Sentencia Civil 8/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Cádiz nº 8, Rec. 288/2024 de 13 de enero del 2025

PRIMERO.- La sentencia recurrida estimó la demanda formulada por "Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios S.L.", (en lo sucesivo "PWC S.L."), y condenó a "ADL Bionatur Solutions S.A." a abonar 208.327,96 €, más los intereses devengados a partir de la presentación de la demanda y las costas.

La primera pretensión de la sociedad apelante es que se declare su falta de legitimación pasiva y que se desestime íntegramente la demanda. Y ello porque la apelante sostiene que la obligada al pago sería "Antibióticos de León S.L.U", pues afirma que el contrato en base al cual se reclama fue firmado por doña Josefa, siendo "C.E.O." de ambas sociedades y los servicios se habrían prestado únicamente para "Antibióticos de León S.L.U". La parte apelante afirma que "ADL Bionatur Solutions S.A." era una sociedad holding que "contenía" a diversas empresas biotecnológicas, entre las que estaba "Antibióticos de León S.L.U".

En el recurso de apelación se admite que "ADL Bionatur Solutions S.A." pagó a "PWC S.L." cantidades correspondientes al contrato que sirve de fundamento a la demanda, pero se añade que ello habría sido porque lo decidió don Prudencio, que se afirma que era el responsable de tesorería de "Antibióticos de León S.L.U" y que los pagos, aunque realizados por "ADL Bionatur Solutions S.A.", se habrían efectuado por cuenta de "Antibióticos de León S.L.U".

Esas alegaciones de la parte apelante intentan desvirtuar lo razonado en la sentencia recurrida, en la que se afirmó que la legitimación pasiva de "ADL Bionatur Solutions S.A." resulta de su intervención como parte en el contrato y de su consentimiento contractual a lo estipulado en el mismo. Efectivamente, dicho consentimiento consta en el contrato fechado el 22 de octubre de 2018, en el que intervino "ADL Bionatur Solutions S.A.", representada por doña Josefa. Sin que en el contrato se mencione a "Antibióticos de León S.L.U".

Por otro lado, la parte apelante ha expuesto con detalle y reiteración que ambas sociedades formaban parte de un grupo de empresas o sociedades. Y la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una reciente Sentencia de 3 de diciembre de 2024, ( ROJ: STS 5921/2024), ha explicado que "Respecto a los grupos de sociedades, en distintas sentencias, como, por ejemplo, en la sentencia 76/2020, de 4 de febrero , hemos declarado que debe respetarse la personalidad de las sociedades de capital, sin que proceda, salvo circunstancias excepcionales, extender la responsabilidad a otras sociedades del grupo:

La jurisprudencia de esta sala (por todas, sentencia 47/2018, de 30 de enero ) declara que ha de respetarse la personalidad de las sociedades de capital y las reglas sobre el alcance de la responsabilidad de las obligaciones asumidas por dichas entidades, que no afecta a sus socios y administradores, ni tampoco a las sociedades que pudieran formar parte del mismo grupo, salvo en los supuestos expresamente previstos en la Ley. Lo anterior no impide que "excepcionalmente, cuando concurren determinadas circunstancias (son clásicos los supuestos de infracapitalización, confusión de personalidades, dirección externa y fraude o abuso) sea procedente el "levantamiento del velo" a fin de evitar que el respeto absoluto a la personalidad provoque de forma injustificada el desconocimiento de legítimos derechos e intereses de terceros."

Esa previsión del "levantamiento del velo" tiene como objetivo que no se perjudique a los derechos de terceros, mientras que lo pretendido por la parte apelante tendría precisamente el resultado contrario: el perjuicio de los intereses de "PWC S.L." que contrató con "ADL Bionatur Solutions S.A." y se ha encontrado con que dicha sociedad se ha negado a cumplir lo pactado, con base en que la prestación objeto del contrato la habría recibido otra sociedad del mismo grupo.

Como se indicó en la sentencia recurrida, la intervención de "ADL Bionatur Solutions S.A." como contratante no puede quedar desvirtuada por la alegación de que quien intervino como contacto fue el señor Prudencio, a quien la sociedad apelante atribuye una relación exclusivamente con "Antibióticos de León S.L.U", ni porque se remitieran comunicaciones al domicilio de dicha sociedad en León, ni porque el asesoramiento prestado por "PWC s.l." se refiriera, en todo o en parte, a dicha sociedad que estaba integrada en un grupo del que "ADL Bionatur Solutions S.A." ha admitido haber sido la sociedad "holding" o matriz .

Por otro lado, y a mayor abundamiento, se da la circunstancia de que "ADL Bionatur Solutions S.A." abonó 136.842,36 € en cumplimiento del contrato, sin realizar ninguna objeción ni alegar siquiera que estuviese pagando por otra sociedad.

En definitiva, estamos de acuerdo con la sentencia recurrida cuando indicó que "Las relaciones internas entre las entidades a que alude la demandada y la posibles transferencias de fondos entre ellas no resultan de interés para la resolución de este litigio, pues su valor decae ante lo evidente: la demandada contrató, y la demandada pagó, al menos parcialmente, las sumas así adeudadas."

La conclusión de todo lo expuesto es la confirmación de la desestimación de la falta de legitimación pasiva alegada por la parte apelante, con confirmación de los razonamientos de la sentencia recurrida respecto a esa cuestión.

SEGUNDO.- La segunda pretensión de la parte apelante, para el supuesto de que no se acoja su pretensión de desestimación de la demanda, es una disminución en el importe del principal a cuyo pago ha sido condenada. Y ello en dos aspectos diferentes: los honorarios y los gastos.

1º La parte apelante sostiene que habría que reducir el importe de los honorarios en 12.500 €, pues se habría facturado por 19 semanas y media cuando la propia demanda indica que la prestación de servicios fue de 18 semanas y media.

2º Otra alegación de la parte apelante es que habría que eliminar las cantidades reclamadas en las facturas como gastos en los que se habría incurrido para realizar los trabajos, eliminando incluso la cantidad abonada ya por dicha parte, por importe de 6.083 €, más otros 4.484 € y otros 1.644 €. Lo cual supone un total de 12.211 €. Y también alega la parte apelante que la reducción de los honorarios en una semana debería conllevar la reducción correspondiente en los gastos generales, estipulados en el contrato en el 2,5 % de los honorarios.

TERCERO.- En primer lugar nos vamos a referir a los honorarios. Las partes pactaron unos honorarios de 12.500 € semanales. Y en su demanda, al final del hecho primero, "PWC S.L." indicó expresamente que había trabajado en el asesoramiento contratado "durante 18,5 semanas de forma incontrovertida entre las partes...". En el hecho segundo de la demanda se incluyó un cuadro de las facturas emitidas en el que se indicó que la última factura correspondía a las semanas 16 a 18,5. Y al final del hecho segundo se dijo que se incluían los diversos "entregables" justificativos de las 18,5 semanas de trabajo.

Sin embargo, la última factura incluye, en concepto de honorarios sin IVA, 56.250 €, que a razón de 12.500 € semanales corresponderían a 4 semanas y media, cuando en la misma factura se indica como concepto los honorarios profesionales de las semanas 16 a 18,5; que son en realidad tres semanas y media.

Existe por tanto una discrepancia en la factura, que fue puesta de manifiesto por la parte demandada al contestar la demanda. En base a ello la parte demandada sigue sosteniendo en el recurso que sólo debe abonar honorarios por 18 semanas y media. Frente a ello, en la sentencia recurrida se reprochó a la parte demandada que no realizase esa objeción hasta la contestación a la demanda, pese a que hubo conversaciones previas entre las partes una vez emitidas las facturas, conversaciones que tenían por objeto intentar llegar a un acuerdo. En la sentencia recurrida se consideró razonable presumir que, si se hubiese facturado una semana de más, la parte demandada lo habría indicado a "PWC S.L. " durante esas conversaciones previas. Y en la sentencia recurrida también se dijo que no habrían quedado claros los motivos por los que se discrepa de "esta partida, la cual fue...tácitamente admitida en su día." A lo que se añadió en la sentencia recurrida que no se habría probado que la demandante facturase por un período superior al realmente correspondiente a la prestación de sus servicios. En ese sentido, en la sentencia recurrida se afirmó que la testigo señora María Luisa habló de servicios prestados durante cuatro meses y el testigo señor Estanislao dijo que la prestación se habría extendido entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Además en la sentencia recurrida se indicó que los albaranes aportados comprendían desde principios de octubre de 2018 a finales de enero de 2019 y los correos electrónicos apuntaban a trabajos que habrían continuado en febrero, marzo y abril de 2019.

Pero, no compartimos ese razonamiento de la sentencia recurrida. En primer lugar porque se basa en datos que no coinciden entre sí. A partir del minuto 32:50 de la grabación de la prueba acordada como diligencia final, consta que la testigo señora María Luisa dijo que los servicios habían durado cuatro meses, que habían comenzado la última semana de septiembre y habían terminado en la segunda semana de febrero, con lo que ya esa manifestación resulta poco exacta, pues las fechas indicadas como comienzo y fin supondría que los trabajos habrían durado más de los cuatro meses que afirma la propia testigo.

Por otro lado, en la grabación de ese mismo día consta que el señor Estanislao, aproximadamente al minuto 14:30, calificó como flexible la duración de la prestación, contestó en principio que no podía saber exactamente cuantas semanas fueron, aunque luego utilizó la expresión "en torno a" 18 o 19 semanas.

Además, las fechas que la sentencia recurrida aporta como resultantes de los albaranes corresponderían a un período de 18 semanas, mientras que las que la sentencia señala que, según las fechas de los correos electrónicos aportados, los trabajos habrían continuado durante "a lo largo de febrero y marzo y hasta abril de 2019".

Aunque la sentencia recurrida no se refirió a él, nos parece especialmente relevante un documento aportado por la parte demandante. Se trata de un documento de conclusiones y recomendaciones, fechado en febrero de 2019, aportado en el bloque documental 3 con la demanda, que incluye un "cronograma del trabajo de PwC" en el que aparecen 18 semanas, que comienzan el 1 de octubre de 2018 y terminan el 10 de febrero de 2019. En el cronograma se indica la distribución de los trabajos realizados durante ese período.

A la vista de ese resultado de la prueba, vamos a considerar acreditado que el período objeto de facturación debe ser el que la propia demandante, "PWC S.L.", indicó en su demanda y que ha sido admitido por la parte demandada: 18 semanas y media. Esa duración es la que figura en la factura " NUM000", aunque la cantidad incluida como honorarios en esa factura correspondiese a una semana más. En contra de lo indicado en la sentencia recurrida, no nos parece que sea un dato decisivo que no conste que la parte obligada al pago discutiese el importe reclamado antes de la contestación a la demanda. Hay que tener en cuenta que la factura " NUM000" mencionaba las semanas 16 a 18,5, con lo que aparentemente era esta última la duración de los servicios facturados. Y aunque es sencillo comprobar que el importe reclamado incluye una semana más, lo cierto es que ese hecho no fue advertido al confeccionar la factura ni al redactar la demanda, por lo que tampoco puede descartarse que la parte demandada tardase en darse cuenta de la discrepancia.

Ello conlleva que de la factura " NUM000" deba excluirse la cantidad de 12.500 €, que corresponde a una semana de honorarios facturada en exceso.

CUARTO.- La parte apelante discrepa también de parte de los gastos a cuyo pago ha sido condenada.

La primera discrepancia se refiere a 6.083 € que fueron abonados por la parte demandada y que en la contestación a la demanda se alegó que no deberían haber sido pagados, porque no habrían sido debidamente justificados y porque no se habrían incluido en una factura separada.

En la sentencia recurrida se indicó que el pago de la factura " NUM001", que incluía 6.083 € en concepto de gastos incurridos debe ser considerada un acto propio vinculante para dicha parte. Estamos de acuerdo con ese razonamiento. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2024, ( ROJ STS 5921/2024), explicó que merece la consideración de "actos propios «aquellos que, por su carácter trascendental o por constituir convención, causan estado, definen de forma inalterable la situación jurídica de su autor o aquellos que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho, lo que no puede predicarse en los supuestos de error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia» ( STS 848/2005, de 27 de octubre )" Y añadió que "En cuanto a la relevancia jurídica de los actos propios, existe una jurisprudencia muy consolidada, reiterada en las sentencias 540/2020, de 19 de octubre , y 462/2021, de 29 de junio .

Estas sentencias parten de la consideración de que «actúa contra la buena fe quien contradice sin razón objetiva su conducta anterior sobre la que la otra parte ha fundado su confianza legítima». Y recuerdan que «[l]a regla jurídica según la cual no puede venirse contra los propios actos, negando todo efecto jurídico a la conducta contraria, se asienta en la buena fe o, dicho de otra manera, en la protección a la confianza que el acto o conducta de una persona suscita objetivamente en otra o en otras. El módulo regulador es la objetividad, o sea, el entendimiento o significado que de acuerdo con los criterios generales del obrar en el tráfico jurídico ha de dársele a tal acto o conducta». De tal forma que, «el centro de gravedad de la regla no reside en la voluntad de su autor, sino en la confianza generada en terceros, ni se trata en tal regla de ver una manifestación del valor de una declaración de voluntad negocial manifestada por hechos o actos concluyentes. No es la regla una derivación de la doctrina del negocio jurídico, sino que tiene una sustantividad propia, asentada en el principio de buena fe»

La parte demandada pagó esa primera factura sin realizar ninguna objeción a los gastos incluidos en la misma y sin reclamar ninguna justificación de los gastos. Y por ello estamos de acuerdo con la sentencia recurrida cuando indicaa que esa conducta debe considerarse un "acto propio" que excluye la posibilidad de poner en duda posteriormente la justificación de esos gastos, sobre todo cuando la parte apelante ni siquiera alega que se produjese ningún hecho posterior al pago que le permitiera conocer alguna circunstancia que no pudiera haber comprobado en el momento que pagó. Por ello vamos a rechazar esta primera alegación del recurso de apelación en cuanto a los gastos.

En segundo lugar, la parte apelante también alega, tanto respecto a esos 6.083 € como a otras gastos, que deben ser excluidos de la condena.

Una primera objeción que hace la parte apelante es que esos gastos debieron haberse reclamado en una factura independiente porque así se habría pactado en el contrato. Pero en realidad lo indicado en el contrato es que la "estimación de honorarios no incluye el IVA, ni los gastos en que necesariamente incurramos en relación a nuestro trabajo, ni el cargo de un 2,5 % de nuestros honorarios en concepto de gastos generales (teléfonos, fax, mail, fotocopias, mensajeros etc), que serán facturados separadamente." A la vista de esa redacción, consideramos que la inclusión como un concepto separado en la misma factura cumple con lo pactado. En cualquier caso, como se indicó en la sentencia recurrida, "no parece razonable sostener que nos hallemos ante un defecto tal que permita eludir el pago de lo debido."

Por otro lado, la parte apelante considera que no debió haber sido condenada al pago de esos gastos porque la justificación de los mismos no sería suficiente, ya que no se habrían aportado facturas sino albaranes, sin que constase acreditado su pago. Pero en la sentencia recurrida se explicó que el bloque documental número 7 presentado en la audiencia previa se consideraba suficiente para poner de manifiesto la realidad de los gastos reclamados, siendo razonable el importe. Y el recurso de apelación no proporciona argumentos que desvirtúen ese razonamiento de la sentencia recurrida, pues el recurso se limita a la queja genérica sobre la existencia de albaranes. Es verdad que el recurso se refiere expresamente a determinados gastos por hoteles y desplazamientos, poniendo en duda por ejemplo que fuese necesario realizar viajes a Barcelona, donde no había instalaciones o sedes de la demandada. Pero en juicio se explicó que la sede de uno de los accionistas estaba en Barcelona y fue necesario ir allí para realizar determinados trabajos. En definitiva, los argumentos de la parte apelante respecto a los gastos en que habría incurrido la demandante "PWC S.L." durante la prestación del servicio no los consideramos suficientes para excluir la condena impuesta por ese concepto.

En tercer lugar, se había pactado el abono de un 2,5 % de los honorarios en concepto de gastos generales. Como vamos a estimar en parte el recurso de apelación en cuanto a los honorarios, que van a quedar reducidos a los correspondientes a 18 semanas y media, el 2,5 % también debe reducirse en consonancia.

El resultado de lo expuesto es que vamos a reducir la condena al abono de gastos en importe correspondiente a una semana de gastos generales, que son el 2,5 % de los honorarios de 12.500 €, es decir, 312'50 €.

QUINTO.- En la sentencia recurrida se condenó a la parte demandada a abonar las cantidades reclamadas en la demanda como principal, que eran en total 182.624,26 €, con el IVA incluido. A ello se sumó la condena al pago de otros 25.703,70 € por intereses generados por las cantidades desde su impago hasta la fecha de presentación de la demanda, calculados conforme a lo establecido en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En esta segunda instancia vamos a reducir el importe adeudado por la demandada en 12.500 € de honorarios, por la inclusión en la última factura de honorarios correspondientes a una semana de más. Y también vamos a reducir el importe de la condena en otros 312,50 € de gastos generales a razón del 2,5 % de honorarios correspondientes a esa semana. Ello implica un descuento de 12.812,50 €. A lo que hay que sumar el correspondiente IVA, (2.690,62 €). Ello hace que la cantidad a descontar de la condena sea de 15.503'12 €.

Lo cual implica que en lugar de los 182.624,26 €, correspondientes a principal, IVA incluido, a cuyo pago condenó la sentencia recurrida, en esta segunda instancia vamos a reducir la condena por ese concepto a 167.121,14 €.

En cuanto a los intereses que la sentencia recurrida estableció en 25.703,70 €, el cálculo realizado consta en el documento número 6 aportado con la demanda. La reducción del principal lógicamente debe conllevar la reducción de los intereses. Puesto que el importe facturado en exceso estaba incluido en la factura NUM000, vamos a reducirlo de esa factura, que era de 77.816,31 €, IVA incluido. Si de ese importe deducimos 15.503'12 € facturados en exceso, también con el IVA incluido, el resultado es de 62.313,19 €, que es la base para el cálculo de los intereses. Como fecha de inicio del devengo de intereses de esa última factura tomamos el 27 de febrero de 2019, fecha de la factura, y la fecha de finalización a efectos de este cálculo es la de la presentación de la demanda, el 4 de noviembre de 2020. Aplicando el interés de demora del 8 % indicado en la demanda y cuya procedencia no se ha discutido, el resultado es de 8.415,26 € de intereses vencidos por ese período. La sentencia recurrida accedió a la petición de 10.508,93 € como intereses devengados por esa factura, lo cual supone un exceso de intereses de 2.093,67 €, que hay que deducir de los 25.703,70 € incluidos en la sentencia recurrida como intereses ya vencidos. El resultado es que por este concepto la condena se reduce a 23.610,03 €.

La estimación parcial del recurso de apelación, en los términos ya expuestos, lleva a que la demanda se estime parcialmente y la condena impuesta a "ADL Bionatur Solutions S.A." se reduzca a 190.713,17 € (suma de 167.121,14 € más 23.610,03 €).

Mantenemos la condena al abono de los intereses devengados a partir de la fecha de presentación de la demanda, en los términos indicados en la sentencia recurrida, que condenó al pago de los intereses establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, calculados sobre el principal de la deuda, a partir de la fecha de la demanda, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia. Esos intereses deben calcularse sobre el importe del principal objeto de condena en esta sentencia: 167.121,12 €.

SEXTO.- En la sentencia recurrida se condenó a la parte demandada al pago de las costas por haber sido estimada íntegramente la demanda. Como resultado del recurso de apelación se ha producido una reducción de la condena, desde los 208.327,96 € de la sentencia recurrida hasta los 190.713,15 € de esta sentencia de segunda instancia. Ello supone la condena al 91.54 % de la cantidad reclamada. La parte apelada solicitó que se considerase la existencia de una estimación parcial de la demanda, petición con la que estamos de acuerdo.

Nos basamos para ello en que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 20 de julio de 2011, ( ROJ: STS 5086/2011), dijo que "el principio del vencimiento a que se acoge el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -hoy el 394 de la nueva Ley- se completa por los tribunales, con evidente inspiración en la razón del precepto -que es la equidad, como regla de ponderación que debe observarse en la aplicación de las normas del Ordenamiento jurídico- y en poderosas razones prácticas, con la doctrina según la cual es procedente la imposición de costas en casos de estimación sustancial de la demanda ( sentencias de 14 de marzo de 2003 , 17 de julio de 2003 , 24 de enero de 2005 , 26 de abril de 2005 , 6 y 9 de junio de 2006 , y 9 de julio de 2007 ); situación que está presente en el caso pues el extremo a que se refiere la desestimación es mínimo en relación con las pretensiones de la demanda que han sido estimadas."

La misma Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 23 de marzo de 2006, (RJ 2006\1826), había explicado que, a efectos de la condena en costas, "...por vencimiento se ha de entender la diferencia de sentido, no de contenido, entre la decisión del órgano jurisdiccional y la pretensión u oposición a la pretensión...".Y también la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia de 21 de octubre de 2003, (EDJ 130270), dijo que "Esta Sala tiene declarado en numerosas sentencias, de ociosa cita, que para la aplicación del principio general del vencimiento ha de considerarse que el ajuste del fallo a lo pedido no ha de ser literal sino sustancial, de modo que, si se entendiera que la desviación en aspectos meramente accesorios debería excluir la condena en costas, ello sería contrario a la equidad, como justicia del caso concreto, al determinar que tuvo necesidad de pagar una parte de las costas quién se vio obligado a seguir un proceso para ser realizado su derecho, lo que, por lo antes explicado, determina el perecimiento de este apartado."

En este caso consideramos que "PWC s.l." se vio obligada a seguir un proceso como consecuencia de la negativa de la demandada al pago de las cantidades reclamadas en base a lo contratado. El hecho de que hayamos estimado la demanda en un 91,54 % de lo reclamado no justifica que se exima a la parte demandada de su obligación de abonar las costas de la primera instancia, pues su pretensión de oposición al pago ha sido sustancialmente desestimada.

SÉPTIMO.- Por aplicación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción aplicable a este procedimiento, la estimación parcial del recurso de apelación conlleva que no impongamos las costas de esta segunda instancia a ninguna de las partes.

Por todo lo cual dictamos la siguiente

PARTE DISPOSTIVA

Estimamos en parte el recurso de apelación formulado por "ADL BIONATUR SOLUTIONS S.A." contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2024, que estimó totalmente la demanda formulada por "PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS S.L.". Revocamos en parte dicha sentencia, estimamos sustancialmente la demanda y reducimos a ciento noventa mil setecientos trece euros con diecisiete céntimos, (190.713,17 €), el importe a cuyo pago es condenada "ADL BIONATUR SOLUTIONS S.A ."

Mantenemos la condena al abono de los interese establecidos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, desde la presentación de la demanda y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, y a la aplicación de establecido en artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia. Esos intereses se calcularán sobre el importe de 167.121,12 €, que es el principal de la condena impuesta, sin que a estos efectos deban tenerse en cuenta los intereses devengados antes de la fecha de presentación de la demanda y a cuyo pago ya se ha condenado.

También mantenemos la condena impuesta a ""ADL BIONATUR SOLUTIONS S.A." " al abono de las costas de la primera instancia.

No imponemos las costas de la segunda instancia a ninguna de las partes.