Sentencia Civil 347/2024 Audiencia Provincial de Guadalajara Civil-penal Única, Rec. 60/2023 de 16 de septiembre del 2024

PRIMERO.Resumen de los antecedentes del recurso de apelación. Tania interpuso demanda reclamando a su ex cónyuge, Maximo, la cantidad de 12.481,66 euros, que se correspondería con la mitad de los gastos abonados por ella en exclusiva respecto de los bienes de los que ambos son titulares al 50%, en concreto de la vivienda sita en DIRECCION000, de Guadalajara, y de la plaza de garaje, habiéndose dictado sentencia de disolución de la sociedad de gananciales el 16 de febrero de 1993 y sentencia de aprobación del inventario de la sociedad de gananciales el 17 de septiembre de 2018. En concreto, reclama por las cuotas de seguro, cuotas de comunidad, cuotas de garaje, cuotas del préstamo para la adquisición de la vivienda habitual concedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el IBI.

La sentencia de primera instancia excluye los gastos que son anteriores a la fecha de la disolución de la sociedad de gananciales por formar parte del pasivo del inventario de la sociedad de gananciales, y los gastos abonados hasta el 18 de marzo de 2016, por estar prescritos, y, en consecuencia, condena al demandado a abonar la cantidad de 715,17 euros.

Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora alegando error en la valoración de la prueba pues ha quedado acreditado que las cuotas del préstamo hipotecario y las cuotas de la plaza de garaje han sido abonadas íntegramente por la actora, por lo que debe condenarse al demandado al abono de la mitad; y error al determinar el momento del cómputo del plazo de la prescripción, pues debe establecerse desde el momento de la sentencia que aprueba el inventario de los bienes que integran la sociedad de gananciales, por lo que procede la condena del demandado al abono de todas las cantidades reclamadas.

La parte demandada recurre la sentencia, insistiendo en que no procede abonar ninguna cantidad pues existe mala fe de la parte actora ya que solicita las mismas cantidades que reclamó en la liquidación de la sociedad de gananciales, no habiéndose incluido, por acuerdo, ninguna cantidad en su pasivo, por lo que la sentencia dictada en ese procedimiento produce efecto de cosa juzgada. Subsidiariamente, señala que no procede el abono de los gastos ordinarios de la comunidad de propietarios pues el uso de la vivienda fue adjudicado a la actora, habiéndose mantenido en el mismo durante todo ese tiempo, sin compensación al otro copropietario; y, en su caso, habría error al determinar la cuota de la comunidad de propietarios; en cuanto al Ibi, esta pagado pues abonaba como pensión más cantidad de lo que procedía; y no procede el abono del seguro.

SEGUNDO.Por razones de sistemática, en primer lugar, procede analizar los dos primeros motivos del recurso de Maximo en los que insiste que no tiene que abonar ninguna cantidad pues existe mala fe de la parte actora pues solicita las mismas cantidades que reclamó en el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales 578/2017, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Guadalajara, no habiéndose incluido, por acuerdo, ninguna cantidad en su pasivo, por lo que la sentencia dictada en el mismo produce efecto de cosa juzgada.

(i).Examinado el testimonio del procedimiento de liquidación del régimen de gananciales 578/2017, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Guadalajara, que obra completo en el presente, a diferencia de lo que se indica en el recurso, se comprueba que en la demanda interpuesta por la Sra. Tania, ésta solicita que se incluya en el pasivo de la sociedad de gananciales la cantidad de 31.644,91 euros, que sería el total del importe abonado por ella en relación con los gastos y pagos de la vivienda, todos ellos con posterioridad a la sentencia de divorcio dictada el 16 de febrero de 1993, sin que solicite que se le reconozca ningún crédito en contra del Sr. Maximo, que es la acción ejercitada en el presente procedimiento.

Es evidente que estamos ante dos acciones jurídicamente diferentes, siendo distinto el sujeto pasivo de cada una de ellas, por lo que no puede haber cosa juzgada de la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2018, por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Guadalajara, respecto al presente pleito.

Son dos acciones distintas pues, como señala acertadamente la sentencia recurrida, extinguida la sociedad de gananciales, lo que se produce con la sentencia de divorcio dictada el 16 de febrero de 1993, su patrimonio será el que tuviera en la fecha de la disolución, tanto en su vertiente activa como pasiva, de manera que ni la sociedad recibe nuevos ingresos ni tampoco soporta nuevas cargas. Con este punto de partida, una vez disuelta la sociedad de gananciales, en lo sucesivo mientras no se produzca la liquidación de ese patrimonio común, la relación patrimonial entre los ex cónyuges sigue las reglas de la comunidad de bienes y en concreto lo dispuesto en los arts. 395 y 1145 del CCivil, de modo que en el exceso que uno de ellos haya abonado en relación a la cuota que le corresponda, de gastos y cargas comunes, se genera automáticamente un crédito, no frente a la sociedad sino frene al otro ex cónyuge, teniendo en cuenta que el pasivo de ésta a incluir en la liquidación será exclusivamente el pendiente a la fecha de la disolución. Por ello, el posterior pago por uno de los excónyuges genera derecho de reembolso frente al otro por la mitad, no por el todo, pues en el resto le corresponde por su propia cuota de responsabilidad en la comunidad de bienes.

Es claro, que reclamadas cantidades que se dice abonadas con posterioridad al 16 de febrero de 1993, no había ningún crédito en contra de la sociedad de gananciales, de ahí que sea esa la razón y no otra, a diferencia de lo indicado en el recurso, por la que en la sentencia dictada en el procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales no se incluya ninguna de las cantidades reclamadas por la Sra. Tania en el pasivo de la misma, siendo, en su caso, el deudor de parte de las mismas el Sr. Maximo, no habiéndose instado en el suplico de la demanda dicha reclamación contra él.

(ii).Y el hecho de que no reclamase en dicho procedimiento cantidad alguna contra el Sr. Maximo no le impide reclamarla en el procedimiento declarativo correspondiente, a diferencia de lo indicado por la parte recurrente, sin que haya precluido el plazo para ejercitar dicho acción.

Así es, en cuanto al procedimiento para reclamar la parte correspondiente de los importes abonados por uno de los excónyuges al otro en la comunidad postganancial, la solución de los tribunales no ha sido pacifica en absoluto, sino que muy al contrario pues existen en las resoluciones de las Audiencias dos posturas al respecto.

Así, la primera se funda esencialmente en estimar que, al quedar los bienes y derechos integrantes del caudal conyugal sometidos, una vez disuelta la sociedad de gananciales y en tanto se procede a su liquidación y adjudicación, al régimen de la comunidad de bienes regulada en los artículos 392 y siguientes del Código Civil, ello supone que surge una comunidad postganancial ajena a la sociedad ganancial que viene a regularse por las normas de la comunidad ordinaria de bienes, de suerte que no cabe incluir en el pasivo del inventario de la sociedad ganancial, aquellas partidas que, pesando sobre los bienes comunes hayan sido abonadas en exclusiva por uno de los comuneros, porque ya no hay sociedad ganancial y, por tanto, no hay un crédito de uno de los cónyuges frente a la misma, sino un crédito de un comunero o copropietario frente al otro y ello por el importe que, correspondiendo a este último, haya sido abonado por aquel habrá de ser reclamado en proceso independiente.

Ahora bien, frente a dicha solución, la que puede considerarse mayoritaria y que ha venido siendo seguida por esta misma Audiencia (SAP de Guadalajara, del 26 de septiembre de 2017), es la que admite la posibilidad de inclusión en el pasivo del inventario de la sociedad de gananciales, no como crédito de la sociedad de gananciales ya extinguida sino frente al otro ex cónyuge por el 50% de su importe. Posibilidad de inclusión, que además es el criterio seguido por el TS como expresamente se recoge en el ATS 381/2021 de 13 de enero de 2021, al inadmitir el recurso de casación contra la SAP de Madrid de 5 de junio de 2018 que había estimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia y consideró adecuado el procedimiento de liquidación de gananciales para reclamar la mitad de lo abonado por uno de los excunyuges del préstamo hipotecario que gravaba una vivienda ganancia. En concreto, el TS señala "Por otra parte, tal cuestión ha quedado resuelta en la STS de Pleno n.º 703/2015, de 21 de diciembre de 2015 la cual resuelve en el mismo sentido que la recurrida. Determina que, una vez disuelta la sociedad de gananciales pero no liquidada aún, debe ventilarse por el procedimiento establecido en el artículo 806 de la LEC , en base a ordenar las diferencias entre los cónyuges dentro del proceso declarativo especial, lo que evitará litigios posteriores."

En consecuencia, como se ha expuesto, que no se incluyera la presunta deuda del Sr. Maximo respecto a la mitad de las cantidades que se dice abonadas por la actora en el inventario de la sociedad de gananciales, no impide que pueda reclamarse en el presente procedimiento, dado que, como se ha dicho, en aquel procedimiento no se reclamó contra él ni fue objeto del pleito ni del fallo dicha deuda, no existiendo, en consecuencia, mala fe ni abuso de derecho por parte de la actora.

Ello nos lleva a la desestimación de las alegaciones realizadas por el Sr. Maximo al respecto.

TERCERO.A continuación, es preciso entrar a conocer de la excepción de prescripción que fue estimada en parte por la sentencia, ya que contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora, la Sra Tania, alegando error al determinar el momento del cómputo del plazo de prescripción, pues debe establecerse desde la fecha de la sentencia que aprobó el inventario de los bienes que integran la sociedad de gananciales, el 17 de septiembre de 2018, por lo que ninguna cantidad estaría prescrita y procedería la condena del demandado al abono de todas las cantidades reclamadas.

(i).Como hemos dicho, el excónyuge que haya soportado la totalidad de la carga de la comunidad postganancial podrá reclamar la mitad de los gastos que se han ido produciendo y abonado unilateralmente desde la extinción de la sociedad ganancial por efecto legal y hasta el momento de la liquidación de la sociedad postganancial, que opera entre la disolución de la sociedad conyugal y su liquidación definitiva, integrada por los bienes que fueron comunes. Como quiera que a partir de la disolución de la sociedad de gananciales las partes mantienen una cuota parte sobre el todo, hasta la liquidación, no se concretará en singulares titularidades que le sean adjudicadas, es por lo que los gastos inherentes a tales bienes comunes aún no liquidados y sufragados por uno de los cónyuges han de generar un derecho de crédito a su favor.

Además, esas reclamaciones económicas entre los convivientes a partir de la disolución de la sociedad de gananciales están sujetas al instituto de la prescripción, y a falta de regulación especial, opera la prescripción del art. 1964 CC desde que la acción puede ejercitarse, es decir, desde el pago, pues se está ejercitando una acción personal derivada de una obligación legal, sin plazo especial de prescripción, fundamentada bien en el art. 1158 CC, como pago hecho por tercero, bien en el art. 1145 CC, como acción de repetición o reembolso de un codeudor solidario frente al otro.

Es verdad que por la Ley 42/2015 el plazo de quince años se redujo a cinco. No obstante, la disposición transitoria quinta se remitió al art. 1939 CC. Esta normativa fue interpretada por la sentencia del Tribunal Supremo 29/2020, de 20 de enero, en la que se dispuso lo siguiente: "Como la Ley 42/2015 entró en vigor el 7 de octubre de 2015, si conjugamos lo previsto en su Disposición transitoria quinta con el art. 1939 CC , al que se remite, tendríamos las siguientes posibles situaciones (sobre la base de que no hubiera actos interruptivos de la prescripción), teniendo en cuenta que la prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor se regirá por el plazo anteriormente fijado (quince años), si bien, si desde dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años) surtirá efecto la prescripción incluso aunque anteriormente hubiera un plazo de quince años: i) relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley; ii) relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción original del art. 1964 CC ; iii) relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 CC , no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020; y iv) relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años, conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC ".

(ii).Atendiendo a lo expuesto, debe señalarse, en primer lugar, como hace la sentencia, que la sociedad de gananciales debe tenerse por disuelta a la fecha de la sentencia de divorcio, el 16 de febrero de 1993 (ac 17), por lo que no se puede estimar ninguna cantidad abonada hasta esa fecha, porque, aunque hayan sido pagados por alguno de los cónyuges debe entenderse que lo han sido con dinero ganancial por cuanto en ese periodo estaba vigente la sociedad de gananciales.

En segundo lugar, ninguna duda existe sobre la consideración de los dos inmuebles como gananciales -la vivienda y la plaza de garaje-, pues fueron adquiridos durante el matrimonio, vigente entre ellos el régimen económico matrimonial de gananciales, por lo que no era necesario la realización de inventario de la sociedad de gananciales para que tuvieran dicha consideración.

En tercer lugar, la acción se ejercita por la Sra. Tania contra el Sr. Maximo el día 18 de marzo de 2021, con la presentación de la demanda, fecha en la que estaría interrumpida la prescripción de los 5 años aplicables al presente supuesto, de conformidad con lo expuesto. No se puede entender interrumpida con anterioridad la acción pues en la demanda interpuesta por la misma para la realización de la liquidación de la sociedad de gananciales y que dio origen al procedimiento 578/2017, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Guadalajara, no se reclama directamente ningún crédito contra el Sr. Maximo sino contra la sociedad de gananciales, sin que conste que hubiera dirigido antes ninguna reclamación contra él.

En consecuencia, estarían prescritas las acciones para reclamar los pagos realizados por la actora con anterioridad al 27 de diciembre de 2015, tras haberse ampliado en 82 días naturales el plazo de los 5 años de prescripción como consecuencia de la suspensión de plazos en el primer Estado de Alarma. En esto se rectifica la sentencia recurrida, dado que la misma establece como fecha inicial para el cómputo del plazo de 5 años de prescripción el 18 de marzo de 2016 ya que no ha considerado los días durante los cuales estuvo suspendido los plazos de prescripción.

Ello lleva a estimar parcialmente el motivo del recurso de la parte actora.

CUARTO.Sentado lo anterior, falta por determinar si la Sra. Tania tiene derecho a que se le reembolse el 50 % del importe de los recibos del Ibi, el 50 % del importe de las cuotas del préstamo hipotecario de la vivienda familiar, el 50 % de las cuotas de la comunidad de propietarios de la vivienda y del garaje y el 50 % de los recibos del seguro de la vivienda que se dice abonados en exclusiva por ella tras la sentencia de divorcio.

La parte demandada, al recurrir, alega que no debe esas cantidades; y la parte actora señala que se le deben todas las cantidades reclamadas.

(i).Debemos partir de que, como señala el ATS de 13 de enero de 2021, "respecto a los recibos de IBI y las cuotas de la comunidad de propietarios que la parte recurrente sostiene son a cargo de quien ostenta el uso y disfrute de la que fuera vivienda familiar, la STS 399/2018 de 27 de junio , con cita de las SSTS de 25 de mayo de 2005 , 1 de junio de 2006 , 20 de junio de 2006 y 18 de junio de 2008 , declara "Hemos de partir de la distinción entre gastos que se derivan del uso del inmueble y gastos correspondientes a la propiedad del inmueble. Respecto de los primeros (como son los referidos a servicios de luz, agua, gas, teléfono...), lógicamente han de ser asumidos por el cónyuge usuario, si bien una parte proporcional habría de ser computada como gasto de los hijos a los efectos de la fijación de la pensión de alimentos. En relación con los gastos derivados de la propiedad, como son los de comunidad y el impuesto sobre bienes inmuebles, que tienen carácter "propter rem", corresponden al propietario.

En cuanto a los gastos de comunidad, esta sala ha considerado en sentencia 373/2005, de 25 de mayo , que "la contribución al pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios, y, además, su cumplimiento incumbe a éstos no sólo por la utilización de sus servicios, sino también para la atención de su adecuado sostenimiento- se estima porque la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos". De dicha doctrina cabe extraer que, los gastos de comunidad correspondientes a la vivienda familiar han de ser a cargo de la sociedad de gananciales cuando sea titular de la misma con independencia de a quién se haya atribuido el uso tras la ruptura matrimonial".

(ii).Entrando al análisis de las cantidades que se reclaman, limitándonos a examinar los pagos realizados con posterioridad a 27 de diciembre de 2015, pues los anteriores estarían prescritos, resulta que:

--En cuanto a los recibos del Seguro del Hogar Santa Lucia que se reclaman, consta que se refieren a la póliza nº NUM000 y que es un seguro de Hogar, que asegura continente y contenido de un inmueble, por lo que, no teniendo constancia de que la Sra. Tania tuviera otro inmueble, no hay duda de que lo que aseguraba era la vivienda familiar, por lo que las dudas alegadas en el recurso en cuanto al tipo de seguro que cubría dicha póliza como al inmueble asegurado deben ser descartadas. En consecuencia, el pago del seguro está directamente relacionado con la propiedad, por lo que debe ser asumido por ambos cotitulares. El único recibo que la sentencia impugnada reconoce por dicho concepto es el del 1 de julio de 2016 del seguro Hogar de Santa Lucia de la anualidad 2016-2017, por valor de 214,04 euros, lo que debe ser confirmado por la Sala pues consta que fue abonado por la misma ya que fue cargado en la cuenta bancaria terminada NUM001, de titularidad de la misma, como reconoce el Sr. Maximo, pues es la misma cuenta a donde realizaba las transferencias de las pensiones atendiendo a la documentación aportada por él en la contestación a la demanda (ac 18 y 19). Los demás recibos reclamados por este concepto están prescritos, por lo que no pueden incluirse.

En consecuencia, al demandado le correspondía abonar la cantidad de 107,02 euros (el 50 % del total), sin que se haya acreditado que lo haya abonado.

--En cuanto a las reclamaciones por los recibos de IBI, es obvio que afectan a la propiedad y que deben ser abonados por ambos cotitulares por partes iguales. El IBI es un impuesto municipal de carácter real, cuyo hecho imponible lo constituye la propiedad de los bienes inmuebles. La sentencia estima la reclamación en cuanto a los meses de abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2016 por 28,62 euros cada uno de ellos, debiendo añadirse también el mes de marzo de 2016 por ese mismo importe. Examinados los recibos aportados consta que esos son los recibos e importes cargados en la cuenta de la Sra. Tania por dicho concepto, dentro del periodo que se analiza, por lo que la pretensión debe ser estimada parcialmente, sin que el demandado haya acreditado su pago, a diferencia de lo que se alega en el recurso.

En consecuencia, la cantidad adeudada por el demandado por dicho concepto se eleva a 100,17 euros (el 50 % del total).

--En relación con las cuotas de préstamo hipotecario por la adquisición del inmueble, como señala acertadamente la sentencia recurrida, el préstamo fue cancelado en el año 2010, estando prescritas todas las cuotas reclamadas, por lo que debe desestimarse el motivo del recurso de la parte actora, sin que exista error al respecto.

--En cuanto a las cuotas de la comunidad reclamadas, la sentencia estima las correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016 por valor de 60,76; julio, septiembre y noviembre por valor de 57,68 euros; y octubre por 60,43 euros, lo que debe ser confirmado de acuerdo con lo establecido, debiendo desestimar las alegaciones realizadas por la parte demandada en su recurso. A ello debemos incrementar las mensualidades de febrero de 101,17 euros, y enero y marzo por importe de 60,76 euros cada uno.

No es cierto que las cantidades reflejadas sean erróneas, sino que se corresponden con los recibos emitidos.

En consecuencia, al demandado le corresponde el abono de la cantidad de 319,22 euros por dicho concepto (el 50 % del total).

--En cuanto a los gastos de garaje, debemos centrarnos en el único recibo emitido dentro del periodo en el que no está prescrito, el 6 de julio de 2016, por importe de 89,85 euros, en el que se hace referencia que es la cuota de la comunidad por el garaje de la DIRECCION001. Como señala la sentencia recurrida, no procede tener por acreditado que el recibo de la cuota de comunidad se refiera a la misma plaza de garaje pues la que consta de su titularidad es la numero NUM002 del grupo 744 viviendas promoción pública en el DIRECCION002.

En consecuencia, la cantidad que debe abonar el demandado por el 50 % de lo abonado por la Sra. Tania que no esta prescrita es de 526,41 euros, existiendo un error en la sentencia pues en la misma se suman las cantidades abonadas por las Sra. Tania integras íntegras y no el 50 % de las mismas, como se alega en el recurso de la parte demandada, lo que lleva a estimar parcialmente su recurso.

CUARTO.Costas procesales. De conformidad con lo prevenido en el artículo 398 en relación con el artículo 394 ambos de la LEC, habiendo estimado parcialmente los recursos de la parte actora y de la parte demandada, no procede la imposición de las costas procesales causadas en esta alzada a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,