Sentencia Civil 140/2024 Audiencia Provincial Civil-penal de Toledo nº 2, Rec. 209/2022 de 11 de septiembre del 2024

PRIMERO.-En el procedimiento del que dimana el presente recurso se ejercita por la parte actora, acción sobre obligación de hacer consistente en la entrega de diversos documentos, especificados en la demanda, así como de elevación a público de declaración de obra nueva, constitución de régimen de propiedad horizontal, extinción de condominio y adjudicación de fincas, y, si fuere necesario, elevación a público de contrato privado de permuta o aportación, en relación a la finca que indica, facultando a la parte actora para designar notario a tales fines.

Los codemandados Clemente, Begoña, Berta, Estefanía, Juan Antonio, Celestina, y Armando se allanaron a la demanda.

Por su parte, el resto de los codemandados se opusieron a la misma, aduciendo en síntesis, la representación procesal de Sofía, su falta de legitimación pasiva ad causam para soportar la acción de división horizontal, única que a su juicio se plantea en la demanda; oponiéndose además, con la alegación de que el suplico de la demanda en cuanto al segundo requerimiento, resulta imposible, al no estar en su posesión el certificado de fin de obra. El codemandado Gervasio igualmente se opuso a la demanda, aduciendo su falta de legitimación pasiva, pues su actuación lo fue únicamente en su condición de representante legal y administrador único de la mercantil CONSTRUCCIONES TECMAVE, S.L., reiterando, además, los mismos argumentos respecto a la codemandada Sofía. La representación procesal de la mercantil Contrucciones Tecmave, S.L., en cuanto al fondo del asunto, se opuso a la demanda alegando que el suplico de la demanda pretendía una adjudicación de finca imposible, en relación a la finca de la DIRECCION000, pues la misma es de la propiedad de Miriam, a quien la propia mercantil se la adjudicó en contraprestación a la construcción del inmueble, llevándose ello a cabo de buena fe y con justo título en 2008, no iniciándose el conflicto sobre dicha vivienda, sino hasta 2010. Además, adujo la existencia de un pacto de no dividir horizontalmente el inmueble -cláusula 9ª del contrato de aportación de 1 de julio de 2006 (documento nº 3 de la contestación). Finalmente, y admitida la intervención de tercero, la representación procesal de Miriam, se opuso a la demanda por las mismas razones que la mercantil codemandada en cuanto a que el petitum de la demanda pretende una entrega de vivienda imposible, y además, formuló demanda reconvencional interesando la declaración de adquisición de la vivienda sita en la DIRECCION000, de Aldeanueva de Barbarroya (Toledo), por prescripción adquisitiva, por lo que al ser titular de la misma, no tiene obligación legal de entregar la misma a los demandantes reconvenidos, por haberla adquirido en 2008 de Construcciones Tecmave, S.L.

La Sentencia dictada en la instancia desestima la reconvención y desestima asimismo la demanda, con imposición de costas a la parte demandante y reconviniente, respectivamente. Así, en primer lugar, y respecto a la reconvención, argumenta para desestimar la misma, que concurre cosa juzgada positiva o prejudicial respecto a lo resuelto en el procedimiento seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina, Sentencia nº 151/2011, de 18 de julio de 2011, confirmada en el punto que nos interesa por la Sentencia nº 91/14 dictada por la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial; y ello dado que en aquel procedimiento, a pesar de Miriam no fue parte, ni intervino como tercer interviniente, la codemandada Construcciones Tecmave, no adujo la existencia del contrato privado de 30 de julio de 2008, a pesar de contestó a la demanda en 2010, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se puede alegar en este procedimiento posterior. Además, argumenta que en dicho Juzgado se sigue procedimiento de ejecución forzosa de dicha Sentencia, habiéndose formulado oposición a la ejecución por dicha mercantil, constando Auto de 22 de abril de 2021 dictado en dicha ejecución, por el que se desestimó la suspensión de la misma por prejudicialidad civil, y en el que se hizo referencia a un incidente de tercer ocupante promovido por Miriam, en el que se acordó que la misma no tenía derecho a permanecer en el inmueble.

Por lo que se refiere a la demanda principal, la desestimación de la misma se basa en los siguientes argumentos: por un lado, en cuanto a los siete primeros hechos de la demanda, que están relacionados con el cumplimiento de contrato de aportación, acción que ya se ejercitó en la demanda de procedimiento ordinario que se resolvió ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina antes aludido, que además, es objeto de ejecución forzosa ante el mismo Juzgado sentenciador, por los efectos de la cosa juzgada en su efecto positivo. En cuanto, al requerimiento para llevar a cabo en un mismo acto la formalización de escritura de Declaración de obra nueva, constitución en régimen de propiedad horizontal y extinción del condominio preexistente y adjudicación de fincas, incluso la elevación a público del contrato privado de permuta o aportación, si fuera necesario, con adjudicación a favor de Bruno de la vivienda DIRECCION000, señala que no se ha aportado informe pericial que detalle los elementos del artículo 5 de la LPH, ni se concreta a salvo la vivienda DIRECCION000, qué vivienda correspondería al resto de los propietarios, ni su cuota de participación. Por lo que se refiere a la acción, caso de ser necesaria, de elevación a escritura pública, del contrato de aportación, señala que no se ejercita con carácter principal, sino que lo deja a criterio de las partes o del Tribunal, y tampoco sería suficiente a efectos de acreditar que se cumplen los requisitos de la división horizontal. Finalmente, resuelve que desestimada la acción de división horizontal, que es requisito para otorgar la escritura de obra nueva, y habiendo tenido por no comparecidos a los Sres. Romeo Bruno Begoña Clemente Carlos Manuel, procede desestimar la demanda, sin perjuicio de lo que se inste en el procedimiento de ejecución forzosa.

Frente a dicha resolución se alza la parte reconviniente, alegando, en relación al Fundamento de derecho 2º de la Sentencia, la vulneración del principio constitucional de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la CE, en relación con el artículo 222 de la LEC por inaplicación, y error en la aplicación respectivamente, indicando que la Sentencia yerra al apreciar cosa juzgada material positiva. Como segundo motivo, esgrime error en la valoración de la prueba, vulnerando el principio constitucional de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la CE, pues Dª Miriam cumple todos los requisitos exigidos de la prescripción adquisitiva ordinaria, a saber, justo título, posesión a título de dueño de forma pública, pacífica y de buena fe, por un periodo de tiempo de 10 años.

Los demandantes reconvenidos se oponen a dicho recurso, y, asimismo, interponen recurso de apelación frente a la Sentencia, aduciendo como motivos de su recurso, en primer lugar, infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al existir incongruencia omisiva en la resolución y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE. Como segundo motivo, aducen inaplicación indebida de los artículos 396 del Código Civil y 2 de la Ley de Propiedad Horizontal, al existir propiedad horizontal de hecho, e infracción de las Resoluciones de la DGRN de 12/11/97 y 3/7/00. En tercer lugar, pone de manifiesto la aplicación indebida de la valoración y apreciación de las pruebas en relación con el artículo 216 de la LEC, el principio de justicia rogada, loa artículos 396 y 401 del Código Civil, y el artículo 24 CE relativo a la tutela judicial efectiva. Finalmente, el cuarto motivo se refiere a la infracción del artículo 394 de la LEC al condenar en costas a esa parte, considerando que existen serias dudas de hecho o de derecho a tenor de la jurisprudencia existente en casos similares.

Los codemandados Construcciones Tecmave, S.L., Sofía, y Gervasio, se oponen al recurso de apelación interpuesto de contrario.

SEGUNDO.-En primer lugar, y siguiendo el mismo orden de la Sentencia recurrida, procede resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la tercera interviniente, en relación a la desestimación de su demanda reconvencional.

La cuestión suscitada se dirige a determinar si en el presente caso y en relación a la pretensión ejercitada en la reconvención, cabe apreciar o no la concurrencia de cosa juzgada en su vertiente positiva o prejudicial respecto al procedimiento que se siguió ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina, que concluyó con la estimación de la demanda, en la que se ejercitaba acción de cumplimiento de contrato de aportación de 1 de julio de 2006 condenando a la hoy codemandada Construcciones Tecmave, S.L. a entregar a Bruno la vivienda DIRECCION000 de Aldeanueva de Barbarroya. Así como la aplicación de los efectos del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referido a la preclusión de alegaciones de hechos y fundamentos jurídicos.

El efecto de la cosa juzgada positiva implica que no puede resolverse en un proceso ulterior un concreto tema o punto litigioso de manera distinta a como ya quedó decidido en un proceso anterior entre las mismas partes, pues lo resuelto por la Sentencia firme recaída en el proceso anterior, con respecto a dicho tema o punto litigioso, tiene efecto vinculante o prejudicial en el segundo proceso entre las mismas partes.

Además de lo anterior, ha de tenerse presente que el artículo 400 de la LEC, dispone en su número 1º "Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.

La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia permitidas en esta Ley en momento posteriores a la demanda y a la contestación."

Por su parte el nº 2 de dicho precepto igualmente dispone: "De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste."

Respecto a este último precepto, como dijo la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 278/2008, de 6 de mayo (dictada en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881), se encuentran ejemplos en la jurisprudencia en los que se rechaza, por contravenir el principio de cosa juzgada, el ejercicio de acciones fundadas en hechos o fundamentos jurídicos que hubieran podido ser alegados contra el demandado en un proceso anterior, pero constituye un requisito invariablemente exigido para apreciar la existencia de cosa juzgada que los nuevos hechos o fundamentos se aleguen en sustento de una misma acción. Así, la resolución dictada en un proceso en el que se alega la nulidad absoluta no produce efectos de cosa juzgada para el ejercicio de la acción rescisoria posterior ( sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 2006, rec. 3645/1993), y la cosa juzgada respecto del ejercicio de la acción de anulabilidad, sujeta a plazo de caducidad, no impide el ejercicio en otro proceso posterior de la acción de nulidad absoluta ( sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2007, rec. 747/2000), aunque el sustrato fáctico de una y otra demanda pueda coincidir sustancialmente.

Este requisito ha sido incorporado al actual art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y del texto del precepto se desprende que no puede formularse una demanda basada en hechos, fundamentos o títulos jurídicos distintos de los alegados en un proceso anterior cuando lo que se pide es lo mismo (o tiene una naturaleza homogénea) y cuando tales hechos, fundamentos o títulos jurídicos pudieron ser esgrimidos en la primera demanda. Pero lo que no supone tal precepto es que el litigante tenga obligación de formular en un mismo litigio todas las pretensiones que en relación a unos mismos hechos tenga contra el litigante contrario, cuando las mismas dan lugar a pedimentos distintos, especialmente cuando se trata de pretensiones de naturaleza diferente, Así, el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite tener por aducidos todos los hechos y fundamentos o títulos jurídicos en que el demandante pudiera haber fundado lo pretendido en su demanda, hayan sido aducidos efectivamente en la demanda o no lo hayan sido, pero no permite tener por formulado un pedimento, a efectos de litigios posteriores, que efectivamente no lo haya sido en el litigio anterior.

En este sentido se han pronunciado algunas Audiencias Provinciales. Así, declara la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 25 de marzo de 2004:

"Es decir, lo que no podrá intentarse en un procedimiento posterior serán los argumentos (de hecho o de derecho) que pudieran ser utilizados en el precedente, pues se entiende precluido el plazo para su alegación. Mas esta preclusión no alcanza a pretensiones deducibles pero que en aquel momento no le parecieran oportuno interponer al demandante de ambos procesos. Queda así prohibido reiterar una petición desestimada con base en otra causa de pedir o en hechos diferentes, cuando una y otros hubieran podido sustentar «también» (o sea, además de los utilizados) la petición del pleito precedente.

Mas, no se debe confundir la «base o sustrato» de lo pedido con la «petición». Son dos conceptos íntimamente ligados, pero ontológicamente independientes".

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 23 de octubre de 2008. También el Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el nuevo art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y su alcance. La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 508/2007, de 16 de mayo de 2007 afirma sobre el particular: "...la racional interpretación del artículo 400 citado exige la aportación de todas las alegaciones posibles en defensa de lo pedido o de la oposición a lo pedido, pero no puede comprenderse que pueda alcanzar a la imposibilidad de ejercitar acción distinta con finalidad distinta a la previamente ejercitada...".

Asimismo, la posterior Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 485/2009, de 25 de junio, declara: "El artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su apartado 1 que «cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior» y en su apartado 2 que «a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste». Este apartado 2 está en relación de subordinación respecto del primero y así únicamente se justifica su aplicación cuando en ambos procesos se deduzca -en las demandas de uno y otro- igual pretensión. Es en tal caso cuando no cabe iniciar válidamente un segundo proceso para solicitar lo mismo con apoyo en distintos hechos o diferentes fundamentos jurídicos, pues en tal caso la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a estimar bien la excepción de litispendencia -si el primer proceso se halla pendiente- o la de cosa juzgada -si en el mismo ha recaído sentencia dotada de efectos de cosa juzgada material-".

En análogo sentido se pronuncia también la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 que señala: "La cosa juzgada despliega sus efectos negativos en el segundo proceso en el caso de existir identidad subjetiva y objetiva entre él y el primero - sentencias de 12 de febrero de 1.977 , 5 de octubre de 1.983 , 26 de junio , 18 y 21 de septiembre de 2.006 , 31 de enero de 2.007 , 10 y 18 de junio y 11 de diciembre de 2.008 , entre otras-. Para determinar la existencia de la identidad objetiva ha de tomarse en consideración lo deducido en el primer proceso y, además, lo que hubiera podido deducirse en él - sentencias de 26 de junio de 2.006 , 28 de febrero de 2.007 y 6 de mayo de 2.008 -. Tal identidad entre la "res iudicata" y la "res iudicanda" no desaparece porque en el segundo proceso se introduzcan variaciones intrascendentes y destinadas a subsanar errores o a suplir omisiones que se hubieran padecido en el primero, ya sea en la fase de alegaciones, ya en la de prueba - sentencias de 12 de febrero de 1.977 y 28 de febrero de 2.007 -. El ámbito objetivo de lo deducible ha sido ampliado, conforme a la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, por la regla de preclusión que contiene su artículo 400, apartado 1, a cuyo tenor cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible su alegación para un proceso ulterior - lo que se pone de relieve, pese a que dicha Ley no era aplicable al primer proceso-. (...)".

En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2007, el Auto de la Audiencia Provincial de Cantabria de 8 de abril de 2008 y las Sentencias de las Audiencias Provinciales de Álava, sección 1ª, de 6 de octubre de 2005, Madrid, sección 20ª, de 21 de abril de 2009 y Valencia, sección 8ª, de 12 de febrero de 2008, con cita las dos últimas de las resoluciones de Girona de 10 de enero de 2007, Barcelona de 13 de febrero de 2007, Baleares de 21 de septiembre de 2006, Cádiz de 25 de abril de 2006 y Sevilla de 6 de julio de 2004.

Conforme se viene manteniendo por el Tribunal Supremo el artículo 400 LEC permite tener por aducidos todos los hechos y fundamentos o títulos jurídicos en que el demandante pudiera haber fundado lo pretendido en su demanda, hayan sido alegados efectivamente en la demanda o no lo hayan sido.

Asimismo, podemos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª), de 27 de abril de 2023, recurso nº 493/21:

"SEGUNDO.- Centrado así los términos del debate, son dos las acciones ejercitadas por la parte demandante, declarativa de dominio, y una confesoria de servidumbre que le daría derecho a la parte a hacer uso del agua del pozo.

Como antecedentes lógicos de las cuestiones planteadas se deben de citar dos Sentencias a las que ya hacen alusión las partes y la propia Sentencia de instancia.

Entre las mismas partes (siendo demandante el ahora codemandado, y demandados los ahora demandantes) se tramitó Juicio Verbal con el nº 176/19 en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de esta ciudad, habiendo recaído sentencia en aquel procedimiento el día 10 de julio de 2019 .

En dicho procedimiento se instaba por D. Julián una acción negatoria de saca de agua del pozo sito en su parcela, resolviendo aquella Sentencia: "Se entiende acreditada las constitución de servidumbre de saca de aguas a favor de las fincas de los demandados sobre el pozo titularidad del actor por destino del padre de familia, no pudiendo prosperar la acción negatoria de servidumbre".

En el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de esta capital se tramitó Juicio Ordinario tramitado con el nº 1191/16 , ejercitándose en el mismo una acción declarativa de dominio sobre el pozo existente en la finca NUM000 de Los Villares, siendo parte demandante D. Julián y parte demandada la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, habiendo recaído Sentencia en aquel procedimiento el 20 de Marzo de 2018 en la que se declaraba la titularidad de D. Julián sobre el pozo en cuestión.

Pues bien, habrá que recordar la doctrina establecida por el TS, entre otras, en Sentencia de 21 de Marzo de 2011 , manteniendo en ésta que "la cosa juzgada material es la situación jurídica en que se encuentra una determinada controversia cuando se ha dictado por el organismo jurisdiccional competente una resolución "con fuerza o autoridad de cosa juzgada material".

La finalidad de la cosa juzgada es impedir que un mismo litigio se reproduzca indefinidamente y que sobre una misma cuestión que afecta a unas mismas partes recaigan sentencias contradictorias o bien se reiteren sin razón sentencias en el mismo sentido. La sentencia de 19 abril 2006 señala que "La anterior conclusión resulta acorde con nuestra jurisprudencia, según la cual la cosa juzgada material crea una situación de plena estabilidad que no sólo permite actuar en consonancia con lo resuelto, sino que trasciende con eficacia al futuro, impidiendo reproducir la misma cuestión y volver sobre lo que inamoviblemente estatuyeron los organismos jurisdiccionales, de tal manera que no sea posible hacer efectivo en procedimientos diversos los mismos derechos anteriormente declarados, es decir, que con un nuevo litigio se sustraiga a los medios propios de cumplimiento y ejecución del proceso en que se declaró un derecho, su modo de hacerlo efectivo, vedando con ello al juez del nuevo proceso toda actividad jurisdiccional sobre el asunto, incluso para dictar una declaración idéntica sobre él, porque en el supuesto de que el fallo sea contrario a la cosa juzgada, no se limita a que contenga disposiciones opuestas a ella, sino que basta que no las respete y sea contraria a su esencia al hacer declaraciones contrarias a ella de haber dejado la cuestión completamente resuelta, con posibilidad únicamente de actividad jurisdiccional posterior de aspectos que afecten a su efectividad ( SSTS de 17 diciembre 1977 y 29 septiembre 2005 )".

Lo anterior debe completarse con la doctrina de esta Sala que ha venido considerando de forma reiterada que la cosa juzgada se extiende también: a) a la subsanación de aquellos errores ocurridos en el pleito anterior, ya que como afirma la sentencia de 10 junio 2002 , "D) No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió ( SSTS 30-7-96 , 3-5-00 y 27-10-00 )", y, b) además, según esta misma sentencia, alcanza a cuestiones que se han deducido de manera implícita en la demanda: "La cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado( SSTS 28-2-91 y 30-7-96 ), postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la nueva LEC ."."

Pues bien, en aplicación de tales criterios, debemos concluir que procede apreciar la cosa juzgada en su vertiente positiva o prejudicial respecto a Construcciones Tecmave, S.L., sin embargo, frente a la interviniente Miriam, que es quien esgrime en su reconvención la adquisición de la vivienda litigiosa en virtud del instituto de la prescripción adquisitiva, en puridad, no puede apreciarse la misma, puesto que no fue parte ni tercera interviniente en aquel procedimiento que se siguió ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina, que en la actuación es objeto de ejecución forzosa.

Ahora bien, hemos de coincidir plenamente por lo argumentado en el Auto de 18 de diciembre de 2019 dictada en el seno de dicha ejecución, en la pieza de ocupante de inmueble, y que obra al acontecimiento 197 de las actuaciones, y que literalmente dice lo siguiente:

"SEGUNDO.- El escrito presentado por Dña. Enriqueta solicitando la oportuna pieza sobre ocupantes era muy cuidadoso al no aducir en ningún momento ser legítima propietaria de la vivienda en cuestión sino que fundaba su petición en el hecho de haber adquirido la propiedad de la vivienda objeto del procedimiento mediante prescripción adquisitiva."

Y, más adelante continúa diciendo:

"...basta indicar de forma superficial que si la propia Dña. Enriqueta no invoca un título de propiedad claro (el acta de 30 de junio de 2008 justifica la entrega de la vivienda, no la existencia de un negocio real subyacente susceptible de actuar como transmisor del dominio, tal como compraventa, pago en concepto a aportación o donación) es porque tal título no existe. El acta de adjudicación no es título traslativo de dominio, y si Dña. Enriqueta entendía que existía tal título (por recibir en pago a su actuación como promotora la propiedad de un piso) debió aportar esa documentación.

Y para aplicar el instituto de la prescripción adquisitiva ordinaria es preciso que exista justo título; en caso contrario, el plazo de prescripción no es de 10 años. Pero, como se ha dicho, esta cuestión excede del ámbito del presente procedimiento, que no está diseñado para declarar la existencia de un derecho de propiedad. No se ha alegado la existencia de un derecho de propiedad que pudiera derivar de un hecho distinto de la prescripción adquisitiva. Además, la posesión de Dña. Enriqueta no puede considerarse que fuera, en ningún concepto, en concepto de dueña, puesto que no podía tener esa conciencia cuando desde el año 2014 existía una sentencia firme que fijaba claramente la propiedad sobre el inmueble. Dña. Enriqueta es esposa del legal representante de la ejecutada, y no se cuestiona que viva con él; negar el desconocimiento del procedimiento judicial seguido en este juzgado resulta absolutamente inverosímil y ficticio, de forma que se considera que Dña. Enriqueta supo, al menos desde el dictado de la sentencia firme por la Audiencia Provincial de Toledo, que su posesión no era en concepto de dueña. De esta forma, no cabría prescripción adquisitiva, ni ordinaria ni extraordinaria."

Hacemos nuestros los argumentos expuestos, que necesariamente llevan a considerar que ni concurre el justo título -pues el Acta de 30 de julio de 2008 (Acontecimiento 139), no constituye título que transmita el dominio, y además la legitimación de firmas ante notario -que a mayor abundamiento se llevó a cabo 8 años después de su supuesta suscripción-, no le otorga tal condición, incluso, el hecho de que su existencia no se haya hecho valer en anteriores procedimientos, hace dudar de la regularidad de su confección-, ni la posesión de la vivienda en cuestión por parte de Dª Miriam, puede considerarse que lo haya sido a título de dueña, pues ya la Sentencia dictada por esta Sala en el Rollo 82/12, de 15 de mayo de 2014, confirmó la de instancia, que fijaba la propiedad sobre dicha vivienda a favor del ahora también demandante D. Bruno, y tampoco ha de olvidarse que Dª Enriqueta, es la esposa del representante legal de la mercantil Construcciones TECMAVE, S.L. - D. Gervasio-, mercantil allí demandada y reconviniente, lo que también puede excluir su posesión de buena fe. A mayor abundamiento, consta igualmente en las actuaciones que Construcciones Tecmave, en los intentos de suspender la ejecución de la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina, presentó demanda preconcursal, con fecha 22 de noviembre de 2018, aduciendo en la misma la necesidad de mantener la vivienda DIRECCION000 para continuar con su actividad profesional y empresarial, lo que se compadece mal con la posesión por parte de Dª Miriam, de dicha vivienda, a título de dueña.

Pero además, tampoco puede decirse que la posesión de la misma haya sido pública y pacífica, pues precisamente consta en las actuaciones, que los ahora demandantes y apelados-apelantes interpusieron demanda frente a Construcciones Tecmave en acción de cumplimiento del contrato de aportación o permuta de fecha 1 de julio de 2006, y solicitando la entrega por parte de dicha mercantil, de la vivienda en cuestión a favor de D. Bruno, habiéndose dictado Sentencia con fecha 18 de julio de 2011, estimando tal extremo, y que resultó confirmada por la de esta Sección, de fecha 15 de mayo de 2014; asimismo, consta que con fecha 20 de septiembre de 2017 se presentó por la parte allí demandante demanda de ejecución, que con fecha 23 de noviembre de 2017, la repetida mercantil se opuso a la demanda de ejecución, alegando que la vivienda era propiedad de Dª Miriam, dictándose Auto con fecha 11 de octubre de 2018 -acontecimiento 9-, desestimando la oposición, al considerar que el motivo alegado no era causa de oposición, y remitiendo en su caso al incidente de ocupante de inmueble, lo que efectivamente se llevó a cabo, siendo resuelto dicho incidente mediante Auto de 18 de diciembre de 2019, al que antes se ha hecho referencia y se ha reproducido en parte, en el sentido de desestimar el mismo.

Conforme a lo expuesto, debemos concluir que en modo alguno, y aun obviando los efectos del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se habría producido la adquisición de la propiedad de la vivienda a favor de Dª Miriam, con base a la prescripción adquisitiva prevista en los artículos 1.940, 1.957 y concordantes del Código Civil.

Todo lo expuesto, determina la desestimación del recurso interpuesto por la representación de Dª Miriam.

TERCERO.-Sentado lo anterior, y por lo que se refiere al recurso interpuesto por los demandantes, en primer lugar ha de rechazarse la existencia de infracción alguna del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues examinada la Sentencia recurrida no se observa que la mismo incurra en incongruencia omisiva.

En relación a la incongruencia omisiva, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2013 dice lo siguiente:

"En relación al presupuesto de congruencia debe señalarse, tal y como se expone en la STS de 18 mayo 2012 (núm. 294, 2012),que constituye doctrina de esta Sala que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentenciay las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico-jurídica ( STS de 14 de abril de 2011 , ROJ 2898, 2011).

El juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte dispositiva -dictum- y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio -petitum- o pretensión solicitada, ( STS de 13 de junio de 2005 ).De esta forma, la congruencia no se mide en relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la sentencia( SSTS de 30 de marzo de 1988 ,y 20 de diciembre de 1989 ).En parecidos términos, cabe señalar que esta labor de contraste o comparación no requiere que se realice de un modo estricto, esto es, que se constate una exactitud literal o rígida en la relación establecida, sino que se faculta para que se realice con cierto grado de flexibilidad bastando que se dé la racionalidad y la lógica jurídica necesarias, así como una adecuación sustancial y no absoluta ante lo pedido y lo concedido; de tal modo que se decide sobre el mismo objeto, concediéndolo o denegándolo en todo o en parte. ( STS de 4 de octubre de 1993 ).En esta línea, y en términos generales, también hay que señalar que las sentenciasabsolutorias no pueden ser tachadas de incongruenciapor entenderse que resuelven todas las cuestiones suscitadas en el pleito, salvo casos especiales ( SSTS de 10 de diciembre de 2004 y 5 de febrero de 2009 ).Con lo que la incongruenciaextra petita (fuera de lo pedido), en relación con el principio de iura novit curia, se produce en la medida en que la facultad que tiene el tribunal para encontrar o informar el derecho aplicable a la solución del caso comporta la alteración de los hechos fundamentales, causa de pedir, en que las partes basen sus pretensiones ( SSTS de 6 de octubre de 1988 y 1 de octubre de 2010 ).Del mismo también conviene destacar que es doctrina jurisprudencial que no hay incongruencia omisivacuando el silencio judicial puede, razonablemente, interpretarse como una desestimación implícita de la pretensión planteada."

Así, el supuesto de la incongruencia omisivao ex silentio se produce, como señalan las sentencias del Tribunal Constitucional 124/2000 de 16 de mayo , 186/2002, de 16 de octubre ,o la 218/2003, de 15 de diciembre ,cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivaciónpueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho invocado, con atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamenta la respuesta a la pretensión deducida, aún cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales.

En todo caso debe tenerse presente que las Sentencias absolutorias por definición, no pueden incurrir en incongruencia omisiva, pues contienen pronunciamientos -desestimatorios- respecto de todas las pretensiones de la demanda; declarando al respecto la doctrina jurisprudencial que "entendida la congruencia como la adecuada relación entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia, no pueden ser incongruentes las sentencias que desestiman la demanda y por ende rechazan todas y cada una de las pretensiones de la demanda ( Ss. T.S. 27.Jun.2005, 15.Oct.2004 o 8.Jun.2006), sin perjuicio de que pueda apreciarse una eventual falta de motivación. Afirmando el Tribunal Constitucional que el silencio puede constituir una desestimación tácita suficiente, cuando así puede deducirse de otros razonamientos de la sentencia o se aprecie que la respuesta expresa no era necesaria o imprescindible ( Ss. T.C. 187/2000, 25/1996 o 91/1995)."

En el presente caso, además de que la Sentencia recurrida es absolutoria, pues desestima la demanda en su integridad, y por ende, todos los pedimentos esgrimidos en la misma, hemos de concluir que la resolución recurrida si contiene razonamientos expresos para desestimar las pretensiones de requerimientos contenidos en los apartados 1º (i) y (ii) del suplico de la demanda, pues concretamente en las páginas 13 y 14 de la misma, aplica los efectos de la cosa juzgada en su sentido positivo o prejudicial, respecto a tales pedimentos, que considera que están relacionados con la acción de cumplimiento del contrato de aportación de 1 de julio de 2006, que ya se ejercitó en la demanda del procedimiento ordinario repetido que se siguió ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina, y que además está siendo objeto de ejecución forzosa ante el mismo Juzgado.

Por otro lado, es cierto que la Sentencia no se pronuncia expresamente sobre la falta de legitimación pasiva ad causam del codemandado Gervasio, alegada en su contestación a la demanda, demandado como persona física, y no en su condición de representante legal y administrador único de la mercantil codemandada Construcciones Tecmave, S.L., sin embargo, ya se ha dicho que la Sentencia es absolutoria en relación a las pretensiones de la demanda, por lo que no puede ser tildada de incongruente, no obstante, al haberse interpuesto recurso por los demandantes respecto a todos los pronunciamientos de la Sentencia referidos a las pretensiones de la demanda, caso de ser acogidos en la presente resolución alguno de los motivos del recurso, debería entrarse a resolver sobre dicha cuestión.

Partiendo de lo anterior, debe precisarse, al hilo de los argumentos que se oponen en los escritos de oposición a dicho recurso, que no es cierto que en la demanda iniciadora de las actuaciones, únicamente se ejercite la acción de división horizontal, pues además de ésta, se ejercitan en dicha demanda acciones de obligación de entrega de documentos, que sin perjuicio de que los mismos hubieran podido ser obtenidos a través de otros procedimientos -diligencias preliminares, o incluso requerimientos en el seno del propio procedimiento, a través de la práctica de medios probatorios ( artículo 328 de la LEC) -, nada obsta, y la parte está en su derecho de así llevarlo a cabo, para ejercitar tales pretensiones a través del procedimiento declarativo ordinario ante el que nos encontramos, pues ostenta interés legítimo en ello, y es que quien tiene la disposición del proceso es la parte que acciona que ejercitará la acción o acciones que considere procedentes, artículo 19 y 216LEC -principio dispositivo y de justicia rogada-, otra cosa será determinar si tales pretensiones se encuentran afectadas por el principio de preclusión y/o cosa juzgada en su efecto positivo, tal como ha sido decidido en la Sentencia recurrida.

Para resolver la vinculación de la cuestión litigiosa aquí planteada con lo resuelto en el anterior proceso se atiende a que, los artículos 222 y 400 de la LEC regulan, como se ha dicho, la excepción de cosa juzgada material, que impide atacar la resolución judicial de un proceso en otro posterior. La "rei iudicata" persigue que satisfecha la pretensión al resolverse el supuesto litigioso, no hay razón válida para que se vuelva a producir un nuevo pronunciamiento sobre la misma pretensión, evitando que controversias ya resueltas se vuelvan a plantear (función negativa). "La cosa juzgada material. Exige una serie de elementos para que pueda ser apreciada. Primero, la identidad subjetiva: afectará a las partes del proceso, dice el citado artículo 222 ,3º; es el mismo demandante contra el mismo demandado. Segundo: identidad objetiva, en el sentido de que se refiera al mismo objeto, lo que guarda relación con el último de los elementos. Tercero: identidad de la causa petendi, tal como dispone el artículo 222.2: alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, considerando como tales las peticiones de las partes y los hechos constitutivos de los títulos jurídicos que las fundamentan. Tal como dicen las sentencias de 13 de octubre de 2000 y la citada de 18 de junio de 2010 : "Efectivamente para que prospere la excepción de la cosa juzgada material, es doctrina jurisprudencial constante, es preciso que se den los siguientes datos: a) La existencia de un litigio distinto a aquél en que se alega, y b) La identidad de ambos litigios, la cual se determinará en una triple vertiente de identidades, como son las de las partes, las cosas y las acciones (por todas, las sentencias de 22 de junio de 1.987 , 18 de junio de 1.990 y 26 de noviembre de 1.990 )... "(Sentencia Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2012 ).

Ahora bien, lo que se plantea en el recurso se enmarca en el ámbito del artículo 400 de la LEC: " 2. De conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste";y es que la Sentencia de instancia se basa en la idea de que planteada una primera pretensión en ejercicio de una acción de cumplimiento de contrato, no está amparado que posteriormente, terminado el primer proceso, se insten pretensiones complementarias derivadas precisamente de tal acción de cumplimiento contractual, como son las pretensiones de entrega de documentos necesarios justamente para la entrega de la vivienda a que se refiere dicho contrato.

En este sentido, la Sentencia Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 2002 declara que la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas.

Igualmente, podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2020 que resuelve lo siguiente:

"En síntesis, y en lo que ahora interesa, el efecto de " preclusión de alegaciones" respecto de las vertidas por el demandante en el primer pleito, una vez firme la sentencia que lo resuelve, da lugar a que esa sentencia tenga eficacia de cosa juzgada material en sentido negativo respecto de las pretensiones interesadas en un segundo pleito que se apoyan en hechos y fundamentos jurídicos afectados por el efecto preclusivo.

De este modo, "del texto del precepto ( 400 LEC) se desprende que no pueden ejercitarse posteriores acciones basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo que se solicitó anteriormente y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser esgrimidos en la primera demanda" ( sentencia núm. 768/2013, de 5 de diciembre ). Teniendo en cuenta que esta regla no requiere la identidad estricta entre pedimentos, sino que basta su homogeneidad ( sentencia núm. 671/2014, de 19 de noviembre ).

En definitiva, como recuerda la sentencia 628/2018, de 13 de noviembre , "conforme a la jurisprudencia de esta sala sobre los arts. 400 y 222 LEC , lo decisivo o determinante es la pretensión ( sentencia 664/2017, de 13 de diciembre ), de modo que no se puede volver a reclamar lo ya reclamado en un litigio anterior ( sentencia 417/2018, de 3 de julio ), ni solicitar el cumplimiento de un mismo contrato por dos veces ( sentencia 9/2012, de 6 de febrero ), pues "la finalidad de la cosa juzgada es impedir que un mismo litigio se reproduzca indefinidamente" ( sentencia 164/2011, de 21 de marzo )"."

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2018, dictada en el rec. nº 2598/15 recoge que:

"Conforme a la jurisprudencia de esta sala sobre los arts. 400 y 222 LEC ,lo decisivo o determinante es la pretensión ( sentencia 664/2017, de 13 de diciembre ),de modo que no se puede volver a reclamar lo ya reclamado en un litigio anterior ( sentencia 417/2018, de 3 de julio )ni solicitar el cumplimiento de un mismo contrato por dos veces ( sentencia 9/2012, de 6 de febrero ),pues "la finalidad de la cosa juzgada es impedir que un mismo litigio se reproduzca indefinidamente" ( sentencia 164/2011, de 21 de marzo )."

A los efectos del presente pleito resulta igualmente relevante lo decidido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2012:

" TERCERO.-.- Motivo primero. Vulneración de lo previsto en el art. 222 de la LEC y jurisprudencia aplicable.

Se desestima el motivo.

Como se deduce de lo transcrito con anterioridad, el demandante instó, en anterior procedimiento (984/2004) el cumplimiento de contrato concertado con la demandada, pidiendo la entrega de tres viviendas con sus garajes y trasteros y el equivalente en dinero, hasta completar el precio y si no era posible, el cumplimiento por equivalencia. En ese primer procedimiento el actor instó la entrega de tres viviendas de menores dimensiones que las acordadas, dado que las pactadas, sabía que habían sido objeto de venta por el demandado. Dicha demanda fue desestimada, dado que se peticionó el cumplimiento de una obligación (tres viviendas) diferentes de las pactadas (dos viviendas). El recurso de apelación no fue interpuesto.

En el procedimiento que ahora analizamos (709/2005) el actor insta el cumplimiento del mismo contrato, pero solicitando la entrega de las dos viviendas pactadas, garajes y trasteros o su cumplimiento equivalente en metálico. (el subrayado es nuestro)

El recurrente alega, esencialmente, que las pretensiones son diferentes, que las sentencias que se puedan derivar de ambos procedimientos pueden convivir en total armonía y que no se ha producido el agotamiento del caso.

Sobre la cosa juzgada tiene declarado esta Sala que la causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora ( sentencia de 3 de mayo de 2000 ) o, dicho de otra forma, por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión ( sentencias de 27 de octubre de 2000 y 15 de noviembre de 2001 ) y que la identidad de la causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven de fundamento y apoyo a la nueva acción ( sentencia de 27 de octubre de 2000 ), por ello no desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse, o el juzgador no los atendió ( sentencias de 30 de julio de 1996 , 3 de mayo de 2000 y 27 de octubre En conclusión, lo que propiamente conforma la "causa petendi" son los hechos decisivos y concretos -también cabe reputarlos relevantes- o los títulos que conforman el derecho reclamado y avalan la tutela judicial que se postula, integrando la razón de pedir.

Aplicada esta doctrina al caso de autos debemos declarar: 1. Las partes son las mismas. 2. En ambos casos se insta el cumplimiento del mismo contrato. 3. En el segundo caso se pretende subsanar lo que la sentencia del Juzgado (984/2004 ) plasmaba como defecto en el planteamiento. 4. En un caso, se pide la entrega de tres viviendas de dimensiones inferiores a las pactadas y en el segundo las dos viviendas pactadas que son de mayores dimensiones que aquellas, siempre con el equivalente en metálico en caso de imposibilidad de cumplimiento.

No es posible entender que estamos ante pretensiones diversas, pues en ambos casos se acciona de cumplimento en base al mismo contrato y pretendiendo igual contraprestación económica, pero variando el objeto entregado (el subrayado es nuestro) .Es más, en el primer procedimiento se entró en el fondo de la cuestión, no pudiendo hablarse de absolución en la instancia, por lo que ese proceso agotó los efectos jurídicos resultantes de la relación litigiosa planteada. Ello no queda contradicho por el ofrecimiento de pago que efectuó la parte demandada entre el primer y segundo proceso, pues ello no deja de ser un intento amistoso de solucionar extrajudicialmente un litigio.

En este sentido el art. 200 de la LEC hay que completarlo e integrarlo en su contenido con el art. 400 de la LEC y por ello es evidente que el demandante pudo articular en el primer procedimiento lo ahora planteado, dado que se trata de la misma causa de pedir y sustentada por los mismos hechos y siempre en base al cumplimiento del mismo contrato.

CUARTO.-. Motivo segundo. Incorrecta aplicación e interpretación del art. 400 LEC y jurisprudencia aplicable.

Se desestima el motivo.

El recurrente entiende que podía reservarse las pretensiones deducibles porque en aquel momento no le pareciera oportuno plantearlas.

En aras a la seguridad jurídica la parte actora no puede iniciar una serie de procedimientos sucesivos contra el mismo demandado, para obtener una respuesta judicial que ya pudo conseguir en un primer procedimiento, por ello el art. 400 LEC estab lece que "los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste ".

En el mismo sentido la Exposición de Motivos de la LEC establece que se "... entiende la cosa juzgada como un instituto de naturaleza esencialmente procesal, dirigido a impedir la repetición indebida de litigios y a procurar, mediante el efecto de vinculación positiva a lo juzgado anteriormente, la armonía de las sentencias que se pronuncien sobre el fondo en asuntos prejudicialmente conexos".

Igualmente ha declarado la Sala que en la esencia de la inmutabilidad de la cosa juzgada está el principio de seguridad jurídica pues la vida jurídica no puede soportar una renovación continua del proceso. El ordenamiento jurídico prefiere el efecto preclusivo de la cosa juzgada como mal menor ante el principio de seguridad jurídica y este efecto preclusivo se da cuando el proceso terminado haya sido susceptible jurídicamente de un agotamiento del caso ( STS de 24 de septiembre de 2003, Rec. núm. 4046/1997 ), por lo que esta Sala ha declarado que para determinar la existencia de la identidad objetiva entre los procesos ha de tomarse en consideración lo deducido en el primer proceso y, además, lo que hubiera podido deducirse en él ( SSTS de 26 de junio de 2006 , 28 de febrero de 2007 , 6 de mayo de 2008 y 17 de junio de 2009, Rec. núm. 2225/2004 ). La cosa juzgada imposibilita replantear indefinidamente un problema ante los Tribunales de Justicia ( STS de 20 de abril de 2010, Rec. núm. 1896/2007 ), la cuestión que ya ha sido examinada y resuelta, ha quedado satisfecha y no existe razón válida para volver a ocuparse de ella ( STS 30 de diciembre de2010, Rec. 1232 de 2007 )"."

A modo de resumen, la doctrina jurisprudencial respecto al artículo 400 de la LEC, se ha pronunciado en Sentencias de 26 de junio de 2012, 21 de marzo y 29 de octubre de 2013, entre otras, indicando como directrices jurisprudenciales "A) La intrínseca entidad material de una acción permanece intacta sean cuales fueren las modalidades extrínsecas adoptadas para su formal articulación procesal ( STS 11 de marzo de 1985 y 25 de mayo de 1995); B) La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora ( STS 3 de mayo de 2000) o dicho de otra forma, por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión ( STS 19 de junio de 2000, y 24 de julio de 2000) o título que sirve de base al derecho reclamado ( STS de 27 de octubre de 2000 y 15 de noviembre de 2001); y C) La identidad de causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirve de fundamento y apoyo a la nueva acción ( STS 27 de octubre de 2000); D) No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgados no los atendió ( STS 30 de julio de 1996, 3 de mayo de 2000 y 27 de octubre de 2000); E) La cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa , después de una demanda donde objetiva y casualmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado ( STS 28 de febrero de 1991 y 30 de julio de 1996), postulados en gran medida postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la LEC. F) El juicio sobre la concurrencia o no de la cosa juzgada ha de inferirse de la relación jurídica controvertida, comparando lo resuelto en el primer pleito con lo pretendido en el segundo ( STS 3 de abril de 1990, 31 de marzo de 1992, 25 de mayo de 1995 y 30 de julio de 1996)".

Finalmente, traemos a colación lo resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21ª), de 21 de julio de 2015, dictada en el recurso núm. 206/14:

"No se discute que la excepción de cosa juzgada en su sentido estricto no es lo que se alegó por la parte; lo que se excepcionó fue la preclusión oponible a la parte actora que pudiendo haber accionado no lo hizo, pese a la conexión entre las acciones ejercitadas; es en definitiva uno de los supuestos en los que el Tribunal Supremo ha venido considerando improcedente esa reserva de acciones hecha por las partes. Porque sin justificación alguna no cabe reproducir los procesos, como se hace en este caso; el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 26 de junio de 2012 de la que fuera Ponente la Sra. Nuria teniendo en cuenta que las acciones no son idénticas, la primera y segunda, sí lo son los hechos o hechos que han determinado una y otra, pero es más, la segunda trae su causa en esa actividad generadora de la acción que se ejercitó. Produciéndose el efecto de la cosa juzgada en este segundo proceso porque al mismo se extiende aunque lo planteado en este proceso (acción impugnatoria), no fue juzgado en el anterior porque no se dedujo pero, eso sí, pudiendo, como se evidencia de la lectura de la demanda, haberlo hecho porque era el efecto o consecuencia del incumplimiento, consecuencia que era querida y ya determinada por el accionante Sr. Pedro Francisco."

En el presente caso, no cabe ninguna duda de que las pretensiones ejercitadas a través de la demanda iniciadora de las presentes actuaciones son accesorias de la acción de cumplimiento contractual que se ejercitó a través del procedimiento seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina, y en este sentido, debemos tener en cuenta que lo que la Ley hace es imponer a la parte un deber que tiene su finalidad en evitar los pleitos encadenados cuando el hecho origen es él mismo, es decir cuando las acciones están en clara conexión como es en este caso la acción de cumplimiento contractual y entrega de la vivienda, y las accesorias obligaciones de entrega de documentos dirigidos a tal entrega; igualmente debemos destacar que este efecto, como cuestión de orden público no precisa ser alegado, y puede ser aplicado de oficio.

No podemos olvidar tampoco, tal como se destaca en la resolución recurrida, que precisamente ante dicho órgano judicial se sigue ejecución forzosa de la repetida Sentencia recaída en aquel procedimiento, y podrá ser en el seno de dicha ejecución donde para llevar a cabo la entrega de la vivienda, tanto en su aspecto material como jurídico, se pueda requerir la entrega de los documentos oportunos para ello, si no estuvieran ya en poder de la parte ejecutante.

A tal efecto, hemos de recordar en relación al ámbito del procedimiento de ejecución, que debe partirse de lo preceptuado en el artículo 18-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que las Sentencias se ejecutarán en sus propios términos; si bien pueden darse numerosas ocasiones en las que por causas fácticas o jurídicas, el fallo no se ejecuta en sus propios términos, bien porque la realidad puede haber sufrido modificaciones durante el tiempo que media entre la interposición de la demanda y la firmeza de la Sentencia, o incluso también en los casos en los que la jurisprudencia ha venido admitiendo que en ejecución de Sentencia se decida sobre extremos que aún no contemplados concretamente en la resolución a ejecutar, sean consecuencia natural e ineludible de la situación jurídica examinada en el litigio, de manera que se huye de un rigor excesivo en la apreciación de la congruencia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1973, 28 de abril de 1981, 28 de mayo de 1984, 5 de noviembre de 1985 y 15 de marzo de 1986, entre otras).

Todos los anteriores extremos llevan a considerar a la Sala que deben desestimarse los motivos analizados, confirmando, por ende, la desestimación de las pretensiones deducidas en el suplico de la demanda en sus puntos 1º (i) y (ii) y 2º.

Restan por examinar los motivos del recurso que se refieren a las pretensiones deducidas en los puntos 3º y 4º del suplico de la demanda referidas al requerimiento para formalizar en un mismo acto, escritura de declaración de obra nueva finalizada, constitución en régimen de propiedad horizontal y extinción del condominio preexistente y adjudicación de fincas, solicitando expresamente que se adjudique a D. Bruno la vivienda DIRECCION000 conforme el fallo de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Toledo, e incluso elevación a público del contrato privado de permuta o aportación, si fuere necesario.

La Sentencia recurrida basa la desestimación de tales pretensiones en la falta de aportación por parte de los demandantes, de informe pericial que detalle los elementos indicados en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, añadiendo que tampoco, salvo respecto a la vivienda DIRECCION000, se concreta a quien deberían adjudicarse las restantes viviendas, ni se indica la cuota de participación de cada vivienda o local. En relación al otorgamiento de la escritura de declaración de obra nueva, se indica en la recurrida, que al ser precisa la escritura de división horizontal, y haberse desestimado, igualmente procede la desestimación de ésta, máxime al no haber tenido por comparecidos a los Sres. Romeo Bruno Begoña Clemente Carlos Manuel, y sin perjuicio de lo que se inste en el procedimiento de ejecución forzosa. Respecto a la elevación a público, caso de ser necesario, del contrato de aportación, señala que ni siquiera se solicita con carácter principal, y que tampoco sería suficiente a efectos de acreditar que se cumplen los requisitos para la división horizontal de la finca.

El recurso que se analiza efectivamente viene a reconocer que estas pretensiones de división horizontal, extinción de condominios y adjudicación de fincas, no pueden ser estimadas sin haber resuelto y estimado la primera pretensión de la demanda, al ser antecedente lógico de la pretensión final; y no podemos estar más de acuerdo con tal afirmación, pero partiendo de la base de que esa primera pretensión -puntos 1º (i) y (ii) y 2º del suplico de la demanda-, no han quedado imprejuzgados, sino que expresamente han sido desestimados en la Sentencia de instancia, decisión confirmada en la presente resolución.

Por otro lado ninguna infracción del artículo 216 de la LEC y de los artículos 396 y 401 del Código Civil se ha producido con la decisión adoptada en la Sentencia recurrida, pues se ha tenido en cuenta la Sentencia firme dictada por esta Sala en el recurso 80/2012, que confirma en cuanto a lo que aquí interesa, la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina, es más remite a la parte, a la propia Ejecución forzosa de dicha Sentencia, que se sigue ante dicho Juzgado, a fin de pretender allí, las cuestiones esgrimidas en este procedimiento. Por lo que se refiere a los allanamientos de parte de los codemandados, es claro que los mismos no pueden vincular al resto de los codemandados, sin perjuicio de que de forma voluntaria, o en el seno de la repetida ejecución forzosa puedan llevar a cabo los actos tendentes a una total y eficaz entrega de la posesión de la vivienda DIRECCION000.

Conforme a lo expuesto, procede la desestimación del resto de los motivos del recurso que han sido analizados.

CUARTO.-Respecto a la última cuestión aducida en el recurso de los demandantes, tras el análisis de lo actuado, procede confirmar la imposición de las costas procesales devengadas en relación a la demanda, a dicha parte demandante, en atención al principio del vencimiento objetivo contenido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues debe concluirse la no existencia de dudas de hecho o de derecho más allá de las habituales en cualquier tipo de litigio, que aconsejaran otra decisión que la adoptada en la instancia.

Así, el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece una regla general en materia de costas, proclamando la vigencia del principio de vencimiento objetivo cuando las pretensiones de una de las partes hayan sido totalmente desestimadas. Junto a este régimen general se fija un criterio excepcional de no imposición cuando concurran serias dudas de hecho o de derecho, único supuesto en el que no será preceptiva la imposición de costas en casos de estimación o desestimación íntegra de la demanda. Para poder aplicar este régimen excepcional es preciso que la parte que ha visto desestimada su pretensión acredite debidamente la existencia de tales dudas de hecho o bien de la propia complejidad jurídica de la materia objeto del procedimiento o en las posiciones encontradas de la jurisprudencia se pueda apreciar las dudas de derecho que justificarían la no imposición de las costas.

Por serias dudas, que es la fórmula empleada por el legislador, debe entenderse aquéllas que resulten trascendentes y relevantes; que lo sean de hecho debería significar que el sustrato fáctico sobre el que versase el litigio no hubiese quedado suficientemente aclarado o que fuere un tanto equívoco, lo que evidentemente no concurre en el presente caso, con independencia de la naturales dudas, sometidas al resultado de la prueba, acerca de la viabilidad o no de las pretensiones de las partes; y que lo sean de derecho ha de significar que las normas aplicables fuesen susceptibles de diversas interpretaciones, que no existiesen pronunciamientos consolidados sobre la materia o que hubiesen mediado divergentes pronunciamientos sobre la materia por parte de distintos tribunales; circunstancias que tampoco concurren en el presente caso.

A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta lo resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2017, recurso 1898/2014:

"Los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen, como criterio general en materia de costas, el principio del vencimiento total, inspirado, como recuerdan las sentencias núm. 597/2006 de 9 junio , 715/2014, de 16 de diciembre , y 40/2015, de 4 febrero , en la regla de que «la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse en contra de quien la tiene». Solo excepcionalmente, en caso de que el tribunal aprecie la concurrencia de «serias dudas de hecho o de derecho», puede no hacer expresa imposición de las costas.

Por tanto, habiendo sido desestimado el recurso de apelación, la consecuencia natural era la imposición de las costas al recurrente en apelación, y solo muy excepcionalmente, si concurrieran a juicio del tribunal sentenciador serias dudas de hecho o de derecho, procedía hacer un pronunciamiento que no impusiera las costas a ninguna de las partes.

3.- En línea con lo expuesto, esta sala ha excluido por lo general la posibilidad de controlar mediante el recurso extraordinario por infracción procesal la condena en costas en caso de vencimiento pleno, por estimación o desestimación total de la demanda, o por desestimación total del recurso. En este sentido, la sentencia núm. 732/2008, de 17 de julio , declaró, y la 40/2015, de 4 febrero reiteró, lo siguiente:

«[...] esta Sala viene declarando reiteradamente, en relación al principio de vencimiento objetivo, que quedan al margen del control casacional los pronunciamientos basados en la apreciación de circunstancias que sirven de excepción a dicha regla, del mismo modo que su no apreciación queda exceptuada del recurso, siendo en uno y en otro caso función de los tribunales de instancia, ajena al ámbito de la casación, no teniendo los mismos obligación de ejercer, ni de motivar por qué no ejercen tal facultad. Así se declara en Sentencia de 11 de mayo de 2007 (rec. núm. 4225/2000 ), que cita las Sentencias de 20 de abril de 1997, en recurso 1766/93 , 1 de octubre de 1997, en recurso 2427/93 , 24 de noviembre de 1998, en recurso 1979/94 , y 20 de septiembre de 2000, en recurso 2948/95 ».

En el presente caso tampoco se considera que exista ninguna duda, pues las resoluciones puestas de manifiesto resuelven el caso concreto sometido a su decisión, con las peculiaridades propias del asunto, y tras el análisis de los medios de prueba específicos practicados y valorados, no pudiendo ser trasladables sin más, sus conclusiones, al presente caso, y menos aun, considerar la existencia de pronunciamientos contradictorios que puedan basar la existencia de las dudas exigibles para la no imposición de costas, procediendo, por lo tanto, el rechazo del motivo del recurso analizado.

Todo lo anterior, determina a la postre, la desestimación del recurso, confirmando la Sentencia recurrida.

QUINTO.-En relación a las costas de ambos recursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento civil, las costas de esta alzada han de imponerse a las respectivas partes apelantes.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,