Sentencia Civil 251/2023 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 10, Rec. 332/2021 de 22 de mayo del 2023

PRIMERO. Las presentes actuaciones tienen su origen en la demanda presentada contra la compañía aérea demandada, a la que la parte actora reclama el pago de la cantidad de 770,10 euros en concepto de compensación económica derivada de la incidencia del vuelo objeto de autos, efectuándose la reclamación al amparo de lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del reglamento 261/2004.

La parte demandada se opone al pago de la compensación económica. Si bien no impugna expresamente la condición de pasajero del demandante ni la incidencia que se alega en el escrito rector, solicita se la exonere de responsabilidad al venir motivada por causa de circunstancias extraordinarias, pues el retraso vino motivado por el impacto de un ave en la aeronave con que se iba a operar el vuelo, debiéndose de realizar trabajos de inspección y reparación que motivaron la incidencia objeto de autos.

SEGUNDO. El artículo 5 del Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen las normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en el caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, establece:

"1. En caso de cancelación de un vuelo:

los pasajeros afectados tendrán derecho a una compensación por parte del transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo conforme al art. 7 (...)

3. Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al art. 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables".

El artículo 7 del mismo Reglamento, titulado "Derecho a compensación", prevé:

"1. Cuando se haga referencia al presente artículo, los pasajeros recibirán una compensación por valor de:

a) 250 euros para vuelos de hasta 1500 kilómetros;

b) 400 euros para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1500 y 3500 kilómetros;

c) 600 euros para todos los vuelos no comprendidos en a) o b).

La distancia se determinará tomando como base el último destino al que el pasajero llegará con retraso en relación con la hora prevista debido a la denegación de embarque o a la cancelación.

2. En caso de que, con arreglo al artículo 8, se ofrezca a los pasajeros la posibilidad de ser conducidos hasta el destino final en un transporte alternativo con una diferencia en la hora de llegada respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado:

a) que no sea superior a dos horas, para todos los vuelos de 1500 kilómetros o menos,

b) que no sea superior a tres horas, para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1500 y 3500 kilómetros, o

c) que no sea superior a cuatro horas, para todos los vuelos no comprendidos en a) o en b),

El transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo podrá reducir en un 50 % la compensación prevista en el apartado 1.

3. La compensación a que hace referencia el apartado 1 se abonará en metálico, por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria, cheque o, previo acuerdo firmado por el pasajero, bonos de viaje u otros servicios.

4. Las distancias indicadas en los apartados 1 y 2 se calcularán en función del método de la ruta ortodrómica".

El citado Reglamento 267/2004 no define el retraso, pero el mismo ha sido definido por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de Noviembre de 2009, Caso Sturgeon, como la efectuación de un vuelo programado con salida diferida respecto de la hora de salida prevista.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en sus sentencias de 19 de noviembre de 2009 (caso Sturgeon) y de 23 de octubre de 2012 (caso Nelson) que los artículos 5 (cancelación de vuelos), 6 (retraso) y 7 (derecho de compensación) del Reglamento 261/2004 deben interpretarse en el sentido de que los pasajeros de los vuelos retrasados pueden equipararse a los pasajeros de los vuelos cancelados a los efectos de la aplicación del derecho de compensación previsto en el artículo 7 (que solamente está previsto para la denegación de embarque y la cancelación de vuelos, pero no para el retraso) cuando sufren un " gran retraso" (esto es, cuando llegan al destino final tres horas o más después de la hora de llegada inicialmente prevista por el transportista aéreo). Sin embargo, tal retraso no da derecho a una compensación a los pasajeros si el transportista aéreo puede acreditar que el gran retraso se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables; es decir, a circunstancias que escapan al control efectivo del transportista aéreo, tal como prevé el artículo 5.3 en sede de cancelación de vuelos como causas de exoneración de la responsabilidad del transportista.

En el presente caso, la demandada no cuestiona ni la condición de pasajero del demandante ni la incidencia del vuelo, centrándose la discusión en si concurre alguna circunstancia extraordinaria.

TERCERO. Al respecto, conviene precisar que la carga de la prueba de tal circunstancia extraordinaria corresponde a la demandada, según indica el propio art. 5.3 del Reglamento 261/2004 y de conformidad con el art. 217.3 de la Ley de enjuiciamiento Civil, al tratarse de un hecho que enervaría la eficacia jurídica de la pretensión del actor.

El contenido literal del art. 5.3 del Reglamento es el siguiente: " Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al art. 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables".

La Sentencia del TJUE de 31 de enero de 2013, caso Denise McDonagh contra RYANAIR analiza el concepto de circunstancia extraordinaria en los siguientes términos:

"Procede señalar, de entrada, que el concepto de "circunstancias extraordinarias" no se encuentra definido en el artículo 2 del Reglamento núm. 261/2004 ni en el resto de disposiciones, si bien de su considerandos decimocuarto y decimoquinto se desprende una lista no exhaustiva de tales circunstancias.

En este contexto, según la jurisprudencia consolidada, la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión debe efectuarse conforme al sentido habitual de éstos en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte.

En el lenguaje corriente, la expresión "circunstancias extraordinarias" hace literalmente referencia a circunstancias "fuera de lo ordinario". En el contexto del transporte aéreo designa un acontecimiento que no es inherente al ejercicio normal de la actividad del transportista aéreo afectado y escapa al control efectivo de éste a causa de su naturaleza o de su origen. Dicho de otro modo y tal y como el Abogado General señaló en el punto 34 de sus conclusiones, se refiere a todas aquellas circunstancias que escapan al control del transportista aéreo, con independencia de cuál sea la naturaleza de esas circunstancias y la gravedad de las mismas.

Aparte de las "circunstancias extraordinarias" mencionadas en su art. 5, apartado 3, el Reglamento núm. 261/2004 no contiene ninguna indicación que permita concluir que reconoce una categoría distinta de acontecimientos "particularmente extraordinarios" que tengan como consecuencia exonerar al transportista aéreo de todas sus obligaciones, incluidas las emanadas de su art. 9".

Asimismo, el considerando decimocuarto del Reglamento núm. 261/2004 establece, que tales circunstancias extraordinarias pueden producirse, en particular, en casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo. Ahora bien, según establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 99/2013, Sección 28ª, de 5 de abril, los supuestos a los que se refiere el considerando decimocuarto son ejemplos que deben analizarse a la luz del caso concreto, sin que sean admisibles automatismos en su aplicación, más teniendo en cuenta que no se contienen en el texto articulado, sino en el citado preámbulo del Reglamento.

Aplicando la anterior jurisprudencia al caso de autos, entendemos que la parte demandada ha acreditado la concurrencia de una circunstancia extraordinaria que impidió por causas ajenas a ella la salida del vuelo en la hora programada y el retraso del mismo. Así, del examen de la documentación aportada con el escrito de contestación a la demanda se observa que la aeronave en cuestión sufrió efectivamente daños por el impacto de un ave durante el vuelo anterior, por lo que tuvo que ser retirada del servicio y llevada a valorar los posibles daños y proceder a su reparación, entendiendo que el retraso finalmente padecido resulta razonable atendido la incidencia acaecida.

Lógicamente, el impacto de un ave en una aeronave, tal como concluyó en su momento la AP de Barcelona, en su sentencia de 18 de enero de 2007, o el TJUE de 4 de mayo de 2017, consideran que son circunstancias extraordinarias, ajenas a la actividad ordinaria de la compañía y de su voluntad, y por tanto, totalmente imprevisible y que escapan de la esfera de control del transportista aéreo, debiendo ser considerada como una circunstancia extraordinaria a los efectos del art. 5.3 del reglamento y que exime de responsabilidad al transportista aéreo, pues lógicamente, éste se ve obligado a cancelar o retrasar el vuelo por motivos de seguridad tanto del pasaje como de la propia tripulación.

Todo ello ha de conducir a desestimar la demanda, al haber acreditado la demandada la concurrencia de una circunstancia extraordinaria que era totalmente imprevisible e inevitable para la compañía aérea y ajena a su ámbito de control y competencias, debiéndose desestimar la pretensión de compensación objeto de reclamación.

CUARTO. En materia de costas, no procede imponer las costas a ninguna de las partes pues la actora desconocía los pormenores de la negativa de la demandada a la indemnización, a saber, los concretos términos en los que ha sido presentada y acreditada dicha negativa en la vía judicial en que nos encontramos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso