Sentencia Civil 55/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 9, Rec. 488/2024 de 03 de febrero del 2025

PRIMERO.-Usura

A la vista de la resolución recurrida y de las alegaciones de las partes, para resolver el recurso, la cuestión se ha de resolver con base a la jurisprudencia, vinculante para este tribunal, establecido por nuestro TS, a este respecto, resulta de aplicación la doctrina desarrollada en la STS (pleno de la Sala Primera) nº 258/2023, de 15 de febrero, sin que la aplicación de esta resolución cause indefensión, aunque se haya publicado con posterioridad incluso al dictado de la sentencia de primera instancia, puesto que los procedimientos deben resolverse en atención a la doctrina jurisprudencial vigente en el momento de dictar la resolución judicial correspondiente.

En este sentido, declara la STC. 53/2015, de 16 de marzo:

"Esta Sala habrá de aplicar el nuevo criterio jurisprudencial a todo supuesto o situación jurídica que tenga ante sí para resolver, con independencia del momento temporal en que se interpuso el recurso. Es lo que el Tribunal Constitucional ha entendido como el .

En caso contrario, quedaría petrificada la nueva interpretación jurisprudencial a aquellos escritos de interposición de recursos que fueran presentados debidamente ante los Tribunales de Justicia a partir del momento del del cambio de criterio, a que no están obligados los órganos jurisdiccionales, tal y como tiene asentada la doctrina constitucional referida.

Asimismo, hay que tener en cuenta que una resolución judicial que incorpora un cambio de criterio jurisprudencial y cuya eficacia fuese meramente prospectiva sería un mero obiter dictum, amén de que se frustraría la finalidad del proceso porque la resolución no afectaría a las partes. El único límite temporal a que se limitan los cambios de criterio jurisprudenciales, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, es a las situaciones jurídicas que gozan de la protección de la cosa juzgada, como no podía ser menos como garantía de salvaguardia de la tutela judicial efectiva proclamada en el art. 24 de la CE ".

Dicho lo anterior, efectuaremos las siguientes precisiones:

A.- En relación al tipo de interés con el que se ha de efectuar la comparativa.

En primer lugar, ya declaró el Alto Tribunal en las sentencias nº 149/2020, de 4 de marzo, y 367/2022, de 4 de mayo, que "la referencia del que ha de utilizarse para determinar si el interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en estos casos el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España", ya que "si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias, debe utilizarse la más específica, la que presente más coincidencias con la operación crediticia cuestionada, pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio".

B.- Tablas del Banco de España.

En segundo lugar, el contrato objeto de litigio se celebró en 2008, declarando la mencionada sentencia del Alto Tribunal nº 258/2023, de 15 de febrero: "3 . Respecto de los contratos anteriores a junio de 2010, a falta de un desglose especifico en los boletines estadísticos del Banco España, no cabe acudir, como pretende el recurso, al índice correspondiente a los créditos al consumo, sino que, como declaramos en la sentencia más reciente 643/2022, de 4 de octubre , en que se cuestionaba un interés del 20,9% TAE, en un contrato de 2001, "es más adecuado tomar en consideración otros productos más similares a los créditos revolving".

Con carácter general para el enjuiciamiento de estos casos de tarjetas de crédito contratadas en la primera década de este siglo, ha de acudirse a la información específica más próxima en el tiempo. Esta es la que se ofreció en 2010. Según el boletín estadístico el tipo medio TEDR ese año estaba en el 19,32. Lógicamente, la TAE, al agregar las comisiones, sería ligeramente superior (entre 20 y 30 centésimas, en los niveles de interés que nos movemos). Por lo que podemos partir de forma orientativa del índice de 2010 (19,32), con la corrección oportuna para adecuarlo a la TAE...".

C - Parámetros a tener en cuenta para efectuar la comparativa. Umbral de la usura.

La reiterada STS. 258/2023, de 15 de febrero, declara en su fundamento jurídico cuarto:

"4. Una vez determinado el índice de referencia, el tipo de interés (TAE) común para este tipo de contratos de crédito al tiempo de su celebración (2004), hay que valorar el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, esto es: en cuántos puntos porcentuales o en qué porcentaje puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se considere un interés notablemente superior al normal del dinero.

La ley española no establece ninguna norma al respecto. El art. 1 de la Ley de Usura , al acudir a una fórmula amplia (el interés notablemente superior al normal del dinero), emplea un adverbio para caracterizar ese exceso respecto del interés común del mercado (), que exige una apreciación en cada caso. Un criterio así de abierto, no rígido, exige un juicio o valoración para cada caso, acorde con la búsqueda de la justicia del caso concreto.

(...)

Es lógico que, a falta de una previsión legal, se acuda a la jurisprudencia para conocer esos parámetros o criterios de valoración que faciliten la igualdad de trato.

Hasta ahora este Tribunal Supremo no ha fijado un criterio uniforme para cualquier contrato, sino que ha ido precisándolo para cada caso controvertido.

(,,,)

En la medida en que el criterio que vamos a establecer lo es sólo para un tipo de contratos, los de tarjeta de crédito en la modalidad revolving, en los que hasta ahora el interés medio se ha situado por encima del 15%, por lo argumentado en la citada sentencia 149/2020, de 4 de marzo , consideramos más adecuado seguir el criterio de que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos porcentuales.

5. De acuerdo con este criterio, si el tipo medio al tiempo de la contratación sería ligeramente inferior al 20%, el interés pactado (23,9% TAE) no supera los 6 puntos, por lo que no se considera notablemente superior al tipo medio".

D- TAE y TEDR.

La repetida STS nº 258/2023, de 15 de febrero, señala en el apartado 2 de su fundamento jurídico cuarto:

"Al respecto, habría que hacer otra advertencia, seguida de una matización: el índice analizado por el Banco de España en esos boletines estadísticos no es la TAE, sino el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale a la TAE sin comisiones; de manera que si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. De tal forma que, en los contratos posteriores a junio de 2010, se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España, y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que correspondería a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras. En realidad, en estos últimos años, aunque la TEDR haya sido inferior a la TAE por no contener las comisiones, a los efectos del enjuiciamiento que hay que hacer (si la TAE es notablemente superior al interés [TAE] común en el mercado), ordinariamente no será muy determinante, en atención a que la usura requiere no sólo que el interés pactado sea superior al común del mercado, sino que lo sea . El empleo de este adverbio en la comparación minimiza en la mayoría de los casos la relevancia de la diferencia entre la TEDR y la TAE".

Y añade en el apartado 3 del mismo fundamento jurídico: "Con carácter general para el enjuiciamiento de estos casos de tarjetas de crédito contratadas en la primera década de este siglo, ha de acudirse a la información específica más próxima en el tiempo. Esta es la que se ofreció en 2010. Según el boletín estadístico el tipo medio TEDR ese año estaba en el 19,32. Lógicamente, la TAE, al agregar las comisiones, sería ligeramente superior (entre 20 y 30 centésimas, en los niveles de interés que nos movemos). Por lo que podemos partir de forma orientativa del índice de 2010 (19,32), con la corrección oportuna para adecuarlo a la TAE".

Partiendo de dichas premisas, es doctrina jurisprudencial retirada y aplicada de forma casi unánime por toda la jurisprudencia consultada, que la comparación se ha de hacer con las tablas que al respecto publica el Banco de España, y ello porque como dice la SAP de Cáceres 250/2023 de 25 de abril se aplican a falta de otros datos 20 centésimas por resultar lo más favorable para el consumidor, criterio este que es seguido por la SAP de Madrid 428/2023 de 16 de octubre, SAP de Madrid 472/2023 de 18 de octubre y SAP de Pontevedra 491/2023 de 11 de octubre, señalando esta última que : "...si bien con el matiz de que el interés publicado por el Banco de España en el boletín estadístico es el TEDR (tipo efectivo de definición restringida), que equivale al TAE sin comisiones y, por ende, es ligeramente inferior al TAE, por lo que habrá de incrementarse, a falta de otros datos, en 20 centésimas. Margen de 6 puntos que los Autos de la Sala Primera de 31 de mayo de 2023 (recurso 3109/2021 ) y 7 de junio de 2013 (recursos 5302/2021 y 3551/2021 ), que inadmiten otros tantos recursos de casación, extienden a los contratos suscritos a partir de 2010, para garantizar un mínimo de homogeneidad de tratamiento y de seguridad jurídica.

18.- Este es el criterio mayoritario por el que ha optado este órgano de apelación que, en la Sala de Magistrados y Magistradas de lo Civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrada el 26 de septiembre de 2023, acordó que:

"1. En relación con el criterio de usura iniciado por la STS núm. 258/2023, de 15 de febrero , respecto de los contratos de crédito revolvente o de tarjeta revolving, consideramos que el criterio de seis puntos porcentuales, más las centésimas a añadir para equiparar TEDR a TAE, tiene un carácter automático, y no orientativo en aplicación de dicha Jurisprudencia.

2. También se considera que, en aplicación de la mencionada Jurisprudencia, procede, para equiparar TEDR publicado por el Baco de Espala, y convertirlo en TAE, sumar a los seis puntos porcentuales, 20 centésimas más."

En la misma línea, en su reciente sentencia del TS 1378/2023 de 6 de octubre , vuele a reiterar que los 6 puntos porcentuales en referencia a las Tablas del banco de España indicando que "...De acuerdo con esta jurisprudencia, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura , esto es, "que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso", sin que sea exigible, acumuladamente, que haya sido "aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".

Para valorar si el interés estipulado es notablemente superior al normal del dinero se ha de atender a lo siguiente: por una parte, el interés convenido no es tanto al interés nominal, como la tasa anual equivalente (TAE); y por otra, para establecer el otro punto de comparación, "interés normal", ha de estarse a la información reflejada en las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas..

... Al respecto, conviene advertir que, respecto de las tarjetas de crédito revolving en los que el tipo medio de mercado suele ser superior al 15%, en la sentencia de pleno 257/2023, de 15 de febrero , hemos declarado que cuando el interés convenido supera los 6 puntos porcentuales ha de considerarse "notablemente superior.".

Dicho criterio ha sido reiterado en la STS 1726/2023 de 13 de diciembre en la que se indica: "...Es oportuno precisar que los pagos que se incluyen dentro de la TAE están determinados en la Circular 5/12 del Banco de España, de 27 de junio (BOE 161, de 6 de julio), sobre transparencia de los servicios de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos. Y dentro de los pagos que forman de la TAE en el caso de los préstamos, no se incluyen las comisiones prescindibles (no necesarias para la obtención del préstamo), ni las que se devengan a favor de tercero. El importe de la TAE se determina con una fórmula matemática recogida en el Anejo 7 de la Circular.

3.En este caso, el contrato de tarjeta de crédito es del año 2018, fecha posterior a la publicación de las estadísticas del Banco de España con un desglose especifico de los datos sobre interés promedio de tarjetas de crédito de pago aplazado y "revolving". Por tanto, la comparación deberá establecerse con los datos de ese año que aparecen en esas estadísticas"

Dicho criterio ha sido consolidado, de forma definitiva, por nuestro TS, en un supuesto relativo a un contrato de tarjeta del año 2016 en el que se volvía a cuestionar si la comparativa para realizar el test de usura se había de hacer o no con las estadísticas publicadas por el Banco de España, indicando nuestro TS en sentencia 188/2024 de 13 de febrero que: "...En este caso, el contrato de tarjeta de crédito es del año 2016, fecha posterior al comienzo de la publicación de las estadísticas del Banco de España con un desglose especifico de los datos sobre interés promedio de tarjetas de crédito de pago aplazado y "revolving". Por tanto, la comparación deberá establecerse con los datos de ese año que aparecen en esas estadísticas..."

CONCLUSION:

1.- Las explicaciones que se extraen la de la jurisprudencia analizada sobre la comparativa entre el uso de la TAE o del TEDR como equivalente a la TAE sin comisiones, ya responden a uno de los argumentos del recurso, y también a la decisión del TS de usar los Boletines Estadísticos del Banco de España, y en referencia a las operaciones más específicas de la tabla 19.4, especialmente cuando existen, tras comenzar a ser publicadas a partir del año 2010.

2.- Para determinar el TAE para la realización del test de usura hay que estar a la tabla de índices publicada por el Banco de España que toman como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito en cumplimiento del artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), y no al aplicado por las entidades operadoras en el sector crediticio, toda vez que las estadísticas del Banco de España sobre los tipos medios aplicados por las entidades bancarias, incluidos los de las tarjetas revolving, constituyen una publicación oficial amparada por normativa comunitaria y del propio Banco de España, y a la que cualquiera puede tener acceso, revistiendo dichas publicaciones una mayor objetividad y fiabilidad que las que alude la parte recurrente, máxime cuando además, dentro de dichas estadísticas el Banco de España ha venido publicando los tipos medios de las tarjetas revolving desde el 2010.

3.- Que pese a la diferencia que consta en el contrato de la TAE para compras y para disposiciones en efectivo, lo cierto es que tal y como consta en la resolución recurrida, y no se combate de forma expresa en la apelación, el TIN que consta efectivamente aplicado tanto para compras como para efectivo es de un 24% que equivale a un TAE del 26,82%, equivalencia no discutida por las partes, resulta corroborado por los propios resguardos aportados por la entidad demandada.

Partiendo de los parámetros expuestos, para dicho año 2008, según nuestro TS el TEDR a tener en cuenta es de 19,32% al que una vez sumadas las veinte o treinta centésimas de diferencia entre la TAE pactada en el contrato y el TEDR publicado por el Banco de España, a la que también alude la mencionada STS. 258/2023, de 15 de febrero ("Lógicamente, la TAE, al agregar las comisiones, sería ligeramente superior (entre 20 y 30 centésimas, en los niveles de interés que nos movemos)",obtenemos que la TAE para los periodos anteriores a 2010 de situaría en un 19,52% si el sumamos las 20 centésimas o en un 19,62% si le sumamos las 30 centésimas, por lo que la TAE de referencia para efectuar la comparativa se situaría en un 25,52% o en un 25,62%, por lo que siendo la TAE efectivamente aplicada es de un 26,82% la misma supera esos 6 puntos porcentuales, y en consecuencia, el mismo debe ser declarado usuario, por lo que en base a los pronunciamientos contenidos en la sentencia de instancia, a los cuales nos remitimos, unidos a los que han sido expuestos por esta sala comporta la integra desestimación del recurso interpuesto.

SEGUNDO-Prescripción acción restitutoria.

Dicha cuestión, ha sido analizada en nuestra sentencia 295/2022 de 7 de junio y en ella indicábamos que en los supuestos de declaración de nulidad por usura no cabe la existencia de prescripción. En la misma línea antes expuesta la SAP de Alicante, sección 8ª, 617/2023 de 7 de diciembre señala: "...En primer lugar hemos de tener en cuenta que las consecuencias de la declaración de usura de un crédito y las consecuencias de la nulidad son las que señala la STS 628/2015, de 4 de marzo :

"Consecuencias del carácter usurario del crédito.

1. - El carácter usurario del crédito "revolving" concedido por Banco Sygma al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como "radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva" - sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio -.

2. - Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura , esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida (...)".

Por tanto, la usura implica nulidad de pleno derecho -"radical, absoluta y originaria"-, siendo el efecto de tal nulidad el determinado por el art. 3 Ley Usura , precepto conforme al cual en el "debe" del emisor de la tarjeta estará lo recibido del prestatario por intereses, comisiones, pago de primas de seguros o cualquier otro posible gasto imputable a la devolución del capital financiado, mientras que en el "debe" del prestatario estará el capital recibido, quedando obligado a una efectiva restitución el emisor de la diferencia si la suma de aquellos conceptos imputables al capital supera el adeudado por el prestatario, obligación de reintegro que corresponderá sin embargo al prestatario si aquellos importes imputables al capital prestado no superan el adeudado.

La cuestión es si este modelo puede alterarse en función del momento del devengo de los intereses remuneratorios usurarios por prescripción de los mismos. Y desde nuestro punto de vista es evidente que no porque colisiona con el objetivo legal de la usura que no se vincula a una reclamación autónoma de intereses remuneratorios.

En efecto, no procede porque conforme al sistema del art. 3 ley usura, el efecto de la nulidad es la pérdida de todo derecho a beneficio por el prestamista, que únicamente recupera el capital. En absoluto prevé la norma que la consecuencia que se anuda por la ley a la nulidad, como hemos dicho, en un proceso contable de compensación entre lo recibido y lo entregado para fijar una obligación retributiva que tiene solo como consecuencia llegar al coste "0" del préstamo para el prestatario, quede condicionada por la prescripción de los intereses abonados en su momento pues, primero, es incompatible con la imprescriptibilidad de la nulidad radical, segundo, lo es con el efecto legal imperativo de la usura de coste "0" para el prestatario y, tercero, porque en todo caso no se deduce una acción de reclamación de intereses indebidos sino de un saldo, caso de ser positivo como resultado de la concreción de una cifra consistente en la adición de los abonos hechos imputables al capital -que incluye el pago de los intereses- menos la cifra del capital adeudado.

Procede por todo ello desestimar plenamente el motivo deducido."

Dicho criterio es seguido por la SAP de baleares 737/2023 de 6 de noviembre, SP de Madrid 937/2022 de 30 de octubre, SAP de Pontevedra 509/2023 de 17 de octubre, SAP de Orense 694/2023 de 27 de octubre, SAP de Asturias 423/2023 de 26 de octubre, SAP de Coruña 280/2023 de 26 de octubre, SAP de Murcia 225/2023 de 24 de octubre SAP de Madrid 86/2023 de 8 de febrero, SAP de Cádiz 20/2023 de 6 de febrero, SAP de Jaén de 1401/2022 de 23 de diciembre, SAp de Madrid 424/2024 de 26 de noviembre, Sap de Barcelona 600/2024 de 21 de octubre y SAp de Valladolid 14 de octubre de 2024, así como todas aquellas igualmente citadas en todas estas resoluciones que muestran un criterio uniforme en relación a la prescripción derivada de las reclamaciones de cantidad derivadas de declaración de nulidad por usurario de un contrato, procedimientos en muchos de los cuales ha sido parte demandada Wizink Bank, por lo que sin duda es conocedora del criterio jurisprudencial citado

A la vista de lo expuesto, resulta evidente que la postura mayoritaria de la jurisprudencia menor, resulta acorde con lo mantenido por esta sala, por lo que debemos tener en cuenta que no se está ejecutando acción restitutoria expresa alguna de reclamación de intereses, que si la acción para declarar la usura resulta imprescriptible, y no es susceptible de ser convalidada, resulta evidente que los efectos que la propia ley especial anuda a dicha declaración, tampoco deben serlo, pues nada establece de la ley de represión de usura al respecto, ley está de carácter especial, que debe prevalecer sobre otras normas de carácter más general.

En definitiva, de la jurisprudencia examinada se deprende que la declaración de nulidad radical del contrato usurario, lleva aparejada la consideración de que dicho contrato nunca ha existido, y, por tanto, de que el prestatario ha desembolsado determinados pagos por razón de un contrato inexistente, por lo que no puede privársele, ni siquiera por causa de prescripción, del derecho a recuperar, a partir de la declaración de nulidad, lo indebidamente satisfecho, entender lo contrario colisiona con el objetivo legal de la usura que no se vincula a una reclamación autónoma de intereses remuneratorios, siendo el objetivo principal de dicha ley el que se consagra el art. 3 ley usura, cual es que el efecto de la nulidad es la pérdida de todo derecho a beneficio por el prestamista, por lo que pretender lo que indica la recurrente supondría de facto dejar sin efecto el objetivo principal de la ley, toda vez que es la compensación entre lo recibido y lo entregado para fijar una obligación retributiva que tiene solo como consecuencia llegar al coste "0" del préstamo para el prestatario, efecto este de carácter imperativo, y que viene previsto en la ley especial de usura, de modo que la aplicación a esos pagos de un plazo de prescripción ajeno a la declaración de nulidad daría al traste con el fin de la norma, y no se cumpliría el dictado de la norma de que el prestamista sólo tiene derecho al reintegro del capital y que deben de imputarse a la amortización del mismo todas las cantidades satisfechas por el prestatario durante la vigencia del contrato, además como señala la SAP de Murcia, antes citada, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad de condiciones generales, el consumidor puede o no ejercitar la acción de restitución para recuperar las cantidades abonadas, sin que exista una previsión legal específica, más allá de la referencia al artículo 1303 CC, que imponga de forma imperativa al profesional la devolución de lo pagado por el consumidor. Dicha consecuencia sí se da en las previsiones del artículo 3 LRU, por lo que la devolución de las cantidades es una consecuencia legal anudada a la declaración de usura que opera de forma automática, se reclame o no por el actor en su demanda y, por lo tanto, goza de la misma naturaleza imprescriptible de la propia acción de nulidad por usura, y hemos de considerar que la acción de restitución de las cantidades derivadas de la declaración de nulidad del contrato celebrado entre las partes, que no es propiamente una acción independiente, sino una consecuencia legal de la acción de nulidad ejercitada como principal, no ha prescrito, ya que el plazo de prescripción no empieza a computarse, sino a partir del momento en que dicha nulidad ha sido declarada.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de este motivo de recurso, por los argumentos que se contiene en la resolución recurrida, unidos a los que han sido expuestos por esta sala. ((en la misma línea se ha pronunciado esta sala en Sentencia, 192/2024 de 22 de marzo, sentencia 219/24 de 11 de abril; Sentencia 297/24 de 10 de mayo y sentencia de esta sala 215/2023 de 21 de abril).

TERCERO.-Costas procesales de primera instancia.

En el presente supuesto, la demanda ha sido estimada en su integridad, por lo que procede la aplicación del art 394 de al lec, tal y como se efectúa en la resolución recurrida, y dicho principio únicamente admite excepciones en caso de dudas de hecho y de derecho, las cuales no se aprecian en el presente supuesto, puesto que la declaración de usura que se basa la sentencia recurrida se apoya unos criterios jurisprudenciales que viene siendo admitidos por la mayor parte de doctrina y jurisprudencia, al tiempo de los escritos rectores, ya era conocida la STS de 4 de marzo de 2020 y dicha doctrina no ha virado sino que se ha ido perfilando y concretando en la STS de 15 de febrero de 2023, la cual era conocida por la actora al tiempo de la contestación a la demanda, efectuada en mayor de 2023, doctrina que simplemente la recurrente no acepta en cuanto a sus conclusiones, buscando otros términos de comparación. En todo caso, siendo el resultado de la sentencia que la entidad ha aplicado intereses remuneratorios usuarios, usura que resulta clara del examen de la jurisprudencia analizada, y también de la que viene siendo aplicada por esta sala, lo único en lo que inste la actora en la ausencia de usura es porque no acepta los términos de comparación, alegación que no es aceptada por las razones expuestas, y en aplicación del criterio jurisprudencial casi unánime, además no resulta lógico que la recurrente pretenda con su recurso que se desestime la demanda y se imponga las costas al atora, y por el contrario pretende que para el caso que se desestime su recurso se aprecien una duda de hecho o de derecho, las cuales ni siquiera concreta, por lo que resulta adecuando mantener la condena en costas que se efectúa en primera instancia.

CUARTO.-De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la LEC, las costas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante, al haber sido desestimado su recurso.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey, y por la autoridad conferida por el Pueblo Español;