Sentencia Civil 18/2026 Audiencia Provincial de Zamora Civil-penal Única, Rec. 138/2025 de 19 de enero del 2026

PRIMERO.-Por la parte actora se interpone recurso de apelación frente a la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Zamora, de fecha 23 de diciembre de 2024, sentencia cuya parte dispositiva acuerda, que: "Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por DON OSCAR RODRIGUEZ MARCO, Procurador de los Tribunales y de DON Eutimio, contra WIZINK BANK, S.A., representada por la Procuradora DOÑA GEMMA DONDERIS DE SALAZAR, debo declarar y declaro: Nula la actuación relativa a la cláusula reguladora de la comisión por impago (u análoga), al no superar el control de incorporación y, en consecuencia, se condena a la entidad bancaria a cesar en la imposición de ésta. Igualmente, se procederá a la devolución de las cantidades relativas a dicho concepto, así como los intereses correspondientes a la declaración de nulidad, lo que se determinará en ejecución de sentencia No se hace expresa imposición de las costas procesales causadas."

El apelante, actor en el procedimiento, interesa la estimación íntegra de la demanda, al entender que el contrato suscrito entre las partes es nulo por usurario, así como, con carácter subsidiario, sería abusivo por falta de transparencia. Reproduce el apelante como motivos de apelación las mismas causas que le llevaron a acudir a la vía judicial, pues sigue manteniendo, no solo, que existe la falta de transparencia sino que el mismo es usurario, dado que el tipo de TAE aplicado supera hasta en 7,5 puntos el establecido para el año 2010 en las tablas del Banco de España. Interesa por todo lo anterior, la revocación de la sentencia de instancia y se dicte sentencia íntegramente estimatoria de la demanda con íntegra imposición de costas a la demandada.

La parte apelada, se opone al recurso interpuesto alegando la total conformidad de la resolución recurrida, al haberse acreditado que no concurre ninguna de las causas de nulidad, por usura o falta de transparencia opuestas de adverso, tal y como fundamenta certeramente la sentencia que se recurre, interesando su íntegra confirmación habiéndose acreditado los hechos en los que se fundamente su reclamación sin que pueda entenderse que los intereses sean abusivos ni usurarios, y que el resto de las cláusulas cuya abusividad se reclama ningún efecto económico se ha acreditado haya tenido en la presente reclamación, lo cual ha de llevar a la íntegra ratificación de la resolución recurrida dada la acertada fundamentación de la misma.

SEGUNDO.- DEL CARÁCTER USURARIO DE LA TARJETA REVOLVING.-

Vistos los motivos que llevan a la parte a la presentación del recurso, debe examinarse en primer lugar si concurre la nulidad como consecuencia de que los intereses remuneratorios pactados en el contrato tienen el carácter de usurarios, deberemos de partir de los hechos acreditados en relación con los mismos, y así: En el presente caso, el contrato de tarjeta deriva del año 2006, año en el que el actor suscribió contrato de tarjeta de crédito con la entidad WIZINK que es un producto complejo, en atención a las ventajas que la entidad ofrecía y publicitaba, siendo se trata de un contrato de adhesión, pues es manifiesta la existencia de Condiciones Generales de la contratación y que el coste del crédito establecía dos tipos de TAE, uno para las compras de 24,71 % y otro para retiradas en efectivo de 26,82%, tal y como se desprende del contrato, por lo que el tipo de interés a tener en cuenta será el 25,22%, conforme a la Jurisprudencia existente para este tipo de supuestos..

El Banco de España publicaba el dato correspondiente al tipo medio de los intereses de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, tablas existentes desde el año 2019, siendo los tipos medios de intereses para operaciones con tarjetas TEDR del 19,32 para la anualidad más cercana en el tiempo, la del 2010. Esta referencia deberá incrementarse en un margen porcentual de 20 o 30 centésimas (0,20 o 0,30) a fin de equiparlo al TAE con el que se establece la comparación, por lo que resultaría un TAE de 19,62 %.

Establecido lo anterior, la Jurisprudencia del TS y la sentencia a la que se refieren ambas partes, sobre la consideración de usurarios de los intereses remuneratorios ha dejado sentado que: 1) Para la determinación del carácter de usurario del interés remuneratorio por aplicación de la Ley de represión de la Usura, debe llevarse a cabo la comparación del interés pactado, TAE, con el aplicable como tipo medio(TAE) de operaciones de la misma naturaleza en la fecha de la contratación ( STS 149/2020, de 4 de marzo) que es el que el TS considera como "interés legal del dinero" o en el momento de cada modificación cuando la entidad financiera se reserva el derecho de modificarlo y 2) que a la hora de determinar si estamos ante un interés notablemente superior al normal del dinero, debe tenerse en cuenta un interés que supere el fijado como medio en operaciones del mismo tipo, naturaleza en seis puntos.

Para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosará un apartado especial a este tipo de créditos (junio de 2010) la referencia será la estadística del periodo del contrato. El índice estadístico no es la TAE, sino el TEDR (TAE sin comisiones); si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también algo menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. En contratos anteriores a junio de 2010, la referencia será la información específica de esta estadística más próxima en el tiempo, en el caso, 2010; el TEDR era 19,67 y la TAE, al agregar las comisiones, sería algo superior (entre 20 y 30 centésimas). A falta de un criterio legal sobre el margen superior aceptable para no incurrir en usura, ante las exigencias de predecibilidad en un contexto de litigación en masa, se fija como criterio, solo para este tipo de crédito revolving, que habrá usura si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido es superior a 6 puntos porcentuales.

La aplicación de dicha doctrina Jurisprudencial nos llevaría a entender que a la vista del interés pactado y el recogido en las tablas publicadas por el Banco de España, NO existe una diferencia de más de seis puntos, pues el TAE pactado en el contrato, promedio de los dos tipos establecidos, es de 25,22 %, por lo que NO supera el límite al que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo, lo que ha de llevar desestimar dicho motivo de recurso.

TERCERO.- DE LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y ABUSIVIDAD.-

Resuelto lo anterior, procede entrar a analizar el otro de los motivos que llevan a la actora a recurrir la resolución de instancia, la falta de transparencia y abusividad del contrato de préstamo al consumo suscrito por las partes, y ello al entender que el interés remuneratorio pactado, unido al resto de condiciones que se imponen al prestatario en el contrato para la concesión del mismo, no superan los controles de incorporación y transparencia exigidos para su validez.

Para la resolución de dicha cuestión debemos remitirnos a lo ya declarado por esta Sala en numerosas sentencias, así: "Como se ha expuesto, y siguiendo la doctrina jurisprudencial, tal y como se dice en la sentencia de 4 de marzo de 2020 del Tribunal Supremo, con relación a los intereses ordinarios, al tener el demandado la condición de consumidor, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores.

...El control de transparencia tiene su origen en el art. 4.2 de la Directiva 93/13, según el cual el control de contenido no puede referirse «a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible». Es decir, cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente; control de transparencia que como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del «error propio» o «error vicio», cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la «carga económica» que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la «carga jurídica» del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo ( STS 406/2012, de 18 de junio , y 241/2013, de 9 de mayo ).

Por otra parte, a la hora de abordar si el contrato concertado cumple con el denominado control de transparencia es de especial relevancia tener en cuenta las directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, elaboradas en la comunicación de la Comisión (publicada en el DOUE el 27 de septiembre de 2019) que resume la jurisprudencia del TJUE sobre dicha directiva.

Así se establece que la Directiva 93/13/CEE contempla una exigencia de transparencia para los profesionales que utilicen cláusulas contractuales no negociadas individualmente. Dicha exigencia se muestra en el hecho de que las cláusulas contractuales deban estar (redactadas) en un lenguaje claro y comprensible ( artículo 4, apartado 2, y artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE) y en el requisito de que los consumidores deban tener la oportunidad real de conocer las cláusulas del contrato antes de la conclusión de éste.

Con arreglo a la Directiva 93/13/CEE, la exigencia de transparencia tiene tres funciones: a) las cláusulas que no estén redactadas de forma clara y comprensible se interpretarán de la forma más favorable para el consumidor; b) en virtud del artículo 4, apartado 2 , el objeto principal o la adecuación del precio y la retribución establecidos en el contrato están sujetos a una evaluación de conformidad con el artículo 3, apartado 1, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible; c) el incumplimiento de la exigencia de transparencia puede ser un elemento de la evaluación del carácter abusivo de una determinada cláusula contractual y puede ser un elemento indiciario (asunto C-472/10 , apartados 30 y 31; asunto C-226/12 , Constructora Principado, apartado 27 y asunto C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon, apartados 65 a 71).

Para evaluar si una determinada cláusula contractual es clara y comprensible en el sentido de la Directiva 93/13/CEE debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: .- Si el consumidor tuvo la oportunidad real de familiarizarse con una cláusula contractual antes de la celebración del contrato, lo que incluye la cuestión de si el consumidor pudo consultar y se le dio la oportunidad de leer la(s) cláusula(s) contractual(es). Si una cláusula hace referencia a un anexo o a otro documento, el consumidor debe poder consultar también dichos documentos.- La comprensibilidad de las cláusulas individuales, a la luz de la claridad de su redacción y la especificidad de la terminología utilizada, así como, cuando sea pertinente, en combinación con otras cláusulas contractuales. (Asunto C-96/14, Van Hove, apartado 50). .- El modo en el que se presentan las cláusulas contractuales. Así: a) la claridad de la presentación visual, incluido el tamaño de la fuente, b) el hecho de si un contrato está estructurado de manera lógica y si a las estipulaciones importantes se les otorga la importancia que merecen y no se ocultan entre otras disposiciones, y c) si se trata de cláusulas propias de un contrato o contexto determinado, incluso en conjunto con otras cláusulas relacionadas, etc.

Por lo que respecta a la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, según resulta del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE, el Tribunal de Justicia ha señalado que esta exigencia, recordada también en el artículo 5 de la citada Directiva, no puede reducirse solo al carácter comprensible de éstas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por ende de transparencia, debe entenderse de manera extensiva ( C-26/13 , Kásler y Káslerné Rábai, apartados 71 y 72, y C-348/14 , Bucura, apartado 52).

La STS de 28 de mayo de 2018 concreta el contenido del control de transparencia al establecer " El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11 Jurisprudencia citada a favor PTJUE, Sección: 1ª, 21/03/2013Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , el control de transparencia requiere examinar, no solo que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino que el adherente pueda tener conocimiento real de las mismas- caso RWE VertriebM de 30 de abril de 2014, asunto C- 26/13 Jurisprudencia citada a favor PTJUE, Sección: 1ª, 30/04/2014, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas".

El control de transparencia excluye que, en contratos en que el adherente sea un consumidor, pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica le pasó inadvertida, porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se le facilitó la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula.

De otro lado y más recientemente se ha complementado esta Jurisprudencia, con la doctrina de las AA.PP, según las cuales, la expresión de la TAE en el contrato de crédito revolving ha de ser clara y comprensible. La SAP de Madrid, Secc. 28 de 15 de octubre de 2021 (SAP M 12290-2021), nos recuerda la importancia de la información de la TAE en un contrato de crédito revolving resolviendo que: "En definitiva, la cláusula en cuestión no presenta objeción ni desde la perspectiva del control de incorporación ni desde el control de transparencia, ya que la expresión de la TAE permite conocer la carga económica que los intereses suponen para el consumidor (el coste efectivo de su obligación) y permite comparar los intereses que ofrecen las distintas entidades".

Y la Sala 1ª del TS en su sentencia de 23 de enero 2019 (FD 3ª apartado 11 - Roj: STS 102/2019 ), afirma que: "tasa anual equivalente (TAE), permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo, por lo que podrá realizar una comparación con otras ofertas en tanto que la TAE constituye un instrumento de medida homogéneo, y podrá tomar conciencia del sacrificio patrimonial que la concesión del préstamo le supondrá.".

Es sumamente relevante en esta materia la sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de enero de 2022, que en su apartado 36 afirma: "El TJUE desde la protección que dispensa la Directiva 93/13 no exige que el consumidor real y concreto, es decir la persona que haya celebrado el contrato, haya entendido la cláusula o el método de cálculo del interés. Ese análisis individual corresponderá hacerlo en una acción sobre la validez del consentimiento del consumidor contratante. Por eso el TJUE introduce la figura del consumidor medio. Lo que exige el TJUE es que la cláusula sea comprensible para un consumidor medio, tanto desde el punto de vista gramatical, como desde el punto de vista de la información a su disposición. No se trata de valorar si el consumidor contratante ha entendido la clausula (valoración subjetiva) sino si un consumidor contratante ha dispuesto de la información necesaria para asegurar que un consumidor medio la hubiera entendido (valoración objetiva)".

Como resuelve la sentencia de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de marzo de 2021 (FD 5º - Roj: SAP M 3728/2021-): "Sobre la manera de practicar el control de transparencia el TJUE en la citada Sentencia de 20 de septiembre de 2017 dictada a propósito de los préstamos en divisa extranjera, declara en su apartado 47 que "incumbe al juez nacional, al tener en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, verificar que, en el asunto de que se trata, se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo.".

De acuerdo con la jurisprudencia citada, ha de analizarse pues si la cláusula controvertida supera el control de transparencia, examinando si está redactada en forma clara y comprensible de modo que exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula.

En lo referente a las tarjetas, diferenciamos entre las de débito y las de crédito; y respecto de estas últimas, el cliente podrá devolver el capital dispuesto normalmente a través de dos formas distintas:

a) En el mes siguiente a aquel en que se realizan las disposiciones normalmente sin pago de intereses.

b) O aplazando las compras en cuotas, por los plazos y por los importes que se acuerden con la entidad hasta la amortización total del crédito, en cuyo caso se pagarán periódicamente los intereses que se hayan previsto en el contrato de tarjeta suscrito con el banco.

Y dentro de esta última modalidad de tarjetas de crédito con pago aplazado se encuentran los denominados créditos renovables (o revolving) a la cual responde la cuestión objeto de autos. En estas, la entidad emisora pone a disposición del consumidor una cantidad máxima de dinero cada mes, que puede utilizar del modo que estime más adecuado (adquiriendo bienes o servicios que paga con la tarjeta o sacando el dinero en metálico del cajero automático); y el dinero de que ha dispuesto durante un determinado mes debe ser restituido al prestamista al mes siguiente sin generar intereses, o restituyendo al mes siguiente solo una parte del capital utilizado (una cantidad fija cada mes o un porcentaje del capital dispuesto), de manera que la parte restante se aplaza y sobre ese aplazamiento se cobran los intereses remuneratorios pactados. El capital devuelto cada mes engrosa de nuevo en la cesta de dinero que él puede disponer con la tarjeta de crédito, hasta el límite máximo pactado. Si cada mes únicamente reembolsa un importe pequeño o un porcentaje bajo del capital dispuesto, se aplaza una parte importante del capital prestado, que generará elevados intereses remuneratorios. Esos intereses deberán restituirse durante muchos meses, y ese prolongado transcurso del tiempo generará intereses por una cuantía muy elevada. Y así será cuanto mayor sea el crédito dispuesto consumido cada mes, y más meses tarde el consumidor en devolver ese capital.

La duda que se plantea en el seno de las Audiencias Provinciales, y en la doctrina, es la de si el consumidor debe conocer estos datos, expuestos en el párrafo anterior, para que la cláusula sea transparente, y este es el criterio que ante supuestos de contratación ciertamente compleja como la de las tarjetas revolving, esta Sala considera es el que debe presidir el análisis del cumplimiento del presupuesto de transparencia, pues la consecuencia de estos créditos renovables es la generación de unos intereses remuneratorios de elevada cuantía y el conocimiento de este extremo es esencial.

Estamos ante un tipo de crédito donde las pequeñas cantidades concedidas, como consecuencia del elevado tipo de interés que se aplica (aun cuando no sea usurario conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo) y los sucesivos aplazamientos, se transforman en un elevado importe a devolver a la entidad crediticia.

En suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato". De esta manera debe superarse un control de incorporación o de inclusión de manera que la cláusula aparezca en el contrato de manera legible (así con relación al tamaño de la letra que hoy el art. 80.1b) de la Ley de Consumidores lo sitúa en 2'5 milímetros); así como el TIN y el TAE aparezca de manera clara en el contrato. Y además que supere ese control de comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula; y aun cuando los términos del interés aplicado aparezcan en el contrato en principio como claros, el consumidor medio (pues el análisis debe de hacerse desde esta perspectiva y no de la del sujeto concreto que suscribe el contrato) conozca el funcionamiento del contrato al cual se adhiere.

Así, aun admitiendo que las resoluciones de las diferentes audiencias sean dispares en este punto, debemos de considerar que en el supuesto de autos la cláusula no es transparente, por no superar ni tan siquiera el control de incorporación, por más que se alegue que el Reglamento de la tarjeta Visa Cepsa porque Tu Vuelves, es perfectamente legible y de redacción clara y sencilla, pues la del supuesto de autos no es en absoluto legible pese a la ampliación digital de la misma, siendo imposible, con un interlineado que hace aun más imposible su lectura y la escasísima distancia entre líneas y párrafos, que además son interminables y que incluso ampliándola al máximo su lectura es muy difícil.

La STS 467/24 de 6 de febrero expone la doctrina del Ato Tribunal a este respecto significando por lo que ahora interesa, que "2.- La legibilidad de los contratos con consumidores, en relación con el tamaño de la letra empleado en su redacción, viene regulada actualmente en el art. 80.1 b) TRLCU (en redacción dada por la Ley 4/2022, de 25 de febrero ), que impone un tamaño superior a los 2.5 milímetros y un espacio entre líneas superior a los 1.15 milímetros, así como que el contraste con el fondo sea suficiente para no hacer dificultosa la lectura.

En el caso de autos entendemos que el contrato no cumple con las exigencias de transparencia, claridad, concreción y sencillez ( artículos 10.1 LGDCU y 5.5 LCGC) y legibilidad ( artículo 7 LCGC) . La consecuencia, conforme al artículo 7 de la LCGC, es que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato ni las que sean ilegibles, con lo que no superaría el control de inclusión, entre ellas, la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios."

A la misma conclusión y sobre el mismo tipo de tarjeta y Reglamento llega la SAP, Civil sección 1 del 14 de abril de 2025 ( ROJ: SAP SA 340/2025), que razona que: "Atendiendo a la doctrina jurisprudencial anterior, este tribunal comparte el criterio del juzgador de instancia y entiende que en el presente supuesto no se supera ni el control de incorporación o de transparencia formal, ni el control de transparencia material.

Basta un simple examen al contrato aportado para determinar que el contrato de tarjeta de crédito Wizink está redactado de forma que no permite conocer la existencia de información precontractual y contractual sobre las condiciones económicas y jurídicas del contrato suscrito.

La única prueba practicada ha sido documental -al igual que aquí ocurre- (contrato y reglamento), y de la misma, no resulta que se haya facilitado una información suficientemente compresible, no constando, la existencia de ejemplos de diferentes escenarios, según el consumidor opte por las diversas posibilidades establecidas. Tampoco consta que se facilitara al actor, la información normalizada europea (INE).

En consecuencia, no se ha acreditado mínimamente que el consumidor tuviera una formación financiera que le hiciera conocedor de este mercado; que la iniciativa de contratar este tipo de tarjeta partiera de él, ni que conociera la repercusión en su patrimonio de este contrato; que la información ofrecida, sobre los riesgos inherentes al producto fuera previa y suficiente para poder evaluar su coste por razón de la naturaleza del servicio de que es objeto del contrato; ni, en fin, que el profesional podía estimar de forma razonable que, tratando de manera legal y equitativa al consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en el marco de una negociación individual.

Por todo lo expuesto se considera que la cláusula controvertida no supera el control de transparencia en los términos expresados.

Así, SAP de Murcia, sección 5 del 10 de abril de, también concluye como entendemos en el supuesto enjuiciado- que la Tarjeta Visa Cepsa no es transparente, razonando que como elemento a "...evaluar en el control transparencia de un crédito revolving, su mayor peculiaridad es que la deuda a devolver por el titular se modifica mensualmente, se recompone, de forma que la deuda disminuye cuando se abonan cuotas y aumenta cuando se utiliza la tarjeta, unido a los intereses, comisiones y resto de gastos generados, qué sucede si se eligen cuotas bajas en comparación con el capital.

La STS de 30 de enero de 2025, afirma que entre la información previa relevante a facilitar deberá indicarse que el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas).

El TJUE ha enfatizado repetidamente la importancia de dicha información para que los consumidores puedan comprender el alcance de sus derechos y obligaciones en virtud del contrato antes de estar sujetos a este. Así, en las sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11, RWE Vertrieb, apartado 44, y de 21 de diciembre de 2016, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo y otros, apartado 50, de 13 de julio de 2023, Banco Santander, C-265/22 , apartado 51, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23, Kutxabank, el TJUE ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información."

La reciente STS 154/2025, de 30 de enero de 2025 se ha pronunciado igualmente, declarando que "...En lo que respecta al contenido, la información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE .

Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

En consecuencia, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso (...)".

Resulta evidente, que en el supuesto de autos en el que solo se aporta como prueba la solicitud y el reglamento del contrato, no se justifica en modo alguno que se proporcionara dicha información.

En este mismo sentido se pronuncian muchas AA.PP., además de las ya transcritas, que tratan de la misma tarjeta y reglamento cuya claridad se pretende, de las que citaremos como ejemplo algunas más recientes: SAP de Baleares, sección 3 del 11 de marzo de 2025 ( ROJ: SAP IB 606/2025; SAP de Ourense, sección 1 del 21 de marzo de 2025 ( ROJ: SAP OU 323/2025); SAP de León, sección 1 del 24 de marzo de 2025 ( ROJ: SAP LE 686/2025); SAP de Coruña, sección 3 del 02 de abril de 2025 ( ROJ: SAP C 905/2025).

Procede en definitiva y por todo lo expuesto, la estimación de la apelación interpuesta, por entender que la cláusula de intereses remuneratorios es nula por falta de transparencia.

CUARTO.- DE LAS COSTAS.-

Encuanto a las costas de instancia, manifestar que al ser la demanda totalmente estimada, las costas se impondrán a la entidad financiera demandada, art 394 de la LEC.

Respecto a las costas de apelación y dada la estimación del recurso interpuesto se van a imponer a la entidad financiera y ello, de conformidad con lo declarado por nuestro TS en las recientes Sentencias de fecha 4 de diciembre de 2025, Sts 1785 y 1786/2025.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,

PRIMERO.-Por la parte actora se interpone recurso de apelación frente a la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Zamora, de fecha 23 de diciembre de 2024, sentencia cuya parte dispositiva acuerda, que: "Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por DON OSCAR RODRIGUEZ MARCO, Procurador de los Tribunales y de DON Eutimio, contra WIZINK BANK, S.A., representada por la Procuradora DOÑA GEMMA DONDERIS DE SALAZAR, debo declarar y declaro: Nula la actuación relativa a la cláusula reguladora de la comisión por impago (u análoga), al no superar el control de incorporación y, en consecuencia, se condena a la entidad bancaria a cesar en la imposición de ésta. Igualmente, se procederá a la devolución de las cantidades relativas a dicho concepto, así como los intereses correspondientes a la declaración de nulidad, lo que se determinará en ejecución de sentencia No se hace expresa imposición de las costas procesales causadas."

El apelante, actor en el procedimiento, interesa la estimación íntegra de la demanda, al entender que el contrato suscrito entre las partes es nulo por usurario, así como, con carácter subsidiario, sería abusivo por falta de transparencia. Reproduce el apelante como motivos de apelación las mismas causas que le llevaron a acudir a la vía judicial, pues sigue manteniendo, no solo, que existe la falta de transparencia sino que el mismo es usurario, dado que el tipo de TAE aplicado supera hasta en 7,5 puntos el establecido para el año 2010 en las tablas del Banco de España. Interesa por todo lo anterior, la revocación de la sentencia de instancia y se dicte sentencia íntegramente estimatoria de la demanda con íntegra imposición de costas a la demandada.

La parte apelada, se opone al recurso interpuesto alegando la total conformidad de la resolución recurrida, al haberse acreditado que no concurre ninguna de las causas de nulidad, por usura o falta de transparencia opuestas de adverso, tal y como fundamenta certeramente la sentencia que se recurre, interesando su íntegra confirmación habiéndose acreditado los hechos en los que se fundamente su reclamación sin que pueda entenderse que los intereses sean abusivos ni usurarios, y que el resto de las cláusulas cuya abusividad se reclama ningún efecto económico se ha acreditado haya tenido en la presente reclamación, lo cual ha de llevar a la íntegra ratificación de la resolución recurrida dada la acertada fundamentación de la misma.

SEGUNDO.- DEL CARÁCTER USURARIO DE LA TARJETA REVOLVING.-

Vistos los motivos que llevan a la parte a la presentación del recurso, debe examinarse en primer lugar si concurre la nulidad como consecuencia de que los intereses remuneratorios pactados en el contrato tienen el carácter de usurarios, deberemos de partir de los hechos acreditados en relación con los mismos, y así: En el presente caso, el contrato de tarjeta deriva del año 2006, año en el que el actor suscribió contrato de tarjeta de crédito con la entidad WIZINK que es un producto complejo, en atención a las ventajas que la entidad ofrecía y publicitaba, siendo se trata de un contrato de adhesión, pues es manifiesta la existencia de Condiciones Generales de la contratación y que el coste del crédito establecía dos tipos de TAE, uno para las compras de 24,71 % y otro para retiradas en efectivo de 26,82%, tal y como se desprende del contrato, por lo que el tipo de interés a tener en cuenta será el 25,22%, conforme a la Jurisprudencia existente para este tipo de supuestos..

El Banco de España publicaba el dato correspondiente al tipo medio de los intereses de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, tablas existentes desde el año 2019, siendo los tipos medios de intereses para operaciones con tarjetas TEDR del 19,32 para la anualidad más cercana en el tiempo, la del 2010. Esta referencia deberá incrementarse en un margen porcentual de 20 o 30 centésimas (0,20 o 0,30) a fin de equiparlo al TAE con el que se establece la comparación, por lo que resultaría un TAE de 19,62 %.

Establecido lo anterior, la Jurisprudencia del TS y la sentencia a la que se refieren ambas partes, sobre la consideración de usurarios de los intereses remuneratorios ha dejado sentado que: 1) Para la determinación del carácter de usurario del interés remuneratorio por aplicación de la Ley de represión de la Usura, debe llevarse a cabo la comparación del interés pactado, TAE, con el aplicable como tipo medio(TAE) de operaciones de la misma naturaleza en la fecha de la contratación ( STS 149/2020, de 4 de marzo) que es el que el TS considera como "interés legal del dinero" o en el momento de cada modificación cuando la entidad financiera se reserva el derecho de modificarlo y 2) que a la hora de determinar si estamos ante un interés notablemente superior al normal del dinero, debe tenerse en cuenta un interés que supere el fijado como medio en operaciones del mismo tipo, naturaleza en seis puntos.

Para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosará un apartado especial a este tipo de créditos (junio de 2010) la referencia será la estadística del periodo del contrato. El índice estadístico no es la TAE, sino el TEDR (TAE sin comisiones); si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también algo menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. En contratos anteriores a junio de 2010, la referencia será la información específica de esta estadística más próxima en el tiempo, en el caso, 2010; el TEDR era 19,67 y la TAE, al agregar las comisiones, sería algo superior (entre 20 y 30 centésimas). A falta de un criterio legal sobre el margen superior aceptable para no incurrir en usura, ante las exigencias de predecibilidad en un contexto de litigación en masa, se fija como criterio, solo para este tipo de crédito revolving, que habrá usura si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido es superior a 6 puntos porcentuales.

La aplicación de dicha doctrina Jurisprudencial nos llevaría a entender que a la vista del interés pactado y el recogido en las tablas publicadas por el Banco de España, NO existe una diferencia de más de seis puntos, pues el TAE pactado en el contrato, promedio de los dos tipos establecidos, es de 25,22 %, por lo que NO supera el límite al que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo, lo que ha de llevar desestimar dicho motivo de recurso.

TERCERO.- DE LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y ABUSIVIDAD.-

Resuelto lo anterior, procede entrar a analizar el otro de los motivos que llevan a la actora a recurrir la resolución de instancia, la falta de transparencia y abusividad del contrato de préstamo al consumo suscrito por las partes, y ello al entender que el interés remuneratorio pactado, unido al resto de condiciones que se imponen al prestatario en el contrato para la concesión del mismo, no superan los controles de incorporación y transparencia exigidos para su validez.

Para la resolución de dicha cuestión debemos remitirnos a lo ya declarado por esta Sala en numerosas sentencias, así: "Como se ha expuesto, y siguiendo la doctrina jurisprudencial, tal y como se dice en la sentencia de 4 de marzo de 2020 del Tribunal Supremo, con relación a los intereses ordinarios, al tener el demandado la condición de consumidor, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores.

...El control de transparencia tiene su origen en el art. 4.2 de la Directiva 93/13, según el cual el control de contenido no puede referirse «a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible». Es decir, cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente; control de transparencia que como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del «error propio» o «error vicio», cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la «carga económica» que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la «carga jurídica» del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo ( STS 406/2012, de 18 de junio , y 241/2013, de 9 de mayo ).

Por otra parte, a la hora de abordar si el contrato concertado cumple con el denominado control de transparencia es de especial relevancia tener en cuenta las directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, elaboradas en la comunicación de la Comisión (publicada en el DOUE el 27 de septiembre de 2019) que resume la jurisprudencia del TJUE sobre dicha directiva.

Así se establece que la Directiva 93/13/CEE contempla una exigencia de transparencia para los profesionales que utilicen cláusulas contractuales no negociadas individualmente. Dicha exigencia se muestra en el hecho de que las cláusulas contractuales deban estar (redactadas) en un lenguaje claro y comprensible ( artículo 4, apartado 2, y artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE) y en el requisito de que los consumidores deban tener la oportunidad real de conocer las cláusulas del contrato antes de la conclusión de éste.

Con arreglo a la Directiva 93/13/CEE, la exigencia de transparencia tiene tres funciones: a) las cláusulas que no estén redactadas de forma clara y comprensible se interpretarán de la forma más favorable para el consumidor; b) en virtud del artículo 4, apartado 2 , el objeto principal o la adecuación del precio y la retribución establecidos en el contrato están sujetos a una evaluación de conformidad con el artículo 3, apartado 1, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible; c) el incumplimiento de la exigencia de transparencia puede ser un elemento de la evaluación del carácter abusivo de una determinada cláusula contractual y puede ser un elemento indiciario (asunto C-472/10 , apartados 30 y 31; asunto C-226/12 , Constructora Principado, apartado 27 y asunto C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon, apartados 65 a 71).

Para evaluar si una determinada cláusula contractual es clara y comprensible en el sentido de la Directiva 93/13/CEE debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: .- Si el consumidor tuvo la oportunidad real de familiarizarse con una cláusula contractual antes de la celebración del contrato, lo que incluye la cuestión de si el consumidor pudo consultar y se le dio la oportunidad de leer la(s) cláusula(s) contractual(es). Si una cláusula hace referencia a un anexo o a otro documento, el consumidor debe poder consultar también dichos documentos.- La comprensibilidad de las cláusulas individuales, a la luz de la claridad de su redacción y la especificidad de la terminología utilizada, así como, cuando sea pertinente, en combinación con otras cláusulas contractuales. (Asunto C-96/14, Van Hove, apartado 50). .- El modo en el que se presentan las cláusulas contractuales. Así: a) la claridad de la presentación visual, incluido el tamaño de la fuente, b) el hecho de si un contrato está estructurado de manera lógica y si a las estipulaciones importantes se les otorga la importancia que merecen y no se ocultan entre otras disposiciones, y c) si se trata de cláusulas propias de un contrato o contexto determinado, incluso en conjunto con otras cláusulas relacionadas, etc.

Por lo que respecta a la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, según resulta del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE, el Tribunal de Justicia ha señalado que esta exigencia, recordada también en el artículo 5 de la citada Directiva, no puede reducirse solo al carácter comprensible de éstas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por ende de transparencia, debe entenderse de manera extensiva ( C-26/13 , Kásler y Káslerné Rábai, apartados 71 y 72, y C-348/14 , Bucura, apartado 52).

La STS de 28 de mayo de 2018 concreta el contenido del control de transparencia al establecer " El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11 Jurisprudencia citada a favor PTJUE, Sección: 1ª, 21/03/2013Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , el control de transparencia requiere examinar, no solo que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino que el adherente pueda tener conocimiento real de las mismas- caso RWE VertriebM de 30 de abril de 2014, asunto C- 26/13 Jurisprudencia citada a favor PTJUE, Sección: 1ª, 30/04/2014, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas".

El control de transparencia excluye que, en contratos en que el adherente sea un consumidor, pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica le pasó inadvertida, porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se le facilitó la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula.

De otro lado y más recientemente se ha complementado esta Jurisprudencia, con la doctrina de las AA.PP, según las cuales, la expresión de la TAE en el contrato de crédito revolving ha de ser clara y comprensible. La SAP de Madrid, Secc. 28 de 15 de octubre de 2021 (SAP M 12290-2021), nos recuerda la importancia de la información de la TAE en un contrato de crédito revolving resolviendo que: "En definitiva, la cláusula en cuestión no presenta objeción ni desde la perspectiva del control de incorporación ni desde el control de transparencia, ya que la expresión de la TAE permite conocer la carga económica que los intereses suponen para el consumidor (el coste efectivo de su obligación) y permite comparar los intereses que ofrecen las distintas entidades".

Y la Sala 1ª del TS en su sentencia de 23 de enero 2019 (FD 3ª apartado 11 - Roj: STS 102/2019 ), afirma que: "tasa anual equivalente (TAE), permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo, por lo que podrá realizar una comparación con otras ofertas en tanto que la TAE constituye un instrumento de medida homogéneo, y podrá tomar conciencia del sacrificio patrimonial que la concesión del préstamo le supondrá.".

Es sumamente relevante en esta materia la sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de enero de 2022, que en su apartado 36 afirma: "El TJUE desde la protección que dispensa la Directiva 93/13 no exige que el consumidor real y concreto, es decir la persona que haya celebrado el contrato, haya entendido la cláusula o el método de cálculo del interés. Ese análisis individual corresponderá hacerlo en una acción sobre la validez del consentimiento del consumidor contratante. Por eso el TJUE introduce la figura del consumidor medio. Lo que exige el TJUE es que la cláusula sea comprensible para un consumidor medio, tanto desde el punto de vista gramatical, como desde el punto de vista de la información a su disposición. No se trata de valorar si el consumidor contratante ha entendido la clausula (valoración subjetiva) sino si un consumidor contratante ha dispuesto de la información necesaria para asegurar que un consumidor medio la hubiera entendido (valoración objetiva)".

Como resuelve la sentencia de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de marzo de 2021 (FD 5º - Roj: SAP M 3728/2021-): "Sobre la manera de practicar el control de transparencia el TJUE en la citada Sentencia de 20 de septiembre de 2017 dictada a propósito de los préstamos en divisa extranjera, declara en su apartado 47 que "incumbe al juez nacional, al tener en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, verificar que, en el asunto de que se trata, se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo.".

De acuerdo con la jurisprudencia citada, ha de analizarse pues si la cláusula controvertida supera el control de transparencia, examinando si está redactada en forma clara y comprensible de modo que exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula.

En lo referente a las tarjetas, diferenciamos entre las de débito y las de crédito; y respecto de estas últimas, el cliente podrá devolver el capital dispuesto normalmente a través de dos formas distintas:

a) En el mes siguiente a aquel en que se realizan las disposiciones normalmente sin pago de intereses.

b) O aplazando las compras en cuotas, por los plazos y por los importes que se acuerden con la entidad hasta la amortización total del crédito, en cuyo caso se pagarán periódicamente los intereses que se hayan previsto en el contrato de tarjeta suscrito con el banco.

Y dentro de esta última modalidad de tarjetas de crédito con pago aplazado se encuentran los denominados créditos renovables (o revolving) a la cual responde la cuestión objeto de autos. En estas, la entidad emisora pone a disposición del consumidor una cantidad máxima de dinero cada mes, que puede utilizar del modo que estime más adecuado (adquiriendo bienes o servicios que paga con la tarjeta o sacando el dinero en metálico del cajero automático); y el dinero de que ha dispuesto durante un determinado mes debe ser restituido al prestamista al mes siguiente sin generar intereses, o restituyendo al mes siguiente solo una parte del capital utilizado (una cantidad fija cada mes o un porcentaje del capital dispuesto), de manera que la parte restante se aplaza y sobre ese aplazamiento se cobran los intereses remuneratorios pactados. El capital devuelto cada mes engrosa de nuevo en la cesta de dinero que él puede disponer con la tarjeta de crédito, hasta el límite máximo pactado. Si cada mes únicamente reembolsa un importe pequeño o un porcentaje bajo del capital dispuesto, se aplaza una parte importante del capital prestado, que generará elevados intereses remuneratorios. Esos intereses deberán restituirse durante muchos meses, y ese prolongado transcurso del tiempo generará intereses por una cuantía muy elevada. Y así será cuanto mayor sea el crédito dispuesto consumido cada mes, y más meses tarde el consumidor en devolver ese capital.

La duda que se plantea en el seno de las Audiencias Provinciales, y en la doctrina, es la de si el consumidor debe conocer estos datos, expuestos en el párrafo anterior, para que la cláusula sea transparente, y este es el criterio que ante supuestos de contratación ciertamente compleja como la de las tarjetas revolving, esta Sala considera es el que debe presidir el análisis del cumplimiento del presupuesto de transparencia, pues la consecuencia de estos créditos renovables es la generación de unos intereses remuneratorios de elevada cuantía y el conocimiento de este extremo es esencial.

Estamos ante un tipo de crédito donde las pequeñas cantidades concedidas, como consecuencia del elevado tipo de interés que se aplica (aun cuando no sea usurario conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo) y los sucesivos aplazamientos, se transforman en un elevado importe a devolver a la entidad crediticia.

En suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato". De esta manera debe superarse un control de incorporación o de inclusión de manera que la cláusula aparezca en el contrato de manera legible (así con relación al tamaño de la letra que hoy el art. 80.1b) de la Ley de Consumidores lo sitúa en 2'5 milímetros); así como el TIN y el TAE aparezca de manera clara en el contrato. Y además que supere ese control de comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula; y aun cuando los términos del interés aplicado aparezcan en el contrato en principio como claros, el consumidor medio (pues el análisis debe de hacerse desde esta perspectiva y no de la del sujeto concreto que suscribe el contrato) conozca el funcionamiento del contrato al cual se adhiere.

Así, aun admitiendo que las resoluciones de las diferentes audiencias sean dispares en este punto, debemos de considerar que en el supuesto de autos la cláusula no es transparente, por no superar ni tan siquiera el control de incorporación, por más que se alegue que el Reglamento de la tarjeta Visa Cepsa porque Tu Vuelves, es perfectamente legible y de redacción clara y sencilla, pues la del supuesto de autos no es en absoluto legible pese a la ampliación digital de la misma, siendo imposible, con un interlineado que hace aun más imposible su lectura y la escasísima distancia entre líneas y párrafos, que además son interminables y que incluso ampliándola al máximo su lectura es muy difícil.

La STS 467/24 de 6 de febrero expone la doctrina del Ato Tribunal a este respecto significando por lo que ahora interesa, que "2.- La legibilidad de los contratos con consumidores, en relación con el tamaño de la letra empleado en su redacción, viene regulada actualmente en el art. 80.1 b) TRLCU (en redacción dada por la Ley 4/2022, de 25 de febrero ), que impone un tamaño superior a los 2.5 milímetros y un espacio entre líneas superior a los 1.15 milímetros, así como que el contraste con el fondo sea suficiente para no hacer dificultosa la lectura.

En el caso de autos entendemos que el contrato no cumple con las exigencias de transparencia, claridad, concreción y sencillez ( artículos 10.1 LGDCU y 5.5 LCGC) y legibilidad ( artículo 7 LCGC) . La consecuencia, conforme al artículo 7 de la LCGC, es que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato ni las que sean ilegibles, con lo que no superaría el control de inclusión, entre ellas, la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios."

A la misma conclusión y sobre el mismo tipo de tarjeta y Reglamento llega la SAP, Civil sección 1 del 14 de abril de 2025 ( ROJ: SAP SA 340/2025), que razona que: "Atendiendo a la doctrina jurisprudencial anterior, este tribunal comparte el criterio del juzgador de instancia y entiende que en el presente supuesto no se supera ni el control de incorporación o de transparencia formal, ni el control de transparencia material.

Basta un simple examen al contrato aportado para determinar que el contrato de tarjeta de crédito Wizink está redactado de forma que no permite conocer la existencia de información precontractual y contractual sobre las condiciones económicas y jurídicas del contrato suscrito.

La única prueba practicada ha sido documental -al igual que aquí ocurre- (contrato y reglamento), y de la misma, no resulta que se haya facilitado una información suficientemente compresible, no constando, la existencia de ejemplos de diferentes escenarios, según el consumidor opte por las diversas posibilidades establecidas. Tampoco consta que se facilitara al actor, la información normalizada europea (INE).

En consecuencia, no se ha acreditado mínimamente que el consumidor tuviera una formación financiera que le hiciera conocedor de este mercado; que la iniciativa de contratar este tipo de tarjeta partiera de él, ni que conociera la repercusión en su patrimonio de este contrato; que la información ofrecida, sobre los riesgos inherentes al producto fuera previa y suficiente para poder evaluar su coste por razón de la naturaleza del servicio de que es objeto del contrato; ni, en fin, que el profesional podía estimar de forma razonable que, tratando de manera legal y equitativa al consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en el marco de una negociación individual.

Por todo lo expuesto se considera que la cláusula controvertida no supera el control de transparencia en los términos expresados.

Así, SAP de Murcia, sección 5 del 10 de abril de, también concluye como entendemos en el supuesto enjuiciado- que la Tarjeta Visa Cepsa no es transparente, razonando que como elemento a "...evaluar en el control transparencia de un crédito revolving, su mayor peculiaridad es que la deuda a devolver por el titular se modifica mensualmente, se recompone, de forma que la deuda disminuye cuando se abonan cuotas y aumenta cuando se utiliza la tarjeta, unido a los intereses, comisiones y resto de gastos generados, qué sucede si se eligen cuotas bajas en comparación con el capital.

La STS de 30 de enero de 2025, afirma que entre la información previa relevante a facilitar deberá indicarse que el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas).

El TJUE ha enfatizado repetidamente la importancia de dicha información para que los consumidores puedan comprender el alcance de sus derechos y obligaciones en virtud del contrato antes de estar sujetos a este. Así, en las sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11, RWE Vertrieb, apartado 44, y de 21 de diciembre de 2016, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo y otros, apartado 50, de 13 de julio de 2023, Banco Santander, C-265/22 , apartado 51, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23, Kutxabank, el TJUE ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información."

La reciente STS 154/2025, de 30 de enero de 2025 se ha pronunciado igualmente, declarando que "...En lo que respecta al contenido, la información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE .

Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

En consecuencia, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso (...)".

Resulta evidente, que en el supuesto de autos en el que solo se aporta como prueba la solicitud y el reglamento del contrato, no se justifica en modo alguno que se proporcionara dicha información.

En este mismo sentido se pronuncian muchas AA.PP., además de las ya transcritas, que tratan de la misma tarjeta y reglamento cuya claridad se pretende, de las que citaremos como ejemplo algunas más recientes: SAP de Baleares, sección 3 del 11 de marzo de 2025 ( ROJ: SAP IB 606/2025; SAP de Ourense, sección 1 del 21 de marzo de 2025 ( ROJ: SAP OU 323/2025); SAP de León, sección 1 del 24 de marzo de 2025 ( ROJ: SAP LE 686/2025); SAP de Coruña, sección 3 del 02 de abril de 2025 ( ROJ: SAP C 905/2025).

Procede en definitiva y por todo lo expuesto, la estimación de la apelación interpuesta, por entender que la cláusula de intereses remuneratorios es nula por falta de transparencia.

CUARTO.- DE LAS COSTAS.-

Encuanto a las costas de instancia, manifestar que al ser la demanda totalmente estimada, las costas se impondrán a la entidad financiera demandada, art 394 de la LEC.

Respecto a las costas de apelación y dada la estimación del recurso interpuesto se van a imponer a la entidad financiera y ello, de conformidad con lo declarado por nuestro TS en las recientes Sentencias de fecha 4 de diciembre de 2025, Sts 1785 y 1786/2025.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,

PRIMERO.-Por la parte actora se interpone recurso de apelación frente a la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Zamora, de fecha 23 de diciembre de 2024, sentencia cuya parte dispositiva acuerda, que: "Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por DON OSCAR RODRIGUEZ MARCO, Procurador de los Tribunales y de DON Eutimio, contra WIZINK BANK, S.A., representada por la Procuradora DOÑA GEMMA DONDERIS DE SALAZAR, debo declarar y declaro: Nula la actuación relativa a la cláusula reguladora de la comisión por impago (u análoga), al no superar el control de incorporación y, en consecuencia, se condena a la entidad bancaria a cesar en la imposición de ésta. Igualmente, se procederá a la devolución de las cantidades relativas a dicho concepto, así como los intereses correspondientes a la declaración de nulidad, lo que se determinará en ejecución de sentencia No se hace expresa imposición de las costas procesales causadas."

El apelante, actor en el procedimiento, interesa la estimación íntegra de la demanda, al entender que el contrato suscrito entre las partes es nulo por usurario, así como, con carácter subsidiario, sería abusivo por falta de transparencia. Reproduce el apelante como motivos de apelación las mismas causas que le llevaron a acudir a la vía judicial, pues sigue manteniendo, no solo, que existe la falta de transparencia sino que el mismo es usurario, dado que el tipo de TAE aplicado supera hasta en 7,5 puntos el establecido para el año 2010 en las tablas del Banco de España. Interesa por todo lo anterior, la revocación de la sentencia de instancia y se dicte sentencia íntegramente estimatoria de la demanda con íntegra imposición de costas a la demandada.

La parte apelada, se opone al recurso interpuesto alegando la total conformidad de la resolución recurrida, al haberse acreditado que no concurre ninguna de las causas de nulidad, por usura o falta de transparencia opuestas de adverso, tal y como fundamenta certeramente la sentencia que se recurre, interesando su íntegra confirmación habiéndose acreditado los hechos en los que se fundamente su reclamación sin que pueda entenderse que los intereses sean abusivos ni usurarios, y que el resto de las cláusulas cuya abusividad se reclama ningún efecto económico se ha acreditado haya tenido en la presente reclamación, lo cual ha de llevar a la íntegra ratificación de la resolución recurrida dada la acertada fundamentación de la misma.

SEGUNDO.- DEL CARÁCTER USURARIO DE LA TARJETA REVOLVING.-

Vistos los motivos que llevan a la parte a la presentación del recurso, debe examinarse en primer lugar si concurre la nulidad como consecuencia de que los intereses remuneratorios pactados en el contrato tienen el carácter de usurarios, deberemos de partir de los hechos acreditados en relación con los mismos, y así: En el presente caso, el contrato de tarjeta deriva del año 2006, año en el que el actor suscribió contrato de tarjeta de crédito con la entidad WIZINK que es un producto complejo, en atención a las ventajas que la entidad ofrecía y publicitaba, siendo se trata de un contrato de adhesión, pues es manifiesta la existencia de Condiciones Generales de la contratación y que el coste del crédito establecía dos tipos de TAE, uno para las compras de 24,71 % y otro para retiradas en efectivo de 26,82%, tal y como se desprende del contrato, por lo que el tipo de interés a tener en cuenta será el 25,22%, conforme a la Jurisprudencia existente para este tipo de supuestos..

El Banco de España publicaba el dato correspondiente al tipo medio de los intereses de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito o revolving, tablas existentes desde el año 2019, siendo los tipos medios de intereses para operaciones con tarjetas TEDR del 19,32 para la anualidad más cercana en el tiempo, la del 2010. Esta referencia deberá incrementarse en un margen porcentual de 20 o 30 centésimas (0,20 o 0,30) a fin de equiparlo al TAE con el que se establece la comparación, por lo que resultaría un TAE de 19,62 %.

Establecido lo anterior, la Jurisprudencia del TS y la sentencia a la que se refieren ambas partes, sobre la consideración de usurarios de los intereses remuneratorios ha dejado sentado que: 1) Para la determinación del carácter de usurario del interés remuneratorio por aplicación de la Ley de represión de la Usura, debe llevarse a cabo la comparación del interés pactado, TAE, con el aplicable como tipo medio(TAE) de operaciones de la misma naturaleza en la fecha de la contratación ( STS 149/2020, de 4 de marzo) que es el que el TS considera como "interés legal del dinero" o en el momento de cada modificación cuando la entidad financiera se reserva el derecho de modificarlo y 2) que a la hora de determinar si estamos ante un interés notablemente superior al normal del dinero, debe tenerse en cuenta un interés que supere el fijado como medio en operaciones del mismo tipo, naturaleza en seis puntos.

Para los contratos posteriores a que el boletín estadístico del Banco de España desglosará un apartado especial a este tipo de créditos (junio de 2010) la referencia será la estadística del periodo del contrato. El índice estadístico no es la TAE, sino el TEDR (TAE sin comisiones); si a ese TEDR se le añadieran las comisiones, el tipo sería ligeramente superior, y la diferencia con la TAE también algo menor, con el consiguiente efecto respecto de la posibilidad de apreciar la usura. En contratos anteriores a junio de 2010, la referencia será la información específica de esta estadística más próxima en el tiempo, en el caso, 2010; el TEDR era 19,67 y la TAE, al agregar las comisiones, sería algo superior (entre 20 y 30 centésimas). A falta de un criterio legal sobre el margen superior aceptable para no incurrir en usura, ante las exigencias de predecibilidad en un contexto de litigación en masa, se fija como criterio, solo para este tipo de crédito revolving, que habrá usura si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el convenido es superior a 6 puntos porcentuales.

La aplicación de dicha doctrina Jurisprudencial nos llevaría a entender que a la vista del interés pactado y el recogido en las tablas publicadas por el Banco de España, NO existe una diferencia de más de seis puntos, pues el TAE pactado en el contrato, promedio de los dos tipos establecidos, es de 25,22 %, por lo que NO supera el límite al que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo, lo que ha de llevar desestimar dicho motivo de recurso.

TERCERO.- DE LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y ABUSIVIDAD.-

Resuelto lo anterior, procede entrar a analizar el otro de los motivos que llevan a la actora a recurrir la resolución de instancia, la falta de transparencia y abusividad del contrato de préstamo al consumo suscrito por las partes, y ello al entender que el interés remuneratorio pactado, unido al resto de condiciones que se imponen al prestatario en el contrato para la concesión del mismo, no superan los controles de incorporación y transparencia exigidos para su validez.

Para la resolución de dicha cuestión debemos remitirnos a lo ya declarado por esta Sala en numerosas sentencias, así: "Como se ha expuesto, y siguiendo la doctrina jurisprudencial, tal y como se dice en la sentencia de 4 de marzo de 2020 del Tribunal Supremo, con relación a los intereses ordinarios, al tener el demandado la condición de consumidor, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores.

...El control de transparencia tiene su origen en el art. 4.2 de la Directiva 93/13, según el cual el control de contenido no puede referirse «a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible». Es decir, cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente; control de transparencia que como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del «error propio» o «error vicio», cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la «carga económica» que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la «carga jurídica» del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo ( STS 406/2012, de 18 de junio , y 241/2013, de 9 de mayo ).

Por otra parte, a la hora de abordar si el contrato concertado cumple con el denominado control de transparencia es de especial relevancia tener en cuenta las directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, elaboradas en la comunicación de la Comisión (publicada en el DOUE el 27 de septiembre de 2019) que resume la jurisprudencia del TJUE sobre dicha directiva.

Así se establece que la Directiva 93/13/CEE contempla una exigencia de transparencia para los profesionales que utilicen cláusulas contractuales no negociadas individualmente. Dicha exigencia se muestra en el hecho de que las cláusulas contractuales deban estar (redactadas) en un lenguaje claro y comprensible ( artículo 4, apartado 2, y artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE) y en el requisito de que los consumidores deban tener la oportunidad real de conocer las cláusulas del contrato antes de la conclusión de éste.

Con arreglo a la Directiva 93/13/CEE, la exigencia de transparencia tiene tres funciones: a) las cláusulas que no estén redactadas de forma clara y comprensible se interpretarán de la forma más favorable para el consumidor; b) en virtud del artículo 4, apartado 2 , el objeto principal o la adecuación del precio y la retribución establecidos en el contrato están sujetos a una evaluación de conformidad con el artículo 3, apartado 1, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible; c) el incumplimiento de la exigencia de transparencia puede ser un elemento de la evaluación del carácter abusivo de una determinada cláusula contractual y puede ser un elemento indiciario (asunto C-472/10 , apartados 30 y 31; asunto C-226/12 , Constructora Principado, apartado 27 y asunto C-191/15, Verein für Konsumenteninformation/Amazon, apartados 65 a 71).

Para evaluar si una determinada cláusula contractual es clara y comprensible en el sentido de la Directiva 93/13/CEE debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: .- Si el consumidor tuvo la oportunidad real de familiarizarse con una cláusula contractual antes de la celebración del contrato, lo que incluye la cuestión de si el consumidor pudo consultar y se le dio la oportunidad de leer la(s) cláusula(s) contractual(es). Si una cláusula hace referencia a un anexo o a otro documento, el consumidor debe poder consultar también dichos documentos.- La comprensibilidad de las cláusulas individuales, a la luz de la claridad de su redacción y la especificidad de la terminología utilizada, así como, cuando sea pertinente, en combinación con otras cláusulas contractuales. (Asunto C-96/14, Van Hove, apartado 50). .- El modo en el que se presentan las cláusulas contractuales. Así: a) la claridad de la presentación visual, incluido el tamaño de la fuente, b) el hecho de si un contrato está estructurado de manera lógica y si a las estipulaciones importantes se les otorga la importancia que merecen y no se ocultan entre otras disposiciones, y c) si se trata de cláusulas propias de un contrato o contexto determinado, incluso en conjunto con otras cláusulas relacionadas, etc.

Por lo que respecta a la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, según resulta del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE, el Tribunal de Justicia ha señalado que esta exigencia, recordada también en el artículo 5 de la citada Directiva, no puede reducirse solo al carácter comprensible de éstas en un plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por ende de transparencia, debe entenderse de manera extensiva ( C-26/13 , Kásler y Káslerné Rábai, apartados 71 y 72, y C-348/14 , Bucura, apartado 52).

La STS de 28 de mayo de 2018 concreta el contenido del control de transparencia al establecer " El control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11 Jurisprudencia citada a favor PTJUE, Sección: 1ª, 21/03/2013Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , el control de transparencia requiere examinar, no solo que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino que el adherente pueda tener conocimiento real de las mismas- caso RWE VertriebM de 30 de abril de 2014, asunto C- 26/13 Jurisprudencia citada a favor PTJUE, Sección: 1ª, 30/04/2014, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas".

El control de transparencia excluye que, en contratos en que el adherente sea un consumidor, pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica le pasó inadvertida, porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se le facilitó la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula.

De otro lado y más recientemente se ha complementado esta Jurisprudencia, con la doctrina de las AA.PP, según las cuales, la expresión de la TAE en el contrato de crédito revolving ha de ser clara y comprensible. La SAP de Madrid, Secc. 28 de 15 de octubre de 2021 (SAP M 12290-2021), nos recuerda la importancia de la información de la TAE en un contrato de crédito revolving resolviendo que: "En definitiva, la cláusula en cuestión no presenta objeción ni desde la perspectiva del control de incorporación ni desde el control de transparencia, ya que la expresión de la TAE permite conocer la carga económica que los intereses suponen para el consumidor (el coste efectivo de su obligación) y permite comparar los intereses que ofrecen las distintas entidades".

Y la Sala 1ª del TS en su sentencia de 23 de enero 2019 (FD 3ª apartado 11 - Roj: STS 102/2019 ), afirma que: "tasa anual equivalente (TAE), permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo, por lo que podrá realizar una comparación con otras ofertas en tanto que la TAE constituye un instrumento de medida homogéneo, y podrá tomar conciencia del sacrificio patrimonial que la concesión del préstamo le supondrá.".

Es sumamente relevante en esta materia la sentencia de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de enero de 2022, que en su apartado 36 afirma: "El TJUE desde la protección que dispensa la Directiva 93/13 no exige que el consumidor real y concreto, es decir la persona que haya celebrado el contrato, haya entendido la cláusula o el método de cálculo del interés. Ese análisis individual corresponderá hacerlo en una acción sobre la validez del consentimiento del consumidor contratante. Por eso el TJUE introduce la figura del consumidor medio. Lo que exige el TJUE es que la cláusula sea comprensible para un consumidor medio, tanto desde el punto de vista gramatical, como desde el punto de vista de la información a su disposición. No se trata de valorar si el consumidor contratante ha entendido la clausula (valoración subjetiva) sino si un consumidor contratante ha dispuesto de la información necesaria para asegurar que un consumidor medio la hubiera entendido (valoración objetiva)".

Como resuelve la sentencia de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de marzo de 2021 (FD 5º - Roj: SAP M 3728/2021-): "Sobre la manera de practicar el control de transparencia el TJUE en la citada Sentencia de 20 de septiembre de 2017 dictada a propósito de los préstamos en divisa extranjera, declara en su apartado 47 que "incumbe al juez nacional, al tener en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, verificar que, en el asunto de que se trata, se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo.".

De acuerdo con la jurisprudencia citada, ha de analizarse pues si la cláusula controvertida supera el control de transparencia, examinando si está redactada en forma clara y comprensible de modo que exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula.

En lo referente a las tarjetas, diferenciamos entre las de débito y las de crédito; y respecto de estas últimas, el cliente podrá devolver el capital dispuesto normalmente a través de dos formas distintas:

a) En el mes siguiente a aquel en que se realizan las disposiciones normalmente sin pago de intereses.

b) O aplazando las compras en cuotas, por los plazos y por los importes que se acuerden con la entidad hasta la amortización total del crédito, en cuyo caso se pagarán periódicamente los intereses que se hayan previsto en el contrato de tarjeta suscrito con el banco.

Y dentro de esta última modalidad de tarjetas de crédito con pago aplazado se encuentran los denominados créditos renovables (o revolving) a la cual responde la cuestión objeto de autos. En estas, la entidad emisora pone a disposición del consumidor una cantidad máxima de dinero cada mes, que puede utilizar del modo que estime más adecuado (adquiriendo bienes o servicios que paga con la tarjeta o sacando el dinero en metálico del cajero automático); y el dinero de que ha dispuesto durante un determinado mes debe ser restituido al prestamista al mes siguiente sin generar intereses, o restituyendo al mes siguiente solo una parte del capital utilizado (una cantidad fija cada mes o un porcentaje del capital dispuesto), de manera que la parte restante se aplaza y sobre ese aplazamiento se cobran los intereses remuneratorios pactados. El capital devuelto cada mes engrosa de nuevo en la cesta de dinero que él puede disponer con la tarjeta de crédito, hasta el límite máximo pactado. Si cada mes únicamente reembolsa un importe pequeño o un porcentaje bajo del capital dispuesto, se aplaza una parte importante del capital prestado, que generará elevados intereses remuneratorios. Esos intereses deberán restituirse durante muchos meses, y ese prolongado transcurso del tiempo generará intereses por una cuantía muy elevada. Y así será cuanto mayor sea el crédito dispuesto consumido cada mes, y más meses tarde el consumidor en devolver ese capital.

La duda que se plantea en el seno de las Audiencias Provinciales, y en la doctrina, es la de si el consumidor debe conocer estos datos, expuestos en el párrafo anterior, para que la cláusula sea transparente, y este es el criterio que ante supuestos de contratación ciertamente compleja como la de las tarjetas revolving, esta Sala considera es el que debe presidir el análisis del cumplimiento del presupuesto de transparencia, pues la consecuencia de estos créditos renovables es la generación de unos intereses remuneratorios de elevada cuantía y el conocimiento de este extremo es esencial.

Estamos ante un tipo de crédito donde las pequeñas cantidades concedidas, como consecuencia del elevado tipo de interés que se aplica (aun cuando no sea usurario conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo) y los sucesivos aplazamientos, se transforman en un elevado importe a devolver a la entidad crediticia.

En suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato". De esta manera debe superarse un control de incorporación o de inclusión de manera que la cláusula aparezca en el contrato de manera legible (así con relación al tamaño de la letra que hoy el art. 80.1b) de la Ley de Consumidores lo sitúa en 2'5 milímetros); así como el TIN y el TAE aparezca de manera clara en el contrato. Y además que supere ese control de comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula; y aun cuando los términos del interés aplicado aparezcan en el contrato en principio como claros, el consumidor medio (pues el análisis debe de hacerse desde esta perspectiva y no de la del sujeto concreto que suscribe el contrato) conozca el funcionamiento del contrato al cual se adhiere.

Así, aun admitiendo que las resoluciones de las diferentes audiencias sean dispares en este punto, debemos de considerar que en el supuesto de autos la cláusula no es transparente, por no superar ni tan siquiera el control de incorporación, por más que se alegue que el Reglamento de la tarjeta Visa Cepsa porque Tu Vuelves, es perfectamente legible y de redacción clara y sencilla, pues la del supuesto de autos no es en absoluto legible pese a la ampliación digital de la misma, siendo imposible, con un interlineado que hace aun más imposible su lectura y la escasísima distancia entre líneas y párrafos, que además son interminables y que incluso ampliándola al máximo su lectura es muy difícil.

La STS 467/24 de 6 de febrero expone la doctrina del Ato Tribunal a este respecto significando por lo que ahora interesa, que "2.- La legibilidad de los contratos con consumidores, en relación con el tamaño de la letra empleado en su redacción, viene regulada actualmente en el art. 80.1 b) TRLCU (en redacción dada por la Ley 4/2022, de 25 de febrero ), que impone un tamaño superior a los 2.5 milímetros y un espacio entre líneas superior a los 1.15 milímetros, así como que el contraste con el fondo sea suficiente para no hacer dificultosa la lectura.

En el caso de autos entendemos que el contrato no cumple con las exigencias de transparencia, claridad, concreción y sencillez ( artículos 10.1 LGDCU y 5.5 LCGC) y legibilidad ( artículo 7 LCGC) . La consecuencia, conforme al artículo 7 de la LCGC, es que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato ni las que sean ilegibles, con lo que no superaría el control de inclusión, entre ellas, la cláusula reguladora de los intereses remuneratorios."

A la misma conclusión y sobre el mismo tipo de tarjeta y Reglamento llega la SAP, Civil sección 1 del 14 de abril de 2025 ( ROJ: SAP SA 340/2025), que razona que: "Atendiendo a la doctrina jurisprudencial anterior, este tribunal comparte el criterio del juzgador de instancia y entiende que en el presente supuesto no se supera ni el control de incorporación o de transparencia formal, ni el control de transparencia material.

Basta un simple examen al contrato aportado para determinar que el contrato de tarjeta de crédito Wizink está redactado de forma que no permite conocer la existencia de información precontractual y contractual sobre las condiciones económicas y jurídicas del contrato suscrito.

La única prueba practicada ha sido documental -al igual que aquí ocurre- (contrato y reglamento), y de la misma, no resulta que se haya facilitado una información suficientemente compresible, no constando, la existencia de ejemplos de diferentes escenarios, según el consumidor opte por las diversas posibilidades establecidas. Tampoco consta que se facilitara al actor, la información normalizada europea (INE).

En consecuencia, no se ha acreditado mínimamente que el consumidor tuviera una formación financiera que le hiciera conocedor de este mercado; que la iniciativa de contratar este tipo de tarjeta partiera de él, ni que conociera la repercusión en su patrimonio de este contrato; que la información ofrecida, sobre los riesgos inherentes al producto fuera previa y suficiente para poder evaluar su coste por razón de la naturaleza del servicio de que es objeto del contrato; ni, en fin, que el profesional podía estimar de forma razonable que, tratando de manera legal y equitativa al consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en el marco de una negociación individual.

Por todo lo expuesto se considera que la cláusula controvertida no supera el control de transparencia en los términos expresados.

Así, SAP de Murcia, sección 5 del 10 de abril de, también concluye como entendemos en el supuesto enjuiciado- que la Tarjeta Visa Cepsa no es transparente, razonando que como elemento a "...evaluar en el control transparencia de un crédito revolving, su mayor peculiaridad es que la deuda a devolver por el titular se modifica mensualmente, se recompone, de forma que la deuda disminuye cuando se abonan cuotas y aumenta cuando se utiliza la tarjeta, unido a los intereses, comisiones y resto de gastos generados, qué sucede si se eligen cuotas bajas en comparación con el capital.

La STS de 30 de enero de 2025, afirma que entre la información previa relevante a facilitar deberá indicarse que el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas).

El TJUE ha enfatizado repetidamente la importancia de dicha información para que los consumidores puedan comprender el alcance de sus derechos y obligaciones en virtud del contrato antes de estar sujetos a este. Así, en las sentencias de 21 de marzo de 2013, C-92/11, RWE Vertrieb, apartado 44, y de 21 de diciembre de 2016, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo y otros, apartado 50, de 13 de julio de 2023, Banco Santander, C-265/22 , apartado 51, y de 12 de diciembre de 2024, C-300/23, Kutxabank, el TJUE ha declarado que reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información."

La reciente STS 154/2025, de 30 de enero de 2025 se ha pronunciado igualmente, declarando que "...En lo que respecta al contenido, la información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE .

Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

En consecuencia, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso (...)".

Resulta evidente, que en el supuesto de autos en el que solo se aporta como prueba la solicitud y el reglamento del contrato, no se justifica en modo alguno que se proporcionara dicha información.

En este mismo sentido se pronuncian muchas AA.PP., además de las ya transcritas, que tratan de la misma tarjeta y reglamento cuya claridad se pretende, de las que citaremos como ejemplo algunas más recientes: SAP de Baleares, sección 3 del 11 de marzo de 2025 ( ROJ: SAP IB 606/2025; SAP de Ourense, sección 1 del 21 de marzo de 2025 ( ROJ: SAP OU 323/2025); SAP de León, sección 1 del 24 de marzo de 2025 ( ROJ: SAP LE 686/2025); SAP de Coruña, sección 3 del 02 de abril de 2025 ( ROJ: SAP C 905/2025).

Procede en definitiva y por todo lo expuesto, la estimación de la apelación interpuesta, por entender que la cláusula de intereses remuneratorios es nula por falta de transparencia.

CUARTO.- DE LAS COSTAS.-

Encuanto a las costas de instancia, manifestar que al ser la demanda totalmente estimada, las costas se impondrán a la entidad financiera demandada, art 394 de la LEC.

Respecto a las costas de apelación y dada la estimación del recurso interpuesto se van a imponer a la entidad financiera y ello, de conformidad con lo declarado por nuestro TS en las recientes Sentencias de fecha 4 de diciembre de 2025, Sts 1785 y 1786/2025.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,