Sentencia Civil 47/2023 Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 10, Rec. 815/2022 de 17 de mayo del 2023

PRIMERO.- DE LA PRESCRIPCIÓN

Para un ordenado examen de las cuestiones controvertidas planteadas procede abordar en primer lugar la prescripción de la acción.

La parte demandada, alega la prescripción de la acción ejercitada por entender que estamos ante una acción de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del CC por lo que el plazo de prescripción es de un año, fijando la demandada el dies quo el 23 de julio de 2015, fecha en la que se publicó la resolución sancionadora de la CNMC. Entiende la demandada que desde entonces la demandante estaba en condiciones de conocer la existencia de una conducta constitutiva de la infracción, la calificación de la conducta como anticompetitiva, el hecho que la infracción ocasionó un perjuicio y la identidad de los infractores. En consecuencia, habiéndose presentado la demanda el 19/5/2022, entiende que la acción se encuentra prescrita al no haberse interrumpido el plazo de prescripción.

La cuestión debe resolverse a la luz de la Sentencia de 22 de junio de 2022 del TJUE, y en especial teniendo en cuenta que el TJUE interpreta en los apartados 64 a 72 que el dies a quo que debe tomarse para el inicio del cómputo es el de la fecha de la publicación de la resolución sancionadora.

Así lo ha interpretado también la Sec. 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona que ha concluido en su sentencia nº 1279/2022 de 28 de julio (ECLI:ES:APB:2022:8675) que:

" en materia de prescripción la Sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022 considera que la irretroactividad que proclama la Directiva de Daños sólo alcanza a las situaciones jurídicas nacidas y consolidadas bajo la vigencia de la norma anterior en la fecha que expiró el plazo de trasposición de la Directiva (el 27 de diciembre de 2016 ), esto es, a las acciones extinguidas por prescripción en esa fecha. En segundo lugar, para determinar si la acción se había extinguido, lo relevante es determinar el momento a partir del cual comenzó a correr el plazo de prescripción de la norma derogada, para lo cual es necesario que haya cesado la infracción y que la persona perjudicada tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de la información indispensable para ejercitar su acción de daños. Por último, ese conocimiento de todas las circunstancias de la infracción (identidad de los autores, duración de la infracción, productos afectados...) sólo se alcanza con la publicación de la Decisión sancionadora en el Diario Oficial de la Unión Europea."

Al igual que las decisiones de la Comisión Europea se publican en el DOUE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento (CE) 1/2003, y el TJUE contempla dicha publicación como dies a quo; en el caso de infracciones de competencia de acuerdo con la legislación nacional el art. 69 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y el art. 23.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia señalan que la publicación de la resolución sancionadora se realizará en la página web de la Comisión Nacional de la Competencia (www.cncompetencia.es), una vez notificados a los interesados.

Así pues, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una resolución sancionadora publicada el 23 de julio de 2015, por unas conductas que se desplegaron en el periodo temporal de 2006 a junio de 2013, no resulta de aplicación la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 21 y 22 de la referida Directiva, y debemos regirnos por la responsabilidad extracontractual prevista en el art. 1.902 del CC, cuyo plazo de prescripción es de un año de conformidad con el art. 1968 del CC.

El hecho que la resolución sancionadora de la CNMC fuera recurrida ante la jurisdicción contencioso administrativa, a mi juicio, no influye para la determinación del dies a quo.

Con la publicación de la resolución, los afectados tenían todos los elementos de hecho y la identificación de los sujetos para el ejercicio de la acción de reclamación.

La distinción de acciones follow on y stand alone, es una distinción meramente doctrinal que no se traduce en un diferente tratamiento normativo.

El juez civil es plenamente competente para conocer de todas las cuestiones prejudiciales administrativas que se le puedan plantear ( art. 42.1 de la LEC) y sólo se contempla la suspensión del procedimiento cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra.

En este sentido es significativo visualizar que el Tribunal Supremo en su sentencia nº 528/2013 de 4 de septiembre (ECLI:ES:TS:2013:4739), al abordar el ejercicio de este tipo de acciones, determinó como dies a quo del cómputo del plazo de ejercicio de la acción el momento en el que el perjudicado tuvo conocimiento de todos los elementos la conducta anticompetitiva, aunque lo fuera mediante un procedimiento administrativo no firme. Es importante destacar que en aquel caso en que Iberdrola fue sancionada por abuso de posición de dominio por resolución de la CNC de 2 de abril de 2009, dicha resolución administrativa sancionadora no fue firme hasta la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:2727), cuando la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ya había resuelto dos años antes la procedencia del ejercicio tempestivo de la acción civil por el perjudicado.

En definitiva, no es la firmeza del acto administrativo lo que determina el ejercicio de la acción sino que el nacimiento de la acción surge con el conocimiento de los elementos necesarios para su ejercicio, que en España se produce, en todo caso, con la publicación de la resolución sancionadora de acuerdo con el art. 69 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y el art. 23.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.

En consecuencia, habiéndose publicado la resolución de la CNMC el 23 de julio de 2015, habiéndo interpuesto la primera reclamación el 27 de mayo de 2022 y siendo el plazo de prescripción el de un año, la acción se encuentra prescrita.

SEGUNDO.- COSTAS

Existiendo dudas de derecho en la cuestión de la prescripción, al existir resoluciones en diferente sentido, no procede la imposición de costas a ninguna de las partes.