Sentencia Civil 240/2024 Audiencia Provincial Civil-penal de Toledo nº 2, Rec. 453/2022 de 04 de diciembre del 2024

PRIMERO:Planteamiento del litigio. Sentencia de instancia. Recurso de apelación.

1.-El día 20 de abril de 2021, D. Aquilino presenta demanda de juicio ordinario por la que se pretendía con carácter principal, la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito con la demandada el 3 de junio de 2019 fundada en el carácter usurario del tipo de interés remuneratorio del contrato; y con carácter subsidiario, la declaración de nulidad de la cláusula que establece dicho interés con fundamento en su falta de transparencia, en ambos casos se ejercitaba de forma acumulada la acción de reclamación de cantidad de las cantidades indebidamente abonadas.

2.-El contrato objeto de litigio es un contrato de tarjeta de crédito denominado Zero 1,2,3. La forma de pago elegida, de entre las varias posibles, es pago total mensual. En el contrato se refiere que el tipo de interés remuneratorio a aplicar, en el caso de optarse por la forma de pago aplazado, es del 23,77 % TAE.

3.-Seguido el procedimiento por sus trámites se dictó sentencia en fecha 10 de noviembre de 2021 estimatoria de la acción principal, al considerarse que el interés (23,77% "TAE") supera notablemente el que puede considerarse el normal en este tipo de operaciones atendida la fecha de la contratación (situado en el 19,63%). Declarando la nulidad del contrato por resultar usurario el interés del mismo y condenando a la demandada a reintegrar al actor todas las cantidades abonadas por aquel que excedan del capital dispuesto. Con imposición de costas a la demandada.

4.-Frente a dicha resolución se alza la parte demandada y condenada alegando errónea valoración de la prueba e interpretación de la Ley de Represión de Usura de 1908 y la jurisprudencia que interpreta la misma, al considerar que en el presente caso no se puede concluir que el tipo pactado sea notablemente superior o manifiestamente desproporcionado. Precisando que en el presente caso el actor eligió la forma de pago total mensual, modalidad que no lleva aparejada la aplicación de interés, sin que se haya acreditado por el actor haber pagado cantidad alguna por este concepto y por ello la existencia de perjuicio alguno.

5.- La parte apelada impugna el recurso.

SEGUNDO:Acción de nulidad fundada en usura. Doctrina Jurisprudencial aplicable. Decisión del recurso:

La decisión del recurso hace necesario precisar que en el presente caso nos encontramos ante un contrato de tarjeta de crédito que admite diversas modalidades de pago, de forma tal que la misma puede actuar simplemente como medio de pago, o bien como medio de pago asociado a un crédito que la entidad pone a disposición del cliente, permitiendo a este efectuar una compra o disposición por un determinado importe y devolver el mismo de forma aplazada, bien mediante el pago de una cantidad mensual fija y predeterminada, bien en función de un tanto por ciento del principal dispuesto. Supuesto este último al que resulta aplicable la cláusula de interés y en el que la tarjeta opera en la modalidad revolving propiamente dicha. En el presente caso no consta que la tarjeta haya funcionado nunca bajo esta última modalidad, ni que se haya aplicado interés alguno; constando expresamente que la modalidad de pago concertada fue la de pago total.

En cualquier caso, a la vista de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, no puede sostenerse que el interés remuneratorio, abstractamente considerado, resulte usurario. La Sentencia del Tribunal Supremo, de Pleno, nº 258/2023, de 15 de febrero, sobre un contrato de tarjeta de crédito, por un lado recapitula la jurisprudencia del Alto Tribunal sobre el carácter usurario de los intereses remuneratorios en este tipo de contratos; sobre cuál es la referencia a tomar en cuenta para fijar cual es el tipo de interés normal en este tipo de contratos, tanto en contratos celebrados con anterioridad a que existiera una estadística específica de referencia en las tablas publicadas por el Banco de España, como en los celebrados con posterioridad; la incidencia o relevancia que puede tener el hecho de que el índice analizado por el Banco de España en esos boletines sea el TEDR y no la TAE; y finalmente determina cuál es el margen admisible por encima del tipo medio de referencia para que un interés no se considere notablemente superior al normal del dinero.

La STS nº 258/23, citando las STS 628/20165, de 25 de noviembre, la 149/2020, de 4 de marzo, la 367/22, de 4 de mayo y la 643/22 de 4 de octubre precisa las siguientes conclusiones:

1.-En la STS 628/2015 de 25 de noviembre, el Tribunal fijó como doctrina que "para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta que se den los requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Y para juzgar si el interés es notablemente superior al normal del dinero, hacía dos consideraciones:

i)Por un lado que "el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados".

ii)Por otro lado, que la comparación no debe hacerse con el interés legal del dinero, sino con el interés normal o habitual, para cuyo conocimiento podía acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito en cumplimiento del artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE).

2.-En la posterior STS 149/2020 precisó que el índice que debía tomarse en cuenta como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving y no el de las operaciones de crédito al consumo.

3.- En la STS 367/2022, de 4 de mayo, se reiteraba esta última doctrina sobre la utilización como término de referencia de la categoría específica. Sin perjuicio de que el resultado comparativo viniera condicionado por los hechos acreditados en la instancia.

4.- La STS 643/2022, de 4 de octubre abordaba un supuesto en el que el contrato había sido celebrado en 2001, y por tanto en el que no existía una estadística específica de referencia en las tablas del Banco de España. Concluyendo que la referencia a tomar en cuenta era la correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, y de no existir, si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias, deberá acudirse a la más específica; la que presente más coincidencias con la operación crediticia cuestionada. Desechando nuevamente la aplicación como término de comparación el tipo medio de los créditos al consumo.

5.-En la STS 258/23 de 15 de febrero, lo que se plantea es la determinación de cuál es el interés normal del dinero referido a esos contratos anteriores a junio 2010 ( y por ello a la existencia de estadísticas específicas del Banco de España); y en ella, además de reiterar que el índice a tomar en cuenta para efectuar la comparación entre tipos de interés es la TAE y que la comparación habrá de efectuarse respecto al interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada. Efectúa dos precisiones importantes.

Por un lado, que el índice analizado por el Banco de España es el TEDR (tipo efectivo de definición restringida) que equivale a la TAE sin comisiones. Por tal motivo si al TEDR se le añadieran las comisiones el tipo sería ligeramente superior y la diferencia con la TAE también ligeramente menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura.

Y concluye:

1º.- En los contratos posteriores a junio de 2010 se puede seguir acudiendo al boletín estadístico del Banco de España y al mismo tiempo permitir que el índice publicado se complemente con lo que corresponda a la vista de las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras. Para señalar: "En realidad, en estos últimos años, aunque la TEDR haya sido inferior a la TAE por no contener comisiones, a los efectos del enjuiciamiento que hay que hacer (si la TAE es notablemente superior al interés común en el mercado) ordinariamente no será muy determinante, en atención a que la usura requiere no sólo que el interés pactado sea superior al común del mercado, sino que lo sea notablemente. El empleo de este adverbio en la comparación minimiza en la mayoría de los casos la relevancia de la diferencia entre la TEDR y la TAE."

2º.- Respecto de los contratos anteriores a junio de 2010, a falta de un desglose específico en los boletines estadísticos del Banco de España, lo correcto será acudir a la información específica del Banco de España para este tipo de productos más próxima en el tiempo, esto es, la que se ofreció en 2010.

Por último, una vez fijado cuanto antecede, la Sentencia entra a valorar el margen admisible por encima del tipo medio de referencia, esto es, en cuantos puntos porcentuales o en qué porcentaje puede superarlo el tipo TAE contractual para que no se considere un interés notablemente superior al normal del dinero. Y concluye como criterio más adecuado, que la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido sea superior a 6 puntos porcentuales.

En el presente caso, nos encontramos con un contrato suscrito en 2019. En consecuencia, habrá que tener en cuenta el interés medio para este tipo de productos publicado por el Banco de España para ese año (conforme concluye la STS 258/23 anteriormente referenciada). En el año 2019 el tipo medio TEDR publicado por el Banco de España ascendió al 19,67%, lo que equivaldría a un 19,97% TAE.

Así las cosas, siendo el interés consignado en el contrato de un 23,77%TAE, es claro que el mismo no puede reputarse usurario por no superar el tipo medio para este tipo de operaciones en la fecha de contratación.

Lo cual determina necesariamente la estimación del recurso y desestimación de la acción de nulidad fundada en la usura ejercitada con carácter principal en la demanda.

TERCERO:La estimación del recurso obliga a esta sala a examinar las demás cuestiones que quedaron imprejuzgadas ante la estimación de la primera de las pretensiones, las cuales hacen referencia a la nulidad de los intereses ante la falta de transparencia, en consecuencia, procede examinar la acción de nulidad de la condición general relativa al interés por no superar el control de incorporación, en aplicación de los artículos 5 y 7 de la LCGC

Sobre esta cuestión, resulta pacífico en la actualidad que una cláusula en la que se establece el interés remuneratorio de un contrato de préstamo/crédito, en la que no consta, fuera negociada individualmente, debe considerarse que tiene tal cualidad de condición general, y que tal condición relativa al interés remuneratorio (que no es otra cosa que el precio del contrato) debe ser calificada como cláusula que define el objeto principal del contrato, ya que se refiere a la remuneración que debe satisfacer el cliente a la entidad bancaria por el préstamo, y que, por tanto, no cabe el control del precio, y solo cabe analizar el control de transparencia, que comprende el control de inclusión y el control de comprensibilidad, y que la falta de transparencia es suficiente para declarar la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio. En consecuencia, y según recuerda la STS de 23.12.2015, "El art.4.2 de la Directiva 1993/13/CEE , de 5 abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, establece que «la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible".Por su parte, la STS nº 241/2013, de 09.05.2013, consideró que el control de contenido que puede llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las "contraprestaciones", que identifica con el objeto principal del contrato, a que se refería la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en el artículo 10.1.c) en su redacción originaria, de tal forma que no cabe un control del precio. En este sentido, la STJUE de 30.04.2014, asunto C- 26/13, declara, y la de 26.02.2015, asunto C-143/13, ratifica, que la exclusión del control de las cláusulas contractuales en lo referente a la relación calidad/precio de un bien o un servicio se explica porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar ese control. Pero, se añadía en la citada STS nº 241/2013, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia.

Este doble control consiste en que, además del control de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del CC del "error propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo. Por ello, la transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato. Por tanto, que las cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y comprensible, no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación - arts. 5.5 y 7.b) de la LCGC-. Supone, además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio.

Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas nulas si el defecto de transparencia provoca subrepticiamente una alteración, no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación. En definitiva, el interés remuneratorio no se encuentra exento de cualquier control, pues, de un lado se encuentra el control de validez que resulta de la Ley de 23.07.1908, si es alegado por la parte y, por otro, el de trasparencia que impone la LCGC.

Además, la falta de transparencia debe causar un perjuicio al consumidor, requisito exigido para la declaración de nulidad de las condiciones generales no transparentes en el artículo 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en la redacción dada por la Ley 5/2019 de 15 de marzo: "Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores, serán nulas de pleno derecho".

En este sentido, aclara la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2017: "es posible que una condición general inserta en un contrato celebrado con un consumidor, pese a no ser transparente, no sea abusiva pues tal como afirmábamos en el apartado 250 de la Sentencia 241/2013 .- la falta de transparencia no supone necesariamente que (las condiciones generales) sean desequilibradas (...) Tal afirmación se explica porque esa falta de transparencia puede ser, excepcionalmente, inocua para el adherente, pues pese a que el consumidor no pueda hacerse una idea cabal de la trascendencia que determinadas previsiones contractuales pueden tener en su posición económica o jurídica en el desarrollo del contrato, las mismas pueden no tener efectos negativos para el adherente".

Asimismo dicho perjuicio debe ser denunciado y puesto de relieve por el consumidor, aunque puede admitirse cierta flexibilidad en las alegaciones sobre este particular.

En este sentido explica la Sentencia del Tribunal Supremo 538/2019, de 11 de octubre: "Llama la atención que la argumentación del recurso contiene una referencia a la cláusula suelo, que no es objeto de enjuiciamiento ahora, hasta el punto de que en el suplico del recurso lo que se pide es la nulidad de la cláusula suelo. Y el escaso razonamiento referido a la falta de transparencia de la cláusula de determinación del interés variable es genérico, como lo era el que se contenía en la demanda. No se indica qué información se ha dejado de presentar con la transparencia necesaria para comprender su carga económica y jurídica, y lo que es más importante, a la vista de la jurisprudencia del TJUE, por qué habría de considerarse su inclusión contraria a las exigencias de la buena fe y qué desequilibrio importante de derechos y obligaciones entre las partes habría producido, en perjuicio del consumidor".

CUARTO:Aplicación al caso:

En el presente caso consta aportado a los autos copia del contrato de tarjeta de crédito junto con su clausulado particular y general firmado por el actor (doc. N.º 2 de la demanda), de lo cual cabe concluir que se proporcionó al cliente un ejemplar de la información normalizada europea y del condicionado general en espera de hacerle llegar la tarjeta mediante la cual podría operar, de manera que debe reputarse probado que este pudo examinar una y otras con el detalle y tiempo que estimó necesarios antes de proceder a su aceptación; es decir la demandada ofreció la información precontractual preceptiva así como que el consumidor recibió una copia de las condiciones generales antes de firmar su adhesión a las mismas, Todo ello en los términos establecidos en el artículo 7 LCGC.

Por otro lado, el tamaño de la letra cumple con los parámetros legales y es suficiente para permitir su lectura.

Los diferentes párrafos del clausulado general aparecen debidamente separados y numerados; y finalmente el referido condicionado no presenta ningún problema de claridad gramatical.

Por último, la información relativa al coste o interés aparece recogida en el apartado relativo a las modalidades de pago expresándose los diferentes tipos o posibilidades de contratación y los tipos de interés aplicables a las diferentes modalidades y operaciones.

Superado el primer control de transparencia, procede efectuar ahora el análisis de transparencia material, que afecta, como ya se ha dicho a la comprensibilidad real de la cláusula y que precisa además, como ya hemos señalado la alegación acerca de la falta de información y del perjuicio que ocasionado.

Y es desde esta perspectiva desde la que entendemos que en el presente caso la acción subsidiaria no puede ser estimada. En primer lugar, si nos remitimos a los hechos de la demanda, ninguna alusión se hace respecto a una eventual falta de información por parte de la demandada ni el perjuicio que ello habría supuesto.

El primer hecho hace referencia a la condición de consumidor del actor y su carencia de conocimientos financieros más allá de los normales en un ciudadano medio. En el segundo se hace referencia a la contratación de una tarjeta de crédito bajo la modalidad revolving. Modalidad que ya hemos señalado ni fue la elegida por el actor, ni la aplicada. En el hecho tercero se alude a que el interés del contrato es claramente usurario y se hace referencia a que el sistema de amortización de pago aplazado es perjudicial para el cliente bancario y ello porque pese a indicarle que supone una cuota muy asequible no viéndose casi afectado por ella, lo cierto es que cada mes el importe amortizado del crédito es mínima lo que implica que la devolución total del crédito pueda resultar mucho más larga de lo que inicialmente el cliente supuso lo cual se ve incrementado en aquellos casos en que se produzca un retraso en el pago donde además se incrementa con unos altos intereses moratorios. Sistema de amortización que reiteramos nunca se aplicó. Finalmente, en el hecho quinto se alude a la reclamación extrajudicial.

Además, en tanto en cuanto el contrato contempla diversas modalidades y la elegida no es la modalidad revolving, no puede concluirse que exista ausencia de información y que la inclusión de la cláusula que hace referencia a dicha modalidad implique en el presente caso un perjuicio para el consumidor.

Por todo lo expuesto, procede la estimación del recurso y la desestimación de la demanda.

QUINTO:En materia de costas, y por lo que se refiere a las costas de primera instancia, si bien la demanda ha sido desestimada, habida cuenta la evolución jurisprudencial producida en los últimos años respecto a los criterios tenidos en cuenta para determinar la usura, así como la existencia de resoluciones de diverso signo tanto en materia de usura, como en materia de falta de transparencia, se estima procedente no hacer expresa imposición de las costas causadas ( artículo 394.1 LEC) . Por lo que se refiere a las costas de esta alzada, en aplicación del artículo 398. 2 LEC, no procede hacer imposición de las causadas al haber sido estimado el recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación: