Sentencia Civil 253/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Murcia nº 5, Rec. 28/2025 de 16 de septiembre del 2025

Primero.- Objeto del recurso de apelación.

"Awma Sun Control Solutions, S.L." interpone recurso alegando los siguientes motivos: 1- Ausencia de responsabilidad de esta parte derivada de un proyecto del que no es autora. 2- Infracción de la doctrina del "aliud pro alio". 3- Ausencia de responsabilidad de esta parte derivada de mal uso o deficiente conservación de la instalación por el propietario. 4- Error en la valoración de la prueba e infracción de los arts. 326, 335, 348, 376 y 217 LEC. 5- Imposibilidad de realizar los trabajos de reparación conforme al suplico de la demanda.

"T rocadero Tarifa, S.L." se opone a dicho recurso considerando ajustadas a derecho las valoraciones jurídicas y probatorias contenidas en la sentencia impugnada, al haberse acreditado un cumplimiento defectuoso del contrato por mal funcionamiento de 19 toldos y la instalación de motores de marca distinta de la contratada, sin que se haya justificado que los defectos traigan causa del mal uso o defecto de conservación de la instalación por esta parte, habiéndose valorado correctamente por la Juzgadora toda la prueba practicada, tanto documental como testifical y pericial.

Segundo.- Excepción de contrato defectuosamente cumplido y doctrina del "aliud pro alio" por ent rega de cosa distinta a la pactada.

La parte apelante invoca una aplicación errónea de la doctrina del "aliud pro alio", ya que la misma requiere que el incumplimiento sea de entidad suficiente para provocar la inhabilidad del objeto suministrado con la consiguiente insatisfacción total y absoluta del comprador, en tanto que en este supuesto se instalaron 52 toldos que inicialmente funcionaban bien y de los que sólo 19 resultaron afectados un tiempo después de la instalación, aunque siguen cumpliendo su función, pues el único defecto que se alega es que no se pliegan bien o que los mecanismos de plegado no funcionan como la actora pretende. Y en cuanto a la marca de los motores contratados e instalados, no se atribuye un mal funcionamiento por esta causa, simplemente se alega un precio distinto entre uno y otro.

La sociedad demandante-apelada se opone a dicho razonamiento argumentando que "se está valorando tanto el cumplimiento defectuoso, como la entrega de partidas diferentes a las contratadas (motores)".

La sentencia de primera instancia, partiendo de la doctrina jurisprudencial desarrollada en el fundamento jurídico segundo (marco jurídico), analiza el caso de autos a partir del fundamento tercero, explicando que "la parte actora solicita la condena a una obligación de hacer respecto de la instalación de toldos por parte de la demandada en el establecimiento que se relaciona en la demanda, al considerar que aquella -la instalación- fue indebidamente ejecutada".

Y, tras examinar minuciosamente la prueba practicada, concluye que la causa del incorrecto funcionamiento de los toldos es la que se describe en el informe elaborado por D. Constantino, técnico propuesto por la parte actora, concretamente: - que el sistema empleado no presenta durabilidad suficiente en la ubicación instalada; - que en el diseño y montaje del sistema de toldos no se previó la ejecución de unidades de sobremedida o elementos que aumentaran la tolerancia requerida por las características estructurales de la edificación; - y que algunos de los componentes del sistema no son de la marca y características especificadas en el presupuesto (motores Gaviota en lugar de Somfy), siendo el tubo de enrollado del toldo de tipo estándar para persianas que poseen elementos rígidos, pero no para un elemento flexible como es la lona, lo que unido a la conexión del motor a dicho tubo poligonal de escasa rigidez, genera fácilmente el patinamiento entre ambos elementos y una considerable excentricidad en la aplicación de la fuerza que produce esfuerzos adicionales en los distintos componentes. Por todo lo cual, "el estado general del sistema ... no cumple las expectativas de la contratación".

En este caso, la sentencia impugnada no ha declarado la resolución del contrato, que sería la consecuencia propia de la estimación de un incumplimiento de la obligación de entrega de la cosa o prestación pactada, con infracción del artículo 1.166 del Código Civil, sino que condena a la parte demandada a la obligación de hacer consistente en: 1. Reparar los toldos defectuosos 2. Sustituir los motores instalados por los de la marca Somfy.

De hecho, esta es la pretensión entablada en la demanda, en la que se ejercita una acción sobre cumplimiento (encabezamiento) basada en el cumplimiento defectuoso del contrato suscrito por las partes (hecho segundo), aun cuando en los fundamentos de derecho se alude tanto a la doctrina sobre cumplimiento defectuoso como a la del incumplimiento por insatisfacción total ("aliud pro alio"), si bien en el suplico se especifica que la demanda se entabla "en ejercicio de acción de cumplimiento defectuoso de contrato y obligación de reparación o sustitución".

En este sentido, la STS. nº 89/2013, de 4 de marzo, recuerda que "como hacíamos en la reseñada sentencia 294/2012, de 18 de mayo , conviene puntualizar y el incumplimiento resolutorio del art. 1124 CC .

En primer término, y respecto a sus efectos, hay que señalar que la excepción de incumplimiento no reporta una modificación de la relación obligatoria, pues su aplicación provoca una mera suspensión provisional del cumplimiento de la obligación; por contra, la pretensión resolutoria supone el ejercicio de una facultad de configuración jurídica que reporta la modificación de la relación obligatoria por medio de su efecto resolutorio ( STS de 5 de noviembre de 2007 ).

En segundo término, conforme a lo afirmado, y en relación al ámbito común de la valoración del incumplimiento, hay que señalar que la gravedad requerida en el incumplimiento se sitúa en dos planos o perspectivas que deben ser matizadas.

Así, en la aplicación de la ,resulta suficiente con que dicha gravedad o entidad del incumplimiento revele una quiebra básica o esencial respecto de la exactitud del programa de prestación acordado que, por lo general, seguirá siendo útil a los intereses del acreedor si se cumple satisfactoriamente. Sin embargo, en la dinámica resolutoria, la gravedad del incumplimiento debe proyectarse o generar una situación de quiebra básica de los elementos básicos respecto de la posible satisfacción de los intereses del acreedor, a los que da lugar la diversa tipología de los llamados incumplimientos esenciales [imposibilidad sobrevenida fortuita, transcurso del término esencial, , imposibilidad de alcanzar los rendimientos o utilidades previstos, o la frustración del fin del contrato ( STS de 20 de diciembre de 2006 )>.

En consecuencia, la aplicación para la resolución de este supuesto de la doctrina jurisprudencial sobre el "aliud pro alio" o sobre el cumplimiento defectuoso del contrato ("exceptio non rite adimpleti contractus") no altera el sentido del fallo de la sentencia apelada, el cual constituye el objeto del recurso analizado.

En este sentido, declara la STS 168/2020, 11 de marzo, con doctrina aplicable al recurso de apelación, que "es reiterada la jurisprudencia que afirma que

No cabe, en consecuencia, impugnar razonamientos auxiliares, accesorios, secundarios u obiter dicta [expresiones incidentales] o, a mayor abundamiento, cuya hipotética eliminación no alteraría el camino lógico que conduce a la conclusión obtenida en el fallo.

De tal forma que las diversas consideraciones que puedan hacerse en la resolución y no tengan dicho carácter trascendente para la decisión judicial son casacionalmente irrelevantes>".

Y la STS de 28 de febrero de 2006: "La doctrina de esta Sala, contenida en innumerables sentencias, ha reiterado que el recurso se da contra el fallo de la sentencia o su parte dispositiva y nunca contra los argumentos o razonamientos de la misma (1 de diciembre de 1993 , 10 de junio de 1995 y 20 de febrero y 30 de octubre de 2002 , entre muchas otras)".

Consecuentemente, este primer motivo debe ser desestimado, versando esencialmente el recurso sobre la incorrecta valoración de la prueba llevada a cabo por la Juzgadora "a quo", lo que se analizará en el siguiente fundamento jurídico.

Tercero.- Cumplimiento defectuoso del contrato y valoración de prueba.

Acerca de este motivo de recurso viene declarando con reiteración la jurisprudencia que el juicio de revisión que puede verificar el tribunal de apelación respecto del órgano de primera instancia "es pleno y no está limitado a los supuestos de error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba"( STS. 637/2022, de 3 de octubre), puesto que "en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, con algunas salvedades en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos, como una , en la que el Tribunal Superior u órgano tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos () como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la , y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación ()"( STC. 212/2000, de 18 de septiembre, y STS. 1695/2023, de 5 de diciembre).

Por consiguiente, "la Audiencia no se encuentra vinculada por la valoración de la prueba y la aplicación del derecho llevada a efecto por el Juzgado de Primera Instancia respecto de los puntos o cuestiones sometidas a su decisión por las partes"( STS. 100/20, de 12 de febrero).

Ahora bien, también constituye doctrina reiterada que el proceso valorativo de las pruebas realizado por Jueces y Tribunales de instancia no puede ser sustituido por el practicado por uno de los litigantes contendientes, debiendo prevalecer el del órgano judicial al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo de las partes en defensa de sus particulares intereses, en tanto no se demuestre que se ha incurrido en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica.

Pues bien, aplicando esta doctrina al presente supuesto, no aprecia este Tribunal que la Juzgadora "a quo" haya incurrido en error valorativo alguno de la prueba practicada. Al contrario, comparte las conclusiones extraídas de los medios probatorios obrantes en autos.

Y es que, examinadas tanto las declaraciones testificales (a instancias de la parte actora: D. Ramón, director de compras de la demandante, y D. Valeriano, arquitecto del proyecto del restaurante, ambos hermanos del legal representante de la sociedad actora, D. Carlos Jesús; y a instancias de la demandada, D. Federico, trabajador de la empresa "Gaviota"), como la prueba pericial correspondiente: D. Constantino, por la parte actora, y D. Efrain, por la demandada, tanto sus informes (documentos nº 14 de la demanda y acontecimiento nº 63), las valoraciones realizadas son plenamente acordes con el resultado que, según las reglas de la sana crítica, resultan de dichos medios probatorios, considerándose satisfecha la carga procesal que incumbía a la parte demandante, a tenor de lo dispuesto en el art. 217.2 LEC, sobre las deficiencias existentes en los toldos instalados por la demandada y que la causa de dichos defectos es imputable a la empresa instaladora, excluyéndose cualquier participación culposa por parte de la comitente.

Es encialmente, dicha conclusión se extrae del informe pericial del Sr. Constantino y su ratificación en juicio, cuya preferencia sobre el informe elaborado por el Sr. Efrain es explicada razonadamente en la resolución de primera instancia con argumentos compartidos por el Tribunal y a los que nos remitimos expresamente.

Pr etende la parte demandada simplemente que prevalezca su criterio valorador sobre el del órgano judicial, lo que ya hemos adelantado que no es admisible salvo que se justifique debidamente que el informe pericial en el que se sustenta la decisión judicial incurre en errores que deben ser subsanados, lo que no sucede en este caso.

Este efecto negativo es precisamente el que trata de evitar la jurisprudencia al indicar la STS de 28 de noviembre de 2011 que "lo que se pretende, en suma, es una valoración de la prueba pericial acomodada a sus intereses cuando es el juzgador quien, frente a la disparidad de criterios periciales, y bajo el presupuesto del empleo de la sana crítica, está llamado a decidir cuál de ellos merece mayor credibilidad y qué valor da respecto del contenido y alcance de la causa de los daños".

Má s didácticamente declara la STS. nº 471/2018, de 19 de julio: "En nuestro sistema procesal, como es sabido, viene siendo tradicional sujetar la valoración de prueba pericial a las reglas de la sana crítica ...

Aplicando estas reglas, el tribunal, al valorar la prueba por medio de dictamen de peritos, deberá ponderar, entre otras cosas, las siguientes cuestiones:

1º.- Los razonamientos que contengan los dictámenes y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en el interrogatorio de los peritos, pudiendo no aceptar el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro: STS. de 10 de febrero de 1984 .

2º.- Deberá también tener en cuenta el tribunal las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten tanto de los dictámenes emitidos por peritos designados por las partes como de los dictámenes emitidos por peritos designados por el tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones mayoritarias de los dictámenes: STS. de 4 de diciembre de 1989 .

3º.- Otro factor a ponderar por el tribunal deberá ser el examen de las operaciones periciales que se hayan llevado a cabo por los peritos que hayan intervenido en el proceso, los medios o instrumentos empleados y los datos en los que se sustenten sus dictámenes: STS. de 28 de enero de 1995 .

4º- También deberá ponderar el tribunal, al valorar los dictámenes, la competencia profesional de los peritos que los hayan emitido, así como todas las circunstancias que hagan presumir su objetividad, lo que le puede llevar en el sistema de la nueva LEC a que dé más crédito a los dictámenes de los peritos designados por el tribunal que a los aportados por las partes: STS. de 31 de marzo de 1997 .

La jurisprudencia entiende que en la valoración de la prueba por medio de dictamen de peritos se vulneran las reglas de la sana crítica:

1º.- Cuando no consta en la sentencia valoración alguna en torno al resultado del dictamen pericial. STS. de 17 de junio de 1996 .

2º.- Cuando se prescinde del contenido del dictamen, omitiendo datos, alterándolo, deduciendo del mismo conclusiones distintas, valorándolo incoherentemente, etc. STS. de 20 de mayo de 1996 .

3º.- Cuando, sin haberse producido en el proceso dictámenes contradictorios, el tribunal en base a los mismos, llega a conclusiones distintas de las de los dictámenes: STS. de 7 de enero de 1981 .

4º.- Cuando los razonamientos del tribunal en torno a los dictámenes atenten contra la lógica y la racionalidad; o sean arbitrarios, incoherentes y contradictorios o lleven al absurdo.

Cuando los razonamientos del tribunal en torno a los dictámenes atenten contra la lógica y la racionalidad: STS. de 11 de abril de 1998 .

Cuando los razonamientos del Tribunal en torno a los dictámenes sean arbitrarios, incoherentes y contradictorios: STS. de 13 de julio de 1995 ".

Pues bien, la sentencia impugnada supera sobradamente estos parámetros al explicar con detalle los motivos por los cuales otorga prioridad a un informe pericial sobre el otro, concretamente los siguientes:

a- Por las fuentes y la documentación que se acompaña a los informes, pues el perito de la parte actora compareció "in situ" en las instalaciones de la demandante, hizo comprobaciones directas de los toldos, se entrevistó con el personal de mantenimiento y tomó sus propias fotografías, en tanto que el perito de la demandada, sin que existiera obstáculo alguno para ello, no se desplazó al local, habiendo hecho su informe en base a fotografías que le fueron suministradas por la parte que lo contrató.

b- Las conclusiones alcanzadas en el informe del perito de la parte actora encuentran respaldo en otros medios probatorios, lo que no sucede con las conclusiones del perito designado por la demandada.

En particular, se han desvirtuado por la parte actora las objeciones planteadas por la demandada en su contestación e informe pericial: 1- Frente a la alegación de falta de mantenimiento y limpieza se ha justificado la realización de un curso de mantenimiento por los empleados de la actora. 2- Frente a la alegación de que las correas necesitan lubricación se ha acreditado con la declaración testifical del Sr. Vicente, trabajador de "Gaviota", que no podían lubricarse por ser de plástico. 3- Frente a la alegación de rigidez de la estructura de madera que da soporte a las vigas se ha probado que este hecho era conocido por la parte demandada, ya que visitó previamente las instalaciones y la recomendación de colocación de unos perfiles metálicos no figura en el presupuesto.

En cambio, las conclusiones del informe del Sr. Constantino se ven corroboradas con la colocación posterior de unos tacos de madera que no figuraban en el presupuesto, precisamente con la finalidad de subsanar los defectos de dimensión que habían aparecido tras la instalación.

Y en el informe técnico de "El Rey del Toldo, S.L.U." (documento nº 15 de la demanda) se aportan fotografías en las que se aprecian deficiencias tales como perfiles desnivelados, sujeciones de fijadores insuficientes, variedad en los sistemas de sujeción, lona destensada, fallo en guía de madera, medida errónea de veranda solventada con taco de madera, suplementación de medida errónea mediante arandelas, fijación deficiente con taco de madera, correa rota por exceso de rozamiento, descuadre en la calle de toldos y rotura de piezas por deficiencias anteriores, destacando en el mismo las siguientes conclusiones: a- las medidas tomadas previas a la fabricación han sido erróneas, lo que llevó a los instaladores a colocar los tacos de madera produciéndose desniveles en las guías; b- la instalación de los perfiles y de las guías no se ha realizado con el nivel correspondiente, lo que provoca el exceso de rozamiento de las correas y su rotura o fallo del motor; c- se han producido diversos daños y roturas en los sistemas de motorización y en las piezas que los conforman, así como rozamiento de las correas que provocan su fractura. Por todo ello, considera que instalación del producto se ha ejecutado de manera deficiente, apreciando en este momento (22 de junio de 2021) siete verandas fuera de servicio, pudiendo aumentar los daños con el paso del tiempo.

c- El uso de motores de una marca distinta a la contratada es un dato objetivo, sin que se haya justificado ni que el comitente aceptara el cambio ni que sea irrelevante la colocación de uno u otro tipo de motor, siendo más caros los contratados que los instalados, diferencia de precio que, en principio, permite considerar que los contratados eran de mejor calidad que los instalados.

En definitiva, una vez practicada por la parte actora la prueba pericial en la que se concluye la existencia de deficiencias en la instalación contratada, incumbe a la parte demandada desacreditar su resultado, bien mediante la práctica de una prueba pericial contradictoria, bien desvirtuando en juicio sus conclusiones, lo que no ha tenido lugar en el presente supuesto al no haberse justificado que respondan a "defectos de proyecto ajenos al instalador ni a daños y/o defectos derivados de un mal uso o deficiente conservación de la instalación por su propietario", tal y como se alega en el hecho tercero de la contestación.

A mayor abundamiento, de haber existido el invocado "evidentísimo error de proyecto" que no tuvo en consideración "el material elegido por el autor para la instalación sobre la que discurren los toldos instalados", este error debió ser advertido al comitente por el profesional contratista, esto es, por la empresa demandada, rechazando llevar a cabo un trabajo que, si era tan evidente el error de proyecto, nunca podría tener un resultado satisfactorio.

Téngase en cuenta que por la naturaleza de la relación jurídica que ligaba a las partes, la prestación del arrendador no se satisface, como en el arrendamiento de servicios, con realizar el trabajo de manera diligente, sino que va dirigida a obtener un resultado satisfactorio, pues en el arrendamiento de obra el artífice de la obra garantiza al otro contratante la obtención efectiva del resultado pactado, de tal manera que cuando la obra presenta deficiencias se presume, salvo prueba en contra, la culpa del artífice. Esto es, "el objeto del contrato no es tanto la actividad como el resultado obtenido y éste es el determinante del pago o retribución"( STS. de 13 de marzo de 1997).

Así lo viene declarando con reiteración la jurisprudencia, de la que citaremos a efectos ilustrativos la SAP. Murcia (sección 5ª) de 5 de septiembre de 2017, la SAP. Alicante (sección 9ª) de 30 de mayo de 2024, la SAP. A Coruña (sección 6ª) de 30 de septiembre de 2015 y la SAP. Pontevedra (sección 6ª) de 17 de noviembre de 2014, la cual debe interpretarse "a sensu contrario", pues parte del supuesto de reclamación por el actor del precio del trabajo efectuado y de la alegación de cumplimiento defectuoso por la demandada.

En dichas resoluciones se indica: "Con arreglo a las normas de la carga de la prueba, es al demandado a quien incumbe la prueba de las deficiencias o irregularidades que la prestación del actor presenta, en cuanto en ello el no se limita a negar el cumplimiento de la obligación contraída por el demandante, sino que introduce en el debate procesal nuevos hechos obstativos del regular y exacto cumplimiento debido por éste ( sentencias del Tribunal Supremo de 23 enero 1986 , 16 abril 1991 o 20 diciembre 1993 ).

Pero demostradas aquellas, el contratista que ha intervenido en el proceso constructivo es quien debe probar, y sufre las consecuencias de la efectiva falta de prueba, que los defectos que se han acreditado nada tuvieron que ver con su actuación profesional".

Cuarto.- Trabajos de reparación y sustitución a determinar en ejecución de sentencia.

Las restantes objeciones planteadas en la contestación a la demanda y en el recurso deben ser igualmente desestimadas.

De una parte, se alega la imposibilidad de reparar conforme al suplico de demanda, ya que el mismo no contiene un criterio ni técnico ni económico de reparación, siendo usual en este tipo de demandas recomendar una solución de reparación, incluyendo o no su posible coste económico. En este caso, no se ha aportado proyecto ni estimación real de qué hacer para solventar los problemas, lo que impide de facto y jurídicamente que esta parte pueda reparar de manera eficiente, dejándose esta cuestión al arbitrio de la parte actora.

Se rechaza este argumento, pues, además de no haber planteado en su caso la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, la propia sociedad contratista ofreció una garantía contra defectos de material y de fabricación, de forma que deberá llevar a cabo la reparación de los toldos defectuosos concretados en el fallo de la sentencia apelada en condiciones tales que dejen de presentar deficiencias de funcionamiento, sirviendo al fin para el que están destinados, lo que en su caso se determinará en ejecución de sentencia con los medios probatorios oportunos.

Esta posibilidad ha sido admitida por la jurisprudencia reciente, matizando la aparente rigurosidad del art. 219.3 LEC.

En este sentido, declara la STS. 1.228/2023, de 14 de septiembre: "[...] la jurisprudencia de esta sala ha advertido de la necesidad de evitar un excesivo rigor en la interpretación de la nueva regulación que podría afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva. Y aplica un criterio de ponderación de las circunstancias del caso para determinar si, a la vista de la mayor o menor complejidad del asunto, la solución en estos casos debe ser remitir la determinación del quantum de la condena dineraria a un proceso posterior o permitir su concreción en un incidente de ejecución"-

Y tras citar las sentencias 993/2011, de 16 de enero, y 490/2018, de 14 de septiembre, con invocación de otras anteriores, continúa:

"E n consecuencia, concluíamos en las citadas sentencias que «la voluntad del legislador expresada en esta norma - ciertamente confusa en varios aspectos - no puede ser la de privar del derecho por la simple razón de que no se haya logrado llevar a la convicción del tribunal la corrección de la cantidad solicitada en la demanda.

Co mo ya se ha dicho, el artículo 219 LEC se dirige especialmente al modo de formular la pretensión por la parte demandante y, cuando en su apartado 3, se refiere al tribunal lo hace fundamentalmente para advertirle de que no puede acceder a una petición de parte formulada en tal forma. No obstante se permite, tanto a la parte como al tribunal, solicitar o decidir exclusivamente sobre la formulación de la condena y dejar la liquidación para un proceso posterior por requerir de operaciones más complejas, del mismo modo que la ley no ha excluido la posibilidad de que se efectúen liquidaciones en ejecución de sentencia como se pone de manifiesto en los artículos 712 y ss. LEC », y que «el artículo 715 LEC permite al tribunal - en la fase de ejecución - nombrar un perito, incluso de oficio,para que dictamine sobre la efectiva producción de los daños y su evaluación en dinero».

En definitiva, de la jurisprudencia reseñada resulta que lo que contiene el art. 219.2 LEC no es una prohibición, sino una limitación, pues, como dijimos en la sentencia 690/2012, de 21 de noviembre , «permite relegar a la fase de ejecución de sentencia la determinación exacta del importe de la condena si se fijan con claridad y precisión las bases para su liquidación», de forma que lo que excluye es que se difiera «sin explicitar algún motivo razonable, a fase de ejecución de sentencia o a un pleito posterior la liquidación de la condena» ( sentencia 541/2012, de 24 de octubre ).

El criterio flexible contenido en esta doctrina jurisprudencial se ha aplicado más recientemente en las sentencias 763/2014, de 12 de enero de 2015 , y 102/2015, de 10 de marzo , en supuestos relativos a la liquidación de relaciones jurídicas complejas ...

Ese criterio favorable a la liquidación de la relación negocial en ejecución de sentencia - a realizar por los trámites previstos en los arts. 712 y ss. LEC - se adoptó a la vista de que una de las magnitudes a tomar en consideración en la liquidación ya estaba determinada y la otra podía serlo arts. 209.4 y 219 LEC que afecte gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva, en línea con lo declarado en la sentencia nº 993/2011, de 16 de enero >".

Previamente a esta resolución, ya se había pronunciado el Alto Tribunal en términos similares en la sentencia 759/2023, de 17 de mayo.

Consecuentemente, la doctrina expuesta resulta de aplicación al presente supuesto, al poder concretarse en ejecución de sentencia las obras a realizar, y en su caso, su cuantificación económica.

En segundo lugar, también se alega que la instalación de motores de maca diferente fue realizada a la vista, ciencia y paciencia del cliente y de sus técnicos, además de ser el motor sugerido por la propia marca como más adecuado y eficiente a la instalación efectuada y la diferencia de precio entre ambos elementos es irrisoria.

Lo cierto es que se ha acreditado con los medios analizados el fallo en los sistemas de motorización, manifestando el Sr. Constantino que los motores marca "Somfy" son de mejor calidad que los motores "Cross" de la marca "Gaviota".

Por ello, la sustitución de una marca de motores por otra debió ser aceptada por el cliente previamente a su instalación, ya que su colocación a la vista, ciencia y paciencia del mismo no es suficiente al no tener la condición de profesional en este sector empresarial, por lo que no queda justificado que se percatara de la modificación o que, en su caso, resultara indiferente para el buen fin de los trabajos contratados.

Todo ello determina la desestimación de este segundo motivo de apelación basado en error en la valoración de la prueba y la consiguiente confirmación de la sentencia impugnada por sus propios y acertados razonamientos.

Quinto.- Costas procesales de la alzada.

De conformidad con el art. 398 LEC, procede imponer las costas procesales de esta alzada a la parte apelante al haber sido desestimado el recurso interpuesto.

Vi stos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,