Sentencia Civil 13/2026 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segovia nº 4, Rec. 326/2025 de 20 de enero del 2026

PRIMERO.- Objeto del pleito.

En la presente relación jurídico procesal, la parte actora presentó demanda contra la arriba identificada como demandada, ejercitando acción de impugnación de acuerdo comunitario de fecha 11 de diciembre de 2024 relativo a la forma de pago de la instalación del ascensor y la aprobación de la correspondiente derrama, esto es, los puntos dos y tres (2 y 3) del Acta de la Junta de Propietarios de la fecha recientemente indicada que aporta la parte demandante como doc. 1 de su escrito rector. Todo ello, con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, alegando, en síntesis:

1. Existencia de defectos formales en la convocatoria de la Junta de Propietarios consistentes en (a) realización de la convocatoria por el Administrador y no por el Presidente de la Comunidad; (b) falta de convocatoria en tiempo y forma con relación a la demandante Dª Debora y (c) defectos en la convocatoria por falta de inclusión de las deudas pendientes/propietarios morosos.

2. Existencia de acuerdo lesivo para las demandantes en tanto se las estaría obligando a soportar una derrama en mayor cantidad a otros propietarios de pisos inferiores sin justificación alguna y con grave perjuicio para sus intereses, entendiendo que se trata de un acuerdo discriminatorio para dicha parte.

Frente a tales pretensiones se opone la parte demandada, siendo las cuestiones objeto de controversia las arriba enumeradas y que pasan a ser objeto de estudio específico.

SEGUNDO.- Marco jurídico.

Sobre el asunto enjuiciado, conviene recordar que el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) dispone que:

"Los acuerdos de la Junta de propietarios serán impugnables en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) o a los estatutos de la comunidad de propietarios .

b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho..."

Además, el artículo 16 LPH dispone en su apartado 2 que:

"2. La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida en el artículo 9. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2".

Al respecto, es doctrina jurisprudencial reiterada, cabe citar STS de 12 de enero de 2012 que, en torno a la aplicación del artículo 16.2 Ley de Propiedad Horizontal, señaló que:

"se considera exigible que en el orden del día de la convocatoria de la junta de propietarios se fijen con claridad los asuntos objeto de debate, a fin de que todos los copropietarios tengan conocimiento de las materias que se van a tratar, de modo que exista una plena concordancia entre el contenido del orden del día y los temas que se debatirán. La finalidad de que quede claramente fijado el orden del día permite cumplir con la exigencia de que los comuneros puedan adquirir antes del momento de celebración de la junta la suficiente información para votar respecto a las materias que van a ser discutidas, o bien para decidir si delegan su voto a favor de un tercero, o si, en su caso, optan por no asistir a su celebración. La asistencia a las juntas de propietarios es voluntaria, de modo que dar validez a la inclusión de asuntos para ser tratados al margen de los fijados en el orden del día permitiría aprovechar la inasistencia de determinados propietarios para obtener la aprobación de acuerdos prescindiendo de su voluntad ( STS de 15 de junio de 2010 ). Y en este caso, a la vista de los acuerdos adoptados con anterioridad por la Comunidad, la expresión "información relativa al pago del ascensor y de más propuestas", no permite conocer a los propietarios, que se va a modificar el acuerdo de pago alcanzado en junio de 2016, lo que provoca la nulidad del acuerdo impugnado. Añadiendo a ello, infracción del art. 10.b LPH , el cual dispone "b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido", al no concurrir los presupuestos exigidos en dicho precepto."

TERCERO.- Defectos formales.

Fijados los términos del debate y expuesto el marco normativo y jurisprudencial de referencia, a los efectos de dar solución a las cuestiones objeto de controversia, debe de procederse a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo donde -con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que, en sus apartados 2º y 3º, establece que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la Demanda y de la Reconvención, e incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, por un lado, que, conforme al apartado 1º del referido precepto, si al tiempo de dictar Sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones del actor o del reconviniente o del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones, y, por otro que, a tenor del apartado 7º del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio.

En este sentido, valorada la prueba en su conjunto, consistente esta en documental, interrogatorio del representante legal de la Comunidad de Propietarios y testifical del Administrador de esta, conviene concluir que ninguno de los defectos de forma alegados por la parte actora han resultado acreditados en este procedimiento.

Cabe principiar advirtiendo que dicha representación procesal no ha cumplido con las obligaciones que sobre carga probatoria dispone el aludido art. 217 de la LEC pues, para empezar, únicamente se aportó como prueba documental el concreto acta objeto de impugnación. Y, a mayor abundamiento, con el interrogatorio y testifical propuestos y admitidos, tampoco se pone de relieve el incumplimiento de las formalidades legalmente exigidas para la correcta convocatoria de la Junta de Propietarios. Y, de igual modo, la documentación acompañada con el escrito de contestación consigue desvirtuar las pretensiones de la parte actora.

En este sentido, se pone de relieve que en el Acta de la Junta de Propietarios de fecha 21 de noviembre de 2024 (doc. 2 de la contestación), se acordó por unanimidad la convocatoria para la celebración de la Junta - que ahora se impugna - en fecha 11 de diciembre de 2024, apuntándose ya en tal Acta cuáles serían los asuntos a debatir pues se indica en el antepenúltimo párrafo de la meritada acta que consistiría en decidir "si se acepta esta propuesta(ascensor) u otra, aprobación de derrama, forma de pago entre los diferentes propietarios, forma de pago, en su caso, la empresa ascensorista (...)".

Y, con ello, no se estaría conculcando la forma de convocatoria a que alude el citado art. 16.2 pues la convocatoria se hizo por unanimidad de los propietarios - tal y como consta en el documento 2 de la contestación - el cual, no ha sido objeto de impugnación.

Por ello, el hecho de que posteriormente se remitiera por el administrador, Sr. Marco Antonio, un documento relativo a la convocatoria de diciembre de 2024 no da lugar a entender vulnerada la ley en cuanto a convocatoria, pues la misma ya había sido realizada - como consta en el propio acta de noviembre de 2024. A mayor abundamiento, el anuncio por el administrador en torno a la Junta de Diciembre de 2024 no hace sino recordar lo ya acordado y, especificar mucho más, los puntos del día objeto de la meritada reunión; que, en ningún caso, varían de los señalados de forma más amplia en el acuerdo de 21 de noviembre de 2024.

Por otro lado, tampoco se produjo vulneración de la convocatoria en tiempo y forma con relación a la codemandante Dª Debora. Sin perjuicio de que no se ha traído a este procedimiento prueba alguna que determine el modo habitual de convocatoria en los términos del artículo 9 de la LPH, llama la atención el hecho de figurar intercambio de mensajería entre el administrador de la Comunidad de Propietarios y la propia vecina demandante en donde se especifica y peticiona por esta la remisión de las convocatorias por correo electrónico; petición que habría sido atendida en todo momento como se infiere de los doc. 3 a 7 del escrito de contestación, que el propio testigo confirmó en sede judicial. A mayor abundamiento, conforme el propio acta de la Junta de fecha 11 de diciembre de 2024, consta la presencia en la Junta de la representante de Dª Debora por lo que, cabe colegir, que dicha propietaria tuvo conocimiento suficiente de la convocatoria y puntos del día a tratar; máxime cuando también tal representante estuvo personada en la Junta anterior en donde, por unanimidad, se acordó la convocatoria de la reunión que se pretende ahora impugnar quedando, conforme reza el propio acta de noviembre del año 2024, ya citados en forma en el mismo acto.

Finalmente, tampoco es de apreciar defectuosa convocatoria en cuanto a ausencia de inclusión de propietarios morosos. Tal y como explicó el Presidente de la Comunidad de Propietarios, en línea con lo manifestado en la propia documentación aportada y, de igual modo, confirmándolo así el Administrador de la finca, el Sr. Presidente, D. Candido, se hallaba al corriente del pago de als cuotas de la comunidad, no teniendo pendiente el adeudo de cantidad alguna; razón por la cual no cabe entender que este tuviera condición de propietario moroso y, por ende, que no se mencionara tal extremo en la convocatoria de la junta es un aspecto conforme a la propia realidad que ha resultado acreditada.

CUARTO.- Sobre el acuerdo perjudicial.

Una vez descartada la existencia de defectos formales y, por tanto, incumplimiento de la LPH en tales aspectos, ha de entrarse en el análisis del supuesto carácter perjudicial y/o lesivo del acuerdo adoptado para las ahora demandantes.

Parte la representación procesal de la actora del hecho de que el pago de la instalación del ascensor debía haberse hecho, como exige el artículo 9 de la citada LPH, conforme a la cuota de participación y que la elección de un sistema de pago proporcional, como el elegido mayoritariamente, en el que las derramas aumentaban conforme a la altura del piso de cada propietario, estaría suponiendo un perjuicio para las demandantes al verse avocadas a pagar un importe económico desmesurado. Alega al tiempo la adopción de dicho acuerdo con abuso de derecho.

Al hilo de esta última alegación, cabría recordar que el artículo 7.2 del Código Civil establece que: "La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso."

Con relación al abuso del derecho, la jurisprudencia tradicional y consolidada, viene calificando dicha institución como "recurso extraordinario".En este sentido, entre otras las STS de 28 de febrero de 1973 viene a declarar que la doctrina del abuso del derecho, como remedio extraordinario, no faculta a los Tribunales a hacer uso de ella más que en casos notorios y requiere que la ejecución del derecho entrañe el causar un daño o un ejercicio abusivo del mismo, que no será de aplicación cuando haya una colisión entre los derechos de una y otra de las partes litigantes.

Además, según la STS de 7 de febrero de 1990 , para que pueda apreciarse abuso de derecho, se requiere que la intención o propósito en la efectividad de un derecho sea sólo el causar daño a otro interés jurídico y que no resulte provecho para el agente que lo ejercite, no pudiendo estimar comprendiendo en dicha situación -como ocurre en el caso hoy enjuiciado- a quien tiene abiertas las vías legales para que su pretensión le sea reconocida, concurriendo, por tanto, una justa causa de litigar que excluye todo abuso de derecho.

De igual modo, dispuso el tribunal Supremo en su STS de 9 de octubre de 1997 que el abuso de derecho "... presupone la concurrencia de actuaciones con intención de dañar o perjudicar o utilizando las normas en forma contraria a la convivencia social ordenada, sin provecho decidido y no cuando se ha usado y ejercitado un derecho que legítimamente corresponde o le está atribuido a quien defiende lo que le pertenece, conforme reiterada y conocida doctrina jurisprudencial".

Pues bien, tampoco en este punto puede ser acogida la pretensión de nulidad entablada por la parte actora en su escrito rector de demanda.

Así las cosas, resulta que no ha resultado discutido y, por ende, no es objeto de controversia que el acuerdo adoptado sobre instalación de ascensor se hizo rigurosamente conforme previene el artículo 17 LPH en su apartado 2, esto es, con el "voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación".

Sentado esto, y, entrando a resolver sobre el posible abuso de derecho y acuerdo lesivo para las demandantes, la jurisprudencia consolidada de nuestro Tribunal Supremo viene a señalar, citando a tal efecto la STS (sala 1ª) de 12 de abril de 2021 que:

" (...)que el acuerdo destinado a la distribución de los gastos de instalación, se ha de aprobar con idéntico sistema de mayorías que el acuerdo de instalación del ascensor, es decir, por mayoría y ello con el fin de no obstaculizar la política legislativa de la LPH tendente a la eliminación de barreras arquitectónicas que dificultan el desenvolvimiento de personas con discapacidad.

Por tanto, es posible una distribución de gastos que no coincida con la cuota de participación en elementos comunes, en casos como el analizado, pues el propio art. 9 de la LPH permite que se contribuya con arreglo "a lo especialmente establecido", acuerdo que al estar "asociado" al de instalación se aprueba por mayoría, pero que no podrá lesionar gravemente a ningún propietario( sentencia 777/2014, de 23 de diciembre, rec. 1428/2012 )"

Es decir, nada obsta para establecer una contribución distinta a la cuota de participación tal y como se desprende de la lectura del propio artículo 9 que invoca la parte actora para fundamentar la nulidad del acuerdo pues es factible, al habilitarlo el propio precepto, escoger una contribución en base a reglas especialmente establecidas.

A mayor abundamiento, no consta acreditado en autos ningún perjuicio concreto para las demandantes, mas allá de la incomodidad de la obligación de deber pagar una cuantía económica elevada por la instalación de un ascensor que es la que se ha puesto de manifiesto por tal representación procesal sin proponer ningún medio probatorio que venga a probar fehacientemetne la existencia de un daño real para las ahora demandantes.

De igual modo, no cabría reputar discriminatorio o perjudicial el sistema de pago proporcional votado y acordado en la Junta de 11 de diciembre de 2024, toda vez que sigue un sistema racional basada en la proporcionalidad y justificado en el presumible uso del ascensor a razón de las diferentes alturas con que cuenta la finca. De hecho, este tipo de sistemas proporcionales de contribución para instalación ex novo(como ocurre en este caso) del ascensor ha sido avalado por nuestro Tribunal Supremo, citándose a título ejemplificativo la STS (Sala 1ª) de 23 de diciembre de 2012.

Finalmente, tampoco se aprecian los requisitos jurisprudencialmente exigidos para apreciar el abuso del derecho pues queda probado conforme las manifestaciones ofrecidas tanto por el Presidente como por el Administrador y se corrobora con las Actas aportadas al procedimiento, que, en todo momento, se discutieron diversas opciones de instalación y formas de pago del ascensor, habiendo en todo momento tenido las partes posibilidad de discutir y valorar tales cuestiones; máxime cuando hubo oportunidad de haber impugnado el previo acuerdo de convocatoria hecho en Junta de noviembre de 2024, sin que entonces se reputara pertinente.

QUINTO.- Costas

Habida cuenta de la desestimación de la presente demanda se impone la condena en costas a la parte actora, ex art. 394 LEC, por haber visto rechazadas todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Objeto del pleito.

En la presente relación jurídico procesal, la parte actora presentó demanda contra la arriba identificada como demandada, ejercitando acción de impugnación de acuerdo comunitario de fecha 11 de diciembre de 2024 relativo a la forma de pago de la instalación del ascensor y la aprobación de la correspondiente derrama, esto es, los puntos dos y tres (2 y 3) del Acta de la Junta de Propietarios de la fecha recientemente indicada que aporta la parte demandante como doc. 1 de su escrito rector. Todo ello, con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, alegando, en síntesis:

1. Existencia de defectos formales en la convocatoria de la Junta de Propietarios consistentes en (a) realización de la convocatoria por el Administrador y no por el Presidente de la Comunidad; (b) falta de convocatoria en tiempo y forma con relación a la demandante Dª Debora y (c) defectos en la convocatoria por falta de inclusión de las deudas pendientes/propietarios morosos.

2. Existencia de acuerdo lesivo para las demandantes en tanto se las estaría obligando a soportar una derrama en mayor cantidad a otros propietarios de pisos inferiores sin justificación alguna y con grave perjuicio para sus intereses, entendiendo que se trata de un acuerdo discriminatorio para dicha parte.

Frente a tales pretensiones se opone la parte demandada, siendo las cuestiones objeto de controversia las arriba enumeradas y que pasan a ser objeto de estudio específico.

SEGUNDO.- Marco jurídico.

Sobre el asunto enjuiciado, conviene recordar que el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) dispone que:

"Los acuerdos de la Junta de propietarios serán impugnables en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) o a los estatutos de la comunidad de propietarios .

b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho..."

Además, el artículo 16 LPH dispone en su apartado 2 que:

"2. La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida en el artículo 9. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2".

Al respecto, es doctrina jurisprudencial reiterada, cabe citar STS de 12 de enero de 2012 que, en torno a la aplicación del artículo 16.2 Ley de Propiedad Horizontal, señaló que:

"se considera exigible que en el orden del día de la convocatoria de la junta de propietarios se fijen con claridad los asuntos objeto de debate, a fin de que todos los copropietarios tengan conocimiento de las materias que se van a tratar, de modo que exista una plena concordancia entre el contenido del orden del día y los temas que se debatirán. La finalidad de que quede claramente fijado el orden del día permite cumplir con la exigencia de que los comuneros puedan adquirir antes del momento de celebración de la junta la suficiente información para votar respecto a las materias que van a ser discutidas, o bien para decidir si delegan su voto a favor de un tercero, o si, en su caso, optan por no asistir a su celebración. La asistencia a las juntas de propietarios es voluntaria, de modo que dar validez a la inclusión de asuntos para ser tratados al margen de los fijados en el orden del día permitiría aprovechar la inasistencia de determinados propietarios para obtener la aprobación de acuerdos prescindiendo de su voluntad ( STS de 15 de junio de 2010 ). Y en este caso, a la vista de los acuerdos adoptados con anterioridad por la Comunidad, la expresión "información relativa al pago del ascensor y de más propuestas", no permite conocer a los propietarios, que se va a modificar el acuerdo de pago alcanzado en junio de 2016, lo que provoca la nulidad del acuerdo impugnado. Añadiendo a ello, infracción del art. 10.b LPH , el cual dispone "b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido", al no concurrir los presupuestos exigidos en dicho precepto."

TERCERO.- Defectos formales.

Fijados los términos del debate y expuesto el marco normativo y jurisprudencial de referencia, a los efectos de dar solución a las cuestiones objeto de controversia, debe de procederse a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo donde -con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que, en sus apartados 2º y 3º, establece que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la Demanda y de la Reconvención, e incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, por un lado, que, conforme al apartado 1º del referido precepto, si al tiempo de dictar Sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones del actor o del reconviniente o del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones, y, por otro que, a tenor del apartado 7º del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio.

En este sentido, valorada la prueba en su conjunto, consistente esta en documental, interrogatorio del representante legal de la Comunidad de Propietarios y testifical del Administrador de esta, conviene concluir que ninguno de los defectos de forma alegados por la parte actora han resultado acreditados en este procedimiento.

Cabe principiar advirtiendo que dicha representación procesal no ha cumplido con las obligaciones que sobre carga probatoria dispone el aludido art. 217 de la LEC pues, para empezar, únicamente se aportó como prueba documental el concreto acta objeto de impugnación. Y, a mayor abundamiento, con el interrogatorio y testifical propuestos y admitidos, tampoco se pone de relieve el incumplimiento de las formalidades legalmente exigidas para la correcta convocatoria de la Junta de Propietarios. Y, de igual modo, la documentación acompañada con el escrito de contestación consigue desvirtuar las pretensiones de la parte actora.

En este sentido, se pone de relieve que en el Acta de la Junta de Propietarios de fecha 21 de noviembre de 2024 (doc. 2 de la contestación), se acordó por unanimidad la convocatoria para la celebración de la Junta - que ahora se impugna - en fecha 11 de diciembre de 2024, apuntándose ya en tal Acta cuáles serían los asuntos a debatir pues se indica en el antepenúltimo párrafo de la meritada acta que consistiría en decidir "si se acepta esta propuesta(ascensor) u otra, aprobación de derrama, forma de pago entre los diferentes propietarios, forma de pago, en su caso, la empresa ascensorista (...)".

Y, con ello, no se estaría conculcando la forma de convocatoria a que alude el citado art. 16.2 pues la convocatoria se hizo por unanimidad de los propietarios - tal y como consta en el documento 2 de la contestación - el cual, no ha sido objeto de impugnación.

Por ello, el hecho de que posteriormente se remitiera por el administrador, Sr. Marco Antonio, un documento relativo a la convocatoria de diciembre de 2024 no da lugar a entender vulnerada la ley en cuanto a convocatoria, pues la misma ya había sido realizada - como consta en el propio acta de noviembre de 2024. A mayor abundamiento, el anuncio por el administrador en torno a la Junta de Diciembre de 2024 no hace sino recordar lo ya acordado y, especificar mucho más, los puntos del día objeto de la meritada reunión; que, en ningún caso, varían de los señalados de forma más amplia en el acuerdo de 21 de noviembre de 2024.

Por otro lado, tampoco se produjo vulneración de la convocatoria en tiempo y forma con relación a la codemandante Dª Debora. Sin perjuicio de que no se ha traído a este procedimiento prueba alguna que determine el modo habitual de convocatoria en los términos del artículo 9 de la LPH, llama la atención el hecho de figurar intercambio de mensajería entre el administrador de la Comunidad de Propietarios y la propia vecina demandante en donde se especifica y peticiona por esta la remisión de las convocatorias por correo electrónico; petición que habría sido atendida en todo momento como se infiere de los doc. 3 a 7 del escrito de contestación, que el propio testigo confirmó en sede judicial. A mayor abundamiento, conforme el propio acta de la Junta de fecha 11 de diciembre de 2024, consta la presencia en la Junta de la representante de Dª Debora por lo que, cabe colegir, que dicha propietaria tuvo conocimiento suficiente de la convocatoria y puntos del día a tratar; máxime cuando también tal representante estuvo personada en la Junta anterior en donde, por unanimidad, se acordó la convocatoria de la reunión que se pretende ahora impugnar quedando, conforme reza el propio acta de noviembre del año 2024, ya citados en forma en el mismo acto.

Finalmente, tampoco es de apreciar defectuosa convocatoria en cuanto a ausencia de inclusión de propietarios morosos. Tal y como explicó el Presidente de la Comunidad de Propietarios, en línea con lo manifestado en la propia documentación aportada y, de igual modo, confirmándolo así el Administrador de la finca, el Sr. Presidente, D. Candido, se hallaba al corriente del pago de als cuotas de la comunidad, no teniendo pendiente el adeudo de cantidad alguna; razón por la cual no cabe entender que este tuviera condición de propietario moroso y, por ende, que no se mencionara tal extremo en la convocatoria de la junta es un aspecto conforme a la propia realidad que ha resultado acreditada.

CUARTO.- Sobre el acuerdo perjudicial.

Una vez descartada la existencia de defectos formales y, por tanto, incumplimiento de la LPH en tales aspectos, ha de entrarse en el análisis del supuesto carácter perjudicial y/o lesivo del acuerdo adoptado para las ahora demandantes.

Parte la representación procesal de la actora del hecho de que el pago de la instalación del ascensor debía haberse hecho, como exige el artículo 9 de la citada LPH, conforme a la cuota de participación y que la elección de un sistema de pago proporcional, como el elegido mayoritariamente, en el que las derramas aumentaban conforme a la altura del piso de cada propietario, estaría suponiendo un perjuicio para las demandantes al verse avocadas a pagar un importe económico desmesurado. Alega al tiempo la adopción de dicho acuerdo con abuso de derecho.

Al hilo de esta última alegación, cabría recordar que el artículo 7.2 del Código Civil establece que: "La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso."

Con relación al abuso del derecho, la jurisprudencia tradicional y consolidada, viene calificando dicha institución como "recurso extraordinario".En este sentido, entre otras las STS de 28 de febrero de 1973 viene a declarar que la doctrina del abuso del derecho, como remedio extraordinario, no faculta a los Tribunales a hacer uso de ella más que en casos notorios y requiere que la ejecución del derecho entrañe el causar un daño o un ejercicio abusivo del mismo, que no será de aplicación cuando haya una colisión entre los derechos de una y otra de las partes litigantes.

Además, según la STS de 7 de febrero de 1990 , para que pueda apreciarse abuso de derecho, se requiere que la intención o propósito en la efectividad de un derecho sea sólo el causar daño a otro interés jurídico y que no resulte provecho para el agente que lo ejercite, no pudiendo estimar comprendiendo en dicha situación -como ocurre en el caso hoy enjuiciado- a quien tiene abiertas las vías legales para que su pretensión le sea reconocida, concurriendo, por tanto, una justa causa de litigar que excluye todo abuso de derecho.

De igual modo, dispuso el tribunal Supremo en su STS de 9 de octubre de 1997 que el abuso de derecho "... presupone la concurrencia de actuaciones con intención de dañar o perjudicar o utilizando las normas en forma contraria a la convivencia social ordenada, sin provecho decidido y no cuando se ha usado y ejercitado un derecho que legítimamente corresponde o le está atribuido a quien defiende lo que le pertenece, conforme reiterada y conocida doctrina jurisprudencial".

Pues bien, tampoco en este punto puede ser acogida la pretensión de nulidad entablada por la parte actora en su escrito rector de demanda.

Así las cosas, resulta que no ha resultado discutido y, por ende, no es objeto de controversia que el acuerdo adoptado sobre instalación de ascensor se hizo rigurosamente conforme previene el artículo 17 LPH en su apartado 2, esto es, con el "voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación".

Sentado esto, y, entrando a resolver sobre el posible abuso de derecho y acuerdo lesivo para las demandantes, la jurisprudencia consolidada de nuestro Tribunal Supremo viene a señalar, citando a tal efecto la STS (sala 1ª) de 12 de abril de 2021 que:

" (...)que el acuerdo destinado a la distribución de los gastos de instalación, se ha de aprobar con idéntico sistema de mayorías que el acuerdo de instalación del ascensor, es decir, por mayoría y ello con el fin de no obstaculizar la política legislativa de la LPH tendente a la eliminación de barreras arquitectónicas que dificultan el desenvolvimiento de personas con discapacidad.

Por tanto, es posible una distribución de gastos que no coincida con la cuota de participación en elementos comunes, en casos como el analizado, pues el propio art. 9 de la LPH permite que se contribuya con arreglo "a lo especialmente establecido", acuerdo que al estar "asociado" al de instalación se aprueba por mayoría, pero que no podrá lesionar gravemente a ningún propietario( sentencia 777/2014, de 23 de diciembre, rec. 1428/2012 )"

Es decir, nada obsta para establecer una contribución distinta a la cuota de participación tal y como se desprende de la lectura del propio artículo 9 que invoca la parte actora para fundamentar la nulidad del acuerdo pues es factible, al habilitarlo el propio precepto, escoger una contribución en base a reglas especialmente establecidas.

A mayor abundamiento, no consta acreditado en autos ningún perjuicio concreto para las demandantes, mas allá de la incomodidad de la obligación de deber pagar una cuantía económica elevada por la instalación de un ascensor que es la que se ha puesto de manifiesto por tal representación procesal sin proponer ningún medio probatorio que venga a probar fehacientemetne la existencia de un daño real para las ahora demandantes.

De igual modo, no cabría reputar discriminatorio o perjudicial el sistema de pago proporcional votado y acordado en la Junta de 11 de diciembre de 2024, toda vez que sigue un sistema racional basada en la proporcionalidad y justificado en el presumible uso del ascensor a razón de las diferentes alturas con que cuenta la finca. De hecho, este tipo de sistemas proporcionales de contribución para instalación ex novo(como ocurre en este caso) del ascensor ha sido avalado por nuestro Tribunal Supremo, citándose a título ejemplificativo la STS (Sala 1ª) de 23 de diciembre de 2012.

Finalmente, tampoco se aprecian los requisitos jurisprudencialmente exigidos para apreciar el abuso del derecho pues queda probado conforme las manifestaciones ofrecidas tanto por el Presidente como por el Administrador y se corrobora con las Actas aportadas al procedimiento, que, en todo momento, se discutieron diversas opciones de instalación y formas de pago del ascensor, habiendo en todo momento tenido las partes posibilidad de discutir y valorar tales cuestiones; máxime cuando hubo oportunidad de haber impugnado el previo acuerdo de convocatoria hecho en Junta de noviembre de 2024, sin que entonces se reputara pertinente.

QUINTO.- Costas

Habida cuenta de la desestimación de la presente demanda se impone la condena en costas a la parte actora, ex art. 394 LEC, por haber visto rechazadas todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.- Objeto del pleito.

En la presente relación jurídico procesal, la parte actora presentó demanda contra la arriba identificada como demandada, ejercitando acción de impugnación de acuerdo comunitario de fecha 11 de diciembre de 2024 relativo a la forma de pago de la instalación del ascensor y la aprobación de la correspondiente derrama, esto es, los puntos dos y tres (2 y 3) del Acta de la Junta de Propietarios de la fecha recientemente indicada que aporta la parte demandante como doc. 1 de su escrito rector. Todo ello, con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, alegando, en síntesis:

1. Existencia de defectos formales en la convocatoria de la Junta de Propietarios consistentes en (a) realización de la convocatoria por el Administrador y no por el Presidente de la Comunidad; (b) falta de convocatoria en tiempo y forma con relación a la demandante Dª Debora y (c) defectos en la convocatoria por falta de inclusión de las deudas pendientes/propietarios morosos.

2. Existencia de acuerdo lesivo para las demandantes en tanto se las estaría obligando a soportar una derrama en mayor cantidad a otros propietarios de pisos inferiores sin justificación alguna y con grave perjuicio para sus intereses, entendiendo que se trata de un acuerdo discriminatorio para dicha parte.

Frente a tales pretensiones se opone la parte demandada, siendo las cuestiones objeto de controversia las arriba enumeradas y que pasan a ser objeto de estudio específico.

SEGUNDO.- Marco jurídico.

Sobre el asunto enjuiciado, conviene recordar que el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) dispone que:

"Los acuerdos de la Junta de propietarios serán impugnables en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) o a los estatutos de la comunidad de propietarios .

b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho..."

Además, el artículo 16 LPH dispone en su apartado 2 que:

"2. La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida en el artículo 9. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2".

Al respecto, es doctrina jurisprudencial reiterada, cabe citar STS de 12 de enero de 2012 que, en torno a la aplicación del artículo 16.2 Ley de Propiedad Horizontal, señaló que:

"se considera exigible que en el orden del día de la convocatoria de la junta de propietarios se fijen con claridad los asuntos objeto de debate, a fin de que todos los copropietarios tengan conocimiento de las materias que se van a tratar, de modo que exista una plena concordancia entre el contenido del orden del día y los temas que se debatirán. La finalidad de que quede claramente fijado el orden del día permite cumplir con la exigencia de que los comuneros puedan adquirir antes del momento de celebración de la junta la suficiente información para votar respecto a las materias que van a ser discutidas, o bien para decidir si delegan su voto a favor de un tercero, o si, en su caso, optan por no asistir a su celebración. La asistencia a las juntas de propietarios es voluntaria, de modo que dar validez a la inclusión de asuntos para ser tratados al margen de los fijados en el orden del día permitiría aprovechar la inasistencia de determinados propietarios para obtener la aprobación de acuerdos prescindiendo de su voluntad ( STS de 15 de junio de 2010 ). Y en este caso, a la vista de los acuerdos adoptados con anterioridad por la Comunidad, la expresión "información relativa al pago del ascensor y de más propuestas", no permite conocer a los propietarios, que se va a modificar el acuerdo de pago alcanzado en junio de 2016, lo que provoca la nulidad del acuerdo impugnado. Añadiendo a ello, infracción del art. 10.b LPH , el cual dispone "b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido", al no concurrir los presupuestos exigidos en dicho precepto."

TERCERO.- Defectos formales.

Fijados los términos del debate y expuesto el marco normativo y jurisprudencial de referencia, a los efectos de dar solución a las cuestiones objeto de controversia, debe de procederse a la aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, extremo donde -con carácter general- opera el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que, en sus apartados 2º y 3º, establece que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la Demanda y de la Reconvención, e incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior; lo cual significa que corresponde a la parte actora acreditar los hechos constitutivos del derecho cuyo reconocimiento y protección invoca y, a la parte demandada, los impeditivos o extintivos del mismo, sin que deba desconocerse, por un lado, que, conforme al apartado 1º del referido precepto, si al tiempo de dictar Sentencia el Tribunal considera dudosos unos hechos relevantes para la decisión, habrá de desestimar las pretensiones del actor o del reconviniente o del demandado o reconvenido según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones, y, por otro que, a tenor del apartado 7º del tan repetido artículo, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio.

En este sentido, valorada la prueba en su conjunto, consistente esta en documental, interrogatorio del representante legal de la Comunidad de Propietarios y testifical del Administrador de esta, conviene concluir que ninguno de los defectos de forma alegados por la parte actora han resultado acreditados en este procedimiento.

Cabe principiar advirtiendo que dicha representación procesal no ha cumplido con las obligaciones que sobre carga probatoria dispone el aludido art. 217 de la LEC pues, para empezar, únicamente se aportó como prueba documental el concreto acta objeto de impugnación. Y, a mayor abundamiento, con el interrogatorio y testifical propuestos y admitidos, tampoco se pone de relieve el incumplimiento de las formalidades legalmente exigidas para la correcta convocatoria de la Junta de Propietarios. Y, de igual modo, la documentación acompañada con el escrito de contestación consigue desvirtuar las pretensiones de la parte actora.

En este sentido, se pone de relieve que en el Acta de la Junta de Propietarios de fecha 21 de noviembre de 2024 (doc. 2 de la contestación), se acordó por unanimidad la convocatoria para la celebración de la Junta - que ahora se impugna - en fecha 11 de diciembre de 2024, apuntándose ya en tal Acta cuáles serían los asuntos a debatir pues se indica en el antepenúltimo párrafo de la meritada acta que consistiría en decidir "si se acepta esta propuesta(ascensor) u otra, aprobación de derrama, forma de pago entre los diferentes propietarios, forma de pago, en su caso, la empresa ascensorista (...)".

Y, con ello, no se estaría conculcando la forma de convocatoria a que alude el citado art. 16.2 pues la convocatoria se hizo por unanimidad de los propietarios - tal y como consta en el documento 2 de la contestación - el cual, no ha sido objeto de impugnación.

Por ello, el hecho de que posteriormente se remitiera por el administrador, Sr. Marco Antonio, un documento relativo a la convocatoria de diciembre de 2024 no da lugar a entender vulnerada la ley en cuanto a convocatoria, pues la misma ya había sido realizada - como consta en el propio acta de noviembre de 2024. A mayor abundamiento, el anuncio por el administrador en torno a la Junta de Diciembre de 2024 no hace sino recordar lo ya acordado y, especificar mucho más, los puntos del día objeto de la meritada reunión; que, en ningún caso, varían de los señalados de forma más amplia en el acuerdo de 21 de noviembre de 2024.

Por otro lado, tampoco se produjo vulneración de la convocatoria en tiempo y forma con relación a la codemandante Dª Debora. Sin perjuicio de que no se ha traído a este procedimiento prueba alguna que determine el modo habitual de convocatoria en los términos del artículo 9 de la LPH, llama la atención el hecho de figurar intercambio de mensajería entre el administrador de la Comunidad de Propietarios y la propia vecina demandante en donde se especifica y peticiona por esta la remisión de las convocatorias por correo electrónico; petición que habría sido atendida en todo momento como se infiere de los doc. 3 a 7 del escrito de contestación, que el propio testigo confirmó en sede judicial. A mayor abundamiento, conforme el propio acta de la Junta de fecha 11 de diciembre de 2024, consta la presencia en la Junta de la representante de Dª Debora por lo que, cabe colegir, que dicha propietaria tuvo conocimiento suficiente de la convocatoria y puntos del día a tratar; máxime cuando también tal representante estuvo personada en la Junta anterior en donde, por unanimidad, se acordó la convocatoria de la reunión que se pretende ahora impugnar quedando, conforme reza el propio acta de noviembre del año 2024, ya citados en forma en el mismo acto.

Finalmente, tampoco es de apreciar defectuosa convocatoria en cuanto a ausencia de inclusión de propietarios morosos. Tal y como explicó el Presidente de la Comunidad de Propietarios, en línea con lo manifestado en la propia documentación aportada y, de igual modo, confirmándolo así el Administrador de la finca, el Sr. Presidente, D. Candido, se hallaba al corriente del pago de als cuotas de la comunidad, no teniendo pendiente el adeudo de cantidad alguna; razón por la cual no cabe entender que este tuviera condición de propietario moroso y, por ende, que no se mencionara tal extremo en la convocatoria de la junta es un aspecto conforme a la propia realidad que ha resultado acreditada.

CUARTO.- Sobre el acuerdo perjudicial.

Una vez descartada la existencia de defectos formales y, por tanto, incumplimiento de la LPH en tales aspectos, ha de entrarse en el análisis del supuesto carácter perjudicial y/o lesivo del acuerdo adoptado para las ahora demandantes.

Parte la representación procesal de la actora del hecho de que el pago de la instalación del ascensor debía haberse hecho, como exige el artículo 9 de la citada LPH, conforme a la cuota de participación y que la elección de un sistema de pago proporcional, como el elegido mayoritariamente, en el que las derramas aumentaban conforme a la altura del piso de cada propietario, estaría suponiendo un perjuicio para las demandantes al verse avocadas a pagar un importe económico desmesurado. Alega al tiempo la adopción de dicho acuerdo con abuso de derecho.

Al hilo de esta última alegación, cabría recordar que el artículo 7.2 del Código Civil establece que: "La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso."

Con relación al abuso del derecho, la jurisprudencia tradicional y consolidada, viene calificando dicha institución como "recurso extraordinario".En este sentido, entre otras las STS de 28 de febrero de 1973 viene a declarar que la doctrina del abuso del derecho, como remedio extraordinario, no faculta a los Tribunales a hacer uso de ella más que en casos notorios y requiere que la ejecución del derecho entrañe el causar un daño o un ejercicio abusivo del mismo, que no será de aplicación cuando haya una colisión entre los derechos de una y otra de las partes litigantes.

Además, según la STS de 7 de febrero de 1990 , para que pueda apreciarse abuso de derecho, se requiere que la intención o propósito en la efectividad de un derecho sea sólo el causar daño a otro interés jurídico y que no resulte provecho para el agente que lo ejercite, no pudiendo estimar comprendiendo en dicha situación -como ocurre en el caso hoy enjuiciado- a quien tiene abiertas las vías legales para que su pretensión le sea reconocida, concurriendo, por tanto, una justa causa de litigar que excluye todo abuso de derecho.

De igual modo, dispuso el tribunal Supremo en su STS de 9 de octubre de 1997 que el abuso de derecho "... presupone la concurrencia de actuaciones con intención de dañar o perjudicar o utilizando las normas en forma contraria a la convivencia social ordenada, sin provecho decidido y no cuando se ha usado y ejercitado un derecho que legítimamente corresponde o le está atribuido a quien defiende lo que le pertenece, conforme reiterada y conocida doctrina jurisprudencial".

Pues bien, tampoco en este punto puede ser acogida la pretensión de nulidad entablada por la parte actora en su escrito rector de demanda.

Así las cosas, resulta que no ha resultado discutido y, por ende, no es objeto de controversia que el acuerdo adoptado sobre instalación de ascensor se hizo rigurosamente conforme previene el artículo 17 LPH en su apartado 2, esto es, con el "voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación".

Sentado esto, y, entrando a resolver sobre el posible abuso de derecho y acuerdo lesivo para las demandantes, la jurisprudencia consolidada de nuestro Tribunal Supremo viene a señalar, citando a tal efecto la STS (sala 1ª) de 12 de abril de 2021 que:

" (...)que el acuerdo destinado a la distribución de los gastos de instalación, se ha de aprobar con idéntico sistema de mayorías que el acuerdo de instalación del ascensor, es decir, por mayoría y ello con el fin de no obstaculizar la política legislativa de la LPH tendente a la eliminación de barreras arquitectónicas que dificultan el desenvolvimiento de personas con discapacidad.

Por tanto, es posible una distribución de gastos que no coincida con la cuota de participación en elementos comunes, en casos como el analizado, pues el propio art. 9 de la LPH permite que se contribuya con arreglo "a lo especialmente establecido", acuerdo que al estar "asociado" al de instalación se aprueba por mayoría, pero que no podrá lesionar gravemente a ningún propietario( sentencia 777/2014, de 23 de diciembre, rec. 1428/2012 )"

Es decir, nada obsta para establecer una contribución distinta a la cuota de participación tal y como se desprende de la lectura del propio artículo 9 que invoca la parte actora para fundamentar la nulidad del acuerdo pues es factible, al habilitarlo el propio precepto, escoger una contribución en base a reglas especialmente establecidas.

A mayor abundamiento, no consta acreditado en autos ningún perjuicio concreto para las demandantes, mas allá de la incomodidad de la obligación de deber pagar una cuantía económica elevada por la instalación de un ascensor que es la que se ha puesto de manifiesto por tal representación procesal sin proponer ningún medio probatorio que venga a probar fehacientemetne la existencia de un daño real para las ahora demandantes.

De igual modo, no cabría reputar discriminatorio o perjudicial el sistema de pago proporcional votado y acordado en la Junta de 11 de diciembre de 2024, toda vez que sigue un sistema racional basada en la proporcionalidad y justificado en el presumible uso del ascensor a razón de las diferentes alturas con que cuenta la finca. De hecho, este tipo de sistemas proporcionales de contribución para instalación ex novo(como ocurre en este caso) del ascensor ha sido avalado por nuestro Tribunal Supremo, citándose a título ejemplificativo la STS (Sala 1ª) de 23 de diciembre de 2012.

Finalmente, tampoco se aprecian los requisitos jurisprudencialmente exigidos para apreciar el abuso del derecho pues queda probado conforme las manifestaciones ofrecidas tanto por el Presidente como por el Administrador y se corrobora con las Actas aportadas al procedimiento, que, en todo momento, se discutieron diversas opciones de instalación y formas de pago del ascensor, habiendo en todo momento tenido las partes posibilidad de discutir y valorar tales cuestiones; máxime cuando hubo oportunidad de haber impugnado el previo acuerdo de convocatoria hecho en Junta de noviembre de 2024, sin que entonces se reputara pertinente.

QUINTO.- Costas

Habida cuenta de la desestimación de la presente demanda se impone la condena en costas a la parte actora, ex art. 394 LEC, por haber visto rechazadas todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,