Sentencia Civil 205/2026 Audiencia Provincial Civil-penal Única de Zamora, Rec. 347/2025 de 05 de junio del 2026

PRIMERO.- DE LA POSICIÓN DE LAS PARTES EN EL PLEITO.-

Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de nº 3 de Zamora, se dictó sentencia en fecha 3 DE ABRIL de 2025, en los autos de juicio Ordinario 537/2023, sentencia cuya parte dispositiva acordaba: "Desestimar la demanda presentada por Dña. Adelaida en su propio nombre y derecho y en beneficio de la comunidad hereditaria, representada por la Procuradora Dña. Elisa Arias Rodríguez, contra Allianz S.A. representado por la Procuradora Dña. Manuela de Prada Maestre, absolviendo a la compañía aseguradora demandada de las pretensiones contra ella formuladas de contrario. Sin expresa imposición de las costas procesales.".

Frente a dicha resolución se interpone recurso de apelación por la actora, alegando como motivos de impugnación, el error en el que incurre la Juzgadora de Instancia al concluir que los hechos que han sido probados y en virtud de los cuales se reclama a la compañía aseguradora no son hechos de la circulación y por ello no resultan cubiertos por el seguro voluntario suscrito por el asegurado con la Compañía de seguros demandada. Entiende la parte, que la muerte del conductor por las quemaduras al entrar el fuego en la cabina, derivan de accidente de circulación y por ello están cubiertos por la póliza de seguro, y ello, de conformidad con la Jurisprudencia que interpreta que ha de entenderse por hecho derivado de la circulación. Subsidiariamente, alega, que de no entenderse lo anterior estaríamos ante una cláusula limitativa de derechos y por lo tanto nula, de conformidad con lo dispuesto en el art 3 de la LCS. Opone igualmente, infracción de los preceptos del CC relativos a la interpretación de los contratos y la oscuridad de la redacción de la cláusula que ha de perjudicar a la aseguradora, pues el asegurado al suscribir el mismo y asegurar la muerte en caso de accidente del conductor del vehículo, en forma alguna pudo representarse que dicho aseguramiento no abarcara supuestos como el presente. Solicita por ello la estimación del recurso con revocación de la resolución recurrida e íntegra estimación de la demanda, debiendo condenar a la compañía de seguros al pago de los 100.000 € de indemnización, más los intereses del art 20 de la LCS.

A dicho recurso se opone la aseguradora demandada al considerar conforme a derecho la resolución recurrida. Mantiene la correcta valoración de la prueba llevada a cabo por la Juez a quo, sin que resulten admisibles las alegaciones realizadas por la parte recurrente, pues conforme al resultado de la prueba practicada resulta claro que, los hechos en virtud se reclama no se encuentran asegurados pues resultan de un hecho extraño a la circulación del vehículo, tal y como ha sido apreciado por la Juez a quo. Mantiene que no existe clausula limitativa alguna, la naturaleza de la cláusula de la póliza sólo puede considerarse delimitadora por cuanto la condición relativa a la cobertura de accidentes corporales se encuentra dentro del seguro voluntario y sólo puede interpretarse como delimitadora del objeto del seguro pactado entre las partes y, en consecuencia, no está sujeta a los requisitos del art. 3 de la L.C.S. Se opone en último extremo a la aplicación de los intereses del art 20 de la LCS al entender que sería aplicable lo dispuesto en el apartado 8 de dicho precepto y existir causa justificada de la negativa de la aseguradora a indemnizar. Solicita la confirmación de dicha resolución en todas sus partes debiendo desestimarse íntegramente los motivos de apelación alegados por la apelante.

SEGUNDO.-DE LA SEGUNDA INSTANCIA.-

Expuesta la posición mantenida por las partes en el presente litigio procede comenzar esta resolución por señalar, dado el motivo de apelación en el que la parte fundamenta su recurso, el error en la valoración de la prueba en que incurre la Juzgadora a quo, que la apreciación de los hechos es generalmente una "questio facti", lo cual supone, que la fijación de su realidad o existencia corresponde a la función soberana de los tribunales de primera instancia, aun cuando en la valoración de la prueba ha de señalarse que el tribunal de apelación se encuentra al fallar en la misma situación que el juez de primera instancia al dictar la sentencia impugnada, y con las mismas facultades en orden a la valoración de la prueba. Es decir, el tribunal valora la prueba con entera libertad de criterio de manera que, en esa faceta, no se encuentra limitado o restringido de alguna manera por la valoración del órgano a quo, valoración que puede revisar en todo su extensión y que no se encuentra supeditada a que merezca la calificación de arbitraria, irracional o ilógica y se ponga ello de manifiesto con toda evidencia, pues de ser así supondría desvirtuar una de las funciones propias de la apelación como recurso ordinario para conferirle el carácter de extraordinario, asimilándolo a una casación (en la que, en efecto, solo cabe la revisión de la prueba en esos supuestos).

Así lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 21 de diciembre de 2009, por ejemplo) al establecer que "nuestro recurso de apelación constituye un juicio revisor del de primera instancia, y no ex novo fuera de todo límite, hay límites: las partes con sus impugnaciones acotan el ámbito del juicio; el material objeto de éste es el mismo de primera instancia, fuera de excepcionales casos de hechos nuevos o de nuevo conocimiento, o de nuevas pruebas; la reformatio in peius está excluida. Pero fuera de ellos, la apelación es un recurso ordinario que sitúa al Tribunal llamado a resolverla en la misma posición del Juzgador de primera instancia respecto de alegaciones, pruebas y peticiones, con facultades para conocer del litigio, valorar las pruebas y aplicar el derecho que corresponda, todo ello según su propio criterio.

Cosa distinta es que en la revisión de la prueba el tribunal de la apelación comparta, por su racionalidad y justeza, la valoración de la sentencia apelada y las conclusiones alcanzadas como consecuencia de esta operación que en lo aquí se refiere, y respecto a la conclusión obtenida por la Juez a quo una vez valorada la prueba practicada y los hechos que tiene por acreditados, NO es compartida en esta alzada.

TERCERO.- DE LOS HECHOS ACREDITADOS.-

Expuesto lo que antecede, resulta que son hechos acreditados en la instancia conforme al resultado de toda la prueba practicada y obrante en las actuaciones, hechos que no han sido desvirtuados en el presente recurso y que esta Sala asume en su integridad, los siguientes:

"D. Esteban sufrió las quemaduras que lamentablemente ocasionaron con posterioridad su fallecimiento, mientras maniobraba su vehículo con matrícula nº NUM000, asegurado en Allianz S.A., para cambiar de dirección en la carretera, al haber sido sorprendido por un incendio forestal, cuando se dirigían por la carretera ZA-P[1]2434 a Tábara y mientras trataba de salvar la vida a su padre, antes que la suya propia, sacándole del vehículo, reaccionando de forma verdaderamente loable, dada la peligrosidad de la situación en la que se encontraban".

A dicha conclusión llega la Juez de instancia una vez valorada toda la prueba practicada y obrante en las actuaciones, así: la prueba documental (especialmente el Atestado de la Guardia Civil), la testifical del agente de la Guardia Civil que intervino en la confección del mismo (con TIP nº NUM001), del agente que llevó a cabo la entrevista del padre y del hermano de D. Esteban, sobre los hechos acaecidos y que realizó la inspección ocular (con TIP nº NUM002) y el agente que socorrió a D. Esteban y a su padre (con TIP nº NUM003), así como la testifical del hermano del fallecido D. Darío.

Expone así mismo la resolución recurrida que: en el Atestado se recogen las manifestaciones de D. Pascual sobre como se produjo el accidente, único testigo presencial de los hechos, el cual refirió que al tratar de evitar el incendio, el vehículo comenzó a arder cuando la parte izquierda del vehículo quedó pegada al guarda raíl, así como que tras sacarle del vehículo, quitándole el cinturón y empujándole fuera del mismo, pudo ver que su hijo, que estaba en el interior del vehículo, se encontraba en llamasy se le estaba quemando el pelo de la cabeza, y que D. Esteban salió del coche ardiendo en llamas. En cuanto a la testifical de D. Darío, su relación familiar con el demandante y con el fallecido, y su condición de heredero, que en consecuencia resultaría beneficiado de dictarse una sentencia estimatoria, no permiten prescindir de su testimonio. Y ello teniendo en cuenta que lo referido por D. Darío en el acto del juicio, coincide plenamente con lo manifestado por él y su padre D. Pascual, en su declaración ante el agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM002, con carácter previo a la presentación de la demanda y que se recoge en el Atestado. Así, D. Darío refirió que en el momento del siniestro, mientras su hermano iba conduciendo el vehículo con su padre, por la carretera en dirección a Tábara,él iba hablando con su hermano, por teléfono mediante el sistema de manos libres, y que D. Esteban le iba relatando lo que ocurría. Esto es, que el incendio les había sorprendido cuando iban circulando con el vehículo, por la carretera en dirección a la localidad de Tábara, que D. Esteban le dijo que estaba ardiendo el coche, y él le indicó que sacase a su padre, por lo que D. Esteban, procedió a quitarle el cinturón a su padre, y a abrir la puerta, manifestándole a continuación que se estaba quemando él. Extremos estos que le narró también su padre. El agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM004 , refirió que se encontró con D. Esteban y con su padre cuando andaban por la carretera, que D. Esteban presentaba quemaduras, y que los metió en su coche. Así mismo refirió que el coche ardía y estaba situado transversalmente en la carretera.Por su parte, el agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM001 y el agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM002 se ratificaron en lo dispuesto en el Atestado, precisando este último, que la situación del vehículo era compatible con lo que relataron, tanto D. Pascual como D. Darío.

Los resaltados en negrita son nuestros.

CUARTO.- DE LA JURISPRUDENCIA Y EL CASO CONCRETO.-

I-) DE LA Jurisprudencia.-

Partiendo de los hechos que se han tenido por acreditados, hemos de entrar a resolver la cuestión controvertida, cuestión que no es otra que el determinar si los mismos han de encuadrarse como accidente de la circulación o, por el contrario, los hechos son ajenos a aquella, dado que la respuesta que se dé a tal cuestión determinará que los hechos se encuentren cubiertos por la póliza y por ello, la estimación o no del motivo principal del recurso.

A tal efecto, ha de señalarse que el TRLRCSCVM no define lo que se entiende por "hecho de la circulación", aunque sí que pone el acento en el riesgo creado por la conducción del vehículo, al proclamar que el conductor de vehículos a motor "es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación".Y el art. 2.1 del RGC dispone: "A los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la cobertura del seguro obligatorio regulado en este Reglamento, se entienden por hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común".

Por ello, y dada la falta de definición del concepto que nos ocupa, habrá de acudir necesariamente para su resolución a analizar la última Jurisprudencia existente sobre tal cuestión, Jurisprudencia conforme a la cual: la noción de "hecho de la circulación"debe interpretarse de forma no restrictiva, y ello por cuanto, el elemento fundamental de tal concepto es "el riesgo circulatorio",que comprende incluso los supuestos en que el vehículo no esté en movimiento, sino parado. Así, los riesgos cubiertos no serán sólo los producidos por el hecho físico del desplazamiento del vehículo sino también todos aquellos que con ocasión del uso propio del automóvil puedan producirse en tanto que integren la noción de riesgo circulatorio.

A este respecto, la doctrina y jurisprudencia vienen considerando que el concepto de "hecho de circulación" tiene un carácter fáctico, que para poder definirlo es necesario atender a una compleja serie de factores, como el tipo de vehículo utilizado en cada caso, la actividad que están destinados a desempeñar y el lugar en que acaece el hecho dañoso. La norma general es que los hechos de circulación, valorables como tales a los fines que nos ocupan, van ligados a la dinámica propia del vehículo de motor y a su desplazamiento en el espacio para la finalidad de transporte a que responden.

Incluso dicha Jurisprudencia ha manifestado que en el marco del seguro de responsabilidad civil, no es necesario que el vehículo esté en movimiento para que podamos hablar de accidentes de circulación, sino que lo decisivo será que los hechos estén dentro del ámbito de la circulación; es decir, que formen parte del riesgo circulatorio. Los ejemplos más cotidianos son los incendios de vehículos que ocasionan daños a otros vehículos o bienes, las caídas de motos o desplazamiento de vehículos sin estar en marcha con el mismo efecto, los daños producidos al subir o bajar de un vehículo, etc., respecto de los que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia se inclina por entender estos casos como hechos de la circulación, bien porque se piensa que forman parte del riesgo circulatorio -fallos eléctricos, cortocircuitos, estacionar el coche sin activar los elementos de seguridad, etc.-, bien por los efectos del criterio de imputación de responsabilidad del TRLRCSCVM, que obliga a la entidad aseguradora del causante a probar, por ejemplo, que el incendio del vehículo por el que responde fue debido a fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

Y, es que, en la progresiva ampliación del concepto de "hecho de la circulación" ha sido determinante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, incluyendo en dicho concepto casos y supuestos que derivan de una causa exógena al hecho propio circulatorio. Así, empezó con la STJUE de 4 de septiembre de 2014, Vnuk (C-162/13 , EU:C:2014:2146),que afirmó que, si un vehículo realiza una función que le es habitual, estaríamos ante un hecho de la circulación, y siguió con las SSTJUE de 28 de noviembre de 2017, Rodrigues de Andrade (C-514/16 , EU:C:2017:908),de 20 de diciembre de 2017, Núñez Torreiro ( C-334/16 , EU:C:2017:1007),4 de septiembre de 2018, Juliana ( C-80/17 ,ECLI: EU:C:2018:661),y 15 de noviembre de 2018, Balcia Insurance ( C-648/17 ,ECLI: EU:C:2018:917),que estableció que el concepto de "circulación de vehículos"a que se refiere la Directiva 72/166/CEE comprende una situación en la que el pasajero de un vehículo estacionado en un aparcamiento, al abrir la puerta de ese vehículo, golpea y daña el vehículo que se halla estacionado a su lado.

Más recientemente, se ha vuelto a pronunciar sobre esta materia la STJUE de 20 de junio de 2019, LDA (C-100/18 ,ECLI: EU:C:2019:517),a raiz de una cuestión planteada por nuestro Tribunal Supremo y tiene que ver con los daños provocados a raíz del incendio sufrido en el circuito eléctrico de un vehículo, adquirido por su propietario días antes y que, en el momento de ocurrir el incendio, se encontraba aparcado en el interior del garaje de una vivienda unifamiliar, donde llevaba estacionado sin circular desde hacía más de veinticuatro horas. El Tribunal le pregunta al Tribunal comunitario si se opone al artículo 3 de la Directiva 2009/103 /CE ,una interpretación que incluya en la cobertura del seguro obligatorio los daños causados por el incendio de un vehículo parado cuando el incendio tiene su origen en los mecanismos necesarios para desempeñar la función de transporte del vehículo. El TJUE razona que el estacionamiento y el período de inmovilización del vehículo son estadios naturales y necesarios que forman parte integrante de su utilización como medio de transporte, de manera que un vehículo se utiliza conforme a su función de medio de transporte cuando está en movimiento, pero también, en principio, mientras se encuentra estacionado entre dos desplazamientos; en consecuencia, el estacionamiento del vehículo en un garaje privado constituye una utilización de este conforme a su función de medio de transporte, sin que el hecho de que el vehículo llevase más de 24 horas estacionado en el garaje desvirtúe esta conclusión, puesto que el estacionamiento de un vehículo presupone su inmovilización, en ocasiones durante un período prolongado, hasta el siguiente desplazamiento. Con estas premisas, la sentencia concluye que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos"una situación en la que un vehículo estacionado en un garaje privado de un inmueble arde, provocando un incendio cuyo origen está en el circuito eléctrico del vehículo y causando daños en el inmueble, a pesar de que el vehículo llevara más de 24 horas parado en el momento en que se produjo el incendio.

197.- El Auto del TJUE de 11 de diciembre de 2019, Bueno/Zurich (C-431/2018 ,ECLI: EU:C:2019:1082),con ocasión de un siniestro en que una persona que iba a recoger el vehículo de su propiedad, estacionado en un garaje, resbaló al pisar una mancha de aceite provocada por los escapes de otro vehículo, sufriendo daños personales, después de recordar las anteriores sentencias sobre esta cuestión, señalando que el hecho de que el vehículo que haya intervenido en un accidente estuviera inmovilizado en el momento en que se produjo no excluye, por sí solo, que el uso del vehículo en ese momento pueda estar comprendido en su función de medio de transporte y, en consecuencia, en el concepto de "circulación de vehículos",a efectos del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CEE ,como tampoco es determinante que el motor del vehículo en cuestión estuviera o no en marcha en el momento de producirse el accidente, resuelve que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos",que figura en esta disposición, una situación en la que un vehículo que ha realizado maniobras o que ha sido estacionado en un garaje privado, conforme a su función de medio de transporte, propicia un accidente acaecido en ese garaje.

En suma, como destaca el TJUE, la hermenéutica de este concepto ha evolucionado, al compás de la normativa aplicable ( Directiva de Automóviles 2009/103/CEE ),con el objetivo de protección de las víctimas o perjudicados por el accidente causado por un vehículo.

II-) DEL CASO CONCRETO.-

En el presente caso, nos hallamos, tal y como resulta de los hechos acreditados, ante un siniestro originado en un vehículo de motor, mientras el mismo se dirigía por una carretera provincial a una determinada localidad de Zamora, Tábara, momento en el que se ve sorprendido con que el incendio originado en la Sierra de Culebra había llegado a la carretera y tratando de evitarlo se realizan por el conductor determinadas maniobras con el vehículo, con la intención de escapar, de dar la vuelta y salir y huir de las llamas, no siendo ello posible al quedar el vehículo enganchado al guarda rail de la carretera, por lo que finalmente las llamas alcanzaron al copiloto (expulsado del vehículo por el conductor), y al conductor mismo, que aunque finalmente logra salir del vehículo las llamas ya se habían hecho pasto del turismo y afectado directamente al conductor, causándole lesiones que tristemente le ocasionaron finalmente la muerte.

De los hechos expuestos, esta Sala no puede llegar sino a la conclusión contraria a la alcanzada en la instancia, pues entendemos que el suceso hay que encuadrarle como hecho de la circulación, pues el mismo sucede en una carretera, mientras se circulaba por la misma, siendo al realizar maniobras con el vehículo para escapar del incendio cuando el coche queda enganchado o pegado al guarda rail de la carretera (elemento de protección de la vía), no pudiendo huir del lugar y resultando el conductor afectado por las llamas en el interior del vehículo, causándole quemaduras que determinaron la muerte.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la póliza Auto plus suscrita con la aseguradora demandada, y dentro de las garantías complementarias a la responsabilidad civil obligatoria suscrita por el asegurado, resulta garantizada: "La percepción de un capital en caso de accidente de circulación en que se halle involucrado el vehículo asegurado, cuando el conductor autorizado por el propietario sufra: Muerte", página 12 de la póliza de seguro aportada como documento nº 5 de la demanda. Para este prestación objeto de cobertura se garantiza un capital de 100.000 Euros.

Este supuesto resulta totalmente encuadrable en la cláusula de la póliza trascrita, pues conforme se ha manifestado entendemos que el triste suceso que da origen a la presente reclamación es un hecho derivado de un accidente de circulación, pues no solamente ocurre con un vehículo y en una carretera, sino cuando se estaba maniobrando con el mismo para intentar escapar del incendio, hecho este que se ve imposibilitado al quedar enganchado o pegado al guarda rail de la carretera, motivos todos ellos que han de llevar a la íntegra estimación de la demanda y por ello del recurso interpuesto.

QUINTO.- DE LOS INTERESES.-

Resta por resolver la PRETENSIÓN relativa a los intereses del art 20 de la LCS, pretensión a la que se opone la aseguradora demandada al entender aplicable lo dispuesto en el apartado 8 del art 20.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, así STS de 20-9-2011, entre otras muchas, en la que establece: "Según el artículo 20.8 de la LCS , el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso. Admitir, sin más, que no se pagan intereses cuando la obligación y el pago se fijan en la sentencia supone tanto como dejar sin contenido una norma que es regla de aplicación y no excepción, habiendo declarado esta Sala -STS 19 de junio 2008 - que "la oposición que llega a un proceso hasta su terminación normal por sentencia, que agota las instancias e incluso acude a casación, no puede considerarse causa justificada o no imputable, sino todo lo contrario" y que tampoco puede ampararse en la iliquidez de la deuda, ya que el derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que finalmente fija el "quantum" tiene naturaleza declarativa, no constitutiva, es decir, no crea un derecho "ex novo" sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al asegurado desde que se produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura. No se trata, en definitiva, de la respuesta a un incumplimiento de la obligación cuantificada o liquidada en la sentencia, sino de una obligación que es previa a la decisión jurisdiccional, que ya le pertenecía y debía haberle sido atribuido al acreedor ( SSTS 29 de noviembre de 2005 ; 3 de mayo de 2006 ; 20 de abril y 4 de junio 2009 ; 7 de enero y 23 de junio de 2010 ; 19 de mayo 2011 )". En la misma línea la Sentencia de 28-9-2011.

Atendiendo a lo anterior, procede señalar que no existe causa justificada para entender que la aseguradora se opuso al pago de la indemnización por causa justificada puesto que de los datos expuestos los hechos resultaban cubiertos por la póliza de responsabilidad civil suplementaria al ser un hecho de la circulación en virtud del cual se reclamaba.

SEXTO.- Respectoa las costas de instancia serán a cargo de la aseguradora demandada, art 394 de la LEC.

Al estimarse el recurso de apelación no se hace expresa imposición de las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el art 398 de la LEC, en su redacción anterior a la reforma producida por el RDL 6/2023.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,

PRIMERO.- DE LA POSICIÓN DE LAS PARTES EN EL PLEITO.-

Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de nº 3 de Zamora, se dictó sentencia en fecha 3 DE ABRIL de 2025, en los autos de juicio Ordinario 537/2023, sentencia cuya parte dispositiva acordaba: "Desestimar la demanda presentada por Dña. Adelaida en su propio nombre y derecho y en beneficio de la comunidad hereditaria, representada por la Procuradora Dña. Elisa Arias Rodríguez, contra Allianz S.A. representado por la Procuradora Dña. Manuela de Prada Maestre, absolviendo a la compañía aseguradora demandada de las pretensiones contra ella formuladas de contrario. Sin expresa imposición de las costas procesales.".

Frente a dicha resolución se interpone recurso de apelación por la actora, alegando como motivos de impugnación, el error en el que incurre la Juzgadora de Instancia al concluir que los hechos que han sido probados y en virtud de los cuales se reclama a la compañía aseguradora no son hechos de la circulación y por ello no resultan cubiertos por el seguro voluntario suscrito por el asegurado con la Compañía de seguros demandada. Entiende la parte, que la muerte del conductor por las quemaduras al entrar el fuego en la cabina, derivan de accidente de circulación y por ello están cubiertos por la póliza de seguro, y ello, de conformidad con la Jurisprudencia que interpreta que ha de entenderse por hecho derivado de la circulación. Subsidiariamente, alega, que de no entenderse lo anterior estaríamos ante una cláusula limitativa de derechos y por lo tanto nula, de conformidad con lo dispuesto en el art 3 de la LCS. Opone igualmente, infracción de los preceptos del CC relativos a la interpretación de los contratos y la oscuridad de la redacción de la cláusula que ha de perjudicar a la aseguradora, pues el asegurado al suscribir el mismo y asegurar la muerte en caso de accidente del conductor del vehículo, en forma alguna pudo representarse que dicho aseguramiento no abarcara supuestos como el presente. Solicita por ello la estimación del recurso con revocación de la resolución recurrida e íntegra estimación de la demanda, debiendo condenar a la compañía de seguros al pago de los 100.000 € de indemnización, más los intereses del art 20 de la LCS.

A dicho recurso se opone la aseguradora demandada al considerar conforme a derecho la resolución recurrida. Mantiene la correcta valoración de la prueba llevada a cabo por la Juez a quo, sin que resulten admisibles las alegaciones realizadas por la parte recurrente, pues conforme al resultado de la prueba practicada resulta claro que, los hechos en virtud se reclama no se encuentran asegurados pues resultan de un hecho extraño a la circulación del vehículo, tal y como ha sido apreciado por la Juez a quo. Mantiene que no existe clausula limitativa alguna, la naturaleza de la cláusula de la póliza sólo puede considerarse delimitadora por cuanto la condición relativa a la cobertura de accidentes corporales se encuentra dentro del seguro voluntario y sólo puede interpretarse como delimitadora del objeto del seguro pactado entre las partes y, en consecuencia, no está sujeta a los requisitos del art. 3 de la L.C.S. Se opone en último extremo a la aplicación de los intereses del art 20 de la LCS al entender que sería aplicable lo dispuesto en el apartado 8 de dicho precepto y existir causa justificada de la negativa de la aseguradora a indemnizar. Solicita la confirmación de dicha resolución en todas sus partes debiendo desestimarse íntegramente los motivos de apelación alegados por la apelante.

SEGUNDO.-DE LA SEGUNDA INSTANCIA.-

Expuesta la posición mantenida por las partes en el presente litigio procede comenzar esta resolución por señalar, dado el motivo de apelación en el que la parte fundamenta su recurso, el error en la valoración de la prueba en que incurre la Juzgadora a quo, que la apreciación de los hechos es generalmente una "questio facti", lo cual supone, que la fijación de su realidad o existencia corresponde a la función soberana de los tribunales de primera instancia, aun cuando en la valoración de la prueba ha de señalarse que el tribunal de apelación se encuentra al fallar en la misma situación que el juez de primera instancia al dictar la sentencia impugnada, y con las mismas facultades en orden a la valoración de la prueba. Es decir, el tribunal valora la prueba con entera libertad de criterio de manera que, en esa faceta, no se encuentra limitado o restringido de alguna manera por la valoración del órgano a quo, valoración que puede revisar en todo su extensión y que no se encuentra supeditada a que merezca la calificación de arbitraria, irracional o ilógica y se ponga ello de manifiesto con toda evidencia, pues de ser así supondría desvirtuar una de las funciones propias de la apelación como recurso ordinario para conferirle el carácter de extraordinario, asimilándolo a una casación (en la que, en efecto, solo cabe la revisión de la prueba en esos supuestos).

Así lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 21 de diciembre de 2009, por ejemplo) al establecer que "nuestro recurso de apelación constituye un juicio revisor del de primera instancia, y no ex novo fuera de todo límite, hay límites: las partes con sus impugnaciones acotan el ámbito del juicio; el material objeto de éste es el mismo de primera instancia, fuera de excepcionales casos de hechos nuevos o de nuevo conocimiento, o de nuevas pruebas; la reformatio in peius está excluida. Pero fuera de ellos, la apelación es un recurso ordinario que sitúa al Tribunal llamado a resolverla en la misma posición del Juzgador de primera instancia respecto de alegaciones, pruebas y peticiones, con facultades para conocer del litigio, valorar las pruebas y aplicar el derecho que corresponda, todo ello según su propio criterio.

Cosa distinta es que en la revisión de la prueba el tribunal de la apelación comparta, por su racionalidad y justeza, la valoración de la sentencia apelada y las conclusiones alcanzadas como consecuencia de esta operación que en lo aquí se refiere, y respecto a la conclusión obtenida por la Juez a quo una vez valorada la prueba practicada y los hechos que tiene por acreditados, NO es compartida en esta alzada.

TERCERO.- DE LOS HECHOS ACREDITADOS.-

Expuesto lo que antecede, resulta que son hechos acreditados en la instancia conforme al resultado de toda la prueba practicada y obrante en las actuaciones, hechos que no han sido desvirtuados en el presente recurso y que esta Sala asume en su integridad, los siguientes:

"D. Esteban sufrió las quemaduras que lamentablemente ocasionaron con posterioridad su fallecimiento, mientras maniobraba su vehículo con matrícula nº NUM000, asegurado en Allianz S.A., para cambiar de dirección en la carretera, al haber sido sorprendido por un incendio forestal, cuando se dirigían por la carretera ZA-P[1]2434 a Tábara y mientras trataba de salvar la vida a su padre, antes que la suya propia, sacándole del vehículo, reaccionando de forma verdaderamente loable, dada la peligrosidad de la situación en la que se encontraban".

A dicha conclusión llega la Juez de instancia una vez valorada toda la prueba practicada y obrante en las actuaciones, así: la prueba documental (especialmente el Atestado de la Guardia Civil), la testifical del agente de la Guardia Civil que intervino en la confección del mismo (con TIP nº NUM001), del agente que llevó a cabo la entrevista del padre y del hermano de D. Esteban, sobre los hechos acaecidos y que realizó la inspección ocular (con TIP nº NUM002) y el agente que socorrió a D. Esteban y a su padre (con TIP nº NUM003), así como la testifical del hermano del fallecido D. Darío.

Expone así mismo la resolución recurrida que: en el Atestado se recogen las manifestaciones de D. Pascual sobre como se produjo el accidente, único testigo presencial de los hechos, el cual refirió que al tratar de evitar el incendio, el vehículo comenzó a arder cuando la parte izquierda del vehículo quedó pegada al guarda raíl, así como que tras sacarle del vehículo, quitándole el cinturón y empujándole fuera del mismo, pudo ver que su hijo, que estaba en el interior del vehículo, se encontraba en llamasy se le estaba quemando el pelo de la cabeza, y que D. Esteban salió del coche ardiendo en llamas. En cuanto a la testifical de D. Darío, su relación familiar con el demandante y con el fallecido, y su condición de heredero, que en consecuencia resultaría beneficiado de dictarse una sentencia estimatoria, no permiten prescindir de su testimonio. Y ello teniendo en cuenta que lo referido por D. Darío en el acto del juicio, coincide plenamente con lo manifestado por él y su padre D. Pascual, en su declaración ante el agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM002, con carácter previo a la presentación de la demanda y que se recoge en el Atestado. Así, D. Darío refirió que en el momento del siniestro, mientras su hermano iba conduciendo el vehículo con su padre, por la carretera en dirección a Tábara,él iba hablando con su hermano, por teléfono mediante el sistema de manos libres, y que D. Esteban le iba relatando lo que ocurría. Esto es, que el incendio les había sorprendido cuando iban circulando con el vehículo, por la carretera en dirección a la localidad de Tábara, que D. Esteban le dijo que estaba ardiendo el coche, y él le indicó que sacase a su padre, por lo que D. Esteban, procedió a quitarle el cinturón a su padre, y a abrir la puerta, manifestándole a continuación que se estaba quemando él. Extremos estos que le narró también su padre. El agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM004 , refirió que se encontró con D. Esteban y con su padre cuando andaban por la carretera, que D. Esteban presentaba quemaduras, y que los metió en su coche. Así mismo refirió que el coche ardía y estaba situado transversalmente en la carretera.Por su parte, el agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM001 y el agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM002 se ratificaron en lo dispuesto en el Atestado, precisando este último, que la situación del vehículo era compatible con lo que relataron, tanto D. Pascual como D. Darío.

Los resaltados en negrita son nuestros.

CUARTO.- DE LA JURISPRUDENCIA Y EL CASO CONCRETO.-

I-) DE LA Jurisprudencia.-

Partiendo de los hechos que se han tenido por acreditados, hemos de entrar a resolver la cuestión controvertida, cuestión que no es otra que el determinar si los mismos han de encuadrarse como accidente de la circulación o, por el contrario, los hechos son ajenos a aquella, dado que la respuesta que se dé a tal cuestión determinará que los hechos se encuentren cubiertos por la póliza y por ello, la estimación o no del motivo principal del recurso.

A tal efecto, ha de señalarse que el TRLRCSCVM no define lo que se entiende por "hecho de la circulación", aunque sí que pone el acento en el riesgo creado por la conducción del vehículo, al proclamar que el conductor de vehículos a motor "es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación".Y el art. 2.1 del RGC dispone: "A los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la cobertura del seguro obligatorio regulado en este Reglamento, se entienden por hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común".

Por ello, y dada la falta de definición del concepto que nos ocupa, habrá de acudir necesariamente para su resolución a analizar la última Jurisprudencia existente sobre tal cuestión, Jurisprudencia conforme a la cual: la noción de "hecho de la circulación"debe interpretarse de forma no restrictiva, y ello por cuanto, el elemento fundamental de tal concepto es "el riesgo circulatorio",que comprende incluso los supuestos en que el vehículo no esté en movimiento, sino parado. Así, los riesgos cubiertos no serán sólo los producidos por el hecho físico del desplazamiento del vehículo sino también todos aquellos que con ocasión del uso propio del automóvil puedan producirse en tanto que integren la noción de riesgo circulatorio.

A este respecto, la doctrina y jurisprudencia vienen considerando que el concepto de "hecho de circulación" tiene un carácter fáctico, que para poder definirlo es necesario atender a una compleja serie de factores, como el tipo de vehículo utilizado en cada caso, la actividad que están destinados a desempeñar y el lugar en que acaece el hecho dañoso. La norma general es que los hechos de circulación, valorables como tales a los fines que nos ocupan, van ligados a la dinámica propia del vehículo de motor y a su desplazamiento en el espacio para la finalidad de transporte a que responden.

Incluso dicha Jurisprudencia ha manifestado que en el marco del seguro de responsabilidad civil, no es necesario que el vehículo esté en movimiento para que podamos hablar de accidentes de circulación, sino que lo decisivo será que los hechos estén dentro del ámbito de la circulación; es decir, que formen parte del riesgo circulatorio. Los ejemplos más cotidianos son los incendios de vehículos que ocasionan daños a otros vehículos o bienes, las caídas de motos o desplazamiento de vehículos sin estar en marcha con el mismo efecto, los daños producidos al subir o bajar de un vehículo, etc., respecto de los que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia se inclina por entender estos casos como hechos de la circulación, bien porque se piensa que forman parte del riesgo circulatorio -fallos eléctricos, cortocircuitos, estacionar el coche sin activar los elementos de seguridad, etc.-, bien por los efectos del criterio de imputación de responsabilidad del TRLRCSCVM, que obliga a la entidad aseguradora del causante a probar, por ejemplo, que el incendio del vehículo por el que responde fue debido a fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

Y, es que, en la progresiva ampliación del concepto de "hecho de la circulación" ha sido determinante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, incluyendo en dicho concepto casos y supuestos que derivan de una causa exógena al hecho propio circulatorio. Así, empezó con la STJUE de 4 de septiembre de 2014, Vnuk (C-162/13 , EU:C:2014:2146),que afirmó que, si un vehículo realiza una función que le es habitual, estaríamos ante un hecho de la circulación, y siguió con las SSTJUE de 28 de noviembre de 2017, Rodrigues de Andrade (C-514/16 , EU:C:2017:908),de 20 de diciembre de 2017, Núñez Torreiro ( C-334/16 , EU:C:2017:1007),4 de septiembre de 2018, Juliana ( C-80/17 ,ECLI: EU:C:2018:661),y 15 de noviembre de 2018, Balcia Insurance ( C-648/17 ,ECLI: EU:C:2018:917),que estableció que el concepto de "circulación de vehículos"a que se refiere la Directiva 72/166/CEE comprende una situación en la que el pasajero de un vehículo estacionado en un aparcamiento, al abrir la puerta de ese vehículo, golpea y daña el vehículo que se halla estacionado a su lado.

Más recientemente, se ha vuelto a pronunciar sobre esta materia la STJUE de 20 de junio de 2019, LDA (C-100/18 ,ECLI: EU:C:2019:517),a raiz de una cuestión planteada por nuestro Tribunal Supremo y tiene que ver con los daños provocados a raíz del incendio sufrido en el circuito eléctrico de un vehículo, adquirido por su propietario días antes y que, en el momento de ocurrir el incendio, se encontraba aparcado en el interior del garaje de una vivienda unifamiliar, donde llevaba estacionado sin circular desde hacía más de veinticuatro horas. El Tribunal le pregunta al Tribunal comunitario si se opone al artículo 3 de la Directiva 2009/103 /CE ,una interpretación que incluya en la cobertura del seguro obligatorio los daños causados por el incendio de un vehículo parado cuando el incendio tiene su origen en los mecanismos necesarios para desempeñar la función de transporte del vehículo. El TJUE razona que el estacionamiento y el período de inmovilización del vehículo son estadios naturales y necesarios que forman parte integrante de su utilización como medio de transporte, de manera que un vehículo se utiliza conforme a su función de medio de transporte cuando está en movimiento, pero también, en principio, mientras se encuentra estacionado entre dos desplazamientos; en consecuencia, el estacionamiento del vehículo en un garaje privado constituye una utilización de este conforme a su función de medio de transporte, sin que el hecho de que el vehículo llevase más de 24 horas estacionado en el garaje desvirtúe esta conclusión, puesto que el estacionamiento de un vehículo presupone su inmovilización, en ocasiones durante un período prolongado, hasta el siguiente desplazamiento. Con estas premisas, la sentencia concluye que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos"una situación en la que un vehículo estacionado en un garaje privado de un inmueble arde, provocando un incendio cuyo origen está en el circuito eléctrico del vehículo y causando daños en el inmueble, a pesar de que el vehículo llevara más de 24 horas parado en el momento en que se produjo el incendio.

197.- El Auto del TJUE de 11 de diciembre de 2019, Bueno/Zurich (C-431/2018 ,ECLI: EU:C:2019:1082),con ocasión de un siniestro en que una persona que iba a recoger el vehículo de su propiedad, estacionado en un garaje, resbaló al pisar una mancha de aceite provocada por los escapes de otro vehículo, sufriendo daños personales, después de recordar las anteriores sentencias sobre esta cuestión, señalando que el hecho de que el vehículo que haya intervenido en un accidente estuviera inmovilizado en el momento en que se produjo no excluye, por sí solo, que el uso del vehículo en ese momento pueda estar comprendido en su función de medio de transporte y, en consecuencia, en el concepto de "circulación de vehículos",a efectos del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CEE ,como tampoco es determinante que el motor del vehículo en cuestión estuviera o no en marcha en el momento de producirse el accidente, resuelve que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos",que figura en esta disposición, una situación en la que un vehículo que ha realizado maniobras o que ha sido estacionado en un garaje privado, conforme a su función de medio de transporte, propicia un accidente acaecido en ese garaje.

En suma, como destaca el TJUE, la hermenéutica de este concepto ha evolucionado, al compás de la normativa aplicable ( Directiva de Automóviles 2009/103/CEE ),con el objetivo de protección de las víctimas o perjudicados por el accidente causado por un vehículo.

II-) DEL CASO CONCRETO.-

En el presente caso, nos hallamos, tal y como resulta de los hechos acreditados, ante un siniestro originado en un vehículo de motor, mientras el mismo se dirigía por una carretera provincial a una determinada localidad de Zamora, Tábara, momento en el que se ve sorprendido con que el incendio originado en la Sierra de Culebra había llegado a la carretera y tratando de evitarlo se realizan por el conductor determinadas maniobras con el vehículo, con la intención de escapar, de dar la vuelta y salir y huir de las llamas, no siendo ello posible al quedar el vehículo enganchado al guarda rail de la carretera, por lo que finalmente las llamas alcanzaron al copiloto (expulsado del vehículo por el conductor), y al conductor mismo, que aunque finalmente logra salir del vehículo las llamas ya se habían hecho pasto del turismo y afectado directamente al conductor, causándole lesiones que tristemente le ocasionaron finalmente la muerte.

De los hechos expuestos, esta Sala no puede llegar sino a la conclusión contraria a la alcanzada en la instancia, pues entendemos que el suceso hay que encuadrarle como hecho de la circulación, pues el mismo sucede en una carretera, mientras se circulaba por la misma, siendo al realizar maniobras con el vehículo para escapar del incendio cuando el coche queda enganchado o pegado al guarda rail de la carretera (elemento de protección de la vía), no pudiendo huir del lugar y resultando el conductor afectado por las llamas en el interior del vehículo, causándole quemaduras que determinaron la muerte.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la póliza Auto plus suscrita con la aseguradora demandada, y dentro de las garantías complementarias a la responsabilidad civil obligatoria suscrita por el asegurado, resulta garantizada: "La percepción de un capital en caso de accidente de circulación en que se halle involucrado el vehículo asegurado, cuando el conductor autorizado por el propietario sufra: Muerte", página 12 de la póliza de seguro aportada como documento nº 5 de la demanda. Para este prestación objeto de cobertura se garantiza un capital de 100.000 Euros.

Este supuesto resulta totalmente encuadrable en la cláusula de la póliza trascrita, pues conforme se ha manifestado entendemos que el triste suceso que da origen a la presente reclamación es un hecho derivado de un accidente de circulación, pues no solamente ocurre con un vehículo y en una carretera, sino cuando se estaba maniobrando con el mismo para intentar escapar del incendio, hecho este que se ve imposibilitado al quedar enganchado o pegado al guarda rail de la carretera, motivos todos ellos que han de llevar a la íntegra estimación de la demanda y por ello del recurso interpuesto.

QUINTO.- DE LOS INTERESES.-

Resta por resolver la PRETENSIÓN relativa a los intereses del art 20 de la LCS, pretensión a la que se opone la aseguradora demandada al entender aplicable lo dispuesto en el apartado 8 del art 20.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, así STS de 20-9-2011, entre otras muchas, en la que establece: "Según el artículo 20.8 de la LCS , el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso. Admitir, sin más, que no se pagan intereses cuando la obligación y el pago se fijan en la sentencia supone tanto como dejar sin contenido una norma que es regla de aplicación y no excepción, habiendo declarado esta Sala -STS 19 de junio 2008 - que "la oposición que llega a un proceso hasta su terminación normal por sentencia, que agota las instancias e incluso acude a casación, no puede considerarse causa justificada o no imputable, sino todo lo contrario" y que tampoco puede ampararse en la iliquidez de la deuda, ya que el derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que finalmente fija el "quantum" tiene naturaleza declarativa, no constitutiva, es decir, no crea un derecho "ex novo" sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al asegurado desde que se produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura. No se trata, en definitiva, de la respuesta a un incumplimiento de la obligación cuantificada o liquidada en la sentencia, sino de una obligación que es previa a la decisión jurisdiccional, que ya le pertenecía y debía haberle sido atribuido al acreedor ( SSTS 29 de noviembre de 2005 ; 3 de mayo de 2006 ; 20 de abril y 4 de junio 2009 ; 7 de enero y 23 de junio de 2010 ; 19 de mayo 2011 )". En la misma línea la Sentencia de 28-9-2011.

Atendiendo a lo anterior, procede señalar que no existe causa justificada para entender que la aseguradora se opuso al pago de la indemnización por causa justificada puesto que de los datos expuestos los hechos resultaban cubiertos por la póliza de responsabilidad civil suplementaria al ser un hecho de la circulación en virtud del cual se reclamaba.

SEXTO.- Respectoa las costas de instancia serán a cargo de la aseguradora demandada, art 394 de la LEC.

Al estimarse el recurso de apelación no se hace expresa imposición de las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el art 398 de la LEC, en su redacción anterior a la reforma producida por el RDL 6/2023.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,

PRIMERO.- DE LA POSICIÓN DE LAS PARTES EN EL PLEITO.-

Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de nº 3 de Zamora, se dictó sentencia en fecha 3 DE ABRIL de 2025, en los autos de juicio Ordinario 537/2023, sentencia cuya parte dispositiva acordaba: "Desestimar la demanda presentada por Dña. Adelaida en su propio nombre y derecho y en beneficio de la comunidad hereditaria, representada por la Procuradora Dña. Elisa Arias Rodríguez, contra Allianz S.A. representado por la Procuradora Dña. Manuela de Prada Maestre, absolviendo a la compañía aseguradora demandada de las pretensiones contra ella formuladas de contrario. Sin expresa imposición de las costas procesales.".

Frente a dicha resolución se interpone recurso de apelación por la actora, alegando como motivos de impugnación, el error en el que incurre la Juzgadora de Instancia al concluir que los hechos que han sido probados y en virtud de los cuales se reclama a la compañía aseguradora no son hechos de la circulación y por ello no resultan cubiertos por el seguro voluntario suscrito por el asegurado con la Compañía de seguros demandada. Entiende la parte, que la muerte del conductor por las quemaduras al entrar el fuego en la cabina, derivan de accidente de circulación y por ello están cubiertos por la póliza de seguro, y ello, de conformidad con la Jurisprudencia que interpreta que ha de entenderse por hecho derivado de la circulación. Subsidiariamente, alega, que de no entenderse lo anterior estaríamos ante una cláusula limitativa de derechos y por lo tanto nula, de conformidad con lo dispuesto en el art 3 de la LCS. Opone igualmente, infracción de los preceptos del CC relativos a la interpretación de los contratos y la oscuridad de la redacción de la cláusula que ha de perjudicar a la aseguradora, pues el asegurado al suscribir el mismo y asegurar la muerte en caso de accidente del conductor del vehículo, en forma alguna pudo representarse que dicho aseguramiento no abarcara supuestos como el presente. Solicita por ello la estimación del recurso con revocación de la resolución recurrida e íntegra estimación de la demanda, debiendo condenar a la compañía de seguros al pago de los 100.000 € de indemnización, más los intereses del art 20 de la LCS.

A dicho recurso se opone la aseguradora demandada al considerar conforme a derecho la resolución recurrida. Mantiene la correcta valoración de la prueba llevada a cabo por la Juez a quo, sin que resulten admisibles las alegaciones realizadas por la parte recurrente, pues conforme al resultado de la prueba practicada resulta claro que, los hechos en virtud se reclama no se encuentran asegurados pues resultan de un hecho extraño a la circulación del vehículo, tal y como ha sido apreciado por la Juez a quo. Mantiene que no existe clausula limitativa alguna, la naturaleza de la cláusula de la póliza sólo puede considerarse delimitadora por cuanto la condición relativa a la cobertura de accidentes corporales se encuentra dentro del seguro voluntario y sólo puede interpretarse como delimitadora del objeto del seguro pactado entre las partes y, en consecuencia, no está sujeta a los requisitos del art. 3 de la L.C.S. Se opone en último extremo a la aplicación de los intereses del art 20 de la LCS al entender que sería aplicable lo dispuesto en el apartado 8 de dicho precepto y existir causa justificada de la negativa de la aseguradora a indemnizar. Solicita la confirmación de dicha resolución en todas sus partes debiendo desestimarse íntegramente los motivos de apelación alegados por la apelante.

SEGUNDO.-DE LA SEGUNDA INSTANCIA.-

Expuesta la posición mantenida por las partes en el presente litigio procede comenzar esta resolución por señalar, dado el motivo de apelación en el que la parte fundamenta su recurso, el error en la valoración de la prueba en que incurre la Juzgadora a quo, que la apreciación de los hechos es generalmente una "questio facti", lo cual supone, que la fijación de su realidad o existencia corresponde a la función soberana de los tribunales de primera instancia, aun cuando en la valoración de la prueba ha de señalarse que el tribunal de apelación se encuentra al fallar en la misma situación que el juez de primera instancia al dictar la sentencia impugnada, y con las mismas facultades en orden a la valoración de la prueba. Es decir, el tribunal valora la prueba con entera libertad de criterio de manera que, en esa faceta, no se encuentra limitado o restringido de alguna manera por la valoración del órgano a quo, valoración que puede revisar en todo su extensión y que no se encuentra supeditada a que merezca la calificación de arbitraria, irracional o ilógica y se ponga ello de manifiesto con toda evidencia, pues de ser así supondría desvirtuar una de las funciones propias de la apelación como recurso ordinario para conferirle el carácter de extraordinario, asimilándolo a una casación (en la que, en efecto, solo cabe la revisión de la prueba en esos supuestos).

Así lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 21 de diciembre de 2009, por ejemplo) al establecer que "nuestro recurso de apelación constituye un juicio revisor del de primera instancia, y no ex novo fuera de todo límite, hay límites: las partes con sus impugnaciones acotan el ámbito del juicio; el material objeto de éste es el mismo de primera instancia, fuera de excepcionales casos de hechos nuevos o de nuevo conocimiento, o de nuevas pruebas; la reformatio in peius está excluida. Pero fuera de ellos, la apelación es un recurso ordinario que sitúa al Tribunal llamado a resolverla en la misma posición del Juzgador de primera instancia respecto de alegaciones, pruebas y peticiones, con facultades para conocer del litigio, valorar las pruebas y aplicar el derecho que corresponda, todo ello según su propio criterio.

Cosa distinta es que en la revisión de la prueba el tribunal de la apelación comparta, por su racionalidad y justeza, la valoración de la sentencia apelada y las conclusiones alcanzadas como consecuencia de esta operación que en lo aquí se refiere, y respecto a la conclusión obtenida por la Juez a quo una vez valorada la prueba practicada y los hechos que tiene por acreditados, NO es compartida en esta alzada.

TERCERO.- DE LOS HECHOS ACREDITADOS.-

Expuesto lo que antecede, resulta que son hechos acreditados en la instancia conforme al resultado de toda la prueba practicada y obrante en las actuaciones, hechos que no han sido desvirtuados en el presente recurso y que esta Sala asume en su integridad, los siguientes:

"D. Esteban sufrió las quemaduras que lamentablemente ocasionaron con posterioridad su fallecimiento, mientras maniobraba su vehículo con matrícula nº NUM000, asegurado en Allianz S.A., para cambiar de dirección en la carretera, al haber sido sorprendido por un incendio forestal, cuando se dirigían por la carretera ZA-P[1]2434 a Tábara y mientras trataba de salvar la vida a su padre, antes que la suya propia, sacándole del vehículo, reaccionando de forma verdaderamente loable, dada la peligrosidad de la situación en la que se encontraban".

A dicha conclusión llega la Juez de instancia una vez valorada toda la prueba practicada y obrante en las actuaciones, así: la prueba documental (especialmente el Atestado de la Guardia Civil), la testifical del agente de la Guardia Civil que intervino en la confección del mismo (con TIP nº NUM001), del agente que llevó a cabo la entrevista del padre y del hermano de D. Esteban, sobre los hechos acaecidos y que realizó la inspección ocular (con TIP nº NUM002) y el agente que socorrió a D. Esteban y a su padre (con TIP nº NUM003), así como la testifical del hermano del fallecido D. Darío.

Expone así mismo la resolución recurrida que: en el Atestado se recogen las manifestaciones de D. Pascual sobre como se produjo el accidente, único testigo presencial de los hechos, el cual refirió que al tratar de evitar el incendio, el vehículo comenzó a arder cuando la parte izquierda del vehículo quedó pegada al guarda raíl, así como que tras sacarle del vehículo, quitándole el cinturón y empujándole fuera del mismo, pudo ver que su hijo, que estaba en el interior del vehículo, se encontraba en llamasy se le estaba quemando el pelo de la cabeza, y que D. Esteban salió del coche ardiendo en llamas. En cuanto a la testifical de D. Darío, su relación familiar con el demandante y con el fallecido, y su condición de heredero, que en consecuencia resultaría beneficiado de dictarse una sentencia estimatoria, no permiten prescindir de su testimonio. Y ello teniendo en cuenta que lo referido por D. Darío en el acto del juicio, coincide plenamente con lo manifestado por él y su padre D. Pascual, en su declaración ante el agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM002, con carácter previo a la presentación de la demanda y que se recoge en el Atestado. Así, D. Darío refirió que en el momento del siniestro, mientras su hermano iba conduciendo el vehículo con su padre, por la carretera en dirección a Tábara,él iba hablando con su hermano, por teléfono mediante el sistema de manos libres, y que D. Esteban le iba relatando lo que ocurría. Esto es, que el incendio les había sorprendido cuando iban circulando con el vehículo, por la carretera en dirección a la localidad de Tábara, que D. Esteban le dijo que estaba ardiendo el coche, y él le indicó que sacase a su padre, por lo que D. Esteban, procedió a quitarle el cinturón a su padre, y a abrir la puerta, manifestándole a continuación que se estaba quemando él. Extremos estos que le narró también su padre. El agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM004 , refirió que se encontró con D. Esteban y con su padre cuando andaban por la carretera, que D. Esteban presentaba quemaduras, y que los metió en su coche. Así mismo refirió que el coche ardía y estaba situado transversalmente en la carretera.Por su parte, el agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM001 y el agente de la Guardia Civil con TIP nº NUM002 se ratificaron en lo dispuesto en el Atestado, precisando este último, que la situación del vehículo era compatible con lo que relataron, tanto D. Pascual como D. Darío.

Los resaltados en negrita son nuestros.

CUARTO.- DE LA JURISPRUDENCIA Y EL CASO CONCRETO.-

I-) DE LA Jurisprudencia.-

Partiendo de los hechos que se han tenido por acreditados, hemos de entrar a resolver la cuestión controvertida, cuestión que no es otra que el determinar si los mismos han de encuadrarse como accidente de la circulación o, por el contrario, los hechos son ajenos a aquella, dado que la respuesta que se dé a tal cuestión determinará que los hechos se encuentren cubiertos por la póliza y por ello, la estimación o no del motivo principal del recurso.

A tal efecto, ha de señalarse que el TRLRCSCVM no define lo que se entiende por "hecho de la circulación", aunque sí que pone el acento en el riesgo creado por la conducción del vehículo, al proclamar que el conductor de vehículos a motor "es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación".Y el art. 2.1 del RGC dispone: "A los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la cobertura del seguro obligatorio regulado en este Reglamento, se entienden por hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común".

Por ello, y dada la falta de definición del concepto que nos ocupa, habrá de acudir necesariamente para su resolución a analizar la última Jurisprudencia existente sobre tal cuestión, Jurisprudencia conforme a la cual: la noción de "hecho de la circulación"debe interpretarse de forma no restrictiva, y ello por cuanto, el elemento fundamental de tal concepto es "el riesgo circulatorio",que comprende incluso los supuestos en que el vehículo no esté en movimiento, sino parado. Así, los riesgos cubiertos no serán sólo los producidos por el hecho físico del desplazamiento del vehículo sino también todos aquellos que con ocasión del uso propio del automóvil puedan producirse en tanto que integren la noción de riesgo circulatorio.

A este respecto, la doctrina y jurisprudencia vienen considerando que el concepto de "hecho de circulación" tiene un carácter fáctico, que para poder definirlo es necesario atender a una compleja serie de factores, como el tipo de vehículo utilizado en cada caso, la actividad que están destinados a desempeñar y el lugar en que acaece el hecho dañoso. La norma general es que los hechos de circulación, valorables como tales a los fines que nos ocupan, van ligados a la dinámica propia del vehículo de motor y a su desplazamiento en el espacio para la finalidad de transporte a que responden.

Incluso dicha Jurisprudencia ha manifestado que en el marco del seguro de responsabilidad civil, no es necesario que el vehículo esté en movimiento para que podamos hablar de accidentes de circulación, sino que lo decisivo será que los hechos estén dentro del ámbito de la circulación; es decir, que formen parte del riesgo circulatorio. Los ejemplos más cotidianos son los incendios de vehículos que ocasionan daños a otros vehículos o bienes, las caídas de motos o desplazamiento de vehículos sin estar en marcha con el mismo efecto, los daños producidos al subir o bajar de un vehículo, etc., respecto de los que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia se inclina por entender estos casos como hechos de la circulación, bien porque se piensa que forman parte del riesgo circulatorio -fallos eléctricos, cortocircuitos, estacionar el coche sin activar los elementos de seguridad, etc.-, bien por los efectos del criterio de imputación de responsabilidad del TRLRCSCVM, que obliga a la entidad aseguradora del causante a probar, por ejemplo, que el incendio del vehículo por el que responde fue debido a fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

Y, es que, en la progresiva ampliación del concepto de "hecho de la circulación" ha sido determinante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, incluyendo en dicho concepto casos y supuestos que derivan de una causa exógena al hecho propio circulatorio. Así, empezó con la STJUE de 4 de septiembre de 2014, Vnuk (C-162/13 , EU:C:2014:2146),que afirmó que, si un vehículo realiza una función que le es habitual, estaríamos ante un hecho de la circulación, y siguió con las SSTJUE de 28 de noviembre de 2017, Rodrigues de Andrade (C-514/16 , EU:C:2017:908),de 20 de diciembre de 2017, Núñez Torreiro ( C-334/16 , EU:C:2017:1007),4 de septiembre de 2018, Juliana ( C-80/17 ,ECLI: EU:C:2018:661),y 15 de noviembre de 2018, Balcia Insurance ( C-648/17 ,ECLI: EU:C:2018:917),que estableció que el concepto de "circulación de vehículos"a que se refiere la Directiva 72/166/CEE comprende una situación en la que el pasajero de un vehículo estacionado en un aparcamiento, al abrir la puerta de ese vehículo, golpea y daña el vehículo que se halla estacionado a su lado.

Más recientemente, se ha vuelto a pronunciar sobre esta materia la STJUE de 20 de junio de 2019, LDA (C-100/18 ,ECLI: EU:C:2019:517),a raiz de una cuestión planteada por nuestro Tribunal Supremo y tiene que ver con los daños provocados a raíz del incendio sufrido en el circuito eléctrico de un vehículo, adquirido por su propietario días antes y que, en el momento de ocurrir el incendio, se encontraba aparcado en el interior del garaje de una vivienda unifamiliar, donde llevaba estacionado sin circular desde hacía más de veinticuatro horas. El Tribunal le pregunta al Tribunal comunitario si se opone al artículo 3 de la Directiva 2009/103 /CE ,una interpretación que incluya en la cobertura del seguro obligatorio los daños causados por el incendio de un vehículo parado cuando el incendio tiene su origen en los mecanismos necesarios para desempeñar la función de transporte del vehículo. El TJUE razona que el estacionamiento y el período de inmovilización del vehículo son estadios naturales y necesarios que forman parte integrante de su utilización como medio de transporte, de manera que un vehículo se utiliza conforme a su función de medio de transporte cuando está en movimiento, pero también, en principio, mientras se encuentra estacionado entre dos desplazamientos; en consecuencia, el estacionamiento del vehículo en un garaje privado constituye una utilización de este conforme a su función de medio de transporte, sin que el hecho de que el vehículo llevase más de 24 horas estacionado en el garaje desvirtúe esta conclusión, puesto que el estacionamiento de un vehículo presupone su inmovilización, en ocasiones durante un período prolongado, hasta el siguiente desplazamiento. Con estas premisas, la sentencia concluye que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos"una situación en la que un vehículo estacionado en un garaje privado de un inmueble arde, provocando un incendio cuyo origen está en el circuito eléctrico del vehículo y causando daños en el inmueble, a pesar de que el vehículo llevara más de 24 horas parado en el momento en que se produjo el incendio.

197.- El Auto del TJUE de 11 de diciembre de 2019, Bueno/Zurich (C-431/2018 ,ECLI: EU:C:2019:1082),con ocasión de un siniestro en que una persona que iba a recoger el vehículo de su propiedad, estacionado en un garaje, resbaló al pisar una mancha de aceite provocada por los escapes de otro vehículo, sufriendo daños personales, después de recordar las anteriores sentencias sobre esta cuestión, señalando que el hecho de que el vehículo que haya intervenido en un accidente estuviera inmovilizado en el momento en que se produjo no excluye, por sí solo, que el uso del vehículo en ese momento pueda estar comprendido en su función de medio de transporte y, en consecuencia, en el concepto de "circulación de vehículos",a efectos del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CEE ,como tampoco es determinante que el motor del vehículo en cuestión estuviera o no en marcha en el momento de producirse el accidente, resuelve que está comprendida en el concepto de "circulación de vehículos",que figura en esta disposición, una situación en la que un vehículo que ha realizado maniobras o que ha sido estacionado en un garaje privado, conforme a su función de medio de transporte, propicia un accidente acaecido en ese garaje.

En suma, como destaca el TJUE, la hermenéutica de este concepto ha evolucionado, al compás de la normativa aplicable ( Directiva de Automóviles 2009/103/CEE ),con el objetivo de protección de las víctimas o perjudicados por el accidente causado por un vehículo.

II-) DEL CASO CONCRETO.-

En el presente caso, nos hallamos, tal y como resulta de los hechos acreditados, ante un siniestro originado en un vehículo de motor, mientras el mismo se dirigía por una carretera provincial a una determinada localidad de Zamora, Tábara, momento en el que se ve sorprendido con que el incendio originado en la Sierra de Culebra había llegado a la carretera y tratando de evitarlo se realizan por el conductor determinadas maniobras con el vehículo, con la intención de escapar, de dar la vuelta y salir y huir de las llamas, no siendo ello posible al quedar el vehículo enganchado al guarda rail de la carretera, por lo que finalmente las llamas alcanzaron al copiloto (expulsado del vehículo por el conductor), y al conductor mismo, que aunque finalmente logra salir del vehículo las llamas ya se habían hecho pasto del turismo y afectado directamente al conductor, causándole lesiones que tristemente le ocasionaron finalmente la muerte.

De los hechos expuestos, esta Sala no puede llegar sino a la conclusión contraria a la alcanzada en la instancia, pues entendemos que el suceso hay que encuadrarle como hecho de la circulación, pues el mismo sucede en una carretera, mientras se circulaba por la misma, siendo al realizar maniobras con el vehículo para escapar del incendio cuando el coche queda enganchado o pegado al guarda rail de la carretera (elemento de protección de la vía), no pudiendo huir del lugar y resultando el conductor afectado por las llamas en el interior del vehículo, causándole quemaduras que determinaron la muerte.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la póliza Auto plus suscrita con la aseguradora demandada, y dentro de las garantías complementarias a la responsabilidad civil obligatoria suscrita por el asegurado, resulta garantizada: "La percepción de un capital en caso de accidente de circulación en que se halle involucrado el vehículo asegurado, cuando el conductor autorizado por el propietario sufra: Muerte", página 12 de la póliza de seguro aportada como documento nº 5 de la demanda. Para este prestación objeto de cobertura se garantiza un capital de 100.000 Euros.

Este supuesto resulta totalmente encuadrable en la cláusula de la póliza trascrita, pues conforme se ha manifestado entendemos que el triste suceso que da origen a la presente reclamación es un hecho derivado de un accidente de circulación, pues no solamente ocurre con un vehículo y en una carretera, sino cuando se estaba maniobrando con el mismo para intentar escapar del incendio, hecho este que se ve imposibilitado al quedar enganchado o pegado al guarda rail de la carretera, motivos todos ellos que han de llevar a la íntegra estimación de la demanda y por ello del recurso interpuesto.

QUINTO.- DE LOS INTERESES.-

Resta por resolver la PRETENSIÓN relativa a los intereses del art 20 de la LCS, pretensión a la que se opone la aseguradora demandada al entender aplicable lo dispuesto en el apartado 8 del art 20.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, así STS de 20-9-2011, entre otras muchas, en la que establece: "Según el artículo 20.8 de la LCS , el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso. Admitir, sin más, que no se pagan intereses cuando la obligación y el pago se fijan en la sentencia supone tanto como dejar sin contenido una norma que es regla de aplicación y no excepción, habiendo declarado esta Sala -STS 19 de junio 2008 - que "la oposición que llega a un proceso hasta su terminación normal por sentencia, que agota las instancias e incluso acude a casación, no puede considerarse causa justificada o no imputable, sino todo lo contrario" y que tampoco puede ampararse en la iliquidez de la deuda, ya que el derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que finalmente fija el "quantum" tiene naturaleza declarativa, no constitutiva, es decir, no crea un derecho "ex novo" sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al asegurado desde que se produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura. No se trata, en definitiva, de la respuesta a un incumplimiento de la obligación cuantificada o liquidada en la sentencia, sino de una obligación que es previa a la decisión jurisdiccional, que ya le pertenecía y debía haberle sido atribuido al acreedor ( SSTS 29 de noviembre de 2005 ; 3 de mayo de 2006 ; 20 de abril y 4 de junio 2009 ; 7 de enero y 23 de junio de 2010 ; 19 de mayo 2011 )". En la misma línea la Sentencia de 28-9-2011.

Atendiendo a lo anterior, procede señalar que no existe causa justificada para entender que la aseguradora se opuso al pago de la indemnización por causa justificada puesto que de los datos expuestos los hechos resultaban cubiertos por la póliza de responsabilidad civil suplementaria al ser un hecho de la circulación en virtud del cual se reclamaba.

SEXTO.- Respectoa las costas de instancia serán a cargo de la aseguradora demandada, art 394 de la LEC.

Al estimarse el recurso de apelación no se hace expresa imposición de las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el art 398 de la LEC, en su redacción anterior a la reforma producida por el RDL 6/2023.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,