Sentencia Civil 102/2022 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tafalla nº 1, Rec. 180/2022 de 28 de octubre del 2022

PRIMERO.- PRETENSIONES DE LAS PARTES

La entidad demandante, LC ASSET 1 S.A.R.L, alegó, en síntesis, que la demandada contrató con Bankinter Consumer Finance EFC S.A. un contrato de tarjeta de crédito Vodafone con nº NUM000 en fecha 27 de julio de 2015, y que en fecha 25 de noviembre de 2019 se le cedió el crédito a ella, la entidad actora, y desde entonces sí que efectuó la demandada un pago de 55,98 euros, pero no pagó nada mas del resto de la deuda. En base a todo ello, y en ejercicio de una acción de cumplimiento contractual, reclamó a la demandada la cantidad de 6.386,09 euros, mas intereses y costas. Concretó que la cantidad derivaba de 3.882,23 euros de nominal a fecha de la cesión, mas 2.244,84 euros de intereses, mas 315 euros de comisiones, menos 55,98 euros por un pago e indicó que no se había incrementado la cantidad debida desde la cesión.

La demandada, Dña. Camila, se opuso a todas las pretensiones de la demandante alegando, en síntesis, que el contrato databa de 2014 por lo que la acción estaba prescrita. Impugnó los documentos 4 y 4 bis de la parte actora no reconociendo los datos ni la contabilidad que se acompañaba. Alegó que nunca se comunicó a ella la cesión del crédito por Bankinter y que no existiendo deuda con Bankinter, tampoco puede existir con la actora. Alegó que ella ni tuvo constancia de la liquidación de la deuda, ni de la cesión del crédito, ni de la posterior reclamación extrajudicial. Por todo ello solicitó la desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- PRUEBA PRACTICADA

Para acreditar sus alegaciones la parte actora aportó como prueba documental el contrato de tarjeta de crédito origen de la deuda suscrito con la entidad Bankinter Consumer, el certificado de deuda expedido por la cedente, los movimientos de la cuenta de la tarjeta, el testimonio notarial acreditativo de la cesión, el certificado de concordancia numérica, y carta remitida a la demandada informándole de la cesión de crédito.

La parte demandada solo propuso prueba documental solicitando que se requiriese a la demandante para que aportase las notificaciones dirigidas a la demandada reclamándole el pago de la deuda desde 2014 hasta la fecha de cesión del crédito el 29 de noviembre de 2019 por Bankinter. Dicha prueba fue aceptada y se requirió a la parte actora para aportarlo. Pasado el plazo no se presentó ninguna documentación nueva. Se presentó un escrito aportando de nuevo los documentos que ya había presentado como documento nº 7 de su demanda.

TERCERO.- PRESCRIPCIÓN

La primera excepción alegada por la demandada fue la de prescripción.

Se observa en el documento número 1 que se acompañó a la demanda, que es el contrato de tarjeta de crédito que ha dado lugar al crédito reclamado, que dicho contrato es de fecha 26 de febrero de 2014. No obstante, el plazo de prescripción no puede computarse desde la fecha del contrato, puesto que la tarjeta supuestamente se fue utilizando y generó pagos y créditos. Se desconoce cuál fue la última fecha de uso de la misma.

No obstante, debe recordarse que el plazo de prescripción de la acción para reclamar el cumplimiento de esta obligación se rige por lo dispuesto en el art. 1964.2 del Código Civil, el cual señala que las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. No obstante, este artículo fue reformado por la Ley 42/2015 de 5 de octubre, la cual entró en vigor el día 7 de octubre de 2015.

Esta Ley estableció en su disposición transitoria 5ª que respecto a las relaciones ya existentes antes de ese día 7 de octubre de 2015, es decir la presente, el tiempo de prescripción se regirá por lo dispuesto en el art. 1939 del Código Civil, el cual señala que se aplicará la ley anterior a la nueva ley. Y precisamente la Ley anterior, es decir, la vigente en el año 2014 cuando se celebró el presente contrato, estipulaba que el plazo de prescripción era de 15 años.

Por consiguiente, dado que desde 2014 no han transcurrido 15 años todavía, no puede estimarse la excepción de prescripción alegada por la demandada.

CUARTO.- CESIÓN CRÉDITO

En segundo lugar, la demandada alegó que nunca se le notificó la cesión del crédito de Bankinter a la actora LS ASSET 1 SARL.

La segunda cuestión controvertida se centra en si era necesaria la notificación fehaciente de la cesión de crédito y si esta se hizo a los deudores.

Esta cuestión ya ha sido resuelta en numerosas ocasiones por los Tribunales. Así, pueden destacarse las sentencias de la Audiencia Provincial de Navarra, de la Sección tercera: auto 76/2017 de 21 de marzo y auto 26/2017, de 2 de febrero . En ambas resoluciones, así como en las demás que estas mencionan, se explica que nos encontramos ante la cesión de una obligación surgida de un contrato mercantil que se rige por las normas contenidas en el Código de Comercio y los usos mercantiles, por lo que el derecho que se confiere al deudor en la Ley 511 del Fuero Nuevo de Navarra o en el del Código civil, no resulta de aplicación a las cesiones de créditos de carácter mercantil.

Así, el préstamo del que trae causa la deuda reclamada es préstamo mercantil, por lo que le es de aplicación la regulación del Código de Comercio, art. 311 y ss CCo, entre los que se comprende la cesión, art. 347 y 348 CCo , sin incluir la facultad del deudor de liberarse mediante el pago de lo que el cedente hubiera abonada por el crédito más los intereses y gastos.

Por tanto, también se desestima esta alegación planteada por la demandada, al no considerarse requisito necesario la notificación fehaciente de la cesión del crédito, no teniendo el deudor posibilidad de liberarse.

Así por tanto, no siendo condición necesaria, no procede entrar a valorar la prueba practicada sobre si dicha notificación se efectuó a los demandados.

QUINTO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA

En tercer lugar, la demandada se opuso al pago no reconociendo la deuda que se le reclamaba ni los movimientos bancarios aportados, impugnando expresamente los documentos 4 y 4 bis aportados por la demandante.

Y esta alegación sí que debe ser admitida porque la parte actora no ha acreditado de manera fehaciente sus pretensiones, recayendo sobre ella la carga de la prueba.

Cabe destacar en primer lugar que respecto al documento notarial que acredita la cesión de créditos de Bankinter Consumer Finance EFC S.A. a LC ASSET 1 SARL, por el notario se indicó que se incluía el contrato a nombre de Camila, pero no se incluyó en dicho certificado el importe de dicha deuda. Por tanto, el documento notarial no acredita el importe de deuda reclamado.

En segundo lugar, tanto en el certificado de deuda emitido por Bankinter como en el documento notarial se identifica el contrato con el número NUM000. Sin embargo, en el contrato firmado por la demandada, no aparece dicho número por ninguna parte. Se aportó por la actora un documento de Bankinter por el que esta entidad manifiesta que dicha operación " NUM000" se corresponde con la solicitud de tarjeta Vodafone NUM001. No obstante, ese documento es una mera declaración o manifestación, no un certificado. Y además, no indica en base a qué se establece esa correspondencia entre ambos números o contratos ni que se hubiese comunicado a la demandada.

Tampoco se aportó ningún documento que acreditase que se habían notificado los extractos de dicha cuenta a la demandada en ningún momento desde 2014, ni ningún documento que acreditase que ella hubiese reconocido dichos movimientos como propios.

Habiendo sido impugnados dichos documentos por la parte demandada, debía la parte actora, de acuerdo al art. 326 de la LEC, haber aportado pruebas que acreditasen la autenticidad de los mismos. Podía haber pedido a Bankinter Consumer que ratificase el certificado de deuda; podía haber aportado, por ejemplo, una prueba pericial que acreditase que dichos movimientos bancarios aportados se correspondían con el contrato firmado por la parte demandada, u otra prueba destinada a acreditar la autenticidad de aquel certificado de deuda y de los movimientos bancarios que se aportaron.

Pero es que además, si se examinan los extractos bancarios, al final de los mismos se indica como cantidad 3.776,32 euros y, sin embargo, como principal se está reclamando la cuantía de 3.882,23 euros, sin explicar la parte actora en qué basa la diferencia. Y a mayor abundamiento, dichos movimientos bancarios ni vienen sellados ni firmados por la entidad que se supone que los emitió, Bankinter Consumer finance.

Por todo ello, considero que la parte actora no ha acreditado de manera suficiente la deuda cuyo pago reclama a la parte demandada, y recaía sobre la actora la carga de la prueba en virtud del art. 217 y 316 de la LEC.

SEXTO.- COSTAS PROCESALES.

Con relación a las costas, procede su imposición a la parte demandante atendiendo al criterio de vencimiento objetivo, al ser desestimadas íntegramente las pretensiones deducidas en su demanda, tal y como dispone el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,