123,02 € netos) más la pensión compensatoria (411,64 €) y el prorrateo de pagas extras (387,32 €) arrojan ingresos mensuales de 2.921,98 €, a los que se suman ingresos no declarados de la asesoría. Se destaca que la Sra. Carmela tiene estabilidad laboral como funcionaria, con posibilidad de convertirse en indefinida no fija, frente a la inseguridad laboral del Sr. Benito, que trabaja por cuenta ajena. Se aportan justificantes de dos préstamos, pero con datos desactualizados (agosto 2024). Con la bajada del Euribor al 2%, las cuotas (316,80 € y 365,65 €) se reducirán significativamente. Además, se omite que una plaza de garaje está alquilada, generando ingresos. Concluye expresando que los menores pasan 15 días al mes con cada progenitor, y los libros escolares son gratuitos en el colegio público DIRECCION002.

El MF interesa el mantenimiento del régimen de custodia compartida y una pensión de alimentos de 150 euros para cada hijo a cargo del padre.

SEGUNDO.- Alimentos.

En la sentencia se razona sobre el particular, sustancialmente, que "valorada la prueba practicada, resultan acreditados los siguientes datos patrimoniales: - El padre, trabaja como responsable financiero para la mercantil DIRECCION000 y percibe una nómina mensual de unos 3500€ según resulta de su propia declaración y de la declaración de IRPF de 2022 unida a autos. El mismo abona una pensión compensatoria a la madre de 350€, en virtud del convenio firmado por ambos, hasta el año 2030. Por lo que sus ingresos mensuales netos rondan los 3200€. - La madre, desde septiembre de 2024, trabaja como educadora en el centro DIRECCION004 de DIRECCION003, cubriendo una vacante hasta agosto del año que viene, dado que la misma es interina. La misma de diciembre de 2018 a diciembre de 2023, compatibilizaba su labor como docente interina, con un trabajo en una asesoría, en la actualidad se encuentra de excedencia voluntaria en dicha mercantil, no percibiendo ingresos por dicha actividad laboral. Por tanto, en estos momentos sus ingresos mensuales, son de unos 1986€ netos, teniendo en cuenta el importe de la nómina de septiembre de 2024 y el tipo de IRPF que resulta aplicable, teniendo 14 pagas. Lo que supone unos ingresos mensuales medios de 2300€ mensuales, a los que hay que adicionar la pensión compensatoria, lo que supone unos ingresos mensuales netos en la actualidad de unos 2650€ mensuales. La misma abona dos préstamos, que según la documentación aportada ascienden a unos 700€ mensuales. Dichos préstamos según el convenio regulador son préstamos hipotecarios sobre la vivienda que se adjudicó la demandada, dónde reside actualmente con los menores. Partiendo de estos los recursos económicos de los padres, y aplicando las tablas del CGPJ, debe fijarse una pensión de alimentos a cargo del padre de 150€ mensuales, para contribuir a la manutención de sus hijos durante el tiempo que estén con la madre. Si bien las tablas arrojan una suma de unos 50€, se tiene en cuenta que la madre abona dos préstamos hipotecarios, mientras que el padre no acredita gasto alguno por el uso de la vivienda dónde va a residir con los menores.Dicha cantidad se abonará entre los días 1 y 5 de cada mes, en la cuenta que designe la madre y se actualizará anualmente conforme al IPC. La primera pensión con este nuevo importe será noviembre de 2024, dada la fecha de dictado de esta sentencia. Además, cada padre se hará cargo de los gastos de ropa y manutención que ocasione la menor durante el tiempo que los tengan en su compañía. Así mismo deberán ambos progenitores sufragar los gastos extraordinarios de los hijos, y los restantes gastos distintos a los de alimentación y vestido, al 50%."

Y como lo que se está denunciando por ambos litigantes es un pretendido error valorativo, diremos que según consolidada jurisprudencia del TS (STS de 8 de abril de 2014, con cita de las SSTS de 18 de febrero de 2013 y 4 de enero de 2013) la valoración de la prueba corresponde en principio a la Sala de instancia, debiéndose reducir su examen en esta sede a problemas de infracción en concreto de una regla de valoración, al error patente y a la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad; de forma que procede la revisión probatoria: a) cuando se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio; b) cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica o se adopten criterios desorbitados o irracionales; c) cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericia; y d) cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias; sin que le sea factible al recurrente, en los casos de valoración conjunta de la prueba, desarticularla para ofrecer sus propias conclusiones o deducciones. En línea con lo anterior, se encuentra igualmente consolidada la doctrina que declara ( STS de 8 de abril de 2014): a) que la valoración de la prueba y la motivación de la sentencia son dos cuestiones diversas que no pueden tratarse conjuntamente ni mezclarse ( STS 3 de noviembre de 2009, y 25 de noviembre de 2010) y que el hecho de que en la sentencia impugnada no se tome en consideración determinado o determinados elementos de prueba, relevantes a juicio de la recurrente, carece de trascendencia en relación con el cumplimiento del requisito de motivación y es suficiente que el tribunal razone sobre aquellos elementos a partir de los cuales obtiene sus conclusiones, sin necesidad de que se refiera de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos ( STS de 8 de julio de 2009 y 25 de noviembre de 2010).

Y en este caso, del examen de la resolución de instancia puesta en relación con los recursos interpuestos, no se evidencia la existencia del error en la valoración de la prueba que en definitiva se pretende. Pura y simplemente se intenta sustituir tal valoración de la juzgadora a quo,fundada esencialmente en la prueba practicada, y consecuente argumentación y conclusiones jurídicas, a las que expresamente nos remitimos, por otras más convenientes a los intereses de la parte recurrente.

Efectivamente, la información fiscal obtenida únicamente amerita la realidad del desequilibrio objetivo que existe entre los ingresos regulares de ambos progenitores, incluso contemplando la pensión compensatoria actualizada como pretende el recurrente, el cual obvia que si ésta se ha incrementado por el IPC, también lo han sido sus ingresos anuales, al igual que no ha tenido en cuenta que lo que hizo la Juzgadora en la primera instancia fue ponderar los gastos que por préstamos hipotecarios asume la demandada, posibilidad contemplada en las propias Tablas del CGPJ, pues como ya dijimos en nuestra sentencia 521/2022 de 28 de octubre ""...las tablas orientadoras constituyen una herramienta informática desarrollada en la Sección de Estadística Judicial del Consejo General de Poder Judicial que permite automatizar el cálculo de las pensiones alimenticias entre cónyuges separados con uno o más hijos dependientes. La funcionalidad de esta herramienta permite el cálculo de dichas pensiones alimenticias tanto en los supuestos de custodia monoparental como en los de custodia compartida. En ambos casos, los valores se obtienen a partir de los ingresos de ambos progenitores e introduciendo factores de corrección basados en la Comunidad Autónoma y Municipio de residencia del hogar custodio o del hogar de residencia del menor.Los gastos de vivienda (hipoteca, alquiler, IBI) y educación de los hijos se han excluido en la elaboración de este cálculo y deben de ponderarse de manera independiente por los operadores jurídicos. Por tanto la cantidad resultante deberá incrementarse con tales conceptos en función de su importe y criterios de reparto."...Y como también se dice en la explicación de las tablas orientativas "...En el cálculo del gasto medio del hogar se ha considerado solamente el gasto monetario, sin tener en cuenta la hipoteca ni los gastos en alquiler de vivienda principal si ése fuera el caso que pudiera tener el hogar. De ahí que en la aplicación de las Tablas se deben tener en cuenta los ingresos netos sin deducir hipoteca o similares y que el coste que se obtiene no contempla el gasto correspondiente al menor por vivienda, por lo que si hubiera hipoteca o alquiler debería añadirse la parte que correspondiera al coste estimado según este procedimiento..."

En segundo lugar, cuando el actor pretende que se considere el gasto de gasolina mensual, también desconoce que ello no se contempla en las Tablas aplicadas, además de que, en ese caso, también tendríamos que considerar el ahorro que le genera el tener un coche cuyos gastos de compra, seguros, averías y mantenimiento son asumidos por un tercero, así como que tiene la posibilidad de teletrabajar y evitar desplazamientos.

Y en tercer lugar, que para poder considerar el nacimiento de un nuevo hijo lo importante hubiera sido conocer el caudal o medios con los que cuenta la nueva unidad familiar, para lo que se hacía preciso probar si la madre contribuía económicamente al sostenimiento de dicha carga o por el contrario el sustento del hijo quedaba a expensas exclusivamente del padre, -situación ésta que sí redundaría en una disminución de su fortuna- ( STS 10.07.2015 y 30.04.2013), pues como dijera el auto del TS de 22 de noviembre de 2017 " «(...)La sentencia la sentencia 30 de abril 2013 , que reproducen las sentencias de 21 de septiembre y 21 de noviembre 2016 declara como doctrina jurisprudencial la siguiente: «el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad»(...)».

Dicha carga probatoria correspondía al ahora recurrente ex art. 217,1º de la LEC, debiendo por ello soportar ahora las consecuencias de su inactividad respecto a este particular.

En lo atinente a la impugnación de la demandada, nos remitimos a lo ya expresado acerca de la correcta ponderación que, respecto a los ingresos y cargas computables, se realiza en primera instancia, sin que tampoco pueda considerarse el carácter temporal de la pensión compensatoria para excluirla del cómputo global, dado que se trata de un ingreso mensual regular, a resultas de lo que en el futuro acontezca respecto de la capacidad económica de ambos padres alimentistas, cambios que, en su caso, podrían justificar una nueva modificación de las medidas ahora adoptadas.

TERCERO.- Visitas y estancias.

Sobre este particular únicamente se expresa en la sentencia recurrida "que debe fijarse un régimen de custodia compartida distribuyéndose el tiempo por semanas alternas, haciéndose los intercambios los lunes en el centro escolar. Se fija los lunes y no los viernes como solicitaba la madre, porque consideramos que ayuda a la organización de la semana y del fin de semana, y la madre no explica justificadamente porque solicita el intercambio los viernes, siendo una petición que introduce por primera vez en trámite de conclusiones. La madre alega que como el padre cuando viaja se va los domingos es mejor fijar el intercambio el viernes, pero lo cierto es que no podemos compartir dicho argumento, primero por qué como hemos expuestos los viajes son puntuales, y segundo porque si efectivamente el padre viaja los domingos, el lunes se revela como mejor día de intercambio, dado que solo pasaran unas horas hasta la entrada al cole el lunes en compañía de terceros. Valorada la edad de los menores si consideramos conveniente fijar una tarde intersemanal desde la salida del centro escolar hasta las 20.30 horas, tal como solicita la madre, y recomienda la perito, si bien el padre no lo considera necesario entendemos que dada la corta edad de la hija menor que solo cuenta con 5 años, una semana entera sin la presencia de uno u otro progenitor no resulta beneficioso, además el padre no justifica porque se opone a estas visitas. Ahora bien no se considera necesario establecer más de una visita, porque consideramos que también es importante que los menores tengan una estabilidad y continuidad, no obligándoles a continuos cambios. Las vacaciones se distribuirán por mitad en la forma que se especificará en la parte dispositiva. "

La progenitora, al plantear ahora cambios en lo decidido en la primera instancia, infringe la prohibición de incurrir en la denominada "mutatio libelli", ya que nada de ello propuso y/o planteó entonces, lo que, tratándose de otras cuestiones, debería determinar el rechazo de plano de las mismas.

Ello no obstante, dado que en esta clase de procedimiento lo que se tutela es el interés de la progenie y que los cambios que se interesan tienen por objeto facilitar la relación materno-filial, así como el padre no ha ofrecida una sola razón objetiva para oponerse (únicamente indica que debió plantear los cambios en su contestación), procede su aceptación en los términos propuestos.

A mayor abundamiento, la Sala también considera que dichos cambios son beneficiosos para los menores precisamente porque, en su conjunto, promocionan las relaciones de aquéllos con sus padres, existiendo incluso la posibilidad de que puedan ser acordados de oficio, pues como dijera la STS 525/2017, de 27 de septiembre, «no puede alegarse incongruencia cuando las partes no hayan formulado una petición que afecta al interés del menor, que deberá ser decidida por el Juez, en virtud de la naturaleza de ius cogens que tiene una parte de las normas sobre procedimientos matrimoniales».

CUARTO.- Costas.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas del recurso debido a la especial naturaleza de los procedimientos de familia, de conformidad con el criterio seguido en la STS nº 432/2014, de 12 de julio (rec. nº 79/2013).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;

PRIMERO.- Previo.

En la sentencia apelada se establece un régimen de coparentalidad, modificando el anterior de custodia materna, fijando además un nuevo régimen de visitas y estancias entre semana y vacacionales y una prestación alimenticia a cargo del padre, pronunciamientos que recurre este último denunciando la existencia d de un error valorativo porque la sentencia contiene errores en la evaluación de los datos patrimoniales de los progenitores. En particular: Ingresos del padre: Se indica que el Sr. Benito, responsable financiero en DIRECCION000., percibe 3.500 € mensuales, pero se resta incorrectamente una pensión compensatoria de 350 €, cuando en realidad esta es de 411,47 € mensuales (actualizada por IPC conforme al Convenio Regulador de 4/05/2022). Esto resulta en una incorrecta determinación de sus ingresos netos, que se fijan en 3.200 €; además no se ha tenido en cuenta el gasto de desplazamiento del Sr. Benito (69,4 km diarios,150-200 euros mensuales)) para acudir a su trabajo en DIRECCION001, un gasto necesario y documentado en nóminas y certificados (afirma tener unos ingresos netos de 2.938,57 euros mensuales).También expresa que si se suma a los ingresos de la madre la pensión compensatoria, sus ingresos serán similares. Por otra parte se omite el impacto económico derivado del nacimiento de un nuevo hijo del Sr. Benito, un hecho acreditado antes de la vista oral y mencionado en el Informe Pericial Psicológico (págs. 9, 19, 23 y 26). Este nuevo hijo genera gastos objetivos que, conforme al artículo 154.1 del Código Civil, deben considerarse al determinar la capacidad económica del padre. Por otra parte afirma que dado el régimen de custodia compartida y la falta de una disparidad significativa en los ingresos de ambos progenitores (la madre percibe aproximadamente 2.500 € netos mensuales más la pensión compensatoria), no se justifica la imposición de una pensión de alimentos. La sentencia incrementa la cantidad de 50 € (según tablas) a 150 € considerando los préstamos hipotecarios de la madre, pero no valora que el padre no tiene gastos de vivienda, lo cual no compensa adecuadamente los gastos adicionales mencionados.

Por lo anterior, interesa que se suprima la pensión de alimentos.

La parte demandada se ha opuesto al recurso presentado, abundando con sus alegaciones en el acierto parcial de la resolución apelada, la cual impugna alegando que está de acuerdo con la existencia de un desequilibrio económico que justifica una pensión de alimentos, pero considera que la cantidad establecida es insuficiente. Solicita que se fije en 150 euros mensuales por cada hijo, argumentando que esta cantidad es más proporcional a las circunstancias económicas de las partes. Se señala que el Sr. Benito, padre de los menores, tiene ingresos significativos como responsable financiero en la empresa " DIRECCION000.", con un salario documentado en 2022 de aproximadamente 3.500 euros mensuales, aunque se presume que sus ingresos actuales (2025) podrían ser superiores. Se critica que no aportó documentación actualizada (declaración de IRPF de 2023, datos fiscales de 2024, nóminas, contrato de trabajo), lo que dificulta verificar sus ingresos reales. Además, se indica que el Sr. Benito recibe beneficios en especie (como un vehículo por leasing o renting) y trabaja mayormente desde casa, lo que reduce sus gastos de desplazamiento. Por tanto, no se deberían considerar estos como gastos deducibles para calcular la pensión. Igualmente afirma que la pensión compensatoria que paga el Sr. Benito a la madre no debería considerarse como ingreso de esta última, ya que es temporal y finalizará en 2030, lo que no debe afectar las necesidades futuras de los menores. Se argumenta que el nacimiento de un nuevo hijo del Sr. Benito no debe influir en la pensión de alimentos de los hijos anteriores, ya que su pareja actual tiene ingresos similares y no representa una carga económica significativa. Respecto a los ingresos de la parte indica que el demandante ha experimentado un aumento de sus ingresos con los años. En 2020, tuvo ingresos netos mensuales de aproximadamente 3.442,63 euros (tras deducciones de IRPF y Seguridad Social); en 2021, 3.400 euros; y en 2022, 3.541 euros más una retribución en especie de 2.970 euros. No se tienen datos de 2023 y 2024, pero se presume un aumento salarial debido a su cambio de empleo. Por el contrario la demandada en 2022 percibió ingresos netos de 15.888,99 euros (1.324 euros mensuales); en 2023, 20.514,33 euros (1.709,53 euros mensuales). Además, tiene gastos fijos como 700 euros mensuales por vivienda, dejando ingresos disponibles de 1.939 euros mensuales en 2024 ,Por otra parte, aunque no se impugna formalmente el régimen de custodia compartida, la madre expresa su oposición, argumentando que el régimen monoparental a su favor funcionó correctamente durante 4 años, con los menores bien adaptados y con una relación cercana con el padre, fomentada por ella. El informe pericial psicológico que fundamenta la custodia compartida es cuestionado por omitir razones para no mantener la custodia monoparental y por posibles inexactitudes. Por ejemplo, se indica que el menor Efrain prefería el domicilio materno, pero el informe concluye que no muestra interés en cambiar el régimen, lo cual se considera contradictorio. Se señala que la hija menor, Justa (5 años), ha mostrado cambios negativos desde la implementación de la custodia compartida (tristeza, peor comportamiento y calificaciones más bajas), según observaciones de su tutora en el CEIP DIRECCION002. Se solicita un informe oficial de la tutora, Frida, para respaldar estas afirmaciones.

Por lo anterior interesa: "En cuanto a la pensión de alimentos establecida a cargo del padre solicitamos se fije la cantidad de 150 euros mensuales por cada uno de sus hijos, por ser esta una cantidad que se ajusta más a las circunstancias de las partes y al desequilibrio económico entre estos.

- En cuanto a la visita intersemanal, solicitamos se fije en los jueves para nuestra representada ya que el miércoles trabaja de tarde, y se mantenga el miércoles para el Sr. Benito ya que nuestra representada trabaja por la tarde los lunes y los miércoles teniendo que dejar a los niños esas dos tardes al cuidado de los abuelos paternos y de esta forma únicamente tendría que dejarlos los lunes. Considerando más conveniente que si no tiene ninguna razón justificada el Sr. Benito se mantenga su visita intersemanal los miércoles por ser más beneficioso que los menores estén acompañados de sus progenitores el mayor tiempo posible.

En relación al final de las vacaciones de navidad solicitamos se realice el intercambio al día siguiente en el centro escolar, esto es, el día 7 de enero para que los menores puedan disfrutar todo el día de Reyes con el progenitor que le toque cada año.

En cuanto a los días del cumpleaños de los progenitores solicitamos que los niños estén en compañía del progenitor que se trate desde las 11 horas de la mañana hasta las 20 horas de la tarde, si no tienen colegio, pero si tienen colegio solicitamos que los menores pernocten con el progenitor de que se trate, con el único fin de que puedan disfrutar del cumpleaños de su madre o padre ya que los días que tienen colegio también tienen actividades extraescolares y el tiempo que resta es muy escaso siendo más conveniente en esos días el poder cenar juntos y disfrutar de unas cuantas horas más.

Para evitar que ninguno de los progenitores tengan que adelantar dinero para el pago de los gastos extraordinarios de los menores ya que se trata de una gran cantidad de dinero, solicitamos se fije la obligación de abrir una cuenta bancaria común para aportar cada progenitor una cantidad que se determine y de ahí pagar todos los gastos de los menores."

El apelante se ha opuesto a esta impugnación arguyendo que solo el primer motivo del escrito de oposición/impugnación de la Sra. Carmela constituye una verdadera impugnación a la sentencia, centrada en la cuantía de la pensión de alimentos. Los motivos segundo y tercero no son impugnaciones válidas, ya que el segundo motivo cuestiona la custodia compartida (no impugnada explícitamente) y el informe pericial psicológico, sin fundamentar oposición al recurso de apelación. El tercer motivo plantea modificaciones al régimen de custodia compartida basadas en preferencias personales de la Sra. Carmela, que debieron presentarse en la contestación a la demanda o en aclaración de sentencia. Por ello, se solicita no admitir estos motivos ni las pruebas asociadas. Afirma que los ingresos del Sr. Benito, según su declaración de renta, son de 3.500 € mensuales (promedio anual). Se desmiente que sus ingresos aumenten anualmente, ya que las variaciones se deben a retenciones de IRPF. Respecto a los gastos, insiste en un gasto mensual de 150-200 € en combustible por desplazamientos de DIRECCION003 a DIRECCION001 (69,4 km diarios), ya que usa un vehículo de renting que no cubre combustible. Además, se aclara que su flexibilidad laboral y teletrabajo ocasional están certificados por su empresa. Igualmente reitera que la Sra. Carmela recibe 411,47 € mensuales (actualizables por IPC hasta 2030), que deben considerarse como ingreso suyo, ya que tributa como rendimiento del trabajo en su IRPF e igualmente, señala de nuevo que la sentencia omitió el nacimiento de un nuevo hijo del Sr. Benito, lo que genera gastos significativos (alimentación, pañales, guardería, etc.). No considerar estos gastos se argumenta como discriminatorio hacia el nuevo hijo. Afirma ahora que la Sra. Carmela no ha aportado declaraciones de IRPF, ocultando sus ingresos reales. En 2023, trabajaba a media jornada en una asesoría y a jornada completa en un instituto, pero omitió esta información. Su nómina de septiembre de 2024 (2.123,02 € netos) más la pensión compensatoria (411,64 €) y el prorrateo de pagas extras (387,32 €) arrojan ingresos mensuales de 2.921,98 €, a los que se suman ingresos no declarados de la asesoría. Se destaca que la Sra. Carmela tiene estabilidad laboral como funcionaria, con posibilidad de convertirse en indefinida no fija, frente a la inseguridad laboral del Sr. Benito, que trabaja por cuenta ajena. Se aportan justificantes de dos préstamos, pero con datos desactualizados (agosto 2024). Con la bajada del Euribor al 2%, las cuotas (316,80 € y 365,65 €) se reducirán significativamente. Además, se omite que una plaza de garaje está alquilada, generando ingresos. Concluye expresando que los menores pasan 15 días al mes con cada progenitor, y los libros escolares son gratuitos en el colegio público DIRECCION002.

El MF interesa el mantenimiento del régimen de custodia compartida y una pensión de alimentos de 150 euros para cada hijo a cargo del padre.

SEGUNDO.- Alimentos.

En la sentencia se razona sobre el particular, sustancialmente, que "valorada la prueba practicada, resultan acreditados los siguientes datos patrimoniales: - El padre, trabaja como responsable financiero para la mercantil DIRECCION000 y percibe una nómina mensual de unos 3500€ según resulta de su propia declaración y de la declaración de IRPF de 2022 unida a autos. El mismo abona una pensión compensatoria a la madre de 350€, en virtud del convenio firmado por ambos, hasta el año 2030. Por lo que sus ingresos mensuales netos rondan los 3200€. - La madre, desde septiembre de 2024, trabaja como educadora en el centro DIRECCION004 de DIRECCION003, cubriendo una vacante hasta agosto del año que viene, dado que la misma es interina. La misma de diciembre de 2018 a diciembre de 2023, compatibilizaba su labor como docente interina, con un trabajo en una asesoría, en la actualidad se encuentra de excedencia voluntaria en dicha mercantil, no percibiendo ingresos por dicha actividad laboral. Por tanto, en estos momentos sus ingresos mensuales, son de unos 1986€ netos, teniendo en cuenta el importe de la nómina de septiembre de 2024 y el tipo de IRPF que resulta aplicable, teniendo 14 pagas. Lo que supone unos ingresos mensuales medios de 2300€ mensuales, a los que hay que adicionar la pensión compensatoria, lo que supone unos ingresos mensuales netos en la actualidad de unos 2650€ mensuales. La misma abona dos préstamos, que según la documentación aportada ascienden a unos 700€ mensuales. Dichos préstamos según el convenio regulador son préstamos hipotecarios sobre la vivienda que se adjudicó la demandada, dónde reside actualmente con los menores. Partiendo de estos los recursos económicos de los padres, y aplicando las tablas del CGPJ, debe fijarse una pensión de alimentos a cargo del padre de 150€ mensuales, para contribuir a la manutención de sus hijos durante el tiempo que estén con la madre. Si bien las tablas arrojan una suma de unos 50€, se tiene en cuenta que la madre abona dos préstamos hipotecarios, mientras que el padre no acredita gasto alguno por el uso de la vivienda dónde va a residir con los menores.Dicha cantidad se abonará entre los días 1 y 5 de cada mes, en la cuenta que designe la madre y se actualizará anualmente conforme al IPC. La primera pensión con este nuevo importe será noviembre de 2024, dada la fecha de dictado de esta sentencia. Además, cada padre se hará cargo de los gastos de ropa y manutención que ocasione la menor durante el tiempo que los tengan en su compañía. Así mismo deberán ambos progenitores sufragar los gastos extraordinarios de los hijos, y los restantes gastos distintos a los de alimentación y vestido, al 50%."

Y como lo que se está denunciando por ambos litigantes es un pretendido error valorativo, diremos que según consolidada jurisprudencia del TS (STS de 8 de abril de 2014, con cita de las SSTS de 18 de febrero de 2013 y 4 de enero de 2013) la valoración de la prueba corresponde en principio a la Sala de instancia, debiéndose reducir su examen en esta sede a problemas de infracción en concreto de una regla de valoración, al error patente y a la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad; de forma que procede la revisión probatoria: a) cuando se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio; b) cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica o se adopten criterios desorbitados o irracionales; c) cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericia; y d) cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias; sin que le sea factible al recurrente, en los casos de valoración conjunta de la prueba, desarticularla para ofrecer sus propias conclusiones o deducciones. En línea con lo anterior, se encuentra igualmente consolidada la doctrina que declara ( STS de 8 de abril de 2014): a) que la valoración de la prueba y la motivación de la sentencia son dos cuestiones diversas que no pueden tratarse conjuntamente ni mezclarse ( STS 3 de noviembre de 2009, y 25 de noviembre de 2010) y que el hecho de que en la sentencia impugnada no se tome en consideración determinado o determinados elementos de prueba, relevantes a juicio de la recurrente, carece de trascendencia en relación con el cumplimiento del requisito de motivación y es suficiente que el tribunal razone sobre aquellos elementos a partir de los cuales obtiene sus conclusiones, sin necesidad de que se refiera de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos ( STS de 8 de julio de 2009 y 25 de noviembre de 2010).

Y en este caso, del examen de la resolución de instancia puesta en relación con los recursos interpuestos, no se evidencia la existencia del error en la valoración de la prueba que en definitiva se pretende. Pura y simplemente se intenta sustituir tal valoración de la juzgadora a quo,fundada esencialmente en la prueba practicada, y consecuente argumentación y conclusiones jurídicas, a las que expresamente nos remitimos, por otras más convenientes a los intereses de la parte recurrente.

Efectivamente, la información fiscal obtenida únicamente amerita la realidad del desequilibrio objetivo que existe entre los ingresos regulares de ambos progenitores, incluso contemplando la pensión compensatoria actualizada como pretende el recurrente, el cual obvia que si ésta se ha incrementado por el IPC, también lo han sido sus ingresos anuales, al igual que no ha tenido en cuenta que lo que hizo la Juzgadora en la primera instancia fue ponderar los gastos que por préstamos hipotecarios asume la demandada, posibilidad contemplada en las propias Tablas del CGPJ, pues como ya dijimos en nuestra sentencia 521/2022 de 28 de octubre ""...las tablas orientadoras constituyen una herramienta informática desarrollada en la Sección de Estadística Judicial del Consejo General de Poder Judicial que permite automatizar el cálculo de las pensiones alimenticias entre cónyuges separados con uno o más hijos dependientes. La funcionalidad de esta herramienta permite el cálculo de dichas pensiones alimenticias tanto en los supuestos de custodia monoparental como en los de custodia compartida. En ambos casos, los valores se obtienen a partir de los ingresos de ambos progenitores e introduciendo factores de corrección basados en la Comunidad Autónoma y Municipio de residencia del hogar custodio o del hogar de residencia del menor.Los gastos de vivienda (hipoteca, alquiler, IBI) y educación de los hijos se han excluido en la elaboración de este cálculo y deben de ponderarse de manera independiente por los operadores jurídicos. Por tanto la cantidad resultante deberá incrementarse con tales conceptos en función de su importe y criterios de reparto."...Y como también se dice en la explicación de las tablas orientativas "...En el cálculo del gasto medio del hogar se ha considerado solamente el gasto monetario, sin tener en cuenta la hipoteca ni los gastos en alquiler de vivienda principal si ése fuera el caso que pudiera tener el hogar. De ahí que en la aplicación de las Tablas se deben tener en cuenta los ingresos netos sin deducir hipoteca o similares y que el coste que se obtiene no contempla el gasto correspondiente al menor por vivienda, por lo que si hubiera hipoteca o alquiler debería añadirse la parte que correspondiera al coste estimado según este procedimiento..."

En segundo lugar, cuando el actor pretende que se considere el gasto de gasolina mensual, también desconoce que ello no se contempla en las Tablas aplicadas, además de que, en ese caso, también tendríamos que considerar el ahorro que le genera el tener un coche cuyos gastos de compra, seguros, averías y mantenimiento son asumidos por un tercero, así como que tiene la posibilidad de teletrabajar y evitar desplazamientos.

Y en tercer lugar, que para poder considerar el nacimiento de un nuevo hijo lo importante hubiera sido conocer el caudal o medios con los que cuenta la nueva unidad familiar, para lo que se hacía preciso probar si la madre contribuía económicamente al sostenimiento de dicha carga o por el contrario el sustento del hijo quedaba a expensas exclusivamente del padre, -situación ésta que sí redundaría en una disminución de su fortuna- ( STS 10.07.2015 y 30.04.2013), pues como dijera el auto del TS de 22 de noviembre de 2017 " «(...)La sentencia la sentencia 30 de abril 2013 , que reproducen las sentencias de 21 de septiembre y 21 de noviembre 2016 declara como doctrina jurisprudencial la siguiente: «el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad»(...)».

Dicha carga probatoria correspondía al ahora recurrente ex art. 217,1º de la LEC, debiendo por ello soportar ahora las consecuencias de su inactividad respecto a este particular.

En lo atinente a la impugnación de la demandada, nos remitimos a lo ya expresado acerca de la correcta ponderación que, respecto a los ingresos y cargas computables, se realiza en primera instancia, sin que tampoco pueda considerarse el carácter temporal de la pensión compensatoria para excluirla del cómputo global, dado que se trata de un ingreso mensual regular, a resultas de lo que en el futuro acontezca respecto de la capacidad económica de ambos padres alimentistas, cambios que, en su caso, podrían justificar una nueva modificación de las medidas ahora adoptadas.

TERCERO.- Visitas y estancias.

Sobre este particular únicamente se expresa en la sentencia recurrida "que debe fijarse un régimen de custodia compartida distribuyéndose el tiempo por semanas alternas, haciéndose los intercambios los lunes en el centro escolar. Se fija los lunes y no los viernes como solicitaba la madre, porque consideramos que ayuda a la organización de la semana y del fin de semana, y la madre no explica justificadamente porque solicita el intercambio los viernes, siendo una petición que introduce por primera vez en trámite de conclusiones. La madre alega que como el padre cuando viaja se va los domingos es mejor fijar el intercambio el viernes, pero lo cierto es que no podemos compartir dicho argumento, primero por qué como hemos expuestos los viajes son puntuales, y segundo porque si efectivamente el padre viaja los domingos, el lunes se revela como mejor día de intercambio, dado que solo pasaran unas horas hasta la entrada al cole el lunes en compañía de terceros. Valorada la edad de los menores si consideramos conveniente fijar una tarde intersemanal desde la salida del centro escolar hasta las 20.30 horas, tal como solicita la madre, y recomienda la perito, si bien el padre no lo considera necesario entendemos que dada la corta edad de la hija menor que solo cuenta con 5 años, una semana entera sin la presencia de uno u otro progenitor no resulta beneficioso, además el padre no justifica porque se opone a estas visitas. Ahora bien no se considera necesario establecer más de una visita, porque consideramos que también es importante que los menores tengan una estabilidad y continuidad, no obligándoles a continuos cambios. Las vacaciones se distribuirán por mitad en la forma que se especificará en la parte dispositiva. "

La progenitora, al plantear ahora cambios en lo decidido en la primera instancia, infringe la prohibición de incurrir en la denominada "mutatio libelli", ya que nada de ello propuso y/o planteó entonces, lo que, tratándose de otras cuestiones, debería determinar el rechazo de plano de las mismas.

Ello no obstante, dado que en esta clase de procedimiento lo que se tutela es el interés de la progenie y que los cambios que se interesan tienen por objeto facilitar la relación materno-filial, así como el padre no ha ofrecida una sola razón objetiva para oponerse (únicamente indica que debió plantear los cambios en su contestación), procede su aceptación en los términos propuestos.

A mayor abundamiento, la Sala también considera que dichos cambios son beneficiosos para los menores precisamente porque, en su conjunto, promocionan las relaciones de aquéllos con sus padres, existiendo incluso la posibilidad de que puedan ser acordados de oficio, pues como dijera la STS 525/2017, de 27 de septiembre, «no puede alegarse incongruencia cuando las partes no hayan formulado una petición que afecta al interés del menor, que deberá ser decidida por el Juez, en virtud de la naturaleza de ius cogens que tiene una parte de las normas sobre procedimientos matrimoniales».

CUARTO.- Costas.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas del recurso debido a la especial naturaleza de los procedimientos de familia, de conformidad con el criterio seguido en la STS nº 432/2014, de 12 de julio (rec. nº 79/2013).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;