Sentencia Civil 208/2024 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segovia nº 4, Rec. 135/2023 de 04 de junio del 2024

PRIMERO.- Del objeto del pleito

En la presente relación jurídico procesal se entabla por la parte actora acción ex artículo 1902 del código civil, interesando que se dicte sentencia por la que se condene a la parte demandada a la realización de las obras necesarias para subsanar las deficiencias advertidas. En particular, manifiesta que la parte demandada es la usufructuaria de la finca colindante a aquella otra que es de titularidad de la parte actora, entendiendo dicha parte actora que las humedades por las que ahora reclama tendrían su causa en la plantación por la demandada de un huerto, que estaría provocando un aporte de humedad a la pared de titularidad de la parte actora.

Se opone a tal pretensión la parte demandada, alegando, falta de legitimación pasiva dado el carácter de usufructuaria que ostenta dicha parte; siendo igualmente controvertido el origen o causa de las filtraciones.

SEGUNDO.- Legitimación pasiva.

Se discute por la parte demandada la correcta constitución de la relación jurídico procesal había cuenta de que, según manifiesta, habría de ser llamado como demandado el causante del supuesto perjuicio o, subsidiariamente, el propietario.

Concretamente, según SSTS n.º 634/2010, de 14 de octubre y n.º 346/2014, de 27 de junio, "consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. La legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada y el objeto jurídico pretendido."

Su fundamento se halla en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC, en lo sucesivo), a cuyo tenor: "Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso..."

Además, la legitimación no plantea un tema de forma sino de fondo y, por lo mismo, no puede dilucidarse al principio del proceso sino al final, en la sentencia, que es el momento en que se decide si se deniega o se concede y, en su caso, en qué medida, la concreta tutela jurisdiccional pretendida según las alegaciones y pruebas producidas en el proceso.

Así lo ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en numerosas sentencias de las que podemos citar, por todas, la de 16 de mayo de 2002 que distingue con precisión entre la denominada legitimación ad procesumy la legitimación ad causam,y de la que se puede extraerla siguiente cita:

"Se puede, por ello, estar legitimado y carecer del derecho que se controvierte. Con todo, dada la vinculación de la "legitimación" con el tema de fondo y las utilidades que comporta el manejo del concepto con precisión, no es extraño que, en ocasiones, se confunda la "legitimación" ("questio iuris") con la existencia del derecho discutido (que exige la comprobación de los elementos fácticos que lo configuran)" ( STS 31 Mar. 1997 en recurso núm. 1275/1993 )".

De igual modo, la STS 561/2020, de 27 de octubre establece que:

"La legitimación ad causam -a que se refiere el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - constituye un presupuesto del proceso y de la prosperabilidad de las pretensiones deducidas en el mismo, en tanto que la ley únicamente permite la defensa del derecho en juicio, y la consiguiente formulación de las peticiones derivadas del mismo, a quien actúa como titular de tal derecho o, en su caso, a otros mediante su oportuna habilitación legal. En principio, la legitimación ordinaria es la que se reconoce a quien afirma la titularidad del derecho subjetivo (legitimación activa) y al que se le imputa la obligación (legitimación pasiva). No obstante, existen una serie de supuestos en los que resulta posible la formulación de pretensiones sin necesidad de afirmar que responden a un derecho propio, o dirigirlas frente a quienes no son directamente obligados, integrando lo que doctrinalmente se denomina legitimación extraordinaria. El propio artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , tras declarar que "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso" establece que "Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular."

En el caso que nos ocupa, la excepción planteada por la demandada no podría prosperar habida cuenta que los daños se imputan a la usufructuaria demandada, por ser ella, según entiende la parte demandante, quien con el cultivo y riego del huerto en cuestión estaría provocando las humedades en la finca de su propiedad.

Por tanto, no se trata ésta de una cuestión sobre legitimación sino de prueba acerca de los requisitos de la acción de responsabilidad extracontractual o aquiliana entablada.

TERCERO.- Del fondo del asunto.

La pretensión planteada en este pleito consiste en la reclamación de cantidad correspondiente a los daños y perjuicios que se habrían producidos como consecuencia del riego de la huerta colindante a la pared de titularidad de la actora.

Por tanto, la acción se fundamenta en la responsabilidad extracontractual regulada en el art. 1902 del Código Civil.

La Jurisprudencia ha establecido con carácter generalizado que la acción de responsabilidad extracontractual viene condicionada por la concurrencia de tres requisitos: a) una acción u omisión imprudente o negligente; b) la existencia de un daño real y efectivo; c) relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido. Sólo cuando haya quedado indubitadamente acreditada la realidad de estos tres elementos podrá exigirse la reparación a que se refiere el precepto citado ( Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1996, entre otras).

En el presente supuesto el debate litigioso se centra en determinar el origen de los daños reclamados y, a tal fin, las partes han presentado sus correspondientes medios probatorios resultando todos esto de carácter documental toda vez que el informe pericial presentado adolece de los requisitos del artículo 335.2 de la LEC, por no haber mediado juramento o promesa de decir verdad (en este sentido ya se ha pronunciado nuestra Ilma. Audiencia Provincial de Segovia, SAP de 21 de noviembre de 2013).

En cualquiera de los casos, valorada toda la prueba en su conjunto, se desprende que la causa directa de las humedades y filtraciones que se estarían produciendo en la finca del demandante se encuentra en la capilaridad característica de esa zona, no siendo el riego sino un incremento de la situación ya existente en la zona controvertida.

Es decir, tanto de las fotografías como de las explicaciones aportadas por el profesional que confeccionó el informe técnico presentado junto con la demanda se aprecia que el lugar donde se ubican las parcelas es predominantemente húmedo lo que generaría la producción de las meritadas filtraciones, siendo el cultivo del riego un elemento que coadyuvaría a la continuación de ese estado húmedo y potenciaría su producción.

Pero, en todo caso, la causa del daño es una cuestión intrínseca a los espacios controvertidos, no pudiendo consecuentemente hallarse un nexo causal directo entre el cultivo y riego de la huerta que se observa en las fotografías presentadas y las humedades halladas en el muro de la parte actora, que podrían haber sido generadas "naturalmente" habida cuenta de la capilaridad que caracteriza dicho lugar.

CUARTO.- Costas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil, al desestimarse la demanda interpuesta, procede condenar en costas a la parte demandante en el presente procedimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,