Sentencia Civil 264/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Toledo nº 2, Rec. 532/2025 de 17 de diciembre del 2025

PRIMERO.-La demanda iniciada por la representación del hoy apelado Sr. Juan Ignacio interesaba el divorcio del matrimonio. Por su parte, la apelante y demandada, solicitaba en su escrito de contestación a la demanda, además, como efectos propios del mismo, la atribución del uso del domicilio familiar, y además, a elección del demandante, la obligación de pagarse por el mismo una pensión compensatoria de 1.100 euros mensuales, si se hace ella cargo de los gastos de alquiler; o pensión compensatoria de 550 euros mensuales si el actor se hace cargo de tales gastos, en todo caso por periodo de 4 años; y, con carácter subsidiario, si no se le atribuyera el uso de la vivienda, interesa pensión compensatoria por importe de 1.400 euros mensuales, durante 4 años.

La Sentencia dictada en primera instancia decretó el divorcio de los cónyuges, con los efectos legales inherentes y denegó tanto la atribución del domicilio familiar a la Sra. Gracia, como la fijación de pensión compensatoria alguna a favor de la misma.

La demandada y apelante combate la Sentencia recurrida, y más concretamente, en primer lugar hace referencia a irregularidades procedimentales, dilaciones extraordinarias y extrema urgencia final, denunciando indefensión en la instancia a efectos de lo previsto en el artículo 459 de la LEC. Como segundo motivo del recurso, aduce irregularidades procedimentales, por la "ilegal" desestimación de la prejudicialidad penal al ignorar la Juzgadora las pruebas documentales que acreditaban su procedencia, denunciando indefensión en la instancia a los efectos del mismo precepto antes indicado. El tercer motivo denuncia defecto de forma en la Sentencia al incumplirse lo previsto en el artículo 248-4 de la LOPJ y artículo 208-4 de la LEC. En cuarto lugar, se hace referencia a un supuesto hecho probado erróneo, concretamente que al contraer matrimonio, la apelante ya residía en España. El quinto motivo del recurso alude a la "antijurídica" decisión de atribución de la vivienda conyugal al demandante. El sexto motivo hace referencia a un hecho probado erróneo, concretamente a que no se haya probado que haya sido ficticia la prestación de servicios por la recurrente, durante un tiempo, para AKITER RENOVAVLES. En séptimo lugar se efectúan alegaciones sobre la situación económica de la demandada recurrente antes de renunciar a su vida para convivir con el demandante y contraer matrimonio con él, así como sobre la existencia de desequilibrio. Finalmente, y en octavo lugar, se aduce la "antijurídica" decisión de denegar pensión compensatoria alguna a favor de la recurrente, alegando sobre la situación económica de la demandada recurrente tras el divorcio, con existencia de desequilibrio.

La contraparte se opone a los motivos del recurso de apelación.

SEGUNDO.-Comenzaremos por la resolución de las supuestas irregularidades procedimentales denunciadas en el recurso. Así, en primer lugar se hace referencia a la existencia de dilaciones extraordinarias con extrema urgencia final, que a juicio de la recurrente le habrían causado indefensión.

Este extremo se justifica por el hecho de que la tramitación del procedimiento habría durado un año y medio, y tras ello se dictó Diligencia de ordenación de 22 de diciembre de 2023, notificada el siguiente 11 de enero de 2024, que acordó la celebración de la vista de medidas "cautelares" -ha de entenderse medidas "provisionales"-, lo que considera la recurrente "ciertamente inaudito", pero que sin embargo, el 26 de enero de 2024, el Juzgado dictó nueva Diligencia de ordenación, notificada el 30, en la que se acordó transformar la vista de medidas en vista de juicio, otorgando a las partes el plazo de 5 días, del artículo 440 de la LEC para la solicitud de citación de testigos necesarios, por lo que por su parte, se presentó escrito el 6 de febrero de 2024, solicitando prueba testifical, y la contraparte, el 7 de febrero, dictándose Providencia el 8 de febrero de 2024, admitiendo parte de la prueba propuesta por el demandante, y otra Providencia el 9 de febrero siguiente, denegando íntegramente la prueba propuesta por su parte, con base al argumento de no dar tiempo a practicarla, interponiéndose por su parte recurso de reposición, formulándose en la vista las oportunas protestas, que no fueron atendidas por la Juzgadora, privándole de su derecho legítimo a una defensa con todas las garantías, al prohibirle practicar unas pruebas que hubieran cambiado radicalmente el relato fáctico de los hechos probados de la Sentencia y su Fallo, pues iban dirigidas a demostrar, por un lado, que la demandada se encontraba ocasional y temporalmente en España durante 2 cursos lectivos, en comisión de servicios, habiendo renunciado a su vida en Rusia, en favor de la relación sentimental que había iniciado con el actor; y, por otro lado, que su situación económica en su Rusia natal era sobradamente desahogada.

Al hilo de estas cuestiones, debe tenerse presente que en este caso no se solicita nulidad de actuaciones alguna por el recurrente, pero en todo caso, ha de tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 225 a 231 de la LEC, que refieren que serán nulos de pleno derecho, aparte de aquellos en que falte jurisdicción, competencia, se realicen bajo violencia o intimidación, se celebren sin la intervención de Abogado o Secretario en los casos a que se refiere, con carácter general los llevados a cabo prescindiendo de las normas esenciales de procedimiento, siempre que efectivamente se haya producido indefensión.

Así, se precisa la concurrencia de los requisitos siguientes: a) la existencia de una infracción procesal sustancial, esto es, de una omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento, por lo que, "a sensu contrario", no cualquier infracción de dichas normas podrá determinar la nulidad radical de actuaciones; b) que como consecuencia directa de tal infracción procesal, se haya producido indefensión, a cuyo efecto ha señalado el Tribunal Constitucional que la indefensión relevante a efectos de la nulidad de actuaciones, no tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera normas procesales, sino sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas, consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella ( STC 48/1986, de 23 de abril), y por tanto, dicha indefensión es algo diverso de la indefensión meramente procesal y debe alcanzar una significación material, produciendo una lesión efectiva en el derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución ( SSTC 118/1983, de 13 de diciembre y 102/1987, de 17 de junio), requiriéndose además que tal indefensión no halle su motivo en la propia postura procesal de quien alega haber sufrido; y c) que la nulidad de actuaciones, se haga valer, en todo caso, a través de los recursos establecidos en la Ley pues, como precisan las SSTC 75/1994, de 14 de marzo y 166/1997, de 13 de octubre, "declarada la constitucionalidad del art. 240.2 LOPJ ( STC 185/1990, de 15 de noviembre), es indudable que una vez que haya recaído Sentencia definitiva, la nulidad de las resoluciones judiciales sólo puede hacerse valer mediante la articulación de recursos extraordinarios o del amparo constitucional.

En consecuencia, la indefensión relevante comporta la introducción de factores diferentes del mero respeto de las normas procesales, consistiendo sustancialmente en la prohibición del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por la decisión judicial ( STC 48/1986, de 23 de abril), si bien esa limitación de los medios de defensa ha de ser producida por una indebida actuación del órgano judicial ( STC 86/1986, de 21 de mayo).

En el presente caso, la duración de la tramitación del procedimiento que se denuncia, no lleva aneja -como se ha expuesto-, la petición de ninguna consecuencia anulatoria del procedimiento, ni tampoco esta Sala considera que fuera merecedora de la misma, pues no se aprecia que en el lapso temporal de la tramitación, se haya causado indefensión alguna a la recurrente.

Así, dicha tramitación se extiende desde el 17 de marzo de 2023 en que se recepcionaron en el Juzgado a quo los autos de divorcio inhibidos, hasta la celebración de la vista el 12 de febrero de 2024, y posterior Sentencia de 28 de febrero siguiente, ahora recurrida, y máxime si se tiene en cuenta que la apelante solicitó en tres ocasiones la suspensión del curso de los autos por la supuesta existencia de prejudicialidad penal, que fue desestimada por Auto de 26 de enero de 2024. En todo caso, la prontitud en resolver sobre el envío de citaciones o de oficios que las partes interesaban en el plazo legalmente previsto, y con carácter previo a la celebración de la vista señalada, no puede considerarse como actuación causante de indefensión a la recurrente, sino más bien lo contrario, ha de entenderse como una regular actividad judicial dirigida a preservar la celebración de la vista señalada, sin ocasionar suspensiones innecesarias, que a la postre originarían una mayor dilatación en el tiempo de la tramitación. Otra cosa, es el sentido de las decisiones adoptadas en cuanto a la práctica de las diligencias interesadas con carácter previo, con las que la recurrente no está de acuerdo, y que más bien se dirigen a cuestionar la propia inadmisión de las pruebas decidida en el propio acto de la vista.

En todo caso, hemos de puntualizar, en primer lugar, que la parte ahora recurrente, no formuló recurso de reposición frente a la Providencia de 7 de febrero de 2024 que acordó no acceder a las diligencias interesadas de citación de testigos o de tramitar la correspondiente cooperación jurídica internacional, puesto que el recurso interpuesto por la representación procesal de la misma, según consta al acontecimiento 109 del Visor Horus se formuló frente a la Providencia de 26 de enero de 2024, que según consta al acontecimiento 66 de las actuaciones, resolvió admitir sobre la práctica de la averiguación patrimonial del actor.

Dicho lo anterior, y aun superando lo anterior, es lo cierto que en el acto de la vista, la Juzgadora desestimó la práctica de tales medios probatorios, decisión con la que no está conforme la recurrente y sin perjuicio de lo que se resolverá más adelante respecto al fondo del asunto, ya se adelanta que el derecho a la tutela judicial efectiva conlleva la prohibición de la indefensión, pero no siendo un derecho ejercitable de modo abstracto y en cualesquiera condiciones, sino que ha de ejercerse por las cauces que el legislador establece, es decir, es un derecho de configuración legal, como así se reconoce en la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1985, de 30 de septiembre, recurso de amparo 14/1985; por tanto, si bien el núcleo de dicho derecho es el acceso a la jurisdicción, ello no implica el derecho a

Asimismo, hemos de tener presente la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 25/97, que precisa lo siguiente: "el artículo 24.2 de la Constitución Española permite que un Órgano judicial inadmita un medio probatorio propuesto sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que no obliga, por consiguiente, al Juez a admitir todos los medios probatorios que la parte estime pertinente, sino únicamente aquéllos que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales".

Así, en cuanto al derecho constitucional a la utilización de medios de prueba practicados, no está el Juez obligado a admitir todos los medios de prueba que cada parte estime pertinentes a su defensa "sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales".

A tal fin, deben ser valorados dos elementos, a saber: la pertinencia y relevancia de la prueba propuesta. Pertinencia es la relación entre las pruebas propuestas con lo que es objeto del juicio, y en la relevancia del medio probatorio ha de distinguirse entre la relevancia formal y la material -que es la verdaderamente trascendente- y que debe apreciarse cuando la no realización de tal prueba, por su relación con los hechos a los que se anuda la condena o la absolución u otra consecuencia penal relevante, pudo alterar la sentencia a favor del proponente, pero no cuando dicha omisión no haya influido en el contenido de ésta.

Por último debe exigirse que la prueba sea además necesaria, es decir, tenga utilidad para los intereses de defensa de quien la propone (en este sentido SSTS de 8 de Noviembre de 1992 y 15 de Noviembre de 1994) a diferencia de la pertinencia que se mueve en el ámbito de la admisibilidad como facultad del Tribunal para determinar inicialmente la prueba que genéricamente es pertinente por admisible ( STS de 17 de Enero de 1991); la "necesidad" de su ejecución se desenvuelve en el terreno de la práctica, de manera que medios probatorios inicialmente considerados como pertinentes, pueden lícitamente no realizarse por muy diversas circunstancias (STS de 21 de Marzo de 995), que eliminen de manera convenida su condición de indispensable y forzosa, como cualidades distintas de la oportunidad y adecuación propias de la idea de pertinencia.

En este caso, además de compartir la decisión adoptada en la instancia respecto a los medios de prueba, ya ha sido dictado Auto por esta Sección, con fecha 9 de septiembre de 2025, que ha devenido firme, y que ha rechazado la práctica en esta segunda instancia de los medios probatorios a los que se refiere el motivo del recurso, por lo que nos remitimos a dicha resolución en cuanto a la ausencia de pertinencia, utilidad y necesariedad de tales medios de prueba propuestos.

En cuanto al segundo motivo del recurso, que se refiere a la irregularidad procedimental consistente en la "ILEGAL DESESTIMACIÓN DE LA PREJUDICIALIDAD PENAL" a juicio de la recurrente, hemos de comenzar rechazando la gratuita e intolerable descalificación en relación a la decisión adoptada al respecto por la Juzgadora a quo, pues por más que no se ajuste a las pretensiones de la parte ahora recurrente, la mera discrepancia jurídica con la misma no autoriza a calificarla de "ilegal", so pena de encontrarnos ante un grave tipo delictivo penal, respecto del que no consta que se haya iniciado actuación judicial alguna.

Tras el análisis de las actuaciones, observamos que la ahora recurrente, según consta al acontecimiento 48 del Visor Horus, mediante escrito de 14 de septiembre de 2023 pidió la suspensión por existencia de prejudicialidad penal, con base a la presentación de una denuncia por supuesta falsedad del contrato de arrendamiento presentado por la contraparte, relativo a la vivienda que había constituido el domicilio conyugal. Asimismo, consta al acontecimiento 52 del mismo expediente electrónico la presentación de otro escrito por la misma parte, con fecha 22 de diciembre de 2023, reiterando la existencia de dicha prejudicialidad penal, aportando ya el dato de la admisión a trámite de dicha denuncia por el Juzgado de Instrucción correspondiente.

Mediante Auto de 26 de enero de 2024 se acordó no haber lugar a la suspensión por existencia de prejudicialidad penal, interponiéndose por dicha parte recurso de reposición conforme obra al acontecimiento 77. Y mediante escrito de fecha 31 de enero de 2024 -acontecimiento 80- se interesó nuevamente por dicha parte la suspensión por existencia de prejudicialidad penal, recayendo Diligencia de ordenación de fecha 5 de febrero de 2024, que acordó respecto a tal cuestión, estar al Auto de 26 de enero de 2024 -acontecimiento 83-, siendo conveniente poner de manifiesto que frente a dicha resolución no se interpuso recurso alguno, lo que ya es relevante, al no haber agotado la parte las posibilidades que la ley le otorga.

En cualquier caso, lo que resulta más significativo es que dicha parte recurrente, a pesar de exponer lo que a su juicio, habría constituido una irregularidad procedimental, y solicitar práctica de prueba relacionada con dicho extremo, no reitera en esta alzada la petición de suspensión del curso de los autos por prejudicialidad penal; suspensión que, en todo caso, carecería de trascendencia práctica, puesto que conforme se ha justificado por la contraparte, ya habría recaído Auto con fecha 25 de julio de 2024 en las diligencias previas que se seguían ante el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Toledo, acordando el Sobreseimiento Provisional y Archivo de las actuaciones por la posible comisión del delitos de falsedad contra el hoy recurrido y su ex esposa.

Finalmente, y como última cuestión relativa a defectos procesales, aduce la recurrente, el defecto de forma contenido en la Sentencia recurrida consistente en no haber hecho referencia, conforme a los artículos 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 208-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al momento de notificarse la Sentencia, a si la misma era o no firme, y, en su caso, los recursos procedentes, órgano ante el que deben interponerse y plaza para interponerlo.

Pues bien, frente a tal denuncia, lo primero que hemos de decir es que no se solicitó por la parte, la subsanación de la omisión de tal extremo a través de la solicitud de subsanación y/o complemento de la Sentencia conforme al cauce previsto en el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; pero, igualmente, hemos de poner de manifiesto, que en todo caso, tal omisión no consta que le haya provocado ninguna indefensión a la parte, ni ninguna pérdida de oportunidad, puesto que efectivamente ha interpuesto el recurso procedente frente a dicha Sentencia, en el plazo legalmente previsto, y ha podido alegar y oponer como motivos de recurso todos aquellos que a su derecho convenía, sin merma de oportunidad ni derecho alguno.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de los motivos del recurso analizados.

TERCERO.-Entramos en el examen de los motivos de fondo del recurso, que en síntesis se dirigen a cuestionar -nuevamente con calificaciones gratuitas e injustificadas de ilegalidad o antijuridicidad de las decisiones- y a poner de manifiesto su discrepancia acerca de la falta de atribución a su favor del uso de la vivienda conyugal, así como de la falta de fijación a su favor de una pensión compensatoria.

Hemos de centrarnos en el suplico del escrito de recurso que literalmente, solicita lo siguiente en lo que ahora nos atañe:

"...dicte en su día nueva sentencia por la que se revoque la de instancia y se condene al Sr. D. Juan Ignacio a abonar a mi mandante, en concepto de pensión compensatoria, la suma mensual de €: 1.400.- (mil cuatrocientos euros mensuales) durante un plazo de 4 (cuatro) años contados desde el momento en quela Sra. Dña. Gracia y su hija deban salir de la vivienda conyugal por decisión judicial a instancia del demandante apelado."

Y es que tras la lectura del mismo es difícil interpretar que con el recurso se esté solicitando la atribución del uso de la vivienda que fue la utilizada por el matrimonio durante el tiempo de su existencia.

Aun obviando tal obstáculo procesal, no consideramos que tenga transcendencia para decidir sobre tal atribución, el hecho de que la recurrente residiera o no en España con anterioridad a contraer matrimonio con el apelado, siendo lo cierto que según ha quedado acreditado, y así, además, es asumido por ambas partes, la vivienda en cuestión es titularidad de la mercantil INVESTOLSA, de la que el apelado es socio y administrador mancomunado.

Así, es lo cierto que apelado y mercantil tienen distinta personalidad jurídica, aunque el primero sea administrador de dicha sociedad, ello no autoriza a confundir las personalidades, y máxime cuando no se ha practicado prueba tendente a alzar el velo de dicha personalidad jurídica, y el intento a través del procedimiento penal no ha alcanzado tal conclusión.

En este sentido podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 655/10, de 3 de noviembre de 2010, dictada en el recurso nº 1564/2006:

"El art. 10 LEC , dice que "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso". El titular de la relación contractual era efectivamente la sociedad y no el demandante, que ni tan solo comparece en la demanda en su cualidad de administrador único de la sociedad.

La sentencia recurrida intenta argumentar que al ser el demandante el único socio, por tratarse de una sociedad unipersonal, se produciría una cierta confusión de las personalidades, pero ello no es cierto en ninguna de las relaciones de todo tipo que mantiene la sociedad, desde los contratos civiles, como el que ahora se discute, las relaciones laborales con sus empleados o las obligaciones fiscales. Por tanto, no parece que pueda haber excepciones en el caso de que la sociedad sea de un solo socio, puesto que el art. 10 LEC entiende que estarán legitimados aquellos sujetos a quienes va a afectar de manera directa el resultado del proceso y éste es la sociedad y no sus socios.

El socio no es el titular de la acción procesal y por ello no tiene derecho a una concreta tutela judicial por el incumplimiento de un contrato, porque quien ostenta el derecho subjetivo correspondiente a la parte contractual en el contrato que se denuncia como incumplido es la sociedad limitada y no su administrador y socio único.

La sentencia recurrida utiliza la técnica del levantamiento del velo para justificar su decisión. A tal efecto, debemos reiterar la doctrina de esta Sala, expuesta en sentencias de 19 septiembre 2007 , 28 febrero 2008 y 10 octubre 2010 , entre otras. En ellas se considera que dicha técnica es un instrumento "[...] que se pone al servicio de una persona física o jurídica, para hacer efectiva una legitimación pasiva distinta de la que resulta de la relación, contractual o extracontractual, mantenida con una determinada entidad o sociedad a la que la ley confiere personalidad jurídica propia [...]" . En definitiva, como dice la sentencia de 28 enero 2005 , supone un procedimiento "[...] para descubrir, y reprimir en su caso, el dolo o abuso cometido con apoyo en la autonomía jurídica de una sociedad, sancionando a quienes la manejan". Precisamente nos encontramos ante el caso contrario, en que el propio socio pretende que su sociedad no valga a los efectos de la legitimación activa porque hay que tener en cuenta que la aplicación de la teoría del levantamiento del velo refuerza precisamente la falta de legitimación, porque se aplica a sociedades que compiten en el mercado, no a los sujetos individuales que forman la empresa como socios."

Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, las Sentencias 513/2017, de 22 de septiembre, 396/2020, de 6 de julio y 438/2021, de 22 de junio, hemos de tener en cuenta dos factores: en primer lugar, al interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres; en segundo lugar, a si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero.

Partiendo de que en el presente caso no existen hijos comunes -ni menores ni mayores de edad-, y que la titularidad de la vivienda en cuestión es de un tercero distinto de los ex cónyuges, que parece que cedió el uso de la misma de forma totalmente gratuita durante el tiempo que duró el matrimonio, no procede atribuir el uso de la vivienda a la apelante tal como pretende, que además, tal y como se recoge en la Sentencia recurrida, estaría expuesta a una acción de desahucio por precario.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremos 7 de enero de 2025, nº 22/25, recurso 10.180/23, recogiendo otras anteriores, se expresa en este sentido:

"Es cierto que señalamos, en los casos en los que la vivienda sea titularidad de un tercero ajeno al proceso matrimonial, que no entra en juego el art. 96 del CC y procede el ejercicio de las acciones de precario, siempre y cuando no exista título que justifique la posesión cedida, supuestos en los cuales la búsqueda de la solución debe hallarse en el marco del Derecho de propiedad y no desde los parámetros del Derecho de familia ( SSTS del pleno de 18 de enero de 2010 [RC n.º 1994/2005 ], 178/2011, de 18 marzo ; 695/2011, de 10 de octubre y 757/2024, de 29 de mayo entre otras)."

En este caso, ante las circunstancias expuestas, no se estima acreditada ninguna otra circunstancia que aconseje la atribución de la vivienda a la recurrente, máxime cuando la misma presta sus servicios laborales en la localidad de Madrid.

CUARTO.-Finalmente, resta por resolver la cuestión relativa a la procedencia o no del establecimiento de pensión compensatoria a favor de la Sra. Gracia, y, para ello se trae a colación lo resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil nº 100/2020, de 12 de febrero de 2020, dictada en el recurso 1512/2019 Pensión compensatoria., que indicó lo siguiente:

"La pensión compensatoriase configura como un derecho personalísimo de crédito, normalmente de tracto sucesivo, fijado en forma de pensión indefinida o limitada temporalmente, susceptible, no obstante, de ser abonada mediante una prestación única, incardinable dentro de la esfera dispositiva de los cónyuges, condicionada, por lo que respecta a su fijación y cuantificación, a los parámetros establecidos en el art. 97 del CC , y fundada en el desequilibrio económico existente entre los consortes en un concreto momento, como es el anterior de la convivencia marital.

Como señala la STS 236/2018, de 17 de abril Pensión compensatoria, con cita de las SSTS de 22 junio de 2011Jur isprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1 ª, 22/06/2011 (rec. 1940/2008) Pensión compensatoria, y 18 de marzo de 2014, rec. 201/2012 Pensión compensatoria:

"El punto principal se refiere al concepto de desequilibrio y el momento en que este debe producirse y así dice que "(...) tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, por lo que no se trata de una pensión de alimentos y lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge"".

Ahora bien, como señala la reciente STS 96/2019, de 14 de febrero Pensión compensatoria, la simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación y es preciso ponderar en conjunto la dedicación a la familia, la colaboración en las actividades del otro cónyuge, la situación anterior al matrimonio, el régimen de bienes a que haya estado sometido el matrimonio, así como "cualquier otra circunstancia relevante", de acuerdo con lo dispuesto en la recogida en último lugar en el art. 97 CC .

Ello es así, dado que las circunstancias concurrentes del art. 97 del CC operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio y como módulos de cuantificación de su montante económico ( SSTS de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC n.° 52/2006Jur isprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1 ª, 19/01/2010 (rec. 52/2006) Pensión compensatoria], luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 [RC n.° 514/2007 Pensión compensatoria ], 14 de febrero de 2011 [RC n.° 523/2008Jur isprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1 ª, 14/02/2011 (rec. 523/2008) Pensión compensatoria], 104/2014, de 20 de febrero Pensión compensatoria y 495/2019, de 25 de septiembre Pensión compensatoria, entre otras muchas)."

Pues bien, en atención a lo expuesto, en este supuesto, los ex cónyuges estaban casados en régimen de separación de bienes. La recurrente es una mujer joven y aunque sus ingresos sean inferiores a los del esposo, tiene capacidad económica, pues cuenta con formación profesional suficiente, tiene un trabajo, y bienes en su país natal, según manifiesta.

Como se ha expuesto, es doctrina reiterada que la pensión compensatoria tiene como finalidad, y de ahí su denominación, compensar el desequilibrio que se produzca en el momento de la separación o el divorcio y no constituye un sistema de equilibrio de patrimonios de los cónyuges, ni de los ingresos que cada uno obtenga de sus respectivos sueldos o pensiones, porque no significa paridad ni debe entenderse como un derecho de nivelación o indiscriminada igualación (por todas, Sentencia 622/2022, de 26 de septiembre); y que los supuestos contemplados en el artículo 97 del Código Civil operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio, pero también como módulos de cuantificación de su montante económico (por todas, Sentencia 1429/2023, de 17 de octubre)

La recurrente dispone por tanto, de ingresos propios e independencia económica, por lo que no se aprecia que el divorcio sea una causa de desequilibrio, ciertamente tiene unos ingresos menores que los del esposo, pero la pensión compensatoria no tiene como finalidad equiparar los ingresos de ambos, por lo que no se estima que se den las circunstancias que se requieren para fijar a su favor una pensión compensatoria. A tal efecto resulta irrelevante la posición económica y profesional de la que gozara la apelante en Rusia, así como los motivos que la llevaran a residir en España y a contraer matrimonio con el ahora apelado, Pero incluso es lo cierto que ha quedado acreditado que la misma, y tras el momento en que dejó de prestar sus servicios profesionales para la Universidad de León -aproximadamente un año antes de contraer matrimonio-, y hasta que se casaron, en julio de 2014, no desempeñó actividad laboral retribuida alguna. Tampoco se ha acreditado que su prestación como trabajadora autónoma para la mercantil Akiter Renovables, S.L. constante el matrimonio, haya sido ficticia, siendo lo cierto que tras la crisis del matrimonio, la Sra. Gracia presta servicios laborales para la mercantil SIGMA AI, S.L.U.

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22ª) de 17 de octubre de 2025, recurso nº 1.216/24 nos enseña lo siguiente:

"Así las cosas, no ha lugar a pensión compensatoria en favor de Dª. Irene y a cargo de Dº. Sebastián , dado que no obedece a las previsiones que se contemplan en el artículo 97 del Código Civil , en cuanto el destino de este beneficio no es otro que colocar al consorte desfavorecido con la quiebra del matrimonio, en igual situación frente al empleo o medios de obtención de recursos en que se encontraba antes de contraerlo, posición en la que ya se encuentra la ex esposa, recordando que, conforme reiterada doctrina jurisprudencial, la pensión compensatoria no es de automática concesión a toda separación o al divorcio, ni un mecanismo igualatorio de economías dispares, ni dador de titulaciones y cualificaciones que no se ostentan, siendo su finalidad evitar, en la medida relativa que se infiere de las medidas cuantificadoras que tal precepto contempla, que la separación o la disolución por divorcio, del matrimonio, origine a uno de los consortes una situación de desequilibrio que se reputa injusto, en méritos a la concurrencia de dos índices condicionantes comparativos, uno temporal en su naturaleza, pues el que postula tal derecho ha de estar en posición de inferioridad económica respecto de la que disfrutaba antes en el matrimonio, y de carácter personal la otra, cuando además es imprescindible que la posición económica del beneficiario en potencia, sea de inferior nivel a la del otro consorte, debiendo influir ambos condicionamientos, y sin que pueda bastar uno solo para el nacimiento del derecho regulado en el respectivo precepto; condicionantes o presupuestos que no pueden presumirse, por cuanto los mismos han de quedar sometidos a la doctrina general del onus probandi, sin alteración ni privilegio alguno ( art. 217 de la L.E. Civil, anterior 1214 del C.C .). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las separaciones y divorcios tienen una incidencia negativa en la economía de ambos cónyuges y es imposible equilibrar aritméticamente la situación de uno y otro con la tenida en periodo de convivencia, por ello, la mayoría de la doctrina al hilo de lo que antecede, afirma que el reequilibrio no tiene que suponer una igualdad entre los patrimonios de los dos, sino hallarse cada uno de ellos de forma autónoma en la posición económica que le corresponde según sus propias actitudes y capacidades para generar recursos económicos. Para concluir, permítasenos la cita del auto del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2.022 , así como de la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 2 de octubre de 2.020 , en la que se menciona la del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2.013, en la que se señala que la pensión compensatoria es una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, -que ha de ser apreciado al tiempo en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma-, y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio. No se trata de un derecho de alimentos o de un auxilio para atender necesidades indispensables, sino de paliar o compensar en lo posible el descenso del nivel de vida causado por la ruptura de la convivencia matrimonial, cuando uno de los cónyuges quede, comparativamente, en una posición sensiblemente desfavorable. El precepto indicado destaca el presupuesto de este derecho: el "desequilibrio económico" y el "empeoramiento" de la situación, lo que obliga a una valoración de las circunstancias del caso comparativa entre el antes y el después de la ruptura, y es predicable incluso cuando ambos trabajan, presupuesto lo antes dicho, dada la finalidad o función reequilibradora destacada por la doctrina y el Tribunal Supremo ( STS de 10/2/2005 ). En efecto, el artículo 97 no da fórmulas o soluciones matemáticas en orden a su fijación sino solo criterios o conceptos jurídicos indeterminados necesitados de concreción según las circunstancias de cada caso, por lo que las facultades del tribunal son bastante amplias y la valoración debe ser conjunta o global, como lo demuestra el dato de que la enumeración legal no es cerrada ("numerus clausus") sino abierta, cual resulta de la lectura del artículo citado (el Juez "determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:" ..., así como "cualquier otra circunstancia relevante", dice la actual redacción dada por la ley de reforma 15/2005 de 8 de julio), y, además de mencionar la cuantía de los recursos económicos entre una y otro, también incluye la edad y salud, la preparación y oportunidades de cara al mercado laboral o mundo profesional, la dedicación a la familia pasada y futura, la duración del matrimonio y convivencia, etc.. Y tampoco constituye un instrumento equilibrador del patrimonio de los cónyuges ( SSTS de 10 febrero 2005 , 5 noviembre 2008 y 10 marzo 2009 ), buscando la absoluta igualdad entre los mismos."

Por todo lo expuesto, procede la íntegra desestimación del recurso interpuesto.

QUINTO.-En materia de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento civil, al haberse desestimado el recurso, procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante, pues los aspectos discutidos en el recurso - habiendo quedado firme el pronunciamiento de divorcio-, carecen de naturaleza semipública, siéndoles aplicable el régimen general sobre las costas procesales.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La demanda iniciada por la representación del hoy apelado Sr. Juan Ignacio interesaba el divorcio del matrimonio. Por su parte, la apelante y demandada, solicitaba en su escrito de contestación a la demanda, además, como efectos propios del mismo, la atribución del uso del domicilio familiar, y además, a elección del demandante, la obligación de pagarse por el mismo una pensión compensatoria de 1.100 euros mensuales, si se hace ella cargo de los gastos de alquiler; o pensión compensatoria de 550 euros mensuales si el actor se hace cargo de tales gastos, en todo caso por periodo de 4 años; y, con carácter subsidiario, si no se le atribuyera el uso de la vivienda, interesa pensión compensatoria por importe de 1.400 euros mensuales, durante 4 años.

La Sentencia dictada en primera instancia decretó el divorcio de los cónyuges, con los efectos legales inherentes y denegó tanto la atribución del domicilio familiar a la Sra. Gracia, como la fijación de pensión compensatoria alguna a favor de la misma.

La demandada y apelante combate la Sentencia recurrida, y más concretamente, en primer lugar hace referencia a irregularidades procedimentales, dilaciones extraordinarias y extrema urgencia final, denunciando indefensión en la instancia a efectos de lo previsto en el artículo 459 de la LEC. Como segundo motivo del recurso, aduce irregularidades procedimentales, por la "ilegal" desestimación de la prejudicialidad penal al ignorar la Juzgadora las pruebas documentales que acreditaban su procedencia, denunciando indefensión en la instancia a los efectos del mismo precepto antes indicado. El tercer motivo denuncia defecto de forma en la Sentencia al incumplirse lo previsto en el artículo 248-4 de la LOPJ y artículo 208-4 de la LEC. En cuarto lugar, se hace referencia a un supuesto hecho probado erróneo, concretamente que al contraer matrimonio, la apelante ya residía en España. El quinto motivo del recurso alude a la "antijurídica" decisión de atribución de la vivienda conyugal al demandante. El sexto motivo hace referencia a un hecho probado erróneo, concretamente a que no se haya probado que haya sido ficticia la prestación de servicios por la recurrente, durante un tiempo, para AKITER RENOVAVLES. En séptimo lugar se efectúan alegaciones sobre la situación económica de la demandada recurrente antes de renunciar a su vida para convivir con el demandante y contraer matrimonio con él, así como sobre la existencia de desequilibrio. Finalmente, y en octavo lugar, se aduce la "antijurídica" decisión de denegar pensión compensatoria alguna a favor de la recurrente, alegando sobre la situación económica de la demandada recurrente tras el divorcio, con existencia de desequilibrio.

La contraparte se opone a los motivos del recurso de apelación.

SEGUNDO.-Comenzaremos por la resolución de las supuestas irregularidades procedimentales denunciadas en el recurso. Así, en primer lugar se hace referencia a la existencia de dilaciones extraordinarias con extrema urgencia final, que a juicio de la recurrente le habrían causado indefensión.

Este extremo se justifica por el hecho de que la tramitación del procedimiento habría durado un año y medio, y tras ello se dictó Diligencia de ordenación de 22 de diciembre de 2023, notificada el siguiente 11 de enero de 2024, que acordó la celebración de la vista de medidas "cautelares" -ha de entenderse medidas "provisionales"-, lo que considera la recurrente "ciertamente inaudito", pero que sin embargo, el 26 de enero de 2024, el Juzgado dictó nueva Diligencia de ordenación, notificada el 30, en la que se acordó transformar la vista de medidas en vista de juicio, otorgando a las partes el plazo de 5 días, del artículo 440 de la LEC para la solicitud de citación de testigos necesarios, por lo que por su parte, se presentó escrito el 6 de febrero de 2024, solicitando prueba testifical, y la contraparte, el 7 de febrero, dictándose Providencia el 8 de febrero de 2024, admitiendo parte de la prueba propuesta por el demandante, y otra Providencia el 9 de febrero siguiente, denegando íntegramente la prueba propuesta por su parte, con base al argumento de no dar tiempo a practicarla, interponiéndose por su parte recurso de reposición, formulándose en la vista las oportunas protestas, que no fueron atendidas por la Juzgadora, privándole de su derecho legítimo a una defensa con todas las garantías, al prohibirle practicar unas pruebas que hubieran cambiado radicalmente el relato fáctico de los hechos probados de la Sentencia y su Fallo, pues iban dirigidas a demostrar, por un lado, que la demandada se encontraba ocasional y temporalmente en España durante 2 cursos lectivos, en comisión de servicios, habiendo renunciado a su vida en Rusia, en favor de la relación sentimental que había iniciado con el actor; y, por otro lado, que su situación económica en su Rusia natal era sobradamente desahogada.

Al hilo de estas cuestiones, debe tenerse presente que en este caso no se solicita nulidad de actuaciones alguna por el recurrente, pero en todo caso, ha de tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 225 a 231 de la LEC, que refieren que serán nulos de pleno derecho, aparte de aquellos en que falte jurisdicción, competencia, se realicen bajo violencia o intimidación, se celebren sin la intervención de Abogado o Secretario en los casos a que se refiere, con carácter general los llevados a cabo prescindiendo de las normas esenciales de procedimiento, siempre que efectivamente se haya producido indefensión.

Así, se precisa la concurrencia de los requisitos siguientes: a) la existencia de una infracción procesal sustancial, esto es, de una omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento, por lo que, "a sensu contrario", no cualquier infracción de dichas normas podrá determinar la nulidad radical de actuaciones; b) que como consecuencia directa de tal infracción procesal, se haya producido indefensión, a cuyo efecto ha señalado el Tribunal Constitucional que la indefensión relevante a efectos de la nulidad de actuaciones, no tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera normas procesales, sino sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas, consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella ( STC 48/1986, de 23 de abril), y por tanto, dicha indefensión es algo diverso de la indefensión meramente procesal y debe alcanzar una significación material, produciendo una lesión efectiva en el derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución ( SSTC 118/1983, de 13 de diciembre y 102/1987, de 17 de junio), requiriéndose además que tal indefensión no halle su motivo en la propia postura procesal de quien alega haber sufrido; y c) que la nulidad de actuaciones, se haga valer, en todo caso, a través de los recursos establecidos en la Ley pues, como precisan las SSTC 75/1994, de 14 de marzo y 166/1997, de 13 de octubre, "declarada la constitucionalidad del art. 240.2 LOPJ ( STC 185/1990, de 15 de noviembre), es indudable que una vez que haya recaído Sentencia definitiva, la nulidad de las resoluciones judiciales sólo puede hacerse valer mediante la articulación de recursos extraordinarios o del amparo constitucional.

En consecuencia, la indefensión relevante comporta la introducción de factores diferentes del mero respeto de las normas procesales, consistiendo sustancialmente en la prohibición del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por la decisión judicial ( STC 48/1986, de 23 de abril), si bien esa limitación de los medios de defensa ha de ser producida por una indebida actuación del órgano judicial ( STC 86/1986, de 21 de mayo).

En el presente caso, la duración de la tramitación del procedimiento que se denuncia, no lleva aneja -como se ha expuesto-, la petición de ninguna consecuencia anulatoria del procedimiento, ni tampoco esta Sala considera que fuera merecedora de la misma, pues no se aprecia que en el lapso temporal de la tramitación, se haya causado indefensión alguna a la recurrente.

Así, dicha tramitación se extiende desde el 17 de marzo de 2023 en que se recepcionaron en el Juzgado a quo los autos de divorcio inhibidos, hasta la celebración de la vista el 12 de febrero de 2024, y posterior Sentencia de 28 de febrero siguiente, ahora recurrida, y máxime si se tiene en cuenta que la apelante solicitó en tres ocasiones la suspensión del curso de los autos por la supuesta existencia de prejudicialidad penal, que fue desestimada por Auto de 26 de enero de 2024. En todo caso, la prontitud en resolver sobre el envío de citaciones o de oficios que las partes interesaban en el plazo legalmente previsto, y con carácter previo a la celebración de la vista señalada, no puede considerarse como actuación causante de indefensión a la recurrente, sino más bien lo contrario, ha de entenderse como una regular actividad judicial dirigida a preservar la celebración de la vista señalada, sin ocasionar suspensiones innecesarias, que a la postre originarían una mayor dilatación en el tiempo de la tramitación. Otra cosa, es el sentido de las decisiones adoptadas en cuanto a la práctica de las diligencias interesadas con carácter previo, con las que la recurrente no está de acuerdo, y que más bien se dirigen a cuestionar la propia inadmisión de las pruebas decidida en el propio acto de la vista.

En todo caso, hemos de puntualizar, en primer lugar, que la parte ahora recurrente, no formuló recurso de reposición frente a la Providencia de 7 de febrero de 2024 que acordó no acceder a las diligencias interesadas de citación de testigos o de tramitar la correspondiente cooperación jurídica internacional, puesto que el recurso interpuesto por la representación procesal de la misma, según consta al acontecimiento 109 del Visor Horus se formuló frente a la Providencia de 26 de enero de 2024, que según consta al acontecimiento 66 de las actuaciones, resolvió admitir sobre la práctica de la averiguación patrimonial del actor.

Dicho lo anterior, y aun superando lo anterior, es lo cierto que en el acto de la vista, la Juzgadora desestimó la práctica de tales medios probatorios, decisión con la que no está conforme la recurrente y sin perjuicio de lo que se resolverá más adelante respecto al fondo del asunto, ya se adelanta que el derecho a la tutela judicial efectiva conlleva la prohibición de la indefensión, pero no siendo un derecho ejercitable de modo abstracto y en cualesquiera condiciones, sino que ha de ejercerse por las cauces que el legislador establece, es decir, es un derecho de configuración legal, como así se reconoce en la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1985, de 30 de septiembre, recurso de amparo 14/1985; por tanto, si bien el núcleo de dicho derecho es el acceso a la jurisdicción, ello no implica el derecho a

Asimismo, hemos de tener presente la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 25/97, que precisa lo siguiente: "el artículo 24.2 de la Constitución Española permite que un Órgano judicial inadmita un medio probatorio propuesto sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que no obliga, por consiguiente, al Juez a admitir todos los medios probatorios que la parte estime pertinente, sino únicamente aquéllos que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales".

Así, en cuanto al derecho constitucional a la utilización de medios de prueba practicados, no está el Juez obligado a admitir todos los medios de prueba que cada parte estime pertinentes a su defensa "sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales".

A tal fin, deben ser valorados dos elementos, a saber: la pertinencia y relevancia de la prueba propuesta. Pertinencia es la relación entre las pruebas propuestas con lo que es objeto del juicio, y en la relevancia del medio probatorio ha de distinguirse entre la relevancia formal y la material -que es la verdaderamente trascendente- y que debe apreciarse cuando la no realización de tal prueba, por su relación con los hechos a los que se anuda la condena o la absolución u otra consecuencia penal relevante, pudo alterar la sentencia a favor del proponente, pero no cuando dicha omisión no haya influido en el contenido de ésta.

Por último debe exigirse que la prueba sea además necesaria, es decir, tenga utilidad para los intereses de defensa de quien la propone (en este sentido SSTS de 8 de Noviembre de 1992 y 15 de Noviembre de 1994) a diferencia de la pertinencia que se mueve en el ámbito de la admisibilidad como facultad del Tribunal para determinar inicialmente la prueba que genéricamente es pertinente por admisible ( STS de 17 de Enero de 1991); la "necesidad" de su ejecución se desenvuelve en el terreno de la práctica, de manera que medios probatorios inicialmente considerados como pertinentes, pueden lícitamente no realizarse por muy diversas circunstancias (STS de 21 de Marzo de 995), que eliminen de manera convenida su condición de indispensable y forzosa, como cualidades distintas de la oportunidad y adecuación propias de la idea de pertinencia.

En este caso, además de compartir la decisión adoptada en la instancia respecto a los medios de prueba, ya ha sido dictado Auto por esta Sección, con fecha 9 de septiembre de 2025, que ha devenido firme, y que ha rechazado la práctica en esta segunda instancia de los medios probatorios a los que se refiere el motivo del recurso, por lo que nos remitimos a dicha resolución en cuanto a la ausencia de pertinencia, utilidad y necesariedad de tales medios de prueba propuestos.

En cuanto al segundo motivo del recurso, que se refiere a la irregularidad procedimental consistente en la "ILEGAL DESESTIMACIÓN DE LA PREJUDICIALIDAD PENAL" a juicio de la recurrente, hemos de comenzar rechazando la gratuita e intolerable descalificación en relación a la decisión adoptada al respecto por la Juzgadora a quo, pues por más que no se ajuste a las pretensiones de la parte ahora recurrente, la mera discrepancia jurídica con la misma no autoriza a calificarla de "ilegal", so pena de encontrarnos ante un grave tipo delictivo penal, respecto del que no consta que se haya iniciado actuación judicial alguna.

Tras el análisis de las actuaciones, observamos que la ahora recurrente, según consta al acontecimiento 48 del Visor Horus, mediante escrito de 14 de septiembre de 2023 pidió la suspensión por existencia de prejudicialidad penal, con base a la presentación de una denuncia por supuesta falsedad del contrato de arrendamiento presentado por la contraparte, relativo a la vivienda que había constituido el domicilio conyugal. Asimismo, consta al acontecimiento 52 del mismo expediente electrónico la presentación de otro escrito por la misma parte, con fecha 22 de diciembre de 2023, reiterando la existencia de dicha prejudicialidad penal, aportando ya el dato de la admisión a trámite de dicha denuncia por el Juzgado de Instrucción correspondiente.

Mediante Auto de 26 de enero de 2024 se acordó no haber lugar a la suspensión por existencia de prejudicialidad penal, interponiéndose por dicha parte recurso de reposición conforme obra al acontecimiento 77. Y mediante escrito de fecha 31 de enero de 2024 -acontecimiento 80- se interesó nuevamente por dicha parte la suspensión por existencia de prejudicialidad penal, recayendo Diligencia de ordenación de fecha 5 de febrero de 2024, que acordó respecto a tal cuestión, estar al Auto de 26 de enero de 2024 -acontecimiento 83-, siendo conveniente poner de manifiesto que frente a dicha resolución no se interpuso recurso alguno, lo que ya es relevante, al no haber agotado la parte las posibilidades que la ley le otorga.

En cualquier caso, lo que resulta más significativo es que dicha parte recurrente, a pesar de exponer lo que a su juicio, habría constituido una irregularidad procedimental, y solicitar práctica de prueba relacionada con dicho extremo, no reitera en esta alzada la petición de suspensión del curso de los autos por prejudicialidad penal; suspensión que, en todo caso, carecería de trascendencia práctica, puesto que conforme se ha justificado por la contraparte, ya habría recaído Auto con fecha 25 de julio de 2024 en las diligencias previas que se seguían ante el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Toledo, acordando el Sobreseimiento Provisional y Archivo de las actuaciones por la posible comisión del delitos de falsedad contra el hoy recurrido y su ex esposa.

Finalmente, y como última cuestión relativa a defectos procesales, aduce la recurrente, el defecto de forma contenido en la Sentencia recurrida consistente en no haber hecho referencia, conforme a los artículos 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 208-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al momento de notificarse la Sentencia, a si la misma era o no firme, y, en su caso, los recursos procedentes, órgano ante el que deben interponerse y plaza para interponerlo.

Pues bien, frente a tal denuncia, lo primero que hemos de decir es que no se solicitó por la parte, la subsanación de la omisión de tal extremo a través de la solicitud de subsanación y/o complemento de la Sentencia conforme al cauce previsto en el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; pero, igualmente, hemos de poner de manifiesto, que en todo caso, tal omisión no consta que le haya provocado ninguna indefensión a la parte, ni ninguna pérdida de oportunidad, puesto que efectivamente ha interpuesto el recurso procedente frente a dicha Sentencia, en el plazo legalmente previsto, y ha podido alegar y oponer como motivos de recurso todos aquellos que a su derecho convenía, sin merma de oportunidad ni derecho alguno.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de los motivos del recurso analizados.

TERCERO.-Entramos en el examen de los motivos de fondo del recurso, que en síntesis se dirigen a cuestionar -nuevamente con calificaciones gratuitas e injustificadas de ilegalidad o antijuridicidad de las decisiones- y a poner de manifiesto su discrepancia acerca de la falta de atribución a su favor del uso de la vivienda conyugal, así como de la falta de fijación a su favor de una pensión compensatoria.

Hemos de centrarnos en el suplico del escrito de recurso que literalmente, solicita lo siguiente en lo que ahora nos atañe:

"...dicte en su día nueva sentencia por la que se revoque la de instancia y se condene al Sr. D. Juan Ignacio a abonar a mi mandante, en concepto de pensión compensatoria, la suma mensual de €: 1.400.- (mil cuatrocientos euros mensuales) durante un plazo de 4 (cuatro) años contados desde el momento en quela Sra. Dña. Gracia y su hija deban salir de la vivienda conyugal por decisión judicial a instancia del demandante apelado."

Y es que tras la lectura del mismo es difícil interpretar que con el recurso se esté solicitando la atribución del uso de la vivienda que fue la utilizada por el matrimonio durante el tiempo de su existencia.

Aun obviando tal obstáculo procesal, no consideramos que tenga transcendencia para decidir sobre tal atribución, el hecho de que la recurrente residiera o no en España con anterioridad a contraer matrimonio con el apelado, siendo lo cierto que según ha quedado acreditado, y así, además, es asumido por ambas partes, la vivienda en cuestión es titularidad de la mercantil INVESTOLSA, de la que el apelado es socio y administrador mancomunado.

Así, es lo cierto que apelado y mercantil tienen distinta personalidad jurídica, aunque el primero sea administrador de dicha sociedad, ello no autoriza a confundir las personalidades, y máxime cuando no se ha practicado prueba tendente a alzar el velo de dicha personalidad jurídica, y el intento a través del procedimiento penal no ha alcanzado tal conclusión.

En este sentido podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 655/10, de 3 de noviembre de 2010, dictada en el recurso nº 1564/2006:

"El art. 10 LEC , dice que "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso". El titular de la relación contractual era efectivamente la sociedad y no el demandante, que ni tan solo comparece en la demanda en su cualidad de administrador único de la sociedad.

La sentencia recurrida intenta argumentar que al ser el demandante el único socio, por tratarse de una sociedad unipersonal, se produciría una cierta confusión de las personalidades, pero ello no es cierto en ninguna de las relaciones de todo tipo que mantiene la sociedad, desde los contratos civiles, como el que ahora se discute, las relaciones laborales con sus empleados o las obligaciones fiscales. Por tanto, no parece que pueda haber excepciones en el caso de que la sociedad sea de un solo socio, puesto que el art. 10 LEC entiende que estarán legitimados aquellos sujetos a quienes va a afectar de manera directa el resultado del proceso y éste es la sociedad y no sus socios.

El socio no es el titular de la acción procesal y por ello no tiene derecho a una concreta tutela judicial por el incumplimiento de un contrato, porque quien ostenta el derecho subjetivo correspondiente a la parte contractual en el contrato que se denuncia como incumplido es la sociedad limitada y no su administrador y socio único.

La sentencia recurrida utiliza la técnica del levantamiento del velo para justificar su decisión. A tal efecto, debemos reiterar la doctrina de esta Sala, expuesta en sentencias de 19 septiembre 2007 , 28 febrero 2008 y 10 octubre 2010 , entre otras. En ellas se considera que dicha técnica es un instrumento "[...] que se pone al servicio de una persona física o jurídica, para hacer efectiva una legitimación pasiva distinta de la que resulta de la relación, contractual o extracontractual, mantenida con una determinada entidad o sociedad a la que la ley confiere personalidad jurídica propia [...]" . En definitiva, como dice la sentencia de 28 enero 2005 , supone un procedimiento "[...] para descubrir, y reprimir en su caso, el dolo o abuso cometido con apoyo en la autonomía jurídica de una sociedad, sancionando a quienes la manejan". Precisamente nos encontramos ante el caso contrario, en que el propio socio pretende que su sociedad no valga a los efectos de la legitimación activa porque hay que tener en cuenta que la aplicación de la teoría del levantamiento del velo refuerza precisamente la falta de legitimación, porque se aplica a sociedades que compiten en el mercado, no a los sujetos individuales que forman la empresa como socios."

Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, las Sentencias 513/2017, de 22 de septiembre, 396/2020, de 6 de julio y 438/2021, de 22 de junio, hemos de tener en cuenta dos factores: en primer lugar, al interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres; en segundo lugar, a si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero.

Partiendo de que en el presente caso no existen hijos comunes -ni menores ni mayores de edad-, y que la titularidad de la vivienda en cuestión es de un tercero distinto de los ex cónyuges, que parece que cedió el uso de la misma de forma totalmente gratuita durante el tiempo que duró el matrimonio, no procede atribuir el uso de la vivienda a la apelante tal como pretende, que además, tal y como se recoge en la Sentencia recurrida, estaría expuesta a una acción de desahucio por precario.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremos 7 de enero de 2025, nº 22/25, recurso 10.180/23, recogiendo otras anteriores, se expresa en este sentido:

"Es cierto que señalamos, en los casos en los que la vivienda sea titularidad de un tercero ajeno al proceso matrimonial, que no entra en juego el art. 96 del CC y procede el ejercicio de las acciones de precario, siempre y cuando no exista título que justifique la posesión cedida, supuestos en los cuales la búsqueda de la solución debe hallarse en el marco del Derecho de propiedad y no desde los parámetros del Derecho de familia ( SSTS del pleno de 18 de enero de 2010 [RC n.º 1994/2005 ], 178/2011, de 18 marzo ; 695/2011, de 10 de octubre y 757/2024, de 29 de mayo entre otras)."

En este caso, ante las circunstancias expuestas, no se estima acreditada ninguna otra circunstancia que aconseje la atribución de la vivienda a la recurrente, máxime cuando la misma presta sus servicios laborales en la localidad de Madrid.

CUARTO.-Finalmente, resta por resolver la cuestión relativa a la procedencia o no del establecimiento de pensión compensatoria a favor de la Sra. Gracia, y, para ello se trae a colación lo resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil nº 100/2020, de 12 de febrero de 2020, dictada en el recurso 1512/2019 Pensión compensatoria., que indicó lo siguiente:

"La pensión compensatoriase configura como un derecho personalísimo de crédito, normalmente de tracto sucesivo, fijado en forma de pensión indefinida o limitada temporalmente, susceptible, no obstante, de ser abonada mediante una prestación única, incardinable dentro de la esfera dispositiva de los cónyuges, condicionada, por lo que respecta a su fijación y cuantificación, a los parámetros establecidos en el art. 97 del CC , y fundada en el desequilibrio económico existente entre los consortes en un concreto momento, como es el anterior de la convivencia marital.

Como señala la STS 236/2018, de 17 de abril Pensión compensatoria, con cita de las SSTS de 22 junio de 2011Jur isprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1 ª, 22/06/2011 (rec. 1940/2008) Pensión compensatoria, y 18 de marzo de 2014, rec. 201/2012 Pensión compensatoria:

"El punto principal se refiere al concepto de desequilibrio y el momento en que este debe producirse y así dice que "(...) tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, por lo que no se trata de una pensión de alimentos y lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge"".

Ahora bien, como señala la reciente STS 96/2019, de 14 de febrero Pensión compensatoria, la simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación y es preciso ponderar en conjunto la dedicación a la familia, la colaboración en las actividades del otro cónyuge, la situación anterior al matrimonio, el régimen de bienes a que haya estado sometido el matrimonio, así como "cualquier otra circunstancia relevante", de acuerdo con lo dispuesto en la recogida en último lugar en el art. 97 CC .

Ello es así, dado que las circunstancias concurrentes del art. 97 del CC operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio y como módulos de cuantificación de su montante económico ( SSTS de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC n.° 52/2006Jur isprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1 ª, 19/01/2010 (rec. 52/2006) Pensión compensatoria], luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 [RC n.° 514/2007 Pensión compensatoria ], 14 de febrero de 2011 [RC n.° 523/2008Jur isprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1 ª, 14/02/2011 (rec. 523/2008) Pensión compensatoria], 104/2014, de 20 de febrero Pensión compensatoria y 495/2019, de 25 de septiembre Pensión compensatoria, entre otras muchas)."

Pues bien, en atención a lo expuesto, en este supuesto, los ex cónyuges estaban casados en régimen de separación de bienes. La recurrente es una mujer joven y aunque sus ingresos sean inferiores a los del esposo, tiene capacidad económica, pues cuenta con formación profesional suficiente, tiene un trabajo, y bienes en su país natal, según manifiesta.

Como se ha expuesto, es doctrina reiterada que la pensión compensatoria tiene como finalidad, y de ahí su denominación, compensar el desequilibrio que se produzca en el momento de la separación o el divorcio y no constituye un sistema de equilibrio de patrimonios de los cónyuges, ni de los ingresos que cada uno obtenga de sus respectivos sueldos o pensiones, porque no significa paridad ni debe entenderse como un derecho de nivelación o indiscriminada igualación (por todas, Sentencia 622/2022, de 26 de septiembre); y que los supuestos contemplados en el artículo 97 del Código Civil operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio, pero también como módulos de cuantificación de su montante económico (por todas, Sentencia 1429/2023, de 17 de octubre)

La recurrente dispone por tanto, de ingresos propios e independencia económica, por lo que no se aprecia que el divorcio sea una causa de desequilibrio, ciertamente tiene unos ingresos menores que los del esposo, pero la pensión compensatoria no tiene como finalidad equiparar los ingresos de ambos, por lo que no se estima que se den las circunstancias que se requieren para fijar a su favor una pensión compensatoria. A tal efecto resulta irrelevante la posición económica y profesional de la que gozara la apelante en Rusia, así como los motivos que la llevaran a residir en España y a contraer matrimonio con el ahora apelado, Pero incluso es lo cierto que ha quedado acreditado que la misma, y tras el momento en que dejó de prestar sus servicios profesionales para la Universidad de León -aproximadamente un año antes de contraer matrimonio-, y hasta que se casaron, en julio de 2014, no desempeñó actividad laboral retribuida alguna. Tampoco se ha acreditado que su prestación como trabajadora autónoma para la mercantil Akiter Renovables, S.L. constante el matrimonio, haya sido ficticia, siendo lo cierto que tras la crisis del matrimonio, la Sra. Gracia presta servicios laborales para la mercantil SIGMA AI, S.L.U.

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22ª) de 17 de octubre de 2025, recurso nº 1.216/24 nos enseña lo siguiente:

"Así las cosas, no ha lugar a pensión compensatoria en favor de Dª. Irene y a cargo de Dº. Sebastián , dado que no obedece a las previsiones que se contemplan en el artículo 97 del Código Civil , en cuanto el destino de este beneficio no es otro que colocar al consorte desfavorecido con la quiebra del matrimonio, en igual situación frente al empleo o medios de obtención de recursos en que se encontraba antes de contraerlo, posición en la que ya se encuentra la ex esposa, recordando que, conforme reiterada doctrina jurisprudencial, la pensión compensatoria no es de automática concesión a toda separación o al divorcio, ni un mecanismo igualatorio de economías dispares, ni dador de titulaciones y cualificaciones que no se ostentan, siendo su finalidad evitar, en la medida relativa que se infiere de las medidas cuantificadoras que tal precepto contempla, que la separación o la disolución por divorcio, del matrimonio, origine a uno de los consortes una situación de desequilibrio que se reputa injusto, en méritos a la concurrencia de dos índices condicionantes comparativos, uno temporal en su naturaleza, pues el que postula tal derecho ha de estar en posición de inferioridad económica respecto de la que disfrutaba antes en el matrimonio, y de carácter personal la otra, cuando además es imprescindible que la posición económica del beneficiario en potencia, sea de inferior nivel a la del otro consorte, debiendo influir ambos condicionamientos, y sin que pueda bastar uno solo para el nacimiento del derecho regulado en el respectivo precepto; condicionantes o presupuestos que no pueden presumirse, por cuanto los mismos han de quedar sometidos a la doctrina general del onus probandi, sin alteración ni privilegio alguno ( art. 217 de la L.E. Civil, anterior 1214 del C.C .). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las separaciones y divorcios tienen una incidencia negativa en la economía de ambos cónyuges y es imposible equilibrar aritméticamente la situación de uno y otro con la tenida en periodo de convivencia, por ello, la mayoría de la doctrina al hilo de lo que antecede, afirma que el reequilibrio no tiene que suponer una igualdad entre los patrimonios de los dos, sino hallarse cada uno de ellos de forma autónoma en la posición económica que le corresponde según sus propias actitudes y capacidades para generar recursos económicos. Para concluir, permítasenos la cita del auto del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2.022 , así como de la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 2 de octubre de 2.020 , en la que se menciona la del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2.013, en la que se señala que la pensión compensatoria es una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, -que ha de ser apreciado al tiempo en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma-, y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio. No se trata de un derecho de alimentos o de un auxilio para atender necesidades indispensables, sino de paliar o compensar en lo posible el descenso del nivel de vida causado por la ruptura de la convivencia matrimonial, cuando uno de los cónyuges quede, comparativamente, en una posición sensiblemente desfavorable. El precepto indicado destaca el presupuesto de este derecho: el "desequilibrio económico" y el "empeoramiento" de la situación, lo que obliga a una valoración de las circunstancias del caso comparativa entre el antes y el después de la ruptura, y es predicable incluso cuando ambos trabajan, presupuesto lo antes dicho, dada la finalidad o función reequilibradora destacada por la doctrina y el Tribunal Supremo ( STS de 10/2/2005 ). En efecto, el artículo 97 no da fórmulas o soluciones matemáticas en orden a su fijación sino solo criterios o conceptos jurídicos indeterminados necesitados de concreción según las circunstancias de cada caso, por lo que las facultades del tribunal son bastante amplias y la valoración debe ser conjunta o global, como lo demuestra el dato de que la enumeración legal no es cerrada ("numerus clausus") sino abierta, cual resulta de la lectura del artículo citado (el Juez "determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:" ..., así como "cualquier otra circunstancia relevante", dice la actual redacción dada por la ley de reforma 15/2005 de 8 de julio), y, además de mencionar la cuantía de los recursos económicos entre una y otro, también incluye la edad y salud, la preparación y oportunidades de cara al mercado laboral o mundo profesional, la dedicación a la familia pasada y futura, la duración del matrimonio y convivencia, etc.. Y tampoco constituye un instrumento equilibrador del patrimonio de los cónyuges ( SSTS de 10 febrero 2005 , 5 noviembre 2008 y 10 marzo 2009 ), buscando la absoluta igualdad entre los mismos."

Por todo lo expuesto, procede la íntegra desestimación del recurso interpuesto.

QUINTO.-En materia de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento civil, al haberse desestimado el recurso, procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante, pues los aspectos discutidos en el recurso - habiendo quedado firme el pronunciamiento de divorcio-, carecen de naturaleza semipública, siéndoles aplicable el régimen general sobre las costas procesales.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.-La demanda iniciada por la representación del hoy apelado Sr. Juan Ignacio interesaba el divorcio del matrimonio. Por su parte, la apelante y demandada, solicitaba en su escrito de contestación a la demanda, además, como efectos propios del mismo, la atribución del uso del domicilio familiar, y además, a elección del demandante, la obligación de pagarse por el mismo una pensión compensatoria de 1.100 euros mensuales, si se hace ella cargo de los gastos de alquiler; o pensión compensatoria de 550 euros mensuales si el actor se hace cargo de tales gastos, en todo caso por periodo de 4 años; y, con carácter subsidiario, si no se le atribuyera el uso de la vivienda, interesa pensión compensatoria por importe de 1.400 euros mensuales, durante 4 años.

La Sentencia dictada en primera instancia decretó el divorcio de los cónyuges, con los efectos legales inherentes y denegó tanto la atribución del domicilio familiar a la Sra. Gracia, como la fijación de pensión compensatoria alguna a favor de la misma.

La demandada y apelante combate la Sentencia recurrida, y más concretamente, en primer lugar hace referencia a irregularidades procedimentales, dilaciones extraordinarias y extrema urgencia final, denunciando indefensión en la instancia a efectos de lo previsto en el artículo 459 de la LEC. Como segundo motivo del recurso, aduce irregularidades procedimentales, por la "ilegal" desestimación de la prejudicialidad penal al ignorar la Juzgadora las pruebas documentales que acreditaban su procedencia, denunciando indefensión en la instancia a los efectos del mismo precepto antes indicado. El tercer motivo denuncia defecto de forma en la Sentencia al incumplirse lo previsto en el artículo 248-4 de la LOPJ y artículo 208-4 de la LEC. En cuarto lugar, se hace referencia a un supuesto hecho probado erróneo, concretamente que al contraer matrimonio, la apelante ya residía en España. El quinto motivo del recurso alude a la "antijurídica" decisión de atribución de la vivienda conyugal al demandante. El sexto motivo hace referencia a un hecho probado erróneo, concretamente a que no se haya probado que haya sido ficticia la prestación de servicios por la recurrente, durante un tiempo, para AKITER RENOVAVLES. En séptimo lugar se efectúan alegaciones sobre la situación económica de la demandada recurrente antes de renunciar a su vida para convivir con el demandante y contraer matrimonio con él, así como sobre la existencia de desequilibrio. Finalmente, y en octavo lugar, se aduce la "antijurídica" decisión de denegar pensión compensatoria alguna a favor de la recurrente, alegando sobre la situación económica de la demandada recurrente tras el divorcio, con existencia de desequilibrio.

La contraparte se opone a los motivos del recurso de apelación.

SEGUNDO.-Comenzaremos por la resolución de las supuestas irregularidades procedimentales denunciadas en el recurso. Así, en primer lugar se hace referencia a la existencia de dilaciones extraordinarias con extrema urgencia final, que a juicio de la recurrente le habrían causado indefensión.

Este extremo se justifica por el hecho de que la tramitación del procedimiento habría durado un año y medio, y tras ello se dictó Diligencia de ordenación de 22 de diciembre de 2023, notificada el siguiente 11 de enero de 2024, que acordó la celebración de la vista de medidas "cautelares" -ha de entenderse medidas "provisionales"-, lo que considera la recurrente "ciertamente inaudito", pero que sin embargo, el 26 de enero de 2024, el Juzgado dictó nueva Diligencia de ordenación, notificada el 30, en la que se acordó transformar la vista de medidas en vista de juicio, otorgando a las partes el plazo de 5 días, del artículo 440 de la LEC para la solicitud de citación de testigos necesarios, por lo que por su parte, se presentó escrito el 6 de febrero de 2024, solicitando prueba testifical, y la contraparte, el 7 de febrero, dictándose Providencia el 8 de febrero de 2024, admitiendo parte de la prueba propuesta por el demandante, y otra Providencia el 9 de febrero siguiente, denegando íntegramente la prueba propuesta por su parte, con base al argumento de no dar tiempo a practicarla, interponiéndose por su parte recurso de reposición, formulándose en la vista las oportunas protestas, que no fueron atendidas por la Juzgadora, privándole de su derecho legítimo a una defensa con todas las garantías, al prohibirle practicar unas pruebas que hubieran cambiado radicalmente el relato fáctico de los hechos probados de la Sentencia y su Fallo, pues iban dirigidas a demostrar, por un lado, que la demandada se encontraba ocasional y temporalmente en España durante 2 cursos lectivos, en comisión de servicios, habiendo renunciado a su vida en Rusia, en favor de la relación sentimental que había iniciado con el actor; y, por otro lado, que su situación económica en su Rusia natal era sobradamente desahogada.

Al hilo de estas cuestiones, debe tenerse presente que en este caso no se solicita nulidad de actuaciones alguna por el recurrente, pero en todo caso, ha de tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 225 a 231 de la LEC, que refieren que serán nulos de pleno derecho, aparte de aquellos en que falte jurisdicción, competencia, se realicen bajo violencia o intimidación, se celebren sin la intervención de Abogado o Secretario en los casos a que se refiere, con carácter general los llevados a cabo prescindiendo de las normas esenciales de procedimiento, siempre que efectivamente se haya producido indefensión.

Así, se precisa la concurrencia de los requisitos siguientes: a) la existencia de una infracción procesal sustancial, esto es, de una omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento, por lo que, "a sensu contrario", no cualquier infracción de dichas normas podrá determinar la nulidad radical de actuaciones; b) que como consecuencia directa de tal infracción procesal, se haya producido indefensión, a cuyo efecto ha señalado el Tribunal Constitucional que la indefensión relevante a efectos de la nulidad de actuaciones, no tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera normas procesales, sino sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas, consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella ( STC 48/1986, de 23 de abril), y por tanto, dicha indefensión es algo diverso de la indefensión meramente procesal y debe alcanzar una significación material, produciendo una lesión efectiva en el derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución ( SSTC 118/1983, de 13 de diciembre y 102/1987, de 17 de junio), requiriéndose además que tal indefensión no halle su motivo en la propia postura procesal de quien alega haber sufrido; y c) que la nulidad de actuaciones, se haga valer, en todo caso, a través de los recursos establecidos en la Ley pues, como precisan las SSTC 75/1994, de 14 de marzo y 166/1997, de 13 de octubre, "declarada la constitucionalidad del art. 240.2 LOPJ ( STC 185/1990, de 15 de noviembre), es indudable que una vez que haya recaído Sentencia definitiva, la nulidad de las resoluciones judiciales sólo puede hacerse valer mediante la articulación de recursos extraordinarios o del amparo constitucional.

En consecuencia, la indefensión relevante comporta la introducción de factores diferentes del mero respeto de las normas procesales, consistiendo sustancialmente en la prohibición del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por la decisión judicial ( STC 48/1986, de 23 de abril), si bien esa limitación de los medios de defensa ha de ser producida por una indebida actuación del órgano judicial ( STC 86/1986, de 21 de mayo).

En el presente caso, la duración de la tramitación del procedimiento que se denuncia, no lleva aneja -como se ha expuesto-, la petición de ninguna consecuencia anulatoria del procedimiento, ni tampoco esta Sala considera que fuera merecedora de la misma, pues no se aprecia que en el lapso temporal de la tramitación, se haya causado indefensión alguna a la recurrente.

Así, dicha tramitación se extiende desde el 17 de marzo de 2023 en que se recepcionaron en el Juzgado a quo los autos de divorcio inhibidos, hasta la celebración de la vista el 12 de febrero de 2024, y posterior Sentencia de 28 de febrero siguiente, ahora recurrida, y máxime si se tiene en cuenta que la apelante solicitó en tres ocasiones la suspensión del curso de los autos por la supuesta existencia de prejudicialidad penal, que fue desestimada por Auto de 26 de enero de 2024. En todo caso, la prontitud en resolver sobre el envío de citaciones o de oficios que las partes interesaban en el plazo legalmente previsto, y con carácter previo a la celebración de la vista señalada, no puede considerarse como actuación causante de indefensión a la recurrente, sino más bien lo contrario, ha de entenderse como una regular actividad judicial dirigida a preservar la celebración de la vista señalada, sin ocasionar suspensiones innecesarias, que a la postre originarían una mayor dilatación en el tiempo de la tramitación. Otra cosa, es el sentido de las decisiones adoptadas en cuanto a la práctica de las diligencias interesadas con carácter previo, con las que la recurrente no está de acuerdo, y que más bien se dirigen a cuestionar la propia inadmisión de las pruebas decidida en el propio acto de la vista.

En todo caso, hemos de puntualizar, en primer lugar, que la parte ahora recurrente, no formuló recurso de reposición frente a la Providencia de 7 de febrero de 2024 que acordó no acceder a las diligencias interesadas de citación de testigos o de tramitar la correspondiente cooperación jurídica internacional, puesto que el recurso interpuesto por la representación procesal de la misma, según consta al acontecimiento 109 del Visor Horus se formuló frente a la Providencia de 26 de enero de 2024, que según consta al acontecimiento 66 de las actuaciones, resolvió admitir sobre la práctica de la averiguación patrimonial del actor.

Dicho lo anterior, y aun superando lo anterior, es lo cierto que en el acto de la vista, la Juzgadora desestimó la práctica de tales medios probatorios, decisión con la que no está conforme la recurrente y sin perjuicio de lo que se resolverá más adelante respecto al fondo del asunto, ya se adelanta que el derecho a la tutela judicial efectiva conlleva la prohibición de la indefensión, pero no siendo un derecho ejercitable de modo abstracto y en cualesquiera condiciones, sino que ha de ejercerse por las cauces que el legislador establece, es decir, es un derecho de configuración legal, como así se reconoce en la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1985, de 30 de septiembre, recurso de amparo 14/1985; por tanto, si bien el núcleo de dicho derecho es el acceso a la jurisdicción, ello no implica el derecho a

Asimismo, hemos de tener presente la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 25/97, que precisa lo siguiente: "el artículo 24.2 de la Constitución Española permite que un Órgano judicial inadmita un medio probatorio propuesto sin que ello lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que no obliga, por consiguiente, al Juez a admitir todos los medios probatorios que la parte estime pertinente, sino únicamente aquéllos que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales".

Así, en cuanto al derecho constitucional a la utilización de medios de prueba practicados, no está el Juez obligado a admitir todos los medios de prueba que cada parte estime pertinentes a su defensa "sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales".

A tal fin, deben ser valorados dos elementos, a saber: la pertinencia y relevancia de la prueba propuesta. Pertinencia es la relación entre las pruebas propuestas con lo que es objeto del juicio, y en la relevancia del medio probatorio ha de distinguirse entre la relevancia formal y la material -que es la verdaderamente trascendente- y que debe apreciarse cuando la no realización de tal prueba, por su relación con los hechos a los que se anuda la condena o la absolución u otra consecuencia penal relevante, pudo alterar la sentencia a favor del proponente, pero no cuando dicha omisión no haya influido en el contenido de ésta.

Por último debe exigirse que la prueba sea además necesaria, es decir, tenga utilidad para los intereses de defensa de quien la propone (en este sentido SSTS de 8 de Noviembre de 1992 y 15 de Noviembre de 1994) a diferencia de la pertinencia que se mueve en el ámbito de la admisibilidad como facultad del Tribunal para determinar inicialmente la prueba que genéricamente es pertinente por admisible ( STS de 17 de Enero de 1991); la "necesidad" de su ejecución se desenvuelve en el terreno de la práctica, de manera que medios probatorios inicialmente considerados como pertinentes, pueden lícitamente no realizarse por muy diversas circunstancias (STS de 21 de Marzo de 995), que eliminen de manera convenida su condición de indispensable y forzosa, como cualidades distintas de la oportunidad y adecuación propias de la idea de pertinencia.

En este caso, además de compartir la decisión adoptada en la instancia respecto a los medios de prueba, ya ha sido dictado Auto por esta Sección, con fecha 9 de septiembre de 2025, que ha devenido firme, y que ha rechazado la práctica en esta segunda instancia de los medios probatorios a los que se refiere el motivo del recurso, por lo que nos remitimos a dicha resolución en cuanto a la ausencia de pertinencia, utilidad y necesariedad de tales medios de prueba propuestos.

En cuanto al segundo motivo del recurso, que se refiere a la irregularidad procedimental consistente en la "ILEGAL DESESTIMACIÓN DE LA PREJUDICIALIDAD PENAL" a juicio de la recurrente, hemos de comenzar rechazando la gratuita e intolerable descalificación en relación a la decisión adoptada al respecto por la Juzgadora a quo, pues por más que no se ajuste a las pretensiones de la parte ahora recurrente, la mera discrepancia jurídica con la misma no autoriza a calificarla de "ilegal", so pena de encontrarnos ante un grave tipo delictivo penal, respecto del que no consta que se haya iniciado actuación judicial alguna.

Tras el análisis de las actuaciones, observamos que la ahora recurrente, según consta al acontecimiento 48 del Visor Horus, mediante escrito de 14 de septiembre de 2023 pidió la suspensión por existencia de prejudicialidad penal, con base a la presentación de una denuncia por supuesta falsedad del contrato de arrendamiento presentado por la contraparte, relativo a la vivienda que había constituido el domicilio conyugal. Asimismo, consta al acontecimiento 52 del mismo expediente electrónico la presentación de otro escrito por la misma parte, con fecha 22 de diciembre de 2023, reiterando la existencia de dicha prejudicialidad penal, aportando ya el dato de la admisión a trámite de dicha denuncia por el Juzgado de Instrucción correspondiente.

Mediante Auto de 26 de enero de 2024 se acordó no haber lugar a la suspensión por existencia de prejudicialidad penal, interponiéndose por dicha parte recurso de reposición conforme obra al acontecimiento 77. Y mediante escrito de fecha 31 de enero de 2024 -acontecimiento 80- se interesó nuevamente por dicha parte la suspensión por existencia de prejudicialidad penal, recayendo Diligencia de ordenación de fecha 5 de febrero de 2024, que acordó respecto a tal cuestión, estar al Auto de 26 de enero de 2024 -acontecimiento 83-, siendo conveniente poner de manifiesto que frente a dicha resolución no se interpuso recurso alguno, lo que ya es relevante, al no haber agotado la parte las posibilidades que la ley le otorga.

En cualquier caso, lo que resulta más significativo es que dicha parte recurrente, a pesar de exponer lo que a su juicio, habría constituido una irregularidad procedimental, y solicitar práctica de prueba relacionada con dicho extremo, no reitera en esta alzada la petición de suspensión del curso de los autos por prejudicialidad penal; suspensión que, en todo caso, carecería de trascendencia práctica, puesto que conforme se ha justificado por la contraparte, ya habría recaído Auto con fecha 25 de julio de 2024 en las diligencias previas que se seguían ante el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Toledo, acordando el Sobreseimiento Provisional y Archivo de las actuaciones por la posible comisión del delitos de falsedad contra el hoy recurrido y su ex esposa.

Finalmente, y como última cuestión relativa a defectos procesales, aduce la recurrente, el defecto de forma contenido en la Sentencia recurrida consistente en no haber hecho referencia, conforme a los artículos 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 208-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al momento de notificarse la Sentencia, a si la misma era o no firme, y, en su caso, los recursos procedentes, órgano ante el que deben interponerse y plaza para interponerlo.

Pues bien, frente a tal denuncia, lo primero que hemos de decir es que no se solicitó por la parte, la subsanación de la omisión de tal extremo a través de la solicitud de subsanación y/o complemento de la Sentencia conforme al cauce previsto en el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; pero, igualmente, hemos de poner de manifiesto, que en todo caso, tal omisión no consta que le haya provocado ninguna indefensión a la parte, ni ninguna pérdida de oportunidad, puesto que efectivamente ha interpuesto el recurso procedente frente a dicha Sentencia, en el plazo legalmente previsto, y ha podido alegar y oponer como motivos de recurso todos aquellos que a su derecho convenía, sin merma de oportunidad ni derecho alguno.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de los motivos del recurso analizados.

TERCERO.-Entramos en el examen de los motivos de fondo del recurso, que en síntesis se dirigen a cuestionar -nuevamente con calificaciones gratuitas e injustificadas de ilegalidad o antijuridicidad de las decisiones- y a poner de manifiesto su discrepancia acerca de la falta de atribución a su favor del uso de la vivienda conyugal, así como de la falta de fijación a su favor de una pensión compensatoria.

Hemos de centrarnos en el suplico del escrito de recurso que literalmente, solicita lo siguiente en lo que ahora nos atañe:

"...dicte en su día nueva sentencia por la que se revoque la de instancia y se condene al Sr. D. Juan Ignacio a abonar a mi mandante, en concepto de pensión compensatoria, la suma mensual de €: 1.400.- (mil cuatrocientos euros mensuales) durante un plazo de 4 (cuatro) años contados desde el momento en quela Sra. Dña. Gracia y su hija deban salir de la vivienda conyugal por decisión judicial a instancia del demandante apelado."

Y es que tras la lectura del mismo es difícil interpretar que con el recurso se esté solicitando la atribución del uso de la vivienda que fue la utilizada por el matrimonio durante el tiempo de su existencia.

Aun obviando tal obstáculo procesal, no consideramos que tenga transcendencia para decidir sobre tal atribución, el hecho de que la recurrente residiera o no en España con anterioridad a contraer matrimonio con el apelado, siendo lo cierto que según ha quedado acreditado, y así, además, es asumido por ambas partes, la vivienda en cuestión es titularidad de la mercantil INVESTOLSA, de la que el apelado es socio y administrador mancomunado.

Así, es lo cierto que apelado y mercantil tienen distinta personalidad jurídica, aunque el primero sea administrador de dicha sociedad, ello no autoriza a confundir las personalidades, y máxime cuando no se ha practicado prueba tendente a alzar el velo de dicha personalidad jurídica, y el intento a través del procedimiento penal no ha alcanzado tal conclusión.

En este sentido podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 655/10, de 3 de noviembre de 2010, dictada en el recurso nº 1564/2006:

"El art. 10 LEC , dice que "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso". El titular de la relación contractual era efectivamente la sociedad y no el demandante, que ni tan solo comparece en la demanda en su cualidad de administrador único de la sociedad.

La sentencia recurrida intenta argumentar que al ser el demandante el único socio, por tratarse de una sociedad unipersonal, se produciría una cierta confusión de las personalidades, pero ello no es cierto en ninguna de las relaciones de todo tipo que mantiene la sociedad, desde los contratos civiles, como el que ahora se discute, las relaciones laborales con sus empleados o las obligaciones fiscales. Por tanto, no parece que pueda haber excepciones en el caso de que la sociedad sea de un solo socio, puesto que el art. 10 LEC entiende que estarán legitimados aquellos sujetos a quienes va a afectar de manera directa el resultado del proceso y éste es la sociedad y no sus socios.

El socio no es el titular de la acción procesal y por ello no tiene derecho a una concreta tutela judicial por el incumplimiento de un contrato, porque quien ostenta el derecho subjetivo correspondiente a la parte contractual en el contrato que se denuncia como incumplido es la sociedad limitada y no su administrador y socio único.

La sentencia recurrida utiliza la técnica del levantamiento del velo para justificar su decisión. A tal efecto, debemos reiterar la doctrina de esta Sala, expuesta en sentencias de 19 septiembre 2007 , 28 febrero 2008 y 10 octubre 2010 , entre otras. En ellas se considera que dicha técnica es un instrumento "[...] que se pone al servicio de una persona física o jurídica, para hacer efectiva una legitimación pasiva distinta de la que resulta de la relación, contractual o extracontractual, mantenida con una determinada entidad o sociedad a la que la ley confiere personalidad jurídica propia [...]" . En definitiva, como dice la sentencia de 28 enero 2005 , supone un procedimiento "[...] para descubrir, y reprimir en su caso, el dolo o abuso cometido con apoyo en la autonomía jurídica de una sociedad, sancionando a quienes la manejan". Precisamente nos encontramos ante el caso contrario, en que el propio socio pretende que su sociedad no valga a los efectos de la legitimación activa porque hay que tener en cuenta que la aplicación de la teoría del levantamiento del velo refuerza precisamente la falta de legitimación, porque se aplica a sociedades que compiten en el mercado, no a los sujetos individuales que forman la empresa como socios."

Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras, las Sentencias 513/2017, de 22 de septiembre, 396/2020, de 6 de julio y 438/2021, de 22 de junio, hemos de tener en cuenta dos factores: en primer lugar, al interés más necesitado de protección, que no es otro que aquel que permite compaginar los períodos de estancia de los hijos con sus dos padres; en segundo lugar, a si la vivienda que constituye el domicilio familiar es privativa de uno de los cónyuges, de ambos, o pertenece a un tercero.

Partiendo de que en el presente caso no existen hijos comunes -ni menores ni mayores de edad-, y que la titularidad de la vivienda en cuestión es de un tercero distinto de los ex cónyuges, que parece que cedió el uso de la misma de forma totalmente gratuita durante el tiempo que duró el matrimonio, no procede atribuir el uso de la vivienda a la apelante tal como pretende, que además, tal y como se recoge en la Sentencia recurrida, estaría expuesta a una acción de desahucio por precario.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremos 7 de enero de 2025, nº 22/25, recurso 10.180/23, recogiendo otras anteriores, se expresa en este sentido:

"Es cierto que señalamos, en los casos en los que la vivienda sea titularidad de un tercero ajeno al proceso matrimonial, que no entra en juego el art. 96 del CC y procede el ejercicio de las acciones de precario, siempre y cuando no exista título que justifique la posesión cedida, supuestos en los cuales la búsqueda de la solución debe hallarse en el marco del Derecho de propiedad y no desde los parámetros del Derecho de familia ( SSTS del pleno de 18 de enero de 2010 [RC n.º 1994/2005 ], 178/2011, de 18 marzo ; 695/2011, de 10 de octubre y 757/2024, de 29 de mayo entre otras)."

En este caso, ante las circunstancias expuestas, no se estima acreditada ninguna otra circunstancia que aconseje la atribución de la vivienda a la recurrente, máxime cuando la misma presta sus servicios laborales en la localidad de Madrid.

CUARTO.-Finalmente, resta por resolver la cuestión relativa a la procedencia o no del establecimiento de pensión compensatoria a favor de la Sra. Gracia, y, para ello se trae a colación lo resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil nº 100/2020, de 12 de febrero de 2020, dictada en el recurso 1512/2019 Pensión compensatoria., que indicó lo siguiente:

"La pensión compensatoriase configura como un derecho personalísimo de crédito, normalmente de tracto sucesivo, fijado en forma de pensión indefinida o limitada temporalmente, susceptible, no obstante, de ser abonada mediante una prestación única, incardinable dentro de la esfera dispositiva de los cónyuges, condicionada, por lo que respecta a su fijación y cuantificación, a los parámetros establecidos en el art. 97 del CC , y fundada en el desequilibrio económico existente entre los consortes en un concreto momento, como es el anterior de la convivencia marital.

Como señala la STS 236/2018, de 17 de abril Pensión compensatoria, con cita de las SSTS de 22 junio de 2011Jur isprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1 ª, 22/06/2011 (rec. 1940/2008) Pensión compensatoria, y 18 de marzo de 2014, rec. 201/2012 Pensión compensatoria:

"El punto principal se refiere al concepto de desequilibrio y el momento en que este debe producirse y así dice que "(...) tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, por lo que no se trata de una pensión de alimentos y lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge"".

Ahora bien, como señala la reciente STS 96/2019, de 14 de febrero Pensión compensatoria, la simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación y es preciso ponderar en conjunto la dedicación a la familia, la colaboración en las actividades del otro cónyuge, la situación anterior al matrimonio, el régimen de bienes a que haya estado sometido el matrimonio, así como "cualquier otra circunstancia relevante", de acuerdo con lo dispuesto en la recogida en último lugar en el art. 97 CC .

Ello es así, dado que las circunstancias concurrentes del art. 97 del CC operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio y como módulos de cuantificación de su montante económico ( SSTS de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC n.° 52/2006Jur isprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1 ª, 19/01/2010 (rec. 52/2006) Pensión compensatoria], luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 [RC n.° 514/2007 Pensión compensatoria ], 14 de febrero de 2011 [RC n.° 523/2008Jur isprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1 ª, 14/02/2011 (rec. 523/2008) Pensión compensatoria], 104/2014, de 20 de febrero Pensión compensatoria y 495/2019, de 25 de septiembre Pensión compensatoria, entre otras muchas)."

Pues bien, en atención a lo expuesto, en este supuesto, los ex cónyuges estaban casados en régimen de separación de bienes. La recurrente es una mujer joven y aunque sus ingresos sean inferiores a los del esposo, tiene capacidad económica, pues cuenta con formación profesional suficiente, tiene un trabajo, y bienes en su país natal, según manifiesta.

Como se ha expuesto, es doctrina reiterada que la pensión compensatoria tiene como finalidad, y de ahí su denominación, compensar el desequilibrio que se produzca en el momento de la separación o el divorcio y no constituye un sistema de equilibrio de patrimonios de los cónyuges, ni de los ingresos que cada uno obtenga de sus respectivos sueldos o pensiones, porque no significa paridad ni debe entenderse como un derecho de nivelación o indiscriminada igualación (por todas, Sentencia 622/2022, de 26 de septiembre); y que los supuestos contemplados en el artículo 97 del Código Civil operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio, pero también como módulos de cuantificación de su montante económico (por todas, Sentencia 1429/2023, de 17 de octubre)

La recurrente dispone por tanto, de ingresos propios e independencia económica, por lo que no se aprecia que el divorcio sea una causa de desequilibrio, ciertamente tiene unos ingresos menores que los del esposo, pero la pensión compensatoria no tiene como finalidad equiparar los ingresos de ambos, por lo que no se estima que se den las circunstancias que se requieren para fijar a su favor una pensión compensatoria. A tal efecto resulta irrelevante la posición económica y profesional de la que gozara la apelante en Rusia, así como los motivos que la llevaran a residir en España y a contraer matrimonio con el ahora apelado, Pero incluso es lo cierto que ha quedado acreditado que la misma, y tras el momento en que dejó de prestar sus servicios profesionales para la Universidad de León -aproximadamente un año antes de contraer matrimonio-, y hasta que se casaron, en julio de 2014, no desempeñó actividad laboral retribuida alguna. Tampoco se ha acreditado que su prestación como trabajadora autónoma para la mercantil Akiter Renovables, S.L. constante el matrimonio, haya sido ficticia, siendo lo cierto que tras la crisis del matrimonio, la Sra. Gracia presta servicios laborales para la mercantil SIGMA AI, S.L.U.

La reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22ª) de 17 de octubre de 2025, recurso nº 1.216/24 nos enseña lo siguiente:

"Así las cosas, no ha lugar a pensión compensatoria en favor de Dª. Irene y a cargo de Dº. Sebastián , dado que no obedece a las previsiones que se contemplan en el artículo 97 del Código Civil , en cuanto el destino de este beneficio no es otro que colocar al consorte desfavorecido con la quiebra del matrimonio, en igual situación frente al empleo o medios de obtención de recursos en que se encontraba antes de contraerlo, posición en la que ya se encuentra la ex esposa, recordando que, conforme reiterada doctrina jurisprudencial, la pensión compensatoria no es de automática concesión a toda separación o al divorcio, ni un mecanismo igualatorio de economías dispares, ni dador de titulaciones y cualificaciones que no se ostentan, siendo su finalidad evitar, en la medida relativa que se infiere de las medidas cuantificadoras que tal precepto contempla, que la separación o la disolución por divorcio, del matrimonio, origine a uno de los consortes una situación de desequilibrio que se reputa injusto, en méritos a la concurrencia de dos índices condicionantes comparativos, uno temporal en su naturaleza, pues el que postula tal derecho ha de estar en posición de inferioridad económica respecto de la que disfrutaba antes en el matrimonio, y de carácter personal la otra, cuando además es imprescindible que la posición económica del beneficiario en potencia, sea de inferior nivel a la del otro consorte, debiendo influir ambos condicionamientos, y sin que pueda bastar uno solo para el nacimiento del derecho regulado en el respectivo precepto; condicionantes o presupuestos que no pueden presumirse, por cuanto los mismos han de quedar sometidos a la doctrina general del onus probandi, sin alteración ni privilegio alguno ( art. 217 de la L.E. Civil, anterior 1214 del C.C .). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las separaciones y divorcios tienen una incidencia negativa en la economía de ambos cónyuges y es imposible equilibrar aritméticamente la situación de uno y otro con la tenida en periodo de convivencia, por ello, la mayoría de la doctrina al hilo de lo que antecede, afirma que el reequilibrio no tiene que suponer una igualdad entre los patrimonios de los dos, sino hallarse cada uno de ellos de forma autónoma en la posición económica que le corresponde según sus propias actitudes y capacidades para generar recursos económicos. Para concluir, permítasenos la cita del auto del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2.022 , así como de la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 2 de octubre de 2.020 , en la que se menciona la del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2.013, en la que se señala que la pensión compensatoria es una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, -que ha de ser apreciado al tiempo en que acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma-, y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio. No se trata de un derecho de alimentos o de un auxilio para atender necesidades indispensables, sino de paliar o compensar en lo posible el descenso del nivel de vida causado por la ruptura de la convivencia matrimonial, cuando uno de los cónyuges quede, comparativamente, en una posición sensiblemente desfavorable. El precepto indicado destaca el presupuesto de este derecho: el "desequilibrio económico" y el "empeoramiento" de la situación, lo que obliga a una valoración de las circunstancias del caso comparativa entre el antes y el después de la ruptura, y es predicable incluso cuando ambos trabajan, presupuesto lo antes dicho, dada la finalidad o función reequilibradora destacada por la doctrina y el Tribunal Supremo ( STS de 10/2/2005 ). En efecto, el artículo 97 no da fórmulas o soluciones matemáticas en orden a su fijación sino solo criterios o conceptos jurídicos indeterminados necesitados de concreción según las circunstancias de cada caso, por lo que las facultades del tribunal son bastante amplias y la valoración debe ser conjunta o global, como lo demuestra el dato de que la enumeración legal no es cerrada ("numerus clausus") sino abierta, cual resulta de la lectura del artículo citado (el Juez "determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:" ..., así como "cualquier otra circunstancia relevante", dice la actual redacción dada por la ley de reforma 15/2005 de 8 de julio), y, además de mencionar la cuantía de los recursos económicos entre una y otro, también incluye la edad y salud, la preparación y oportunidades de cara al mercado laboral o mundo profesional, la dedicación a la familia pasada y futura, la duración del matrimonio y convivencia, etc.. Y tampoco constituye un instrumento equilibrador del patrimonio de los cónyuges ( SSTS de 10 febrero 2005 , 5 noviembre 2008 y 10 marzo 2009 ), buscando la absoluta igualdad entre los mismos."

Por todo lo expuesto, procede la íntegra desestimación del recurso interpuesto.

QUINTO.-En materia de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento civil, al haberse desestimado el recurso, procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante, pues los aspectos discutidos en el recurso - habiendo quedado firme el pronunciamiento de divorcio-, carecen de naturaleza semipública, siéndoles aplicable el régimen general sobre las costas procesales.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación