Sentencia Civil 27/2025 Audiencia Provincial de Palencia Civil-penal Única, Rec. 265/2024 de 30 de enero del 2025

PRIMERO.- Planteamiento del recurso.

Contra la sentencia de fecha 5 de septiembre de 2024, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Cervera de Pisuerga (Palencia), en la que se desestimó la demanda interpuesta por Don Ildefonso y Don Jesus Miguel contra la Comunidad de propietarios de la casa DIRECCION000 de Guardo, en la que se ejercitaba una acción de impugnación de acuerdo de la Junta de la comunidad, se interpone ahora por la parte demandante el presente recurso de apelación en el que se insiste de nuevo en las mismas pretensiones de su demanda consistentes en que se anulen los acuerdos adoptados en la Junta de propietarios de 15 de mayo de 2023; pretensión a la que se opone la Comunidad de propietarios demandada.

En el recurso, como motivación de la impugnación, se sostiene básicamente que ha habido error en la valoración de la prueba y en la aplicación del Derecho por parte de la Juzgadora de Primera Instancia. En concreto, se alega que la sentencia que desestimó la impugnación del citado acuerdo social de 15 de mayo de 2023 ha incurrido en incongruencia con infracción de los dispuesto en los arts. 218 LEC y 24 CE; además, se alega falta de motivación y el error en la valoración de la prueba y en la aplicación del Derecho.

Sin embargo, el nuevo y obligado examen, por esta Sala, de las pruebas practicadas, fundamentalmente la prueba documental, y del Derecho aplicado, no revela el error denunciado, llegándose a las mismas conclusiones que las obtenidas por la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La supuesta incongruencia y falta de motivación de la sentencia de instancia.

Respondiendo con carácter previo a las cuestiones formales planteadas debe decirse que ni existe incongruencia ni falta motivación en la sentencia de instancia.

1.Sostiene la parte recurrente, como primer motivo de su recurso, que la sentencia adolece de incongruencia toda vez que, se sostiene en el recurso, declara la invalidez y nulidad de los acuerdos adoptados por la Junta de propietarios de 19 de febrero de 2020 y 8 de noviembre de 2022, cuestión que no habría sido objeto del proceso en el que únicamente se cuestionaba el acuerdo de 15 de mayo de 2023.

Sin embargo, tal planteamiento no es admisible.

En primer lugar, porque el presupuesto de congruencia que debe cumplir toda sentencia se integra por la necesaria conformidad que ha de existir entre su fallo y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, exigencia que se cumple cuando la relación entre ese fallo y esas pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico-jurídica, ( SS. TS. 14 de abril de 2011, 18 de mayo de 2012, 19 de septiembre de 2014). Desde esta perspectiva, el juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, tanto por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como por los elementos objetivos, entre los que se comprende la causa de pedir, entendida como el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio petitumo pretensión solicitada, ( S. TS. 13 de junio de 2005).

Así considerada la congruencia, es evidente que, en el presente caso, no puede achacarse a la sentencia dictada en la instancia infracción alguna de tal principio pues su fallo responde a la pretensión deducida, respetando la relación jurídico-procesal constituida tanto desde la perspectiva subjetiva como objetiva, pues responde en su fallo a lo planteado en la demanda, aunque sea desestimándolo. Lo que es claro es que la sentencia cumple con dar respuesta a lo pretendido en demanda, nada más.

En segundo lugar, porque la congruencia no se mide en relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la sentencia, ( SS. TS. 30 de marzo de 1988, 20 de diciembre de 1989, 19 de septiembre de 2014).

Lo que considera la parte recurrente como extralimitación del fallo de la sentencia, las referencias a los acuerdos anteriores de 19 de febrero de 2020 y 8 de noviembre de 2022 no son sino necesarios razonamientos acerca de los hechos sobre los que se sustenta la demanda en su impugnación del acuerdo de 15 de mayo de 2023. La apreciación de la trascendencia y efectos de aquellos acuerdos es necesaria como presupuestos fácticos que justifican la valoración jurídica del acuerdo impugnado y las conclusiones que sobre ellos se adopten no deben contemplarse sino dentro de los razonamientos para alcanzar la conclusión decisoria pero no como la decisión misma que solo está referida a la pretensión de anulación del acuerdo de 15 de mayo de 2023.

En definitiva, ninguna incongruencia es apreciable en la sentencia apelada.

2.Tampoco es apreciable la falta de motivación en dicha sentencia.

Es cierto que el art. 218 LEC impone como requisito procesal de toda sentencia la necesidad de su motivación, de forma que se dé una respuesta a las partes ajustada a lo debatido en el proceso, explicando el sentido de la resolución.

Como señala la jurisprudencia, "la motivación es una exigencia constitucional establecida en el art. 120.3 CE "( S. TS. 5 de noviembre de 2009). Estamos ante un deber jurisdiccional que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva porque está prohibida la arbitrariedad del juez y la forma de controlar la racionalidad de las decisiones se efectúa por medio de la motivación, y todo ello para evitar que el derecho a la tutela judicial efectiva sufra una lesión ( S. TS. 14 de abril de 1999).

También es cierto que, "la respuesta a las peticiones formuladas en la demanda no debe ser ni extensa ni pormenorizada, pero sí debe estar argumentada en derecho, puesto que el juez no puede decidir según su leal saber ni entender, sino mediante el recurso al sistema de fuentes establecido, tal como dispone el art. 1.7 CC , lo que deriva de la sumisión de los jueces a la ley, establecida en el art. 117.1 C.E ",( S. TC. 77/2000, así como las SS. TS. 69/1998, 39/1997, 109/1992, entre muchas otras).

En definitiva, ha de exigirse una motivación suficiente, sobre la base del cumplimiento de una doble finalidad: la de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explícito que responde a una determinada interpretación del derecho, así como la de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos ( SS. TS. 26 de julio de 2002 y 18 de noviembre de 2003, 18 de junio de 2014, 124/2017 de 25 de febrero y 216/2017, de 4 de abril, entre muchas otras). Aunque también debe tenerse en cuenta que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, es decir, la ratio decidendique ha determinado aquélla, pues no es lo mismo falta de motivación que motivación satisfactoria para la parte, según doctrina reiterada, ( SS. TS. 29 de abril de 2009, 9 de julio de 2010, 22 de mayo de 2014, 26 de junio de 2015 y 22 de julio 2015, 171/2018 de 23 de marzo, SS. TC. 294/2012 de 18 de mayo y 736/2013 de 3 de diciembre). "Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión"( SS. TC. 108/2001 de 23 de abril, 68/2011 de 16 de mayo, 662/2012, de 12 de noviembre, 26/2017 de 18 de enero).

Ciertamente, la exigencia constitucional de motivación "no impone ni una argumentación extensa ni una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino únicamente que la respuesta judicial esté argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate, al margen de que pueda ser escueta y concisa, de manera que sólo una motivación que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal, quebrantaría el artículo 24 de la Constitución "( SS. TS. 297/2012 de 30 abril; 523/2012 de 26 de julio; 13/2016, de 1 de febrero; 26/2017, de 18 de enero; 532/2017 de 2 de octubre).

Pues bien, en el presente caso, una simple lectura detallada de los fundamentos de la sentencia de instancia permite afirmar que se ha motivado de forma suficiente el porqué de la decisión judicial pues se analizan los hechos y se declara el derecho que se considera aplicable.

En realidad, ante lo que nos encontramos es ante una confusión entre la supuesta falta de motivación de la respuesta judicial y el hecho de que la apelante no esté de acuerdo con la misma al ser contraria a sus intereses. Pero, tal dicotomía no puede conformar el defecto procesal que invoca. No hay falta de motivación, otra cosa es que, a juicio de la apelante, sea discutible el fundamento que se expone en la sentencia, pero ello no supone un problema de motivación (al menos en este caso en que esa fundamentación existe y se articula de forma coherente) sino de suficiencia o no de la argumentación judicial y de la valoración de los hechos y de las normas jurídicas y su efecto, valoración que considera equivocada.

Como sostiene la Sala Civil del Tribunal Supremo en reiteradas sentencias relativas a la casación pero con doctrina plenamente aplicable a la apelación ( SS. TS. 283/2008, de 5 abril; 577/2011, de 20 julio; 277/2016, de 25 de abril; 430/2020, de 15 de julio o 364/2022, de 4 de mayo, entre otras), "[...] cabe admitir la existencia de motivación suficiente cuando la lectura de la resolución permita comprender las reflexiones tenidas en cuenta por el juzgador para llegar al resultado o solución contenidas en la parte dispositiva [...] la motivación desacertada habrá de ser combatida a través de los oportunos motivos de casación puesto que la propia posibilidad de calificación sobre su desacierto pone de manifiesto que la motivación existió ...".

En definitiva, el órgano judicial de instancia explica, con varios razonamientos, los motivos por los que considera que el acuerdo discutido debe ser considerado válido, y, con base en ellos, desestima la demanda interpuesta por la parte actora, ahora recurrente. Si esta parte no está de acuerdo con tales argumentos, que no son irracionales, absurdos o carentes de lógica, de manera que atentasen al canon de racionalidad que, para las decisiones judiciales, impone art. 24 CE, debe impugnarlos como medio de cuestionar el acierto de la decisión tomada por los medios que le brinda el ordenamiento jurídico, pero no por falta de motivación, pues de la lectura de la sentencia de instancia es perfectamente factible conocer cuál es la justificación causal del fallo, al expresar el conjunto de razones de hecho y de derecho, que integran el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión tomada, al margen de que satisfaga o no los intereses y pretensiones de las partes ( SS. TC. 14/91, 28/94, 153/95 y 33/96 y SS. TS. 889/2010, de 12 de enero de 2011; 465/2019, de 17 de septiembre y 706/2021, de 19 de octubre, entre otras).

En definitiva, la genérica falta de motivación como motivo de recurso también debe ser rechazada.

TERCERO.- El acuerdo comunitario de 15 de mayo de 2023 que impone a los titulares de los locales la obligación de contribuir a las obras consistentes en bajar el ascensor a cota cero.

1.La cuestión central del proceso no es tanto la validez global de los acuerdos comunitarios de 15 de mayo de 2023 sino la determinación que se contiene en ellos de obligar a los propietarios de locales a contribuir a las obras que suponen la bajada del ascensor a cota cero con el fin de eliminar las barreras arquitectónicas del edificio.

2.No existe duda acerca de la genérica validez del acuerdo comunitario de bajada del ascensor que se acordó en dicha reunión, así como la obligación de todos los comuneros, incluidos los propietarios de los locales a contribuir al coste de las obras, pues, como señala la sentencia del Tribunal Supremo 381/2018 de 21 de junio:

"La instalación del ascensor, y aquí la ampliación de su trayectoria ("a cota cero"), ha de reputarse no solo exigible, sino también necesaria y requerida para la habitabilidad y uso total del inmueble, impuesta por la normalización de su disfrute por todos los vecinos, y no como una simple obra innovadora de mejora ( sentencias 797/1997, de 22 de septiembre , y 929/2006, de 28 de septiembre ); accesibilidad que está presente tanto cuando se instala ex novo el ascensor, como cuando se modifica de forma relevante para bajarlo a "cota cero", y si obligado está el comunero a contribuir a los gastos de instalación de ascensor, obligado lo estará también, en casos como el enjuiciado, de los destinados a completar la instalación ya existente para la eliminación de barreras arquitectónicas, más propios de una obra nueva que de mantenimiento o adaptación del ascensor".

En consecuencia, a la vista de esta doctrina, debemos entender que la bajada a cota cero con el fin de eliminar barreras arquitectónicas, se encuentra comprendida dentro de los gastos de instalación, que no de conservación o mantenimiento, lo que obliga a todos los comuneros, incluidos los propietarios de los locales, a sufragar su coste conforme impone el art. 10 LPH, ya que solo están exentos de su conservación o mantenimiento ( SS. TS. 678/2016 de 17 de noviembre; 216/2019 de 5 de abril).

3.La cuestión es si es admisible el cambio de criterio de la Junta respecto del anterior acuerdo adoptado en Junta celebrada el 14 de febrero de 2020 por el cual se acordó excluir a los propietarios de los locales respecto de los gastos generados por las obras de bajada del ascensor a la mencionada cota cero.

En principio, debe considerarse que la Junta es soberana para variar sus propios acuerdos, modificando, rectificando o revocando los acuerdos adoptados con anterioridad. La Ley de Propiedad Horizontal no establece ninguna limitación al respecto y, por tanto, la Junta de la Comunidad puede cambiar de opinión y variar sus acuerdos siempre que cumpla con los requisitos previos para adoptar el nuevo acuerdo, es decir, estar incluido en el orden del día de la convocatoria ( SS. AA. PP. Madrid, sec. 20ª, 433/2010 de 23 de junio, Alicante, sec. 5ª, 67/2016 de 22 de febrero) y adoptarse por la mayoría requerida en razón a su contenido que será la mayoría exigible para la adopción del acuerdo inicial ( S. TS. 197/2021 de 12 de abril).

En el caso de obras de instalación de ascensor, como las ahora discutidas, bastaría el voto favorable de la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación ( art. 17 LPH) .

4.Ahora bien, la jurisprudencia ha venido señalando que el nuevo acuerdo que rectifica uno anterior no cabe cuando el acuerdo anterior ya ha sido ejecutado y, por tanto, ha causado estado ( S. AP. Madrid, sec. 14ª, 178/2016 de 13 de marzo) o cuando la modificación puede ocasionar un perjuicio a la propia comunidad o a algún propietario que ha obtenido una situación que la comunidad debe respetar como acto propio vinculante ( S. AP. Barcelona, sec. 19ª, 27/2006 de 26 de enero).

En el caso presente, el acuerdo revocatorio impugnado cumple los parámetros formales pues consta su proposición en el orden del día de la convocatoria y se adoptó por una mayoría de propietarios que respetó los arts. 10 y 17 LPH. También debe afirmarse que el anterior acuerdo no estaba ejecutado pues precisamente se acordó en la misma Junta la aprobación definitiva de la obra a ejecutar y el proyecto, con su presupuesto, para llevarla a cabo.

5.Así las cosas, el único tema discutible es si puede considerarse que el nuevo acuerdo que cambia la exclusión de los propietarios de los locales demandantes respecto de las obras de baja del ascensor a cota cero, puede considerarse un acto propio que vincule a la comunidad frente a los propietarios inicialmente excluidos.

Obviamente, el perjuicio que puede motivar la consideración de acto propio no puede ser entendido desde la perspectiva de la obligación de pago (no en vano tal obligación viene impuesta por el art. 10 LPH) sino desde la idea de la creación de una situación jurídica que debe ser respetada como acto propio por la comunidad.

La doctrina de los propios actos ha sido precisada por la jurisprudencia como "acto de carácter trascendente, de los que causan estado definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor",que haya sido contradicho ( SS. TS. 16 de febrero de 1988, 5 de abril de 1991, 7 de abril y 10 de junio de 1994, etc.) o un "acto inequívoco, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin duda alguna una determinada situación jurídicamente afectante a su autor" que, interpretado en buena fe, resulte incompatible con la pretensión actual"( SS. TS. 24 de mayo de 2001, 9 de mayo, 25 de julio y 25 de octubre de 2000, 25 de enero de 2002, entre muchas otras).

En este sentido el acto propio viene configurado como un acto que haya causado un estado, unas consecuencias o una situación jurídica, contra la que no sea lícito actuar por cuanto supondría un perjuicio para quien puso en marcha las consecuencias derivadas del derecho generado. Pero, en este supuesto el previo acuerdo de 2020 no puede decirse que haya creado ningún estado jurídico inalterable, sino que la comunidad se limita a modificar la forma de pago de una obra necesaria dentro de su ámbito de decisión soberano y sin que pueda afirmarse la existencia de mala fe o perjuicio para un comunero (no se infringe el art. 7 LPH) . Al no estar ejecutado, sea en todo o en parte, el acuerdo inicial de realizar las obras ni afectar de otra manera a los comuneros a los que se refería (caso de que los propietarios de los locales hubiesen adoptado decisiones confiados en aquel acuerdo o se hubiera generado indefensión a los mismos por actos subsiguientes) no puede afirmarse que haya configurado una situación jurídica inalterable respecto de ellos. El acuerdo se refería a la financiación de una obra, sin otras consecuencias, y es manifiesto que una comunidad puede cambiar de opinión sobre la forma de financiar una obra comunitaria y más en caso de accesibilidad, así como sobre quién ha de estar obligado al pago siempre que el acuerdo anterior no se haya ejecutado o haya creado un estado a favor de ciertos comuneros, situaciones que no se dan en ningún caso. En realidad, la comunidad lo que hace es aplicar la norma general ( arts. 10 y 17 LPH) por lo que no puede haber mala fe, ni abuso del derecho.

Habría habido acto propio si se hubiera materializado el acuerdo, aunque fuera en parte o se hubieran adoptado decisiones subsiguientes por la comunidad o los comuneros afectados que hubiesen supuesto un cambio en el estado jurídico por causa del acuerdo ahora revocado (como sucede, por ejemplo, cuando se autoriza la colocación de toldos, abrir huecos, cerrar terrazas o se adoptan decisiones de contratación al margen de los comuneros inicialmente excluidos). Es decir, si como consecuencia del acuerdo inicialmente adoptado se hubiera creado un nuevo estado, basado en la efectividad de ese acuerdo o en la confianza que hubiese generado, habría acto propio, pero, tal situación no sucedió en este caso en el que no puede afirmarse ningún acto subsiguiente que fuera consecuencia causal del originario acto que se pretende vincular como propio.

En realidad, lo único que se ha producido es un cambio en la forma de hacer frente al pago de la obra para adaptarlo a la regla establecida en el art. 10 LPH y a la doctrina general que establece que el reparto de los gastos comunes entre los copropietarios de un edificio debe hacerse conforme a lo establecido en el título constitutivo de la propiedad horizontal ( SS. TS. 16 de noviembre 2004, 22 de mayo de 2008, 7 de marzo 2013 y 6 de febrero de 2014).

Por consiguiente, tampoco podemos aceptar la tesis del acto propio como base de la impugnación del acuerdo discutido, por lo que debe ser confirmado.

CUARTO.- Decisión y costas.

Debe, confirmarse en cuanto al fondo la sentencia recurrida, si bien, consideramos que puede afirmarse la existencia de dudas acerca de la realidad de los hechos y el subsiguiente derecho discutido como consecuencia del propio cambio en la decisión de la Junta de propietarios, pues, en la medida en que habría creado una expectativa de derecho en los ahora recurrentes, habría justificado la impugnación que ha dado lugar al presente pleito y ello debe tener trascendencia respecto de las costas causadas en ser exoneradas tanto en primera como en segunda instancia.

Por tanto, con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto procede revocar la sentencia de instancia en lo relativo a la condena en costas de primera instancia, las cuales no se imponen a ninguna de las partes ( art. 398.2, en relación con el art. 394.1 LEC) .

La estimación parcial del recurso de apelación determina la no imposición de las costas causadas en esta instancia, conforme a lo dispuesto en el art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,