Sentencia Civil 41/2025 Audiencia Provincial de Ávila Civil-penal Única, Rec. 311/2024 de 03 de febrero del 2025

PRIMERO:La representación procesal de la mercantil Cereales Blanco S.L. recurre en apelación la sentencia dictada en la instancia, que estima íntegramente la demanda formulada por la parte recurrente, así como también la demanda reconvencional articulada de contrario, sobre acción de reclamación de cantidad, la primera, y de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento contractual, al amparo de los Arts. 325 Ccom, 1.500 y 1.124 CC. , respectivamente, siendo el resultado de la compensación derivada de ambas estimaciones la condena al pago de la parte recurrente de la cantidad de 1.021,60 Euros.

La presente litis se asienta sobre las siguientes premisas fácticas:

Las mercantiles enfrentadas concertaron en fechas 31 de agosto y 1 de septiembre sendos contratos de suministro (de futuros sobre mercancías los denominan las partes), por los que la mercantil Cereales Blanco S.L. se obligó a entregar a la mercantil Alta Moraña, Sociedad Cooperativa, todos los meses de septiembre a diciembre de dicho año, determinadas toneladas de trigo y cebada, respectivamente, por el precio por tonelada fijado en los mismos, estableciéndose el pago de cada una de las partidas a 30 días desde la entrega.

Por la mercantil Cereales Blanco S.L. se reclama la cantidad de 59.830,38 Euros, resultante del precio del cereal suministrado en los meses de octubre y noviembre de 2.021.

Por su parte, la mercantil Alta Moraña, Sociedad Cooperativa reconoce adeudar dicha cantidad pero alega compensación y formula reconvención en la que reclama la cantidad de 60.851,98 Euros, como resultado final de la liquidación de los referidos contratos y los daños y perjuicios que le fueron ocasionados por el incumplimiento que imputa a la otra parte dado que, ante la falta de entrega de las mercaderías a suministrar, hubo de adquirirlas de terceros a un precio superior del pactado hasta alcanzar aquella cuantía, interesando compensación, que arroja un saldo positivo a su favor de 1.021,60 Euros.

La sentencia de instancia, ante el reconocimiento del adeudo del precio devengado por los suministros efectuados, estima íntegramente la demanda principal y, a renglón seguido, estima acreditado el incumplimiento contractual imputado por la suministrada a la suministradora, así como acoge el sistema de cálculo de los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento y, en consecuencia, estima íntegramente la demanda reconvencional, acogiendo la petición de compensación deducida en la cuantía peticionada.

El recurso articulado por la demandante principal y demandada de reconvención invoca los siguientes motivos de apelación:

1) Error en la valoración de la prueba por cuanto no fue la suministradora quien, en primer lugar, incurrió en incumplimiento contractual, habida cuenta de que siguió suministrando cereal durante el mes de noviembre de 2021, mientras que la suministrada dejó de cumplir con su obligación de pago en dicho mes, por cuanto en ese periodo, conforme al sistema de pago aplazado pactado, deberían haber sido satisfechas las partidas entregadas en el mes de octubre, siendo así que las facturas correspondientes a las entregas de 21 y 28 de octubre, pagaderas el 21 y el 28 de noviembre, fueron impagadas y forman parte de la reclamación actorial. Como submotivo, impugna el sistema de cálculo del importe de los daños y perjuicios reclamados por la mercantil demandada y demandante de reconvención, habida cuenta de que los precios tenidos en cuenta se encontraban por encima de los fijados en lonja oficial.

2) En segundo y último lugar, invoca que los contratos suscritos fueron redactados por la mercantil demandada y demandante de reconvención, adoleciendo de oscuridad y confusión, por lo que la interpretación de los mismos no debe favorecer a quien los redactó, así como la posible nulidad de los concluidos por contravenir los principios contenidos en la Ley de Cadena Alimentaria, Ley 16/2.021 (que no 10, como erróneamente se indica en el recurso), que prohíbe expresamente la venta a pérdidas, o ventas por debajo de coste de producción, siendo también de aplicación la cláusula rebus sic stantibus, por cuanto se produjo una variación del precio del cereal imposible de prever.

SEGUNDO:El recurso debe ser desestimado, en primer lugar, por los profusos y acertados razonamientos contenidos en la sentencia de instancia, que se dan aquí por reproducidos para evitar repeticiones dilatorias e innecesarias.

Por lo que se refiere al error en la valoración de la prueba, como tiene reiteradamente señalado esta Audiencia, el proceso valorativo de las pruebas es incumbencia de Jueces y Tribunales sentenciadores y no de las partes litigantes, a las que queda vedada toda pretensión de sustituir el criterio objetivo del órgano enjuiciador por el suyo propio, dado que la prevalencia de la valoración realizada por éste obedece a la mayor objetividad que la de las partes, pues sus particulares y enfrentados intereses determina la subjetividad y parcialidad de sus planteamientos ( S.T.S. 1 marzo de 1.994, 20 julio de 1.995).

Ello obliga a señalar con carácter previo que no hay precepto que exija una constatación pormenorizada o examen de cada una de las pruebas, y el Tribunal de segunda instancia tiene el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de la experiencia o a las normas de la sana crítica o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

En el presente caso, el Juzgador de Instancia ha valorado acertada y correctamente el acervo probatorio obrante en autos, llegando a conclusiones lógicas y acordes con el resultado de aquel, por cuanto ha quedado acreditado que cuando, en noviembre de 2.021, se produjo el impago por parte de la mercantil suministrada de las últimas partidas correspondientes al mes de octubre, a satisfacer en el último tercio del mes de noviembre, la mercantil suministradora ya había dejado de cumplir, en una parte realmente notable, con las obligaciones que le incumbían de suministro de cereal en el undécimo mes del año, de tal forma que, en dicho periodo, sólo fueron entregadas 28,320 Tm de trigo (además, el 22 de noviembre, por lo que, hasta entonces, no había llegado ninguna a dependencias de la suministrada) y ninguna de cebada, cuando venía obligada a suministrar 250 Tm de trigo y 200 Tm de cebada.

El Art. 1.124 CC. recoge uno de los efectos de las obligaciones reciprocas, como lo son las derivadas del contrato de compraventa, la resolución por incumplimiento, que solo puede exigir quien ha cumplido con su obligación ( STS de 14-3-2003), siendo reiterada la doctrina de que, la facultad resolutoria de las obligaciones reciprocas que contempla el Art. 1.124 CC. , exige ineludiblemente que el que pretenda la resolución haya cumplido las obligaciones que a él le incumben. La STS de 10-10-2016, resume una posición consolidada: "En cuanto a la facultad resolutoria prevista en el art. 1124 CC , es constante la doctrina que afirma que dicha potestad corresponde, en todo caso, al contratante que sufre el incumplimiento de la obligación frente al contratante incumplidor. Esta regla encuentra su fundamento tanto en la caracterización de la facultad resolutoria, como una facultad de configuración jurídica que la norma prevé como medio de defensa de la parte contractual que cumple, como en el fundamento de la misma, que trae causa de la interdependencia de las obligaciones recíprocas y su especial articulación en la relación obligatoria sinalagmática; situando al cumplimiento de la obligación como el eje central de la dinámica resolutoria ( sentencia 639/2012, de 7 de noviembre , citada en la posterior sentencia 121/2013, de 12 de marzo ). Por esta razón, «a la parte que previamente ha incumplido las obligaciones asumidas en el contrato, le esté vedado al ejercicio de la facultad resolutoria»".

Y para el supuesto de incumplimientos recíprocos, la STS de 19-12-2012 señala: "Sobre esta cuestión la sentencia de 12 de febrero de 2007 , como anteriormente la de 26 de octubre de 1978 , declara que en "los supuestos de incumplimientos dobles se hace necesario determinar quién, por tener que cumplir primero, dejó de hacerlo antes y justificó, por razones funcionales del vínculo, la infracción contractual de la otra parte de la relación jurídica", porque si bien es cierto que la jurisprudencia sobre el art. 1124 CC no reconoce al contratante incumplidor legitimación para resolver la relación jurídica sinalagmática, también lo es que sí se la reconoce "cuando el incumplimiento hubiera venido provocado por el anterior de la otra parte de la relación", según doctrina contenida en las sentencias de 20 de junio de 1990 y 27 de diciembre de 1995 . En coherencia con la anterior doctrina, las sentencias de 30 de junio de 1987 y 28 de febrero de 1986 consideran que "lo esencial para calificar el incumplimiento contractual a los efectos del art. 1124 CC es la valoración de las conductas contractuales refractarias a la ejecución del negocio", y la sentencia de 11 de diciembre de 2009 , con cita de otras anteriores y a propósito de la exceptio non adimpleti contractus, declara que en modo alguno cabe estimar la misma si la prestación de la otra parte contratante fue de indudable provecho o utilidad para quien alega la exceptio. De ahí que la sentencia de 14 de diciembre de 2001 , fundándose entre otras razones en la jurisprudencia sobre el art. 1124 CC , negara que en un contrato de obra el contratista viniera obligado a terminar la obra en su totalidad si el comitente dejaba de pagar las cantidades pendientes por obras ya ejecutadas",es decir habrá que determinar quién incumplió en primer lugar y provoca el incumplimiento ajeno.

A tenor de tal doctrina y de la prueba practicada y obrante en autos, siendo el primer incumplimiento relevante y sustancial el de la parte actora reconvenida, es claro y terminante que la mercantil demandante de reconvención ejercitó legítimamente su facultad resolutoria, debiendo aquella parte afrontar las consecuencias dimanantes de la aplicación del Art. 1.124 CC. y, en este caso, la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

Continuando con el examen del motivo, por lo que se refiere al sistema de cálculo del importe de aquella indemnización, es cierto que los precios que obran en las facturas satisfechas por la parte reconviniente están por encima de los fijados en las lonjas (acontecimientos 23 a 27 EJE, ambos inclusive), pero no es menos cierto que tales facturas obran incorporadas a autos y no fueron impugnadas en el momento procesal oportuno, por lo que, en aplicación del Art. 326 Lec, deben hacer prueba. Pero es que además, como acertadamente señala el Juez de Instancia, revelando un detallado y profundo análisis de la prueba obrante en autos, resulta de la propia documental aportada por la actora reconvenida que, en el mes de diciembre, realizó operaciones de suministro a terceros en las que el precio pactado para el cereal suministrado también era notablemente superior al de la lonja, por lo que no puede pretender impugnar el sistema de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios cuando, en su propio actuar, resulta el incremento de los precios respecto a la referencia de lonja, por lo que el motivo es desestimado.

TERCERO:En cuanto al segundo y último motivo de apelación, el mismo resulta una mezcolanza de alegaciones que, por su profusión y falta de claridad, es difícilmente abordable.

En primer lugar, debe sentarse que se está en presencia de un contrato de naturaleza mercantil, celebrado entre dos sociedades dedicadas profesionalmente al ramo de comercio al que pertenecen las mercaderías objeto del contrato, por lo que cualquier alusión a la legislación tuitiva de consumidores y usuarios es inane por no ser de aplicación.

En cuanto a la interpretación de los contratos, conforme al Art. 1.281 CC. "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas".Tal y como señala la STC. de esta Audiencia Provincial de Ávila de 15 de mayo de 2.009: "Como reiterada doctrina legal de que es exponente la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1.997 expresa, la interpretación del contrato, o de sus cláusulas contractuales, pretende la averiguación y comprensión del sentido y alcance del consentimiento, es decir, de las declaraciones de voluntad de las partes contratantes, y aunque el Código Civil da una serie de normas interpretativas a partir del artículo 1281 , combinando los criterios subjetivo (averiguación de la voluntad real o intención común de los contratantes) y objetivo (de acuerdo con los usos de las declaraciones), el punto de partida de la interpretación es la letra del contrato, tal y como dispone el primer inciso de aquel precepto: si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas, admonición que tiene carácter preferencial y prioritaria, excluyendo en su caso el juego de las restantes reglas, conjunto subordinado y complementario entre sí, tesis que en unos términos u otros aceptan también las sentencias de 17 de febrero de 2004 , 30 de noviembre de 2003 , 10 de febrero de 1.997 , 9 y 13 de julio de 1.994 ".

En el presente caso, los términos de los contratos son claros y no dejan lugar a duda ni a oscuridad en cuanto fijan perfecta y prístinamente cuál es su objeto, el precio, plazo de entrega, lugar de la misma y modo de pago o, dicho de otra manera, establecen sin lugar a dudas ni dejar espacio a la ambigüedad cuales eran las obligaciones asumidas por las partes y forma y lugar de cumplimiento, por lo que la alegación contenida en el recurso al respecto debe ser descartada.

En cuanto a la nulidad de los mismos por contravenir las disposiciones legales prohibitivas de las ventas a pérdidas, es de señalar que el marco legal a aplicar no sería el que, erróneamente, se indica en el recurso, sino la Ley de Defensa de la Competencia que, en su Art. 4, contempla tal práctica como ilícita. A estos efectos, la cláusula general de prohibición de la competencia desleal se configura como un ilícito genérico (cierre del sistema), a fin de que la buena fe objetiva, exigible con carácter general en el ejercicio de los derechos ( Art. 7.1 CC. ), lo sea también en los actos realizados en el mercado con fines de concurrencia. Como señala la sentencia de la Sala 1ª del TS de 1 de junio de 2010 se trata de "una norma en sentido técnico, es decir, completa, (S. 23 de marzo de 2.007), con autonomía o sustantividad propia ( SS 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 ), que si bien no complementa el tipo de otros ilícitos, sí sirve para completar el sistema de ordenación y control de las conductas en el mercado, del que es un instrumento la LCD 3/1991 ( SS. 19 de mayo de 2.008 y 10 de febrero de 2.009 )".

Constituye un tipo autónomo que permite reprimir conductas que resultan desleales, por contrarias al modelo o estándar de buena fe, y que, en un contexto tan dinámico como es el mercado, no hubiesen podido ser previstas por el legislador en los restantes tipos que contempla la Ley sobre Competencia Desleal ( STS de 23 de julio de 2010).

Al amparo del referido precepto legal se hace posible considerar ilícitas, por la contravención del principio objetivo de buena fe, determinadas conductas que entrañen bien un expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o bien una obstaculización a la posición concurrencial de un tercero, así como aquellas actuaciones que tiendan a frustrar la libre formación de preferencias y la adopción de decisiones en el mercado, de modo que atenten contra el principio de eficiencia empresarial y contra el criterio de que la obtención de éxito debe responder al mérito que revistan las propias prestaciones.

Al interpretar y hacer aplicación de dicha cláusula la jurisprudencia no la ha tomado como un criterio completamente abierto que permita a los tribunales juzgar la buena fe de los operadores en el mercado en todo tipo de relaciones, sino que ha tendido a establecer grupos de casos en los que resulta de aplicación. Con ello se ha pretendido establecer un criterio de seguridad jurídica y un parámetro adecuado para proceder al enjuiciamiento.

En el presente caso, dejando a un lado que la prohibición de venta a pérdidas está implementada para supuestos completamente distintos al de autos, no se ha evidenciado ninguna práctica imputable a la parte demandada reconviniente que pudiera integrar el ilícito vulnerador de la competencia que se denuncia, y ello por una muy simple razón, no se ha acreditado, en primer lugar, que aquella impusiere contratar a la actora reconvenida y, en segundo lugar, no se ha acreditado que el precio pactado en el contrato lo fuera a pérdidas en el momento de su conclusión, por lo que la alegación realizada debe ser desestimada.

Por último, en cuanto a la cláusula rebus sic stantibus y el alza del precio del cereal, el Código Civil no regula un mecanismo que expresamente permita extinguir o modificar el contenido de las obligaciones en función de cambios imprevisibles acaecidos con posterioridad a su constitución. Tanto la doctrina como la jurisprudencia acuden a la cláusula rebus sic stantibus et aliquid novo non emergentibus, normalmente conocida como cláusula rebus sic stantibus [estando así las cosas]. Se define como una cláusula sobreentendida en todo contrato, que se aplica cuando, por la mutación sorpresiva e inesperada de las circunstancias que en su día se tuvieron en consideración, dan lugar a la desaparición de la base objetiva del negocio. Se fundamenta en el ejercicio de los derechos conforme a la buena fe ( Art. 7 CC. ), a la buena fe objetiva en el cumplimiento de los contratos ( Art. 1.258 CC. ) o a la equidad ( Art. 3.2 CC. ), pero se recuerda la necesidad de que sea muy cautelosamente aplicada, dada su peligrosidad en el orden económico y jurídico, así como por ir en contra del principio pacta sunt servanda y de seguridad jurídica recogido en los Arts. 1.091 y 1.258 CC.

Para que sea aplicable se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a.- La existencia de una alteración completamente extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración.

b.- Que esta alteración genere una desproporción inusitada o exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes, que se rompa el equilibrio entre las recíprocas obligaciones. La conmutabilidad del contrato desaparece prácticamente o se destruye, por lo que ya no existe una proporción económica entre la prestación de una y otra parte.

c.- Que todo ello acontezca por haber sobrevenido circunstancias realmente imprevisibles, esto es, que ese cambio o mutación quede fuera del riesgo normal inherente al propio contrato. Si las partes asumieron en el contrato, de forma expresa o implícita, el riesgo de que esa circunstancia aconteciera, o deberían de haberlo asumido porque el riesgo era razonablemente previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida. No puede hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato. Se descarta la aplicación de la regla cuando en función de la asignación legal o contractual de los riesgos fuera improcedente revisar o resolver el contrato.

d.- Que se trate de contratos de tracto sucesivo (qui habent tractu sucesivus) o que dependen de un hecho futuro (vel dependentia de futuro), pues en los contratos de tracto único es de aplicación muy excepcional. Es difícil que, en un contrato de tracto inmediato, o de corta duración, pueda acaecer algo extraordinario que afecta a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio de ese contrato.

En tales supuestos puede llegarse a una modificación de la obligación, pero nunca a la extinción, ni a la resolución o a la anulación de la obligación. La doctrina y la jurisprudencia han aceptado la posibilidad de revisión de un contrato con aplicación del principio general de la cláusula rebus sic stantibus ( STS 156/2.020 de 6 de marzo, 455/2.019 de 18 de julio, 452/2.019 de 18 de julio, 214/2.019 de 5 de abril, 237/2.015 de 30 de abril o 742/2.014 de 11 de diciembre).

Las consecuencias de una crisis financiera se vienen rechazando habitualmente, por cuanto que "la crisis financiera es un suceso que ocurre en el círculo de sus actividades empresariales, que no puede considerarse, imprevisible o inevitable". Y, en todo caso, la existencia de la crisis no comporta que se derive una aplicación generalizada y automática de la cláusula "rebus sic standibus", sino que es preciso que se contraste su incidencia causal o real en el marco de la relación contractual de que se trate, previniendo contra el peligro de convertir la posibilidad en un incentivo para "incumplimientos meramente oportunistas" ( STS de 5 de abril, 237/2.015 de 30 de abril y 742/2.014 de 11 de diciembre).

Ahora bien, en este caso concreto, la invocación de la cláusula "rebus sic stantibus " no puede prosperar por cuanto:

a) No puede señalarse que el incremento en el precio del cereal fuere imprevisible y/o inevitable, cuando de la propia pericial aportada por la demandante principal resulta que, desde el mismo comienzo del año 2.021, había experimentado una variación al alza continuada y constante, por lo que, a 31 de agosto y 1 de septiembre, fechas de conclusión de los contratos, era más que previsible, sino lógico, que continuase dicha progresión, eliminando así la imprevisibilidad de la misma.

b) En segundo lugar, la demandante principal podría haber instado una revisión de las condiciones de los contratos suscritos, pero en ningún caso una resolución unilateral exoneradora de sus obligaciones y responsabilidad que es, en definitiva, lo que pretende y que la invocación de tal cláusula no puede amparar, lo que determina la desestimación del motivo, y la íntegra del recurso.

CUARTO:De todo lo anterior se deriva la desestimación de la apelación con imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada ( Art. 398 y 394 LEC) .

Vistos los preceptos citados y demás aplicables.