Sentencia Civil 470/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Badajoz nº 3, Rec. 273/2025 de 03 de diciembre del 2025

PRIMERO.-D. Narciso se alza contra la sentencia dictada en el presente procedimiento alegando que ha valorado incorrectamente la tipología del contrato de préstamo, que, aunque está presentado como una línea de crédito, en realidad tiene características de un préstamo personal, y, por lo tanto, a los efectos de determinar si el interés pactado a la TAE del 24,5 % es usurario, debe compararse con el interés medio aplicado en productos similares por otras entidades de crédito, que, según las estadísticas del Banco de España, era del 8,45% en la fecha en que se concluyó el contrato, por lo que el préstamo debe considerarse usurario. Además, D. Narciso argumenta que el contrato carece de transparencia, ya que no se proporcionó información clara y suficiente sobre las condiciones del préstamo; la falta de claridad en la información precontractual y contractual impide al consumidor comprender la carga económica real del contrato, por lo que debe declararse la nulidad del contrato.

SEGUNDO.-En el caso objeto de análisis estamos ante dos operaciones diferentes recogidas en el mismo documento, que podríamos calificar de "bicontrato", fechado el 8 de julio de 2015: según figura en el anverso del documento, el actor obtiene un préstamo para financiar el precio de un cambio de alternador, batería y revisión, suponemos que de un vehículo, que asciende a 872,28 euros, préstamo que se compromete a devolver en 12 cuotas de 79,97 euros, adeudando la suma de 959,63 euros con una TAE del 19,56 % y suscribe también una operación distinta, que el actor puede activar o no durante la vigencia del préstamo mercantil o con posterioridad, que se denomina "Cuenta Permanente", en cuya virtud, y según la definición proporcionada en las condiciones particulares "...El Titular/Cotitular ... disponen, desde la aceptación por parte de Cofidis, de una línea de crédito cuyo importe queda limitado al importe de la línea máxima autorizada aceptada por Cofidis. El importe inicial del crédito, concedido en función de los datos y documentación aportada por los titulares, puede variar con respecto al importe preaceptado y será confirmado en la carta posterior a la suscripción del contrato que Cofidis remitirá al cliente, en la que se informa, asimismo, de las mensualidades, plazos y demás elementos del contrato...". Las disposiciones del crédito autorizadopueden realizarse mediante solicitud de transferencia dentro de su disponible o mediante tarjeta de crédito que Cofidis puede emitir y que el titular deberá presentar al hacer sus compras. El contrato de cuenta permanente fue activado tras la solicitud de D. Narciso realizada a Cofidis por importe máximo de 4000 euros, comunicándose la autorización mediante llamada de teléfono y carta de 30 de agosto de 2016, que se han aportado con el escrito de contestación a la demanda. En definitiva, nos encontramos ante dos contratos, un préstamo y una línea de crédito.

La naturaleza del primero de estos contratos, el de préstamo, no genera especiales dudas, y respecto del segundo aunque el consumidor no obtenga disposiciones de efectivo utilizando una tarjeta sino mediante una llamada telefónica, las transferencias solicitadas por el cliente a la entidad se producen automáticamente siempre que se encuentren dentro del límite del crédito y a medida que se van abonando las mensualidades, el crédito se va reconstituyendo de forma permanente, resultando sólo necesario el consentimiento del financiador cuando se solicite una ampliación del límite el crédito. Este Tribunal considera que nos encontramos ante un contrato revolvente o "revolving" aunque no esté instrumentado mediante una tarjeta, pues el límite del crédito se recompone a medida que se paguen las cuotas, característica fundamental de este tipo de contratos, siendo muy revelador que en la información que Cofidis remitió a D. Narciso el 15 de octubre de 2022 (acontecimiento nº 2 del juicio verbal) describe la forma de pago como "revolving" explicando en el anexo que "El crédito revolving o cuenta permanente es un producto de línea de crédito que, en base a un límite establecido entre la entidad y el cliente, permite realizar disposiciones tanto de efectivo como para financiar compras. Este tipo de crédito se caracteriza por ser flexible y renovable (disminuye con los abonos mensuales y aumenta en caso de utilización del disponible), además a diferencia del préstamo su carácter es indefinido"

TERCERO.-Respecto del contrato de préstamo, a los efectos de comparar el interés pactado con el normal del dinero, el "test de usura" debe realizarse teniendo en cuenta el interés remuneratorio pactado en el contrato del 19'56% TAE con el tipo medio TEDR publicado por el Banco de España para los créditos al consumo de entre 1 y 5 años de duración, que en el año de suscripción del contrato, el 2015, estaba en un TEDR del 9,49 %, por lo que, al duplicar dicho tipo de interés, debemos declarar la nulidad del contrato de préstamo ex art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al ser el tipo notablemente superior al interés normal del dinero en relación con este tipo de préstamo y circunstancias del caso, que ninguna en especial se ha acreditado para su imposición.

La consecuencia de la declaración de usura es que, de conformidad con lo previsto en el art. 3 de la Represión de la Usura, procede condenar a la parte demandada a que restituya al demandante la cantidad que, pagada por todos los conceptos, exceda del capital dispuesto, a determinar en ejecución de sentencia si el saldo es a favor de la demandante, con los intereses legales calculados desde cada pago y a no pagar nada más que exceda del capital prestado si el saldo resultante es a favor de la entidad financiera Cofidis.

CUARTO.-Respecto de la falta de transparencia alegada, se ha de significar que el art. 5 de la Directiva 93/13/CEE exige que en los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deben estar redactadas siempre de forma clara y comprensible.En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Por su parte el art. 4.2 subraya que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.

El Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 30 de enero de 2025 analiza qué condiciones debe cumplir la cláusula que establece el interés remuneratorio en un contrato de crédito revolvente considerada conjuntamente con las cláusulas que regulan el sistema de amortización en este tipo de contratos para que pueda entenderse que se ha incorporado de forma transparente en los términos exigidos por los artículos antes citados y la jurisprudencia del TJUE que los interpreta, haciendo las siguientes consideraciones:

Conforme a la jurisprudencia del TJUE, "la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él...

Esta interpretación de la transparencia implica que los profesionales deben proporcionar información clara a los consumidores sobre las cláusulas del contrato y sus implicaciones y consecuencias antes de la celebración del contrato... Reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información".

En concreto el TJUE ha especificado los requisitos aún más, en particular con respecto a las cláusulas contractuales que son esenciales para el alcance de las obligaciones que los consumidores aceptan asumir: "es necesario verificar que se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, que se expusieron de manera transparente los motivos y las particularidades de la estipulación contractual, así como la relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan y le permitan evaluar, en particular, el coste total de su préstamo, permitiéndole evaluar las consecuencias financieras de este"

Después de estas consideraciones generales, el Tribunal Supremo recuerda algunas características del crédito revolvente y de las consecuencias y los riesgos que puede tener para el consumidor:

"es un crédito al consumo con interés, de duración indefinida o de duración definida prorrogable de forma automática, concedido a personas físicas, en el que el crédito dispuesto no se satisface en su totalidad al final del período de liquidación pactado. El consumidor puede disponer hasta el límite del crédito concedido sin tener que pagar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado, sino que reembolsa el crédito dispuesto de forma aplazada sin una duración determinada, mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje de la cantidad dispuesta, siendo habitual que la entidad financiera fije, por defecto, una cantidad o un porcentaje bajo, lo que alarga significativamente el plazo de amortización y supone la generación de una gran cantidad de intereses al amortizarse poco capital en cada cuota. El límite del crédito disminuye según se dispone de él mediante adquisiciones de bienes o servicios, disposiciones de efectivo, transferencias del crédito concedido, etc. A su vez, el crédito disponible se repone, fundamentalmente con la parte de las cuotas destinada a la amortización del capital y que el prestatario paga periódicamente. Por tanto, el crédito se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota (habitualmente, mensual) por lo que es un crédito rotativo o revolvente, equiparable a una línea de crédito permanente.

En la sentencia de pleno 149/2020, de 4 de marzo, mencionamos algunos de los riesgos que presenta este tipo de crédito, cuando afirmamos:

«Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio».

El Banco de España también ha hecho referencia a las consecuencias financieras que puede tener esta peculiaridad del crédito revolving, que puede dar lugar a lo que dicho organismo califica como «efecto de bola de nieve», que es el riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar.

Estas consecuencias negativas para el consumidor pueden producirse por la conjunción de varios factores: el carácter indefinido o prorrogable automáticamente del crédito; el límite del crédito se va recomponiendo constantemente; el elevado tipo de interés; la escasa cuantía de las cuotas, bien porque han sido establecidas por defecto en el contrato, bien porque han sido elegidas por el consumidor por el atractivo de ser asumibles en el corto plazo pero que van acrecentando un problema que se hará cada vez más serio a largo plazo pues suponen que se amortice muy poco capital; y, en su caso, el anatocismo en caso de impago de alguna cuota, comisión o indemnización de modo que el interés de demora se calcula sobre la totalidad de la cantidad adeudada, incluyendo capital, intereses, indemnizaciones y comisiones"

Y concreta "En consecuencia, es preciso que el consumidor reciba una información sobre estas características y estos riesgos, con un contenido y presentación adecuada y en el momento oportuno"

Incide el Alto Tribunal en que la información debería ser facilitada al consumidor antes de celebrar el contrato, como también exigía en su momento el art. 60.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el art. 5 de la Directiva 2008/48 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y el art. 11 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, así como por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, que en su art. 6 disponía que "las entidades de crédito deberán facilitar de forma gratuita al cliente de servicios bancarios toda la información precontractual que sea legalmente exigible para adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario y comparar ofertas similares. Esta información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa y habrá de entregarse con la debida antelación en función del tipo de contrato u oferta y, en todo caso, antes de que el cliente quede vinculado por dicho contrato u oferta".

En concreto el Alto Tribunal destaca que, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE y la normativa española la información previa al contrato "debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

Por tanto, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso.

Estas exigencias, para el caso de contratos a los que sea aplicable por razones temporales, están actualmente explicitadas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios"

"El sistema de amortización revolving no es simplemente un sistema como el de pago aplazado, que puede considerarse un simple préstamo al consumo que se va amortizando en cuotas periódicas durante un periodo determinado. Ya hemos expuesto sus peculiares características y los riesgos que conllevan, significativamente superiores a los de un simple préstamo al consumo. No se trata solo de que el mayor aplazamiento generará mayores intereses, conocimiento que alcanza al consumidor medio; o que, por su propia naturaleza, no pueda fijarse ex ante el coste total del crédito ni establecer un cuadro de amortización. La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad"

Continúa la Sala I afirmando que una vez que se haya determinado que la cláusula relativa al interés del crédito, considerada conjuntamente con el resto de las cláusulas del contrato y, más concretamente, las relativas al sistema de amortización revolving, no es trasparente, es necesario valorar, además, si es abusiva.

"Cuando un tribunal considera que una cláusula contractual no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4, apartado 2, y 5 de la citada Directiva 93/13/CEE, le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva. La falta de transparencia no supone automáticamente que una cláusula contractual sea considerada abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE pues la mera circunstancia de que una cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible no le confiere, por sí sola, carácter abusivo. Esto significa que, aun estableciendo que una cláusula cubierta por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE no es clara ni comprensible, su carácter abusivo debe todavía evaluarse con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1. Así lo ha declarado el TJUE desde la sentencia de 26 de enero de 2017, C-421/14, Banco Primus, apartados, 62 a 67, habiéndolo reiterado en sentencias como la de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, apartado 49, y de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66.

Sin embargo, en la medida en que las cláusulas contractuales no sean claras ni comprensibles, esta circunstancia puede contribuir a concluir que una cláusula contractual es abusiva en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, o incluso puede indicar su carácter abusivo. La transparencia de una cláusula contractual que exigen los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE (más exactamente, su falta de transparencia) es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva (por todas, las recientes sentencias de 13 de julio de 2023, C-265/22, Banco Santander, apartado 66, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23, Kutxabank, apartado 110).

De manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve».

Son también circunstancias relevantes para la valoración de la buena fe del predisponente necesaria para apreciar la abusividad de estas cláusulas la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar tales riesgos, como resulta de su comercialización fuera de establecimientos financieros (en las estaciones de tren, autobús, aeropuerto o centros comerciales tales como hipermercados, grandes superficies de electrodomésticos y electrónica, etc.), con denominaciones que ocultan esos riesgos e incitan a su contratación («cuota fácil» en este caso), con previsiones contractuales en las que, por defecto, se contrata el sistema revolving y/o las cuotas de escasa cuantía que incrementan el pago de intereses y prolongan el plazo de amortización"

En el supuesto que nos ocupa se pactó que las disposiciones del crédito autorizado pueden realizarse mediante solicitud de transferencia dentro de su disponible que podrá realizarse mediante llamada telefónica o tarjeta de crédito y que en caso de utilización del saldo disponible los titulares quedarían obligados a pagar a Cofidis siguiendo los procedimientos establecidos por esta entidad la cuota mensual de la línea de crédito no más tarde del día 5 de cada mes. Se explica que las cuotas mensuales comprenden el pago de intereses comisiones gastos e indemnizaciones o penalizaciones caso de devengarse primas del seguro caso de suscribirse y reembolso del principal adeudado imputándose en este orden. Se contempla como duración de un contrato la de un año renovable por tácita reconducción por periodos de un año.

La información que se facilita en el contrato en relación a la cuenta permanente resulta insuficiente a la luz de la jurisprudencia antes expuesta, puesto que no permite que un consumidor medio tome conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, del elevado tipo de interés, de la recomposición constante del crédito, y de la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas. Tampoco en la información verbal que le facilitaron al activar la línea de crédito "cuenta permanente" le facilitaron cualquier otra información adicional de tales riesgos. Por todo ello, este Tribunal concluye que el clausulado del contrato de cuenta permanente no es transparente en cuanto a la fijación del tipo de interés y el sistema de amortización, por lo que debemos declarar su nulidad, al no poder subsistir sin tales cláusulas. Las consecuencias de esa nulidad son las previstas en el artículo 1303 CC, de modo que D. Narciso debe devolver todo el dinero del que dispuso más el interés legal desde cada disposición, y Cofidis debe devolver a D. Narciso todo lo que recibió por cualquier concepto más el interés legal desde cada cobro realizado. La liquidación del saldo final se realizará en ejecución de sentencia con arreglo a estas bases.

QUINTO.-En cuanto a las costas procesales, en aplicación de los principios de efectividad y primacía del derecho comunitario, deben imponerse a Cofidis las costas de la primera instancia, y, al estimarse el recurso de apelación, deben imponérsele las de esta segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. el Rey y por la Autoridad que nos concede la Constitución, pronunciamos el siguiente: