Sentencia Civil 202/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Toledo nº 2, Rec. 274/2025 de 15 de octubre del 2025

PRIMERO. -Recurre en apelación D. Lucio la sentencia del juzgado de instancia que estimó parcialmente su demanda de modificación de medidas de la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de 17 de julio de 2018, y por la que pretendía la supresión de la pensión de alimentos establecida en aquella a favor del hijo común, por importe de 200 euros mensuales; y la extinción de la pensión compensatoria establecida en aquella por importe de 500 euros mensuales a cargo de D. Lucio y a favor de Dña. Amalia, o, subsidiariamente, la reducción de su importe a la suma de 100 euros mensuales y limitada en el tiempo hasta que aquella encuentre trabajo o se produzca su jubilación.

La sentencia recurrida declara extinguida la pensión alimenticia establecida a favor del hijo común mayor de edad, al constar acreditado que éste viene desarrollando actividad laboral más estable desde 2021 y cuenta con independencia económica, determinando que los efectos de dicha extinción lo serán desde la fecha de la Sentencia.

Y acuerda reducir la pensión compensatoria establecida a favor de Dña. Amalia a la suma de 350 euros mensuales.

El apelante se alza contra el pronunciamiento relativo al momento a partir del cual producirá efectos la extinción de la pensión por alimentos, interesando la retroacción de los mismos al momento de presentación de la demanda (25/03/2021). Así como respecto al referido a la reducción de la pensión compensatoria, interesando su revocación a fin de que se declare la extinción de dicha pensión o subsidiariamente se reduzca su importe a 100 euros mensuales. Alegando, en cuanto al primer pronunciamiento infracción del principio de congruencia e infracción del artículo 7 del CC en relación con el 24 de la CE; y, en cuanto al segundo pronunciamiento, error en la valoración de la prueba e infracción de los artículos 97 y 101 del CC. Considera el recurrente que ha existido un cambio sustancial de las circunstancias económicas y laborales de Dña. Amalia, quien al tiempo del dictado de la sentencia de divorcio realizaba trabajos esporádicos de un día a la semana en una tienda y una o dos veces al mes ayudando en una peluquería; y sin embargo en la actualidad y desde hace algunos años viene concatenando contratos de trabajo en el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros y en el Servicio de Salud de Castilla la Mancha, alternando dichos trabajos temporales con periodos de cobro del subsidio de desempleo para mayores de 52 años; aparte de ello cuenta con bienes inmuebles; por lo que cuenta con ingresos propios estables y suficientes para subvenir sus necesidades.

La parte apelada impugna el recurso y pide la confirmación de la sentencia de la instancia.

SEGUNDO:Comenzando por el primer motivo del recurso, relativo al momento en el que la extinción de la pensión de alimentos ha de comenzar a surtir efectos, la sentencia de instancia, tras referir la doctrina jurisprudencial sobre esta materia, rechaza retrotraer los efectos de la extinción al momento de interposición de la demanda en aplicación del principio de congruencia. Refiriendo que la petición de retroacción de efectos al momento de interposición de la demanda es una cuestión que no fue deducida oportunamente por la parte actora en la demanda, sino que fue introducida extemporáneamente en fase de conclusiones, lo que impide que pueda ser tenida en cuenta.

En el recurso se alude a que el procedimiento se ha demorado en su tramitación por causas ajenas a la parte, habiendo quedado constatado que desde 2020 el hijo cuenta con ingresos propios y es independiente económicamente. Así como que la demanda se allanó a la pretensión de extinción de la pensión. Por lo que la sentencia es incongruente en cuanto a este pronunciamiento; aludiéndose también a la doctrina del abuso de derecho.

El motivo del recurso no puede tener favorable acogida.

En primer lugar, conviene recordar que el deber de congruencia y motivación de las sentencias viene establecido en el art. 218 LEC , vinculándose la figura de la congruencia con las pretensiones ejercitadas en una causa pudiéndose citar al respecto la STS 37/2021 de 1 de febrero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:291 ) según la que: "La congruencia exige la necesaria correlación entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir ( sentencias 698/2017, de 21 de diciembre ; 233/2019, de 23 de abril ; 640/2019, de 26 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 313/2020, de 17 de junio , 526/2020, de 14 de octubre , entre otras); desde esta perspectiva, la sentencia debe ser la respuesta que dan los juzgadores a las pretensiones introducidas por el actor en el escrito rector del proceso, conjuntamente con las que merecen las excepciones y resistencias opuestas por el demandado.

Una sentencia es pues incongruente, como ha recordado reiteradamente esta Sala (por todas las sentencias 604/2019, de 12 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 267/2020, de 9 de junio o 526/2020, de 14 de octubre ), si concede más de lo pedido ( ultra petita); se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ( extra petita); se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ( citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita de la pretensión deducida; por el contrario, es perfectamente válido que dé menos de lo pedido ( infra petitum), lo que no constituye infracción de incongruencia, salvo que diera menos de lo admitido por la contraparte."

Debe recordarse que conforme a lo establecido en el artículo 410 de la LEC, la litispendencia, que despliega sus efectos desde la presentación de la demanda si después es admitida, supone que la situación procesal que afecta a los sujetos y al objeto del proceso ha de ser mantenida con carácter general en sus propios términos hasta su terminación, e implica la prohibición de introducir hechos o pretensiones nuevas en el debate tras la demanda y contestación. En dicho momento ha de quedar determinada tanto la jurisdicción y la competencia del órgano judicial para conocer del juicio, que no se puede ver alterada por las modificaciones que puedan producirse durante la tramitación, entendida como "perpetuatio jurisdictions" .- art 411 LEC. - en cuanto el objeto del proceso ("perpetuatio actionis"), entendido como la concreta tutela jurisdiccional que se pretende, integrada por el "petitum" y "causa petendi" que queda fijada de modo definitivo en el periodo expositivo, con la demanda y la contestación, o en su caso, con la reconvención y contestación a esta.- sin posibilidad de variación posterior, que viene proscrita por el principio de inmutabilidad del proceso sancionado en el artículo 412 de la LEC: "establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente"; con las únicas excepciones contempladas en el precepto relativas a la formulación de alegaciones complementarias, aclaraciones o rectificaciones secundarias.- interesadas de oficio o a instancia de parte.- peticiones accesorias o la aportación de documentos que a tal fin prevé el artículo 426 LEC, siempre que con ello no se alteren de forma sustancial las pretensiones de los litigantes o los fundamentos en que se apoyen, expuestos en la fase de alegaciones; y todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de innovación de hachos nuevos o de nueva noticia que prevé el artículo 286 LEC.

La anterior doctrina cobra toda su importancia en el presente caso, puesto que como bien dice la sentencia recurrida, la pretensión del actor de retrotraer los efectos de la extinción de la pensión de alimentos al momento de interponer la demanda no fue oportunamente deducida por él en aquella, sino que dicha pretensión fue deducida por primera vez al momento de formular conclusiones, por lo que dicha petición resultaba claramente extemporánea y su consecuencia es que no podía ser tenida en cuenta. Y si ello es así en primera instancia, con mayor motivo lo es su introducción en fase de recurso y con el objeto de combatir los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia. Pues como refiere el Tribunal Constitucional en la STC 212/2000, de 18 de septiembre:

" [...] en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, con algunas salvedades en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos, como una revisio prioris instantiae , en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius , y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación(tantum devolutum quantum appellatum)" .

Doctrina que ha tenido reflejo normativo en el artículo 456 de la LEC: "en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de instancia...".

Razón por la cual el motivo ha de ser desestimado.

Pero es que además, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo anterior, tampoco cabe olvidar que, atendiendo al carácter consumible de los alimentos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este particular viene fijada en sentencias nº 162/2014, de 26 de marzo, o nº 483/2017, de 20 de julio, entre otras, y conforme a ella "cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente".

Señalando a tal efecto que no es lo mismo la prestación alimenticia inicialmente señalada, sea provisional o definitiva, cuyos efectos se producen desde el momento antes señalado, que las modificaciones posteriores solicitadas por alteración de las circunstancias llamadas a influir en su cuantía, en cuyo caso las cuantías establecidas siguen vigentes hasta que sean sustituidas por la Sentencia dictada en modificación.

Y si bien en ocasiones se ha reconocido el efecto retroactivo de la modificación de la pensión de alimentos (por ejemplo, en la sentencia nº 147/2019, de 12 de marzo), ello ha venido determinado por la concurrencia de circunstancias especiales en las que el progenitor que ha venido percibiendo la pensión dejó de estar legitimado para percibir la pensión alimenticia, al amparo del art. 93.2 CC, por haber desaparecido los condicionantes fácticos en orden a su subsistencia. Esto es, supuestos en los que los alimentos no habían sido consumidos por los hijos al haber dejado aquellos de convivir con el progenitor perceptor de la pensión. Ninguna de estas circunstancias excepcionales se ha acreditado por la parte en este procedimiento.

TERCERO:Abordaremos a continuación el recurso relativo al pronunciamiento sobre la pensión compensatoria:

Sobre la posibilidad de modificación de las medidas acordadas en sentencias matrimoniales o relaciones de hecho por las que se han de regir las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges o progenitores e hijos el Tribunal Supremo, en STS de 24 de mayo de 2016, mantiene: "debemos declarar que el art. 90.3 del C. Civil ,en su última redacción establece que:

"3. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código".

En relación a la pensión compensatoria la doctrina de la sala tiene sentado (sentencia 446/2013, de 20 de junio, rec. 876/2011 y 641/2013, de 24 de octubre, rec. 2159/2012 )que:

"Las condiciones que llevaron al nacimiento del derecho a la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del tiempo. Constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas- alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores ( artículo 100 CC )o la convivencia del perceptor con una nueva pareja o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho ( artículo 101 CC ).Cuando ello ocurra, el obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han dejado de existir, total o parcialmente ( SSTS 27 de octubre 2011 , 20 de junio 2013 ).Es el cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, el mismo que también puede convertir una pensión vitalicia en temporal, tanto porque lo autoriza el artículo 100 del CC ,como porque la normativa legal no configura, con carácter necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida - vitalicio-". Con arreglo a esta doctrina nada obsta a que, habiéndose establecido una pensión compensatoria, pueda ocurrir una alteración de las circunstancias que puedan justificar la modificación de la medida. Pero para ello, por la vía de los arts. 100 y 101 CC ,será necesario que se acredite el supuesto previsto en ellos, esto es, una alteración sobrevenida de las circunstancias anteriores ( STS de 19 de mayo de 2015, rec. 507/20114 ).

Y la STS 55/2017, de 27 de enero ,establece que:

"La Sala, y cualquiera que sea la duración de la pensión ( STS de 19 de mayo de 2015, rec. 507/2014 ) ha considerado ( STS de 23 de octubre de 2012 y las en ellas citadas) que: "Por lo que se refiere a su extinción posterior, esta sala (SSTS de 3 de octubre 2008, rec. 2727/2004 ,y 27 de junio de 2011, rec. 599/2009 )consideró, en síntesis, que cualquiera que sea la duración de la pensión "nada obsta a que habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada", lo que deja expedita la vía de los artículos 100 y 101 CC ,siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del supuesto de hecho previsto en dichas normas".

Finalmente, la STS 358/22 de 31 de enero, recuerda que "Precisa la jurisprudencia que, aun cuando en un sentido amplio, cabe entender por "modificación" cualquier alteración que sufran las establecidas por la sentencia que las fija, en un sentido estricto se ha de distinguir entre la simple modificación y la extinción de la medida por haber perdido su razón de ser, como ocurre en el caso de la extinción de la pensión compensatoria. Tal extinción se produce por las causas establecidas en el artículo 101 CC ,mientras que a su modificación se refiere el artículo 100, y son: el cese de la causa que determinó su establecimiento, el hecho de contraer el acreedor nuevo matrimonio o de vivir maritalmente con otra persona, lo que se equipara a la situación anterior ( STS 453/2018, de 18 de julio ,citada por STS 676/2019, de 17 de diciembre ).

Por tanto la razón de ser del proceso de modificación de medidas es la realización de un juicio comparativo entre dos momentos (el de la sentencia que fija las medidas y el de la demanda en que se pide su modificación, o hecho posterior introducido al amparo del artículo 752.1 de la LEC) quedando fuera de su objeto todas las pretensiones que tiendan a una nueva valoración sobre si las medidas adoptadas en su día son o no ajustadas a derecho o a las circunstancias entonces concurrentes, pues tal finalidad convertiría este proceso en una tercera instancia vulnerando el principio de cosa juzgada.

CUARTO:En la demanda interesaba el apelante la extinción de la pensión compensatoria establecida en la sentencia de divorcio a favor de la esposa (por importe de 500 euros) o subsidiariamente su reducción fijándose la misma en 100 euros mensuales hasta que Dña. Amalia encontrara un trabajo o alcanzara la jubilación.

La sentencia de instancia estima parcialmente esta pretensión y acuerda reducir el importe de la pensión compensatoria a la suma de 350 euros mensuales, sin limitación en el tiempo.

Para resolver el motivo debemos partir de la situación existente al momento del dictado de la sentencia de divorcio que estableció la pensión y los términos en los que la misma fue establecida.

Según se recoge en la sentencia de divorcio dictada el 17 de julio de 2018 (que aprobó las medidas acordadas por los cónyuges) se establece a favor de la esposa una pensión compensatoria por importe de 500 euros mensuales actualizable conforme al IPC. Según se dice en la sentencia dicha pensión "se mantendrá mientras que Amalia no tenga trabajo fijo y no viva con ningún hombre realizando vida marital. A tal efecto se hace constar que ahora realiza trabajos esporádicos de un día a la semana en una tienda y una o dos veces al mes ayuda en una peluquería de Villafranca de los Caballeros. Si cambiase su situación y tuviera y tuviera trabajos por periodos mayores de tiempo, como por ejemplo contratos por meses, durante los meses que esté trabajando Amalia, Lucio no tendrá obligación de pasarle la pensión compensatoria referida, volviendo a generarse el derecho en caso de fin del contrato laboral de Amalia por el motivo que sea".

La Juez de instancia considera acreditado que la situación económica del esposo ha empeorado puesto que el mismo ha visto disminuido sus ingresos respecto a los que percibía al momento del dictado de la sentencia de divorcio, importando dicha disminución unos 1.850 euros al año. Y es en atención a esa disminución de ingresos en virtud de lo que acuerda reducir el importe de la pensión compensatoria.

Considera sin embargo que la situación de la esposa no ha variado sustancialmente desde que se dictó la sentencia, y ello pese a reconocer que Dña. Amalia ha venido percibiendo desde el 25 de enero de 2020 un subsidio por desempleo para mayores de 52 años por importe de 480 euros mensuales; así como que, según se desprende de la información patrimonial efectuada, la misma ha venido alternando la percepción de ese subsidio con la percepción de salarios por el desempeño de actividades laborales temporales que en ningún caso han superado los tres meses.

Esta Sala no comparte esta última apreciación. Según se desprende de la información patrimonial obrante en autos, en particular de la relativa a la vida laboral de Dña. Amalia, consta que Dña. Amalia estuvo dada de alta prestando servicios para Oncenero Geriátricos, S.L. desde el 01/10/2019 hasta el 15 de enero de 2020 (situación 20); tras lo cual se le reconoció una prestación- subsidio por desempleo para mayores de 52 años, por importe de 480 euros mensuales, con efectos desde el 25 de enero de 2020, percibiendo la misma de forma ininterrumpida hasta el 23/09/2021 (situación 19); que desde el 24/09/2021 hasta el 25/03/2022 estuvo prestando servicios para el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (situación 18), tras lo cual volvió a percibir el subsidio de desempleo para mayores de 52 años hasta el 20/06/2022 (situación 17); volviendo a estar en situación de alta laboral desde el 21/06/2022 hasta el 20/10/2022, prestando servicios para el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (situación 16 Y 15 ); pasando a cobrar nuevamente el subsidio por desempleo a partir del 21/10/2022 hasta el 06/12/2023 (situación 14 y 13), volviendo a incorporarse a la actividad laboral el 7/12/2023 (nuevamente para el servicio de Salud de Castilla La Mancha), realizando dicha actividad de forma discontinua hasta el 05/01/2024 (situación 12 a 7), percibiendo nuevamente la prestación por desempleo desde el día 06/01/2024 hasta el 14/01/2024 (situación 6) y reincorporándose nuevamente a la actividad laboral para el Servicio de salud de Castilla la Mancha el día 15/01/2024 hasta el día 01/02/2024 (situación 5 y 4). La información se emitió a fecha 20/03/2024. Aparte de ello consta que sus saldos en cuentas bancarias se han ido incrementando en los últimos años.

A la vista de lo anterior, si bien es cierto que la actividad laboral desempeñada por la demandada sigue siendo de carácter temporal, no puede desconocerse que los diferentes contratos temporales se suceden en el tiempo sin apenas situación de continuidad y en los periodos en los que ello no es así, se percibe el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Tampoco puede desconocerse que según se desprende de la información referenciada la demandada cuenta con 23 años de vida laboral.

En estas circunstancias, no podemos compartir que no se haya producido modificación en la situación de la demandada respecto a la existente al tiempo del dictado de la sentencia de divorcio. Por el contrario, observamos que la demandada ha venido desarrollando una actividad laboral que presenta condiciones de estabilidad y durabilidad superiores a la existente en aquella época y que lleva aparejada, en toda lógica, una mejor situación económica. Así las cosas, esta Sala estima que, aunque no proceda la extinción de la pensión a día de la fecha por razón del carácter temporal de dicha actividad laboral, si considere procedente acceder a la petición de reducción del importe de la pensión a la suma de 100 euros mensuales. Así como igualmente, en atención a vida laboral de la demandada que hace presumir que la misma pueda tener derecho a una prestación por jubilación, limitar temporalmente el percibo de la pensión compensatoria hasta que la demandada alcance la edad de jubilación, momento en que quedará extinguida; salvo que alcanzada dicha edad, la demandada acredite debidamente que no tiene derecho al percibo de prestación alguna.

Todo ello sin perjuicio de las consecuencias que la situación anteriormente descrita pueda tener a efectos de la procedencia de la reclamación del pago de dicha pensión durante los periodos en los que ha venido desarrollando actividad laboral (dados los términos de la sentencia de divorcio), cuestión ésta que habrá de hacerse valer, en su caso, en trámite de ejecución de sentencia.

QUINTO:En cuanto a las costas del recurso de apelación no procede hacer expresa imposición de las mismas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO. -Recurre en apelación D. Lucio la sentencia del juzgado de instancia que estimó parcialmente su demanda de modificación de medidas de la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de 17 de julio de 2018, y por la que pretendía la supresión de la pensión de alimentos establecida en aquella a favor del hijo común, por importe de 200 euros mensuales; y la extinción de la pensión compensatoria establecida en aquella por importe de 500 euros mensuales a cargo de D. Lucio y a favor de Dña. Amalia, o, subsidiariamente, la reducción de su importe a la suma de 100 euros mensuales y limitada en el tiempo hasta que aquella encuentre trabajo o se produzca su jubilación.

La sentencia recurrida declara extinguida la pensión alimenticia establecida a favor del hijo común mayor de edad, al constar acreditado que éste viene desarrollando actividad laboral más estable desde 2021 y cuenta con independencia económica, determinando que los efectos de dicha extinción lo serán desde la fecha de la Sentencia.

Y acuerda reducir la pensión compensatoria establecida a favor de Dña. Amalia a la suma de 350 euros mensuales.

El apelante se alza contra el pronunciamiento relativo al momento a partir del cual producirá efectos la extinción de la pensión por alimentos, interesando la retroacción de los mismos al momento de presentación de la demanda (25/03/2021). Así como respecto al referido a la reducción de la pensión compensatoria, interesando su revocación a fin de que se declare la extinción de dicha pensión o subsidiariamente se reduzca su importe a 100 euros mensuales. Alegando, en cuanto al primer pronunciamiento infracción del principio de congruencia e infracción del artículo 7 del CC en relación con el 24 de la CE; y, en cuanto al segundo pronunciamiento, error en la valoración de la prueba e infracción de los artículos 97 y 101 del CC. Considera el recurrente que ha existido un cambio sustancial de las circunstancias económicas y laborales de Dña. Amalia, quien al tiempo del dictado de la sentencia de divorcio realizaba trabajos esporádicos de un día a la semana en una tienda y una o dos veces al mes ayudando en una peluquería; y sin embargo en la actualidad y desde hace algunos años viene concatenando contratos de trabajo en el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros y en el Servicio de Salud de Castilla la Mancha, alternando dichos trabajos temporales con periodos de cobro del subsidio de desempleo para mayores de 52 años; aparte de ello cuenta con bienes inmuebles; por lo que cuenta con ingresos propios estables y suficientes para subvenir sus necesidades.

La parte apelada impugna el recurso y pide la confirmación de la sentencia de la instancia.

SEGUNDO:Comenzando por el primer motivo del recurso, relativo al momento en el que la extinción de la pensión de alimentos ha de comenzar a surtir efectos, la sentencia de instancia, tras referir la doctrina jurisprudencial sobre esta materia, rechaza retrotraer los efectos de la extinción al momento de interposición de la demanda en aplicación del principio de congruencia. Refiriendo que la petición de retroacción de efectos al momento de interposición de la demanda es una cuestión que no fue deducida oportunamente por la parte actora en la demanda, sino que fue introducida extemporáneamente en fase de conclusiones, lo que impide que pueda ser tenida en cuenta.

En el recurso se alude a que el procedimiento se ha demorado en su tramitación por causas ajenas a la parte, habiendo quedado constatado que desde 2020 el hijo cuenta con ingresos propios y es independiente económicamente. Así como que la demanda se allanó a la pretensión de extinción de la pensión. Por lo que la sentencia es incongruente en cuanto a este pronunciamiento; aludiéndose también a la doctrina del abuso de derecho.

El motivo del recurso no puede tener favorable acogida.

En primer lugar, conviene recordar que el deber de congruencia y motivación de las sentencias viene establecido en el art. 218 LEC , vinculándose la figura de la congruencia con las pretensiones ejercitadas en una causa pudiéndose citar al respecto la STS 37/2021 de 1 de febrero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:291 ) según la que: "La congruencia exige la necesaria correlación entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir ( sentencias 698/2017, de 21 de diciembre ; 233/2019, de 23 de abril ; 640/2019, de 26 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 313/2020, de 17 de junio , 526/2020, de 14 de octubre , entre otras); desde esta perspectiva, la sentencia debe ser la respuesta que dan los juzgadores a las pretensiones introducidas por el actor en el escrito rector del proceso, conjuntamente con las que merecen las excepciones y resistencias opuestas por el demandado.

Una sentencia es pues incongruente, como ha recordado reiteradamente esta Sala (por todas las sentencias 604/2019, de 12 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 267/2020, de 9 de junio o 526/2020, de 14 de octubre ), si concede más de lo pedido ( ultra petita); se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ( extra petita); se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ( citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita de la pretensión deducida; por el contrario, es perfectamente válido que dé menos de lo pedido ( infra petitum), lo que no constituye infracción de incongruencia, salvo que diera menos de lo admitido por la contraparte."

Debe recordarse que conforme a lo establecido en el artículo 410 de la LEC, la litispendencia, que despliega sus efectos desde la presentación de la demanda si después es admitida, supone que la situación procesal que afecta a los sujetos y al objeto del proceso ha de ser mantenida con carácter general en sus propios términos hasta su terminación, e implica la prohibición de introducir hechos o pretensiones nuevas en el debate tras la demanda y contestación. En dicho momento ha de quedar determinada tanto la jurisdicción y la competencia del órgano judicial para conocer del juicio, que no se puede ver alterada por las modificaciones que puedan producirse durante la tramitación, entendida como "perpetuatio jurisdictions" .- art 411 LEC. - en cuanto el objeto del proceso ("perpetuatio actionis"), entendido como la concreta tutela jurisdiccional que se pretende, integrada por el "petitum" y "causa petendi" que queda fijada de modo definitivo en el periodo expositivo, con la demanda y la contestación, o en su caso, con la reconvención y contestación a esta.- sin posibilidad de variación posterior, que viene proscrita por el principio de inmutabilidad del proceso sancionado en el artículo 412 de la LEC: "establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente"; con las únicas excepciones contempladas en el precepto relativas a la formulación de alegaciones complementarias, aclaraciones o rectificaciones secundarias.- interesadas de oficio o a instancia de parte.- peticiones accesorias o la aportación de documentos que a tal fin prevé el artículo 426 LEC, siempre que con ello no se alteren de forma sustancial las pretensiones de los litigantes o los fundamentos en que se apoyen, expuestos en la fase de alegaciones; y todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de innovación de hachos nuevos o de nueva noticia que prevé el artículo 286 LEC.

La anterior doctrina cobra toda su importancia en el presente caso, puesto que como bien dice la sentencia recurrida, la pretensión del actor de retrotraer los efectos de la extinción de la pensión de alimentos al momento de interponer la demanda no fue oportunamente deducida por él en aquella, sino que dicha pretensión fue deducida por primera vez al momento de formular conclusiones, por lo que dicha petición resultaba claramente extemporánea y su consecuencia es que no podía ser tenida en cuenta. Y si ello es así en primera instancia, con mayor motivo lo es su introducción en fase de recurso y con el objeto de combatir los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia. Pues como refiere el Tribunal Constitucional en la STC 212/2000, de 18 de septiembre:

" [...] en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, con algunas salvedades en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos, como una revisio prioris instantiae , en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius , y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación(tantum devolutum quantum appellatum)" .

Doctrina que ha tenido reflejo normativo en el artículo 456 de la LEC: "en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de instancia...".

Razón por la cual el motivo ha de ser desestimado.

Pero es que además, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo anterior, tampoco cabe olvidar que, atendiendo al carácter consumible de los alimentos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este particular viene fijada en sentencias nº 162/2014, de 26 de marzo, o nº 483/2017, de 20 de julio, entre otras, y conforme a ella "cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente".

Señalando a tal efecto que no es lo mismo la prestación alimenticia inicialmente señalada, sea provisional o definitiva, cuyos efectos se producen desde el momento antes señalado, que las modificaciones posteriores solicitadas por alteración de las circunstancias llamadas a influir en su cuantía, en cuyo caso las cuantías establecidas siguen vigentes hasta que sean sustituidas por la Sentencia dictada en modificación.

Y si bien en ocasiones se ha reconocido el efecto retroactivo de la modificación de la pensión de alimentos (por ejemplo, en la sentencia nº 147/2019, de 12 de marzo), ello ha venido determinado por la concurrencia de circunstancias especiales en las que el progenitor que ha venido percibiendo la pensión dejó de estar legitimado para percibir la pensión alimenticia, al amparo del art. 93.2 CC, por haber desaparecido los condicionantes fácticos en orden a su subsistencia. Esto es, supuestos en los que los alimentos no habían sido consumidos por los hijos al haber dejado aquellos de convivir con el progenitor perceptor de la pensión. Ninguna de estas circunstancias excepcionales se ha acreditado por la parte en este procedimiento.

TERCERO:Abordaremos a continuación el recurso relativo al pronunciamiento sobre la pensión compensatoria:

Sobre la posibilidad de modificación de las medidas acordadas en sentencias matrimoniales o relaciones de hecho por las que se han de regir las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges o progenitores e hijos el Tribunal Supremo, en STS de 24 de mayo de 2016, mantiene: "debemos declarar que el art. 90.3 del C. Civil ,en su última redacción establece que:

"3. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código".

En relación a la pensión compensatoria la doctrina de la sala tiene sentado (sentencia 446/2013, de 20 de junio, rec. 876/2011 y 641/2013, de 24 de octubre, rec. 2159/2012 )que:

"Las condiciones que llevaron al nacimiento del derecho a la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del tiempo. Constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas- alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores ( artículo 100 CC )o la convivencia del perceptor con una nueva pareja o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho ( artículo 101 CC ).Cuando ello ocurra, el obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han dejado de existir, total o parcialmente ( SSTS 27 de octubre 2011 , 20 de junio 2013 ).Es el cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, el mismo que también puede convertir una pensión vitalicia en temporal, tanto porque lo autoriza el artículo 100 del CC ,como porque la normativa legal no configura, con carácter necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida - vitalicio-". Con arreglo a esta doctrina nada obsta a que, habiéndose establecido una pensión compensatoria, pueda ocurrir una alteración de las circunstancias que puedan justificar la modificación de la medida. Pero para ello, por la vía de los arts. 100 y 101 CC ,será necesario que se acredite el supuesto previsto en ellos, esto es, una alteración sobrevenida de las circunstancias anteriores ( STS de 19 de mayo de 2015, rec. 507/20114 ).

Y la STS 55/2017, de 27 de enero ,establece que:

"La Sala, y cualquiera que sea la duración de la pensión ( STS de 19 de mayo de 2015, rec. 507/2014 ) ha considerado ( STS de 23 de octubre de 2012 y las en ellas citadas) que: "Por lo que se refiere a su extinción posterior, esta sala (SSTS de 3 de octubre 2008, rec. 2727/2004 ,y 27 de junio de 2011, rec. 599/2009 )consideró, en síntesis, que cualquiera que sea la duración de la pensión "nada obsta a que habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada", lo que deja expedita la vía de los artículos 100 y 101 CC ,siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del supuesto de hecho previsto en dichas normas".

Finalmente, la STS 358/22 de 31 de enero, recuerda que "Precisa la jurisprudencia que, aun cuando en un sentido amplio, cabe entender por "modificación" cualquier alteración que sufran las establecidas por la sentencia que las fija, en un sentido estricto se ha de distinguir entre la simple modificación y la extinción de la medida por haber perdido su razón de ser, como ocurre en el caso de la extinción de la pensión compensatoria. Tal extinción se produce por las causas establecidas en el artículo 101 CC ,mientras que a su modificación se refiere el artículo 100, y son: el cese de la causa que determinó su establecimiento, el hecho de contraer el acreedor nuevo matrimonio o de vivir maritalmente con otra persona, lo que se equipara a la situación anterior ( STS 453/2018, de 18 de julio ,citada por STS 676/2019, de 17 de diciembre ).

Por tanto la razón de ser del proceso de modificación de medidas es la realización de un juicio comparativo entre dos momentos (el de la sentencia que fija las medidas y el de la demanda en que se pide su modificación, o hecho posterior introducido al amparo del artículo 752.1 de la LEC) quedando fuera de su objeto todas las pretensiones que tiendan a una nueva valoración sobre si las medidas adoptadas en su día son o no ajustadas a derecho o a las circunstancias entonces concurrentes, pues tal finalidad convertiría este proceso en una tercera instancia vulnerando el principio de cosa juzgada.

CUARTO:En la demanda interesaba el apelante la extinción de la pensión compensatoria establecida en la sentencia de divorcio a favor de la esposa (por importe de 500 euros) o subsidiariamente su reducción fijándose la misma en 100 euros mensuales hasta que Dña. Amalia encontrara un trabajo o alcanzara la jubilación.

La sentencia de instancia estima parcialmente esta pretensión y acuerda reducir el importe de la pensión compensatoria a la suma de 350 euros mensuales, sin limitación en el tiempo.

Para resolver el motivo debemos partir de la situación existente al momento del dictado de la sentencia de divorcio que estableció la pensión y los términos en los que la misma fue establecida.

Según se recoge en la sentencia de divorcio dictada el 17 de julio de 2018 (que aprobó las medidas acordadas por los cónyuges) se establece a favor de la esposa una pensión compensatoria por importe de 500 euros mensuales actualizable conforme al IPC. Según se dice en la sentencia dicha pensión "se mantendrá mientras que Amalia no tenga trabajo fijo y no viva con ningún hombre realizando vida marital. A tal efecto se hace constar que ahora realiza trabajos esporádicos de un día a la semana en una tienda y una o dos veces al mes ayuda en una peluquería de Villafranca de los Caballeros. Si cambiase su situación y tuviera y tuviera trabajos por periodos mayores de tiempo, como por ejemplo contratos por meses, durante los meses que esté trabajando Amalia, Lucio no tendrá obligación de pasarle la pensión compensatoria referida, volviendo a generarse el derecho en caso de fin del contrato laboral de Amalia por el motivo que sea".

La Juez de instancia considera acreditado que la situación económica del esposo ha empeorado puesto que el mismo ha visto disminuido sus ingresos respecto a los que percibía al momento del dictado de la sentencia de divorcio, importando dicha disminución unos 1.850 euros al año. Y es en atención a esa disminución de ingresos en virtud de lo que acuerda reducir el importe de la pensión compensatoria.

Considera sin embargo que la situación de la esposa no ha variado sustancialmente desde que se dictó la sentencia, y ello pese a reconocer que Dña. Amalia ha venido percibiendo desde el 25 de enero de 2020 un subsidio por desempleo para mayores de 52 años por importe de 480 euros mensuales; así como que, según se desprende de la información patrimonial efectuada, la misma ha venido alternando la percepción de ese subsidio con la percepción de salarios por el desempeño de actividades laborales temporales que en ningún caso han superado los tres meses.

Esta Sala no comparte esta última apreciación. Según se desprende de la información patrimonial obrante en autos, en particular de la relativa a la vida laboral de Dña. Amalia, consta que Dña. Amalia estuvo dada de alta prestando servicios para Oncenero Geriátricos, S.L. desde el 01/10/2019 hasta el 15 de enero de 2020 (situación 20); tras lo cual se le reconoció una prestación- subsidio por desempleo para mayores de 52 años, por importe de 480 euros mensuales, con efectos desde el 25 de enero de 2020, percibiendo la misma de forma ininterrumpida hasta el 23/09/2021 (situación 19); que desde el 24/09/2021 hasta el 25/03/2022 estuvo prestando servicios para el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (situación 18), tras lo cual volvió a percibir el subsidio de desempleo para mayores de 52 años hasta el 20/06/2022 (situación 17); volviendo a estar en situación de alta laboral desde el 21/06/2022 hasta el 20/10/2022, prestando servicios para el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (situación 16 Y 15 ); pasando a cobrar nuevamente el subsidio por desempleo a partir del 21/10/2022 hasta el 06/12/2023 (situación 14 y 13), volviendo a incorporarse a la actividad laboral el 7/12/2023 (nuevamente para el servicio de Salud de Castilla La Mancha), realizando dicha actividad de forma discontinua hasta el 05/01/2024 (situación 12 a 7), percibiendo nuevamente la prestación por desempleo desde el día 06/01/2024 hasta el 14/01/2024 (situación 6) y reincorporándose nuevamente a la actividad laboral para el Servicio de salud de Castilla la Mancha el día 15/01/2024 hasta el día 01/02/2024 (situación 5 y 4). La información se emitió a fecha 20/03/2024. Aparte de ello consta que sus saldos en cuentas bancarias se han ido incrementando en los últimos años.

A la vista de lo anterior, si bien es cierto que la actividad laboral desempeñada por la demandada sigue siendo de carácter temporal, no puede desconocerse que los diferentes contratos temporales se suceden en el tiempo sin apenas situación de continuidad y en los periodos en los que ello no es así, se percibe el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Tampoco puede desconocerse que según se desprende de la información referenciada la demandada cuenta con 23 años de vida laboral.

En estas circunstancias, no podemos compartir que no se haya producido modificación en la situación de la demandada respecto a la existente al tiempo del dictado de la sentencia de divorcio. Por el contrario, observamos que la demandada ha venido desarrollando una actividad laboral que presenta condiciones de estabilidad y durabilidad superiores a la existente en aquella época y que lleva aparejada, en toda lógica, una mejor situación económica. Así las cosas, esta Sala estima que, aunque no proceda la extinción de la pensión a día de la fecha por razón del carácter temporal de dicha actividad laboral, si considere procedente acceder a la petición de reducción del importe de la pensión a la suma de 100 euros mensuales. Así como igualmente, en atención a vida laboral de la demandada que hace presumir que la misma pueda tener derecho a una prestación por jubilación, limitar temporalmente el percibo de la pensión compensatoria hasta que la demandada alcance la edad de jubilación, momento en que quedará extinguida; salvo que alcanzada dicha edad, la demandada acredite debidamente que no tiene derecho al percibo de prestación alguna.

Todo ello sin perjuicio de las consecuencias que la situación anteriormente descrita pueda tener a efectos de la procedencia de la reclamación del pago de dicha pensión durante los periodos en los que ha venido desarrollando actividad laboral (dados los términos de la sentencia de divorcio), cuestión ésta que habrá de hacerse valer, en su caso, en trámite de ejecución de sentencia.

QUINTO:En cuanto a las costas del recurso de apelación no procede hacer expresa imposición de las mismas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO. -Recurre en apelación D. Lucio la sentencia del juzgado de instancia que estimó parcialmente su demanda de modificación de medidas de la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de 17 de julio de 2018, y por la que pretendía la supresión de la pensión de alimentos establecida en aquella a favor del hijo común, por importe de 200 euros mensuales; y la extinción de la pensión compensatoria establecida en aquella por importe de 500 euros mensuales a cargo de D. Lucio y a favor de Dña. Amalia, o, subsidiariamente, la reducción de su importe a la suma de 100 euros mensuales y limitada en el tiempo hasta que aquella encuentre trabajo o se produzca su jubilación.

La sentencia recurrida declara extinguida la pensión alimenticia establecida a favor del hijo común mayor de edad, al constar acreditado que éste viene desarrollando actividad laboral más estable desde 2021 y cuenta con independencia económica, determinando que los efectos de dicha extinción lo serán desde la fecha de la Sentencia.

Y acuerda reducir la pensión compensatoria establecida a favor de Dña. Amalia a la suma de 350 euros mensuales.

El apelante se alza contra el pronunciamiento relativo al momento a partir del cual producirá efectos la extinción de la pensión por alimentos, interesando la retroacción de los mismos al momento de presentación de la demanda (25/03/2021). Así como respecto al referido a la reducción de la pensión compensatoria, interesando su revocación a fin de que se declare la extinción de dicha pensión o subsidiariamente se reduzca su importe a 100 euros mensuales. Alegando, en cuanto al primer pronunciamiento infracción del principio de congruencia e infracción del artículo 7 del CC en relación con el 24 de la CE; y, en cuanto al segundo pronunciamiento, error en la valoración de la prueba e infracción de los artículos 97 y 101 del CC. Considera el recurrente que ha existido un cambio sustancial de las circunstancias económicas y laborales de Dña. Amalia, quien al tiempo del dictado de la sentencia de divorcio realizaba trabajos esporádicos de un día a la semana en una tienda y una o dos veces al mes ayudando en una peluquería; y sin embargo en la actualidad y desde hace algunos años viene concatenando contratos de trabajo en el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros y en el Servicio de Salud de Castilla la Mancha, alternando dichos trabajos temporales con periodos de cobro del subsidio de desempleo para mayores de 52 años; aparte de ello cuenta con bienes inmuebles; por lo que cuenta con ingresos propios estables y suficientes para subvenir sus necesidades.

La parte apelada impugna el recurso y pide la confirmación de la sentencia de la instancia.

SEGUNDO:Comenzando por el primer motivo del recurso, relativo al momento en el que la extinción de la pensión de alimentos ha de comenzar a surtir efectos, la sentencia de instancia, tras referir la doctrina jurisprudencial sobre esta materia, rechaza retrotraer los efectos de la extinción al momento de interposición de la demanda en aplicación del principio de congruencia. Refiriendo que la petición de retroacción de efectos al momento de interposición de la demanda es una cuestión que no fue deducida oportunamente por la parte actora en la demanda, sino que fue introducida extemporáneamente en fase de conclusiones, lo que impide que pueda ser tenida en cuenta.

En el recurso se alude a que el procedimiento se ha demorado en su tramitación por causas ajenas a la parte, habiendo quedado constatado que desde 2020 el hijo cuenta con ingresos propios y es independiente económicamente. Así como que la demanda se allanó a la pretensión de extinción de la pensión. Por lo que la sentencia es incongruente en cuanto a este pronunciamiento; aludiéndose también a la doctrina del abuso de derecho.

El motivo del recurso no puede tener favorable acogida.

En primer lugar, conviene recordar que el deber de congruencia y motivación de las sentencias viene establecido en el art. 218 LEC , vinculándose la figura de la congruencia con las pretensiones ejercitadas en una causa pudiéndose citar al respecto la STS 37/2021 de 1 de febrero de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:291 ) según la que: "La congruencia exige la necesaria correlación entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir ( sentencias 698/2017, de 21 de diciembre ; 233/2019, de 23 de abril ; 640/2019, de 26 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 313/2020, de 17 de junio , 526/2020, de 14 de octubre , entre otras); desde esta perspectiva, la sentencia debe ser la respuesta que dan los juzgadores a las pretensiones introducidas por el actor en el escrito rector del proceso, conjuntamente con las que merecen las excepciones y resistencias opuestas por el demandado.

Una sentencia es pues incongruente, como ha recordado reiteradamente esta Sala (por todas las sentencias 604/2019, de 12 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero ; 267/2020, de 9 de junio o 526/2020, de 14 de octubre ), si concede más de lo pedido ( ultra petita); se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ( extra petita); se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ( citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita de la pretensión deducida; por el contrario, es perfectamente válido que dé menos de lo pedido ( infra petitum), lo que no constituye infracción de incongruencia, salvo que diera menos de lo admitido por la contraparte."

Debe recordarse que conforme a lo establecido en el artículo 410 de la LEC, la litispendencia, que despliega sus efectos desde la presentación de la demanda si después es admitida, supone que la situación procesal que afecta a los sujetos y al objeto del proceso ha de ser mantenida con carácter general en sus propios términos hasta su terminación, e implica la prohibición de introducir hechos o pretensiones nuevas en el debate tras la demanda y contestación. En dicho momento ha de quedar determinada tanto la jurisdicción y la competencia del órgano judicial para conocer del juicio, que no se puede ver alterada por las modificaciones que puedan producirse durante la tramitación, entendida como "perpetuatio jurisdictions" .- art 411 LEC. - en cuanto el objeto del proceso ("perpetuatio actionis"), entendido como la concreta tutela jurisdiccional que se pretende, integrada por el "petitum" y "causa petendi" que queda fijada de modo definitivo en el periodo expositivo, con la demanda y la contestación, o en su caso, con la reconvención y contestación a esta.- sin posibilidad de variación posterior, que viene proscrita por el principio de inmutabilidad del proceso sancionado en el artículo 412 de la LEC: "establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente"; con las únicas excepciones contempladas en el precepto relativas a la formulación de alegaciones complementarias, aclaraciones o rectificaciones secundarias.- interesadas de oficio o a instancia de parte.- peticiones accesorias o la aportación de documentos que a tal fin prevé el artículo 426 LEC, siempre que con ello no se alteren de forma sustancial las pretensiones de los litigantes o los fundamentos en que se apoyen, expuestos en la fase de alegaciones; y todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de innovación de hachos nuevos o de nueva noticia que prevé el artículo 286 LEC.

La anterior doctrina cobra toda su importancia en el presente caso, puesto que como bien dice la sentencia recurrida, la pretensión del actor de retrotraer los efectos de la extinción de la pensión de alimentos al momento de interponer la demanda no fue oportunamente deducida por él en aquella, sino que dicha pretensión fue deducida por primera vez al momento de formular conclusiones, por lo que dicha petición resultaba claramente extemporánea y su consecuencia es que no podía ser tenida en cuenta. Y si ello es así en primera instancia, con mayor motivo lo es su introducción en fase de recurso y con el objeto de combatir los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia. Pues como refiere el Tribunal Constitucional en la STC 212/2000, de 18 de septiembre:

" [...] en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, con algunas salvedades en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos, como una revisio prioris instantiae , en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius , y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación(tantum devolutum quantum appellatum)" .

Doctrina que ha tenido reflejo normativo en el artículo 456 de la LEC: "en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de instancia...".

Razón por la cual el motivo ha de ser desestimado.

Pero es que además, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo anterior, tampoco cabe olvidar que, atendiendo al carácter consumible de los alimentos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este particular viene fijada en sentencias nº 162/2014, de 26 de marzo, o nº 483/2017, de 20 de julio, entre otras, y conforme a ella "cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente".

Señalando a tal efecto que no es lo mismo la prestación alimenticia inicialmente señalada, sea provisional o definitiva, cuyos efectos se producen desde el momento antes señalado, que las modificaciones posteriores solicitadas por alteración de las circunstancias llamadas a influir en su cuantía, en cuyo caso las cuantías establecidas siguen vigentes hasta que sean sustituidas por la Sentencia dictada en modificación.

Y si bien en ocasiones se ha reconocido el efecto retroactivo de la modificación de la pensión de alimentos (por ejemplo, en la sentencia nº 147/2019, de 12 de marzo), ello ha venido determinado por la concurrencia de circunstancias especiales en las que el progenitor que ha venido percibiendo la pensión dejó de estar legitimado para percibir la pensión alimenticia, al amparo del art. 93.2 CC, por haber desaparecido los condicionantes fácticos en orden a su subsistencia. Esto es, supuestos en los que los alimentos no habían sido consumidos por los hijos al haber dejado aquellos de convivir con el progenitor perceptor de la pensión. Ninguna de estas circunstancias excepcionales se ha acreditado por la parte en este procedimiento.

TERCERO:Abordaremos a continuación el recurso relativo al pronunciamiento sobre la pensión compensatoria:

Sobre la posibilidad de modificación de las medidas acordadas en sentencias matrimoniales o relaciones de hecho por las que se han de regir las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges o progenitores e hijos el Tribunal Supremo, en STS de 24 de mayo de 2016, mantiene: "debemos declarar que el art. 90.3 del C. Civil ,en su última redacción establece que:

"3. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código".

En relación a la pensión compensatoria la doctrina de la sala tiene sentado (sentencia 446/2013, de 20 de junio, rec. 876/2011 y 641/2013, de 24 de octubre, rec. 2159/2012 )que:

"Las condiciones que llevaron al nacimiento del derecho a la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del tiempo. Constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas- alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores ( artículo 100 CC )o la convivencia del perceptor con una nueva pareja o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho ( artículo 101 CC ).Cuando ello ocurra, el obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han dejado de existir, total o parcialmente ( SSTS 27 de octubre 2011 , 20 de junio 2013 ).Es el cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, el mismo que también puede convertir una pensión vitalicia en temporal, tanto porque lo autoriza el artículo 100 del CC ,como porque la normativa legal no configura, con carácter necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida - vitalicio-". Con arreglo a esta doctrina nada obsta a que, habiéndose establecido una pensión compensatoria, pueda ocurrir una alteración de las circunstancias que puedan justificar la modificación de la medida. Pero para ello, por la vía de los arts. 100 y 101 CC ,será necesario que se acredite el supuesto previsto en ellos, esto es, una alteración sobrevenida de las circunstancias anteriores ( STS de 19 de mayo de 2015, rec. 507/20114 ).

Y la STS 55/2017, de 27 de enero ,establece que:

"La Sala, y cualquiera que sea la duración de la pensión ( STS de 19 de mayo de 2015, rec. 507/2014 ) ha considerado ( STS de 23 de octubre de 2012 y las en ellas citadas) que: "Por lo que se refiere a su extinción posterior, esta sala (SSTS de 3 de octubre 2008, rec. 2727/2004 ,y 27 de junio de 2011, rec. 599/2009 )consideró, en síntesis, que cualquiera que sea la duración de la pensión "nada obsta a que habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada", lo que deja expedita la vía de los artículos 100 y 101 CC ,siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del supuesto de hecho previsto en dichas normas".

Finalmente, la STS 358/22 de 31 de enero, recuerda que "Precisa la jurisprudencia que, aun cuando en un sentido amplio, cabe entender por "modificación" cualquier alteración que sufran las establecidas por la sentencia que las fija, en un sentido estricto se ha de distinguir entre la simple modificación y la extinción de la medida por haber perdido su razón de ser, como ocurre en el caso de la extinción de la pensión compensatoria. Tal extinción se produce por las causas establecidas en el artículo 101 CC ,mientras que a su modificación se refiere el artículo 100, y son: el cese de la causa que determinó su establecimiento, el hecho de contraer el acreedor nuevo matrimonio o de vivir maritalmente con otra persona, lo que se equipara a la situación anterior ( STS 453/2018, de 18 de julio ,citada por STS 676/2019, de 17 de diciembre ).

Por tanto la razón de ser del proceso de modificación de medidas es la realización de un juicio comparativo entre dos momentos (el de la sentencia que fija las medidas y el de la demanda en que se pide su modificación, o hecho posterior introducido al amparo del artículo 752.1 de la LEC) quedando fuera de su objeto todas las pretensiones que tiendan a una nueva valoración sobre si las medidas adoptadas en su día son o no ajustadas a derecho o a las circunstancias entonces concurrentes, pues tal finalidad convertiría este proceso en una tercera instancia vulnerando el principio de cosa juzgada.

CUARTO:En la demanda interesaba el apelante la extinción de la pensión compensatoria establecida en la sentencia de divorcio a favor de la esposa (por importe de 500 euros) o subsidiariamente su reducción fijándose la misma en 100 euros mensuales hasta que Dña. Amalia encontrara un trabajo o alcanzara la jubilación.

La sentencia de instancia estima parcialmente esta pretensión y acuerda reducir el importe de la pensión compensatoria a la suma de 350 euros mensuales, sin limitación en el tiempo.

Para resolver el motivo debemos partir de la situación existente al momento del dictado de la sentencia de divorcio que estableció la pensión y los términos en los que la misma fue establecida.

Según se recoge en la sentencia de divorcio dictada el 17 de julio de 2018 (que aprobó las medidas acordadas por los cónyuges) se establece a favor de la esposa una pensión compensatoria por importe de 500 euros mensuales actualizable conforme al IPC. Según se dice en la sentencia dicha pensión "se mantendrá mientras que Amalia no tenga trabajo fijo y no viva con ningún hombre realizando vida marital. A tal efecto se hace constar que ahora realiza trabajos esporádicos de un día a la semana en una tienda y una o dos veces al mes ayuda en una peluquería de Villafranca de los Caballeros. Si cambiase su situación y tuviera y tuviera trabajos por periodos mayores de tiempo, como por ejemplo contratos por meses, durante los meses que esté trabajando Amalia, Lucio no tendrá obligación de pasarle la pensión compensatoria referida, volviendo a generarse el derecho en caso de fin del contrato laboral de Amalia por el motivo que sea".

La Juez de instancia considera acreditado que la situación económica del esposo ha empeorado puesto que el mismo ha visto disminuido sus ingresos respecto a los que percibía al momento del dictado de la sentencia de divorcio, importando dicha disminución unos 1.850 euros al año. Y es en atención a esa disminución de ingresos en virtud de lo que acuerda reducir el importe de la pensión compensatoria.

Considera sin embargo que la situación de la esposa no ha variado sustancialmente desde que se dictó la sentencia, y ello pese a reconocer que Dña. Amalia ha venido percibiendo desde el 25 de enero de 2020 un subsidio por desempleo para mayores de 52 años por importe de 480 euros mensuales; así como que, según se desprende de la información patrimonial efectuada, la misma ha venido alternando la percepción de ese subsidio con la percepción de salarios por el desempeño de actividades laborales temporales que en ningún caso han superado los tres meses.

Esta Sala no comparte esta última apreciación. Según se desprende de la información patrimonial obrante en autos, en particular de la relativa a la vida laboral de Dña. Amalia, consta que Dña. Amalia estuvo dada de alta prestando servicios para Oncenero Geriátricos, S.L. desde el 01/10/2019 hasta el 15 de enero de 2020 (situación 20); tras lo cual se le reconoció una prestación- subsidio por desempleo para mayores de 52 años, por importe de 480 euros mensuales, con efectos desde el 25 de enero de 2020, percibiendo la misma de forma ininterrumpida hasta el 23/09/2021 (situación 19); que desde el 24/09/2021 hasta el 25/03/2022 estuvo prestando servicios para el Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (situación 18), tras lo cual volvió a percibir el subsidio de desempleo para mayores de 52 años hasta el 20/06/2022 (situación 17); volviendo a estar en situación de alta laboral desde el 21/06/2022 hasta el 20/10/2022, prestando servicios para el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (situación 16 Y 15 ); pasando a cobrar nuevamente el subsidio por desempleo a partir del 21/10/2022 hasta el 06/12/2023 (situación 14 y 13), volviendo a incorporarse a la actividad laboral el 7/12/2023 (nuevamente para el servicio de Salud de Castilla La Mancha), realizando dicha actividad de forma discontinua hasta el 05/01/2024 (situación 12 a 7), percibiendo nuevamente la prestación por desempleo desde el día 06/01/2024 hasta el 14/01/2024 (situación 6) y reincorporándose nuevamente a la actividad laboral para el Servicio de salud de Castilla la Mancha el día 15/01/2024 hasta el día 01/02/2024 (situación 5 y 4). La información se emitió a fecha 20/03/2024. Aparte de ello consta que sus saldos en cuentas bancarias se han ido incrementando en los últimos años.

A la vista de lo anterior, si bien es cierto que la actividad laboral desempeñada por la demandada sigue siendo de carácter temporal, no puede desconocerse que los diferentes contratos temporales se suceden en el tiempo sin apenas situación de continuidad y en los periodos en los que ello no es así, se percibe el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Tampoco puede desconocerse que según se desprende de la información referenciada la demandada cuenta con 23 años de vida laboral.

En estas circunstancias, no podemos compartir que no se haya producido modificación en la situación de la demandada respecto a la existente al tiempo del dictado de la sentencia de divorcio. Por el contrario, observamos que la demandada ha venido desarrollando una actividad laboral que presenta condiciones de estabilidad y durabilidad superiores a la existente en aquella época y que lleva aparejada, en toda lógica, una mejor situación económica. Así las cosas, esta Sala estima que, aunque no proceda la extinción de la pensión a día de la fecha por razón del carácter temporal de dicha actividad laboral, si considere procedente acceder a la petición de reducción del importe de la pensión a la suma de 100 euros mensuales. Así como igualmente, en atención a vida laboral de la demandada que hace presumir que la misma pueda tener derecho a una prestación por jubilación, limitar temporalmente el percibo de la pensión compensatoria hasta que la demandada alcance la edad de jubilación, momento en que quedará extinguida; salvo que alcanzada dicha edad, la demandada acredite debidamente que no tiene derecho al percibo de prestación alguna.

Todo ello sin perjuicio de las consecuencias que la situación anteriormente descrita pueda tener a efectos de la procedencia de la reclamación del pago de dicha pensión durante los periodos en los que ha venido desarrollando actividad laboral (dados los términos de la sentencia de divorcio), cuestión ésta que habrá de hacerse valer, en su caso, en trámite de ejecución de sentencia.

QUINTO:En cuanto a las costas del recurso de apelación no procede hacer expresa imposición de las mismas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,