Sentencia Civil 6/2026 Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra nº 1, Rec. 199/2023 de 02 de enero del 2026

Primero.-Comparece el Bridgestone Europe NV/SA Sucursal en España (AIG) en el procedimiento solicitando el reconocimiento a su favor de créditos contra la masa por los honorarios de su letrado y de su procurador, por sus servicios a la hora de solicitar la declaración de concurso necesario. En concreto, insta el reconocimiento y pago de un crédito por importe de 15.300,91 euros. Señala que en su representación y defensa en la solicitud de concurso necesario habrían intervenido la procuradora Dª. María Belén Álvarez Sánchez y la entidad Gesico Outsourcing Integral, S.L., respectivamente. En el Auto de declaración de concurso necesario, se habría indicado expresamente que las costas del solicitante tendrían la consideración de créditos contra la masa; ello, conforme al art. 84.2.2º LC (sic), que prevería expresamente es condición de los créditos. El crédito habría sido comunicado a la AC, junto con las minutas de honorarios de los profesionales, pero no habría resultado reconocido, a pesar de los intentos de llegar a un acuerdo con ella sobre esta cuestión.

La AC se opone a la demanda incidental señalando que nunca se habría negado a reconocer un crédito contra la masa a demandante, como instante del concurso necesario declarado, pero para ello sería preciso que se hubiese procedido a la adecuada tasación de las correspondientes costas, algo que aquí no se habría llevado a cabo, pues no existiría Decreto del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) competente. En tanto no exista Decreto tasando las costas no existiría propiamente crédito de la demandante incidental que reconocer y pagar.

SEGUNDO.-La demanda incidental presentada ha de ser íntegramente desestimada.

Parte la demandante incidental de un error inicial, ignoramos si de forma involuntaria o no, consistente en atender a la regulación de la antigua Ley Concursal (LC). Así, apela a la aplicación del art. 84.2.2º de dicha LC, en cuanto contemplaba como crédito contra la masa los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso(sic). De tal modo, intenta sostener de algún modo sus pretensiones, desechando la oportunidad de pasar por el trámite previo de la tasación de costas por el LAJ, acogiéndose a esa distinción que la norma hace entre costas y gastos judiciales. Pero lo hace incluso obviando que ya el art. 20.1 de la misma LC, para los casos de estimación de la solicitud de concurso necesario, preveía en su segundo inciso que las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa(sic). Con ello, limitaba la atribución de la condición de crédito contra la masa solamente a las costas, cuando se trataba de la solicitud de declaración de concurso necesario.

Lo relevante, sin embargo, es que no resulta aquí de aplicación la antigua LC, sino el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), en la versión vigente, además, tras la reforma operada por la Ley 16/2022, que entró en vigor a finales de septiembre de 2022. Ello resulta manifiesto, una vez que en este caso la solicitud de concurso necesario fue presentada el 13 de junio de 2023, y el propio concurso fue declarado mediante Auto de 31 de mayo de 2024.

De tal modo, hay que atender al art. 242.1.4º del TRLC, conforme al cual son créditos contra la masa los créditos por costas en caso de declaración de concurso a solicitud del acreedor o de los demás legitimados distintos del deudor(sic). Esta norma se relaciona directamente con el anterior art. 24.2 del mismo TRLC, en cuanto dispone que en caso de declaración de concurso a solicitud de acreedor o de los demás legitimados distintos del deudor, las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa(sic).

No puede haber duda, por tanto, de que el crédito contra la masa que surge a favor del solicitante del concurso necesario, cuando su solicitud es estimada, evidentemente, es específicamente por las costas, y no por los honorarios de su defensa y representación. Es decir, el crédito contra la masa está determinado por las costas que hayan sido tasadas, y no por los honorarios que los profesionales hayan facturado al cliente.

Y es importante distinguir a estos efectos las costas de los honorarios. Los honorarios de los profesionales vienen determinados por las cantidades que éstos hayan minutado a sus clientes, en función de los acuerdos a los que, de manera previa o no, hayan alcanzado; ello incluye las retribuciones de los procuradores, que no siempre se rigen por el correspondiente arancel en las relaciones con sus clientes. Mientras, las costas vienen determinadas por aquellas cuantías que el LAJ tasa en aplicación de las reglas recogidas en los arts. 241 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( LEC). De tal forma, los importes correspondientes a honorarios y los importes recogidos en la tasación de costas ni siquiera tienen por qué ser coincidentes.

La cuestión es tan sencilla como contemplar que, en caso de condena en costas recogida en una Sentencia dictada en un proceso declarativo, la cantidad por la que el beneficiario de tal condena ejecuta, en caso de impago voluntario, no es la que aparece recogido en las facturas que sus profesionales le han emitido, sino lo que el LAJ correspondiente ha fijado en el Decreto de tasación.

Por todo ello, al no haber instado la demandante incidental la tasación de sus costas de solicitud de concurso necesario, no tiene todavía un crédito por ese motivo cuyo reconocimiento y pago pueda reclamar en el concurso.

TERCERO.-En lo que a las costas del incidente se refiere, hemos de estar a lo señalado en el art. 542.1 del TRLC, el cual se remite a lo dispuesto en el art. 394 de la LEC, conforme a los cuales, desestimada íntegramente la demanda incidental, procede condenar a la demandante al pago de las costas del incidente.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación.