Sentencia Civil 117/2023 Juzgado de lo Mercantil de Tarragona nº 1, Rec. 415/2018 de 28 de julio del 2023

PRIMERO.- Del objeto de la presente Litis.

Por la parte actora se formula demanda de una acción de reclamación de cantidad frente a ELECTROSTEEL EUROPE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA en la cuantía de DOSCIENTOS CUATRO MIL CON OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (204.870,21 €), al amparo de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías (en adelante, LCTTM) y artículos 1.089 y siguientes del Código Civil sobre el cumplimiento de las obligaciones y contratos.

Relata la actora que BAS& JOSA, S.L que dentro del ámbito de su objeto social como operador logístico y agente de aduanas, se encarga de prestar servicios al transporte tales como despacho de aduanas, pagando las tasas portuarias de la importación de la mercancía, abonando los gastos de manipulación portuaria, aranceles de aduanas y el IVA de la importación de los productos por cuenta de la demandada ELECTROSTEEL EUROPE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, así como procede a pagar a los proveedores de transporte (porteadores, estibadores, etc,), y facturando posteriormente a la demandada, quien adeuda a BAS&JOSA, S.L., en concepto de facturas vencidas y no pagadas, la cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL CON OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (204.870,21 €) €, dividiéndose los conceptos adeudados incluidos en las facturas que se detallan y especifican en la demanda, a cuyos antecedentes se hace remisión en aras de la brevedad, las distintas facturas, por cada uno de sus conceptos, cuyos importes son objeto de reclamación.

La parte demandada ELECTROSTEEL EUROPE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, contestó a la demanda en el sentido de oponerse a sus pedimentos, alegando, en primer lugar, la compensación de crédito por los gastos ocasionados (125.370,28 euros), por la mercancía malograda (46.237,62 euros) y las penalizaciones (84.333,21 euros), por lo que el transporte contratado a la actora supuso para la demandada un perjuicio de 255.941,11 euros. En relación con el fondo del asunto alega la demandada, en síntesis, que la reclamación de la parte actora debiera reducirse a la cantidad de 168.882'18 euros, no siendo exigibles las facturas números 341465, 341699, 341856 por importe de 35.988,03 euros. Por todo lo cual solicita la integra desestimación de la demanda, condenando a la actora a las costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Marco legal

La sentencia de la Sección 15 de Barcelona, de 5 de julio de 2018, ROJ SAP B 6478/18, ECLI: ES: APB: 2018: 6478 ) invocada por la sentencia de esta Sección Novena de 13 de noviembre de 2018 ( ROJ: SAP V 5239/2018 - ECLI:ES:APV:2018:5239 ) en cuanto a la responsabilidad de las entidades transitarias indica lo que sigue:

Las entidades transitarias, no reguladas en nuestro Derecho con respecto al transporte marítimo, tienen su regulación en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, de Transporte Terrestre, que dispone en su art. 5.2 que los transitarios sólo podrán contratar en nombre propio, (en este sentido también Sentencia de este mismo Tribunal de fecha 23 de enero de 2007 (ROJ: SAP B 2049/2007 -ECLI:ES:APB:2007:2049 ). Se trata de un operador de transporte que, aun cuando contrata y organiza las relaciones entre cargadores y porteadores, es considerado que contrata en nombre propio, esto es, que son cargadores o transportistas efectivos. Su posición como subrogado en el lugar de los porteadores ha tenido un reflejo jurisprudencial, entre otras, en la STS de 2 de febrero de 1998 .

En derecho marítimo tal figura es llamada porteador no operador de buque ( non vessel operating common carrier ) que se caracteriza por ser un empresario marítimo que sin poseer flota propia promete a los titulares de la carga entregar las mercancías a su destino. Las Reglas de Hamburgo de 1978 (Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo) que, aunque no resulten de aplicación en las presentes actuaciones sí gozan de un innegable carácter orientativo, distinguen entre porteador y porteador efectivo siendo el primero aquel que celebra, por si o por medio de otra persona, un contrato de transporte marítimo de mercancías con un cargador mientras que el porteador efectivo es aquel a quien el porteador ha encomendado la ejecución del transporte, así como cualquier persona a quien se ha encomendado esa ejecución.

El " transitario" se dedica en nombre propio a prestar servicios de intermediación en el transporte internacional de mercancías, entre el exportador o importador y las compañías de transporte, organizando el enlace entre los distintos transportistas para garantizar la continuidad del transporte a través de distintos medios o modos, y coordinando las operaciones administrativas relacionadas con el transporte internacional (trámites fiscales, aduaneros o sanitarios, créditos documentarios, seguros...). Su posición es análoga a las agencias de transporte: cargador frente al transportista, y transportista frente al cargador, asumiendo los derechos y obligaciones inherentes a ambas partes.

E indica, seguidamente que:

En cuanto a la responsabilidad del transitario, el art. 47.1 de Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías , establece: " Supuestos de responsabilidad. 1. El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como de las averías que sufran, desde el momento de su recepción para el transporte hasta el de su entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá de los daños derivados del retraso en la ejecución del transporte conforme a lo previsto en esta ley. A estos efectos, se considerarán también como mercancías los contenedores, bandejas de carga u otros medios similares de agrupación de mercancías utilizados en el transporte cuando hubiesen sido aportados por el cargador ."

En materia de transporte marítimo, la responsabilidad del porteador se regula en los arts. 277 y ss. de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima , que, tratándose de contratos de transporte marítimo de mercancías, nacional o internacional, se remite al Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque, firmado en Bruselas el 25 de agosto de 1924, a los protocolos que lo modifican, y a la propia Ley. La jurisprudencia viene entendiéndolo así, ( STS de 20 de julio de 2016 ), entre otras) y al determinar los regímenes jurídicos aplicables dice: " Como en el presente caso no rige la Ley de Navegación Marítima, el pleito debe dirimirse conforme a la normativa anterior. Bajo esa normativa cabía distinguir entre, por una parte, el transporte marítimo internacional de mercancías en régimen de conocimiento de embarque, donde regían las Reglas de La Haya-Visby, y en concreto la Ley de Transporte Marítimo de 1949 y las modificaciones introducidas por los Protocolos de Bruselas de 1968 y Londres de 1979, y, por otra, el transporte concertado por medio de un contrato de fletamento, en el que la póliza se integra con la normativa general del Código de Comercio ".

-Ya, sobre el caso, la mayor parte de la doctrina científica y jurisprudencial conciben la actuación del agente de aduanas como un prestador de servicios (arrendamiento de servicios) o un comisionista (comisión mercantil), siendo la del comisionista la conceptuación más adecuada cuando la actuación es aislada y de tracto único, ya actúe el agente en nombre propioo como representante aduanero del que realiza el encargo del despacho y levante de la mercancía.

Así lo fundamenta la SAP Las Palmas, sec. 3ª, S 07-01-2014, nº 1/2014, rec. 764/2011 ,,PTE.:Moyano García, Ricardo "... La solución de la litis exige resolver varios puntos fácticos y jurídicos.1.-Naturaleza de la relación entre las dos sociedades litigantes.- Si bien la relación básica ha sido, desde los años 50 del s. XX en que comienzan las operaciones comerciales entre ambas, de prestación de servicios de agente de aduanas por parte de Rubrosa, la actora sostiene que además se ha implicado en la gestión del giro empresarial de Dasa con otr o tipo de servicios que exceden de la estricta función del agente de aduanas.Debemos analizar pues la naturaleza de la función del agente aduanero. El agente de aduanas ha sido definido como el profesional autorizado para realizar ante la Administración tributaria y la Aduana por cuenta y en nombre de terceros, o bien por cuenta de terceros y en nombre propio, los trámites precisos para el despacho de las mercancías al objeto de darles el destino adecuado según el caso (importación, exportación, tránsito, depósito, etc.).La jurisprudencia ha delimitado esta función específica de otras relacionadas con el transporte de mercancías, como señala la STS 14/12/1999 EDJ 1999/40325: "Ocurre que tratan de equipararse los conceptos de comisionista, de transitario , y aun de agente de aduanas, en función de actos concretos que se dicen realizados, o encomendados, en torno al transporte de mercaderías en litigio, siendo así que en principio el comisionista, con todas las posibles variantes de su actuación, es un "alter ego" del comitente, que el transitario es -a tenor de los arts. 1 y 126 de la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres ; del art. 167 del Reglamento de la anterior ley, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre (RCL 1990 072)-, un auxiliar del transporte, intermediario y organizador de transportes internacionales, un operador de transporte de mercancías, transportista de un cargador, asimilados a agentes de transportes, depositarios o almacenistas de mercancías procedentes de transporte, en definitiva realizador de actividades varias y similares en este orden auxiliador, y por último cabe señalar que agente de aduanas es un intermediario privado entre los sujetos pasivos del tributo de importación de mercancías y los órganos de gestión tributaria.". No obstante, la naturaleza jurídica de la actuación del agente de aduanas es discutida, planteándose la tesis del contrato de agencia, el mandato, etc., si bien la mayor parte de la doctrina científica y jurisprudencial conciben la actuación del agente como un prestador de servicios (arrendamiento de servicios) o un comisionista (comisión mercantil), siendo la del comisionista la conceptuación más adecuada cuando la actuación es aislada y de tracto único, ya actúe el agente en nombre propioo como representante aduanero del que realiza el encargo del despacho y levante de la mercancía.La calificación del contrato como de servicios se ha utilizado cuando el precio pactado son honorarios fijos y no una comisión por la mercancía despachada: así, SAP Las Palmas de Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4ª, Sentencia de 28 May. 2002, rec. 822/2001 "Creemos que el juzgador de instancia califica correctamente el contrato litigioso como arrendamiento de servicios y no mandato o comisión mercantil porque en el caso se trata de la prestación de servicios de modo continuado, estable o duradero en el tiempo y no se fija comisión, en función de las concretas operaciones realizadas, sino una cantidad alzada mensual denominada honorarios. En definitiva, se prestan por el apelante los servicios propios de su condición agente de aduanas, para todas las operaciones realizadas por la agencia de tránsitos contratadas con sus clientes durante la vigencia del contrato suscrito por el agente con la Agencia Ciudad Alta, S.A., a cambio de la percepción de una cantidad fija mensual y ello se ajusta mejor a la naturaleza y contenido propio del contrato de arrendamiento de servicios, aunque con determinadas especificidades que lo hacen complejo al quedar dispensado el agente de obligaciones que legalmente corresponden a éste limitándose en realidad en algunos aspectos a prestar a la Agencia su titulación profesional.". Por el contrario, cuando el servicio es remunerado caso por caso, nos encontramos más adecuadamente en el caso del contrato de comisión mercantil,como expresa por ejemplo la SAP Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sección 3ª, Sentencia de 16 Sep. 2005, rec. 3261/2000 : "En el caso que nos ocupa, la entidad CATIR S.A. no es la destinataria de las mercancías o consignataria de las mismas, sino Representaciones URDURI S.L., como se deduce de la documentación de la demanda, ni ha intervenido como transitorio, sino como agente de aduanas, e intermediario entre depositante y depositario. Por ello, se circunscribe la relación jurídica habida entre ambas entidades a un contrato de comisión mercantil, en su modalidad de actuación en nombre propio del comisionista o representación directa. En efecto, aunque el comisionista ha de actuar siempre en interés (o "por cuenta") del comitente, el artículo 245 del Código de Comercio (EDL 1885/1)admite dos modalidades en cuanto al desempeño de la comisión en lo que se refiere al sujeto en cuya esfera patrimonial se producen los efectos jurídicos del desempeño del negocio objeto de aquélla. Se trata del tema de la acumulación de la representación voluntaria directa al contrato de comisión. Así, es admisible que el comisionista contrate con el tercero, bien en nombre propio o bien en el de su comitente. El primer modo es un caso de representación indirecta, mientras que el segundo lo es de representación directa.". Pese a todo, el modo de remumerar la relación no es un factor decisivo para calificar el contrato de servicios o de comisión, sino la decisión sobre la duración del contrato. Por tanto, la calificación de la relación como de comisión mercantil del art. 244 y ss. del C.de Comercio , o de arrendamiento de servicios, dependerá sustancialmente de la respuesta que se de a la unicidad o multiplicidad de contratos entre las partes, lo que se examinará en el siguiente apartado. Conexo con el tracto o duración del contrato se encuentra la determinación del contenido prestacional de dicho contrato: si las funciones que desempeñó la entidad actora excedían de la del agente de aduanas, y si en tal caso tales funciones formaban parte del contrato de arriendo de servicios, para medir una eventual indemnización por resolución de contrato...Pues bien, del conjunto de la prueba practicada podemos colegir, como hace la sentencia apelada, que la relación no se concertaba caso por caso, sino de modo duradero y global..., es evidente que nos encontramos ante un contrato de larga duración, que ha de calificarse como de arrendamiento de servicios, que aunque nunca se concertara por escrito, se deduce de la regularidad de la prestación de la actividad de agente aduanero realizada...3.-Contenido del contrato de servicios - De la prueba practicada resulta ciertamente que la entidad Rubrosa realizó algunas actividades, a lo largo de los años, que iban más allá de la función de agente de aduanas, bien se tratara de actividades conexas con el despacho de la mercancía o por el contrario, relacionadas con el objeto social de la empresa demandada, importador y vendedor mayorista de automóviles. Pero estas actuaciones no pasan de puntuales en la larga relación entre las partes, que ha sido básicamente la de agente de aduanas. Así, son funciones relacionadas con la aduana la gestión para la concesión del sistema de depósito E o "depósito ficticio", la exención del documento A-13 para la importación (año 1996), presentación de solicitudes de pago diferido y de modificación de este sistema por el de pago al contado, desfacturaciones, etc., mientras que otras actuaciones aunque desconectadas directamente de la aduana, son episódicas, como el almacenamiento de 70 vehículos en almacenes de Rubrosa en 1998, presentación de vehículos en 2002 y 2005, etc. Todas estas funciones, realizadas al margen de la actuación propia como agente de aduanas, no conforman una prestación de servicios continuada, fueron pagadas caso por caso, y nada tienen que ver con el contenido del contrato de comisión o arriendo de servicios constituido por la actuación mantenida a lo largo de los años de forma estable como agente de aduanas de la entidad demandada.Nos separamos pues en este extremo también de la conclusión de la sentencia apelada que considera la relación jurídica entre las partes como un único contrato complejo que abarcó prestaciones adicionales a la simple del agente de aduanas, ya que no existe evidencia alguna de que se concertara un contrato que incluyera además de la prestación de los servicios de despacho aduanero otro tipo de servicios, que fueron acordados caso por caso y remunerados de esa forma, y por tanto quedan extramuros del contrato al que debe sujetarse la presente litis...Dicho de otro modo, la buena relación existente entre las sociedades desde los años 1950 determinó que además del contenido propio de los contratos de comisión aduanera, Dasa requiriera los servicios de Rubrasa para otro tipo de actividades esporádicas, pero las mismas, pactadas y remuneradas caso por caso y al margen de la comisión mercantil que era la relación principal entre las partes, nada tiene que ver con el contenido de este contrato, ni por tanto puede ser tenida en cuenta para resolver sobre la acción indemnizatoria por resolución del mismo...".

TERCERO.- De la valoración de la prueba practicada sobre el fondo del asunto. Excepción de compensación.

Del conjunto de la prueba practicada documental y testifical resulta que, la demandada ELECTROSTEEL EUROPE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA quería que se realizase la importación marítima desde China por medio de contenedores, en barcos de línea regular, por lo que la demandante comprobó su viabilidad y coste (documento nº 1 demanda). A la empresa demandada le pareció muy caro, por lo que se le ofreció la posibilidad dado el volumen del pedido, fletar un barco por entero, es decir realizar un contrato de fletamento desde el puerto de Quingao (China) hasta el Puerto de Tarragona. Se le dio dos opciones de contrato de fletamento al demandado, la primera más cara incluía toda la logística es decir la carga de la mercancía en el puerto de Quingao, el transporte marítimo y la descarga en el Puerto de Tarragona y su posterior entrega en camiones a las instalaciones de la demandada ELECTROSTEEL EUROPE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA en Valls, ésta se descartó por precio. La segunda opción, más barata, no incluía la carga de la mercancía en el Puerto de Quingao que la realizaría el vendedor en China, coordinando BAS JOSA el transporte marítimo y la descarga en Tarragona y entrega en Valls. La demandada ELECTROSTEEL EUROPE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, optó por la segunda de la opciones (testifical Sr. Esteban).

En el presente contrato de fletamento (documento nº 6 de la demanda) se concedió por la naviera 2 días de plancha para la estancia en el Puerto de Quingao (China). En la póliza de fletamento (documento nº 11 contestación) consta que el tiempo de plancha empiece a contar desde la llegada del buque a puerto, en este caso Quingao, dado que la compañía naviera no asume la carga de la mercancía a bordo. El demandado tuvo cumplido conocimiento sobre el concepto de demoras y acepto expresamente el coste diario de 17.500 euros o prorrateado (documento nº 2), así mismo solicitó el cambio de puerto de destino de Tarragona a Vigo siendo informado del precio del flete, acordando que la descarga en el puerto de Vigo la coordina BAS&JOSA, S.L. y se le dio un precio aproximado. Así mismo, se pactó que las ocupaciones durante la estancia de la mercancía en Vigo no se pagarían los primeros 10 días de almacenaje, y se pactó el transporte desde el Puerto de Vigo a Obidios en 65 camiones (documento nº 3), sin que se tuvieran que entregar en Vigo en una fecha determinada. Así lo afirma el testigo Sr. Esteban, Director general de BAS&JOSA, S.L., que actuaba como agente y gestionaba pedidos, facturando fletes y precios del transporte.

Interesa la parte demandada la compensación con la deuda reclamada en la suma de 255.941,11 euros.

NO PROCEDE LA COMPENSACION DEL CREDITO POR DEMORAS que cifra en 81.666,67 €.

Del intercambio de correos electrónicos se acredita que, las demoras son ocasionadas por no estar la mercancía despachada de aduanas en el puerto de Quingao y por tanto disponible para su carga, consumiéndose los dos días de tiempo de plancha en la espera a la disponibilidad de la carga, hecho atribuible al cargador/vendedor o proveedor del demandado pero ajena a la orbita del transporte y del porteador (documentos nº 3,4,5,6 y 7 de la demanda). La mercancía no estuvo disponible hasta el día 27 de octubre. De las testificales practicadas resulta que, la demandada solicitó que el barco llegase lo más tarde al puerto, consiguiendo retrasar su llegada hasta el 25-26 de octubre. Al llegar el buque a puerto no se puede cargar la mercancía porque no estaba despachada (documentos nº 28 y 32 de la contestación). El barco llega el día 24, tiene dos días para despachar, es decir, hasta el día 26 de octubre, si bien cuando la mercancía está despachada, el barco no puede entrar en el puerto porque había una operación previa de otro cliente que había despachado la mercancía antes. Manifiestan igualmente el testigo Sr. Gaspar a instancia de la actora que, que las dimensiones de la carga eran distintas y no cabían todos los tubos, y que ya existió una compensación por este concepto.

NO PROCEDE LA COMPENSACION DEL CREDITO POR DAÑOS POR OXIDACION causados en 17 tubos durante el transporte marítimo por importe de 46.237,62 €.

De la prueba practicada resulta acreditado que, la mercancía se embarcó oxidada por lo que no es atribuible al transporte marítimo y por ende a la mercantil actora como porteador, ello se acredita con los informes periciales realizados a la carga (documentos nº 12,13 y 14 de la demanda). La mercancía no se oxidó con el transporte marítimo sino con anterioridad al transporte cuando la mercancía estaba en el muelle de Quingao en espera de ser despachada de aduanas (documento nº 13 de la demanda). Así mismo, manifiesta el perito Guillermo que existía óxido antes de la carga, siendo el óxido resultado de la condensación de los tubos, contradiciendo al perito de la demandada (documento nº 41) que manifestó que el origen del óxido en las tubería era por la sal del mar al estar en cubierta, extremo que no ha quedado acreditado.

Manifiestan igualmente el testigo Sr. Gaspar que, que las dimensiones de la carga eran distintas y no cabían todos los tubos, y que ya existió una compensación por este concepto. Por lo que, tampoco es atribuible a BAS &JOSA, S.L. la circunstancia que las dimensiones de la carga eran distintas y la oxidación de la misma durante el transporte.

No aportando soporte probatorio alguno que acredite el pago, cuyo importe reclama a través de la compensación alegada.

NO PROCEDE LA COMPENSACION DEL CREDITO POR GASTOS ORDINARIOS DE LA EXPLOTACION ECONOMICA DEL DEMANDADO

(45.474,57 €).

Gasto material genérico: 5.631,93 euros

- Gastos material especializado reparación en almacén: 11.343,50 euros

- Gastos material especializado reparación en puerto: 3.105,97 euros

- Transporte; 2.469,65 euros

- Alojamiento Vigo: 3.462,28 euros

- Dietas Vigo: 1.561 euros

- Costes empleados Vigo: 15.069,91 euros

- Coste supervisor: 1.059 euros

Se adjunta como Documento nº 42 de la contestación el listado con el detalle de todos y cada uno de los gastos (que suman 45.471,57 euros), y documento nº 43 facturas.

El demandado no aporta ningún justificante que acredita la excepcionalidad de estos gastos, por lo no son atribuibles al transporte y por ende al demandante.

NO PROCEDE LA COMPENSA CION DEL CREDITO POR UNA SUPUESTA PENALIZACION EN LA ENTREGA.

Alega el demandante la falta de idoneidad del crédito para compensar, su prescripción y su falta de imputabilidad dado que nunca se comprometió a la entrega en una fecha concreta, ni se le exige la entrega en una fecha concreta, ni se le reclamo por este concepto, antes al contrario si se ha retraso el transporte es por el propio deseo del demandado.

La Ley de Navegación Marítima en su artículo

286. Prescripción de acciones:

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1. Las acciones nacidas del contrato de fletamento prescribirán en el plazo de un año.

2. En las acciones para indemnización de pérdidas, averías o retrasos sufridos por las mercancías, el plazo se contará desde la entrega de estas al destinatario o desde el día en que hubieran debido entregarse.

3. De la misma forma se computará el plazo para la reclamación de fletes, demoras y otros gastos del transporte

El demandado ejercita sus acciones por vez primera por medio de su escrito de contestación cuando ya ha prescrito en exceso el plazo de prescripción especifico (enero 2019).

En cualquier caso, el demandado no ha alegado o ejercitado la acción por reclamación de retraso por la hipotética penalización (entre otras cosas porque la penalización tiene fecha de 03.12.2021, es decir, cuatro años después de la entrega de la mercancía cuando ya ha prescrito en exceso cualquier responsabilidad que pueda tener el porteador (enero 2019).

No ha resultado acreditado que la demandada haya reclamado a la actora en ningún momento los créditos respecto a los cuales alega ahora en el presente procedimiento la compensación.

No ha resultado acreditado que las partes sean recíprocamente deudoras y acreedoras por distintos créditos.

Por lo expuesto, procede desestimar la compensación de créditos alegada.

CUARTO.- Por lo que respecta a la cantidad reclamada, en el presente caso no se ha discutido la realidad de las relaciones comerciales existentes entre las partes. Sin embargo, desestimada la excepción de compensación, la demandada reconoce adeudar a la cantidad de 168.882'18 euros, si bien alega que no son exigibles las facturas números 341465, 341699, 341856 por importe de 35.988,03 euros.

De la prueba practicada en el acto del juicio y de los documentos obrantes en autos, se llega a la conclusión de que la parte actora ha desplegado actividad probatoria suficiente para acreditar la existencia de la deuda. Así mismo, esas facturas responden a los conceptos obrantes en la póliza de fletamento (documento nº 6 demanda y nº 11 de la contestación). De la documental obrante en autos se infiere que se informó antes de la contratación de transporte marítimo (fletamento) al demandado de todas las condiciones del mismo, firmando la confirmación del contrato el demandado (documento nº 6 de la demanda), así como se le informó antes del embarque del coste diario de las demoras en el puerto (documento nº 7), por lo que la deuda que se reclama se corresponde con estos importes que han quedado expuestos en el fundamento de derecho anterior, y sin que la demandada haya acreditado su pago, por lo que procede estimar la demanda y condenar a al pago de DOSCIENTOS CUATRO MIL CON OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (204.870,21 €).

QUINTO.- De los intereses.

Se reclaman por la parte actora, además de la cantidad ya expresada, los intereses de la misma. Resultan de pertinente imposición los intereses legales previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2.004, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, toda vez que, invocados por la actora, y presupuesto el hecho de la morosidad, el cálculo de los intereses ha de realizarse conforme a dicha disposición.

Por otra parte, el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley". En consecuencia, y puesto que esta sentencia condena a la demandada al pago de una cantidad líquida, ésta habrá de satisfacer, además de ésta, los intereses que se devenguen al tipo señalado en el precepto citado desde el día de la notificación de la sentencia y hasta el completo pago.

SEXTO.- De las costas procesales.

De conformidad con el criterio de vencimiento objetivo establecido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dada la estimación íntegra de las pretensiones de la actora, procede condenar al demandado a las costas del presente procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación