Sentencia Civil 146/2024 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Redondela nº 2, Rec. 178/2024 de 16 de mayo del 2024

PRIMERO.- Alega el demandante que el grupo demandado tiene por objeto la venta, distribución, comercialización de productos y tratamientos estéticos, en su calidad de especialistas en proveer a los consumidores y usuarios de servicios orientados a la depilación láser, entre otros; GRUPO DIBEA ESTETIC está conformado por un conglomerado de empresas, siendo administrador la mercantil DIRECCION000 con CIF: NUM000, sociedad de cartera que administra los activos del holding, siendo sus máximos representantes solidarios Dña. Florinda y D. Tomás y a dicho grupo está vinculada, entre otras la empresa Dibea Estetic SL; que en fecha 03/05/2023 contrató un tratamiento consistente en un bono de 2 años de depilación láser a un precio de 497,50 euros con IVA y lo pagó al contado; en fecha 18 de diciembre de 2023 cerraron todos los centros de depilación asociados al GRUPO DIBEA; ante la imposibilidad de contactar con el servicio de atención al cliente, con el centro, con el delegado de protección de datos o con un responsable y dada la imposibilidad sobrevenida de finalizar los tratamientos se presentó una reclamación extrajudicial que supuso un coste de 17 euros; la empresa no recogía los burofaxes; el demandante se desplazó a Madrid al domicilio social de las empresas que consta en el Registro Mercantil el 26 de enero de 2024 comprobando que de un cartel se había retirado el nombre del grupo pero el mismo se mantenía en el panel de dentro de las instalaciones, disponiendo de un buzón en el edificio 37 C, negándose a la recogida del correo a nombre de las empresas del grupo. Interesa que se dicte Sentencia por la que se declare la resolución del contrato de depilación laser suscrito por Jeronimo de fecha 03/05/2023, por incumplimiento de la prestación de servicios desde la fecha del cierre del centro (18 de diciembre de 2023) y en consecuencia se condene al grupo de empresas demandado de forma solidaria o en su caso a la empresa/s que resulten responsables previo recibimiento del pleito a prueba, a la devolución del importe reclamado de 497,50€ o la que se determine a consecuencia de lo anterior, por el servicio no prestado, así como a los daños y perjuicios fijados en 17€ a consecuencia de la desatención de la reclamación previa, y lo refleje en la Sentencia que se dicte, con devengo del interés legal desde la interposición de la demanda. Todo ello con expresa condena en costas.

La demandada no contestó la demanda en el plazo concedido al efecto, por lo que ha sido declarada en rebeldía y su posición debe estimarse de oposición a la demanda.

El artículo 496-2 de la LEC establece que la situación procesal de rebeldía, en la que se encuentra la parte demandada, no supone allanamiento ni admisión de los hechos por lo que las reglas generales sobre la carga de la prueba del artículo 217 de la LEC siguen siendo aplicables. Según el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior".

Establece el art. 1.124 CCivil que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. El art.1124 CC se refiere a la facultad de resolver las obligaciones <> para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El demandante aporta el contrato, el justificante bancario de pago del importe convenido (documentos 3 y 4), el comunicado de cierre de la empresa y la reclamación extrajudicial remitida por el actor (doc.5,6 y 7). Dicha documental es suficiente para estimar acreditada la contratación, el importe de los servicios y el incumplimiento del contrato, hechos no desvirtuados por la demandada que emplazada en forma no contestó la demanda. Ahora bien, el demandante reclama además el coste de la reclamación extrajudicial (17 €) aportando al efecto un justificante bancario del movimiento de su cuenta por esa cantidad pero dado que la reclamación se hace por correo electrónico no se justifican las gestiones concretas a las que correspondería la suma reclamada, por lo que procede la estimación parcial de la demanda al desestimar la pretensión de indemnización de daños y perjuicios.

SEGUNDO.- En cuanto a los intereses son de aplicación, conforme a los artículos 1100 y 1108 del Código Civil los intereses legales desde la interposición de la demanda.

TERCERO.- En cuanto a las costas es de aplicación el art. 394.2 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación