Sentencia Civil 243/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Ciudad Real nº 1, Rec. 473/2025 de 27 de noviembre del 2025

PRIMERO. - Objeto de la Apelación.

Se centra el debate entre las partes, y es objeto de esta Apelación, el importe de la pensión compensatoria acordada en sentencia de instancia a favor de la Sra. Adriana, y su duración, temporal o vitalicia, así como la atribución del uso y disfrute de la que fuera vivienda familiar en DIRECCION000 de la localidad de Villanueva de la Fuente.

SEGUNDO. - Pensión compensatoria a favor de la esposa.

A esos efectos, es evidente que toda separación o divorcio conlleva un quebranto no solo personal, sino económico para toda familia. En la mayoría de los casos mayor éste que aquel.

El Art. 97 CC dispone que "el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: ....". Del precepto se deduce que la pensión compensatoria tiene una finalidad reequilibradora. Responde a un presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio (no es la nulidad matrimonial), en uno de los cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio. Como se afirma en la doctrina, el presupuesto esencial estriba en la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. No hay que probar la existencia de necesidad -el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo-, pero sí ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge. Pero tampoco se trata de equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluto entre dos patrimonios ( STS de 21 de noviembre de 2.008 -por todas-.

La regulación del Código Civil, introducida por la Ley 30/1.981, de 7 de julio,regula la pensión compensatoria con características propias -"sui generis"-. Se quiere decir que está notoriamente alejada de la prestación alimenticia -que atiende al concepto de necesidad-, pero ello no supone caer en la órbita puramente indemnizatoria, que podría acaso suponer el vacío de los arts. 100 y 101,ni en la puramente compensatoria que podría conducir a ideas próximas a la "perpetuatio" de un "modus vivendi", o a un derecho de nivelación de patrimonios.

Los factores a tomar en cuenta en orden a la posibilidad de establecer una pensión compensatoria son numerosos, y de imposible enumeración. Entre los más destacados, y, sin ánimo exhaustivo, cabe citar: la edad, duración efectiva de la convivencia conyugal, dedicación al hogar y a los hijos; cuántos de estos precisan atención futura; estado de salud, y su recuperabilidad; trabajo que el acreedor desempeñe o pueda desempeñar por su cualificación profesional; circunstancias del mercado laboral en relación con la profesión del perceptor; facilidad de acceder a un trabajo remunerado -perspectivas reales y efectivas de incorporación al mercado laboral-; posibilidades de reciclaje o volver -reinserción- al anterior trabajo (que se dejó por el matrimonio); preparación y experiencia laboral o profesional; oportunidades que ofrece la sociedad, etc. Es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión "ex ante" de las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad; una previsión, en definitiva, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado "futurismo o adivinación". El plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección ( STS de 21 de noviembre de 2.008 -por todas-, ya citada).

Por último, hemos de recordar que "la pensión compensatoria tiene como finalidad compensar el desequilibrio que para uno de los cónyuges conlleva la separación o el divorcio, pero no tiene por finalidad la de compensar patrimonios, ni igualar ingresos,por ello la parte beneficiaria de la pensión debe rehacer su vida económica para no tener que depender de la pensión" ( SAP Gerona de 19 de abril de 2.006); "la finalidad de la pensión compensatoria no es tratar de paliar el desequilibrio económico que la situación de crisis matrimonial, sea mediante separación o divorcio, puede provocar en uno de los cónyuges, por lo que no puede ser confundida con una pensión de alimentos, que además de no ser posible tras la declaración de divorcio, parte de una situación de necesidad al no poderse sostener una persona, bien por falta de ingresos, bien por ser éstos insuficientes para ello" ( SAP Ciudad Real de 14 de diciembre de 2011).

Por desequilibrio ha de entenderse ( SAP Ciudad Real de 22 de junio de 2012), siguiendo las más recientes sentencias del Tribunal Supremo de 23 y 10 de enero de 2012, 12 de junio o 19 de octubre de 2012, un empeoramiento en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Al constituir finalidad legitima de la norma legal colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, es razonable entender, de una parte, que el desequilibrio que debe compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legitimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, y, de otra, que dicho desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio, y no basarse en sucesos posteriores, que no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se tienen en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS 864/2010 de Pleno de 19 de enero que declaró la doctrina siguiente: "...para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio"(en igual sentido STS de 24.11.2011 y 19.10.2011).

Por lo que respecta, a la posible concurrencia de la pensión compensatoria con ayudas públicas, la reciente STS 1593/2024 de 28 de noviembre ,recoge:

"Es doctrina de la sala que la pensión compensatoria tiene como finalidad, y de ahí su denominación, compensar el desequilibrio que se produzca en el momento de la separación o el divorcio y no constituye un sistema de equilibrio de patrimonios de los cónyuges, ni de los ingresos que cada uno obtenga de sus respectivos sueldos o pensiones, porque no significa paridad ni debe entenderse como un derecho de nivelación o indiscriminada igualación (por todas, sentencia 622/2022, de 26 de septiembre ); y que los supuestos contemplados en el art. 97 CC operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio, pero también como módulos de cuantificación de su montante económico (por todas, sentencia 1429/2023, de 17 de octubre ).

En el presente caso el desequilibrio económico sufrido por la recurrente es patente....

No es óbice a lo anterior el hecho de que la recurrente no esté físicamente impedida para trabajar. Que pueda trabajar no significa, por las razones de edad y falta de formación mencionadas, que vaya a encontrar trabajo, ni que pueda incorporarse fácilmente al mercado laboral, ni que pueda hacerlo en sectores que ofrecen ingresos suficientes para su subsistencia. Tampoco la pensión compensatoria regulada por el art. 97 CC depende de la posibilidad de que el cónyuge perjudicado acceda a ayudas públicas cuya obtención siempre depende de requisitos y trámites administrativosque, para el ciudadano común, no siempre son sencillos, y que, además, no es inmediata ni está asegurada. En cualquier caso, la compensación económica tiene un fundamento jurídico específico: corregir el desequilibrio económico causado por la separación o el divorcio, no suplirlo con recursos estatales que están establecidos y destinados para atender situaciones de vulnerabilidad de diferente naturaleza. La posibilidad de que la recurrente acceda a ayudas públicas no elimina el desequilibrio económico ni exime al recurrido de su obligación de contribuir a corregirlo mediante una pensión compensatoria".

Por lo que hace a la duración de la pensión compensatoria,la STS 245/2020 de 3 de junio recoge:

"Según recoge la sentencia 304/2016, de 11 de mayo, tiene declarado las sentencias de 21 de junio de 2013 y 3 de julio de 2014, entre otras, que "la posibilidad de establecer la pensión compensatoria con carácter temporal con arreglo a las circunstancias es en la actualidad una cuestión pacífica, tanto a la luz de las muchas resoluciones de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 17 de octubre de 2008 (rec. núm. 531/2005 y rec. núm. 2650/2003 ), 21 de noviembre de 2008 (rec. úm. 411/2004 ), 29 de septiembre de 2009( rec. núm. 1722/2007 ), 28 de abril de 2010 (rec. núm. 707/2006 ), 29 de septiembre de 2010 (rec. núm. 1722/2007 ), 4 de noviembre de 2010 (rec. núm. 514/2007 ), 14 de febrero de 2011 (rec. núm. 523/2008 ), 27 de junio de 2011 (rec. núm. 599/2009 ), 5 de septiembre 2011 -Pleno- (rec. núm. 1755/2008 y 10 de enero de 2012 (rec. núm. 802/2009) que reiteran la doctrina favorable a la temporalidad fijada por las sentencias de 10 de febrero y 28 de abril de 2005, como por haberse manifestado también posteriormente en el mismo sentido positivo el legislador mediante la Ley 15/2.005, de 8 de julio ,que ha dado una nueva redacción al artíc ulo 97 CC ,estableciendo que la compensación podrá consistir en una pensión temporal, o por tiempo indefinido, o en una prestación única.

Una vez expuesto que la fijación de un límite temporal es posible, tanto legal como jurisprudencialmente, la cuestión se contrae a la determinación de los criterios que deben servir de pauta a tal fin. Según la doctrina que recoge las sentencias antes citadas "el establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC (que según la doctrina de esta Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010 ,de Pleno (rec. núm. 52/2006 ), luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 (rec. núm. 514/2007 ) , 14 de febrero de 2011 (rec. núm. 523/2008 ) , 27 de junio de 2011 (rec. núm. 599/2009 )y 23 de octubre de 2012 (rec. núm. 622/2012 ) ,entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión), que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto , y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.

Pero a partir de la valoración de esos factores, ya sea para fijar un límite temporal a la obligación como para fijar la cuantía de ella el juicio prospectivo del órgano judicial debe realizarse con prudencia, y ponderación y con criterios de certidumbre. En definitiva, como recoge la sentencia de 10 de febrero de 2005, rec. 1876/2002, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se denomina futurismo o adivinación ( STS de 2 de junio de 2015, rec. 507/2014 ) .El plazo habrá de estar en consonancia, por tanto, con la previsión de superación del desequilibrio".

Y añade:

" La sala, como recoge la sentencia de 2 de junio de 2015, rec. 507/2014, y cualquiera que sea la duración de la pensión ha considerado ( STS 23 octubre 2012 y las en ellas citadas de 3 octubre 2008; 27 de junio de 2011) que: "Por lo que se refiere a su extinción posterior, esta Sala (SSTS de 3 de octubre de 2008, (rec. núm. 2727/2004) , y 27 de junio de 2011 (rec. núm. 599/2009 )consideró, en síntesis, que cualquiera que sea la duración de la pensión "nada obsta a que, habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada", lo que deja expedita la vía de los artículos 100 y 101 CC ,siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del supuesto de hecho previsto en dichas normas. Por tanto, constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas -alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores ( artículo 100Codigo Civil )".

Y en esa misma línea Jurisprudencia, SSTS de 6 y 13 de julio de 2020.

En el presente caso,de la documental obrante, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

-La señora Adriana, con 65 años a la fecha, solo ha disfrutado de determinadas rentas de inserción en los últimos años, por periodos y cuantías limitadas, en concreto una renta activa de inserción laboral del 11 de septiembre de 2024 al 1 de abril de 2025, y de una prestación por desempleo, por ahora, hasta el pasado 1 de abril de 2025 por un importe mensual de 480 euros.

Además de ello, es propietaria con carácter privativo de 4 fincas rusticas de escaso valor catastral, como se desprende de su información patrimonial obrante en autos.

-Por su parte, el Sr. Héctor, tras acceder a la jubilación y percibir una pensión de 890,50 euros x 14 pagas, al momento de presentarse la demanda de divorcio, vino a renunciara aquella, reincorporándose a su actividad agraria con efectos 30 de abril de 2023.

De la información patrimonial obrante en autos, se desprende que en el ejercicio 2022, percibió, además de su pensión por importe de 9.608,80 euros, unos rendimientos por actividades agrarias de 151.168,65 euros, que se vieron reducidas a 51.797,57 euros para el ejercicio 2023, sin que se haya acreditado mínimamente esa reducción a 1/3 en relación con el ejercicio anterior, coincidiendo en el tiempo con el presente procedimiento de divorcio, siendo sus rendimientos brutos para el ejercicio 2023, según se desprende de su declaración de IRPF aportada, de 74.478,12 euros.

Además de ello, es titular privativo de hasta 9 fincas rusticas o con destino agrario, y titular de la nuda propiedad en distintos porcentajes de otras 4.

Cierto que la liquidación de la sociedad de gananciales reportará para la Señora Adriana, la participación o adjudicación de determinados bienes de aquella, pero también lo es que a dicha sociedad tan solo pertenecen 3 bienes inmuebles según se desprende de la información patrimonial, dos con destino agrario, y un tercero que se viene a corresponder con la vivienda familiar en DIRECCION000, de Villanueva de la Fuente.

En definitiva, y partiendo de tales antecedentes, consideramos que el importe de la cuantía de la pensión compensatoria en 500 euros acordada en sentencia de instancia es adecuado.

En cuanto a su duración, dada la edad actual de la Sra. Adriana -65 años-, y por lo tanto su dificultad, por no decir, imposibilidad para acceder al mercado laboral, los años de duración del matrimonio -42 años- y demás circunstancias ya valoradas, procede fijar dicha pensión, por ahora, con carácter vitalicio.

TERCERO. - Atribución de la que fuera vivienda familiar.

A la vista de la actual redacción del 96 del Código Civil, la sentencia de instancia, sin mayor fundamentación, no atribuye el uso y disfrute de la que fuera vivienda familiar, por la única circunstancia, acreditada, de que no existen hijos menores del matrimonio.

En cuanto a ese uso y disfrute del que fuera domicilio conyugal debe decirse que la importantísima función que la disponibilidad de una vivienda adecuada tiene para el desarrollo normal de la vida familiar (o personal) ha llevado al citado artículo 96 de nuestro Código Civil a regular la utilización de la que venía siendo la sede de la familia.

La regla para el supuesto de que no existan hijos menores es la de que la asignación del uso de la vivienda y de los objetos de uso ordinario podrá atribuirse al cónyuge cuyo interés fuera el más necesitado de protección,aunque no sea el titular de la vivienda.

En ese sentido el artículo 96.2 del Código Civil en la redacción dada por Ley 8/2021 establece:

"No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección".

Norma que igualmente viene a recoger el artículo 103.2ª del Código Civil cuando establece "Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar...".

En ese sentido, como vienen sosteniendo la práctica totalidad de las Audiencias Provinciales (ad exemplum, sentencias de la A.P. de Madrid de 17 de noviembre de 1992 y 12 de marzo de 1993 y de la A. P. de Vizcaya de 25 de abril de 1997), en ausencia de hijos comunes o cuando éstos sean independientes económicamente,la atribución a uno de los cónyuges del uso del que fuera domicilio común no puede, salvo casos realmente excepcionales, prorrogar de forma indefinida su vigencia, en cuanto que de tal manera el derecho de quien, en tal sentido, ha de merecer una protección preferente, conforme prescriben los artículos 96 y 103 del Código Civil , entraría en colisión con los legítimos derechos que al otro consorte puedan corresponder sobre el referido inmueble, no tanto en cuanto a su uso, como y fundamentalmente en lo relativo a su disposición, a través de la venta u otra operación que permita la efectiva liquidación del patrimonio común, y que, por aquélla vía de la asignación del uso sin límite temporal, puede ver frustrado en la práctica su derecho de reparto efectivo, y no meramente nominal, por cuotas ideales, de los bienes comunes. Así, ya el propio artículo 96 del Código Civil establece la asignación del uso con carácter temporal al cónyuge no titular del inmueble, criterio que, conforme constante interpretación judicial, es perfectamente transpolable a los casos de titularidades compartidas, pues de otra forma las facultades dominicales de uno de los cónyuges, precisamente el no beneficiario por el derecho de uso, quedarían largo tiempo, cuando no indefinidamente frustradas, transgrediéndose de tal forma los derechos, que en cualquier otro caso de comunidad de bienes reconocen los artículos 392 y sgs. del propio Código sustantivo, y en especial el de instar la división de la cosa común sancionado por el artículo 400 del C.C. En el mismo sentido, ya la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1998, viene a decir, que una interpretación lógica y extensiva del artículo 96.3 del Código Civil lleva a considerar, no habiendo hijos -debe entenderse también cuando éstos sean mayores de edad y tengan ingresos propios-, la posibilidad de acordar que el uso de la vivienda, por tiempo prudencialmente determinado, sea adjudicado a cualquiera de los cónyuges, siempre atendidas las circunstancias personales y socioeconómicas de lo que ello implique como continua diciendo la mentada sentencia del Alto Tribunal, sin que ello implique incongruencia por conceder la atribución de la vivienda con carácter temporal, aunque tal posibilidad no haya sido siquiera planteada por las partes en litigio, al darse menos de lo pedido (vid. Ss. Sala 13 del T.S. de 12 de noviembre de 1993 y 7 de febrero de 1994).

En el presente caso,teniendo en cuanta lo ya dicho para la fijación del importe y duración de la pensión compensatoria, entendemos que el interés más necesitado de protección es de la esposa Sra. Adriana a la que procede atribuir el uso y disfrute de la que venía siendo vivienda familiar en DIRECCION000 de la localidad de Villanueva de la Fuente, si bien por un plazo de DOS AÑOS,tiempo que se considera más que suficiente para proceder a la efectiva liquidación de la sociedad de gananciales, debiendo correr con los gastos ordinarios de la vivienda, tales como consumos de agua, electricidad y/o gas, en tanto que aquellos inherentes a la propiedad como IBI, tasas o impuestos municipales, deberán ser abonados al 50% por ambos excónyuges, sin perjuicio de la posterior liquidación de la sociedad de gananciales.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Héctor y estimar en parte la impugnación de sentenciainterpuesta por la representación procesal de Doña Adriana, en los términos recogidos en la presente resolución.

CUARTO. - Costas.

Dada la desestimación del recurso interpuesto por la representación procesal del Sr. Héctor, y al tiempo la estimación parcial de la impugnación interpuestapor la Sra. Adriana, no procede expresa imposición de las costas de esta alzada.

No procede, por lo dicho, imponer al Sr. Héctor las costas de la instancia, tal y como venía a interesar en su recurso la Sra. Adriana, manteniendo en ese sentido el pronunciamiento de la sentencia de instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y por la potestad conferida por la Constitución de la Nación Española;

PRIMERO. - Objeto de la Apelación.

Se centra el debate entre las partes, y es objeto de esta Apelación, el importe de la pensión compensatoria acordada en sentencia de instancia a favor de la Sra. Adriana, y su duración, temporal o vitalicia, así como la atribución del uso y disfrute de la que fuera vivienda familiar en DIRECCION000 de la localidad de Villanueva de la Fuente.

SEGUNDO. - Pensión compensatoria a favor de la esposa.

A esos efectos, es evidente que toda separación o divorcio conlleva un quebranto no solo personal, sino económico para toda familia. En la mayoría de los casos mayor éste que aquel.

El Art. 97 CC dispone que "el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: ....". Del precepto se deduce que la pensión compensatoria tiene una finalidad reequilibradora. Responde a un presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio (no es la nulidad matrimonial), en uno de los cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio. Como se afirma en la doctrina, el presupuesto esencial estriba en la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. No hay que probar la existencia de necesidad -el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo-, pero sí ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge. Pero tampoco se trata de equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluto entre dos patrimonios ( STS de 21 de noviembre de 2.008 -por todas-.

La regulación del Código Civil, introducida por la Ley 30/1.981, de 7 de julio,regula la pensión compensatoria con características propias -"sui generis"-. Se quiere decir que está notoriamente alejada de la prestación alimenticia -que atiende al concepto de necesidad-, pero ello no supone caer en la órbita puramente indemnizatoria, que podría acaso suponer el vacío de los arts. 100 y 101,ni en la puramente compensatoria que podría conducir a ideas próximas a la "perpetuatio" de un "modus vivendi", o a un derecho de nivelación de patrimonios.

Los factores a tomar en cuenta en orden a la posibilidad de establecer una pensión compensatoria son numerosos, y de imposible enumeración. Entre los más destacados, y, sin ánimo exhaustivo, cabe citar: la edad, duración efectiva de la convivencia conyugal, dedicación al hogar y a los hijos; cuántos de estos precisan atención futura; estado de salud, y su recuperabilidad; trabajo que el acreedor desempeñe o pueda desempeñar por su cualificación profesional; circunstancias del mercado laboral en relación con la profesión del perceptor; facilidad de acceder a un trabajo remunerado -perspectivas reales y efectivas de incorporación al mercado laboral-; posibilidades de reciclaje o volver -reinserción- al anterior trabajo (que se dejó por el matrimonio); preparación y experiencia laboral o profesional; oportunidades que ofrece la sociedad, etc. Es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión "ex ante" de las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad; una previsión, en definitiva, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado "futurismo o adivinación". El plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección ( STS de 21 de noviembre de 2.008 -por todas-, ya citada).

Por último, hemos de recordar que "la pensión compensatoria tiene como finalidad compensar el desequilibrio que para uno de los cónyuges conlleva la separación o el divorcio, pero no tiene por finalidad la de compensar patrimonios, ni igualar ingresos,por ello la parte beneficiaria de la pensión debe rehacer su vida económica para no tener que depender de la pensión" ( SAP Gerona de 19 de abril de 2.006); "la finalidad de la pensión compensatoria no es tratar de paliar el desequilibrio económico que la situación de crisis matrimonial, sea mediante separación o divorcio, puede provocar en uno de los cónyuges, por lo que no puede ser confundida con una pensión de alimentos, que además de no ser posible tras la declaración de divorcio, parte de una situación de necesidad al no poderse sostener una persona, bien por falta de ingresos, bien por ser éstos insuficientes para ello" ( SAP Ciudad Real de 14 de diciembre de 2011).

Por desequilibrio ha de entenderse ( SAP Ciudad Real de 22 de junio de 2012), siguiendo las más recientes sentencias del Tribunal Supremo de 23 y 10 de enero de 2012, 12 de junio o 19 de octubre de 2012, un empeoramiento en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Al constituir finalidad legitima de la norma legal colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, es razonable entender, de una parte, que el desequilibrio que debe compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legitimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, y, de otra, que dicho desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio, y no basarse en sucesos posteriores, que no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se tienen en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS 864/2010 de Pleno de 19 de enero que declaró la doctrina siguiente: "...para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio"(en igual sentido STS de 24.11.2011 y 19.10.2011).

Por lo que respecta, a la posible concurrencia de la pensión compensatoria con ayudas públicas, la reciente STS 1593/2024 de 28 de noviembre ,recoge:

"Es doctrina de la sala que la pensión compensatoria tiene como finalidad, y de ahí su denominación, compensar el desequilibrio que se produzca en el momento de la separación o el divorcio y no constituye un sistema de equilibrio de patrimonios de los cónyuges, ni de los ingresos que cada uno obtenga de sus respectivos sueldos o pensiones, porque no significa paridad ni debe entenderse como un derecho de nivelación o indiscriminada igualación (por todas, sentencia 622/2022, de 26 de septiembre ); y que los supuestos contemplados en el art. 97 CC operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio, pero también como módulos de cuantificación de su montante económico (por todas, sentencia 1429/2023, de 17 de octubre ).

En el presente caso el desequilibrio económico sufrido por la recurrente es patente....

No es óbice a lo anterior el hecho de que la recurrente no esté físicamente impedida para trabajar. Que pueda trabajar no significa, por las razones de edad y falta de formación mencionadas, que vaya a encontrar trabajo, ni que pueda incorporarse fácilmente al mercado laboral, ni que pueda hacerlo en sectores que ofrecen ingresos suficientes para su subsistencia. Tampoco la pensión compensatoria regulada por el art. 97 CC depende de la posibilidad de que el cónyuge perjudicado acceda a ayudas públicas cuya obtención siempre depende de requisitos y trámites administrativosque, para el ciudadano común, no siempre son sencillos, y que, además, no es inmediata ni está asegurada. En cualquier caso, la compensación económica tiene un fundamento jurídico específico: corregir el desequilibrio económico causado por la separación o el divorcio, no suplirlo con recursos estatales que están establecidos y destinados para atender situaciones de vulnerabilidad de diferente naturaleza. La posibilidad de que la recurrente acceda a ayudas públicas no elimina el desequilibrio económico ni exime al recurrido de su obligación de contribuir a corregirlo mediante una pensión compensatoria".

Por lo que hace a la duración de la pensión compensatoria,la STS 245/2020 de 3 de junio recoge:

"Según recoge la sentencia 304/2016, de 11 de mayo, tiene declarado las sentencias de 21 de junio de 2013 y 3 de julio de 2014, entre otras, que "la posibilidad de establecer la pensión compensatoria con carácter temporal con arreglo a las circunstancias es en la actualidad una cuestión pacífica, tanto a la luz de las muchas resoluciones de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 17 de octubre de 2008 (rec. núm. 531/2005 y rec. núm. 2650/2003 ), 21 de noviembre de 2008 (rec. úm. 411/2004 ), 29 de septiembre de 2009( rec. núm. 1722/2007 ), 28 de abril de 2010 (rec. núm. 707/2006 ), 29 de septiembre de 2010 (rec. núm. 1722/2007 ), 4 de noviembre de 2010 (rec. núm. 514/2007 ), 14 de febrero de 2011 (rec. núm. 523/2008 ), 27 de junio de 2011 (rec. núm. 599/2009 ), 5 de septiembre 2011 -Pleno- (rec. núm. 1755/2008 y 10 de enero de 2012 (rec. núm. 802/2009) que reiteran la doctrina favorable a la temporalidad fijada por las sentencias de 10 de febrero y 28 de abril de 2005, como por haberse manifestado también posteriormente en el mismo sentido positivo el legislador mediante la Ley 15/2.005, de 8 de julio ,que ha dado una nueva redacción al artíc ulo 97 CC ,estableciendo que la compensación podrá consistir en una pensión temporal, o por tiempo indefinido, o en una prestación única.

Una vez expuesto que la fijación de un límite temporal es posible, tanto legal como jurisprudencialmente, la cuestión se contrae a la determinación de los criterios que deben servir de pauta a tal fin. Según la doctrina que recoge las sentencias antes citadas "el establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC (que según la doctrina de esta Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010 ,de Pleno (rec. núm. 52/2006 ), luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 (rec. núm. 514/2007 ) , 14 de febrero de 2011 (rec. núm. 523/2008 ) , 27 de junio de 2011 (rec. núm. 599/2009 )y 23 de octubre de 2012 (rec. núm. 622/2012 ) ,entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión), que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto , y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.

Pero a partir de la valoración de esos factores, ya sea para fijar un límite temporal a la obligación como para fijar la cuantía de ella el juicio prospectivo del órgano judicial debe realizarse con prudencia, y ponderación y con criterios de certidumbre. En definitiva, como recoge la sentencia de 10 de febrero de 2005, rec. 1876/2002, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se denomina futurismo o adivinación ( STS de 2 de junio de 2015, rec. 507/2014 ) .El plazo habrá de estar en consonancia, por tanto, con la previsión de superación del desequilibrio".

Y añade:

" La sala, como recoge la sentencia de 2 de junio de 2015, rec. 507/2014, y cualquiera que sea la duración de la pensión ha considerado ( STS 23 octubre 2012 y las en ellas citadas de 3 octubre 2008; 27 de junio de 2011) que: "Por lo que se refiere a su extinción posterior, esta Sala (SSTS de 3 de octubre de 2008, (rec. núm. 2727/2004) , y 27 de junio de 2011 (rec. núm. 599/2009 )consideró, en síntesis, que cualquiera que sea la duración de la pensión "nada obsta a que, habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada", lo que deja expedita la vía de los artículos 100 y 101 CC ,siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del supuesto de hecho previsto en dichas normas. Por tanto, constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas -alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores ( artículo 100Codigo Civil )".

Y en esa misma línea Jurisprudencia, SSTS de 6 y 13 de julio de 2020.

En el presente caso,de la documental obrante, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

-La señora Adriana, con 65 años a la fecha, solo ha disfrutado de determinadas rentas de inserción en los últimos años, por periodos y cuantías limitadas, en concreto una renta activa de inserción laboral del 11 de septiembre de 2024 al 1 de abril de 2025, y de una prestación por desempleo, por ahora, hasta el pasado 1 de abril de 2025 por un importe mensual de 480 euros.

Además de ello, es propietaria con carácter privativo de 4 fincas rusticas de escaso valor catastral, como se desprende de su información patrimonial obrante en autos.

-Por su parte, el Sr. Héctor, tras acceder a la jubilación y percibir una pensión de 890,50 euros x 14 pagas, al momento de presentarse la demanda de divorcio, vino a renunciara aquella, reincorporándose a su actividad agraria con efectos 30 de abril de 2023.

De la información patrimonial obrante en autos, se desprende que en el ejercicio 2022, percibió, además de su pensión por importe de 9.608,80 euros, unos rendimientos por actividades agrarias de 151.168,65 euros, que se vieron reducidas a 51.797,57 euros para el ejercicio 2023, sin que se haya acreditado mínimamente esa reducción a 1/3 en relación con el ejercicio anterior, coincidiendo en el tiempo con el presente procedimiento de divorcio, siendo sus rendimientos brutos para el ejercicio 2023, según se desprende de su declaración de IRPF aportada, de 74.478,12 euros.

Además de ello, es titular privativo de hasta 9 fincas rusticas o con destino agrario, y titular de la nuda propiedad en distintos porcentajes de otras 4.

Cierto que la liquidación de la sociedad de gananciales reportará para la Señora Adriana, la participación o adjudicación de determinados bienes de aquella, pero también lo es que a dicha sociedad tan solo pertenecen 3 bienes inmuebles según se desprende de la información patrimonial, dos con destino agrario, y un tercero que se viene a corresponder con la vivienda familiar en DIRECCION000, de Villanueva de la Fuente.

En definitiva, y partiendo de tales antecedentes, consideramos que el importe de la cuantía de la pensión compensatoria en 500 euros acordada en sentencia de instancia es adecuado.

En cuanto a su duración, dada la edad actual de la Sra. Adriana -65 años-, y por lo tanto su dificultad, por no decir, imposibilidad para acceder al mercado laboral, los años de duración del matrimonio -42 años- y demás circunstancias ya valoradas, procede fijar dicha pensión, por ahora, con carácter vitalicio.

TERCERO. - Atribución de la que fuera vivienda familiar.

A la vista de la actual redacción del 96 del Código Civil, la sentencia de instancia, sin mayor fundamentación, no atribuye el uso y disfrute de la que fuera vivienda familiar, por la única circunstancia, acreditada, de que no existen hijos menores del matrimonio.

En cuanto a ese uso y disfrute del que fuera domicilio conyugal debe decirse que la importantísima función que la disponibilidad de una vivienda adecuada tiene para el desarrollo normal de la vida familiar (o personal) ha llevado al citado artículo 96 de nuestro Código Civil a regular la utilización de la que venía siendo la sede de la familia.

La regla para el supuesto de que no existan hijos menores es la de que la asignación del uso de la vivienda y de los objetos de uso ordinario podrá atribuirse al cónyuge cuyo interés fuera el más necesitado de protección,aunque no sea el titular de la vivienda.

En ese sentido el artículo 96.2 del Código Civil en la redacción dada por Ley 8/2021 establece:

"No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección".

Norma que igualmente viene a recoger el artículo 103.2ª del Código Civil cuando establece "Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar...".

En ese sentido, como vienen sosteniendo la práctica totalidad de las Audiencias Provinciales (ad exemplum, sentencias de la A.P. de Madrid de 17 de noviembre de 1992 y 12 de marzo de 1993 y de la A. P. de Vizcaya de 25 de abril de 1997), en ausencia de hijos comunes o cuando éstos sean independientes económicamente,la atribución a uno de los cónyuges del uso del que fuera domicilio común no puede, salvo casos realmente excepcionales, prorrogar de forma indefinida su vigencia, en cuanto que de tal manera el derecho de quien, en tal sentido, ha de merecer una protección preferente, conforme prescriben los artículos 96 y 103 del Código Civil , entraría en colisión con los legítimos derechos que al otro consorte puedan corresponder sobre el referido inmueble, no tanto en cuanto a su uso, como y fundamentalmente en lo relativo a su disposición, a través de la venta u otra operación que permita la efectiva liquidación del patrimonio común, y que, por aquélla vía de la asignación del uso sin límite temporal, puede ver frustrado en la práctica su derecho de reparto efectivo, y no meramente nominal, por cuotas ideales, de los bienes comunes. Así, ya el propio artículo 96 del Código Civil establece la asignación del uso con carácter temporal al cónyuge no titular del inmueble, criterio que, conforme constante interpretación judicial, es perfectamente transpolable a los casos de titularidades compartidas, pues de otra forma las facultades dominicales de uno de los cónyuges, precisamente el no beneficiario por el derecho de uso, quedarían largo tiempo, cuando no indefinidamente frustradas, transgrediéndose de tal forma los derechos, que en cualquier otro caso de comunidad de bienes reconocen los artículos 392 y sgs. del propio Código sustantivo, y en especial el de instar la división de la cosa común sancionado por el artículo 400 del C.C. En el mismo sentido, ya la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1998, viene a decir, que una interpretación lógica y extensiva del artículo 96.3 del Código Civil lleva a considerar, no habiendo hijos -debe entenderse también cuando éstos sean mayores de edad y tengan ingresos propios-, la posibilidad de acordar que el uso de la vivienda, por tiempo prudencialmente determinado, sea adjudicado a cualquiera de los cónyuges, siempre atendidas las circunstancias personales y socioeconómicas de lo que ello implique como continua diciendo la mentada sentencia del Alto Tribunal, sin que ello implique incongruencia por conceder la atribución de la vivienda con carácter temporal, aunque tal posibilidad no haya sido siquiera planteada por las partes en litigio, al darse menos de lo pedido (vid. Ss. Sala 13 del T.S. de 12 de noviembre de 1993 y 7 de febrero de 1994).

En el presente caso,teniendo en cuanta lo ya dicho para la fijación del importe y duración de la pensión compensatoria, entendemos que el interés más necesitado de protección es de la esposa Sra. Adriana a la que procede atribuir el uso y disfrute de la que venía siendo vivienda familiar en DIRECCION000 de la localidad de Villanueva de la Fuente, si bien por un plazo de DOS AÑOS,tiempo que se considera más que suficiente para proceder a la efectiva liquidación de la sociedad de gananciales, debiendo correr con los gastos ordinarios de la vivienda, tales como consumos de agua, electricidad y/o gas, en tanto que aquellos inherentes a la propiedad como IBI, tasas o impuestos municipales, deberán ser abonados al 50% por ambos excónyuges, sin perjuicio de la posterior liquidación de la sociedad de gananciales.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Héctor y estimar en parte la impugnación de sentenciainterpuesta por la representación procesal de Doña Adriana, en los términos recogidos en la presente resolución.

CUARTO. - Costas.

Dada la desestimación del recurso interpuesto por la representación procesal del Sr. Héctor, y al tiempo la estimación parcial de la impugnación interpuestapor la Sra. Adriana, no procede expresa imposición de las costas de esta alzada.

No procede, por lo dicho, imponer al Sr. Héctor las costas de la instancia, tal y como venía a interesar en su recurso la Sra. Adriana, manteniendo en ese sentido el pronunciamiento de la sentencia de instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y por la potestad conferida por la Constitución de la Nación Española;

PRIMERO. - Objeto de la Apelación.

Se centra el debate entre las partes, y es objeto de esta Apelación, el importe de la pensión compensatoria acordada en sentencia de instancia a favor de la Sra. Adriana, y su duración, temporal o vitalicia, así como la atribución del uso y disfrute de la que fuera vivienda familiar en DIRECCION000 de la localidad de Villanueva de la Fuente.

SEGUNDO. - Pensión compensatoria a favor de la esposa.

A esos efectos, es evidente que toda separación o divorcio conlleva un quebranto no solo personal, sino económico para toda familia. En la mayoría de los casos mayor éste que aquel.

El Art. 97 CC dispone que "el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: ....". Del precepto se deduce que la pensión compensatoria tiene una finalidad reequilibradora. Responde a un presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio (no es la nulidad matrimonial), en uno de los cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio. Como se afirma en la doctrina, el presupuesto esencial estriba en la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. No hay que probar la existencia de necesidad -el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo-, pero sí ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge. Pero tampoco se trata de equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluto entre dos patrimonios ( STS de 21 de noviembre de 2.008 -por todas-.

La regulación del Código Civil, introducida por la Ley 30/1.981, de 7 de julio,regula la pensión compensatoria con características propias -"sui generis"-. Se quiere decir que está notoriamente alejada de la prestación alimenticia -que atiende al concepto de necesidad-, pero ello no supone caer en la órbita puramente indemnizatoria, que podría acaso suponer el vacío de los arts. 100 y 101,ni en la puramente compensatoria que podría conducir a ideas próximas a la "perpetuatio" de un "modus vivendi", o a un derecho de nivelación de patrimonios.

Los factores a tomar en cuenta en orden a la posibilidad de establecer una pensión compensatoria son numerosos, y de imposible enumeración. Entre los más destacados, y, sin ánimo exhaustivo, cabe citar: la edad, duración efectiva de la convivencia conyugal, dedicación al hogar y a los hijos; cuántos de estos precisan atención futura; estado de salud, y su recuperabilidad; trabajo que el acreedor desempeñe o pueda desempeñar por su cualificación profesional; circunstancias del mercado laboral en relación con la profesión del perceptor; facilidad de acceder a un trabajo remunerado -perspectivas reales y efectivas de incorporación al mercado laboral-; posibilidades de reciclaje o volver -reinserción- al anterior trabajo (que se dejó por el matrimonio); preparación y experiencia laboral o profesional; oportunidades que ofrece la sociedad, etc. Es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión "ex ante" de las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad; una previsión, en definitiva, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado "futurismo o adivinación". El plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección ( STS de 21 de noviembre de 2.008 -por todas-, ya citada).

Por último, hemos de recordar que "la pensión compensatoria tiene como finalidad compensar el desequilibrio que para uno de los cónyuges conlleva la separación o el divorcio, pero no tiene por finalidad la de compensar patrimonios, ni igualar ingresos,por ello la parte beneficiaria de la pensión debe rehacer su vida económica para no tener que depender de la pensión" ( SAP Gerona de 19 de abril de 2.006); "la finalidad de la pensión compensatoria no es tratar de paliar el desequilibrio económico que la situación de crisis matrimonial, sea mediante separación o divorcio, puede provocar en uno de los cónyuges, por lo que no puede ser confundida con una pensión de alimentos, que además de no ser posible tras la declaración de divorcio, parte de una situación de necesidad al no poderse sostener una persona, bien por falta de ingresos, bien por ser éstos insuficientes para ello" ( SAP Ciudad Real de 14 de diciembre de 2011).

Por desequilibrio ha de entenderse ( SAP Ciudad Real de 22 de junio de 2012), siguiendo las más recientes sentencias del Tribunal Supremo de 23 y 10 de enero de 2012, 12 de junio o 19 de octubre de 2012, un empeoramiento en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Al constituir finalidad legitima de la norma legal colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, es razonable entender, de una parte, que el desequilibrio que debe compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legitimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, y, de otra, que dicho desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio, y no basarse en sucesos posteriores, que no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se tienen en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS 864/2010 de Pleno de 19 de enero que declaró la doctrina siguiente: "...para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio"(en igual sentido STS de 24.11.2011 y 19.10.2011).

Por lo que respecta, a la posible concurrencia de la pensión compensatoria con ayudas públicas, la reciente STS 1593/2024 de 28 de noviembre ,recoge:

"Es doctrina de la sala que la pensión compensatoria tiene como finalidad, y de ahí su denominación, compensar el desequilibrio que se produzca en el momento de la separación o el divorcio y no constituye un sistema de equilibrio de patrimonios de los cónyuges, ni de los ingresos que cada uno obtenga de sus respectivos sueldos o pensiones, porque no significa paridad ni debe entenderse como un derecho de nivelación o indiscriminada igualación (por todas, sentencia 622/2022, de 26 de septiembre ); y que los supuestos contemplados en el art. 97 CC operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio, pero también como módulos de cuantificación de su montante económico (por todas, sentencia 1429/2023, de 17 de octubre ).

En el presente caso el desequilibrio económico sufrido por la recurrente es patente....

No es óbice a lo anterior el hecho de que la recurrente no esté físicamente impedida para trabajar. Que pueda trabajar no significa, por las razones de edad y falta de formación mencionadas, que vaya a encontrar trabajo, ni que pueda incorporarse fácilmente al mercado laboral, ni que pueda hacerlo en sectores que ofrecen ingresos suficientes para su subsistencia. Tampoco la pensión compensatoria regulada por el art. 97 CC depende de la posibilidad de que el cónyuge perjudicado acceda a ayudas públicas cuya obtención siempre depende de requisitos y trámites administrativosque, para el ciudadano común, no siempre son sencillos, y que, además, no es inmediata ni está asegurada. En cualquier caso, la compensación económica tiene un fundamento jurídico específico: corregir el desequilibrio económico causado por la separación o el divorcio, no suplirlo con recursos estatales que están establecidos y destinados para atender situaciones de vulnerabilidad de diferente naturaleza. La posibilidad de que la recurrente acceda a ayudas públicas no elimina el desequilibrio económico ni exime al recurrido de su obligación de contribuir a corregirlo mediante una pensión compensatoria".

Por lo que hace a la duración de la pensión compensatoria,la STS 245/2020 de 3 de junio recoge:

"Según recoge la sentencia 304/2016, de 11 de mayo, tiene declarado las sentencias de 21 de junio de 2013 y 3 de julio de 2014, entre otras, que "la posibilidad de establecer la pensión compensatoria con carácter temporal con arreglo a las circunstancias es en la actualidad una cuestión pacífica, tanto a la luz de las muchas resoluciones de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 17 de octubre de 2008 (rec. núm. 531/2005 y rec. núm. 2650/2003 ), 21 de noviembre de 2008 (rec. úm. 411/2004 ), 29 de septiembre de 2009( rec. núm. 1722/2007 ), 28 de abril de 2010 (rec. núm. 707/2006 ), 29 de septiembre de 2010 (rec. núm. 1722/2007 ), 4 de noviembre de 2010 (rec. núm. 514/2007 ), 14 de febrero de 2011 (rec. núm. 523/2008 ), 27 de junio de 2011 (rec. núm. 599/2009 ), 5 de septiembre 2011 -Pleno- (rec. núm. 1755/2008 y 10 de enero de 2012 (rec. núm. 802/2009) que reiteran la doctrina favorable a la temporalidad fijada por las sentencias de 10 de febrero y 28 de abril de 2005, como por haberse manifestado también posteriormente en el mismo sentido positivo el legislador mediante la Ley 15/2.005, de 8 de julio ,que ha dado una nueva redacción al artíc ulo 97 CC ,estableciendo que la compensación podrá consistir en una pensión temporal, o por tiempo indefinido, o en una prestación única.

Una vez expuesto que la fijación de un límite temporal es posible, tanto legal como jurisprudencialmente, la cuestión se contrae a la determinación de los criterios que deben servir de pauta a tal fin. Según la doctrina que recoge las sentencias antes citadas "el establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC (que según la doctrina de esta Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010 ,de Pleno (rec. núm. 52/2006 ), luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 (rec. núm. 514/2007 ) , 14 de febrero de 2011 (rec. núm. 523/2008 ) , 27 de junio de 2011 (rec. núm. 599/2009 )y 23 de octubre de 2012 (rec. núm. 622/2012 ) ,entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión), que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto , y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.

Pero a partir de la valoración de esos factores, ya sea para fijar un límite temporal a la obligación como para fijar la cuantía de ella el juicio prospectivo del órgano judicial debe realizarse con prudencia, y ponderación y con criterios de certidumbre. En definitiva, como recoge la sentencia de 10 de febrero de 2005, rec. 1876/2002, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se denomina futurismo o adivinación ( STS de 2 de junio de 2015, rec. 507/2014 ) .El plazo habrá de estar en consonancia, por tanto, con la previsión de superación del desequilibrio".

Y añade:

" La sala, como recoge la sentencia de 2 de junio de 2015, rec. 507/2014, y cualquiera que sea la duración de la pensión ha considerado ( STS 23 octubre 2012 y las en ellas citadas de 3 octubre 2008; 27 de junio de 2011) que: "Por lo que se refiere a su extinción posterior, esta Sala (SSTS de 3 de octubre de 2008, (rec. núm. 2727/2004) , y 27 de junio de 2011 (rec. núm. 599/2009 )consideró, en síntesis, que cualquiera que sea la duración de la pensión "nada obsta a que, habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada", lo que deja expedita la vía de los artículos 100 y 101 CC ,siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del supuesto de hecho previsto en dichas normas. Por tanto, constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas -alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores ( artículo 100Codigo Civil )".

Y en esa misma línea Jurisprudencia, SSTS de 6 y 13 de julio de 2020.

En el presente caso,de la documental obrante, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

-La señora Adriana, con 65 años a la fecha, solo ha disfrutado de determinadas rentas de inserción en los últimos años, por periodos y cuantías limitadas, en concreto una renta activa de inserción laboral del 11 de septiembre de 2024 al 1 de abril de 2025, y de una prestación por desempleo, por ahora, hasta el pasado 1 de abril de 2025 por un importe mensual de 480 euros.

Además de ello, es propietaria con carácter privativo de 4 fincas rusticas de escaso valor catastral, como se desprende de su información patrimonial obrante en autos.

-Por su parte, el Sr. Héctor, tras acceder a la jubilación y percibir una pensión de 890,50 euros x 14 pagas, al momento de presentarse la demanda de divorcio, vino a renunciara aquella, reincorporándose a su actividad agraria con efectos 30 de abril de 2023.

De la información patrimonial obrante en autos, se desprende que en el ejercicio 2022, percibió, además de su pensión por importe de 9.608,80 euros, unos rendimientos por actividades agrarias de 151.168,65 euros, que se vieron reducidas a 51.797,57 euros para el ejercicio 2023, sin que se haya acreditado mínimamente esa reducción a 1/3 en relación con el ejercicio anterior, coincidiendo en el tiempo con el presente procedimiento de divorcio, siendo sus rendimientos brutos para el ejercicio 2023, según se desprende de su declaración de IRPF aportada, de 74.478,12 euros.

Además de ello, es titular privativo de hasta 9 fincas rusticas o con destino agrario, y titular de la nuda propiedad en distintos porcentajes de otras 4.

Cierto que la liquidación de la sociedad de gananciales reportará para la Señora Adriana, la participación o adjudicación de determinados bienes de aquella, pero también lo es que a dicha sociedad tan solo pertenecen 3 bienes inmuebles según se desprende de la información patrimonial, dos con destino agrario, y un tercero que se viene a corresponder con la vivienda familiar en DIRECCION000, de Villanueva de la Fuente.

En definitiva, y partiendo de tales antecedentes, consideramos que el importe de la cuantía de la pensión compensatoria en 500 euros acordada en sentencia de instancia es adecuado.

En cuanto a su duración, dada la edad actual de la Sra. Adriana -65 años-, y por lo tanto su dificultad, por no decir, imposibilidad para acceder al mercado laboral, los años de duración del matrimonio -42 años- y demás circunstancias ya valoradas, procede fijar dicha pensión, por ahora, con carácter vitalicio.

TERCERO. - Atribución de la que fuera vivienda familiar.

A la vista de la actual redacción del 96 del Código Civil, la sentencia de instancia, sin mayor fundamentación, no atribuye el uso y disfrute de la que fuera vivienda familiar, por la única circunstancia, acreditada, de que no existen hijos menores del matrimonio.

En cuanto a ese uso y disfrute del que fuera domicilio conyugal debe decirse que la importantísima función que la disponibilidad de una vivienda adecuada tiene para el desarrollo normal de la vida familiar (o personal) ha llevado al citado artículo 96 de nuestro Código Civil a regular la utilización de la que venía siendo la sede de la familia.

La regla para el supuesto de que no existan hijos menores es la de que la asignación del uso de la vivienda y de los objetos de uso ordinario podrá atribuirse al cónyuge cuyo interés fuera el más necesitado de protección,aunque no sea el titular de la vivienda.

En ese sentido el artículo 96.2 del Código Civil en la redacción dada por Ley 8/2021 establece:

"No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección".

Norma que igualmente viene a recoger el artículo 103.2ª del Código Civil cuando establece "Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar...".

En ese sentido, como vienen sosteniendo la práctica totalidad de las Audiencias Provinciales (ad exemplum, sentencias de la A.P. de Madrid de 17 de noviembre de 1992 y 12 de marzo de 1993 y de la A. P. de Vizcaya de 25 de abril de 1997), en ausencia de hijos comunes o cuando éstos sean independientes económicamente,la atribución a uno de los cónyuges del uso del que fuera domicilio común no puede, salvo casos realmente excepcionales, prorrogar de forma indefinida su vigencia, en cuanto que de tal manera el derecho de quien, en tal sentido, ha de merecer una protección preferente, conforme prescriben los artículos 96 y 103 del Código Civil , entraría en colisión con los legítimos derechos que al otro consorte puedan corresponder sobre el referido inmueble, no tanto en cuanto a su uso, como y fundamentalmente en lo relativo a su disposición, a través de la venta u otra operación que permita la efectiva liquidación del patrimonio común, y que, por aquélla vía de la asignación del uso sin límite temporal, puede ver frustrado en la práctica su derecho de reparto efectivo, y no meramente nominal, por cuotas ideales, de los bienes comunes. Así, ya el propio artículo 96 del Código Civil establece la asignación del uso con carácter temporal al cónyuge no titular del inmueble, criterio que, conforme constante interpretación judicial, es perfectamente transpolable a los casos de titularidades compartidas, pues de otra forma las facultades dominicales de uno de los cónyuges, precisamente el no beneficiario por el derecho de uso, quedarían largo tiempo, cuando no indefinidamente frustradas, transgrediéndose de tal forma los derechos, que en cualquier otro caso de comunidad de bienes reconocen los artículos 392 y sgs. del propio Código sustantivo, y en especial el de instar la división de la cosa común sancionado por el artículo 400 del C.C. En el mismo sentido, ya la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1998, viene a decir, que una interpretación lógica y extensiva del artículo 96.3 del Código Civil lleva a considerar, no habiendo hijos -debe entenderse también cuando éstos sean mayores de edad y tengan ingresos propios-, la posibilidad de acordar que el uso de la vivienda, por tiempo prudencialmente determinado, sea adjudicado a cualquiera de los cónyuges, siempre atendidas las circunstancias personales y socioeconómicas de lo que ello implique como continua diciendo la mentada sentencia del Alto Tribunal, sin que ello implique incongruencia por conceder la atribución de la vivienda con carácter temporal, aunque tal posibilidad no haya sido siquiera planteada por las partes en litigio, al darse menos de lo pedido (vid. Ss. Sala 13 del T.S. de 12 de noviembre de 1993 y 7 de febrero de 1994).

En el presente caso,teniendo en cuanta lo ya dicho para la fijación del importe y duración de la pensión compensatoria, entendemos que el interés más necesitado de protección es de la esposa Sra. Adriana a la que procede atribuir el uso y disfrute de la que venía siendo vivienda familiar en DIRECCION000 de la localidad de Villanueva de la Fuente, si bien por un plazo de DOS AÑOS,tiempo que se considera más que suficiente para proceder a la efectiva liquidación de la sociedad de gananciales, debiendo correr con los gastos ordinarios de la vivienda, tales como consumos de agua, electricidad y/o gas, en tanto que aquellos inherentes a la propiedad como IBI, tasas o impuestos municipales, deberán ser abonados al 50% por ambos excónyuges, sin perjuicio de la posterior liquidación de la sociedad de gananciales.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Héctor y estimar en parte la impugnación de sentenciainterpuesta por la representación procesal de Doña Adriana, en los términos recogidos en la presente resolución.

CUARTO. - Costas.

Dada la desestimación del recurso interpuesto por la representación procesal del Sr. Héctor, y al tiempo la estimación parcial de la impugnación interpuestapor la Sra. Adriana, no procede expresa imposición de las costas de esta alzada.

No procede, por lo dicho, imponer al Sr. Héctor las costas de la instancia, tal y como venía a interesar en su recurso la Sra. Adriana, manteniendo en ese sentido el pronunciamiento de la sentencia de instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y por la potestad conferida por la Constitución de la Nación Española;