Sentencia Civil 1253/2022 del Juzgado de Primera Instancia de Pamplona/Iruña nº 7, Rec. 1943/2021 de 10 de octubre del 2022

Primero. - Hechos. Objeto del pleito.

1.- Versa el juicio sobre la validez o no (y en su caso sus consecuencias) de dos de las cláusulas (SUELO / GASTOS) de la escritura de préstamo hipotecario sobre vivienda de fecha 09.11.12 autorizada por el Notario de Tudela Antonio Luis Vitoria Blanco con el nº 938 de su protocolo en la que intervinieron quienes son parte en el procedimiento que aquí se resuelve.

La finalidad del préstamo fue la compra de primera vivienda.

Doc. 1 de la demanda. En cuanto a la finalidad del préstamo, cláusula octava.

2.- De la escritura se impugnan las siguientes cláusulas financieras:

TERCERA - INTERÉS ORDINARIO Y REVISIONES DEL TIPO DE INTERÉS

(...)

(párrafo último) TIPO DE INTERÉS ORDINARIO MÍNIMO (2'50%)

QUINTA. - GASTOS A CARGO DE LA PARTE PRESTATARIA

Doc. 1 de la demanda.

3.- Como consecuencia de la cláusula de gastos la actora abonó los siguientes importes:

-notaría: 500'51 € (09.11.12)

-registro: 117'75 € (08.01.13)

-gestoría: 291'95 € (17.01.13)

-tasación: 317'54 € (26.10.12)

Doc. 5 de la demanda.

4.- El día 15.01.16 la CAJA RURAL DE NAVARA y la actora firmaron un documento privado en el que se pactó la eliminación (o reducción a cero) de la cláusula suelo, se estableció un tipo fijo del 1'90% a aplicar desde la cuota siguiente hasta la revisión inmediata posterior del tipo de interés y la prestataria renunció a reclamar las cantidades abonadas por causa de la aplicación de la cláusula suelo.

Doc. 1 de la contestación.

5.- Durante la vida del préstamo hipotecario el suelo del 2'5% se aplicó durante el periodo 09.06.13 a 09.01.16.

El fijo del 1'9%, desde el 00.02.16 al 09.05.16.

Desde el 09.06.16 y hasta la cancelación se aplicó el tipo de interés variable pactado en la escritura, sin suelo.

El préstamo se canceló anticipadamente el 13.01.20.

Ver cuadro de operaciones emitidas o ficha del préstamo al doc. 4 de la contestación. Las fechas que se indican corresponden a vencimientos de cuotas.

5.- El SR. DOMENE reclamó a la CRN por la cláusula suelo (escritos de 31.01.17 y 22.12.20) y por la de gastos (22.12.29).

La CRN rehusó las distintas reclamaciones. En el caso de la cláusula suelo por haberse firmado un acuerdo de eliminación en el que quedaban definitivamente resueltas cuantas cuestiones pudieran afectarle (cartas de 11.05.17 y 08.01.21). Y en el caso de la cláusula de gastos por no acompañarse las facturas (carta de 19.01.21).

Documentos 2 y 3 de la demanda.

6.- El 08.11.21 el SR. Gines promueve demanda contra CAJA RURAL DE NAVARRA solicitando que se declaren nulas las cláusulas suelo (no pide la nulidad del acuerdo de su eliminación) y de gastos transcritas en el punto 2 de este fundamento, con devolución de las cantidades abonadas en exceso o indebidamente como consecuencia de las mismas.

CRN contesta a la demanda oponiéndose a los pedimentos de la actora relativos al suelo y allanándose a los que hacen referencia a los gastos (que también reembolsa).

Segundo. - Inaplicabilidad de la doctrina de los actos propios en los casos de nulidad radical

La acción que ejercita la actora en relación con la cláusula suelo es la de nulidad radical por falta de transparencia y/o abuso de dicha estipulación.

No cabe aducir la doctrina de los actos propios (la demandada la invoca) como causa de sanación o enervación de la acción de nulidad cuando, como sucede en el caso de las cláusulas opacas y/o abusivas, dicha nulidad es absoluta o de pleno derecho. La ejecución de una prestación (el efectivo pago del suelo), o el mayor o menor tiempo transcurrido hasta el ejercicio de la acción de nulidad de la cláusula que dio lugar a la misma, no impiden al consumidor perjudicado por ella reclamar su expulsión del contrato y el abono o reintegro de sus efectos, que nacieron torpes y con torpeza insubsanable.

Tercero. - La cláusula de tipo de interés ordinario mínimo y el pacto posterior de eliminación del suelo.

1.- El acuerdo de 15.01.16

Como hemos visto la escritura de préstamo hipotecario establece un tipo de interés ordinario mínimo del 2'5% que, posteriormente (15.01.16), se elimina, estableciéndose en el acuerdo un tipo fijo del 1'90% desde la cuota inmediata posterior y hasta la revisión del tipo de interés (vencimiento de 09.06.16), momento a partir del cual el préstamo habría de quedar (quedó) sujeto al tipo de interés variable pactado en la escritura, sin suelo.

Dado que (aun no impugnado en la demanda) el acuerdo privado, al tiempo que elimina el suelo, introduce un pacto de renuncia del prestatario (invocado en la contestación) a reclamar las consecuencias económicas ya producidas por dicha cláusula, es lo propio en pleitos como éste comenzar por el examen de la validez (o no) del mencionado acuerdo, pues si se estima que el mismo es válido no cabrá (por mor de la renuncia a reclamar que contiene) entrar a analizar si lo fue (o no) la cláusula suelo y, en cambio, si se estima que es nulo, quedará abierta la puerta al enjuiciamiento de la cláusula suelo.

La Jurisprudencia ha fluctuado a la hora de valorar este tipo de pactos.

El TS en un primer momento ( sentencia de 16.10.17 ) entendió que los acuerdos en cuestión tenían naturaleza novatoria de la cláusula suelo inicial, de manera que si ésta era nula (por falta de transparencia), siendo dicha nulidad radical e insubsanable, también lo era el pacto posterior que de ella traía causa ( arts. 1208 y 1309 CC).

Con posterioridad ( sentencia de 11.04.18 ) dio un giro a esta interpretación y doctrina entendiendo que si los pactos tienen finalidad transaccional (por haberse alcanzado en un momento en que existía una situación de incertidumbre acerca de la validez de las cláusulas suelo, y por pretender evitar con ellos una controversia judicial), pueden ser válidos, siempre que no contravengan la ley (contravención que no existe por versar los acuerdos sobre intereses económicos o patrimoniales, en relación con los cuales la ley permite a las partes disponer) y que superen el filtro o las exigencias de transparencia, es decir siempre que el prestatario renuncie con pleno conocimiento de su renuncia y del alcance de ésta.

La AP de Navarra (sección 3ª) evolucionó al compás de esta doctrina y si bien inicialmente (abril de 2018) negó validez a estos pactos, en la sentencia de 29.06.18 los consideró válidos, al haberse firmado en un contexto temporal (después de la sentencia del TS de 09.05.13) en el que no solo los Bancos sino también los clientes consumidores conocían, por su amplísima difusión en la opinión pública, la problemática surgida en torno a estas cláusulas, a su incidencia en la determinación del interés variable aplicable al préstamo y a la posibilidad de ser declaradas nulas cuando no se hubieran cumplido las exigencias de transparencia, entendiendo también que los términos de los acuerdos (idénticos o similares al de autos) son claros.

Esta última doctrina no implicaba sin embargo que los pactos de reducción o eliminación de las cláusulas suelo y las renuncias en ellos contenidas fueran siempre, necesaria y automáticamente, válidos. Significaba que lo serían si fueron transparentes (si los clientes, al firmarlos, sabían realmente lo qué hacían y cuáles eran las consecuencias) y que no lo serían si no lo fueron.

El TJUE, en sentencia de 9 de julio de 2020, C-452/18 , declara que las renuncias pactadas entre las entidades financieras y los consumidores sobre las cláusulas suelo contenidas en los préstamos hipotecarios pueden ser examinadas por el juez y ser declaradas abusivas si no se cumplen los requisitos de información y transparencia. Para que la renuncia del consumidor sea válida, dice la sentencia, es necesario que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. En caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia deberá cumplir con las exigencias de transparencia, representadas porque el consumidor haya dispuesto de la información pertinente que le permita comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula. En este sentido, la misma sentencia concluye: primero, que "la cláusula estipulada en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor para la solución de una controversia existente, mediante la que el consumidor renuncia a hacer valer ante el juez nacional las pretensiones que hubiera podido hacer valer en ausencia de esta cláusula, puede ser calificada como "abusiva" cuando, en particular, el consumidor no haya podido disponer de la información pertinente que le hubiera permitido comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal cláusula; y segundo, que la "renuncia, en lo referente a controversias futuras, a las acciones judiciales basadas en los derechos que le reconoce la Directiva 93/13 no vincula al consumidor"

Con posterioridad el TS resuelve en Sentencia de 05.11.20 el caso de un acuerdo entre la entidad ( IBERCAJA) y su cliente, integrado dicho acuerdo por un pacto de rebaja del suelo y otro de renuncia. La sentencia, pese a que alude al vínculo causal existente entre un pacto y el otro considera válida la novación y nula (en el supuesto resuelto, por abarcar cuestiones ajenas a la controversia relativa al suelo que era objeto de la transacción) la renuncia.

La STS (Pleno) 589/2020, de 11.11.20 , examina un acuerdo entre la CRN y un cliente similar al que es objeto de los autos que aquí se resuelven, mediante el cual, previa una oferta de novación con cinco opciones, la entidad y el prestatario firman un acuerdo de eliminación del tipo mínimo, aplicación de un fijo durante 5 años y renuncia del prestatario a reclamar las consecuencias ya producidas por la cláusula suelo. La Sentencia considera el acuerdo como una transacción integrada por un pacto novatorio (eliminación del suelo) y una renuncia, alcanzada entre la CAJA y su cliente en un momento (tras la STS 09.05.13 y antes de la del TJUE de 21.12.16) presidido por la doble incertidumbre acerca de la validez de la cláusula suelo y el alcance temporal (el alcance de la eficacia retroactiva) de los efectos de la eventual declaración de nulidad de dicha cláusula. La Sentencia considera válido el pacto novatorio (eliminación del suelo) explicando que: aparece redactado de forma clara y comprensible para un consumidor medio; consta la entrega de una oferta previa a la suscripción del documento; dicha oferta incluía un abanico de varias opciones diversas para que el consumidor pudiera elegir la que mejor se adecuaba a sus intereses; en la fecha del documento privado la cláusula suelo inicial ya se había aplicado en la liquidación de las cuotas de los dos años (en el caso de autos, salvo en 2011, de los seis años) anteriores, manifestando sus características y efectos económicos. Y también considera válida la cláusula de renuncia, entendiendo que la contenida en el acuerdo (idéntica a la que es objeto de este litigio) reúne las condiciones de concreción, claridad y sencillez, es específica y exclusiva sobre las reclamaciones que tengan por objeto la cláusula suelo suprimida, y en consecuencia no se proyecta genéricamente sobre las partes del contrato del préstamo hipotecario no afectadas por la novación, ni sobre futuras controversias distintas de las transaccionadas.

No obstante, la Sentencia no profundiza en el examen de las circunstancias concretas de la renuncia, al no haber sido objeto del recurso de casación el pronunciamiento de la sentencia de la AP que había declarado nula la cláusula suelo inicial, que por tanto había quedado ineficaz.

Este juzgado (desde su sentencia de 23.11.20, autos de juicio ordinario 685/18) no sigue (como regla) la nueva jurisprudencia del TS en los supuestos en que existe un único acuerdo (de reducción o eliminación de la cláusula suelo), utilizando para ello, en síntesis, los siguientes argumentos (adaptados al caso de autos):

1.- Hay que partir de que la Jurisprudencia del TS (salvo las sentencias dictadas en los recursos en interés de la ley, art. 494 LEC, que no es el caso) no es vinculante. Debe citarse a este respecto la STC 37/12, de 19 de marzo, que dice lo siguiente:

(FJ 4) La independencia del poder judicial, que se predica de todos y cada uno de los Jueces y Magistrados en cuanto ejercen la función jurisdiccional, implica que, en el ejercicio de esta función, están sujetos única y exclusivamente al imperio de la ley, lo que significa que no están ligados a órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún otro poder público, singularmente del legislativo y del ejecutivo. E incluso que los órganos judiciales de grado inferior no están necesariamente vinculados por la doctrina de los Tribunales superiores en grado, ni aun siquiera por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con la excepción, de la que seguidamente nos ocuparemos, de la doctrina sentada en los recursos de casación en interés de ley; todo ello sin perjuicio de hacer notar que toda jurisprudencia del Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales ( art. 123.1 CE), complementa el ordenamiento jurídico, conforme señala el art. 1.6 del Código civil, y tiene, por ello, vocación de ser observada por los Jueces y Tribunales inferiores, en los términos que después se expresan, a lo que ha de añadirse que la infracción de la jurisprudencia constituye motivo de casación en todos los órdenes jurisdiccionales.

(FJ 7) Conforme a lo expuesto, la independencia judicial ( art. 117.1 CE) permite que los órganos judiciales inferiores en grado discrepen, mediante un razonamiento fundado en Derecho, del criterio sostenido por Tribunales superiores e incluso de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo ( art. 1.6 del Código civil), si fuere el caso, sin que con ello se vulnere el principio de igualdad en aplicación de la ley, al tratarse de órganos judiciales diferentes, y tampoco el derecho a la tutela judicial efectiva, con la excepción, justamente, del supuesto de la doctrina legal que establezca el Tribunal Supremo al resolver el recurso de casación en interés de ley, precisamente por los efectos vinculantes que tiene para los órganos judiciales inferiores en grado, supuesto excepcional en que estos órganos judiciales quedan vinculados a la "doctrina legal correctora" que fije el Tribunal Supremo, so pena de incurrir incluso, como ya se dijo, en infracción del art. 24.1 CE por inaplicar el precepto legal con el contenido determinado por esa doctrina legal que les vincula por imperativo de lo dispuesto en el art. 100.7 LJCA ( en el orden civil art. 493 LEC , este matiz es nuestro).

2.- Aunque en este caso no se han practicado pruebas orales, suelo decirse a continuación que las declaraciones testificales de los empleados de la CRN, por sí solas, no son, como regla y en principio, suficientes para hacer prueba en aquello que favorece a la entidad. Ello porque, de un lado, mantienen con dicha entidad vínculo laboral que les priva del necesario requisito de la imparcialidad subjetiva. Y de otro, porque tuvieron intervención personal en el acuerdo, por lo que tienen interés en defender que actuaron correctamente en el proceso de comercialización del mismo, ya que en otro caso podrían llegar a contraer responsabilidad frente a la propia entidad.

3.- Dicho lo anterior, no hay prueba de que el prestatario, en el caso del acuerdo litigioso, recibiera información precontractual respecto de la renuncia.

No hay oferta anterior al acuerdo, del que no existe otra prueba, a través del documento que lo formaliza, de su fecha, su firma y su contenido, sin que se haya acreditado que el actor fuera informado antes del mismo.

Cabe por tanto (eso es lo que resulta de la prueba documental) que el prestatario nada supiera de la renuncia hasta el momento de la firma, y que ésta fuera sorpresiva y se enterara de la misma cuanto ya había tomado la decisión de suscribir el acuerdo y estaba a punto de hacerlo, atraído por los beneficios que la eliminación del suelo y el establecimiento en su lugar de un tipo fijo de corta duración podía suponerle.

4.- El actor, a mayor abundamiento, no fue informado (ni antes, ni tampoco al tiempo de la firma del acuerdo) de las consecuencias económicas que la renuncia comportaba.

Este juzgado considera muy importante el que el prestatario sepa o no, tenga o no oportunidad de saber, a cuánto asciende aquello que ha pagado por la cláusula suelo por encima de lo que habría pagado a tipo variable, y a lo que por tanto va a renunciar a cambio de la supresión del suelo. La CRN lo sabía, o en todo caso disponía de las herramientas necesarias para efectuar con facilidad el cálculo. La prestataria, no consta que lo supiera. Por más que fuera consciente de que el suelo se le venía aplicando desde junio de 2013, no hay prueba de que conociera los tipos variables que se le habrían aplicado, y el importe de las cuotas que habría pagado sin suelo, y por tanto lo pagado de más por causa de la cláusula.

Un cliente medio, consumidor, no está en condiciones, por sí solo, de hacer esos cálculos. No en vano es la entidad la que administra el préstamo y determina en cada periodo cuál es el interés aplicable y el importe de la cuota a pagar, sin dejar nunca estas operaciones en manos del prestatario. Para que el cliente pueda efectuar ese cálculo debe conocer al menos las bases a aplicar (tipos variables, capitales pendientes en cada momento...) o disponer de tiempo suficiente antes de la renuncia para poder asesorarse.

El acuerdo transaccional es un intercambio de dos prestaciones: la CRN elimina la cláusula suelo y el cliente renuncia a reclamar lo pagado por él. De estas prestaciones, la renuncia es líquida, perfectamente cuantificable en dinero, y por tanto, pudiendo serlo, debe ser cuantificada por la entidad, que debe informar al cliente del resultado, o el menos debe permitirle que la cuantifique si lo desea (proporcionándole las bases o dándole tiempo para que pueda acudir a un asesor).

Si la información al cliente del impacto económico de la cláusula suelo no fuera relevante habría que concluir que son válidas las renuncias insertas en acuerdos pactados en contra de la necesaria buena fe cuando prácticamente todo el préstamo está amortizado, habiéndose aplicado el suelo durante periodos largos, quedando solo una (o unas pocas) cuota(s) por pagar, y en los que el por tanto el cliente nada o casi nada gana con la eliminación del suelo y la renuncia.

5.- Por último, la información escrita sobre las consecuencias jurídicas de la renuncia ofrecida por la CRN es incorrecta por insuficiente. El expositivo IV del acuerdo dice que la tendencia jurisprudencial era entonces favorable a la eliminación de las cláusulas suelo. Sin embargo, desde la STS 25.03.15 también lo era a la devolución de cantidades, al menos, entonces, las pagadas desde el 09.05.13 (a la espera de que se resolvieran las cuestiones prejudiciales sobre el alcance retroactivo de la eventual nulidad de la cláusula planteadas por el Juzgado Mercantil 1 de Granada el 25.03.15 y la AP de Alicante el 15.06.15). Decir por escrito al cliente que los juzgados tendían mayoritariamente en sus sentencias a eliminar la cláusula suelo, sin decirles que tendían también, cuando la eliminaban, a condenar a la entidad a devolver cantidades, era colocarles ante un escenario judicial en el que iban a conseguir lo mismo que, sin costes y con indudable economía de tiempo, podían obtener a través del acuerdo ofrecido por la entidad.

Por todo ello, entendiendo una vez examinadas sus circunstancias que la renuncia no fue objeto de información correcta ni suficiente, el pacto de renuncia se considera nulo.

En este sentido, el TS, en sentencia de 09.02.21 (en relación con un préstamo de CAJA LABORAL) ha matizado que

14.- En el presente caso, si bien la redacción de la cláusula es también clara y fácilmente comprensible, sin embargo, a juicio de esta sala, con los datos proporcionados por la entidad financiera los prestatarios no estaban en condiciones de calcular fácilmente las consecuencias económicas de su renuncia (...).

15.- Con esta información, un consumidor medio, normalmente informado, y razonablemente atento y perspicaz, no podría calcular la cantidad que habría pagado en concepto de intereses remuneratorios de su préstamo hipotecario durante el periodo de referencia (del 9 de mayo de 2013 al 24 de febrero de 2016) ...

17.- Por ello, debemos concluir que en este caso el consumidor no ha podido conocer cabalmente las consecuencias económicas derivadas de la renuncia y, por tanto, la cláusula de renuncia litigiosa no supera el control de transparencia material.

2.- la cláusula suelo de la escritura de 09.11.12.

Situados así -una vez resuelta la falta de validez del pacto de renuncia - en la escritura inicial, vamos a examinar, en primer lugar, si existe o no prueba de que el actor fuera informado de la existencia y de las consecuencias de la cláusula suelo antes de formalizarla, y si la misma es o no clara y fácilmente comprensible.

En el caso de autos, ya se dijo, no se han practicado pruebas orales.

Por lo que respecta a las documentales:

No se aporta folleto informativo. Tampoco simulaciones.

Anexa a la escritura (doc. 1 de la demanda) obra en autos la "Ficha de Información Personalizada y/u Oferta Vinculante del Préstamo Hipotecario" (FIPER). En ella aparece reflejado el tipo de interés mínimo (2'5%) en distintos pasajes (páginas 2, 4 y 6). En el apartado "RIESGOS Y ADVERTENCIAS" se dice que "el tipo de interés de este préstamo a pesar de ser variable nunca se beneficiará de descensos del tipo de interés de referencia por debajo de 2'5%". Se indica cuáles son los valores mínimo, máximo y medio del euríbor durante los últimos 15 años, y el importe de la cuota que resultaría de la aplicación de cada uno de ellos, aunque no se indica (o no ha sabido verse) el valor de la cuota resultante de la aplicación del mínimo ni se hacen simulaciones a tipos inferiores, para mostrar al prestatario la pérdida de beneficio que el suelo podía reportarle.

Lo que sucede es que la FIPER

Lo que sucede es, de un lado que el documento lleva (al principio) fecha de emisión 08.11.12 (tan solo un día antes de la firma de la escritura), y de otro carece de fecha y firma de recibí, circunstancia que convierte en opaca la entrega del documento, impidiendo saber si fue entregado al actor y en su caso cuándo y con cuánta antelación a la firma de la escritura y por tanto si el prestatario tuvo tiempo (que realmente en ningún caso pudo tener, pues la ficha se emitió la víspera de la firma) para poder examinar con detenimiento el documento e incluso asesorarse externamente del mismo. La emisión del documento la víspera de la firma de la escritura y la ausencia de firma del prestatario y fecha en el recibí implica una mala práctica bancaria y perjudica a la entidad, haciendo que no pueda darse por probado que la entrega de la ficha se hizo con la antelación mínima suficiente al otorgamiento del título, necesaria para que el cliente pueda estudiarla. Por otra parte, la falta de firma del prestatario y fecha de recibí vacía de contenido la advertencia notarial (cláusula 24ª C) relativa a oferta vinculante.

La litigiosa es una hipoteca de las que se conocen como "hipotecas vinculadas" o "hipotecas vinculación". Sucede que el suelo se compadece mal con la existencia de bonificaciones del diferencial por vinculaciones, ya que aquél y éstas actúan en sentidos opuestos. Las vinculaciones suponen incentivos al prestatario para la contratación de productos o servicios bancarios ajenos al préstamo (tarjetas, seguros, domiciliaciones...), en la confianza de que los mismos van hacer que disminuya el tipo de interés variable de su contrato. El suelo impide que el tipo descienda por debajo de determinado límite, haciendo ilusoria a partir del mismo la esperanza de reducción del tipo de interés del prestatario aun en el caso de que contrate productos vinculados. La exigencia de transparencia pasa porque el prestatario sea informado de esta contraposición, para que pueda decidir vincularse o no según vaya o no a aplicarse el suelo. Pues bien, ni en la escritura ni tampoco en la FIPER no firmada se hace ninguna advertencia (o no ha sabido verse) en tal sentido (solo aparece en la FIPER la advertencia genérica de que, a pesar de ser el préstamo variable, el prestatario nunca se beneficiará de descensos del tipo de interés por debajo del 2'5%)

Aunque el Notario leyera (de ello da fe) la escritura, no habiéndose acreditado que antes (con suficiente antelación) del acto de otorgamiento la Caja informara de la existencia, del significado y de las consecuencias de la cláusula suelo, el mero hecho de aquella lectura (extensiva a todas las muchas condiciones del contrato), tampoco subsana la falta de información previa ni asegura que el prestatario adquiriera cabal conocimiento de la existencia del suelo y sobre todo de su repercusión. El cliente bancario, que toma la decisión de obligarse o no en fase precontractual, en función de las condiciones que la entidad le ofrece y le explica, debe acudir a la notaría suficientemente informado, sin que la lectura de toda la escritura, colmada de datos, por parte del Notario, pueda suplir en el momento de la firma la falta de información previa de la entidad. Por otra parte, no es exigible al prestatario en ese momento, en que culmina el proceso de obtención de la financiación que necesita para la construcción o adquisición de su vivienda, negar la firma por la irrupción en la lectura notarial, si se da cuenta de ello, de una cláusula de la que en su caso no tuviera conocimiento.

Al final de la propia cláusula y también al final de la escritura el notario advierte de que existen límites a la variación del tipo de interés (cláusulas suelo y techo), de los efectos de estos límites ante la variación de la referencia y de las diferencias entre los límites al alza y a la baja. En cualquier caso, tales advertencias, al igual que se ha dicho para el trámite de lectura del título, no sirven para suplir la omisión de la información exigible a la entidad, que ha de ser precontractual. Además, alguna de las advertencias ni siquiera se comprende bien (así, el apartado b/ de la advertencia 3, en el que el notario hace "constar que no únicamente se ha establecido un límite máximo a la bajada del tipo de interés", cuando el límite máximo solo cabe entenderlo referido a la subida del tipo, mientras que para la bajada lo que cabe establecer es un límite mínimo)

Desde el punto de vista estrictamente formal el suelo dispone en la escritura, dentro de una cláusula más amplia dedicada al tipo de interés ordinario y sus modificaciones, de un apartado propio con título ( TIPO DE INTERÉS ORDINARIO MÍNIMO) redactado en mayúsculas, negrita y subrayado, lo mismo que los otros apartados de la misma cláusula. Se trata de una cláusula amplia (casi 10 páginas). En el conjunto de la escritura (cinco líneas incluido el título, o 12 si contamos también la advertencia unida al párrafo, dentro de un total de 52 páginas) y de la propia cláusula tercera de la que forma parte (casi 10 páginas, como se ha dicho) su facilidad de detección, su comprensión y su entendimiento se pierden, quedan diluidos.

Desde otra perspectiva, dado que el interés variable incorpora un diferencial (mínimo, supuesta la vinculación máxima) de 1'50 puntos (1'90 - 0'40), la activación del suelo (2'5%) requiere que el Euribor se encuentre por debajo del 1%.

Examinada la serie histórica, desde la implantación del euríbor hasta el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario el 09.11.12, los tipos venían estando por debajo de ese valor desde el mes de agosto de 2012 (0'877%), y en valores próximos desde algún tiempo atrás (por ejemplo, habían estado por debajo del 1'3% desde septiembre de 2009 hasta junio de 2010 y desde mayo de 2012 en adelante). En noviembre de 2012, mes en el que se otorgó el título, su valor era del 0'588%, es decir, 1'912 puntos inferior al suelo (bruto) y 0'412 superior al suelo (neto) una vez deducido el diferencial mínimo.

Dentro de la misma cláusula tercera, aunque en párrafo ligeramente alejado (en la FIPER se encuentran el uno junto al otro) existe un techo del 12% que, por formar parte de la misma estipulación, aparenta ser la contraprestación del suelo. Pues bien, el valor más alto alcanzado hasta entonces, desde su implantación, por el Euribor, había sido el 5'393% en julio de 2008, 6'607 puntos por debajo del techo y 5'107 puntos por debajo del techo menos el diferencial mínimo. A su vez el euríbor vigente en el momento del otorgamiento de la escritura distaba 11'412 puntos del techo y 9'912 puntos del techo menos el diferencial mínimo.

De todo ello resulta que las probabilidades de aplicación del suelo a corto y medio plazo eran reales y elevadas, mientras que las de que se aplicara el techo, su aparente contraprestación, escasas por no decir inexistentes.

Suelo y techo tampoco guardan proporción con el tipo de interés inicial pactado en la escritura (3'5%), mucho más próximo del primero que del segundo.

Mirando ahora el devenir del contrato en el tiempo posterior a su perfección, el límite mínimo, antes de su eliminación el 15.01.16, se aplicó en 32 de las 32 cuotas mensuales devengadas en fase de interés variable (el 100% de las veces). Esta circunstancia no puede achacarse (o no puede achacarse solo) a la impredecible variación de los tipos, sino al hecho de haberse insertado en el contrato un suelo (2'50% / 1% deducido el diferencial mínimo) que en el tiempo anterior al otorgamiento de la escritura había sido rondado e incluso (desde agosto de 2012) rebasado a la baja por el valor del euríbor y que en el momento de su formalización se encontraba por debajo del mismo.

El suelo no supera los filtros de transparencia (en especial de transparencia material) ni resulta proporcionado dentro del conjunto de las cláusulas del contrato, lo que hace que la cláusula sea y deba declararse nula.

Cuarto. - Efectos de la nulidad del suelo. Intereses.

Si la declaración de nulidad de la cláusula suelo debe tener o no efecto retroactivo, y en su caso hasta dónde debe éste alcanzar, es cuestión que dejó zanjada el TJUE su en sentencia de 21.12.16, al consagrar la retroactividad total de la misma. Tal doctrina fue seguida posteriormente por el TS en la suya de 24.02.17. Y es aplicada sin ambages en la actualidad por todos los tribunales.

Dado que la parte actora no pide la anulación del acuerdo privado de 09.01.16, los efectos de la nulidad se circunscribirán al tiempo durante el cual el suelo fue aplicado hasta su eliminación, es decir, desde el 09.06.13 al 09.01.16, ambos vencimientos inclusive.

CAJA RURAL DE NAVARRA, en (pre)ejecución de esta sentencia, deberá recalcular las cuotas satisfechas en dicho periodo aplicando, sin suelo, el tipo de interés pactado en la escritura que estuviera vigente en la fecha de cada devengo (Euribor 12 meses + diferencial - bonificaciones en su caso). Del cálculo se dará traslado al actor, que podrá contradecirlo. A la vista, en su caso, de los cálculos de una y otra parte, el juzgado determinará la cantidad a devolver. La demandada habrá de restituir la diferencia entre las cuotas abonadas con aplicación del suelo y las resultantes sin aplicación de dicha cláusula.

Además, sobre el exceso pagado en cada cuota, la demandada deberá abonar al actor intereses al tipo legal del dinero desde el momento de su pago (el de cada cuota en la que se produce el exceso) hasta sentencia e incrementado el tipo en dos puntos desde la fecha de esta sentencia hasta el completo pago (1100 y 1108 CC y 576 LEC).

No se establecerán efectos a futuro (de abstención de aplicación del suelo) pues el préstamo está cancelado desde el 13.01.20.

Quinto. - Gastos

Nulidad de la cláusula

La demandada se allana, no hay cuestión (21 LEC)

Consecuencias de la nulidad.

La demandada se allana a devolver la cantidad reclamada por principal (977'49 €) y los intereses (296'21€, calculados hasta el 09.12.21, escasos días antes de la consignación), en total 1.273'70 €.

Intereses

Los intereses reclamados en demanda son los devengados por cada una de las partidas de gastos desde la fecha de su respectivo abono, al tipo de interés legal del dinero hasta sentencia e incrementado el tipo en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta el pago.

La demandada calcula dichos intereses, sobre cada una de las partidas de gastos, al tipo de interés legal del dinero, desde la fecha de otorgamiento de la escritura (09.11.12) hasta el 09.12.21, resultando una cantidad de 296'21 €, que ingresa en la cuenta del actor el 13.12.21 junto al principal. Se da por buena la cifra consignada, ya que los intereses devengados desde la liquidación el 09.12.21 hasta el pago el 13.12.21 no son significativos (0'40 €).

Sexto. - Costas.

Según la STJUE 16.07.20 el grado de estimación de la demanda se mide en función del porcentaje o número de las cláusulas impugnadas que se declaran nulas.

En este caso van a declararse nulas las dos cláusulas impugnadas. Las costas, por tanto, se imputarán a la demandada.

La estimación de la demanda va a ser íntegra o total, pues no solo van a declararse nulas las dos cláusulas, sino que también van a concederse todas las cantidades reclamadas (bien que en el caso de la cláusula suelo, a liquidar en ejecución de sentencia).

A efectos de la tasación de costas debe recordarse que la cuantía del procedimiento quedó definitivamente fijada en la audiencia previa como indeterminada, y que las demandas de cuantía indeterminada tienen por ley un valor de 18.000 € (394.3 LEC).

Visto cuanto antecede