Sentencia Civil 158/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Toledo nº 1, Rec. 1015/2022 de 03 de junio del 2025

PRIMERO. Contexto de hechos relevantes en la primera instancia.

1.1-Los actores, Doña Encarnacion, Don Marco Antonio, Doña Carmela, Doña Cristina, dedujeron solicitud de división judicial de la herencia, del causante, Don Juan Carlos, frente al resto de coherederos, los demandados, Don Efrain y Doña Coral. El causante falleció en 2.008 y había otorgado testamento el 10 de noviembre de 2.004 ante notario de Talavera de la Reina.

En la demanda se refiere que, en el referido testamento, el causante instituyó como herederos: "Lega a su sobrino D. Casiano, en pleno dominio, la tierra en Santa Olalla, al sitio DIRECCION001 o DIRECCION002, Registral NUM000".

Inst ituye y nombra herederos de todos sus bienes derechos y acciones, a sus hermanos Rosa y Encarnacion, y a sus sobrinos Casiano, Laura y Pelayo, hijos de su difunto hermano Romualdo, los primeros por cabeza y los segundos por estipe, sustituidos vulgarmente por sus respectivos descendientes".

Que Dª Rosa, falleció el día 17 de junio de 2016, habiendo otorgado testamento ante el notario D. CARLOS GARCIA VIADA, número de protocolo 926.

El causante instituyó como herederos: "Instituye como herederos a sus tres mencionados hijos, D. Marco Antonio, Dª Carmela Y D. Justo, y a su nieta llamada Dª Cristina, que se repartirán la herencia por partes iguales, y en defecto de cada uno de ellos, y por sustitución vulgar, sólo en los casos de premoriencia o incapacidad, a sus respectivos descendientes".

Que D. Pelayo, el día 9 de mayo de 2013 renuncia pura y simplemente, a la herencia de su tío D. Juan Carlos, ocupando por lo tanto sus hijos Dª Coral Y D. Efrain como herederos del causante D. Juan Carlos, en la parte de su padre".

En la propia demanda se refleja un inventario de bienes elaborado por el propio causante y se manifiesta que no hay albacea o contador partidor designado y que los intentos de dividir el caudal hereditario han sido infructuosos.

Se solicitó, en la demanda, con apoyo en el art. 786 LEC, la formación de inventario y la convocatoria de junta para designación de contador.

1.2-Mediante decreto de 29 de enero de 2.020 el juzgado admitió a trámite la solicitud y se acordó citar a los interesados para la elaboración del inventario. Don Casiano, sobrino del causante (en su condición de heredero y legatario), adjuntó (acontecimiento 96 y ss) extractos bancarios para justificar pagos de la residencia de tercera edad en la que estuvo ingresado su tío, el causante, por valor de 24.567, 56 euros.

1.3-El día 15 de octubre de 2.020, se celebró la comparecencia para la formación del acta del inventario, sin acuerdo (acontecimiento 73).

1.4.Celebrada la vista, las partes discutieron únicamente el pasivo del inventario, al estar de acuerdo sobre el activo. La parte actora manifestó su discrepancia con la justificación de los gastos sobre el pago de la residencia, al no haber certificado de la entidad bancaria. La parte actora, en la vista, aceptaba la existencia de pagos, aunque dudaba de la justificación de la cuantía.

Ante la subsistencia de discrepancia, se celebró una segunda vista, en la que las partes dispusieron de la prueba practicada. La Sra. juzgadora a quo,fijó, con la avenencia de las partes (nadie se opuso), el objeto de controversia en la inclusión en el pasivo de las cantidades pagadas por Don Casiano a la residencia de tercera edad, así como su justificación.

Se practicó prueba sobre la justificación de dichos pagos.

La parte actora reconoció los pagos hechos desde la cuenta de Don Casiano, pero no los pagos hechos desde la cuenta de Cecilia. También discutía los pagos hechos y devueltos por la residencia, porque en determinados periodos el causado no había estado en la residencia.

En la vista se acreditó que Cecilia era la hija de Don Casiano, sin discusión por las partes.

1.5-La sentencia de 23 de mayo de 2.022, acuerda fijar el activo del inventario, sobre el que no había discrepancias, y respecto del pasivo, se pronuncia sobre el único extremo en el que subsistía el desacuerdo, e incluye en el pasivo el "Derecho de crédito a favor de don Casiano y a cargo de la masa hereditaria por el importe de los pagos realizados por don Casiano y su hija doña Cecilia en abono de la residencia Edad Dorada de Santa Olalla donde residía el causante".

1.6.Frente a la sentencia de primer grado jurisdiccional se alza la representación de Don Efrain y Doña Coral y alega, como único motivo de apelación, la existencia de error en la valoración de la prueba por no estar justificados los gastos de la residencia del finado, en relación con las reglas sobre valoración de la prueba del art. 217 LEC. Los documentos bancarios no son originales sino simples fotocopias.

1.7.-La representación de Don Casiano se opone a la estimación del recurso y reitera los argumentos que vertió en la vista.

SEGUNDO.Antes de entrar en el análisis del fondo del recurso, debe este Tribunal de apelación poner de relieve la infracción de las normas del procedimiento de división judicial de la herencia en contra por lo acordado por la Junta de Magistrados de esta AP de 19-10-2010 y de la doctrina existente, aunque no unánime, al haber practicado el órgano judicial el inventario. Como regla general, el inventario de los bienes de la herencia correspon de hacerlo al contador designado por los coherederos o interesados en la herencia, como así lo dispone el art. 786.2.1º LEC ;precepto incardinado dentro de la Sección 1ª relativa al procedimiento general para dividir la herencia, cuando los herederos no se ponen de acuerdo en la forma de hacerla( art. 1059 CC ),como es el caso. El inventario llamado judicial no aparece regulado en dicha Sección 1ª, lo que, en principio, significa que no forma parte del procedimiento ordinario o general de división de la herencia, sino del que se establece en dicha Sección 2ª para "la intervención del caudal hereditario", como así expresamente se titula dicha Sección. Ello supone que sólo cuando el Juez previamente ha decretado la intervención de dicho caudal, ya de oficio ya a petición de parte, es posible practicar el llamado inventario judicia l, en cuanto éste forma parte, junto con la administración del caudal hereditario, de las posibles actuaciones a practicar por el Juez con motivo de haber decretado la intervención judicial de los bienes de la herencia. La ubicación del llamado inventario judicial en la mencionada Sección 2ª viene a indicar que la intervención judicial de la herencia puede no producirse, como de hecho así sucede en la mayoría de los casos, constituyendo una incidencia o "pieza" del procedimiento general de división en cuanto posible incidente del mismo, en todo caso accesorio. Ello se evidencia, además sin género de duda, del contenido del art. 783, apartados 1 y 2, de la LEC ,toda vez que el primero afirma que "la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario se acordará cuando se hubiere pedido *y* resultare procedente, lo que supone que si no se hubiere pedido y no fuere procedente tal petición, no se decretará tal intervención judicial de la herencia y, en consecuencia, tampoco se practicará judicialmente el inventario. Por otro lado, confirmando lo anterior, el apartado 2 comienza afirmando que "practicadas las actuaciones anteriores (intervención y formación del inventario judicia l) o si no fuera necesario", es decir, caso de que no fuera necesaria dicha intervención judicial de la herencia, el Juez ante la solicitud de procedimiento de división de la herencia convocará a los interesados a la Junta presidida por el Secretario Judicial para nombramiento de contador, pasando así a la Junta mencionada, sin formación alguna de inventario judicia l por la simple razón de no haber sido pedida la intervención o, incluso pedida, no ser procedente. Y es que el procedimiento de división de la herencia se rige por el principio de "intervención mínima judicial", proclamado en los arts. 790.2 y 796.1 LEC ,dictados precisamente dentro del incidente de intervención judicial de la herencia, que ordenan al Juez (además de forma imperativa) cesar en dicha intervención -salvo los concretos y tasados casos en los que pueda continuarla por petición expresa de parte ( arts.- 792 y 796 LEC )-,ya que son los herederos, en cuanto representantes o continuadores del causante y únicos con poder de disposición sobre los bienes y derechos de la herencia, los interesados en la división del caudal hereditario, al margen claro es de otros posibles igualmente interesados (los acreedores). Por todo ello, si la intervención judicial de la herencia sólo puede acordarse de oficio en el concreto caso del art. 790 LEC (inexistencia o desconocimiento de testamento o personas interesadas en la herencia) o bien a instancia de parte ( arts. 788 y 796 LEC ),únicos supuestos que posibilitan dicha intervención judicial y la posible formación de inventario judicia l, que desde luego no concurren en el presente caso, no puede el Juez practicar inventario alguno, pues ello es competencia exclusiva del contador designado por los interesados en la herencia, constituyendo un notorio exceso de jurisdicción caso de hacerlo fuera de los mencionados concretos casos en que la Ley lo autoriza.

Y si esta Sala no declara la nulidad de actuaciones por haberse prescindido de normas esenciales del procedimiento ( art. 225.3º LEC )no sólo es porque no le fue interesado por las partes ( art. 227.2, pfo. 2º, LEC ),sino porque a su juicio no constituye vicio que provoque indefensión, como afirma el citado 225.3º LEC.

En todo caso, debe ponerse de manifiesto la infracción cometida, al asumir el juzgador una actividad que legalmente no le corresponde, al ser propia del contador designado por los herederos por lo que en lo sucesivo se deberá seguir la tramitación por el juzgado conforme a esta regulación con competencia del último.

En el caso concreto se advierte la irregular tramitación de este proceso especial de división de herencia con un desarrollo que no se compagina con su regulación legal, pues por una parte tenemos que se celebró Junta de herederos donde no se designó contador partidor, cuando entre sus especificas funciones conforme al artículo 786 2-2º de la Ley Enjuiciamiento Civil está la realización del inventario (bienes que forman el caudal partible) y por otro un trámite judicial de formación de inventario peticio nado que ha derivado a la aplicación del a vía del artículo 794-4 de la Ley Enjuiciamiento Civil ,como ya se ha expuesto arriba.

Por otra parte, es de traer a colación el posicionamiento jurisprudencial sobre el marco de la formación de inventario en este proceso de división de herencia que es exclusivamente efectuar una relación de los bienes y derechos que componen o integran el patrimonio del causante y no se extinguen por su muerte, así como de las obligaciones y cargas que pesan sobre la masa hereditaria. En resumidas cuentas, debe pronunciarse, en función de la apariencia de los títulos y documentos aportad os por los interesados, sobre la procedencia de incluir o excluir determinados bienes o derechos en el activo o pasivo de la herencia.

Llegados a este punto, la sentencia, de manera absolutamente lógica, considera acreditado que Cecilia es la hija de Don Casiano, hecho absolutamente conocido por todas las partes, por otra parte, la propia defensa técnica que ahora recurre reconoció en parte, al menos, los pagos realizados por Don Casiano para pagar la residencia.

La sentencia desglosa los pagos por años y considera que, incluso, no es el momento definitivo para fijar la cuantía.

A juicio de la sala, la documental es plenamente válida, ya que ninguna de las partes ha propuesto prueba en contra, ni alega expresamente que los extractos sean falsos, en cuyo caso se debería haber solicitado prueba precisa sobre dicha falsedad, que, en realidad, no se atisba en absoluto. Una fotocopia hace prueba plena sino se impugna su autenticidad (no valor probatorio). Por su parte los documentos privado s el art.326. de la misma LEC regula su fuerza probatoria al decir en lo que aquí atañe:"1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen.2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica".

Resulta inverosímil que Cecilia pagase en nombre propio, y también que no se haya pagado por deudas el finado.

En cualquier caso, la sentencia ahora recaída no produce efectos de cosa juzgada.

TERCERO.Las costas procesales se impondrán al recurrente, en aplicación del art. 398 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.