Sentencia Civil 234/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Cádiz nº 8, Rec. 103/2025 de 07 de octubre del 2025

PRIMERO.- La parte apelante recurre la declaración de la nulidad de la cláusula que estableció el interés remuneratorio, por no superación del control de incorporación y transparencia. También se recurre por la parte apelante la declaración de nulidad de la cláusula relativa al seguro de protección de pagos. La parte apelante no ha recurrido la declaración de nulidad de la cláusula relativa a las comisiones por impago.

SEGUNDO.- En cuanto a la cláusula relativa al interés remuneratorio, la sentencia recurrida consideró que no se superaba el control de inclusión o incorporación, ni tampoco el control de transparencia. Se explicó en la sentencia recurrida que del contrato, aportado como documento número 1 con la demanda, resultaba que el adherente no había podido tener un conocimiento real de las consecuencias económicas en cuanto a los intereses aplicables. Se añadió en la sentencia recurrida que la "información normalizada europea sobre el crédito al consumo" en el apartado relativo al importe total que don Imanol debía pagar no aclaraba nada sobre las cantidades dispuestas mediante la tarjeta de crédito, limitándose a indicar que no era posible identificar el importe total porque el cálculo del mismo dependía del saldo utilizado y de la modalidad de pago establecido, sin que tampoco se aportase ningún ejemplo o explicación al cliente. Además en la sentencia recurrida se destacó que la contratación se realizó en un taller, mediante un contrato de adhesión que firmó un empleado del taller que carecía de conocimientos financieros, como explicó el testigo don Pedro Jesús en el juicio.

Frente a ello, el recurso de apelación sostiene que se proporcionó al señor Imanol la información normalizada europea y que, conforme al artículo 12 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo se considera que con la entrega de esa información se cumple con los requisitos de los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a consumidores. El recurso añade que la información normalizada europea que se facilitó cumple con el contenido establecido en el artículo 10 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, así como en el anexo II de esa Ley.

Además en el recurso se alega que el sistema revolvingno debe considerarse complejo ni de difícil comprensión. Se añade en el recurso que la TAE aparece en el contrato de forma destacada y con caracteres numéricos. Y el recurso también mantiene que la previa entrega de la información normalizada europea no sería un requisito inexcusable, que la norma pecaría de indeterminación y que la existencia de un plazo de desistimiento subsanaría las consecuencias de una hipotética entrega tardía de esa información. Todo ello con cita de sentencias de audiencias provinciales.

Pero esas alegaciones del recurso de apelación deben contrastarse con la Jurisprudencia más reciente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, expresada en las Sentencias números 154/2025, (ROJ: STS 242/2025), y 155/2025, ( ROJ: STS 241/2025), ambas de 30 de enero de 2025. De esta última Sentencia del Tribunal Supremo podemos extraer los siguientes razonamientos:

- La exigencia de transparencia de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores, que resulta de los arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE, debe entenderse de manera extensiva.

- Esta exigencia requiere que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de tal cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones.

- La exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

- Los profesionales deben proporcionar información clara a los consumidores sobre las cláusulas del contrato y sus implicaciones y consecuencias antes de la celebración del contrato.

- En particular, con respecto a las cláusulas contractuales que son esenciales para el alcance de las obligaciones que los consumidores aceptan asumir, es necesario verificar que se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, que se expusieron de manera transparente los motivos y las particularidades de la estipulación contractual, así como la relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan y le permitan evaluar, en particular, el coste total de su préstamo, permitiéndole evaluar las consecuencias financieras de este.

- Por lo que respecta al crédito revolvingpuede provocar consecuencias negativas para el consumidor por una conjunción de factores: "el carácter indefinido o prorrogable automáticamente del crédito; el límite del crédito se va recomponiendo constantemente; el elevado tipo de interés; la escasa cuantía de las cuotas, bien porque han sido establecidas por defecto en el contrato, bien porque han sido elegidas por el consumidor por el atractivo de ser asumibles en el corto plazo pero que van acrecentando un problema que se hará cada vez más serio a largo plazo pues suponen que se amortice muy poco capital; y, en su caso, el anatocismo en caso de impago de alguna cuota, comisión o indemnización de modo que el interés de demora se calcula sobre la totalidad de la cantidad adeudada, incluyendo capital, intereses, indemnizaciones y comisiones."

- La información debe ser facilitada consumidor antes de celebrar el contrato.

- La información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolvingdebe "exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él."

- Por lo que respecta al anatocismo, "constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente."

- "La información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda."

- Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving.

Esas exigencias expuestas por el Tribunal Supremo debemos aplicarlas al contrato objeto del presente procedimiento. Se puede comprobar en el documento contractual, aportado por ambas partes, que aparece denominado como " Solicitud de préstamo mercantil con tarjeta de crédito sistema flexipago". En su primera página contiene un apartado de datos personales del contratante. El segundo apartado se denomina "su compra" e indica el objeto de la financiación, que en este caso eran 428 euros por un servicio recibido en un taller del automóvil. El tercer apartado se denomina "su plan de financiación", relativo a la financiación de la compra, con indicación del total adeudado, las cuotas y la TAE de esa financiación. El cuarto apartado es el siguiente:

Además, las condiciones generales del contrato ocupan cuatro páginas con los siguientes apartados:

I.- Condiciones generales

II.- Condiciones particulares (préstamo mercantil)

III.- Condiciones particulares (tarjeta de crédito sistema flexipago).

Dentro de estas últimas condiciones particulares se incluye los siguientes apartados: 1 Objeto; 2 Tarjeta de Crédito; 3 Utilización de la tarjeta; 4 Responsabilidad por uso de la tarjeta; 5 Duración; 6 Pago de las disposiciones; 7 Información estado de cuenta; 8 Bloqueo y resolución anticipada; 9 Modificación de las condiciones generales. A ello se añade un apartado sobre "modos de pago de la tarjeta y sistema flexipago" que incluye los siguientes epígrafes:

a) Sistema de pago habitual, con dos subapartados,

a.1) sistema fin de mes y

a.2) sistema crédito (revolving);

b) Sistema de crédito flexipago, con tres subapartados,

b.1) préstamo

b.2) reflexión 3

b.3) fórmula opción

En el apartado relativo al "sistema de pago habitual" se indica "El sistema de pago habitual por defecto será a Crédito (Revolving). Y en el apartado a.2) se indica que, de acuerdo con el sistema revolving el titular queda obligado a pagar una cuota mensual del 3.5 %, u otro porcentaje aplicable de mutuo acuerdo, de la Ley de Crédito Actual o el saldo pendiente de pago. Se añade en ese apartado que "El pago de la mensualidad reconstituye el importe disponible de la línea de crédito de modo que a medida que se vaya amortizando el capital pendiente, el titular puede efectuar nuevas disposiciones siempre hasta el límite autorizado conforme a las condiciones establecidas en el contrato." Y, en el mismo apartado, se indica que "El saldo pendiente de reembolso produce intereses pagaderos mensualmente y se incluyen en cada mensualidad."

Además consta la existencia de un documento de "información normalizada europea sobre el crédito al consumo". Ese documento tiene la misma fecha de 10 de junio de 2015 que el documento al que nos hemos referido anteriormente.

El documento de Información Normalizada Europea se refiere al préstamo y también a la tarjeta de crédito. Respecto a esta última indica que "El titular/es puede disponer de una línea de crédito cuyo importe le será comunicado por Cetelem". A lo que se añade que el sistema de pago habitual por defecto será el de crédito revolving y que el titular quedará obligado a pagar una cuota mensual entre el 3,5 % y el 33 % de la línea de crédito actual el primer día hábil del mes.

Con un apartado, dentro de la Información Normalizada Europea, en el que se dice:

Pese a que es cierto que el contrato menciona la TAE que se aplica, a la vista de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo no es posible considerar que con ello se supere el control de transparencia.

En primer lugar porque, como ya se ha indicado, el Tribunal Supremo ha recordado en su Sentencia que "el TJUE ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información."Y la parte apelante no ha acreditado que la información se facilitase con carácter previo, al contrario, ambos documentos tienen la misma fecha y no se ha acreditado que Información Normalizada Europea se facilitase antes.

A ello se une que, en palabras de la Sentencia 155/2025, (ROJ: STS 241/2025), "no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving ; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving."

Y el contrato objeto de este procedimiento no supera esas exigencias. Basta la lectura del resumen que hemos realizado para comprender que el documento contractual es complejo, lleno de subapartados y remisiones, de forma que es muy difícil poder establecer cuáles son las condiciones pactadas para el crédito revolving. E incluso es difícil que el consumidor se aperciba de que está aceptando un crédito revolving, pues todas las referencias al mismo aparecen tras las menciones al préstamo y sus condiciones. Es ejemplo de la confusión el apartado que hemos insertado más arriba sobre la "tarjeta de crédito sistema flexipago", en el que aparecen dos casillas que el consumidor puede marcar, de las que el señor Imanol marcó la primera, resultando que la consecuencia es que esas condiciones marcadas se aplican únicamente durante los tres primeros meses y las condiciones de la segunda casilla, (que no se ha marcado por el consumidor), son las aplicables a partir del cuarto mes y durante todo el resto de la relación contractual.

Las alegaciones de la parte apelante en su recurso se basan en la superación de un estándar de transparencia inferior, en el que se consideraba suficiente la indicación clara del tipo de interés aplicable, con expresa mención de la TAE, pero sin las mismas exigencias establecidas por el Tribunal Supremo en las Sentencias ya indicadas respecto a las peculiaridades del sistema revolvingy la transparencia de los contratos. Y por ello esas alegaciones no pueden ser acogidas. Ello conlleva la no superación de las exigencias de transparencia y conduce a resolver sobre la posible abusividad de la cláusula relativa al interés del crédito.

En la Sentencia de 30 de enero de 2025 (ROJ: STS 241/2025), la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo explicó que "De manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve»."Ese razonamiento es aplicable al contrato objeto de este procedimiento.

La consecuencia de todo lo expuesto es la confirmación del carácter abusivo de la cláusula que fija el interés remuneratorio en el contrato objeto de este litigio, con desestimación del recurso de apelación.

TERCERO.- El recurso de apelación también se refiere a la cláusula relativa al seguro. En la sentencia recurrida se indicó que respecto a la "póliza de seguro de protección de datos" se daba por reproducido lo argumentado sobre la falta de transparencia, pues no se informó al cliente de la carga económica del seguro, constando dos seguros opcionales, sin descripción detallada de los mismos.

En el recurso de apelación se argumenta que el señor Imanol marcó "sí" para uno de los dos seguros opcionales y que ese seguro no estaba vinculado al otorgamiento del crédito. Además el recurso indica que se facilitó al señor Imanol una nota informativa previa sobre la contratación del seguro, el boletín de adhesión al seguro de protección de pagos y la inclusión de una declaración con el siguiente contenido: "En caso de haber contratado un seguro de protección de pagos con la mediación de BANCO CETELEM OBSV, declara que ha obtenido exclusivamente un asesoramiento del mediador de la póliza y que ha recibido con carácter previo a la contratación del seguro la documentación referida al mediador prevista en los artículos 42 y 43 de la Ley de Mediación de Seguros."

El examen de la documentación pone de manifiesto que el contrato contiene un apartado con el siguiente contenido:

Y un boletín de adhesión del seguro con el siguiente contenido:

El boletín de adhesión contiene un apartado sobre pago de la prima en el que se indica que para tarjetas la prima es mensual y se obtiene aplicando mensualmente el porcentaje indicado al comienzo del contrato sobre el saldo total pendiente de amortizar de la tarjeta. Se añade que ese porcentaje es independiente de la duración y edad del asegurado. Lo cual debe ponerse en relación con la indicación de que en la opción contratada para tarjetas revolving con interés para la garantía de IPT, IT y desempleo el asegurado debe ser de edad inferior a 64 años. A lo que se une que el señor Imanol no cumplía ese requisito, pues nació en 1948 y el contrato se firmó en el 2015. Esa circunsntancia pone de manifiesto que no es cierto que el señor Imanol recibiera un asesoramiento efectivo de un mediador de seguros. Al contrario, la declaración en juicio de don Pedro Jesús acreditó que la contratación se produjo en un taller y que no pudo haber ningún asesoramiento sobre la contratación del seguro, pues no había nadie que pudiera desarrollar esa función. A la vista de ello y del contenido de la documentación relativa a la contratación, estamos de acuerdo con la sentencia recurrida en que es de aplicación el razonamiento ya expuesto en relación a la cláusula de los intereses. De modo que la contratación del seguro también debe considerarse afectada por la falta de transparencia y debe mantenerse la declaración de abusividad de la cláusula. Hay que resaltar que en este caso el perjuicio para el consumidor fue evidente al tener que pagar por la totalidad de coberturas pese a que su edad hacía que fuera excluida de la mayor parte de las previstas en el contrato de seguro. La conclusión es que también vamos a desestimar esta pretensión del recurso de apelación.

CUARTO.- Por lo que respecta a las costas de la segunda instancia, por aplicación del artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción aplicable a este procedimiento, que se remite al artículo 394, que establece el criterio objetivo del vencimiento. Además consideramos aplicable el razonamiento de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, expuesto por ejemplo en Sentencia de 4 de julio de 2017, ( ROJ: STS 2510/2017): " ... esta sala considera que el criterio más ajustado al principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y al principio de efectividad del Derecho de la Unión es que las costas de las instancias en casos similares al presente se impongan al banco demandado. Las razones en que se concretan esas consideraciones son las siguientes:

1.ª) El principio del vencimiento, que se incorporó al ordenamiento procesal civil español, para los procesos declarativos, mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, es desde entonces la regla general, pues se mantuvo en el art. 394.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 , de modo que la no imposición de costas al banco demandado supondría en este caso la aplicación de una salvedad a dicho principio en perjuicio del consumidor.

2.ª) Si en virtud de esa salvedad el consumidor recurrente en casación, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación en las instancias, o en su caso de informes periciales o pago de la tasa, no se restablecería la situación de hecho y de derecho a la que se habría dado si no hubiera existido la cláusula suelo abusiva, y por tanto el consumidor no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos. En suma, se produciría un efecto disuasorio inverso, no para que los bancos dejaran de incluir las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios sino para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas.

3.ª) La regla general del vencimiento en materia de costas procesales favorece la aplicación del principio de efectividad del Derecho de la Unión y, en cambio, la salvedad a dicha regla general supone un obstáculo para la aplicación de ese mismo principio."

Por todo lo cual, dictamos el siguiente