Sentencia Civil 59/2025 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segovia nº 4, Rec. 106/2024 de 19 de febrero del 2025

PRIMERO.- Objeto del pleito.

En el presente pleito se ejercita acción por la actora con fundamento en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y, en cuya virtud, solicita, en síntesis, que se condene a la entidad demandada a cesar en las conductas de:

- modificación unilateral del contrato;

- de notificación contraria a derecho de ciertas modificaciones efectuadas, y,

- de proceder a efectuar lecturas estimativas.

Interesa asimismo que se condene a la mercantil demandada a la reparación del contador, a liquidar a cero euros una facturación comprendida entre el 17 de abril de 2022 y el 5 de mayo de 2023 así como a la devolución del producto por falta de conformidad.

En el acto de Audiencia Previa, renunció la actora a la pretensión relativa a publicación de sentencia.

Finalmente, ex art. 1101 del Código Civil, ejercita acción resarcitoria cuantificada en 6.000 euros por los daños y perjuicios que el actuar negligente de la demandada en base a la sostenida facturación arbitraria por parte de la comercializadora demandada habría causado al demandante. Más intereses y costas.

Frente a dichas pretensiones se opone la parte demandada, alegando, en síntesis, falta de legitimación pasiva y falta de prueba.

SEGUNDO.- Sobre el cese de conductas pretendido.

Solicita la parte actora en su extenso petitumcontenido en el suplico de la demanda que se proceda por este órgano judicial a condenar a la mercantil demandada al cese de un elenco de conductas que va desglosando no de modo ciertamente clarificador.

Insiste dicha representación procesal que se está ejercitando una acción individual de cesación, conforme los propios argumentos esgrimidos en el acto de Audiencia Previa. Si bien, analizado el procedimiento en su conjunto, se advierte una defectuosa constitución de la relación jurídico procesal y no tanto, en cuanto a la legitimación pasiva sostenida por la propia parte demandada, sino, por el contrario, por defecto de legitimación activa.

En este sentido, pese a las manifestaciones del letrado de la parte actora en sede de Audiencia Previa, lo cierto es que todo el escrito rector de demanda aparece fundamentado en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y su regulación del ejercicio de la acción de cesación.

Los pedimentos que se concretan en el suplico de la demanda son, en su mayor parte, definidos en el artículo 53 del indicado Real Decreto, exigiéndose acto seguido en el artículo 54 del mismo texto legal unas concretas precisiones en torno a la legitimación activa en esta clase de acciones que, en el caso que nos ocupa, no concurren pues la parte demandante no ostenta ninguna de las cualidades ni se erige en ninguno de los sujetos a que el meritado artículo 54 otorga legitimación activa, ni siquiera en la remisión que al artículo 11 apartados 2 y 3 de la LEC efectúa.

La legitimación puede definirse como la capacidad para actuar como parte activa o pasiva en un proceso judicial, con base en la titularidad de un derecho o el interés legítimo que se ostenta.

Concretamente, según SSTS n.º 634/2010, de 14 de octubre y n.º 346/2014, de 27 de junio, "consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. La legitimación exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada y el objeto jurídico pretendido."

Su fundamento se halla en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC, en lo sucesivo), a cuyo tenor: "Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso..."

Por tanto, la legitimación en la condición que ostenta un sujeto de derecho, como titular de un interés jurídico, para promover e intervenir en un concreto proceso como parte activa o pasiva.

Además, la STS de 11 de octubre de 2021 dice:

"Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala, relativa a la posibilidad de apreciar de oficio la falta de legitimación activa. Así lo declaramos, en la sentencia 481/2000, de 16 de mayo , en la que razonamos: "[...] el tema de la legitimación comporta siempre una questio iuris y no una questio facti que, aunque afecta a los argumentos jurídicos de fondo, puede determinarse con carácter previo a la resolución del mismo, pues únicamente obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen se puede, por ello, estar legitimado y carecer del derecho que se controvierte. con todo, dada la vinculación de la legitimación con el tema de fondo y las utilidades que comporta el manejo del concepto con precisión, no es extraño que, en ocasiones, se confunda la legitimación (questio iuris) con la existencia del derecho discutido (que exige la comprobación de los elementos fácticos que lo configuran)" ( STS 31 mar. 1997, en recurso núm. 1275/93 ), y de ahí, sobre todo, que la falta de legitimación ad causam se considere apreciable de oficio por los tribunales, incluso por esta sala al conocer del recurso de casación (SSTS. 20 oct. 1993 , 1 feb. 1994 , 13 nov. 1995 , 30 dic. 1995 y 24 ene. 1998 , entre otras)", con lo que cualquier reproche de incongruencia a la sentencia recurrida y toda la argumentación de los dos motivos, caen absolutamente por su base".También, entre otras, en la sentencia 460/2012, de 13 de julio , en la que dijimos:"

Como se ha dicho, dada la naturaleza de la acción ejercitada y las propias exigencias dimanantes de los artículos 53 y 54 previamente citados, se entiende que concurre la excepción de falta de legitimación activa, precisamente, por tratarse de una acción de cesación que lleva aneja por exigencias legales unos concretos requisitos de legitimación que, en el presente supuesto, no se dan o, al menos, no han sido probados ( art. 217 LEC) y que, en todo caso, hubieran debido tramitarse conforme las reglas de juicio verbal ( art. 250.1.12 de la LEC) .

Consecuentemente, se desestima la demanda, con imposición de costas procesales a la parte actora ( art. 394 LEC)

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,