Sentencia Civil 60/2023 Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 3, Rec. 106/2021 de 22 de junio del 2023

PRIMERO.- Acción ejercitada. Oposición de la parte demandada.

La parte actora insta acción de resarcimiento, alegando que la demandada formó parte en el llamado cártel de los camiones y en la comisión de conductas anticompetitivas consistentes en la concertación y fijación de precios entre los principales fabricantes de camiones y repercutir los costes de una normativa más exigente en materia de emisiones en el Espacio Económico Europeo desde 1997 hasta el 2011, conforme la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016, publicada el 6 de abril de 2017. Así, mediante la citada Decisión, de fecha de 19 de julio de 2016, se sancionó , entre otros, a SCANIA. Se afirma que la demandada SCANIA ha reconocido la participación en el referido acuerdo colusorio, pues se acogió a un procedimiento de clemencia.

Partiendo de ello, según resulta del escrito de demanda, la actora solicita que se dicte Sentencia estimatoria de la demanda, por la que con estimación íntegra de la Demanda, se DECLARE:

1.Que la demandada SCANIA , S.A. ha llevado a cabo prácticas contrarias a la libre competencia derivadas de la infracción de los art 101 TFUE y del art 53 Acuerdo sobre el EEE, que quedó acreditada por la Decisión de la CE de fecha de 19/07/2016 (publicada en fecha de 06/04/2017) y que consistió en la práctica de acuerdos colusiorios sobre la fijación de precios y los incrementos de los precios brutos de los camiones en el EEE; y sobre el retraso en la calendario y la repercusión de los costes para introducción de las tecnologías de emisiones exigidas por las normas EURO 3 a 6.

2. Que , como consecuencia de dichas actuaciones , se ha causado un perjuicio a la actora cifrado en las siguientes cantidades:

a) La cuantía de 7.966€ , correspondiente al importe pagado en exceso por la compra del camión.

b) La cuantía de 4.856,64€ , correspondiente a los intereses previstos en el art 1.108 CC (interés legal) contados desde la fecha de la compra del camión hasta la fecha en que recaiga resolución judicial del presente procedimiento.

3. Que como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, se acuerde la condena al pago de los intereses procesales desde la interposición de la Demanda hasta el completo pago de lo declarado en Sentencia.

4. Con condena en costas a la parte demandada.

Frente a ello, la parte demandada interesa la íntegra desestimación de la Demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora, alegando los motivos de oposición anteriormente expuestos.

SEGUNDO.- Normativa aplicable al supuesto de autos .

Antes de entrar a resolver sobre la legitimación de la parte demandada, es necesario realizar una breve reseña a la normativa aplicable para resolver este procedimiento.

Tal y como ha indicado ya la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª, Sentencia nº 603/2021, de 18 de noviembre de 2021, ECLI:ES:APB:2021:13564):

" Sobre esta cuestión ya nos pronunciamos en las sentencias referidas al cártel de los sobres - Sentencia de 13 de enero de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:184), por todas - donde argumentábamos que vistas las fechas de los actos colusorios e interposición de las acciones no resultaba de aplicación el principio de la interpretación conforme, dado que en esas fechas no había finalizado el plazo de transposición de la Directiva, por lo que no cabe la interpretación del derecho nacional (que contiene una regulación completa) conforme a la Directiva de daños.

20. En el presente caso -en línea con la Sentencia relativa al cártel de los camiones de 17 de abril de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:2567)- debemos llegar a la misma conclusión puesto que estamos ante actos colusorios llevados a cabo en el período comprendido desde 1997 hasta 2011, el vehículo se adquiere en el año 2004 y la presente demanda se interpone en abril de 2018. Por su parte la Directiva de Daños ( Directiva 2014/104/UE) entra en vigor el 27.12.2014, por lo que mientras dura la infracción ni se había publicado ni transpuesto la Directiva de Daños al Derecho español -que se produjo mediante el citado Real Decreto-ley 9/2017- ni había finalizado su período de transposición -que terminaba el 27 de diciembre de 2016."

Este criterio judicial determina que no puedan aplicarse, ni siquiera por el principio de interpretación conforme con la Directiva de Daños ( Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea) la presunción de daños, favorable al perjudicado.

La Sentencia del TJUE de 22 de junio de 2022 (ECLI:EU:C:2022:494) corrobora este criterio interpretativo, aunque lo hace con algún matiz ya que permite aplicar la Directiva para cuestiones de índole procesal, pero no para aquellas de carácter material. En concreto, respecto de la posibilidad de aplicar la presunción de existencia de daño como consecuencia de una infracción de derecho de la competencia, el Tribunal es concluyente (§104):

"Teniendo en cuenta el artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2014/104, procede considerar que la presunción iuris tantum establecida en el artículo 17, apartado 2, de esta Directiva no puede aplicarse ratione temporis a una acción por daños que, aunque fue ejercitada con posterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones nacionales que transpusieron tardíamente dicha Directiva al Derecho nacional, se refiere a una infracción del Derecho de la competencia que finalizó antes de que expirara el plazo de transposición de tal Directiva."

TERCERO.- Falta de legitimación pasiva.

En primer lugar, procede analizar la falta de legitimación pasiva opuesta.

Como se ha indicado, la mecantil "FUSTES LLEIDA" alega que habría adquirido un camión de la marca Scania, con matrícula ....-NDC a la sociedad Scabarna, S.A. (SCABARNA). Ejercita una acción de reclamación sobre la exclusiva base de la infracción de las normas de defensa de la competencia declarada en la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016, as. AT.39824 - Camiones, que invoca como único título o fundamento de la acción ejercitada por la misma , solicitando el dictado de una Sentencia con los concretos pronunciamientos que se han expuesto .Se afirma , además , que Scania Hispania habría "reconocido" su responsabilidad "en el procedimiento de clemencia", y que remitió una comunicación previa al ejercicio de la acción judicial a Scania Hispania, en fecha de 07/07/2017 , a la que SCANIA dio respuesta . Asimismo, la actora afirma que habría remitido otras reclamaciones extrajudiciales previas , en fecha de 08/07/2019 y el 4/02/2020. De la propia Demanda resulta que la actora configura su reclamación como una acción resarcitoria consecutiva de la Decisión citada , en tanto que alega que ya habría declarado que SCANIA HISPANIA ha llevado a cabo prácticas anticompetitivas y que la Decisión habría sancionado a los fabricantes DAF, DAIMLER-MERCEDES, IVECO , MAN , VOLVO-RENAULT y SCANIA.

Asimismo, procede hacer cita de la siguiente jurisprudencia:

(i)La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) de 14 de marzo de 2019 (ECLI:EU:C:2019:204), considera que una sociedad sancionada en un procedimiento seguido por las autoridades reguladoras por actos colusorios es responsable de los daños causados a terceros aunque no sea la vendedora directa del bien o servicio afectado por el acuerdo colusorio.

(ii)La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) dictada en el asunto Skanska Industrial Solutions Oy(ECLI:EU:C:2019:204). Esta sentencia debe completarse con una sentencia posterior del propio Tribunal, Sentencia de 6 de octubre de 2021 (ECLI:EU:C:2021:800). En este asunto (Asunto Sumal) se aborda una cuestión distinta a la planteada en Skanska ya que no se trata de un supuesto de sucesión de empresas, sino de un grupo de sociedades.

El ordinal 41 de la Sentencia Sumal advierte que:

"al tener por objeto las actividades de las empresas, el Derecho de la Unión en materia de competencia consagra como criterio decisivo la existencia de una unidad de comportamiento en el mercado, sin que la separación formal entre diversas sociedades, resultado de su personalidad jurídica distinta, pueda oponerse a tal unidad a efectos de la aplicación de las normas de competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de julio de 1972, Imperial Chemical Industries/Comisión, 48/69, EU:C:1972:70, apartado 140, y de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, EU:C:2006:784, apartado 41). Por tanto, el concepto de "empresa" comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación, y designa, así, una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, dicha unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C-97/08 P, EU:C:2009:536, apartados 54 y 55, y de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión, C-516/15 P, EU:C:2017:314, apartados 47 y 48). Esta unidad económica consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización que puede participar en la comisión de una infracción de las que contempla el artículo 101 TFUE, apartado 1 ( sentencia de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C-407/08 P, EU:C:2010:389, apartados 84 y 86)."

Por lo tanto, a los efectos de enjuiciar el comportamiento ilícito de una sociedad sancionada por un organismo competente en materia de defensa de la competencia, no sólo se debe en cuenta la identificación formal de la sociedad sancionada, sino si esta sociedad está integrada en un grupo de empresas, es decir, en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado.

En el presente caso la demandada SCANIA HISPANIA no es Destinataria de la Decisión de 19 de julio de 2016, que constituye el único fundamento jurídico de la acción ejercitada por la actora, por lo que se debe apreciar la falta de legitimación pasiva alegada por la misma, en tanto que la acción que ejercita la actora , de responsabilidad civil extracontractual , parte de que el comportamiento anticompetitivo de SCANIA habría sido declarado y habría quedado probado con la Decisión de 19 de julio de 2016. Además , y en contra de lo afirmado en la Demanda , SCANIA ni participo ni se acogió al procedimiento de transacción.

Esta conclusión tampoco se desvirtúa por la STJUE de 6 de octubre de 2021 (Sumal) , que establece la necesidad de acreditar una serie de requisitos complementarios para responsabilizar solidariamente a una sociedad filial en un procedimiento de daños. El ordinal 67 de dicha sentencia concluye:

"la víctima de una práctica contraria a la competencia llevada a cabo por una empresa puede ejercitar una acción de resarcimiento por daños y perjuicios indistintamente contra una sociedad matriz que haya sido sancionada por la Comisión en una decisión como consecuencia de dicha práctica o contra una filial de esa sociedad que no sea destinataria de la referida decisión, siempre que estas sociedades constituyan, conjuntamente, una unidad económica. La sociedad filial afectada debe poder hacer valer de manera efectiva su derecho de defensa con el fin de demostrar que no pertenece a dicha empresa y, cuando la Comisión no haya adoptado ninguna decisión en virtud del artículo 101 TFUE, puede rebatir igualmente la realidad misma del comportamiento infractor alegado"

En el presente caso , no se puede afirmar que alguna de las Destinatarias de la Decisión de 19 de julio de 2016 , tenga un vinculo económico , jurídico u organizativo con la demandada SCANIA HISPANIA.

Tampoco la mera referencia en el Hecho Octavo de la Demanda de que "en fecha de 30 de junio de 2020 la Decisión sancionadora se amplía a SCANIA sobre su participación en la colusión de los fabricantes de los camiones-adoptada por la Comisión europea hace ya tres años (el 27/09/2017)", desvirtúa la anterior conclusión , por cuanto en toda la fundamentación jurídica de la Demanda y en el Suplico de la misma , únicamente se hace referencia a la Decisión de 19 de julio de 2016.

Por lo tanto, debo desestimar la demanda por considerar que la sociedad demandada no está legitimada pasivamente para soportar el ejercicio de la acción, en tanto que no es Destinataria de la Decisión que constituye el fundamento único de la reclamación.

TERCERO.- Costas

Por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desestimada la demanda, impongo las costas a la parte actora.

V I S T O S los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al caso de autos