Sentencia Civil 143/2023 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 7, Rec. 415/2022 de 12 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Exoneración del pasivo insatisfecho.

1.- Tramitación.

Artículo 501. Solicitud de exoneración tras la liquidación de la masa activa.

1. En los casos de concurso sin masa en los que no se hubiera acordado la liquidación de la masa activa el concursado podrá presentar ante el juez del concurso solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los diez días siguientes a contar bien desde el vencimiento del plazo para que los acreedores legitimados puedan solicitar el nombramiento de administrador concursal sin que lo hubieran hecho, bien desde la emisión del informe por el administrador concursal nombrado si no apreciare indicios suficientes para la continuación del procedimiento.

(...)

3. En la solicitud el concursado deberá manifestar que no está incurso en ninguna de las causas establecidas en esta ley que impiden obtener la exoneración, y acompañar las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a los tres últimos años anteriores a la fecha de la solicitud que se hubieran presentado o debido presentarse.

4. El letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la solicitud del deudor a la administración concursal y a los acreedores personados para que dentro del plazo de diez días aleguen cuanto estimen oportuno en relación a la concesión de la exoneración.

Artículo 502. Resolución sobre la solicitud.

(...)

2. La oposición solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley. La oposición se sustanciará por el trámite del incidente concursal.

3. No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la resolución que recaiga en el incidente concediendo o denegando la exoneración solicitada

2.- Requisitos necesarios para la obtención del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho.

Los artículos 487 y 488 TRLC recogen los requisitos subjetivos y objetivos cuya concurrencia es necesaria para conceder el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho.

subjetivo:

1. Solo podrá solicitar el beneficio de exoneración de responsabilidad el deudor persona natural que sea de buena fe.

2. A estos efectos, se considera que el deudor es de buena fe cuando reúna los dos siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable por haber incumplido el deudor el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá conceder el beneficio atendiendo a las circunstancias en que se hubiera producido el retraso.

2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender la decisión respecto a la exoneración del pasivo insatisfecho hasta que recaiga resolución judicial firme.

Valoradas las circunstancias del presente caso, concurre el presupuesto subjetivo, al ser el concursado deudor de buena fe.

No quedan créditos masa o privilegiados sin satisfacer.

3.- Resolución.

Así las cosas, señala el artículo 496 TRLC, en relación a la resolución de la solicitud, que 1. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la solicitud y de la propuesta de plan de pagos presentadas por el deudor a la administración concursal y a los acreedores personados por un plazo de diez días, para que puedan alegar cuanto estimen oportuno en relación con la concesión del beneficio.

2. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al deudor de los escritos que se hubieran presentado a fin de que, dentro del plazo que al efecto le conceda, manifieste si mantiene el plan de pagos o lo modifica atendiendo en todo o en parte a lo alegado.

3. Elevadas las actuaciones, el juez del concurso, en la misma resolución en la que declare la conclusión del concurso, previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y de los requisitos establecidos en esta ley, concederá provisionalmente el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y aprobará el plan de pagos en los términos de la propuesta o con las modificaciones que estime oportunas, sin que en ningún caso el periodo de cumplimiento pueda ser superior a cinco años.

En el presente caso, ha habido oposición alegando sobre la no exoneración del crédito público.

Pues bien, el AAP MAD 28 268/22 de 22 de julio ha señalado:

En cuanto a la extensión de la exoneración al crédito público, se ha de estar al criterio mantenido por en la STS nº 381/2019, de 2 de julio , que consideraba bajo la normativa anterior al TRLC que se debía incluir el crédito público en la extensión del beneficio de exoneración, tanto en la vía general para su concesión, esto es, la inmediata, como en la especial, bajo la actual terminología del vigente TRLC, es decir, la diferida en el tiempo a través de un plan de pagos. Así, bajo el régimen de la anterior norma, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC en lo sucesivo), de acuerdo con la redacción otorgada por la Ley 25/2015, de 28 de julio, a su art. 178 bis, cuando el deudor no se sometía a la vía del plan de pagos, es decir, la petición de exoneración diferida, la del ap. 4 º, la norma establecía la plena exoneración de todo el crédito distinto de aquel que debía pagarse para acogerse a este cauce, esto es, el citado en art. 178 bis.3.4º LC , el crédito contra la masa y el concursal privilegiado, sin mención alguna a la naturaleza pública del crédito cuya exoneración cabría esperar. En cambio, el art. 178 bis.5 LC sí establecía, para el cauce de exoneración diferida por plan de pagos, una limitación a la remisión del crédito si éste gozaba de naturaleza de Derecho público. Justamente fue la diferente extensión del beneficio por una vía, la inmediata, del art. 178 bis.3.4º LC , frente a la otra, la diferida a través de plan de pagos, art. 178 bis.5 LC , lo que determinó la fijación de doctrina jurisprudencial en la STS nº 381/2019, de 2 de julio , reiterada luego en la STS nº 295/2022, de 6 abril . En estas SsTS se advierte esta situación paradójica del distinto tratamiento de la extensión del beneficio según se obtenga por una u otra vía procesal, y, para homogeneizar el sistema, considera que, en los supuestos de plan de pagos, el crédito público no exonerable sería exclusivamente el que tuviera la calificación de crédito privilegiado en el concurso, a fin de asimilar el trato conferido por ambos cauces. Por lo tanto, esa doctrina daba por supuesto que, en todo caso, en la vía que no exigía dicho plan de pagos, esto es, al inmediata o general, la exoneración comprendía el crédito público que no gozase de la consideración de crédito contra la masa o concursal privilegiado, ante el silencio que sobre ello guardaba la redacción del art. 178 bis.3.4º LC , sin referirse al crédito público como exento del beneficio de remisión de deuda. La única discusión doctrinal y práctica se centraba en el alcance de la exoneración dentro del sistema de exoneración diferida mediante plan de pagos, hoy identificado como régimen especial en el TRLC, pues el art. 178 bis.5.1º LC , aplicable únicamente a este sistema, exceptuaba al crédito público y por alimentos del alcance de la exoneración provisional, mientras que el párrafo primero del art, 178 bis.6 LC comenzaba diciendo que los créditos no exonerados según el apartado anterior, entre los que se debían incluir los créditos públicos, podían ser exonerados a través del plan de pagos, si bien a continuación parecía remitir al sistema administrativo de aplazamiento y fraccionamiento para los créditos públicos. Esta deficiente y contradictoria regulación fue objeto de interpretación por la citada STS de 2 de julio de 2019 en el sentido de entender que el crédito público podía ser objeto también de exoneración provisional y objeto de satisfacción a través del sistema de plan de pagos mediante la inclusión del crédito público privilegiado y contra la masa no satisfecho en el mismo, no solo cuando se accedía al beneficio de forma directa, hoy definida como vía general. Partiendo de dicha situación regulatoria anterior, la normación recogida ahora el TRLC, introduce una alteración sustancial en el régimen de extensión de los efectos de la exoneración, en su art. 491 , al eximir de ese beneficio al crédito de naturaleza pública, cualquiera que sea su clasificación o consideración concursal. Ello excede de las competencias legislativas del legislador delegado para elaborar la refundición normativa, por lo que esa innovación sustancial respecto del régimen anterior debe ser inaplicada, por vulnerar el art. 82.5 CE .

La indicada vulneración deriva del hecho de que el TRLC introduce en su art. 491 una regulación manifiestamente contraria a la norma que es objeto de refundición, en concreto el art. 178 bis 3.4º LC , para fijar el alcance del beneficio de exoneración inmediata o general, lo que supone un exceso ultra vires en el ejercicio de la potestad legislativa asumida por delegación y otorgada para proceder a la refundición de la norma precedente, todo ello con afectación inmediata de los derechos del justiciable, que resultan tratados de una manera efectivamente diferente bajo una y otra norma, con consecuencias directas sobre su esfera patrimonial respecto de lo previamente existía. Por tanto, se ha de considerar que la expresión contenida en el art. 491.1 TRLC sobre el no sometimiento de los créditos de naturaleza pública al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, altera por completo el régimen legal anterior, integrado conforme a la jurisprudencia, lo que no puede ser considerado, desde luego, dentro de la tarea aclaratoria, regulatoria, sistematizadora o armonizadora que compete al legislador delegado. Ante ello, pueden los tribunales ordinarios, con motivo del ejercicio de la potestad jurisdiccional, inaplicar el precepto que se considere que excede de la materia que es objeto de refundición, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad, como se indica, por todas, en la STC de 28/7/2016 o STS de 29/11/18 . La inaplicación del señalado inciso del art. 491.1 TRLC supone que el TR mantenga, en lo que se refiere al régimen especial, la misma dicción literal en el art. 497.1, aunque con diferente sistemática que los arts. 178 bis.5 y . 6 LC , que fueron interpretados por la citada STS de 2 de julio de 2019 en relación con el art. 178 bis.3.4º LC , en el sentido que se ha expuesto, doctrina reiterada en la STS nº 295/2022, de 6 abril , respecto de aquellos preceptos de la LC. Ello supone, por tanto, que el art. 491.1 TRLC , sobre el alcance de la exoneración por el cauce general, deba ser entendido como un exceso en la labor refundidora, inaplicable, por tanto, y que el alcance de la institución de la exoneración del pasivo insatisfecho por esta vía general debe ser el mismo que se fijó conforme a la citada doctrina jurisprudencial.

4.- Extensión de la exoneración.

Dice el artículo 489 TRLC Extensión de la exoneración.

1. La exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo las siguientes:

1.º Las deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños personales, así como por indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, cualquiera que sea la fecha de la resolución que los declare.

2.º Las deudas por responsabilidad civil derivada de delito.

3.º Las deudas por alimentos.

4.º Las deudas por salarios correspondientes a los últimos sesenta días de trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, así como los que se hubieran devengado durante el procedimiento, siempre que su pago no hubiera sido asumido por el Fondo de Garantía Salarial.

5.º Las deudas por créditos de Derecho público. No obstante, las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán exonerarse hasta el importe máximo de diez mil euros por deudor; para los primeros cinco mil euros de deuda la exoneración será integra, y a partir de esta cifra la exoneración alcanzará el cincuenta por ciento de la deuda hasta el máximo indicado. Asimismo, las deudas por créditos en seguridad social podrán exonerarse por el mismo importe y en las mismas condiciones. El importe exonerado, hasta el citado límite, se aplicará en orden inverso al de prelación legalmente establecido en esta ley y, dentro de cada clase, en función de su antigüedad.

6.º Las deudas por multas a que hubiera sido condenado el deudor en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves.

7.º Las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud de exoneración.

8.º Las deudas con garantía real, sean por principal, intereses o cualquier otro concepto debido, dentro del límite del privilegio especial, calculado conforme a lo establecido en esta ley.

2. Excepcionalmente, el juez podrá declarar que no son total o parcialmente exonerables deudas no relacionadas en el apartado anterior cuando sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor afectado por la extinción del derecho de crédito.

3. El crédito público será exonerable en la cuantía establecida en el párrafo segundo del apartado 1.5.º, pero únicamente en la primera exoneración del pasivo insatisfecho, no siendo exonerable importe alguno en las sucesivas exoneraciones que pudiera obtener el mismo deudor.

SEGUNDO.- Motivos de oposición y conclusión.

Por TGSS consta oposición alegando:

El concursado tiene una deuda con la TGSS que asciende a 97.883,30 € de acuerdo con el certificado de deuda emitido con fecha 31 de marzo de 2023, que se adjunta junto con este escrito.

No obstante, respecto de las deudas para cuya gestión recaudatoria son competentes la AEAT y la TGSS, pueden exonerarse sólo hasta un máximo de 10.000 € por deudor. Si bien para los primeros 5.000 € de deuda la exoneración puede ser integra, a partir de dicha cifra la exoneración sólo puede alcanzar el 50% de la deuda hasta el máximo indicado. El importe exonerado, hasta el citado límite, debe ser aplicado en orden inverso al de prelación fijado en el TRLC y, dentro de cada clase, en función de su antigüedad.

Teniendo en cuenta lo señalado el importe pendiente de pago que debe sujetarse a un plan de pagos es:

REMANENTE DEUDA TGSS: 97.883,30 euros

(97.883,30-10.000 euros que es el máximo exonerable) = 87.883,30 euros

Por todo ello, se solicita se requiera al concursado a fin de que se efectúe el pago de la deuda pendiente NO EXONERADA con la TGSS, o en su defecto presente la correspondiente propuesta o solicitud de aplazamiento o fraccionamiento ante dicho organismo con el fin de regularizar la deuda vigente al objeto de poder cumplir los requisitos de concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Como se observa, las deudas de derecho público no son exonerables, con las excepciones previstas para las deudas en cuya gestión recaudatoria resulte competente la AEAT y la TGSS, en los términos que establece el citado precepto. Por tanto, los créditos de derecho público que este Ayuntamiento de Zaragoza ostenta frente a la concursada no son exonerables.

Efectivamente, las deudas por créditos de Derecho público no son exonerables, salvo la cuantía máxima de 10.000 euros, tal y como señala la TGSS. Ahora bien, tal y como dice la deudora:

La deuda total que consta en el certificado de la TGSS es de 97.883,30 euros, de los cuales:

- Créditos con privilegio general del art. 280.2º 7.137,50 euros.

- Créditos con privilegio general del art. 280.4º 21.327,26 euros.

- Créditos con privilegio general del art. 280.5º 0,00 euros.

- Créditos ordinarios art. 269.3º 21.327,26 euros.

- Créditos subordinados 48.091,28 euros.

Es decir, quedarían exonerados

Conforme a la doctrina jurisprudencial arriba expuesta, la exoneración afectaría, en todo caso, a 69.418,54 euros, comprensivo del crédito auto clasificado por la TGSS de ordinario y subordinado.

Por lo que se refiere al no exonerable, es decir, al privilegiado, el mismo alcanza la cuantía de 28.464,76 euros. A esta cantidad, se le ha de aplicar la "excepción de la excepción", es decir, la previsión del artículo 489.1, 5º TRLC: de la mitad, 5.000 euros son exonerables automáticamente. De los 14.232,38 euros (mitad de la cuantía privilegiada), el 50% hasta el límite de 5.000 euros (10.000 euros en total), lo que hacen otros 5.000 euros.

Es decir, de los 28.464,76 euros, se deben exonerar 10.000 euros, lo que hace un total de 18.464,76 euros "absolutamente" no exonerables.

Por todo lo expuesto, procede la exoneración que se extiende a los siguientes créditos:

- TGSS: 79.418,54 euros.

- BANKINTER, S.A.: 74.101 euros.

- PROMONTORIA ARES, D.A.C.: 174.132,81 euros.

(Dicha exoneración se extenderá al crédito no comunicado por cualquier causa existente a fecha de solicitud del concurso).

TERCERO.- Plan de pagos.

a. Régimen jurídico.

Artículo 496. Contenido del plan de pagos.

1. En la propuesta de plan de pagos deberá incluir expresamente el deudor el calendario de pagos de los créditos exonerables que, según esa propuesta, vayan a ser satisfechos dentro del plazo que haya establecido el plan.

2. La propuesta de plan de pagos deberá también relacionar en detalle los recursos previstos para su cumplimiento, así como para la satisfacción de las deudas no exonerables y de las nuevas obligaciones por alimentos, las derivadas de su subsistencia o las que genere su actividad, con especial atención a la renta y recursos disponibles futuros del deudor y su previsible variación durante el plazo del plan y, en su caso, el plan de continuidad de actividad empresarial o profesional del deudor o de la nueva que pretenda emprender y los bienes y derechos de su patrimonio que considere necesarios para una u otra.

El plan de pagos podrá incluir cesiones en pago de bienes o derechos, siempre que no resulten necesarios para la actividad empresarial o profesional del deudor durante el plazo del plan de pagos; que su valor razonable, calculado conforme a lo previsto en el artículo 273, sea igual o inferior al crédito que se extingue o, en otro caso, el acreedor integrará la diferencia en el patrimonio del deudor; y que se cuente con el consentimiento o aceptación del acreedor.

El plan podrá establecer pagos de cuantía determinada, pagos de cuantía determinable en función de la evolución de la renta y recursos disponibles del deudor o combinaciones de unos y otros.

El plan de pagos no podrá consistir en la liquidación total del patrimonio del deudor, ni alterar el orden de pago de los créditos legalmente establecidos, salvo con el expreso consentimiento de los acreedores preteridos o postergados.

Artículo 497. Duración del plan de pagos.

1. La duración del plan de pagos será, con carácter general, de tres años.

2. La duración del plan de pagos será de cinco años en los siguientes casos:

1.º Cuando no se realice la vivienda habitual del deudor y, cuando corresponda, de su familia.

2.º Cuando el importe de los pagos dependa exclusiva o fundamentalmente de la evolución de la renta y recursos disponibles del deudor.

3. El plazo del plan de pagos comenzará a correr desde la fecha de la aprobación judicial.

b. Motivos de impugnación.

La TGSS NO acepta el plan de pagos presentado pues el deudor pretende exonerarse un importe MUCHO MAYOR que el establecido legalmente. Además, no es cierto que pagando 85,54 €/mes en 5 años satisfaga la cantidad de 50.318,61 euros, sino un total de 5.132,4 euros.

c. Conclusión.

No se aprueba el plan de pagos, ya que hace referencia a deudas y acreedores que no aparecen como deudores en su propia solicitud, sin que los cálculos planteados de mensualidades sumen las cantidades legalmente exonerables.

CUARTO.- Costas.

En cuanto a la declaración sobre las costas, son de aplicación los artículos 394 LEC y 196.2 de la Ley Concursal.

VISTOS los preceptos legales citados, los invocados por las partes y los demás de general y pertinente aplicación