Sentencia Civil 41/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Ceuta nº 6, Rec. 295/2023 de 20 de febrero del 2025

PRIMERO.- Sentencia estimatoria de una demanda. Tutela condenatoria a entregar un documento y a facilitar unas informaciones que deben entenderse formulada en ella. Viabilidad procesal de la misma: En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, cuyo contenido se ha extractado en el antecedente primero, debe entenderse que se formuló una pretensión puramente condenatoria, consistente, a grandes rasgos, en la entrega de un documento negocial ("...contrato...")y en facilitar por escrito una serie de informaciones ("...Histórico de los extractos y liquidaciones mensuales del contrato completo..."y "...Cuadro de amortización del crédito contratado..."),todo ello partiendo de que entre ambas partes se había celebrado lo que se calificó como un "...contrato de tarjeta de crédito revolving...".

Es cierto que en la el "suplico"de la demanda se interesó, aparte de lo referido, que se "...Se declare el incumplimiento por parte de la demandada de las obligaciones legales enumeradas en esta demanda y consistentes en la entrega de documentación..."pero ello no puede entenderse como una pretensión independiente de la de condena. Aunque el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé expresamente la posibilidad de instar de los tribunales una "...declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas..."esa introducción de una petición de corte declarativo junto con otra condenatoria es artificiosa. Toda condena parte de la base de la existencia de un deber jurídico que recaer sobre unos sujetos, que, normalmente, es el reverso de un derecho atribuido a otro, el cual se habría infringido. En este caso concreto, lo uno no es más que la consecuencia jurídica de lo otro y, como tal, no tiene sentido su escisión.

Sentado lo anterior, la demandada, afirmó ofrecer ese documento e información, pero sin allanarse ni plantearse parte alguna que nos encontrásemos ante un supuesto de pérdida sobrevenida de objeto conforme con los artículos 21 y 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, oponiéndose a la demanda en su contestación, según se ha expuesto en el antecedente segundo.

Como se ha referido, por otra parte, en los antecedentes tercero y cuarto, tras la celebración de la audiencia previa se declaró visto para sentencia el procedimiento en aplicación del artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por admitirse sólo la prueba documental, dictándose una en la que se estimó íntegramente la demanda, con un argumento tan sintético que no es ocioso reiterar:

"... en el presente caso a la vista de la documental obrante en autos entendemos que la documental cuya entrega interesa la actora consta aportada junto al escrito de contestación a la demanda, no podemos considerar que el requerimiento extrajudicial fuera atendido dado que, pese a que se aporta copia de la documentación que la demandada dice fue enviada, no consta dicho envío realizado a través de medio que permita tener constancia fehaciente de su recepción, careciendo de toda lógica que la actora presente demanda si tenía ya la documentación en su poder. Se estima la demanda...".

Según se ha referido, finalmente, en los antecedentes quinto y sexto, la demandada ha recurrido la sentencia de primera instancia en apelación, solicitando que se revoque y se desestime la demanda, a lo que se ha opuesto el demandante.

Entre los varios argumentos que desplegó la demandada tiene que comenzar por destacarse el siguiente:

"...Concluye el Juzgador de Instancia, que carece de lógica litigar en caso de que la parte contraria dispusiera de la documentación. En tal sentido, y mostrando absoluta disconformidad con tal parecer, bastaría con acudir al procedimiento habilitado en el artículo 256 de la LEC (Diligencias Pre[e]liminares), para obtener dicha documentación toda vez que tal procedimiento se configura como preparatorio de acciones judiciales posteriores..."

Tal crítica de la sentencia carece de razón de ser, al menos, en lo relativo a las diligencias preliminares.

Cierto es que las diligencias preliminares tienen por finalidad, como se sostuvo, la preparación de un procedimiento ulterior, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 256.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ahora bien, la recurrente está confundiendo la previsión de ese mecanismo de preparación de procedimientos futuros, imponiendo determinadas conductas con tal finalidad, abriendo la puerta a la realización de ciertas actuaciones judiciales o la generación de ciertos efectos procesales, con la tutela específica de un derecho del demandante a obtener el documento y a que se le facilite la información antes referidos, lo que, en realidad, no se discute por la demandada y cuya infracción puede amparar directamente, conforme con el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una tutela condenatoria a su cumplimiento, como la que se ha entendido que se ha solicitado, cualquiera que sea el objetivo ulterior pretendido.

SEGUNDO.- Ausencia de una verdadera controversia sobre la mayor parte de los hechos alegados por las partes: Determinado por lo expuesto en el fundamento de derecho anterior que ninguna razón de índole procesal impediría recabar la tutela que debe entenderse solicitada en la demanda, lo siguiente en lo que debe centrarse este Tribunal es en concretar sobre qué hechos de los alegados por las partes existe controversia y sobre los que, en cambio, hay conformidad.

La razón de dar tanta relevancia a lo indicado se encuentra en que, conforme con el artículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, están exentos de la necesidad de ser probados los hechos incontrovertidos.

En el ámbito del juicio ordinario, como es el seguido en el presente caso, se prevén durante su audiencia previa una serie de mecanismos para determinar los hechos sobres los que existe o no discusión entre las partes, que son los siguientes:

-El artículo 427.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé la concesión de un turno de palabra a las partes para que, además de impugnar la posible autenticidad o su falta de correspondencia con los originales de los documentos en sentido estricto que se hayan unido, que permite la entrada en juego de las previsiones de sus artículos 319, 326 y 334, se contribuya a perfilar los extremos fácticos discutidos, cuestionando el acomodo a la realidad de los hechos, actos o estados de cosas en sí que documenten (veracidad intrínseca) y las observaciones de los profesionales de la investigación privada cuyos informes se pudieran adjuntar o el acierto de las conclusiones de los dictámenes periciales que se hubieran utilizado.

-El artículo 428.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que coadyuva a concluir la labor llamada a realizar por su artículo 427 mediante un turno de intervenciones destinado a que los contendientes muestren expresamente sus posiciones acerca de "...los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad...".

Como es fácil comprobar, los artículos 427.1 y 2 y 428.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se complementan mutuamente, constituyendo en buena medida las dos caras de una misma moneda.

A pesar de la importancia de la fijación de los hechos controvertidos y de las previsiones normativas antes indicadas, la juez de instancia no dio la palabra a las partes para que se pronunciaran en los términos establecidos en ellas, mostrándose absolutamente pasivas ante ello, como se ha expuesto con más detalle en el antecedente tercero, en el que se ha descrito cómo se desarrolló la audiencia previa en el presente caso.

Resulta claro a la vista de lo ocurrido, como en tantas ocasiones, que las normas procesales reguladoras de la audiencia previa no parecen interesar a operador jurídico alguno o que, simplemente, actos como el indicado se acaban convirtiendo en lo que bien podríamos calificar como un "diálogo de sordos",en el que cada parte realiza alegaciones sin que el resto parezca prestarle mucha atención y que no se modera adecuadamente por el juez para que pueda conseguirse la finalidad que le es propia, a la que se refiere muy sintética pero didácticamente el artículo 414.1.parr.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante lo anterior, los artículos 427.1 y 2 y 428.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no son unos fines en sí mismos, sino meros instrumentos. La fijación del ámbito de controversia fáctica es un proceso que comienza con la demanda, en la que, conforme con su artículos 399.2, tienen que exponerse de forma ordenada y clara los hechos en los que se funden las pretensiones ejercitadas por la parte demandante, continúa con su contestación, en la que, según su artículo 405, la demandada habrá de negar o admitir aquéllos y culmina, en una primera etapa, con los trámites de la audiencia previa establecidos en los dos primeros preceptos indicados, pudiendo incluso continuar reduciéndose el ámbito de la controversia con ocasión de lo expuesto en la apelación y la oposición a la misma.

Como consecuencia de lo anterior, aunque las normas referidas no se aplicasen correctamente, puede haber extremos sobre los que exista una plena seguridad que no son discutidos por los contendientes y, en el supuesto que nos ocupa, ya sólo atendiendo a lo que sostuvieron en la demanda y su contestación, a veces de manera más tácita que expresa, y partiendo en gran medida de los documentos a los que se remitían en sus escritos iniciales, son los siguientes:

1.-El que las partes alcanzaran una serie de acuerdos en virtud de los cuales la demandada expidió una tarjeta a favor del demandante mediante la cual podría disponer de sumas de dinero a través de una serie de operaciones, en tanto no se superase un límite máximo, que habría de restituirse en cuotas periódicas, con las que se satisfaría parte del capital y unos intereses remuneratorios.

2.-El que el demandante dirigiera a la demandada el requerimiento al que se refirió en la demanda, lo que efectuó mediante correo electrónico, que se recibió por la segunda el día 07/09/2022.

3.-El que el demandante actuara al alcanzar los acuerdos antes indicados de forma ajena a cualquier actividad empresarial o profesional.

4.-El que tanto el correo electrónico "... iberiacards.Reclamaciones@diusframi.es..."como "...sac@iberiacards.com..."se correspondan a servicios de la demandada, no así que qué tipo de ellos.

Respecto de lo alegado por la demandada en su contestación, puntualizado en las alegaciones complementarias de la audiencia previa, efectuadas al amparo del artículo 426.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y con el complemento de la documentación a la que se remitía, sobre que el demandante remitió (personalmente debe entenderse) un primer requerimiento similar al antes indicado en ese primer correo electrónico en el que no se atenderían ese tipo de peticiones, luego otra al segundo, que ella entiende como la vía de comunicación correcta, y se le diera respuesta a esta última, también por correo electrónico, remitiéndole una documentación, el 13/10/2018, debe atenderse incontrovertida la realización de esas tres comunicaciones y su contenido. Aunque no fueron especialmente explícitas al respecto de tales extremos las aseveraciones del demandante en ese mismo trámite, subyacía a ellas, la asunción de tales extremos por el contexto de aquéllas y, especialmente, el tono de reproche con el que se sostenía que se había enviado un requerimiento a través de un letrado y se instaba a que se respondiera a través de él, en lo que se insistió en la oposición al recurso.

De esas mismas alegaciones complementarias vertidas en la audiencia previa se extrae que ese acuerdo, como ya se apuntaba por lo dicho en la propia demanda, no se alcanzó telemáticamente, sino documentándose por escrito.

Finalmente, tampoco puede considerarse controvertido que no se entregara la documentación anterior a alcanzar el acuerdo antes indicado, ni el documento en el que se habrían plasmado sus estipulaciones ni otra información ulterior sobre el desarrollo de las operaciones a lo que se aludió en la demanda, que pasó por completo desapercibido durante la audiencia previa, por lo siguiente:

a) Como ya se ha apuntado, el artículo 405.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone a la parte demandada la carga procesal de negar o admitir los hechos alegados de contrario, añadiendo a continuación, lo que es más importante, que "...El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales"

b) En el contexto de un procedimiento en el que se estaba instando por la demandante la entrega de un documento y la facilitación de información, el hecho de no haberse facilitado antes es claramente perjudicial para la demandada.

c) Ninguna razón puede tener que la demandada mantuviera al respecto de esa alegación del demandante algo tan poco tajante y evasivo como que "...negamos rotundamente que mi mandante haya incumplido el deber legal de facilitar las explicaciones adecuadas y suficientes para comprender los términos del contrato de tarjeta de crédito, ya que toda la información y el tipo de interés aplicado viene detallado en cada uno de los extractos mensuales a los que el demandante tiene acceso a través de la página web...".

A tenor de lo anterior, salvo lo relativo a la distinta finalidad para la que existían los diferentes correos electrónicos a los que se remitieron los requerimientos del demandante, personal y a través de un letrado, sobre ningún otro hecho puede entenderse que existiera realmente controversia.

TERCERO.- Valoración de las pruebas sobre el único hecho sobre el que debe entenderse que hubiera controversia: Realizando una nueva valoración de las pruebas practicadas, conforme con el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es imposible alcanzar una convicción sobre la finalidad específica para la que se mantienen las dos direcciones de correo electrónico indicadas en el fundamento de derecho precedente o, más bien, dentro de la cierta confusión que se sembró por la propia demandada al sostener que uno era el correspondiente a un "...servicio de reclamaciones externo..."y otro al "...Servicio de Atención al Cliente...",a qué pudiera responder la creación de esos dos cauces diferentes, por lo siguiente:

a) Como punto de partida, no puede tomarse en consideración la introducción del contenido de parte de una página web en el recurso de apelación, que se desconoce, por otra parte, a qué fecha se corresponde. Sería tanto como admitir una prueba, sin proponerla siquiera conforme con el artículo 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero camuflada dentro de las alegaciones del mismo.

b) Ninguna prueba específicamente tendente a acreditar tal circunstancia se admitió.

c) No puede presumirse conforme con el artículo 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo sostenido por la demandada ni incluso tomando como base el correo electrónico al que se dirigió el requerimiento personal del demandante que se ha considerado incontrovertido que aconteció el 30/08/2022, que era ...sac@iberiacards.com...".La referencia que se hacía en el mismo en tono de queja ("...les solicito (nuevamente)..."),ligado a que es incontrovertido que se hizo uno previo, apunta claramente a una derivación de un servicio a otro dependiente de aquélla, pero no a qué responde exactamente, esto es, si a la diferente naturaleza de cada uno de ello, a una división interna del trabajo, a criterios de pura oportunidad o una elusión de responsabilidad entre quienes prestaran sus servicios en los mismos.

CUARTO.- Celebración de un contrato crediticio de consumo tipo "revolving": A la luz de los acuerdos que es incontrovertido que se alcanzaron entre las partes y la naturaleza de las mismas nos encontramos, a grandes rasgos, ante un negocio jurídico complejo, de naturaleza crediticia, calificable como de consumo y de tipo "revolving",conforme con los artículos 1.254, 1.255 y 1.740 del Código Civil, el artículo 175.7º del Código de Comercio, y el artículo 1 de la ley de contratos de crédito al consumo y los artículos 3 y 4 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

QUINTO.- Obligaciones de entrega de documentación y facilitación de información dimanantes de contratos como el celebrado entre las partes. Imposibilidad de estimar en caso alguno la demanda de forma íntegra: En atención a las peculiares características del negocio jurídico celebrado según se ha analizado en el fundamento de derecho anterior, la asimetría de las partes y las graves consecuencias que para el patrimonio de la ciudadanía y la economía del país en general puede suponer un mal uso de ciertos instrumentos crediticios, se establecen una serie de obligaciones legales, tendentes, fundamentalmente, a que las personas que se vayan a servir de lss mismos puedan ser conscientes de las consecuencias que ello pueda traer aparejado, evitando su endeudamiento y una adecuada gestión de su patrimonio. Ello se materializa con el deber de entregar algunos documentos en diferentes momentos de la relación jurídica y de facilitar determinada información en ciertos casos de manera forzosa y, en otros, a petición del prestatario, que es lo que constituye la base de la demanda.

Dentro de esas obligaciones se encuentran las siguientes, en las que tenemos que centrarnos al hilo de lo alegado en la demanda:

a) Documento en el que se recogen las estipulaciones contractuales:En la demanda se solicitó, en primer lugar, la condena a lo siguiente:

"...a) Presentación y aportación del contrato original y en soporte papel suscrito fechado y firmado por las partes, si la contratación fue presencial

b) Si la contratación hubiera sido digital o a distancia, a aportar el contrato y certificados de firma correspondientes en este formato con los documentos y acreditaciones correspondientes...".

En la sentencia apelada se accedió a tal petición, que de por sí no tiene mucho sentido si, como se ha dicho, ya se apuntaba en la demanda a la existencia de un acuerdo documentado por escrito y no a un proceso de contratación telemática, como finalmente es incontrovertido que tuvo lugar.

Al margen de lo anterior, como se alegó en la demanda, el artículo 7.1 y 2 de la Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, dictada al amparo del artículo 48.2 de la ya derogada Ley 26/1989 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, establece lo siguiente:

"1. Las entidades de crédito deberán entregar al cliente el correspondiente ejemplar del documento contractual en que se formalice el servicio recibido.

2. Las entidades de crédito deberán conservar el documento contractual y poner a disposición del cliente copia del mismo siempre que éste lo solicite.

En las operaciones formalizadas en documento notarial se estará, en cuanto a la obtención de copias por los clientes, a lo dispuesto en la normativa notarial...".

Frente a lo que parece entender el demandante, por mucho que como cliente tenga derecho a recibir ese "...ejemplar del documento contractual que se formalice...", lo que debe entenderse en el sentido de una obligación a cumplir al tiempo de concluirse el acuerdo de voluntades del que nace el contrato, y la demandada deba conservar, al menos, un documento de los que hayan podido expedirse entonces con la firma, rúbrica o sello que revele la prestación del consentimiento de las partes, lo que las normas antes indicadas imponen a la entidad de crédito no es que, ante cualquier solicitud posterior, tenga que entregarse el "documento original".Lo que permiten recabar es la remisión de una copia. Otra interpretación no tiene sentido.

Esa copia, salvando el temor que pareció manifestar el demandante en la audiencia previa sobre sus condiciones, tiene que ser fiel en cuanto a sus características con el original. Así se extrae de una interpretación teleológica y sistemática del referido artículo 7.2 en conexión con el artículo 8.1 de la misma Orden, que impone que "Toda comunicación de las entidades de crédito, en los términos previstos por la normativa correspondiente, referida a cualquiera de los servicios bancarios previstos en esta orden deberá:

a) reflejar de manera clara y fiel los términos en que se desarrollan los servicios...".

El eventual incumplimiento de esa exigencia de fidelidad no se puede presumir de antemano. Habrá que estar en cada caso a cómo se dé cumplimiento a esa obligación, voluntaria o forzosamente, según el caso.

Ello determina que la demanda no pudiera estimarse en caso alguno de manera íntegra, pudiendo condenar sólo a la entrega de una copia del contrato idéntica en sus características a la que originalmente se suscribiera.

b) Información posterior al documento contractual:con carácter general, el artículo 8.3 de la referida Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios establece lo siguiente:

"3. Las entidades de crédito facilitarán a sus clientes en cada liquidación de intereses o comisiones que practiquen por sus servicios, un documento de liquidación en el que se expresarán con claridad y exactitud:

a) El tipo de interés nominal aplicado en el periodo ya devengado y, en su caso, el que se vaya a aplicar en el periodo que se inicia.

b) Las comisiones aplicadas, con indicación concreta de su concepto, base y período de devengo.

c) Cualquier otro gasto incluido en la liquidación.

d) Los impuestos retenidos.

e) Y, en general, cuantos antecedentes sean precisos para que el cliente pueda comprobar la liquidación efectuada y calcular el coste del servicio".

El artículo 33 sexies.1 de la Orden antes indicada, por remisión a su artículo 33 bis, que se refiere a los contratos crediticios de tipo revolving, como se ha dicho que es el caso, establece lo siguiente:

"1. Cuando el cliente así lo solicite, la entidad le facilitará en el plazo máximo de 5 días hábiles la siguiente información en relación con el crédito señalado en el artículo 33 bis:

a) Cualquiera de los extremos señalados en el artículo anterior.

b) Las cantidades abonadas y la deuda pendiente. La entidad facilitará al cliente un detalle lo más completo posible del crédito dispuesto, a fin de que pueda verificar la corrección del importe adeudado o reclamado y su composición. Salvo que el cliente indique otra cosa, la información incluirá las fechas, importes y conceptos de los pagos efectuados, y desglosará la cantidad pendiente de pago en concepto de principal, intereses acumulados y comisiones devengadas por distintos conceptos.

c) El cuadro de amortización; la entidad advertirá claramente que el cuadro de amortización se elabora para el saldo dispuesto, en una fecha de referencia y con la cuota establecida en ese momento..."

En dichos preceptos encontraría encaje el resto de peticiones formuladas en la demanda sobre que se condenara a lo que se indicó en el fundamento de derecho primero que sería la remisión de una serie de informaciones que vendrían a ser todos los "...extractos y liquidaciones mensuales del contrato..."practicadas "...en el mismo formato en que fueron o debieron ser remitidos..." y el "...Cuadro de amortización del crédito contratado, actualizado a fecha de última liquidación y último apunte contable...".

SEXTO.- Cumplimiento parcial de las obligaciones de entrega de documentación y facilitación de información dimanantes de contratos como el celebrado entre las partes: Partiendo de la documentación e información que el demandante podía recabar de la demandada, en lo siguiente que tiene que ponerse el acento es en el argumento central del recurso, que puede resumirse en que habría dado cumplimento a las obligaciones establecidas al respecto antes de la demanda.

Partiendo de tal base, tiene que comenzar recordando que, como se ha considerado incontrovertido, el demandante se dirigió directamente a la demandada por correo electrónico en dos ocasiones, una de ellas, perfectamente ubicada en el tiempo, concretamente el 30/08/2022, interesando en el tono de queja ya referido que se le remitiera "...copia del contrato de la tarjeta REVOLVING con referencia anteriormente citada, así como tabla de amortización con %TAE detallado en los diferentes periodos por incumplimiento...",mientras que en que le precedió instó lo primero, así como que se le remitieran "...LOS FICHEROS DE MOVIMIENTOS SEGÚN LA NORMA O CUADERNO 43, en los que viene recogido el histórico de todos movimientos del citado crédito o bien que dichos movimientos me sean entregados en el formato/s en que los tengan disponibles (papel, PDF, Excel, etc.)...".

Como también se ha considerado incontrovertido, la demandada le remitió el día 13/10/2022, vía correo electrónico, una copia de lo que vendría a ser el contrato y lo que se calificaron como "...extractos mensuales de movimientos y/o resúmenes anuales correspondientes a los ejercicios 2018 a 2022 sobre comisiones y gastos devengados y tipos de interés efectivamente aplicados a cada servicio bancario prestado al cliente durante el año anterior...".

Con tales elementos, puede concluirse lo siguiente:

a) Como se analizó en el fundamento de derecho anterior, durante la ejecución del contrato la demandada estaba obligada a entregar, no el original del soporte en papel en el que se hubiera documentado el contrato, si es que el mismo subsistiese aún, sino una copia fiel de él, tal como se extrae del artículo 7.1 y 2 de la Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

b) No existen elementos para dudar ni lejanamente que esa copia del documento contractual que se remitió al demandante el 13/10/2022 por correo electrónico dejara de ser fiel al original.

Resulta evidente por su aspecto que lo que se visualiza es un escaneo de un documento en papel que, frente a cualquier duda que se pretendiera sembrar por el demandante, como su afirmación en la audiencia previa sobre la necesidad de asegurarse de que el tamaño de la letra fuera el del original, no es fruto de una manipulación.

Si se hubiera incrementado el tamaño para hacer aparecer que el de alguna de sus partes era mayor que el que tenía cuando se puso a la firma se habría apreciado a todas luces una desproporción con el de otros pasajes, como son los títulos o apartados en mayúsculas, que se aprecia que se corresponden con una tipología normal y coherente con el resto del documento.

b) Realizada una petición de entrega del contrato el día 30/08/2022 y remitida el 13/10/2022 sin que se alegue que se hubiera perdido o cualquier razón que justificara la necesidad de obtener una nueva copia, el requerimiento ulterior de la misma a través de un letrado entre lo uno y lo otro, como la que es incontrovertido que tuvo lugar el 07/09/2022, y el realizado a través de la demanda supone una actuación en contraria a las exigencias de la buena fe, a las que exige atender con carácter general el artículo 7.1 del Código Civil y, en particular, en el ámbito contractual, su artículo 1.258.

c) La existencia de un apoderamiento expreso del referido letrado por el demandante, que incluía la remisión de cualquier documentación al mismo, como es incontrovertido que se producía con esa reclamación efectuada el 07/09/2022, no obsta a la conclusión expuesta en el apartado anterior.

Salvo que medie previo acuerdo entre las partes, en cuyo caso habría que estar al principio de la autonomía de la voluntad que propugna el artículo 1.255 del Código Civil, y en casos en los que pudieran entenderse que habría de ser lo exigido conforme a la buena fe contractual y no cause perjuicio al deudor, como se postula por algunos autores y no se aprecia en este supuesto, sobre todo ante la previa petición personal del demandante, la demandada quedaba liberada de su obligación entregando la copia del documento, indistintamente, tanto a su acreedor como a la persona autorizada para actuar por él, como se extrae del artículo 1.162 del referido cuerpo legal, todo lo cual motiva que no hubiera debido adoptarse un pronunciamiento condenatorio al respecto.

d) Respecto de los "extractos"que es incontrovertido que la demandada remitió al demandante el día 13/10/2022 sobre lo primero que tiene que llamarse la atención es que, atendiendo a lo indicado por ella al momento de hacerlo, ni siquiera se corresponden con todos los que se hubieran podido generar durante su relación jurídica. Se sostuvo que la misma se había iniciado en septiembre de 2012 y que se le entregaban los correspondiente a los años 2018 a 2022.

e) Aparte de lo anterior, el contenido de esos "extractos",por diversas razones y sin incurrir en un proteccionismo desaforado que nos lleve a situar al conjunto de la población en el rango de la más absoluta idiotez, no ofrece la información debida con las garantías de comprensibilidad de todos los conceptos y parámetros numéricos que habrían de satisfacerse conforme con los artículos 9 y 11 de la Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

f) Ni siquiera se alegó por la demandada que en esa remisión de documentos e información que se realizó directamente al demandante el día 13/10/2022 se incluyese algo que pudiera calificarse como una "amortización"en los términos indicado en el fundamento de derecho anterior.

g) No habiéndose facilitado una información por la demanda ateniente a lo que serían esos extractos y cuadro de amortización solicitados en ella que cumpliera las exigencias legales que recaían sobre la misma antes de la demanda, que pudiera tornar en contraria a la buena fe las peticiones al respecto realizadas en la misma y en ese segundo requerimiento que es incontrovertido que se dirigió a través de un letrado, resulta acorde a derecho la condena a su facilitación que se dispuso en la sentencia apelada.

h) En nada enturbia lo expuesto en el apartado anterior lo alegado por la demandada sobre que no se hubiera realizado esa segunda reclamación a través del "...conducto oficial establecido...",que no era la dirección de correo electrónico al que se remitió por no pertenecer a su "...servicio de atención al cliente...",sino otro, por lo siguiente:

h.1) Parte la demandada del error de que cumplió con todas sus obligaciones tras remitir el 13/10/2022 el contrato y una serie de informaciones al demandante personalmente, tras instárselo a través del correo electrónico que se ha considerado por la misma adecuado, lo que se ha razonado ya que no es cierto.

h.2) Confunde la demandada la formulación de las quejas y reclamaciones a las que se refiere la Orden ECO/734/2004 sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras con la recabación de documentación e información regulada en la Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

h.3) El artículo 11.3 de la Orden ECO/734/2004 sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras no prevé como único cauce para formular reclamaciones y quejas el correo electrónico específico que se habilite. Ello se concibe como un instrumento para facilitar la actuación de los clientes, no para restringirla, encorsetándola, en tanto que se prevé que podrán ser presentadas "... ante los departamentos o servicios de atención al cliente, ante el defensor del cliente, en su caso, en cualquier oficina abierta al público de la entidad, así como en la dirección de correo electrónico que cada entidad habrá de habilitar a este fin".

h.4) Aunque fuera aplicable el artículo 11.3 de la Orden ECO/734/2004 sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras respecto de a través de qué cauce hubieran de efectuarse peticiones como las indicadas, el vacío probatorio existente al respecto de cuál era la finalidad o reparto de tareas de esos dos servicios a los que se dirigieron debe recaer sobre la demandada conforme con el artículo 217.1. y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SÉPTIMO.- Costas procesales de la primera instancia: La estimación parcial de la demanda que procede disponer no justifica que se revoque el pronunciamiento de las costas procesales de la primera instancia, conforme con los artículos 394.2 y 397 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo siguiente:

a) La finalidad de las costas procesales es resarcir a quien ha tenido que efectuar unos gastos a causa de tener que impetrar la tutela de los tribunales para resolver los conflictos que le hayan podido surgir con otras personas y cuando, por el contrario, se pone en marcha la maquinaria judicial contra otro u otros sujetos sin que asista razón alguna, obligándoles a realizar unos desembolsos que, en caso contrario, no se habrían producido, tal como subyace a lo dispuesto en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

b) El fundamento de las costas procesales antes analizado no puede ocultar que se trata de una materia que presenta una cierta complejidad dada la multitud de tutelas que pueden solicitarse de la Administración de Justicia y los diferentes motivos que pueden existir para oponerse y en los que fundar la resolución judicial que ponga término al conflicto. Los distintos ordenamientos jurídicos establecen diversos sistemas para decidir el dilema de cómo distribuir la carga de sufragarlas. Las normas generales a este respecto se recogen en la ley procesal civil en sus artículos 394 y siguientes. Conforme al citado artículo 394, el litigante que vea rechazadas todas sus pretensiones, concepto que debe entenderse en el sentido de posición sostenida procesalmente, tendrá que hacerse cargo de las costas, lo que no ocurrirá, debiendo abonar cada uno las causadas a su instancia, excepto las que tuvieran su origen en una actuación conjunta de ellas, que serán satisfechas por partes iguales, en justa reciprocidad, cuando sólo lo fueran parcialmente. Se recoge así, en una primera aproximación, el denominado "principio objetivo de vencimiento".

c) El propio legislador ha sido consciente de que aplicar sin posibilidad de moderación el "principio objetivo de vencimiento"es irrazonable. El artículo 394.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo flexibiliza en un doble sentido. En primer lugar, no regirá aunque una parte no sea vencida en todos los frentes que se abran contra la misma si su actitud procesal fue temeraria. En segundo lugar, tampoco ocurrirá ello cuando, derrotada plenamente, concurran circunstancias que justifiquen la posición que adoptó en el procedimiento, ya deban encuadrarse en el terreno de lo fáctico o de lo jurídico, y tengan, además, una cierta entidad, es decir, que condujeran indefectiblemente o casi a la contienda. Por ello se afirma que la Ley de Enjuiciamiento Civil responde verdaderamente a un "principio objetivo de vencimiento atenuado",recogiéndose el criterio que motiva tal denominación bajo la fórmula de las "serias dudas de hecho o de derecho"y una interpretación legal de cuando pueden entenderse presentes las segundas.

d) Partiendo del "principio objetivo de vencimiento"y de que el propio legislador prevé excepciones al mismo, es preciso plantearse si lo que no pase por llevar al fallo todos y cada uno de los pedimentos de la parte demandante en la misma extensión que se formulasen debe entenderse como una estimación parcial en el sentido del artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La respuesta al interrogante antes indicado tiene que ser negativa. Pequeñas desviaciones sobre lo interesado no deben considerarse como tal, sino como la asunción de que le asistía la razón a la parte demandante, puesto que por su escasa entidad no dejan de poner de relieve que se vio forzada de manera irremisible a acudir a la Administración de Justicia para que ésta dirima el conflicto que no ha podido resolver con su contendiente previamente o cuando, sin planteársele antes a este último una solución extrajudicial, la contienda se haya mantenido gratuitamente hasta el final, prolongándose la concesión de la tutela que era debida e incrementándose paralelamente los gastos necesarios para ello.

Tales situaciones son las que comúnmente se denominan como "estimación sustancial de la demanda",asumidas en la práctica diaria de los órganos jurisdiccionales, como lo demuestran las sentencias del Tribunal Supremo 606/2008 de 18 de junio o 715/2015 de 14 de diciembre, equiparándose a los efectos de las costas procesales como si se tratase de una estimación íntegra.

e) En el conjunto de la pretensión condenatoria que debe entenderse ejercitada por el demandante, el que deje de estimarse sólo lo relativo a la entrega de la copia del contrato tiene una entidad tanto cuantitativa como cualitativa ínfima como para que entendamos que nos encontramos ante un supuesto de "estimación sustancial de la demanda"equivalente al íntegro, que motiva que se impongan las costas procesales de la primera instancia a la demandada.

f) No concurre seria duda de hecho o de derecho que, excepcionalmente, permita ordenar que cada parte abone las costas generadas por su actuación procesal y las comunes por mitad a pesar de aplicar el régimen correspondiente a la estimación íntegra de la demanda.

OCTAVO.- Costas procesales del recurso de apelación: Al proceder estimar parcialmente el recurso de apelación debe disponerse, en cambio, que cada parte abone las costas procesales generadas a su instancia y las comunes por mitad, conforme con el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su anterior redacción, que es la aplicable al presente caso .

NOVENO.- Devolución de depósito constituido para recurrir: Al amparo de lo dispuesto en el apartado octavo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la estimación del recurso impone que se ordene la devolución del depósito constituido por la apelante para interponerlo.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, procede resolver lo siguiente: