Sentencia Civil 449/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 9, Rec. 558/2023 de 03 de octubre del 2024

PRIMERO.- Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los siguientes.

SEGUNDO.- Dª Elisabeth presentó demanda contra D. Julián, en la que solicitaba que se declarase la existencia de un patrimonio común por importe de 375.052,74 euros,siendo la titularidad de los bienes comunes al 50% entre la actora y el demandado; que se declarase igualmente que todo el patrimonio común fue apropiado por el demandado; que se acordase la extinción y liquidación del patrimonio común, condenándose al demandado a abonar a la actora la cantidad de 187.526,37 euros.

Alega la demanda inicial en síntesis que los entonces cónyuges (actora y demandado) otorgaron escritura de capitulaciones matrimoniales con fecha 7 de mayo de 2013 en la que pactaron el régimen de separación de bienes; que con fecha 4 de julio de 2016 recayó sentencia de divorcio de mutuo acuerdo; que la demandante interpuso demanda de solicitud de formación de inventario, seguida ante el mismo Juzgado, y que se dictó sentencia nº 39/2019, de fecha 12 de marzo de 2019, aprobando el inventario de la sociedad de gananciales entre ambos cónyuges.

Añade que la citada sentencia fue recurrida por el demandado, y por la Sección 24ª Bis de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid se dictó sentencia de fecha 30 de marzo de 2020, revocando parcialmente la anterior.

Sostiene la demanda que la sociedad ganancial se extinguió el 7 de marzo de 2013, que a partir de dicha fecha rige la separación de bienes, y que procede liquidar la comunidad de bienes conforme al art. 400 del Código civil, señalando que el demandado se ha apropiado de 375.052.74 euros del patrimonio común, formado por los bienes que tuvieron naturaleza ganancial hasta el 7 de mayo de 2013 y que no fueron liquidados, y ulteriormente mutados por otros activos, siendo la titularidad de los bienes comunes al 50% entre ambas partes; y solicita la extinción y división del patrimonio común, interesando que el demandado le abone a la actora mediante dicha división la cantidad de 187.526,37 euros.

El demandado se opuso a la demanda y formuló reconvención. Se allanó parcialmente a la demanda en cuanto a que se declarase la existencia de un patrimonio común por importe de 268.036,02 €, correspondiendo a ambos cónyuges la cantidad de 134.018,03 €. Así lo declaró el auto de 15 de enero de 2021, que estimó ese allanamiento parcial. En la reconvención, el sr. Julián pidió las siguientes declaraciones y condenas:

a) Declarar la existencia de un patrimonio común adicional al que expresamente se ha allanado esta parte importe de 75.089,04 €.

b) Declarar que dicho patrimonio ha sido apropiado por la demandante reconvenida.

c) Condenar a la demandante-reconvenida al pago a mi representado de la cantidad de 37.544,52 €, siendo esta la cuantía debida como consecuencia de la extinción del proindiviso del patrimonio común adicional, en pago a sus derechos.

d) Declare el derecho de crédito de mi representado frente a la demandante reconvenida por importe de 126.876,17 €, condenando a Doña Elisabeth a pagar a D. Julián la citada cantidad.

e) Derivado de las cantidades anteriores, Declare la existencia de un crédito compensable a favor de D. Julián por importe de 134.018,03 €, compensando en dicha cantidad el 50 % de la cuantía del patrimonio común al que esta parte expresamente se ha allanado en la contestación a la demanda.

f) Condene a Doña Elisabeth a pagar a D. Julián la cantidad restante de 30.402,66 € más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

La sentencia de instanciaestimó parcialmente la demanda y desestimó totalmente la reconvención. Declaró que existía un patrimonio común de 305.822,35 euros, formado desde el día de las capitulaciones matrimoniales, y hasta la fecha de interposición de la demanda, que comprende los bienes que tuvieron naturaleza ganancial hasta el 7 de mayo de 2013 que no fueron objeto de liquidación, siendo la titularidad de los bienes comunes al 50% entre ambas partes y estando el patrimonio común en manos del demandado.

Esa sentencia acordó la extinción y liquidación por división del patrimonio común y condenó al demandado a abonar a la actora la cantidad de 152.911,175 euros, correspondiente a la extinción del proindiviso del patrimonio común en pago de sus derechos.

Dicha sentencia ha sido apelada por el demandado reconviniente D. Julián.

TERCERO.- El primer motivo de recurso se refiere a dos cantidades que, según la actora, se apropió el demandado de la cuenta común (titularidad de ambos), por importes respectivos de 10.000,42 y 3.000,42 euros. La sentencia estimó la demanda respecto de esas dos cantidades, argumentando el recurso que no motiva por qué considera que se las apropió el demandado y que no hubo tal apropiación, sino que fueron transferidas a otras cuentas también comunes de los dos cónyuges.

- La suma de 10.000,42 euros fue transferida (el 13/04/2015, documento 4 de la demanda, listado de movimientos) de la cuenta común de Banco Popular a otra cuenta también común, la de La Caixa (numeración terminada en NUM000), como demuestra el documento 5 de la contestación: consta ese traspaso con fecha 14/04/2015 de 10.000 euros (los 0,42 euros es la comisión). Aduce el apelante que la finalidad de la transferencia era el pago del préstamo hipotecario que pesaba sobre ambos por la adquisición de la vivienda común; consta (documento 4 contestación) que en esa cuenta de La Caixa estaban domiciliados los pagos de ese préstamo. Por tanto, se transfirió de cuenta común a cuenta común para atender un pago que debían hacer ambos cónyuges, no existiendo apropiación por D. Julián de una cantidad común.

- La suma de 3.000,42 euros fue transferida, igualmente el 13/04/2015, a una cuenta también común, la que tenían los cónyuges en Bankinter (numeración terminada en NUM001). Los documentos 6, 7 y 8 de la contestación demuestran esa transferencia (tiene fecha 14/04/2015, documento 6; e importe de 3.000 euros), que la cuenta era común de los dos cónyuges y que en ella estaban domiciliados los pagos por el préstamo hipotecario que concertaron para adquirir una vivienda en La Oliva (Fuerteventura). En el documento 6 consta que el Banco ordenante es el Banco Popular, sucursal 1422, la misma donde tenían la cuenta común desde la que se ordenó la transferencia.

De lo expuesto resulta que no hubo apropiación de esas cantidades por D. Julián, debiendo estimarse el recurso de D. Julián y desestimarse la demanda en este punto, lo que supone deducir del patrimonio común 13.000,84 euros.

CUARTO.- Aunque el régimen pactado de separación de bienes ya implica de por sí que cada cónyuge tenga la propiedad exclusiva de sus ingresos y que solo él haga frente a sus gastos ( artículo 1437 del Código civil) , cuando no es así y se han compartido ingresos y gastos en una misma cuenta bancaria (o varias), esta conformidad implica asunción común y por igual de todo gasto, sin derecho alguno a compensación ulterior, de no haber pacto expreso en ese sentido.

Dado que seguía vigente el matrimonio tras pactarse el régimen de separación de bienes en capitulaciones matrimoniales (el 7 de mayo de 2013), ambos cónyuges venían obligados (seguían viniendo obligados) a atender las cargas del matrimonio ( Código civil, artículos 1318 y 1319 de forma general y artículo 1438 específicamente para el régimen de separación de bienes). Al utilizarse cuentas bancarias comunes en las que se ingresaban las retribuciones de uno y otro cónyuge, y de las que ambos extraían fondos para los gastos ordinarios y de todo tipo, no cabe que ninguno de ellos pretenda exigir responsabilidad al otro por el mero hecho de haber dispuesto de alguna cantidad de una cuenta bancaria común; solo cuando se demuestre que esa disposición fue para un gasto o inversión privativo (correspondiendo la carga de la prueba a quien lo alega: art. 217.2 L.E.Civil) podrá admitirse que existe un derecho de crédito del otro cónyuge por la mitad de la cantidad dispuesta.

En nuestro caso, no se documentó que la (posible) desigual contribución económica de cada uno generase un derecho de crédito contra el otro, de ahí que no sea admisible que, una vez finalizada esa situación de convivencia y de comunidad económica (en este caso, la separación de bienes duró desde que se otorgaron capitulaciones el 7 mayo 2013 hasta el divorcio el 4 julio 2016), pretenda reclamarse al otro cantidad alguna por el mero hecho de que en el listado de movimientos de la cuenta se advierta una disposición, como acabamos de decir.

El acuerdo de ambas partes legitima todo gasto, en situación de igualdad, quedando extinguido en virtud de esa común conformidad todo eventual derecho de crédito contra el otro por razón de los diversos gastos a que da lugar la convivencia, esto es, los gastos ordinarios. Lo cual no obstaría, como es evidente, para que, de haberlo considerado procedente, ambas partes hubieran suscrito el o los documentos pertinentes para reconocer la existencia de una deuda a favor del que más contribución económica haya realizado, lo que no es el caso.

1) Las anteriores consideraciones son aplicables a la reclamación por la actora de la cantidad de 23.039,06 euros,que se estimó en la instancia y es objeto del motivo primero del recurso de apelación presentado por D. Julián. En él se alega error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 217 en relación con el 326.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e infracción del art. 218.1 de dicha Ley por falta de motivación, además de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Descartando esta última vulneración, pues ese derecho no equivale a dar la razón al litigante, ya sea demandante o demandado, según más que reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, examinemos si puede imputarse al demandado haberse apropiado de esas cantidades de la cuenta común que tenían los cónyuges en Banco Popular.

La demanda imputa esa cantidad global a transferencias realizadas por el demandado desde la cuenta común (titularidad de ambos litigantes) de Banco Popular; pero no se detalla importe y fecha de cada transferencia, sino que se incluyen todas ellas en esa cantidad global, de una forma genérica e imprecisa. Ni se alega ni consta el destino de esas supuestas transferencias, luego no puede afirmarse que D. Julián se apropiase de ellas, pues no sabemos a qué se destinó el dinero; ni siquiera se alega, lo que bastaría para desestimar la demanda en este punto. Es a la actora a la que correspondía alegar y probar importe, fecha de cada transferencia y destino del dinero para poder concluir que el demandado se lo apropió como si fuera privativo. Se estima el recurso y se desestima la demanda en este aspecto.

2) En el motivo segundo se alega infracción de los artículos 1318, 1319, 1438 y 1439 del Código civil por falta de aplicación. Se refiere a dos cantidades estimadas por la sentencia de instancia: 1141,38 euros por seguro del vehículo y 605 euros por reparación del vehículo de D. Julián. Ambas se refieren al coche utilizado por D. Julián, Range Rover. El recurso alega, por un lado, que debía limitarse la estimación a la mitad de las cantidades, lo que ha de rechazarse, dado que en el patrimonio común se incluye el total de los gastos, pero al demandado solo se le ha condenado a pagar el 50%. Por otro lado, se sostiene por el recurrente que el coche se usaba por toda la familia, luego los gastos que provocaba deben considerarse cargas del matrimonio.

No puede aceptarse este último argumento. El coche estaba a nombre de Ibericar Ocasión Centro, SA, siendo utilizado por D. Julián. En la enumeración de coches de la familia se incluyen hasta cinco vehículos, lo que da a entender que cada miembro utilizaba uno, no pudiendo decirse que el que utilizaba D. Julián fuese coche familiar, dada esa abundancia de vehículos. De ahí que los gastos no puedan atribuirse al dinero común, sino al titular del coche, D. Julián, que era quien lo usaba y lo había puesto a nombre de una sociedad.

QUINTO.- Motivo tercero del recurso. Alega error en la valoración de la prueba, infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 326.1 de la misma Ley. Se refiere a las cantidades reclamadas en la reconvención,esto es, a cantidades de la cuenta común de las que dispuso la actora, según el reconviniente para pago de bienes o servicios privativos (1), y al derecho de crédito que el demandado dice ostentar contra la actora por importe de 126.876,17 euros (2). La sentencia de instancia desestimó esta reclamación reconvencional, no considerando probada la existencia de ese crédito.

3.1.- Por un lado, se alega que dispuso Dª Elisabeth de 60.000 eurosde fondos comunes (de la cuenta de Banco Popular) para la suscripción de un fondo de inversión (Cartera Óptima Moderada CL A). La sentencia de instancia sostiene que el reconviniente no ha probado que dicho fondo se constituyera con dinero común. Pero no es así, pues el documento 17 de la contestación prueba que esos 60.000 euros procedían de la cuenta común de Banco Popular (numeración terminada en NUM002), como recoge el documento de constitución de ese fondo que es este documento 17. Luego sí está probado que Dª Elisabeth constituyó el fondo de inversión con dinero común, debiendo descontarse esta cantidad de lo reclamado en la demanda.

Por otro lado, alega el reconviniente D. Julián determinadas disposicionesrealizadas por Dª Elisabeth de la cuenta común. Estas disposiciones son de 4.260,25 euros, 2.000 euros y 951 euros, según consta en el oficio de contestación remitido por Banco Santander, de fecha 2 de agosto de 2021 (en el título del documento se menciona la fecha 23 08 2021 por razones que se ignoran). Pero no sabemos a qué se destinaron esos fondos; como ya se ha razonado, al alegar el reconviniente que esas cantidades se destinaron a finalidades privativas, a él le incumbía la carga de probar ese destino privativo ( artículo 217.2 de la L.E.Civil) . Al no hacerlo así, ha de rechazarse esta pretensión, desestimándose el recurso en este punto.

En cuanto a la cantidad de 2.500 euros,según el reconviniente esta cantidad la utilizó Dª Elisabeth procedente de fondos comunes para pagar renta y fianza del arrendamiento de un piso para uso propio (contrato de fecha 29 de octubre de 2015, documento 28 de la contestación). El documento 4 de la demanda (listado de movimientos de la cuenta común de Banco Popular) refleja, como alega el reconviniente, dos cheques compensados el 31/10/2015 por importe cada uno de 1.250 euros (aunque el rotulador utilizado en el documento original dificulta su apreciación). Debe añadirse esa cantidad de 2.500 euros al patrimonio común, y en tal sentido se estima el recurso de D. Julián.

3.2.- El crédito alegado por D. Julián por importe total de 126.876,17 euros está compuesto por diversas partidas que menciona el recurso:

- 20.000 euros. Préstamo suscrito solo por D. Julián el 19/06/2015. Aunque es cierto que consta su abono en la cuenta común del Banco Popular, dice que se utilizó «para la devolución de parte de la cantidad dispuesta para el pago del vehículo (35.290,42)». El vehículo (Range Rover NUM003) estaba a nombre, según la demanda, de Ibericar Ocasión Centro, SA, lo que no ha desvirtuado el demandado D. Julián. Por tanto, era privativo del demandado. Si utilizó el préstamo para pago del vehículo, privativo, no procede que reclame ninguna cantidad a la demandante por este concepto. La confusión de patrimonios privativos y común a que alude la sentencia de instancia se hace aquí patente.

- 12.302,14 euros, cantidad ingresada en la cuenta común el 13/05/2014, según muestra el documento 5 de la demanda, alegándose que procedía esa cantidad de un fondo de inversión privativo del sr. Julián. Se aporta numerosa documentación (documento 11) compuesta por diversos impresos y justificantes bancarios que, a falta de explicación, solo sirven para crear confusión. En la cuenta común ambos cónyuges realizaron ingresos y disposiciones, sin que en cada caso quedase reflejado a qué obedecían unos y otros.

- Sí procede reconocer créditos al sr. Julián por 12.500 euros y 10.000 euros en virtud de los respectivos ingresos realizados en la cuenta común de 25.000 euros (21/10/2015; consta en el listado de movimientos de la cuenta común, documento 5 de la contestación; y documento aportado en la audiencia previa, folio 133) y de 20.000 euros (documento 19 de la contestación). El primero para amortizar parcialmente el préstamo de la vivienda de la DIRECCION000; el segundo, para amortización parcial del préstamo hipotecario que gravaba la vivienda adquirida en Corralejo (Fuerteventura). Ambos ingresos procedían de cuentas privativas del demandado reconviniente (de Banco Santander, cuenta terminada en NUM004; y de Bankinter, cuenta terminada en NUM005).

- En cuanto a las cantidades que se dicen prestadas por la madre de D. Julián (se habla de un préstamo de 180.000 euros en fechas 23/04/2004 -30.000 euros- y 03/06/2004 -150.000 euros-), tal cuestión ya fue debatida en el litigio anterior sobre formación de inventario en la liquidación de la sociedad de gananciales. Finalizó con sentencia de la Sección 24ª de esta Audiencia Provincial, de fecha 30 de marzo de 2020 (recurso de apelación número 1171/2019 Sección Refuerzo). En dicha sentencia se examina el supuesto crédito a favor de la madre de D. Julián, Dª Macarena, concluyendo esa sentencia (se hablaba entonces de un préstamo de 210.000 euros en abril y junio de 2004, ahora de 180.000 euros en esos mismos meses) que no está acreditado que las cantidades supuestamente prestadas por la madre de D. Julián fueran destinadas a la adquisición de bienes gananciales, denegando así su inclusión en el pasivo de la sociedad ganancial.

Ahora se pretende que existió ese préstamo y que se utilizó para la adquisición de bienes comunes, la compra de la casa de la DIRECCION000, contradiciendo la sentencia firme referida. Concurre, por tanto, la excepción de cosa juzgada ( artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) , debiendo rechazarse la pretensión del reconviniente D. Julián de cobrar de la demandante Dª Elisabeth 70.924,53 euros como 50% del supuesto préstamo.

-Respecto del pago de honorarios al abogado que tramitó el divorcio, pretende el reconviniente que solo los pagó él, por importe de 2.299 euros, reclamando la mitad a Dª Elisabeth. Los documentos 29 a 31 de la contestación demuestran ese pago, debiendo reconocerse a D. Julián un crédito contra la demandante por el 50% de lo pagado, 1.149,50 euros.

Resumiendo, las cantidades en que se reduce el patrimonio común en virtud del recurso ascienden a 132.838,06 euros más 13.000,84 euros, en total 145.838,90 euros (compuesto por partidas de 23.039,06 €, 60.000 €, 2.500 €, 25.000 €, 20.000 €, 2.299 €, 10.000,42 € y 3.000,42 €). La sentencia de instancia cuantificó ese patrimonio común en 305.822,35 euros; al deducir ahora 145.838,90 euros, queda en 159.983,45 euros.El 50% a cuyo pago procede condenar a D. Julián es 79.991,73 euros.En tal sentido se estima parcialmente el recurso.

SEXTO.- Al estimarse parcialmente demanda y reconvención, no procede hacer imposición de las costas causadas en primera instancia por una y otra ( artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

No procede hacer imposición de las costas causadas por el recurso de apelación, al haberse estimado el mismo en parte ( artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,