Sentencia Civil 181/2025 Audiencia Provincial de Guadalajara Civil-penal Única, Rec. 428/2024 de 09 de junio del 2025

PRIMERO.Resumen de los antecedentes del recurso de apelación. El Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Guadalajara acordó por sentencia la formación de inventario de los bienes que formaban parte del activo y del pasivo de la sociedad de gananciales de Constancio y Elena. En lo que aquí afecta, estableció como fecha de la disolución de la sociedad de gananciales el 30 de septiembre de 2019, fecha en que el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Guadalajara dictó la Sentencia por la que se declaraba la disolución del matrimonio celebrado el día 25 de junio de 2005.

Contra dicho pronunciamiento se alza el Sr. Constancio solicitando que se establezca como fecha de la disolución del régimen matrimonial el 18 de octubre de 2016, fecha de la presentación de la demanda de divorcio y subsidiariamente, el 13 de febrero de 2017, fecha del auto de medidas provisionales pues abandonó el recurrente el domicilio familiar al ser adjudicado a la Sra. Elena. Además impugna, en cuanto al activo: la cuantía de la partida correspondiente a "Derecho de Crédito frente al Sr. Constancio por capital de préstamo hipotecario amortizado con dinero ganancial" que debe quedar fijada en 35.210,94 € y no 107.482,64 euros; la valoración del 100% de las participaciones sociales de la mercantil Garmol Hípica, S.L. en 500 €, indicando que debe realizarse en la fase de liquidación; la exclusión de los saldos, cuentas, depósitos, cartera de valores, fondos de inversión, planes de pensiones, aportaciones a planes de jubilación, seguros asociados a inversiones, y todo tipo de inversiones y activos financieros de los que era titular o cotitular la Sra Elena, a fecha 18-10-2016 ante la ocultación de los ingresos de ésta, por lo que solicita que se incluyan los salarios declarados por la Sra. Elena por importe de 54.092,44 €, porque fueron ingresados en cuentas de titularidad exclusiva de esta abiertas en aquellas fechas. Y en cuanto al pasivo, solicita se fije en 16.622,44 € la partida correspondiente a la deuda con D. Constancio por la parte proporcional del importe de la indemnización laboral ingresada en la cuenta común; y la inclusión de las deudas que dice tiene la Sra. Elena con relación a él por la tasación de costas por la ejecución forzosa de la sentencia de divorcio y por el pago del impuesto de circulación del vehículo ganancial de los años 2021, 2022, y 2023. Finalmente interesa se acuerde deducir testimonio contra la Sra. Elena por la comisión de un presunto delito de estafa procesal, tipificado y penado en el art. 250.1 del C.P. y contra el testigo Benjamín por la comisión de un presunto delito de falso testimonio, tipificado y penado en el art. 458.1 del C.P.

La parte actora se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.Sobre la fecha de la disolución de la sociedad de gananciales de los litigantes.

La sentencia recurrida estableció como fecha de la disolución de la sociedad de gananciales el 30 de septiembre de 2019, fecha en que el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Guadalajara dictó la Sentencia por la que se declaraba la disolución del matrimonio celebrado el día 25 de junio de 2005.

Contra dicho pronunciamiento se alza el Sr. Constancio solicitando que se establezca como fecha de la disolución del régimen matrimonial el 18 de octubre de 2016, fecha en que el recurrente presentó en el Juzgado su demanda de Divorcio, solicitando la disolución de su matrimonio con petición de Medidas Provisionales coetáneas, alegando que en esa fecha ya habían decidido poner fin a la vida conyugal pues ella también presentó demanda; y que en el acta de formación de inventario se aceptó por la representación de la Sra. Elena dicha fecha; y que igualmente aceptó la primera partida del inventario que fijaba esa fecha. Subsidiariamente, solicita que se fije como fecha el 13 de febrero de 2017, fecha del auto de medidas provisionales en el que tuvo que abandonar el recurrente el domicilio familiar al ser adjudicado a la Sra. Elena.

La representación de la Sra. Elena se opone a dicho motivo.

La controversia no es irrelevante, ya que la fecha de disolución de la sociedad de gananciales es decisiva en orden a determinar la inclusión o exclusión de las partidas en el activo y pasivo de la sociedad de gananciales.

(i).La sociedad de gananciales comienza su vigencia en el momento de la celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones matrimoniales ( artículo 1345 del Código Civil) , y concluye de pleno derecho entre otros supuestos, cuando judicialmente se decreta el divorcio de los cónyuges ( artículo 1392-1º del Código Civil) . No obstante, como ha señalado el Tribunal Supremo en la sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, 501/2019, de 27 de septiembre "la jurisprudencia de la sala ha admitido, no obstante, que cuando media una separación de hecho seria y prolongada en el tiempo, no se considerarán gananciales los bienes individualmente adquiridos por cualquiera de los cónyuges, especialmente cuando lo sean por el propio trabajo o industria".Sin embargo, precisa el Tribunal Supremo que "Esta doctrina, como puso de relieve la sentencia 226/2015, de 6 de mayo , no puede aplicarse de un modo dogmático y absoluto, sino que requiere un análisis de las circunstancias del caso. Es lógico que así sea porque, frente a los preceptos que establecen que la sociedad de gananciales subsiste a pesar de la separación de hecho ( arts. 1393.3. º, 1368 y 1388 CC ) solo cabe rechazar la pretensión del cónyuge que reclama derechos sobre los bienes a cuya adquisición no ha contribuido cuando se trate de un ejercicio abusivo del derecho contrario a la buena fe ( art. 7 CC )".

Como señala también la sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de febrero de 2008, se admite que la finalización de la sociedad de gananciales se produzca por la separación de hecho de los cónyuges, siempre que la ruptura de la convivencia conyugal tenga un carácter irreversible y prolongado en el tiempo, de suerte que no exista duda alguna no sólo de que la ruptura se ha producido, sino además de que no había ninguna intención de reanudar la convivencia conyugal entre los cónyuges.

(ii).Trasladando dicha jurisprudencia al presente caso, como señala la sentencia recurrida, las circunstancias concurrentes y acreditadas no permiten retrotraer la fecha de la disolución de la sociedad de gananciales a una fecha distinta a aquella que se estableció para la disolución del matrimonio. Los litigantes contrajeron matrimonio el día 25 de junio de 2005, siendo disuelto por sentencia de divorcio de 30 de septiembre de 2019, estando sujeto durante su vigencia al régimen económico de sociedad legal de gananciales. En cuanto al cese de la convivencia entre los cónyuges, el Sr. Constancio mantiene versiones distintas pues, al oponerse a la proposición de inventario (ac 37), indicó que se produjo el 18 de octubre de 2016, fecha de la interposición de la demanda de divorcio por el mismo, mientras que en el recurso de apelación se indica que fue el día 13 de febrero de 2017, cuando se dictó el auto de medidas provisionales coetáneas, al tener que abandonar ese día el domicilio que fue conyugal. En consecuencia, es evidente que cuando se interpuso la demanda de divorcio, en cuanto que la convivencia se mantenía, no puede fijarse como fecha de disolución del régimen de gananciales; y tampoco la fecha del auto de medidas provisionales pues la ruptura de la convivencia fue impuesta por resolución judicial con carácter provisional, por lo que difícilmente se puede deducir la voluntad de la ruptura de la convivencia conyugal tuviera un carácter irreversible y prolongado en el tiempo, sin que se haya acreditado ningún acto de los litigantes realizado en aquella época que así lo demuestre, como pudieran ser la adopción de acuerdos y la división efectiva de su patrimonio.

En consecuencia, no hay ningún acto que lleve a considerar que antes de que se dictase la sentencia de divorcio, el 30 de septiembre de 2019, disolvieran la sociedad de gananciales y atribuyeran la condición de bienes privativos a sus ingresos y dinero. Hasta esa fecha se presumían gananciales tanto los bienes adquiridos por los cónyuges como las deudas contraídas por ellos.

Y tampoco se puede concluir que la Sra. Elena aceptó retrotraer los efectos de la disolución de la sociedad de gananciales a la presentación de la demanda de divorcio, a diferencia de lo que se alega en el recurso de apelación, pues del contenido del acta que recoge la comparecencia para la formación de inventario no puede deducirse ello ni de su actuación posterior, oponiéndose expresamente al inventario presentado por el recurrente y ratificando el inventario presentado por ella, donde expresamente se establecía como fecha de la disolución de la sociedad ganancial la de la sentencia de divorcio.

Por todo lo expuesto el motivo del recurso debe ser desestimado.

TERCERO.En cuanto al activo del inventario.

(i).Por la parte recurrente, en primer lugar, se alega que la cuantía de la partida correspondiente a "Derecho de Crédito frente al Sr. Constancio por capital de préstamo hipotecario amortizado con dinero ganancial y que pesa sobre la vivienda propiedad exclusiva del mismo" debe quedar fijada en 35.210,94 € y no 107.482,64 euros como se establece en la sentencia recurrida, pues no consta acreditada dicha cuantía, siendo extemporánea la documentación presentada en el acto de la vista, debiéndola haber aportado junto con la demanda, y, en todo caso, en la audiencia previa, y carece de valor probatorio pues es realizada por la parte actora. Además, señala que solo se reclamó la inclusión como crédito contra el Sr. Constancio de la parte de capital del préstamo hipotecario amortizado con dinero ganancial, pero no los intereses, por lo que no pueden incluirse en el crédito los mismos. Finalmente añade que, al no constar que la Sra. Elena ingresara su salario en la cuenta común, no puede considerarse que contribuyese a abonar tales intereses, habiéndolo hecho únicamente el recurrente con su salario.

Todas las alegaciones realizadas por la parte recurrente en cuanto a este punto van a ser desestimadas.

En primer lugar, como señala la parte recurrida, nos encontramos ante un procedimiento de división judicial de patrimonio y no de un procedimiento ordinario, por lo que no hay audiencia previa. Sí hay una primera comparecencia, ante el Letrado/a de la Administración de Justicia, que tiene por objeto determinar si la parte demandada se aquieta con el inventario propuesto por la parte actora o si, por el contrario, se opone y propone otras partidas a incluir en el mismo, y solo si las partes no llegan a un acuerdo se las cita a vista ante el Juez, momento en el que las partes pueden proponer las pruebas que consideren a la vista de los términos debatidos y opuestos en la comparecencia ante el LAJ, siendo esto lo que aconteció. En consecuencia, las pruebas propuestas y declaradas pertinentes en la vista no pueden ser consideradas extemporáneas, a diferencia de lo alegado por el recurrente.

En segundo lugar, la sentencia, al inventariar el crédito cuestionado no se limita a establecer un derecho de reembolso a favor de la sociedad de gananciales por el capital amortizado del crédito hipotecario que pesa sobre la vivienda propiedad del Sr. Constancio, como parece indicarse en el recurso, y tampoco es cierto que en la demanda se limitase la reclamación al capital pues expresamente se recogía "Derecho de Crédito frente a Don Constancio por amortización de crédito hipotecario que pesa sobre la vivienda de su propiedad. Las amortizaciones se realizan entre la fecha de matrimonio, 25 de junio de 2005, hasta la fecha del divorcio, 30 de septiembre de 2019", cuyo importe se desconocía y que fue precisado con posterioridad.

Sentado lo anterior, en tercer lugar, es claro que el crédito que debe incluirse a favor de la sociedad de gananciales es el importe del préstamo hipotecario privativo del Sr. Constancio pendiente de amortizar a la fecha de inicio de la sociedad de gananciales hasta la disolución de la misma, tanto capital como intereses, pues todo fue pagado con cargo a los bienes gananciales, teniendo dicha consideración los ingresos recibidos por el Sr. Constancio con su trabajo. Llegar a otra conclusión produciría un enriquecimiento injusto de la parte recurrente, como indica la sentencia. Y ello es asi pues no se ha considerado que el inmueble que gravaba el préstamo hipotecario abonado sea en parte ganancial, supuesto único en el que el importe de los intereses no serían considerados como deuda a cargo del recurrente.

Y en cuarto lugar, en cuanto al importe concreto que se ha amortizado con bienes gananciales, constan los extractos bancarios de la entidad Caixabank referente a dicho préstamo hipotecario, cuyo valor probatorio es pleno, sin que la parte recurrente haya desvirtuado el importe fijado en la sentencia, limitándose a alegar que no deben ser incluidos los intereses abonados.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado, confirmándose el pronunciamiento de la sentencia.

(ii).En relación con la partida que incluye en el activo el 100% de las participaciones sociales de la mercantil Garmol Hípica, S.L. la parte recurrente señala que el Juez a quo lo ha valorado en 500 €, cuando debe realizarse en la fase de liquidación.

Al respecto de la valoración de los bienes en esta fase del procedimiento, la formación del inventario, ha de señalarse que salvo que exista acuerdo entre las partes sobre el valor de las partidas del activo o del pasivo (AP Soria S. 28-4-2004, Sevilla Sec. 2ª 17-9-2007 entre otras), el avalúo de los bienes corresponde a la fase de liquidación del artículo 810 y siguientes de la LEC. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras las SSTS de 16 de mayo de 2000, de 25 de mayo de 2005 y de 6 de junio de 2006) y de las Audiencias Provinciales (como las SSAP de Álava de 2 de febrero de 2000, de Cantabria, de 3 noviembre de 2004, Madrid de 20 de octubre de 2006 y de 18 de septiembre de 2024) ha venido declarando reiteradamente que el momento de la valoración de los bienes en los procesos de liquidación del régimen económico matrimonial debe ser el de su efectiva liquidación y no cundo se produce la disolución del régimen. Por tanto, como regla general no debe realizarse su avalúo en la fase de inventario, pues pese a que el artículo 809.2 habla de "importe", dicho término no debe equipararse al de "avalúo" ( SAP de Orense 4 de mayo de 2007), pues el primero debe referirse exclusivamente a las partidas de numerario, mientras que las restantes deben ser valoradas en la fase de liquidación del artículo 810 de la LEC que remite a los artículos 784 y siguientes, en los que está previsto, en su caso, el nombramiento de perito si fuese necesario para dicha valoración.

En la sentencia apelada el juez a quo no realiza una valoración de las participaciones de la sociedad, a diferencia de lo indicado en el recurso, pues habiendo manifestado el demandado su disconformidad en el acta de formación de inventario a la valoración propuesta por la actora, conforme a la regla expuesta, deja su valoración para la fase de liquidación ulterior del artículo 810 de la LEC que remite a los artículos 784 y siguientes. Así pues el motivo del recurso carece totalmente de base pues ya la sentencia establece lo que el recurrente solicita.

(iii).Por otra parte, el recurrente impugna la exclusión del activo de los saldos, cuentas, depósitos, cartera de valores, fondos de inversión, planes de pensiones, aportaciones a planes de jubilación, seguros asociados a inversiones, y todo tipo de inversiones y activos financieros de los que era titular o cotitular la Sra Elena, a fecha 18-10-2016 ante la ocultación de los ingresos de ésta, así como de los salarios declarados por la Sra. Elena ante la Agencia Tributaria en las declaraciones individuales de IRPF correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006, 2009, 2010 y 2012 por importe de 54.092,44 €, ya que, señala, fueron ingresados en cuentas de titularidad exclusiva de esta abiertas en aquellas fechas.

Pues bien, como señala acertadamente la parte recurrida, los términos de la petición del recurrente se han alterado, pues lo instado por el mismo en su escrito de oposición al inventario, momento en el que quedaron fijados los términos de la controversia, fue la inclusión en el inventario de los saldos existentes en las cuentas bancarias privativas o en las inversiones privativas de la Sra. Elena al considerar que las mismas se habían nutrido con los salarios percibidos durante el matrimonio al no constar ingresados en la cuenta común (ac 37). En ningún caso, se solicitó que se incluyera el importe de los salarios cobrados durante ese tiempo.

Ello sería suficiente para desestimar la inclusión en el activo de la cantidad de 54.092,44 €, que se dicen son los salarios percibidos por la Sra Elena durante los ejercicios 2006, 2009, 2010 y 2012 y que no habría ingresado en la cuenta común pues dicha petición no estaba inicialmente.

Y en cuanto a los saldos de las cuentas bancarias e inversiones privativas de la Sra. Elena, como expresamente reconoce la parte recurrente y recoge la sentencia, haciendo nuestros sus acertados argumentos, de la prueba realizada, en concreto del resultado de los oficios remitidos a las entidades bancarias no consta que la misma tuviera cuentas o inversiones privativas, no porque no se haya podido dar la información por la antigüedad de los datos, sino porque no aparece como titular a título particular de ninguna cuenta o inversión (acontecimientos 66, 67, 69 y 77, 82, 94 y 141). En consecuencia, si bien la Sra. Elena percibió salarios constante la sociedad de gananciales, no hay prueba de que los mismos fueran ingresados en cuentas de titularidad exclusiva de la misma, ni que los invirtiera en productos financieros privativos pues no consta ninguna cuenta ni ningún producto a su nombre, por lo que debe confirmarse en pronunciamiento de la sentencia al no incluir en el activo ni la partida solicitada ni la cuantía por los salarios percibidos durante esos periodos.

CUARTO.En cuanto al pasivo del inventario.

(i).En cuanto al pasivo, la sentencia fija como partida una deuda con D. Constancio por la parte proporcional del importe de la indemnización laboral ingresada en la cuenta común de Caixabank por importe de 12.323,69 euros.

Contra dicho pronunciamiento se alza el Sr. Constancio indicando que la cuantía que debe recogerse en dicha partida debe ser de 16.622,44 € pues fue la cuantía indemnizatoria, incluidos los salarios de tramitación, que fue ingresada íntegramente en la cuenta común, habiéndose consumido íntegramente.

Es cierto, como señala el Sr. Constancio, que recibió una indemnización por despido por un total de 21.698,31 €, siendo ingresado dicho importe en la cuenta de Caixabank nº NUM002. Pero también lo es, como señala muy claramente la sentencia recurrida, que en dicho importe se incluían 5.612,04 euros en concepto de salarios de tramitación, que son totalmente gananciales y sobre los que no se aplica la regla de la proporcinalidad. En consecuencia, como señala acertadamente la sentencia recurrida, del total percibido de 21.698,31 euros se debe descontar esos 5.612,04 euros que son gananciales, resultando 16.086,27 euros, que es la cantidad indemnizatoria fijada en sentencia y sobre la que se debe calcular la parte proporcional que es privativa y la que es ganancial.

En consecuencia, siendo ello lo que ha hecho la sentencia recurrida, resultando el importe de 12.323,69 euros, el pronunciamiento debe ser confirmado, desestimando el motivo del recurso.

(ii).Por último, se opone el recurrente a la exclusión del pasivo del inventario de los importes que se dicen debidos por la Sra. Elena al Sr. Constancio consistentes en el importe de costas procesales derivadas del procedimiento de ejecución forzosa de la sentencia de divorcio de fecha 30 de septiembre de 2019, a cuyo pago fue condenada la Sra. Elena, más los intereses y costas de la vía de apremio, y los importes del impuesto de Tracción Mecánica del vehículo Mitsubishi Montero, correspondientes a las anualidades 2021 a 2024.

El Juez a quo, a diferencia de lo que se indica en el recurso, sí motiva la exclusión de dichas partidas, indicando expresamente que quedan fuera de este proceso precisamente por la naturaleza de dichas deudas pues no se refieren a la sociedad de gananciales, sin perjuicio de que ello sea objeto del correspondiente proceso declarativo.

Analizados los conceptos reclamados, como señala la sentencia y la parte apelada, la reclamación de unas costas procesales surgidas con motivo de un procedimiento judicial distinto seguido entre las partes no puede ser objeto de tratamiento en este procedimiento por mucho que se trate de las mismas partes, pues no son deudas gananciales ni postgananciales.

A conclusión diferente se llega respecto a la inclusión de un crédito por importe de 268,83 euros a favor del Sr. Constancio, en concepto del impuesto de circulación del vehículo abonado exclusivamente por él durante los años 2021, 2022, y 2023, ya disuelta la sociedad de gananciales. Pero, a diferencia de lo que indica el recurrente, el pago del impuesto de circulación de un vehículo no es a cargo de quien usa el mismo sino de la propiedad, es decir, de la sociedad de gananciales, y una vez disuelta, a cargo de la sociedad posganancial.

En consecuencia, nos encontramos ante un crédito a favor de uno de los excónyuges por el abono de deudas de bienes gananciales con posterioridad a la disolución de la sociedad de gananciales. El TS ha reiterado que los pagos que haya realizado uno de los excónyuges con bienes privativos de deudas gananciales con posterioridad a la disolución de la sociedad de gananciales, se puede exigir su reintegro incluyendo en el pasivo del inventario de la liquidación de gananciales, bien como crédito contra la sociedad de gananciales de la totalidad de lo pagado por él; o bien el 50% de lo pagado como crédito a cargo del otro excónyuge.

Así pues, al exigir el recurrente el reintegro total de lo abonado debe incluirse como una deuda a cargo de la sociedad de gananciales, no de la Sra. Elena. No se incluye el impuesto del año 2024 por no está acreditado su abono. Así pues, el motivo debe ser estimado parcialmente.

QUINTO.Finalmente, se interesa por el recurrente que se acuerde deducir testimonio e incoar Diligencias Previas contra la Sra. Elena por la comisión de un presunto delito de estafa procesal, tipificado y penado en el art. 250.1 del C.P., y contra el testigo que depuso en el plenario, D. Benjamín, por la comisión de un presunto delito de falso testimonio, tipificado y penado en el art. 458.1 del C.P.

Tal petición debe ser desestimada pues, si bien es cierto que la sentencia no realiza ninguna alegación en cuanto a la petición formulada por el recurrente, debe señalarse que el hecho que no se recojan todas las peticiones de la parte actora no implica la existencia de una estafa procesal, pues lo mismo pudiera decirse en relación con las pretensiones ejercidas por la parte contraria, tanto en primera instancia como en apelación. Por otra parte, el Juzgador a quo no esta obligado a deducir testimonio en relación con la declaración testifical prestada si la considera dudosa, debiendo proceder a su valoración, y si la parte recurrente considera que hay indicios de la comisión de un delito puede interponer la correspondiente denuncia para que los hechos sean investigados.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

SEXTO.Costas procesales. La estimación parcial del recurso de apelación determina que no se haga imposición de las costas de la alzada ( artículo 398 y 394 LEC) .

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,