Sentencia Civil 114/2024 Juzgado de Primera Instancia de Valladolid nº 15, Rec. 1234/2022 de 20 de marzo del 2024

PRIMERO.- Ejercita la actora acción de declaración de vulneración de su derecho fundamental al honor por parte de la entidad Vodafone España, SAU por su inclusión en el registro de morosos Asnef desde el 29 de julio de 2018 por una deuda que no es líquida, vencida ni exigible, ni notificada, solicitando la cancelación en el registro y una indemnización por importe de 3.000 euros o la cantidad que en su caso entienda justificada el tribunal.

La demanda relata que con motivo de solicitar financiación en mayo de 2022 conoció su inclusión en el registro, realizando consulta por la que obtuvo el documento de inclusión en el registro que se aporta como documento nº 1 y que publica una deuda por importe de 2.423,76 € desde el 29/07/2018.

La demandada se opone a la reclamación alegando haber dado cumplimiento a las previsiones legales, añadiendo la cancelación del registro.

SEG UNDO.- De todo lo actuado y prueba practicada resultan acreditados los hechos relevantes siguientes:

1º) La información proporcionada del registro Badexcug informa de la inclusión de la deuda el 29 de julio de 2018 como fecha de alta por importe de 2.423,76 € informada por Vodafone y deuda por servicio de telecomunicaciones (documento nº 1 de la demanda).

2º) Con la contestación a la demanda se acompaña documentación justificativa de la contratación por la demandante de distintos servicios de telecomunicaciones y adquisición de terminales en modalidad de pago aplazado con la actora entre los años 2015 y 2017 (bloques documentales 2 y 3). En todos ellos figura como domicilio de la demandante, la localidad de Zaratán (Valladolid), DIRECCION000.

3º) Se aportan las facturas emitidas y devueltas, de las que deriva la deuda líquida, vencida y exigible mediante un pantallazo informático de su relación (documento 4) y la aportación de todas y cada una de las facturas emitidas por los distintos contratos (documento nº 5).

4º) El condicionado general que aporta la demandada como documento nº 4 de la contestación, y del que desprende la comunicación de posibilidad de inclusión en fichero de morosos en caso de impago, se trata de una versión a 30 de agosto de 2022, posterior a la celebración de los contratos.

Los contratos suscritos aportados como bloque documental nº 2 de la contestación no contienen dicha previsión.

5º) En mayo de 2018 se remitió a la actora requerimiento de pago de Vodafone por importe de 2.064,76 €, a través de Equifax y al domicilio contractual de la actora, DIRECCION000 Zaratán (Valladolid) y a través de la empresa Servinform, S.A. , quien certifica la remisión a dicho domicilio sin incidencia (documento nº 7 de la contestación).

6º) Se acredita la cancelación del registro con fecha 13 de noviembre de 2022, según comunicación recibida en fase probatoria.

TER CERO. - El artículo 20 de la ley Orgánica 3/2017 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, regula los requisitos de los ficheros de "información crediticia".

Se exige que los datos facilitados por el acreedor: 1º) Se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes; 2º) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe; 3º) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.

De otro lado, limita las consultas de datos de un deudor determinado cuando quien consulte mantenga una relación contractual con el afectado que implique pagos o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica. Y además, exige que si se le denegase la solicitud de la celebración del contrato o no se celebre por causa de la consulta, debe informar al afectado del resultado de esta consulta.

Sob re la exigencia del requerimiento de pago que se establece en el artículo 38.1, c) del Real Decreto 1720/2007, Reglamento de la ley anterior, ya venía la doctrina del Tribunal Supremo relacionándolo con la obligación de informar y acceder a los registros que se regula en el artículo 39 del mismo reglamento.

La sentencia del Tribunal Supremo 563/2019 de 23 de octubre resume la doctrina aplicable a los supuestos de inclusión en los registros de morosos.

Por lo que se refiere al requerimiento de pago se afirma " que es un requisito que responde a la finalidad del fichero automatizado sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, que no es simplemente un registro sobre deudas, sino sobre personas que incumplen sus obligaciones de pago porque no pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo de modo injustificado. Con la práctica de este requerimiento se impide que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación".

Por lo que se refiere a la utilización de servicios de comunicación como el presente, las STS 863/2023, 960 y 959/22 y 1328/23, se afirma que no puede rechazarse la acreditación del hecho relevante de la comunicación cuando, como ocurre en el presente supuesto, resulta idónea la dirección a la que se envió el requerimiento, se acredita el envío y la constancia de la no devolución " no existiendo de otra parte dato alguno con reflejo en los autos del que se pueda inferir que la carta no llegara a su destino o que su recepción se hubiera malogrado por razones achacables al prestador del servicio postal encargado y responsable de entregarla al destinatario".

Por lo que se refiere a la discusión sobre el importe de deuda, no se aprecia intromisión ilegítima cuando aunque se discuta parte de la deuda no se realice acción alguna para enmendarlo y tampoco se avenga a pagar ( STS 422/20 de 14 de julio), recalcándose que en estos casos el requerimiento hubiera resultado igualmente inútil.

CUARTO. - Aplicación al caso.

No se han impugnado ni los contratos firmados con la demandada ni las numerosas facturas aportadas que documentan las deudas de la actora, detallando los conceptos, partidas y contratos de referencia. Tampoco se acredita pago alguno de estas cantidades o razón o motivo por el que no se deben. Tampoco gestión alguna para su solución, discusión o pago, ni siquiera tras conocer su inclusión en el registro.

Por lo que no puede dudarse de la existencia de la deuda, vencida y exigible.

En cuanto al requerimiento de pago, el documento 7 de la contestación acredita la reclamación y requerimiento de pago con advertencia de aviso de inclusión en el fichero Asnef-Equifax y remitido a la dirección contractualmente facilitada por la actora. Y sobre la que no se ha alegado ni probado que haya variado, que no sea hábil por el motivo que sea y que se comunicara oportunamente a la acreedora.

Finalmente tampoco consta cuál ha sido la financiación denegada por motivo de la consulta.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, no concurren los presupuestos para entender cometida la intromisión al honor que se afirma en la demanda, procediendo su desestimación.

CUA RTO.- Conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se impondrán al litigante que viera rechazadas íntegramente sus pretensiones.

VIS TOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,