Sentencia Civil 147/2004 Audiencia Provincial Penal de Almería nº 3, Rec. 141/2004 de 14 de junio del 2004

PRIMERO.- Firme en esta alzada el pronunciamiento principal de la sentencia acordando la separación matrimonial -decisión que ha sido consentida por ambos cónyuges- las únicas cuestiones sobre las que los mismos mantienen discrepancias, obviamente con planteamientos contradictorios y que se someten a la decisión de la Sala a través del recurso interpuesto por la parte demandada-reconviniente estriba en la procedencia o no de la pensión compensatoria solicitada por el esposo en cuantía de 400 euros mensuales, y que fue rechazada por la sentencia recurrida al considerar que no concurren los requisitos exigidos por el art. 97 del Código Civil para el reconocimiento de este derecho. Y, en segundo lugar, combate el pronunciamiento judicial concerniente a los gastos extraordinarios que han de sufragar ambos progenitores en relación con sus hijos, discrepando el esposo del reparto igualitario de tales gastos, que a su juicio han de distribuirse en proporción a los ingresos respectivos de los cónyuges, solicitando asimismo que dichos gastos queden circunscritos a los de carácter sanitario no amparados por la Seguridad Social y los educativos que no estén cubiertos por la enseñanza pública.

SEGUNDO.- Respecto del primero de los motivos del recurso, conviene puntualizar que la pensión compensatoria que estatuye el art. 97 del Código Civil carece de naturaleza alimenticia, siendo un mero mecanismo corrector del perjuicio económico que la separación o el divorcio pueda producir en uno de los cónyuges y que habrá de venir referenciado al momento en que se produce dicha separación o divorcio, al establecer dicho precepto el requisito de que tal desequilibrio económico implique un empeoramiento para el que tiene derecho a ella en su situación anterior en el matrimonio, teniendo su fundamento en la disminución de expectativas de bienestar económico que la situación matrimonial habrá creado al otro cónyuge y que la separación o divorcio producirá en uno de los cónyuges una minoración de ingresos económicos en futuro, y cuya obligatoriedad y cuantía habrá de fijarse a tenor de las circunstancias que, como "numerus apertus", se fijan en dicho precepto, entre las que se encuentran la edad y estado de salud de los cónyuges, la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo, y la dedicación pasada y futura a la familia.

Pues bien de lo actuado en autos no cabe inferir, como acertadamente argumenta la Juzgadora "a quo", cuya valoración probatoria compartimos, que el esposo recurrente se halle en una situación de desequilibrio económico sustancial en relación con su cónyuge, ya que de las pruebas aportadas por los litigantes para acreditar su capacidad económica y medios de vida - prueba que, en el caso del marido, son prácticamente inexistentes pues, pese a reconocer que desempeña actividad laboral por cuenta propia consistente en la reparación de relojes atendiendo los encargos que recibe de distintas joyerías y relojerías, no ha articulado medio probatorio alguno (documental, testifical) tendente a demostrar, siquiera sea en forma aproximada, los ingresos medios que le reporta dicha actividad, aceptando finalmente en su recurso, aun de manera implícita, los que le atribuye la sentencia recurrida, ascendente a 150.000 ptas mensuales (901'52 euros)-se desprende que la situación económica de uno y otro cónyuge no difiere sustancialmente, siempre a tenor de los datos objetivos que aparecen debidamente contrastados en las actuaciones, pues si bien la esposa percibe un sueldo mensual de 1.556'34 euros (certificación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía obrante al folio 231 de los autos), no es menos cierto que, por expresa imposición de la sentencia recurrida, ha de afrontar en exclusiva la amortización de diversos préstamos tanto hipotecarios como personales, de carácter ganancial, por un importe global de 705'76 euros mensuales, debiendo contribuir asimismo a los alimentos de sus dos hijos, habida cuenta la módica pensión que el marido satisface en tal concepto (100 euros mensuales por hijo).

A su vez, el recurrente, de los ingresos estimados en la sentencia y no discutidos por el mismo (901'52 euros), ha de detraer la cantidad antes expresada como pensión alimenticia (200 euros), sin que haya acreditado más gatos que los propios de su manutención pues, pese a lo alegado en el recurso, no consta que haya alquilado alguna vivienda o, en su caso, el coste del arrendamiento -a pesar de que desde el mes de Abril de 2003, en que se dictó el Auto de Medidas Provisionales (testimonio del cual figura incorporado al folio 187 de los presentes autos) debió abandonar la vivienda familiar cuyo uso fue otorgado judicialmente a los hijos y a la esposa- ni que cotice a la Seguridad Social como trabajador autónomo.

En todo caso, dadas las circunstancias anteriormente expuestas, que evidencian los numerosos gastos que la esposa se ve obligada a afrontar en solitario, no es de apreciar la situación de desequilibrio económico del recurrente que constituye el supuesto de hecho imprescindible para la concesión de la pensión compensatoria, incumbiendo a la parte que la solicita la cumplida acreditación de la concurrencia de los requisitos que para su reconocimiento exige el mencionado art. 97 del C.C ., lo que inexorablemente aboca a la desestimación del recurso manteniéndose el pronunciamiento denegatorio de la pensión compensatoria adoptado en la resolución apelada.

TERCERO.- En relación con los gastos extraordinarios de los hijos, que la sentencia recurrida distribuye por mitad entre ambos progenitores, dentro de los mismos han de incluirse, como señala dicha resolución en su Fundamento Jurídico Tercero, apartado 4º, todos aquellos que sean necesarios o convenientes para atender a los cuidados de los menores, básicamente en los ámbitos educativo y sanitario, entendiendo por tales los que no sean sufragados por los sistemas públicos de enseñanza y Seguridad Social, aunque no en exclusiva pues también se encuadran en este concepto otro tipo de desembolsos de carácter excepcional, entre ellos los de celebración de bautizos o primera comunión o los de indumentaria para asistir a acontecimientos de esta clase, sin ánimo de ser exhaustivos habida cuenta que no se trata de establecer un "numerus clausus" cuando, por propia definición, se trata de gastos a menudo imprevisibles.

En definitiva, se consideran gastos extraordinarios todos aquéllos que no sean previsibles ni se produzcan con frecuente periodicidad. Es, por tanto, un concepto indeterminado e inespecífico que no puede circunscribirse, como propugna el recurrente, a los gastos no cubiertos por los sistemas públicos de enseñanza y sanidad, siendo de cuantía ilíquida por su propia naturaleza, por lo que, al ser la patria potestad compartida, es preciso recabar y obtener del otro progenitor el consentimiento para realizar actos y efectuar desembolsos que impliquen cambios sustanciales para el modo de vida o los estudios de los menores, conforme al principio general según el cual los progenitores han de actuar sobre una base de transparencia, buena fe y común acuerdo, guiados por el superior interés de los hijos y sólo cuando el consenso no sea posible habrá de recabar la decisión judicial dirimente, de conformidad con el art. 156 del Código Civil .

Y respecto de la distribución de los gastos entre ambos cónyuges esta Sala, siguiendo el criterio fijado en otras resoluciones anteriores, considera adecuado fijar la contribución de cada progenitor en un cincuenta por ciento, tal y como viene acordado en la sentencia recurrida, tanto más cuanto la capacidad económica de ambos litigantes resulta similar, como se expuso anteriormente, en función de los ingresos y gastos fijos de cada uno de ellos.

En consecuencia el segundo motivo del recurso ha de decaer asimismo, confirmándose íntegramente la sentencia apelada.

CUARTO.- De conformidad con el art. 398.1, en relación con el 394.1 "in fine", ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no se hace expresa imposición de las costas de esta alzada, dada la singular naturaleza de los intereses en litigio.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de pertinente y general aplicación.