Sentencia Civil 101/2026 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ribeira nº 1, Rec. 130/2025 de 03 de febrero del 2026

PRIMERO.-Según el escrito rector de demandada, el demandante es propietario del vehículo Ford Fiesta matrícula NUM000. La codemandada, Dña. Rosalia, era la conductora del vehículo Toyota matrícula NUM001, el día que ocurrieron los hechos (4 diciembre 2024), constando aseguramiento en la entidad codemandada Occident Seguros. (No controvertido).

El objeto de controversia se centra en que la causa del accidente se debe a la defectuosa maniobra realizada por la conductora demandada de giro a la izquierda e incorporación a otra vía, toda vez que atraviesa totalmente la intersección existente en línea recta y de forma diagonal, obstaculizando la trayectoria del vehículo contrario que se aproximaba a la intersección, el cual fue colisionado por raspado con anterioridad a la llegada de la señal de ceda el paso existente en la vía.

La parte demandante reclama.

La parte demandada, niega en su totalidad los hechos en lo que al objeto de controversia se refiere.

SEGUNDO.-En la resolución de la controversia es un punto de partida ineludible el sistema de responsabilidad que traza el vigente Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre.

El art. 1 del Texto Refundido señala que "el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación"; establecida una dualidad de régimen en función del origen personal o patrimonial del daño, centrada la atención en los daños personales a que se contrae en sustancia este proceso, el propio art. 1 indica que "en el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos."

Se prevé en consecuencia, y así se reconoce pacíficamente, un sistema de responsabilidad objetiva, que deja fuera la exigencia de reproche de orden culpabilístico para la imputación de responsabilidad por el daño ocasionado, de tal forma que los elementos precisos para la declaración de la responsabilidad y la consiguiente obligación indemnizatoria quedan reducidos a: 1) la existencia de una acción u omisión del agente; 2) la producción de un daño real y acreditado; 3) nexo causal entre la conducta del agente y el resultado dañoso.

No obstante el rigor que dimana de la objetivación del régimen, la doctrina reconoce que se trata de un sistema objetivo atenuado por cuanto se recogen en la norma expedientes paliativos, entre los que se sitúa la culpa exclusiva de la víctima. Requiere, como exponía la SAP de A Coruña de 16 de enero de 2002, que "ha de quedar acreditado que la culpa sólo existió por parte de la víctima, siendo exclusiva de ésta y excluyente de cualquier otra (entre otras, SSTS 18 marzo 1982 y 17 julio 1986 ), es decir, debida únicamente al comportamiento del propio perjudicado, que sea la víctima totalmente responsable del accidente, por lo que no es suficiente la existencia de culpa en la misma e incluso que sea ésta la más influyente en el resultado acaecido, sino, repetimos, que ha de ser plena, absoluta y absorbente, de forma que por sí sola explique totalmente el siniestro acaecido (entre otras muchas, SSAAPP sentencias Audiencias Provinciales de Lérida, 18 de mayo y 10 de junio de 1998; de Salamanca, 9 de febrero de 1998; de Murcia, 25 de septiembre de 1997; de Cádiz, 7 de febrero de 1997; y de esta Sala de 5 de diciembre de 1997)".

Por otra parte, ha sido tradicionalmente aceptada en la jurisprudencia la virtualidad de la denominada "compensación" o "concurrencia de culpas", tanto en el ámbito de los daños patrimoniales como en el de los personales, esto es, la doctrina de que la actuación coadyuvante de la víctima, en la producción del resultado, determina el nacimiento de una situación de concurrencia de culpas, que autoriza a moderar la cuantía económica de las responsabilidades, distribuyéndose proporcionalmente el «"quantum"», en razón a las circunstancias concurrentes ( STS de 7-10-1988, 12-7 y 23-9-1988, 7-6-1991, 11-2-1993, 23-2-1996, 29-11-2001 y 22-7-2002 entre otras).

Así, el art. el art. 1.1 párrafo 4º de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, dispone que "si concurrieren la negligencia del conductor y la del perjudicado se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la entidad respectiva de las culpas concurrentes".También se manifiesta la regla en el criterio Primero 7 del anexo al sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados en las personas en accidentes de circulación, así como en el art. 4.3 del vigente Reglamento sobre la Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, aprobado por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, a cuyo tenor "tanto en los casos de daños a las personas como en los bienes, si concurrieren la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al repartimiento en la cuantía de la indemnización, atendida la entidad respectiva de las culpas concurrentes", que permite apreciar la concurrencia de culpas tanto en los casos de daños a las personas como en los bienes.

TERCERO.-A la luz de este marco normativo y doctrinal debe ser examinada la prueba practicada en el proceso en torno a la imputación causal de accidente.

Partimos de la base de un supuesto aunque habitual en la casuística, poco determinante a la hora de abordar la relación de causalidad. En el día y lugar de autos no se comisionó ningún agente de tráfico, no partimos pues, de una valoración de atestado. Pero se incorpora a la documental de la parte actora un informe pericial congruente, creíble y coincidente con lo relatado en el escrito rector de demanda; a mayor abundamiento, la testifical practicada por la dirección técnica letrada de la parte actora ha tenido mayor peso esclarecedor que la practicada por la parte demandada, la cual se reputa confusa y no concluyente. Por otro lado, no se ha desvirtuado la prueba bastante de la actora por quien debe de destruirla.

En merito de lo anteriormente expuesto, es menester estimar la demanda.

CUARTO-La cifra total valorativa de los daños causados (475,02€). Se acredita el particular.

QUINTO.-Conforme a lo prevenido en el art. 9 del TR de la LRCSCVM la aseguradora condenada ha de abonar el interés del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro a computar desde la fecha del siniestro.

SEXTO.-Conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la condena en costas a los codemandados.

PRIMERO.-Según el escrito rector de demandada, el demandante es propietario del vehículo Ford Fiesta matrícula NUM000. La codemandada, Dña. Rosalia, era la conductora del vehículo Toyota matrícula NUM001, el día que ocurrieron los hechos (4 diciembre 2024), constando aseguramiento en la entidad codemandada Occident Seguros. (No controvertido).

El objeto de controversia se centra en que la causa del accidente se debe a la defectuosa maniobra realizada por la conductora demandada de giro a la izquierda e incorporación a otra vía, toda vez que atraviesa totalmente la intersección existente en línea recta y de forma diagonal, obstaculizando la trayectoria del vehículo contrario que se aproximaba a la intersección, el cual fue colisionado por raspado con anterioridad a la llegada de la señal de ceda el paso existente en la vía.

La parte demandante reclama.

La parte demandada, niega en su totalidad los hechos en lo que al objeto de controversia se refiere.

SEGUNDO.-En la resolución de la controversia es un punto de partida ineludible el sistema de responsabilidad que traza el vigente Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre.

El art. 1 del Texto Refundido señala que "el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación"; establecida una dualidad de régimen en función del origen personal o patrimonial del daño, centrada la atención en los daños personales a que se contrae en sustancia este proceso, el propio art. 1 indica que "en el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos."

Se prevé en consecuencia, y así se reconoce pacíficamente, un sistema de responsabilidad objetiva, que deja fuera la exigencia de reproche de orden culpabilístico para la imputación de responsabilidad por el daño ocasionado, de tal forma que los elementos precisos para la declaración de la responsabilidad y la consiguiente obligación indemnizatoria quedan reducidos a: 1) la existencia de una acción u omisión del agente; 2) la producción de un daño real y acreditado; 3) nexo causal entre la conducta del agente y el resultado dañoso.

No obstante el rigor que dimana de la objetivación del régimen, la doctrina reconoce que se trata de un sistema objetivo atenuado por cuanto se recogen en la norma expedientes paliativos, entre los que se sitúa la culpa exclusiva de la víctima. Requiere, como exponía la SAP de A Coruña de 16 de enero de 2002, que "ha de quedar acreditado que la culpa sólo existió por parte de la víctima, siendo exclusiva de ésta y excluyente de cualquier otra (entre otras, SSTS 18 marzo 1982 y 17 julio 1986 ), es decir, debida únicamente al comportamiento del propio perjudicado, que sea la víctima totalmente responsable del accidente, por lo que no es suficiente la existencia de culpa en la misma e incluso que sea ésta la más influyente en el resultado acaecido, sino, repetimos, que ha de ser plena, absoluta y absorbente, de forma que por sí sola explique totalmente el siniestro acaecido (entre otras muchas, SSAAPP sentencias Audiencias Provinciales de Lérida, 18 de mayo y 10 de junio de 1998; de Salamanca, 9 de febrero de 1998; de Murcia, 25 de septiembre de 1997; de Cádiz, 7 de febrero de 1997; y de esta Sala de 5 de diciembre de 1997)".

Por otra parte, ha sido tradicionalmente aceptada en la jurisprudencia la virtualidad de la denominada "compensación" o "concurrencia de culpas", tanto en el ámbito de los daños patrimoniales como en el de los personales, esto es, la doctrina de que la actuación coadyuvante de la víctima, en la producción del resultado, determina el nacimiento de una situación de concurrencia de culpas, que autoriza a moderar la cuantía económica de las responsabilidades, distribuyéndose proporcionalmente el «"quantum"», en razón a las circunstancias concurrentes ( STS de 7-10-1988, 12-7 y 23-9-1988, 7-6-1991, 11-2-1993, 23-2-1996, 29-11-2001 y 22-7-2002 entre otras).

Así, el art. el art. 1.1 párrafo 4º de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, dispone que "si concurrieren la negligencia del conductor y la del perjudicado se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la entidad respectiva de las culpas concurrentes".También se manifiesta la regla en el criterio Primero 7 del anexo al sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados en las personas en accidentes de circulación, así como en el art. 4.3 del vigente Reglamento sobre la Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, aprobado por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, a cuyo tenor "tanto en los casos de daños a las personas como en los bienes, si concurrieren la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al repartimiento en la cuantía de la indemnización, atendida la entidad respectiva de las culpas concurrentes", que permite apreciar la concurrencia de culpas tanto en los casos de daños a las personas como en los bienes.

TERCERO.-A la luz de este marco normativo y doctrinal debe ser examinada la prueba practicada en el proceso en torno a la imputación causal de accidente.

Partimos de la base de un supuesto aunque habitual en la casuística, poco determinante a la hora de abordar la relación de causalidad. En el día y lugar de autos no se comisionó ningún agente de tráfico, no partimos pues, de una valoración de atestado. Pero se incorpora a la documental de la parte actora un informe pericial congruente, creíble y coincidente con lo relatado en el escrito rector de demanda; a mayor abundamiento, la testifical practicada por la dirección técnica letrada de la parte actora ha tenido mayor peso esclarecedor que la practicada por la parte demandada, la cual se reputa confusa y no concluyente. Por otro lado, no se ha desvirtuado la prueba bastante de la actora por quien debe de destruirla.

En merito de lo anteriormente expuesto, es menester estimar la demanda.

CUARTO-La cifra total valorativa de los daños causados (475,02€). Se acredita el particular.

QUINTO.-Conforme a lo prevenido en el art. 9 del TR de la LRCSCVM la aseguradora condenada ha de abonar el interés del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro a computar desde la fecha del siniestro.

SEXTO.-Conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la condena en costas a los codemandados.

PRIMERO.-Según el escrito rector de demandada, el demandante es propietario del vehículo Ford Fiesta matrícula NUM000. La codemandada, Dña. Rosalia, era la conductora del vehículo Toyota matrícula NUM001, el día que ocurrieron los hechos (4 diciembre 2024), constando aseguramiento en la entidad codemandada Occident Seguros. (No controvertido).

El objeto de controversia se centra en que la causa del accidente se debe a la defectuosa maniobra realizada por la conductora demandada de giro a la izquierda e incorporación a otra vía, toda vez que atraviesa totalmente la intersección existente en línea recta y de forma diagonal, obstaculizando la trayectoria del vehículo contrario que se aproximaba a la intersección, el cual fue colisionado por raspado con anterioridad a la llegada de la señal de ceda el paso existente en la vía.

La parte demandante reclama.

La parte demandada, niega en su totalidad los hechos en lo que al objeto de controversia se refiere.

SEGUNDO.-En la resolución de la controversia es un punto de partida ineludible el sistema de responsabilidad que traza el vigente Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre.

El art. 1 del Texto Refundido señala que "el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación"; establecida una dualidad de régimen en función del origen personal o patrimonial del daño, centrada la atención en los daños personales a que se contrae en sustancia este proceso, el propio art. 1 indica que "en el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos."

Se prevé en consecuencia, y así se reconoce pacíficamente, un sistema de responsabilidad objetiva, que deja fuera la exigencia de reproche de orden culpabilístico para la imputación de responsabilidad por el daño ocasionado, de tal forma que los elementos precisos para la declaración de la responsabilidad y la consiguiente obligación indemnizatoria quedan reducidos a: 1) la existencia de una acción u omisión del agente; 2) la producción de un daño real y acreditado; 3) nexo causal entre la conducta del agente y el resultado dañoso.

No obstante el rigor que dimana de la objetivación del régimen, la doctrina reconoce que se trata de un sistema objetivo atenuado por cuanto se recogen en la norma expedientes paliativos, entre los que se sitúa la culpa exclusiva de la víctima. Requiere, como exponía la SAP de A Coruña de 16 de enero de 2002, que "ha de quedar acreditado que la culpa sólo existió por parte de la víctima, siendo exclusiva de ésta y excluyente de cualquier otra (entre otras, SSTS 18 marzo 1982 y 17 julio 1986 ), es decir, debida únicamente al comportamiento del propio perjudicado, que sea la víctima totalmente responsable del accidente, por lo que no es suficiente la existencia de culpa en la misma e incluso que sea ésta la más influyente en el resultado acaecido, sino, repetimos, que ha de ser plena, absoluta y absorbente, de forma que por sí sola explique totalmente el siniestro acaecido (entre otras muchas, SSAAPP sentencias Audiencias Provinciales de Lérida, 18 de mayo y 10 de junio de 1998; de Salamanca, 9 de febrero de 1998; de Murcia, 25 de septiembre de 1997; de Cádiz, 7 de febrero de 1997; y de esta Sala de 5 de diciembre de 1997)".

Por otra parte, ha sido tradicionalmente aceptada en la jurisprudencia la virtualidad de la denominada "compensación" o "concurrencia de culpas", tanto en el ámbito de los daños patrimoniales como en el de los personales, esto es, la doctrina de que la actuación coadyuvante de la víctima, en la producción del resultado, determina el nacimiento de una situación de concurrencia de culpas, que autoriza a moderar la cuantía económica de las responsabilidades, distribuyéndose proporcionalmente el «"quantum"», en razón a las circunstancias concurrentes ( STS de 7-10-1988, 12-7 y 23-9-1988, 7-6-1991, 11-2-1993, 23-2-1996, 29-11-2001 y 22-7-2002 entre otras).

Así, el art. el art. 1.1 párrafo 4º de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, dispone que "si concurrieren la negligencia del conductor y la del perjudicado se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la entidad respectiva de las culpas concurrentes".También se manifiesta la regla en el criterio Primero 7 del anexo al sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados en las personas en accidentes de circulación, así como en el art. 4.3 del vigente Reglamento sobre la Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, aprobado por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, a cuyo tenor "tanto en los casos de daños a las personas como en los bienes, si concurrieren la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al repartimiento en la cuantía de la indemnización, atendida la entidad respectiva de las culpas concurrentes", que permite apreciar la concurrencia de culpas tanto en los casos de daños a las personas como en los bienes.

TERCERO.-A la luz de este marco normativo y doctrinal debe ser examinada la prueba practicada en el proceso en torno a la imputación causal de accidente.

Partimos de la base de un supuesto aunque habitual en la casuística, poco determinante a la hora de abordar la relación de causalidad. En el día y lugar de autos no se comisionó ningún agente de tráfico, no partimos pues, de una valoración de atestado. Pero se incorpora a la documental de la parte actora un informe pericial congruente, creíble y coincidente con lo relatado en el escrito rector de demanda; a mayor abundamiento, la testifical practicada por la dirección técnica letrada de la parte actora ha tenido mayor peso esclarecedor que la practicada por la parte demandada, la cual se reputa confusa y no concluyente. Por otro lado, no se ha desvirtuado la prueba bastante de la actora por quien debe de destruirla.

En merito de lo anteriormente expuesto, es menester estimar la demanda.

CUARTO-La cifra total valorativa de los daños causados (475,02€). Se acredita el particular.

QUINTO.-Conforme a lo prevenido en el art. 9 del TR de la LRCSCVM la aseguradora condenada ha de abonar el interés del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro a computar desde la fecha del siniestro.

SEXTO.-Conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la condena en costas a los codemandados.