Sentencia Civil Juzgado de lo Mercantil de València nº 1, Rec. 953/2023 de 29 de febrero del 2024

PRIMERO.- Se ejercita por cada una de las actoras en estos autos de incidente concursal, que dimanan de los autos de concurso voluntario de acreedores num. 255/2008, relativos a la entidad Temple Servicios Inmobiliarios S.L., denunciando supuesto de incumplimiento de convenio e impetrando resolución judicial que así lo declare con sus efectos legales inherentes, a saber, la apertura de la liquidación y la perdida de los efectos novatorios del convenio en su dia aprobado (cfr. Arts. 402 a 404 TRLC, antiguos artículos 136 y 140 de la Ley Concursal).

La mercantil demandada comparece en las actuaciones (ya no existe, en este estadio procesal, Administración Concursal pues los efectos de la declaración de concurso cesaron con la aprobación judicial del convenio), y se opone a la estimación de la demanda deducida de contrario, en base a las consideraciones que al efecto se han desarrollado en sus escritos procesales.

Se articula por la demandada la virtualidad de la excepción de falta de legitimación activa ad causam respecto del demandante 2002 EPSICU S.L.U. y se plantea asimismo el supuesto de caducidad de la acción, y subsidiariamente respecto de ésta, la prescripción de la acción, todo ello con fundamento en las consideraciones que al efecto se desarrollan en los dos escritos de contestación planteados.

El supuesto de falta de legitimación activa que viene planteado es ad causam, esto es, cuestión de fondo relativa a la vinculación de la parte con el negocio jurídico del que dimana la pretensión de que se trata, y no una cuestión meramente procesal relativa a la legitimación procesal de la parte ex articulo 7 de la LEC.

Y tal debe prosperar, sin duda, pues la entidad 2002 EPSICU no es acreedor concursal afectado por el convenio, y por ende le resulta rotunda la norma del articulo 402.1 TRLC en orden a advertir su falta de legitimación activa para denunciar el incumplimiento del convenio, en cuanto que éste no le afecta. Tal extremo debe entenderse pacifico en cuanto que el derecho de crédito que se esgrime como inatendido deriva de operaciones negociales habidas con posterioridad a la eficacia del convenio.

Las excepciones de caducidad de la acción, y subsidiariamente respecto de ésta, de prescripción de la acción, deben ser desestimadas. En este sentido, el articulo 403.1 TRLC determina que

La acción para solicitar la declaración de incumplimiento del convenio podrá ejercitarse desde que se produzca el incumplimiento y caducará a los dos meses contados desde la última publicación del auto de cumplimiento

Es obvio que tal no se ha producido pues el deudor, que además ha incumplido de manera reiterada la carga procesal de información semestral que le incumbía ex articulo 400, no ha promovido en ningún momento la declaración judicial de cumplimiento del convenio ex articulo 401, y si bien el proceso concursal debía entenderse concluso con la sentencia de aprobación del convenio (en tanto no se aperture eventualmente después la liquidación) el procedimiento concursal no estaba concluso pues tal evento solo se da, en el escenario de convenio, con la declaración judicial firme que aprecie el total cumplimiento del mismo.

Y tal no ha sido ciertamente el caso, sino todo lo contrario. Amén de ello, la norma del articulo 403 conforma lex specialis no siendo de invocar el articulo 518 de la LEC, pues se insiste en que el procedimiento concursal estaba en tramitación en todo caso.

SEGUNDO.- Es esencial, por pacifico, considerar que el incidente de incumplimiento del convenio debe merecer en todo caso una mesurada respuesta que interprete con rigor y restrictivamente el supuesto de hecho dado en orden a decretar lo pertinente, todo ello atendido el gravamen que deriva de la apreciación del supuesto (cfr. Art. 403, antiguo articulo 140).

Debe estimarse la demanda rectora de las actuaciones, pues es lo cierto que procede apreciar el supuesto de incumplimiento que viene denunciado por el acreedor aquí actor AEAT, que sí ostenta legitimación activa, por cuanto se han dejado de atender los sucesivos vencimientos pactados, sin que, evidentemente, el deudor pueda disponer libérrimamente el cumplimiento de la obligación en los términos convencionalmente pactados con el colectivo acreedor -esto es, enfatizando el elemento contractualista, se entraría en contravención del art. 1256- y judicialmente aprobados -esto es, el elemento institucional-.

En este orden de cosas, es de ver que denunciado por el acreedor el impago, incumbe al deudor acreditar que tal sí se habría producido, pues una inteligencia diversa de la distribución del onus probandi implicaría un supuesto de autentica prueba diabólica. Y el deudor, si bien ha concurrido en esta sede, no ha podido venir a articular argumento defensivo plausible, y sin que el discurso que se desarrolla en punto a la suerte de los créditos ordinarios y los créditos subordinados despliegue virtualidad alguna toda vez que el mecanismo de atención de estos últimos viene determinado legalmente.

Por lo expuesto, debe estimarse la demanda deducida en denuncia de incumplimiento de convenio, con todos sus efectos inherentes, aperturándose la liquidación y, en particular, se rehabilita el nombramiento de los administradores concursales que vinieron en su dia designados y que cesaron en el cargo tras la rendición y aprobación de la cuenta final tras la aprobación del convenio. En todo caso se proveerá en la Sección segunda del concurso sobre la eventual oportunidad de conformación plural del órgano en la fase de liquidación que se apertura.

TERCERO.- En materia de costas procesales, en la consideración de que la diatriba planteada se contrae a cuestión de trascendencia esencialmente jurídica, y siendo plausible que la concursada sostenga argumentos defensivos, no procede efectuar especial consideración en esta sede ex articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.