Sentencia Civil 38/2024 Juzgado de Primera Instancia de Gijón nº 10, Rec. 1299/2022 de 30 de enero del 2024

PRIMERO.- El demandante reclama la protección de su derecho al honor por la intromisión ilegítima que alega haber sufrido como consecuencia de la inclusión de sus datos en el fichero de solvencia patrimonial Badexcug, por una supuesta deuda contraída con la demandada, entre el 6 de enero de 2019 y el 12 de septiembre de 2021, sin requerimiento previo de pago.

La demandada sostiene, a su vez, que la deuda que motivó dicha inclusión en el fichero trae causa del impago de un contrato de financiación y que en todo momento comunicó al demandante los importes impagados mediante envíos a la dirección facilitada, además de que, teniendo contratado el servicio de Banca on-line, las comunicaciones se realizan por vía telemática mediante entrega en el buzón de notificaciones MailBox, considerando, en fin, innecesario el requerimiento de pago porque en el contrato ya aparece recogida la posibilidad de comunicación a ficheros de solvencia patrimonial como una de las opciones contempladas en el vigente texto normativo.

SEGUNDO.- Sobre la intromisión ilegítima en el derecho al honor como resultado de la inclusión de datos personales en ficheros de solvencia patrimonial la jurisprudencia ha establecido un cuerpo de doctrina conforme al cual la inclusión indebida en tales ficheros vulnera el derecho al honor de la persona afectada por la valoración social negativa que ello comporta y porque la imputación de "moroso" lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta a su propia estimación, siendo intrascendente que el registro haya sido o no consultado por terceras personas.

La regulación de la protección de datos de carácter personal resulta determinante en estos casos, ya que si el tratamiento de los datos ha sido acorde con las exigencias de dicha legislación, es decir, si el afectado ha sido incluido correctamente en el registro, no puede considerarse producida tal intromisión ( STS de 19 de noviembre 2014).

Quiere decirse, por tanto, que la inclusión en un fichero de esa naturaleza está normativamente condicionada al cumplimiento de los correspondientes requisitos legales, y la estricta observancia de tales previsiones guarda íntima relación con lo dispuesto por el artículo 2.2 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, pues la actuación "autorizada por la Ley" ampara la comunicación de los datos personales del supuesto "moroso" a un fichero sobre cumplimiento de obligaciones dinerarias, y, por el contrario, la ilegitimidad de la inclusión por no respetarse los requisitos legales que la condicionan afecta peyorativamente al núcleo tuitivo del derecho fundamental al honor ( STS de 10 de diciembre de 2021).

TERCERO.- Esa doctrina jurisprudencial sigue siendo aplicable tras la entrada en vigor de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que en su artículo 20, relativo a los sistemas de información crediticia, presume lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito, siempre que se cumplan ciertos requisitos, entre ellos que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes, y que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe, correspondiendo al acreedor garantizar que concurren tales requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda y respondiendo en otro caso de su inexistencia o inexactitud.

Tales requisitos ya venían establecidos en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, que no ha sido expresamente derogado, prescribiendo en su artículo 38.1 que la inclusión en los ficheros de datos de carácter personal determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado sólo será posible concurran los requisitos de: a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada; b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico. Y c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación, precisando además el artículo 39 que el acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el citado requerimiento, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos indicados, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. A su vez, el artículo 41.1 advierte de que sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto, y en el artículo 43 se obliga al acreedor o quien actúe por su cuenta a asegurarse de que concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común, haciéndole responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado.

CUARTO.- En el presente caso, la existencia de la deuda que había motivado la concreta inclusión en el fichero Badexcug a que se contrae la demanda no era cuestionada, y sí en cambio el conocimiento de la misma al referirse a ella como "supuesta deuda" sin que hubiera existido un previo requerimiento (de pago).

De hecho, la existencia de tres préstamos personales contraídos con la entidad aquí demandada que habían motivado la inclusión de las deudas correspondientes a cada uno de ellos en la misma fecha, según aparece reflejado en la información facilitada al actor por la responsable del fichero al ejercitar su derecho de acceso, no mereció ningún comentario para negar la realidad de tales contrataciones, de todas o de algunas, centrando su atención en una de ellas sin otro motivo aparente que la alegación efectuada a continuación de que se había declarado la nulidad del contrato de crédito de fecha 5 de junio de 2016 con los efectos determinados por la Ley de Represión de la Usura, acompañando al efecto copia de la sentencia que así lo declaró, nulidad que la demandada refirió a un contrato distinto, pero que en todo caso se habría producido con posterioridad a la cancelación de los datos en el fichero, sin que conste previamente ninguna reclamación o disconformidad con la deuda.

La vaguedad de los términos en los que aparece planteada la demanda tampoco fue salvada en la audiencia previa, en la que, habiendo manifestado desconocer a cuál de las anotaciones indicadas en el fichero correspondía el contrato declarado nulo, sin llegar a ofrecer ninguna explicación sobre las razones por las que se había efectuado tal alegación y se había aportado el documento que acreditaba ese hecho, en un intento de reconducir la situación, el demandante manifestó no reconocer la deuda, sin más explicaciones, obviando que la existencia de (o de los) préstamos(s) no resultaba controvertida y que de ellos derivaban las correspondientes obligaciones de pago, que eran sobre las que debería haber expresado su disconformidad, pues como señala la STS Pleno 945/2022, de 20 de diciembre, el cumplimiento de los requisitos atinentes a la certeza de la deuda se vincula a la inexistencia de controversia sobre la misma, "porque si el titular de los datos considera razonable y legítimamente que no debe lo que se le reclama, y así se lo ha hecho saber al acreedor, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado, y por tanto el tratamiento de sus datos en uno de estos ficheros no es pertinente", extremo sobre el que incide la más reciente STS de 20 de diciembre de 2023 al decir " constituye una intromisión ilegítima la comunicación de los datos personales del deudor a uno de estos ficheros cuando las circunstancias del caso revelan con suficiente claridad que la falta de pago no está relacionada con la solvencia del deudor, sino con su oposición a la certeza, existencia o cuantía de dicha deuda".

Que la cuantía fuera o no correcta resulta irrelevante, pues, como señala la citada STS Pleno " lo que vulnera el honor del afectado no es que la cuantía de la deuda que consta en el registro sea incorrecta, sino que se dé al afectado el tratamiento de moroso, incumplidor de sus obligaciones dinerarias, sin serlo."

Así pues, si lo que debe valorarse es el cumplimiento de los requisitos de la deuda en el momento en que se procede a su comunicación a los ficheros de solvencia patrimonial, no habiéndose cuestionado en este caso que respondiera a las previsiones del contrato ni que se hubiera incumplido la obligación de pago contraída en virtud del mismo, no cabe sino afirmar concurrente el requisito relativo a la calidad del dato, que exige para su tratamiento que se trate de una deuda cierta y que los datos relativos al demandante comunicados a los registros de solvencia respondan con veracidad a su condición deudora.

QUINTO.- En cuanto al requerimiento previo de pago que en la demanda se niega haberse producido, la demandada sostiene que resultaba innecesario por haberse incluido ya en el contrato la posibilidad de comunicar los datos a ficheros de solvencia patrimonial.

Sin embargo, la repetida STS Pleno 945/2022, salvando las dudas interpretativas que había suscitado el artículo 20.1.c) de la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, aclaró que sigue siendo exigible el requerimiento previo de pago y que lo no es imprescindible con la nueva regulación es que en ese requerimiento se advierta de la posibilidad de incluir los datos en un fichero de morosos en caso de impago, ya que tal advertencia puede haber sido realizada al contratar.

Así las cosas, tampoco se acredita el envío de comunicaciones a través del buzón electrónico, ni siquiera que el demandante tuviera contratado ese servicio, y menos aún los términos de un contrato que no se aporta.

SEXTO.- Ahora bien, el que no se haya cumplido el requisito del requerimiento de pago no siempre determina una intromisión ilegítima en el derecho al honor de aquel cuyos datos como deudor han sido incluidos en registros de solvencia patrimonial.

En tal sentido la STS de 23 de octubre de 2019, ante un caso de ausencia de requerimiento previo, declaró que el deudor no se vio sorprendido por la inclusión en el fichero al tener constancia de la deuda, y la STS de 14 de julio de 2020 estableció que ante la contumacia en el impago de las deudas la finalidad del requerimiento había decaído.

Con ello, como señala la STS de 19 de septiembre de 2022, de hace una interpretación funcional del requisito del requerimiento, cuya exigibilidad se funda en la necesidad de evitar que sean incluidas en tales registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia, y les permite además ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

En esa misma línea insiste la STS de 21 de diciembre de 2022 al decir que en los últimos años, nuestra doctrina jurisprudencial ha precisado el enfoque funcional del requerimiento y potenciado su valoración en conexión con los fines que le atribuye la ley, lo que explica la diferencia de significación que hemos asignado a su omisión o práctica defectuosa en función de las circunstancias concretas de la deuda y la sorpresa para el interesado por la inclusión de sus datos en el fichero" y que " nuestra doctrina sobre el enfoque funcional del requerimiento previo de pago nos ha llevado a restar relevancia a este requisito como elemento determinante de la existencia de una vulneración del derecho al honor cuando el deudor no se ha visto sorprendido por la inclusión en el fichero al tener constancia de la deuda y evidenciar sus actos una actitud totalmente pasiva".

Lo reitera la STS de 19 de diciembre de 2023, recordando que la jurisprudencia " ha declarado que la naturaleza funcional del requisito del requerimiento previo de pago, destinado a evitar que se incluya en estos ficheros como moroso a aquel que no ha cumplido una obligación dineraria por un descuido, un error bancario, etc., supone que la ausencia o la práctica defectuosa del requerimiento de pago no determina la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de aquellos que, como es el caso del demandante, han incumplido de modo reiterado sus obligaciones de pago, en este caso con diversos acreedores, por lo que el afectado no ha podido verse sorprendido, en el sentido antes indicado, por la inclusión de sus datos en el fichero sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias."

Y en el supuesto de que trata la reciente STS Pleno de 11 de enero de 2024, en el que la demandante había sido incluida en los últimos 5 años por otras deudas a instancia de siete entidades diferentes, se razona que " el requerimiento de pago ha perdido su virtualidad respecto de la protección del derecho al honor, porque no servía para evitar el tratamiento de los datos personales de la demandante como morosa sin serlo, pues la afectada había venido incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones dinerarias y sus datos ya constaban en un sistema de información crediticia", por lo que se concluye que " su tratamiento como morosa responde a la realidad y no supone una innovación respecto del hecho fundamental de que los datos personales de la demandante ya constaban en un sistema de información crediticia por haber incumplido sus obligaciones dinerarias, por lo que no se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor".

Siguiendo aquí esa doctrina jurisprudencial, y toda vez que, según se desprende de la información que Experian -como responsable del fichero Badexcug- facilitó al demandante al ejercitar su derecho de acceso, de forma simultánea fue incluido en el mismo por otra entidad financiera (CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER) por dos deudas con tarjetas de crédito y por la aquí demandada por otras dos deudas derivadas de préstamos personales, y poco después lo fue por otras tres entidades (SANTANDER CONSUM, BANKINTER CONSUMER y DEUTSCHE BANK) también por deudas derivadas de tarjetas de crédito y préstamos personales, habrá de concluirse que, ante una situación de incumplimiento generalizado de sus obligaciones, el requerimiento ya no servía al fin de evitar su tratamiento como moroso sin serlo, y la comunicación de los datos a dicho fichero por una deuda no controvertida no puede considerarse, en tales circunstancias, como constitutiva de una intromisión ilegítima en el derecho al honor.

SEPTIMO.- Al resultar procedente la desestimación de la demanda, las costas causadas en este procedimiento deben imponerse a la parte demandante, de conformidad con lo establecido por el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,