Sentencia Civil 187/2025 Audiencia Provincial de Guadalajara Civil-penal Única, Rec. 408/2024 de 09 de junio del 2025

PRIMERO.Resumen de los antecedentes del recurso de apelación. Por la parte actora se interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que desestima íntegramente la demanda presentada contra "Cofidis Sucursal en España S.A", tanto la pretensión principal ejercitada en la que se solicitaba la nulidad del contrato de línea de crédito suscrito en agosto de 2022, por resultar el tipo de interés usuario, como la subsidiaria en la que se solicitaba la nulidad de la cláusula de los intereses remuneratorios por no superar los controles de incorporación y transparencia, siendo abusiva, y de la cláusula relativa al cobro de las comisiones y la cláusula relativa al seguro.

Insiste en que los intereses remuneratorios pactados son usurarios pues el TAE pactado era del 19,93 % y es notoriamente superior al TEDR 7,63 % fijado para los préstamos personales, debiendo ser comparado con estos pues es el producto de características similares; y que las cláusulas sobre los intereses remuneratorios no son transparentes pues no superan los controles de incorporación pues el tamaño de la letra y el interlineado no superan los mínimos estipulados en el TRLGDCU para contratos del año 2014; y no es transparente pues no se le dio la documentación e información precontractual, no siendo suficiente el Documento de Información Normalizada Europea, y, en caso de considerarse que sigue un sistema revolving no se le explicó las consecuencias económicas de ello; y, en todo caso, solicita que no se le impongan las costas por mala fe de la entidad financiera por no ofrecer una solución pese a realizar una reclamación extrajudicial.

La entidad financiera se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.Primer motivo del recurso de apelación: determinación del carácter usurario del interés de la línea de crédito pactada.

La sentencia recurrida declara que el contrato de línea de crédito revolving objeto del litigio firmado por las partes el 12 de agosto de 2022 no es nulo pues considera que el TAE establecido en el contrato de 19,93 % no es notablemente superior al tipo medio publicado por el Banco de España en el ejercicio correspondiente a la celebración del contrato que era del 18,16%.

Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora que insiste en que los intereses remuneratorios pactados son usurarios pues el TAE pactado era del 19,93 % y es notoriamente superior al TEDR 7,63 % fijado para los préstamos personales, debiendo ser comparado con estos pues es el producto de características similares y no con los referentes a las tarjetas revolving pues el contrato firmado actuó realmente como un préstamo a pagar en 39 cuotas, no habiendo hecho uso de la tarjeta, y, si bien en el contrato se utiliza la palabra revolving, no lo fue pues no actuó como tal.

(i).Para determinar si los intereses pactados son usurarios, seguimos la exposición realizada en la STS de 28 de febrero de 2023, y partimos, como hace también la sentencia recurrida, de la sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, en la que se indicaba que "para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, "que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso", sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija "que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".

Y para juzgar si el interés es notablemente superior al normal del dinero, en esa sentencia se hacían dos consideraciones: i) por una parte, que "el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados"; ii) y, por otra, que la comparación no debía hacerse con el interés legal del dinero, sino con el interés normal o habitual, para cuyo conocimiento podía acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito en cumplimiento del artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE).

Fue en la STS 149/2020, de 4 de marzo, donde se discutió directamente si la referencia a tomar en consideración para fijar cuál es el interés normal del dinero era el interés medio de las operaciones de crédito al consumo en general o el más específico de los créditos revolving. Esta sentencia abordó esta cuestión y declaró que para la comparación debía utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de la celebración del contrato, que correspondiera a la operación crediticia cuestionada, en concreto la tarjeta de crédito revolving:"(...) el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda."

Y finalmente, fue la STS del pleno de la sala 258/2023, de 15 de febrero, la que señala que "el interés es notablemente superior si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el pactado supera los 6 puntos porcentuales.". Esta sentencia menciona por primera vez el TEDR (que es el tipo efectivo de definición restringida), constatando que la tabla de las estadísticas del BE, concretamente, la 19.4, publica, conforme se indica expresamente en ella, el TEDR y no la TAE (tasa anual equivalente). Según se explica en la propia sentencia, el TEDR equivale a la TAE sin las comisiones, de modo que, para saber la TAE media habría que sumar al TEDR las comisiones generalmente aplicadas por las entidades financieras.

Dice el TS que el dato de las comisiones no será de ordinario muy relevante porque la usura no requiere que el interés pactado sea superior al interés del mercado, sino notablemente superior. Dicha frase resulta algo críptica desde el momento en que se ha fijado una magnitud concreta, el diferencial de 6 puntos, a partir de la cual el interés ha de considerarse, per se, notablemente superior al normal del dinero. Creemos que, en definitiva, con esa críptica afirmación el TS viene a decir que en la mayor parte de los casos bastará ya con confrontar el TEDR con la TAE convenida si la diferencia entre uno y otra es inferior a 6 puntos, en cuyo caso el préstamo no será usurario, o netamente superior a 6 puntos, en cuyo caso será usurario. En el resto de los casos, esto es, cuando la TAE convenida supere ese diferencial ligeramente, todavía habrá que realizar otra operación: sumar al TEDR las comisiones generalmente aplicadas para ver si, finalmente, se superan o no los 6 puntos porcentuales. En cuanto a la cuantificación de las comisiones, el TS distingue entre los contratos anteriores y los posteriores al año 2010. Para los contratos posteriores al 2010, el TS no aporta dato alguno sobre las "comisiones generalmente aplicadas" y tampoco precisa dónde puede obtenerse tal dato, por lo que tal extremo, si es que resulta relevante para calificar la usura, deberá ser objeto de la correspondiente prueba". Para los contratos revolving anteriores al 2010, a los que resulta aplicable el TEDR de 19,32 % del año 2010 según la nueva doctrina jurisprudencial ya expuesta, el TS sí aporta el dato de las comisiones aplicables, "entre 20 y 30 centésimas". En cuanto a la carga de la prueba de las comisiones, por razones de facilidad probatoria, corresponderá a la entidad financiera la prueba del valor de las comisiones generalmente aplicables, por lo que si tal prueba no se produce o la misma no resulta concluyente, habrá que imputar a dicha entidad las consecuencias de dicha falta de prueba y, en consecuencia, en los supuestos en que ello resulte realmente relevante (en los supuestos límite) resultará de aplicación la parte más alta de la horquilla.

(ii).En consecuencia, aplicando la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, debemos concluir, como hace la sentencia recurrida, a diferencia de lo que indica la parte recurrente, que no hay duda de que nos encontramos ante un contrato de línea de crédito que rige el sistema revolving para sus ampliaciones y no ante un préstamo personal, aun cuando no se articule a través de una tarjeta de crédito, no solo porque así lo expresa literalmente el contrato sino porque sus estipulaciones corresponden a dicha modalidad de financiación. Si la parte hubiera deseado realizar un contrato de préstamo personal tenía que haberlo suscrito así, y seguramente las condiciones contractuales hubieran sido distintas.

Así pues, el término de comparación debe hacerse con el TEDR establecido para las tarjetas de crédito y tarjetas revolving, por cuanto, como ha señalado el Tribunal Supremo, la comparación debe hacerse respecto del interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación cuestionada.

Y atendida la fecha del contrato, en el año 2022, el TDER para las tarjetas revolving era de un 17,99%. La diferencia entre ambos términos comparativos es de 2'06 puntos, lo que necesariamente ha de llevar a considerar que el interés fijado no resulta notablemente superior al interés normal del dinero, en tanto no se superan los seis puntos, criterio que ha sido establecido por la jurisprudencia.

En su consecuencia el primer motivo de recurso ha de ser desestimado.

TERCERO.Segundo motivo del recurso de apelación: el control de incorporación y transparencia de la cláusula de los intereses remuneratorios.

La sentencia considera que las cláusulas sobre los intereses superan los controles de incorporación y transparencia.

Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora alegando que las cláusulas sobre los intereses remuneratorios no son transparentes pues no superan los controles de incorporación pues el tamaño de la letra y el interlineado no superan los mínimos estipulados en el TRLGDCU para contratos del año 2014; y no se le dio la documentación, ni información precontractual, no siendo suficiente el Documento de Información Normalizada Europea, y en caso de considerarse que sigue un sistema revolving no se le explicó las consecuencias económicas de ello.

(i).No cuestionada en esta alzada la condición de consumidora de la parte actora y que la cláusula de fijación del interés remuneratorio es una condición general de contratación que afecta a un elemento esencial del contrato al configurar el precio del servicio, es doctrina reiterada que debe ser objeto de control de incorporación, pero no puede serlo de control de abusividad ( art 8.2 LCGC y art 4.2 de la Directiva 93/13/CEE), siempre que cumpla el requisito de transparencia, ya que el control de contenido no es un control de precios. En ese sentido la STS, Civil, del 04 de marzo de 2020 señala que es doctrina jurisprudencial fijada en la sentencia del pleno 628/2015, de 25 de noviembre, que "La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia. La expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente."

--En cuanto al control de incorporación, como ha reiterado la jurisprudencia ( SSTS de 28 de mayo de 2018, 25 de enero de 2019 y 15 de enero de 2020, entre otras) se aplicará en primer lugar el filtro negativo del artículo 7 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, y si se supera es necesario pasar un segundo filtro, ahora positivo, que es el previsto en los artículos 5.5 y 7 la misma Ley: la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

El primer filtro mencionado, del artículo 7, consiste en acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones del contrato al tiempo de la celebración. La sentencia del TS de 9 de mayo de 2013, seguida por otras como la de 28 de mayo de 2018, estimó que era suficiente para superar este control que el predisponente acreditase la puesta a disposición y la oportunidad real de conocer el contenido de dichas cláusulas, independientemente de que el adherente o el consumidor realmente las haya conocido y entendido, pues esto tendría más relación con el control de transparencia.

El segundo de los filtros del control de incorporación previsto en los artículos 5 y 7, hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica de las cláusulas. La STS 151/2024, de 6 de febrero, ha declarado:

"1.- La jurisprudencia de esta sala ha configurado el control de incorporación o inclusión fundamentalmente como un control de cognoscibilidad. Lo que requiere, en primer lugar, que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato la existencia de la condición general controvertida y, en segundo lugar, que la misma sea legible y tenga una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal.

"2.- La legibilidad de los contratos con consumidores, en relación con el tamaño de la letra empleado en su redacción, viene regulada actualmente en el art. 80.1 b) TRLCU (en redacción dada por la Ley 4/2022, de 25 de febrero , en vigor desde el 2-3-2022), que impone un tamaño superior a los 2.5 milímetros y un espacio entre líneas superior a los 1.15 milímetros, así como que el contraste con el fondo sea suficiente para no hacer dificultosa la lectura

"Previamente, la reforma del mismo precepto por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, había establecido el tamaño mínimo de la letra en 1,5 milímetros".

En suma, para superar el control de incorporación, la cláusula ha de tener una redacción clara, concreta y sencilla, permitiendo una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato.

--Pero el control de transparencia no se agota en el mero control de incorporación, sino que supone un plus sobre el mismo. Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE, no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.

El Tribunal Supremo ha dictado las sentencias de Pleno 154 y 155/2025 de 30 de enero en las que se ha resuelto de manera específica sobre la aplicación de su doctrina sobre transparencia y la abusividad al sistema de amortización de las tarjetas de tipo revolving.

En cuanto a la transparencia, la STS de 30 de enero de 2025 se pronuncia sobre dicha cuestión en los siguientes términos: "La información que debe suministrarse al consumidor al que se le ofrece una tarjeta con la modalidad revolving debe cumplir con las exigencias establecidas en la normativa nacional y con aquellas que el TJUE ha extraído de la Directiva 93/13/CEE .

Debe exponer, de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo, ya indicados: cuando la cuota periódica de pago no es elevada pero sí lo es el tipo de interés; y cuando se produce un impago y la capitalización de los intereses y las comisiones devengadas prolonga indefinidamente el pago de la deuda porque las cuotas periódicas, que por defecto se fijan en una cuantía mínima, apenas amortizan capital. Debe informarse, por tanto, de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

En concreto, en lo que respecta al anatocismo, constituye una previsión contractual lícita, pero excepcional y con efectos significativamente gravosos para el consumidor, que requiere, por tanto, información clara al consumidor y que la redacción de la cláusula sea inteligible para el consumidor medio, como requisito para que pueda ser considerada transparente.

Por tanto, la información debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos que se derivan del plazo indefinido o prorrogable automáticamente, el elevado tipo de interés, la recomposición constante del crédito, la escasa amortización del capital en el caso de cuotas bajas, y el anatocismo; y, asimismo debe permitirle comparar las diversas ofertas, tal como exige el art. 10 de la Ley de contratos de crédito al consumo, pues para optar por una u otra modalidad de amortización es necesario que las comprenda. Por tanto, es necesaria una información diferenciada sobre las características, los costes y los riesgos de las tres modalidades de financiación que por lo general son electivas, por más que en muchos casos se aplique, por defecto, la modalidad revolving. Porque la diferencia de la modalidad revolving con la modalidad de pago aplazado a fin de mes, sin intereses, puede ser fácil de comprender, pero no lo es tanto la diferencia entre la modalidad de pago aplazado, que es en realidad un préstamo al consumo, parecido a la compra a plazos, y la modalidad revolving.

Para cumplir tales exigencias no es suficiente que la información contenga la TAE. En términos comprensibles para el consumidor medio, la información debe indicar que el sistema de amortización es del tipo revolving; debe establecer cuál es la cuota mensual (bien en una cantidad determinada, bien en un porcentaje de la cantidad dispuesta); debe establecer cuál es la duración del contrato; debe indicar si, y en qué casos, el interés se devengará no solo respecto del capital dispuesto sino también respecto del total de la cantidad adeudada (incluyendo intereses, comisiones e indemnizaciones devengadas); y deberá contener unos ejemplos adecuados tanto para comprender los riesgos del sistema como para permitir la comparación con otras modalidades de amortización o con las ofertas de otras entidades financieras. Es preciso que la información incida sobre la forma en que esa elevada TAE opera en la propia economía del contrato, dada las particularidades del sistema de amortización y las demás cláusulas a que se ha hecho referencia. Y debe hacerlo de modo claro y comprensible, no de una forma dispersa a lo largo de un extenso documento y en términos poco expresivos de los riesgos del sistema de amortización revolving, como es el caso objeto de este recurso.

Estas exigencias, para el caso de contratos a los que sea aplicable por razones temporales, están actualmente explicitadas en la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

El sistema de amortización revolving no es simplemente un sistema como el de pago aplazado, que puede considerarse un simple préstamo al consumo que se va amortizando en cuotas periódicas durante un periodo determinado. Ya hemos expuesto sus peculiares características y los riesgos que conllevan, significativamente superiores a los de un simple préstamo al consumo. No se trata solo de que el mayor aplazamiento generará mayores intereses, conocimiento que alcanza al consumidor medio; o que, por su propia naturaleza, no pueda fijarse ex ante el coste total del crédito ni establecer un cuadro de amortización. La duración indefinida o prorrogable del contrato de crédito revolving resulta relevante y ha de ser puesta en relación con el mecanismo de reconstitución de la deuda, especialmente si el contrato contempla la capitalización de los intereses y/o una cuota mínima por defecto de cuya incidencia en el coste del crédito es necesario advertir con suficiente claridad."

En suma, en las tarjetas revolving, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato. De esta manera debe superarse un control de incorporación o de inclusión de manera que la cláusula aparezca en el contrato de manera legible (así con relación al tamaño de la letra que hoy el art. 80.1b) de la Ley de Consumidores lo sitúa en 2'5 milímetros, pero con anterioridad era de 1,5 milímetros exigiéndose además que el contraste con el fondo no hiciese dificultosa la lectura; así como el TIN y el TAE aparezca de manera clara en el contrato. Y además que supere ese control de comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula; y aun cuando los términos del interés aplicado aparezcan en el contrato en principio como claros, el consumidor medio (pues el análisis debe de hacerse desde esta perspectiva y no de la del sujeto concreto que suscribe el contrato) conozca el funcionamiento del contrato al cual se adhiere, es decir, el peculiar y gravoso sistema de amortización revolvente anteriormente explicado. Esa es la transparencia exigible, como conocimiento de la verdadera carga económica que va a implicar este contrato. Y es obligación de las entidades crediticias facilitar al consumidor información suficiente, adecuada y comprensible de la mecánica operativa de las tarjetas ( arts. 10 y 11 de la Ley 16/2011 de Contratos de Crédito al Consumo) información que debe ser anterior a la suscripción del contrato, pues sólo así puede el consumidor conocer si le interesa o no y decidir libremente la modalidad de pago que le conviene establecer.

(ii).Partiendo de la anterior doctrina, tenemos que la parte actora suscribió on line un contrato de línea de crédito permanente rigiendo para las ampliaciones de la línea de crédito el sistema revolving incorporado a un documento de información normalizada europea, por cuanto, con independencia de que este le fuera ofrecido en un contrato de línea de crédito por importe de 4000 euros con abono de todo el importe, a devolver en 39 cuotas de 152 euros cada una, se incluía también una línea de crédito revolving si se ampliaba el crédito a las cantidades que se fueran amortizando. Se indicaba que el importe total a pagar en esas cuotas no tenía en cuenta las posibles ampliaciones o utilizaciones de disponible que el cliente podía llevar a cabo durante la vida del crédito y para el que regía el sistema revolving, ni la prima del seguro. Dicho contrato, a la hora de establecer el coste del crédito (TAE), distingue si el saldo es inferior a 6.000 euros, que sería el 19,93 %, y si es superior oscilaría entre el 19,93% y el 10,95%, dependiendo del importe dispuesto de la línea de crédito y del plazo de amortización, recogiendo determinadas comisiones que no estarían incluidas.

Por otra parte, si incluye las condiciones generales, y según la condición general primera del contrato estamos ante una línea de crédito o cuenta permanente, y en cuanto al modo de reembolso, la condición general quinta establece que los titulares, en caso de utilización del saldo disponible, quedan obligados a pagar a Cofidis, la cuota mensual de la línea de crédito, contemplando la posibilidad de efectuar el reembolso total en cualquier momento. El reembolso mensual comprende el pago de intereses, comisiones, gastos, indemnizaciones o penalizaciones, caso de devengarse, primas del seguro, caso de suscribirse y reembolso del principal adeudado, imputándose en ese orden. Se señala al final de esta cláusula quinta que sea cual sea la modalidad de reembolso (recoge el de cuota fija cada mes, fraccionamiento de operaciones específicas, y también otras modalidades que pudieren ofrecerse a los titulares) el importe disponible disminuirá con las disposiciones, y se reconstituirá con cada pago mensual, hasta el máximo autorizado. Según se recoge en la cláusula sexta, en cuanto al coste del crédito, el tipo de interés remuneratorio será el indicado en el anverso, dependiendo del importe dispuesto y el plazo, y se añade que la TAE corresponde a un cálculo teórico sin reutilización del disponibles, sin promociones y sin seguro opcional, no incluye la comisión por amortización anticipada, el seguro opcional ni las penalizaciones ni indemnizaciones. Después recoge en la cláusula 7 que los intereses se devengarán sobre la utilización correspondiente del crédito en base al tipo deudor vigente, y se liquidan mensualmente con la mensualidad, y se obtiene a partir de la fórmula que se recoge, de difícil entendimiento para el consumidor medio.

La existencia de dichos documentos, pese a haberse ocultado por la parte actora, resulta acreditada de la documentación aportada de contrario pues resulta que fue enviada a la parte actora a través de la certificación de logalty y firmado el día 12 de agosto de 2022, a las 13:38:02 horas, en unidad de acto la solicitud, la información precontractual, el documento de información normalizada europea, las condiciones generales, la orden de domiciliación, el seguro, y la protección de datos (ac 36 y 37).

Examinado dichos documentos, en cuanto al control de incorporación, nos encontramos que el contrato está redactado en una letra de tamaño 11 mm, con un espaciado posterior de 8 y con un interlineado de 1,08 mm, estando destacado en negrita las cláusulas relativas a los intereses, por lo que, suscribiendo el contrato en agosto de 2022, estando vigente la Ley 4/2022, si bien no reuniría la distancia mínima del interlineado, resulta legible. Por ello, atendiendo a los términos de las cláusulas del interés aplicado que aparecen en el contrato, en principio, resultarían claros y legibles.

Sin embargo, no superan el control de transparencia. No puede negarse que, tratándose de una línea de crédito, la parte deudora-consumidor necesariamente debía conocer que se devengarían intereses y los mismos se reflejan con el TIN y el TAE, pero lo relevante en este tipo de líneas de crédito revolving como era las ampliaciones del crédito, no es sólo el importe de los intereses, reflejados en el TIN y el TAE sobre el pago aplazado, sino la incidencia que tiene ese importe en relación a la amortización mediante cuotas de escasa cuantía.

Esta información en la contratación con los consumidores, para cumplir con la exigencia de la transparencia de las condiciones generales, se traslada a la fase precontractual cuando se adopta la decisión de contratar, y no a un posible conocimiento posterior durante la vida y desarrollo del contrato, con los extractos mensuales. Lo verdaderamente relevante en estos casos del contrato revolving es el sistema de amortización unido a un elevado tipo de interés. No se trata por tanto de un préstamo con entrega de un capital y aplazamiento de pago, sino de una línea de crédito en la que se prevé la posibilidad de sucesivas disposiciones por parte del titular, haciéndose especialmente necesaria la claridad y la transparencia de la regulación de los intereses remuneratorios en relación a la cuota a abonar, y la cantidad sobre la que se calculan los intereses devengados de cada cuota sucesiva, a los efectos de que el consumidor conozca realmente la carga económica y jurídica, y en suma el precio real del contrato.

En el presente caso, consta, en la página 5 del acontecimiento 36, que la actora firmó una hoja de información precontractual del crédito revolving, en la que se indica expresamente que las cantidades no pagadas y vencidas se entenderán capitalizadas y producirán intereses al mismo tipo que el del crédito, que las modalidades de pago se pueden modificar con abono de una comisión de 60 euros, y se incluyen dos ejemplos representativos, en el que se aplica un TAE de 19,93 %.

Igualmente consta que firmó una solicitud del crédito en la que se indicaba expresamente que "se le recuerda las características del producto que está solicitando: - Crédito renovable o revolving de 4.000,00€ . Con este producto, y previa aceptación de Cofidis, usted podrá reutilizar la parte del crédito que vaya amortizando, o hacer ampliaciones del mismo.

- Los 4.000,00€ 152,00€ que solicita los abonará en 39 mensualidades de cada una, que se pasarán por su banco el día 2 de cada mes. La devolución del importe de su préstamo o de su línea de crédito se realizará mediante el pago de cuotas mensuales, que se girarán al número de cuenta bancaria que usted ha indicado en el contrato. Para el cálculo de sus cuotas se tendrá en cuenta el importe transferido, sobre el que se aplicará el tipo de interés pactado contractualmente. En su cuota mensual se incluirá una parte de intereses, otra parte de capital, así como la prima del seguro de protección de la deuda, en caso de que usted lo haya contratado. Además, en caso de impago, se le cargará la correspondiente comisión de reclamación de deudas, de acuerdo a lo establecido en su contrato.

- El Tipo Deudor anual es del 18,31%, equivalente a una TAE del 19,93%, similar a la de cualquier tarjeta de crédito."

Ahora bien, ambos documentos fueron emitidos y firmados on line en unidad de acto con el contrato, es decir, con la información normalizada europea y las condiciones generales del contrato, el 12 de agosto de 2022, a las 13:48:02, por lo que difícilmente pues considerarse que hubo una información precontractual sobre las condiciones económicas del contrato de crédito revolving.

Por tanto, no constando ninguna otra información previa real a la fecha de la contratación, debemos concluir que el consumidor, al suscribir el contrato y adherirse a sus condiciones, no ha podido evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo, dificultando el conocimiento del precio que, en definitiva, se paga por la financiación, por lo que no es transparente. No consta que se le explicase la peculiaridad del sistema revolving, que la deuda derivada del crédito se 'renueva' mensualmente: disminuye con los abonos que haces a través del pago de las cuotas, pero aumenta mediante la ampliación del crédito (pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente.

Así pues, al margen del tipo establecido para la TAE, se abre un abanico amplio de posibilidades que, en lo que respecta a la ampliación del crédito, se comienza a complicar en la comprensión de un consumidor medio, estableciendo una cuota a determinar según lo dispuesto; y junto a todo ello se establece después un nutrido sistema de comisiones, que complica el conocimiento del coste económico real de lo dispuesto, y todo ello con la facultad de modificación por la entidad. Y hay una total ausencia probatoria de que se diera una información previa y conveniente a la consumidora, por lo que no se pudo representar la real carga económica que le iba a suponer el contrato, y el elevado interés remuneratorio a pagar que le iban a suponer esas ampliaciones de la línea de crédito. Es decir, no solo no se expresa de manera clara el coste económico de las operaciones descritas, sino que no se establece ningún ejemplo ni simulación de esas ampliaciones de la línea de crédito, estableciéndose únicamente ejemplos de la línea de crédito básica, sin hacer ampliaciones del crédito con las cantidades amortizadas.

En conclusión, el clausulado no supera tal control de transparencia pues el contratante no va a conocer cuál es realmente el tipo de interés que debe de abonar en el caso de ampliar el crédito, en tanto en cuanto, como exponíamos más arriba, no consta se informara de todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo o crédito o en palabras del TS, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, así como la posibilidad de definir claramente de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo.

(iii).Una vez que se ha determinado que la cláusula relativa al interés del crédito, considerada juntamente con el resto de las cláusulas del contrato y, más concretamente, las relativas al sistema de amortización revolving, no es trasparente, es necesario valorar si es abusiva.

Al respecto la mencionada STS de 30 de enero de 2025 señala "De manera similar a como hemos declarado en los supuestos de cláusulas suelo o de préstamos en divisas, en el caso de las tarjetas revolving, la falta de transparencia de la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los riesgos significativos que entraña dicho sistema de amortización, no puede comparar la oferta con las de otros sistemas de amortización y se compromete en un contrato que puede tener para él graves consecuencias pues puede terminar siendo lo que hemos venido en llamar un «deudor cautivo» y el Banco de España denomina «efecto bola de nieve».

Son también circunstancias relevantes para la valoración de la buena fe del predisponente necesaria para apreciar la abusividad de estas cláusulas la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar tales riesgos, como resulta de su comercialización fuera de establecimientos financieros (en las estaciones de tren, autobús, aeropuerto o centros comerciales tales como hipermercados, grandes superficies de electrodomésticos y electrónica, etc.), con denominaciones que ocultan esos riesgos e incitan a su contratación («cuota fácil» en este caso), con previsiones contractuales en las que, por defecto, se contrata el sistema revolving y/o las cuotas de escasa cuantía que incrementan el pago de intereses y prolongan el plazo de amortización."

En el presente caso hemos de concluir que al ofertar el crédito revolvig no se actuó leal y equitativamente con el cliente, se prerredactaron unas cláusulas que configuran una relación contractual de naturaleza compleja, ofertando crédito que aparentaba tener un sistema de amortización muy atractivo, pudiendo ampliar el crédito con las cantidades amortizadas, pero lo que se oculta es que se convierte al cliente en un deudor cautivo, como se detalla por el Tribunal Supremo. Si se hubiese informado correctamente al cliente, nunca habría aceptado ese tipo de crédito. Y el oferente sabía que, en una actual legal y equitativa, no debía proponerla.

En consecuencia, es claro que las cláusulas de los intereses remuneratorios del crédito revolving no superan el control de transparencia por las razones anteriormente expuestas, lo que lleva a la estimación del motivo del recurso.

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CUARTO.Sobre las consecuencias de la declaración del carácter abusivo de la cláusula que fija el interés remuneratorio en el contrato objeto de este litigio.

La nulidad de dicha cláusula de los intereses remuneratorios del crédito revolving arrastra la nulidad de todo el contrato. Estamos ante un supuesto en que procede «la nulidad total del contrato porque el negocio no se habría realizado sin la cláusula nula, conforme a la voluntad común real o hipotética de ambas partes, porque la finalidad o la naturaleza jurídica del contrato ya no son las mismas»( STS 463/2019, de 11 de septiembre, recurso 1752/2014, de Pleno). Y la nulidad del contrato no genera en este caso una consecuencia perjudicial para el consumidor, «de modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse» ( STJUE de 26 de marzo de 2019, asuntos acumulados C 70/17 y C 179/17), o al menos nada se indica.

Si el interés remuneratorio es nulo por los motivos expresados, sin él todo el contrato ha de considerase radicalmente nulo, pues, en un contrato de crédito revolving, el interés es un elemento esencial del contrato, es el precio, y, siendo este inválido, el contrato no puede subsistir por efecto de lo dispuesto en el art. 1261 CC. En consecuencia, queda sin efecto el contenido del contrato en cuestión, por lo que deviene obligado el decretar la nulidad del contrato litigioso en su totalidad.

Ello lleva a aplicar las previsiones contenidas en el art. 1303 CC; esto es, la recíproca restitución entre las partes de las cosas que hubieren sido materia del contrato, con sus frutos, y del precio, con los intereses. Así, el prestatario debe devolver la suma dispuesta que aún no hubiere satisfecho con el interés legal desde cada disposición, y la entidad financiera debe restituir todas las cantidades percibidas por cualquier concepto distinto del abono del capital, aplicando también respecto a estas el interés legal desde que se hicieron.

Todo ello ha de calcularse en ejecución de sentencia, trámite en el que, antes del despacho de la ejecución, ha de sustanciarse el incidente regulado en la LEC, a fin de determinar el saldo deudor a favor de una u otra parte.

Al establecer la nulidad del contrato por falta de transparencia material del interés remuneratorio, ya no es necesario examinar la petición subsidiaria de nulidad de otras clausulas.

QUINTO.Costas procesales.

(i).En cuanto a las costas procesales de la instancia, la estimación de la acción subsidiaria conlleva la preceptiva imposición de las costas al demandado.

(ii).En cuanto a las costas de la apelación, al estimarse el recurso de apelación, no es procedente hacer especial imposición de costas, de conformidad con lo establecido en el art. 398. 2 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,