Sentencia Civil 109/2025 Juzgado de Primera Instancia de Palma nº 16, Rec. 1001/2024 de 24 de marzo del 2025

PRIMERO.- Establece la Constitución Española en su art. 32.2 que " la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos".

En desarrollo de tal precepto constitucional, la Ley 30/81 de 7 de julio vino a dar una nueva regulación al art. 85 del CC, el cual establece que " el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y tiempo de su celebración, por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges, y por el divorcio". El sistema inspirador de nuestro Código consistía en la sanción legal de una realidad, cual es la disolución de hecho ya producida. Por ello, las causas de divorcio se basaban en el cese efectivo de la convivencia conyugal. El Código no concedía el divorcio por cualquier causa, sino que contemplaba ciertos casos en que el matrimonio había quedado de hecho extinguido y sancionaba legalmente dicha extinción.

Ahora bien, tal realidad ha cambiado, como consecuencia de la reforma llevada a cabo en el Código Civil , referente al divorcio, por la Ley 15/2005, de 8 de Julio, puesto que, actualmente, basta con que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, y aún menos en ciertos casos, para que el divorcio sea procedente.

Como dispone el art. 86 del Código Civil (CC) " Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81." .

Por su parte, el art. 81 CC señala que " Se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio: 1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código .

2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación."

En el caso de autos se han observado todos y cada uno de los presupuestos legalmente exigibles. Así pues, habiéndose tramitado las presentes actuaciones del modo prevenido en el art. 770 de la LEC, resulta procedente estimar la demanda, y declarar el divorcio del matrimonio formado entre D. Damaso y Dña. Vanesa, pues resulta acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la estimación de la acción de divorcio basada en los artículos 86 y 81 del Código Civil, en su última redacción, dado que ha transcurrido con creces el plazo de tres meses desde la celebración del matrimonio entre ambos contendientes, que es la única exigencia que hoy se establece en la ley para que la disolución del matrimonio sea procedente.

Por tanto, solicitado por ambos cónyuges y transcurrido el plazo exigido por la ley, procede decretar la disolución del matrimonio por divorcio, con todos los efectos legales inherentes y declarando la disolución del régimen económico matrimonial.

SEGUNDO.- En el presente caso, la parte actora solicita, con carácter principal, como medidas paternofiliales, en síntesis, las siguientes: patria potestad compartida, e igualmente, un régimen de guarda y custodia compartida en un sistema 2-2-3 por semanal alternas, asumiendo cada progenitor los gastos que los menores generen durante su correspondiente periodo de custodia, así como los gastos escolares a la mitad; una distribución de los periodos vacacionales por mitades a favor de cada progenitor con determinación de régimen de estancias en días especiales; y el abono de los gastos extraordinarios por mitades, esencialmente. En relación al domicilio familiar, la parte actora interesa que su uso se atribuya a las menores y al progenitor custodio en cada periodo, y dada su titularidad conjunta se propone que los gastos de la Hipoteca que grava el domicilio serán asumidos por mitades por ambos esposos, así como el seguro de vida respectivo y por mitades el seguro de hogar, al igual que los de suministros de que está dotada la vivienda, gastos de Comunidad ordinarios y derramas, IBI y Tasa de Basuras e Incineradora y la mitad de los préstamos personales.

La parte demandada, solicita las siguientes medidas paternofiliales con carácter principal: patria potestad compartida; guarda y custodia de los menores exclusiva para la madre fijando una pensión de alimentos de 250 euros por hijo a abonar por el padre y visitas los fines de semanas alternos de viernes desde la salida del colegio o desde las 17,00 horas en caso de día no lectivo o enfermedad de los menores, hasta el lunes a la entrada en el colegio o a las 10,00 horas en caso de día festivo o enfermedad de los menores y adicionalmente, podrá disfrutar de forma potestativa dos tardes todas las semanas, estableciéndose en caso de desacuerdo los lunes y miércoles desde la salida del colegio hasta las 20,30 horas y de forma subsidiaria una guarda y custodia compartida por semanas alternas con una visita potestativa un día a la semana a convenir entre ambos y de duración de tres horas. Se solicita la atribución del uso del domicilio familiar en favor de la madre, asumiendo los gastos de uso y disfrute asociados a la vivienda (luz, agua, gastos ordinarios de la comunidad de propietarios, tasa de basuras y por mitades Hipoteca, seguro debida y del hogar, IBI, Comunidad y prestamos personales y subsidiariamente todo ello por mitades en caso de alternancia en el mismo domicilio. El abono de los gastos extraordinarios de los hijos por mitades. Se ha ofrecido al padre la compra de la mitad de la vivienda de su titularidad. Respecto a los vehículos de la familia, un o Nissan juke 1.5 con matricula NUM004 y Renault Clio NUM005. interesa la venta de ambos vehículos y el reparto del importe percibidos por ellos a partes iguales entre los conjugues.

El Ministerio Fiscal, en el trámite de informe tras la práctica de la prueba, se adhirió a lo interesado por la parte actora.

TERCERO.- Patria potestad, sistema de guarda y custodia y régimen de visitas. Atribución del uso del domicilio familiar. Contribución a las cargas del matrimonio y deudas conjuntas con terceros.

En lo que respecta al régimen de guarda y custodia, cabe recordar que la STS nº 318/2020, de 17 de junio, destaca la preferencia del sistema de custodia compartida, pero insiste en la necesidad de motivación de su adopción en cada caso concreto, partiendo del interés superior del menor, y afirma: "la sala viene reiterando la bondad objetiva del sistema de guarda y custodia compartida" ( SSTS 433/2016, de 27 de junio; 296/2017, de 12 de mayo y 194/2018, de 6 de abril, entre otras). A partir de esta bondad del sistema, la cuestión a dilucidar en cada caso será si ha primado el interés del menor al decidir el Tribunal sobre su guarda y custodia.

La STS nº 175/2021, de 29 de marzo, con cita de otras muchas, enumera los factores de ponderación para la concesión de una custodia compartida: "Son criterios determinantes para enjuiciar su procedencia: la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven ( sentencias 242/2016, 12 de abril; 369/2016, de 3 de junio; 545/2016, de 16 de septiembre; 559/2016, de 21 de septiembre; 116/2017, de 22 de febrero y 311/2020, de 16 de junio; entre otras muchas)".

A la hora de establecer medidas paternofiliales, el interés preponderante que debe prevalecer sobre cualquier otro, es el interés del menor de edad ( art. 92.2 del Cc. ), y ello porque sus derechos de cara a su protección y tutela exceden del ámbito estrictamente privado y pasan a gozar de la consideración de derechos públicos, para los que la Constitución sanciona su protección integral por parte de los poderes públicos (art.39.2).( S. del T.S. de 17-5-86, S. de la A.P. de Tarragona de 13-12-93). Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la atención al preponderante interés de los menores, obliga, en lo posible, a intentar armonizar los intereses de los progenitores puesto que, en las desavenencias y disputas de éstos, los perdedores son, inevitablemente, los hijos comunes cuyos intereses se quieren salvaguardar.

Como hemos dicho, desde septiembre pasado se viene realizando unas visitas del padre y los hijos alcanzadas de común acuerdo consistentes en "El padre estará con los menores el lunes y el martes desde la salida del colegio hasta las 20.30 ó 21.00 horas en que los devolverá al domicilio familiar, los miércoles y jueves estarán con la madre y desde ese viernes a la salida del colegio y hasta el lunes en que los devolverá al colegio, estarán con el padre, residiendo durante ese fin de semana el padre en el domicilio familiar junto a los hijos. La semana siguiente el orden se invierte y estarán los menores con la madre el lunes y martes, el miércoles y jueves con el padre desde la salida del colegio hasta las 20.30 ó 21.00 horas en que los devolverá al domicilio familiar y desde ese viernes y hasta el lunes estarán con la madre".

En apoyo de la custodia exclusiva, la madre expone que el padre se olvida de ir a recoger a los hijos al colegio. De la prueba practicada se acredita que ese primer viernes tras el auto según la tutora no vino el padre y ella le llamó para que viniera a buscarla porque la madre, que había venido el lunes y martes le dijo que vendría el padre el viernes y la llamó para ver si la niña se quedaba a comer en el comedor. No se exponen por la madre otros incumplimientos de la recogida y el padre explica que pensaba que comía con la abuela materna. Ese día acudió a recogerla. Se dice que en otras ocasiones el padre los deja antes, al parecer un cuarto de hora antes y el padre explica que es porque la actividad extraescolar ya ha terminado y para no tenerlos en la calle los acompaña a casa de la abuela, cuyo domicilio está junto a hogar familiar. La tutora no ha percibido cambio alguno en la niña en este curso escolar ni que se orine encima. Además se explica, pero no se acredita dicha circunstancia así como que en ocasiones cuando el está en el gimnasio en tiempo de ocio, los deja en el parque. Por último en dos ocasiones el niño no ha hecho los deberes. En todas las ocasiones vía whatssap el padre ha respondido a la madre que intentará corregir el fallo.

Entendemos que la cuestión controvertida no resulta tanto del sistema de guarda y custodia compartida en sí mismo, porque según las visitas pactadas desde septiembre viene a ser esto, sino la cuestión logística que el mismo plantea, y, fundamentalmente la asignación del uso de la vivienda familiar a uno u otro cónyuge como casa-nido, y siendo los propios progenitores los que se desplacen al mismo en sus respectivos periodos de custodia. En interés superior de los menores y su bienestar y estabilidad han de primar en todo caso sobre los intereses de ambos progenitores, y así viene establecido por el art. 2 de la Ley Orgánica de Protección del Menor. Las dificultades de entendimiento de este núcleo familiar, no pueden en modo alguno impedir que las menores permanezcan en compañía de ambos progenitores durante periodos equitativos. Pues bien ya hemos visto que ambos progenitores tienen disponibilidad horaria y sus habilidades parentales no están en duda en lo principal reconociendo la madre que él es un buen padre y que los niños lo quieren mucho. La madre percibe unos 1.300 euros por media jornada y el padre unos 1.400 euros y además otros 500 euros de su segundo trabajo pero vive en una habitación cerca de sus hijos de unos amigos y abona un alquiler de 300 euros. La relación entre ellos no es buena pero se comunican por escrito tal y como se aprecia de los whattsaps aportados.

Es cierto como dice la madre que la jurisprudencia se muestra reticente al establecimiento del domicilio familiar como casa-nido, por cuanto se presupone contar con tres viviendas, la propia de cada padre y la común preservada para el uso rotatorio prefijado, aunque en este caso la madre se desplaza a la casa de los abuelos maternos que están junto a la vivienda familiar, y que dicha solución requiere un intenso nivel de colaboración entre ellos, aunque no es menos cierto que en cada supuesto litigioso han de valorarse todas las circunstancias concurrentes en orden a establecer la solución que mejor se adapte en cada caso al núcleo familiar, y, tal y como se verá a continuación, en el caso que aquí nos ocupa, la alternancia del uso del domicilio familiar por cada progenitor durante su respectivo periodo de custodio, es la opción que, sin ser perfecta, mejor puede satisfacer los intereses de ambos progenitores en combinación con el bienestar de las menores y su estabilidad. Por otro lado no ha quedado acreditado que en consonancia con el art 96 CC, deba concederse el uso de la vivienda familiar a la madre por tratarse el suyo, el interés más necesitado de protección. Además de lo expuesto, la familia tiene gastos fijos muy elevados como son la hipoteca (748 euros), la cuota del préstamo de los padres (495,29 euros), el seguro de vida asociado a la vivienda (56,95 euros), el seguro de hogar y el IBI, los gastos de uso y disfrute asociados a la vivienda (luz, agua, gastos ordinarios de la comunidad de propietarios, tasa de basuras) y dos préstamos personales de 144,75 y 204,42 euros, además de los gastos propios y de colegio, actividades, comida y vestido, etc de los hijos. Todo lo expuesto nos lleva a considerar, como así ha informado el Ministerio Fiscal, que en este supuesto, examinadas las circunstancias debe establecerse una guarda y custodia compartida con un sistema 2-2-3 en la que serán los progenitores los que se desplacen del domicilio familiar en el que residirán los hijos porque entendemos que es la mejor opción, pues ni la madre ni el padre pueden optar a una segunda vivienda por sus ingresos actuales y sus gastos propios y comunes habida cuenta de la dificultad extrema que en la actualidad supone poder abonar el alquiler de una segunda vivienda suficiente en espacio y condiciones para el bienestar de los menores por los precios actuales de mercado en nuestra Isla. Otra cosa sería condenar a la familia a no poder abonar sus gastos y deudas a terceros, o no poder disfrutar de sus hijos cuando para ambos progenitores la situación ideal debe ser la guarda y custodia compartida mediante el sistema de estancias 2-2-3: lunes y martes los menores estarán en compañía del padre quien los acompañará al colegio el miércoles y desde la salida del colegio y el jueves estarán en compañía de la madre que los acompañará al colegio el viernes y desde la salida del colegio y hasta el lunes estarán con el padre, quien los reintegrará al colegio. La siguiente semana estarán lunes y martes en compañía de la madre quien los acompañará al colegio el miércoles y desde la salida del colegio y el jueves estarán en compañía del padre que los acompañará al colegio el viernes y desde la salida del colegio y hasta el lunes estarán con la madre y así se alternarán cada semana. Respecto a las demás circunstancias y vistos los escritos de demanda y contestación, se establecerán de la forma más amplia posible en el fallo de la presente resolución habida cuenta de que son peticiones similares y que en lo que no se establezca es prioritario el acuerdo entre los progenitores, siendo además que no consta oposición.

CUARTO.- No ha lugar a efectuar condena en costas, habida cuenta de la naturaleza pública de los intereses en litigio y de la ausencia de mala fe en cualquiera de los litigantes.