Sentencia Civil 560/2025 Juzgado de Primera Instancia de Gijón nº 10, Rec. 254/2025 de 09 de octubre del 2025

PRIMERO.-Los demandantes reclaman la tutela de su derecho fundamental al honor frente a la inclusión por la demandada de sus datos en el fichero CIRBE por dos deudas derivadas de otros tantos préstamos que se mantenían en dicho fichero en enero de 2024 pese a que entonces ya no existía ninguna deuda, en el caso de uno de los préstamos porque habían procedido al abono de la cantidad a cuyo pago fueron condenados y en el del otro porque fue el Banco el condenado a pagar.

La demandada opone su falta de legitimación pasiva por no ser la titular de uno de los contratos que cedió a un tercero, destaca que la CIRBE no es un fichero de datos de carácter personal y defiende la certeza de la deuda porque en un caso persiste el incumplimiento de la obligación de pago y en el otro no se acredita la inexistencia de deuda derivada de la nulidad del préstamo.

SEGUNDO.-La legitimación pasiva de CAIXABANK no ofrece duda desde el momento en que es ella como entidad declarante y obligada en virtud de lo dispuesto por el artículo 60.2 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, quien comunicó los datos a la CIR y venía obligada a velar por que éstos fueran exactos y puestos al día, respondiendo con veracidad a la situación actual de los riesgos y de sus titulares en la fecha de la declaración.

Mal puede derivarse tal legitimación al cesionario del crédito correspondiente a uno de los préstamos cuando ninguna intervención ha tenido en ello y no se trata de ninguna de las entidades declarantes a que se refiere el artículo 60.1 ni de las que tienen derecho a obtener informe sobre los riesgos declarados conforme al artículo 61.2 de dicha Ley.

TERCERO.-La jurisprudencia viene destacando las diferencias que existen entre la CIRBE y los llamados "ficheros de morosos".

Las SSTS de 29 de enero de 2014 y 1 de marzo de 2016 señalan que el fichero de CIRBE no es propiamente un fichero de datos de carácter personal, sino que es un fichero administrativo específico destinado a informar sobre los riesgos de crédito derivados de contratos propios de la actividad financiera, de modo que la comunicación de datos al mismo es una obligación legal, con un contenido fijado directamente por la ley y controlado por el Banco de España, que no puede ser eludida voluntariamente por las entidades de crédito o servicios, y por exigencias de esta regulación legal, en dicha comunicación han de incluirse los datos relativos al importe y la recuperabilidad del crédito y los que reflejen una situación de incumplimiento, por la contraparte, de sus obligaciones frente a la entidad declarante.

La STS de 2 de noviembre de 2017 precisa que la vulneración del derecho al honor exige, para que pueda considerarse producida, que de las menciones contenidas en el fichero del CIRBE se desprenda que el afectado es un moroso y que tales menciones no respondan a la realidad.

Y, en fin, la STS de 16 de enero de 2024 distingue dos tipos de datos: los de personas con quienes las entidades financieras mantienen, directa o indirectamente, riesgos de crédito, y los datos sobre incumplimiento de sus obligaciones por parte de esas personas, y advierte que el tratamiento del primer tipo de datos no puede lesionar el honor de los afectados, pero en el caso de las informaciones sobre incumplimientos el tratamiento de los datos personales sí puede vulnerar el derecho al honor si por una información incorrecta de la entidad de crédito el interesado aparece como moroso sin serlo.

CUARTO.-Los datos reflejados en el informe de riesgos del CIRBE que los demandantes consideran inexactos se relacionan con dos préstamos que fueron objeto de otros tantos procedimientos judiciales seguidos, uno, en el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Avilés, y el otro en el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Gijón, y aunque la demandada no parece cuestionarlo, en realidad no coinciden el segundo préstamo que se declaró nulo por usurario (suscrito el 24 de enero de 2018 por importe de 3.200 €, según Sentencia dictada el 21 de enero de 2020) y aquél al que se refiere dicha demandada (suscrito el 26 de junio de 2019 por importe de 4.400 €), circunstancias ésta que, no habiendo sido oportunamente aclarada, resulta tanto más relevante cuanto que el citado informe de riesgos no permite identificar el tipo de operación de que se trata ni el estado o situación de la misma, ya que los demandantes han omitido presentar el documento adjunto en el que se describiría el significado de las claves utilizadas.

Sea como fuere, resulta incorrecto afirmar -como se hace en la demanda- que la deuda correspondiente al préstamo suscrito el 10 de abril de 2019 quedó definitivamente saldada con el abono de la cantidad de 1.072,32 € que condenó a pagar la Sentencia de 9 de abril de 2021 del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Avilé, pues tal importe responde a la deuda que se estimó exigible por estar vencida después de considerar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, de modo que si la deuda reclamada ascendía a 6.673,81 € y el vencimiento final del préstamo estaba previsto para el 2 de mayo de 2025, se comprende que en enero de 2024 en que se emite el informe de riesgos existiese una situación de incumplimiento, si es que los demandantes no habían satisfecho le deuda vencida con posterioridad, algo que ni siquiera tratan de justificar al considerar, erróneamente, que nada debían tras el pago efectuado.

Y en cuanto al segundo préstamo, no pudiendo identificarse con ninguna de las operaciones que recoge el informe de riesgos, no puede concluirse que los datos reflejados en el mismo resulten inexactos, máxime cuando el importe que se indica como vencido es de tan solo 18 € y no existe forma de relacionarlo con ninguna operación de préstamo, siendo que en el caso del que se suscribió el 26 de junio de 2019 la Sentencia de 3 de noviembre de 2022 -muy posterior a la liquidación presentada por el Banco el 24 de septiembre de 2021 respecto del préstamo de 24 de enero de 2018- dictada por este Juzgado, al conocer de la intromisión en el derecho al honor por la inclusión de los datos referidos a ese préstamo y al de 10 de abril de 2019 en el fichero Asnef, concluyó que se trataba de una deuda cierta.

Así pues, si lo verdaderamente relevante para que pueda considerarse infringido el derecho al honor de los demandantes, no es tanto la corrección de la concreta cantidad en la que aparece cifrada la deuda, sino que los datos incluidos en el CIRBE reflejen una condición de morosidad que no se corresponde con la realidad, no pudiendo concluirse que así sea con relación a aquellas operaciones que recoge el informe de riesgos, que no se acredita que hubieran quedado saldadas y liquidadas con anterioridad a la fecha en que se emitió, resulta procedente la desestimación de la demanda.

QUINTO.-En cuanto a las costas causadas, éstas deben imponerse a la parte demandante, por ser preceptivo, con arreglo a lo establecido por el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,