Sentencia Civil 18/2023 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Blanes nº 5, Rec. 183/2018 de 07 de abril del 2023

PRELIMINAR.- Objeto de la controversia. En este procedimiento se discute la procedencia de una pretensión de resolución de préstamo hipotecario suscrito en fecha 21 de diciembre de 2006 sobre la finca sita en la URBANIZACION000 sita en la CALLE000 número NUM000 de la localidad de Tossa de Mar con referencia catastral nº NUM001 inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Lloret de Mar, al tomo NUM002, libro NUM003 de Tossa de Mar, folio NUM004, finca registral nº NUM005, pretendiéndose la declaración de que el demandado como consecuencia del impago del préstamo hipotecario adeuda la cantidad de 60.000 euros o la que resulte acreditada condenándole al pago de la misma más los intereses remuneratorios consistentes en un interés anual nominal de cuatro puntos porcentuales desde la reclamación judicial -si bien en el acto del juicio el letrado de la actora aclaró que el interés moratorio debe reducirse a dos puntos porcentuales por encima del euribor. También se solicita que se declare la extinción de la situación de pro indiviso sobre la meritada finca, se declare la indivisibilidad de la finca acordando la adjudicación de la mitad indivisa del demandado a la actora debiendo esta pagar al demandado el valor de su participación de 62.636,22 euros. También se solicita que se declare la compensación judicial del crédito demandado relativo a la participación en la cosa común con la cantidad que este adeuda a la actora por el crédito hipotecario.

PRIMERO.- Alega la parte actora que en escritura pública de 21 de diciembre de 2006, el demandado y Leovigildo compraron conjuntamente la finca sita en la URBANIZACION000 sita en la CALLE000 nº NUM000 de Tossa de Mar con referencia catastral NUM001 inscrita en el Registro de la Propiedad nº 2 de Lloret de Mar, al tomo NUM002, libro NUM003 de Tossa de Mar, folio NUM004, finca registral nº NUM005, correspondiendo a cada uno la mitad indivisa de la finca. En la misma fecha se suscribió préstamo hipotecario con la entidad Bankia por valor de 102.000 euros con un plazo de amortización en tres años. Alega que posteriormente se produjo novación del préstamo en fecha de 17 de diciembre de 2009 ampliando el plazo de amortización en 36 meses, estableciéndose un interés moratorio de cuatro puntos porcentuales por encima del Euribor vigente al tiempo del pago.

Alega la actora que debido al incumplimiento del contrato de préstamo hipotecario se resolvió el contrato, habiéndose notificado mediante burofax en octubre de 2013 en el que se comunicaba que la resolución tuvo lugar el 21 de junio de 2012. Alega que en el momento de la resolución quedaba pendiente de pagar la cantidad de 99,596,10 euros. Posteriormente, el acreedor hipotecario promovió la ejecución hipotecaria del préstamo mediante la ejecución especial de la finca.

Alega la actora que en fecha de 8 de febrero de 2018 la actora adquirió el crédito hipotecario de la entidad Alpha Credit Solutions 5, S.A.R.L., que a su vez había adquirido el crédito hipotecario a Bankia, S.A. Seguidamente, mediante escritura de 27 de febrero de 2018, la actora abonó la mitad de la finca objeto del proceso, la cantidad de 60.000 euros a Leovigildo, adquiriendo la actora la mitad que a este le correspondía en el pro indiviso de la finca.

Alega la actora que la finca es indivisible dado que la parcela es de 770 metros cuadrados, y que el mínimo edificable es de 400 metros cuadrados por lo que no se podría dividir en dos parcelas. Añade que el tras la adjudicación la mitad del valor de la finca es de 62.636,22 euros y que como el demandado adeuda a la actora 60.000 euros, la actora solo debería pagar al demandado la cantidad de 2.636,22 euros.

Por la parte demandada no se hacen alegaciones fácticas al no haber presentado escrito de contestación en tiempo y forma. Se guarda silencio ante la demanda, lo cual no implica, como señala el artículo 496.2 L.E.C. admisión de los hechos de la demanda, ni allanamiento, ni conformidad. A estos efectos, el tratamiento que se le da a la falta de contestación es el de oposición tácita a las pretensiones sostenidas por el actor, por lo que el actor no queda liberado de la carga de probar los hechos en los que se basa su pretensión.

SEGUNDO.- En primer lugar, se considera acreditado el hecho relativo a haberse suscrito el préstamo hipotecario a que se refiere el escrito de demanda así como la compraventa de la finca objeto del presente procedimiento de acuerdo con la establecido en el documento nº 2 de la demanda que hace prueba plena de ello, así como la novación por medio de escritura de 17 de diciembre de 2009, de acuerdo con lo establecido en el bloque documental nº 2 de la demanda.

Por otra parte, se considera acreditada la resolución del contrato a la vista de los impagos de acuerdo con la legislación aplicable y las estipulaciones que figuran en la escritura pública de constitución de la hipoteca y su novación, se considera acreditado el incumplimiento y la resolución del contrato. No obstante, pese a que la actora considera que la resolución se debe hacer a fecha de 21 de junio de 2012, lo cierto es que el mero incumplimiento no produce la resolución, sino que se ha de tener en consideración la fecha en que se produce la notificación de dicha resolución que se considera realizada en la fecha de recepción de los burofaxes de 23 de septiembre de 2013.

Además, se considera acreditada la subrogación en la posición del acreedor hipotecario por parte de la actora en virtud de escritura pública de 8 de febrero de 2018 de acuerdo con el documento nº 4 de la demanda y se considera acreditada la adquisición de la mitad de la finca a Leovigildo mediante escritura de fecha de 27 de febrero de 2018 de acuerdo con el documento nº 5 de la demanda. En virtud la misma la actora resultaría ser propietaria de la mitad indivisa de la finca objeto del presente procedimiento, siendo el propietario de la otra mitad el demandado.

TERCERO.- Por lo que respecta a la petición de división de la cosa común resultando la adjudicación de la misma a la actora, resultando un derecho de crédito a favor del demandado por el valor de la mitad de la finca resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 552-11.1 del Código Civil de Cataluña establece que cualquiera de los cotitulares, si no se ponen de acuerdo para dividir la comunidad o para someter la división a un arbitraje, puede instar a la autoridad judicial para que efectúe la división.

Por otra parte, el artículo 552-11.5 CCC establece que el objeto de la comunidad, si es indivisible, o desmerece notablemente al dividirse, o es una colección que integra el patrimonio artístico, bibliográfico o documental, se adjudica al cotitular o la cotitular que tenga interés en el mismo. Si existen más de uno, al que tenga la participación mayor. En caso de interés y participación iguales, decide la suerte.

A estos efectos alega la parte actora que la finca es indivisible habida consideración de que de acuerdo con el Plan de Ordenación Urbanística Municipal, las parcelas a efectos edificatorios deben tener un mínimo 400 metros por lo que siendo la finca de autos de una extensión de 772 metros cuadrados la misma no es divisible, y de acuerdo con ello y con el contenido y conclusiones contenidas en el informe pericial aportado como documento nº 12 del perito D. Marcos se considera acreditado el carácter indivisible de la finca sobre la cual se pretende la división, como también se considera acreditado el interés de la actora en la adjudicación de la finca al mostrarse dicha manifestación alegada en la demanda y no habiendo alegación en contrario que suponga entender que existe interés por el demandado, puesto que, además, el testigo D. Leovigildo manifestó que el demandado le dijo que no quiere saber nada de la finca.

De este modo resulta aplicable lo establecido en el artículo 552.11.5 en cuanto a que el adjudicatario debe pagar a los demás el valor pericial de su participación, que en ningún caso tiene la consideración de precio ni de exceso de adjudicación. Si ningún cotitular tiene interés, se vende y se reparte el precio. En este caso el valor de la participación es el cincuenta por ciento de la comunidad, y el bien se ha valorado pericialmente en 125.272,44 euros, por lo que la adjudicataria resultará obligada a abonar la cantidad de 62.636,22 euros.

CUARTO.- Solicita la parte actora que se declare judicialmente la compensación de créditos entre actora y demandado habida consideración de la deuda que resulta de la adjudicación declarada en el presente procedimiento y del crédito que resulta del crédito hipotecario impagado. Dicha compensación solicitada viene recogida en los artículos 1195 y siguientes del Código Civil. Respecto de este último, de acuerdo con la documental aportada, resulta que el capital impagado es de 92.000 y los intereses serían 22.444, 22 euros. No obstante respecto de los mismos se debe tomar en consideración que los intereses moratorios establecidos en la escritura de constitución hipotecaria y su novación es de cuatro puntos porcentuales superiores al Euribor, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sentado doctrina en la sentencia 265/2015 de 22 de abril al decir que en el caso de los préstamos personales el interés de demora establecido en cláusulas no negociadas debe consistir, para no resultar abusivo, en un porcentaje adicional que no debe ser muy elevado y que se considera que la adición de un recargo superior a dos puntos porcentuales supondría un alejamiento injustificado, resultando abusivo, procede declarar de oficio la abusividad de la cláusula que establece los intereses moratorios aquí reclamados de acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 16 de noviembre de 2007, en sus artículos 82 y concordantes. De otro lado, de nada sirve la renuncia del letrado de la actora en el acto del juicio para que solo se deban los intereses moratorios en función de dos puntos porcentuales en vez de los cuatro que establece la cláusula abusiva, puesto que la jurisprudencia del TJUE viene estableciendo que los órganos judiciales una vez declarada la abusividad no pueden integrar la cláusula abusiva en el sentido de que se establezca un contenido que no abusivo, sino que se debe inaplicar la cláusula abusiva, por lo que en el caso de autos, visto que la cuantía que se establece es de 92.000 euros en concepto de capital impagado y 22.444,22 euros en concepto de intereses moratorios, éstos últimos no se pueden considerar debidos a la vista de la declaración de abusividad y consiguiente nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios.

Como resulta de la escritura pública por la que la actora adquirió en 2018 la mitad indivisa de la finca de autos a D. Leovigildo y Dª. Genoveva, estos abonaron la cantidad de 60.000 euros de la deuda solidaria que tenían juntamente con el aquí demandado para con la actora, pero sin imputar los pagos a algún concepto concreto de la misma. Por lo anterior, habida consideración de que la deuda restante del demandado es de 60.000 euros del que resulta deudor el demandado, dicha cantidad debe reducirse en tanto en cuanto dicho importe se integre por los conceptos afectados por la declaración de nulidad de los intereses moratorios. Por lo tanto, a los 60.000 euros de deuda pendiente del demandado se debe reducir los 22.444,22 euros anteriormente dichos, resultando una cantidad de 37.555,78 euros. Y resultando que el crédito del demandado para con la actora en base a la adjudicación de su participación en la finca a la actora es de 62.636,22 euros, habrá que restarle la deuda del mismo para con la actora de 37.555,78 euros, por lo que la actora adeuda la cantidad de 25.080,44 euros, declarando extinguida de acuerdo con el artículo 1202 del Código Civil la deuda en lo que excede de dicha cantidad.

QUINTO.- En materia de costas, en virtud del principio de vencimiento objetivo del artículo 394 LEC, al producirse una estimación parcial de la demanda por no haberse estimado íntegramente ni tampoco sustancialmente lo peticionado en la demanda, al no acreditarse la totalidad de la deuda cuya compensación se pretendía no procede hacer expresa condena en costas y cada parte deberá satisfacer las suyas y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,