Sentencia Civil 89/2025 Juzgado de Primera Instancia de Gijón nº 2, Rec. 1182/2024 de 11 de febrero del 2025

PRIMERO.-El demandante pretende se declare que ha sido indebidamente incluido en el fichero de solvencia patrimonial ASNEF-EQUIFAX por una deuda contraída con BANCO SANTANDER, S.A, cuya existencia no niega, tratándose de operaciones anteriores al 6 de junio de 2024, fecha en que por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón, fue dictado auto de exoneración del pasivo insatisfecho por el quedó liberado de todas las deudas. A pesar de ello y comunicada tal circunstancia a la dirección de correo electrónico de la entidad bancaria demandada en fecha 18 de junio de 2024, sus datos permanecieron anotados en el fichero, con vulneración de su derecho al honor.

El demandado defiende la inclusión de los datos del actor, habiendo respetado la normativa de protección de datos, pues las deudas que motivaron la anotación en el fichero responden a un débito cierto, vencido y exigible, resultando de diversos contratos de crédito o préstamo concertados entre ambos, habiendo sido el demandante requerido previamente de pago, y no habiendo tenido conocimiento el banco de la existencia del auto de exoneración del pasivo insatisfecho.

SEGUNDO.-Una vez que no se discute la deuda, no siendo en un principio controvertida, y se acreditan en autos diversos requerimientos de pago realizados previamente a la inclusión de los datos del demandante en el fichero ASNEF, que le fueron remitidos por correo postal al domicilio que figura en el encabezamiento de la demanda, sin que consten devueltos, pues así se acredita mediante las certificaciones emitidas por la empresa "Telemail", que justifican su envío y ausencia de devolución, han de estimarse cumplidos en un principio los presupuestos que exige la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (BOE 6-12-2018), para la licitud del tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia; sin embargo, el problema se plantea cuando declarado el concurso de acreedores y una vez dictado auto de exoneración del pasivo insatisfecho con extinción de los créditos, el demandado mantiene los datos del demandante en el fichero.

No discute la entidad bancaria la existencia del reseñado procedimiento ni tampoco cuestiona que la mentada exoneración alcanzase a los créditos que el demandante mantenía con el banco, por lo que desde este implícito reconocimiento sería posible presumir que el demandado sí tuvo conocimiento de la existencia del indicado procedimiento y del alcance de la exoneración, por el mero hecho de su existencia.

Como recuerda la STS de 19 de diciembre de 2023, nº 1785/2023 "Al margen de que la extinción del crédito se produzca desde que se acuerda la exoneración del pasivo insatisfecho que afecte a dicho crédito, es lógico que la diligencia exigible al acreedor para actualizar los sistemas de información crediticia que afecten a ese crédito se haga depender del conocimiento de la exoneración. Más en concreto desde que lo conociera o debiera conocerlo.

Así se entiende que en la regulación actual del Texto refundido de la Ley Concursal, tras la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, el art. 492 ter contiene una previsión específica sobre lo que intitula "efectos de la exoneración respecto de información crediticia", que prevé la comunicación expresa a los acreedores afectados para que comuniquen la exoneración a los sistemas de información crediticia, sin perjuicio de que, además, el propio deudor pueda requerir directamente esa actualización, mediante un testimonio de la resolución:

"1. La resolución judicial que apruebe la exoneración mediante liquidación de la masa activa o la exoneración definitiva en caso de plan de pagos incorporará mandamiento a los acreedores afectados para que comuniquen la exoneración a los sistemas de información crediticia a los que previamente hubieran informado del impago o mora de deuda exonerada para la debida actualización de sus registros.

"2. El deudor podrá recabar testimonio de la resolución para requerir directamente a los sistemas de información crediticia la actualización de sus registros para dejar constancia de la exoneración".

No obstante, incluso entendiendo que el expuesto no fuera el escenario a tener en cuenta, acredita el demandante que con fecha 18 de junio de 2024 remitió correo al email atenclien@gruposantander.com, -que es la dirección que se facilita en la página web de la entidad demandada para entablar contacto con el responsable de protección de datos (doc. 4 y 6)-, solicitando la cancelación contable de la totalidad del pasivo del que fuera titular al haber accedido al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho a través del mecanismo de segunda oportunidad, acompañando como documento número 1 la Resolución Judicial dictada y la comunicación de la cancelación de los datos de morosidad y riesgo que se hubieran inscrito en ficheros de morosidad, así como en la Central de Información de Riesgos de Banco de España.

En consecuencia, enviada esa comunicación a la página web que la propia entidad bancaria facilita, aunque la misma niega su efectiva recepción, lo lógico y previsible, a falta de prueba sobre la concurrencia de cualquier circunstancia técnica o de otra índole, que debidamente justificada acredite que el correo enviado no fue debidamente recibido, es posible presumir que la misma se produjo. A este respecto, no deja de resultar contradictorio que se niegue toda virtualidad a ese medio de comunicación cuando en la contestación se defiende la eficacia del requerimiento de pago a fin de colmar los presupuestos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, realizado mediante correo postal no certificado, respecto del cual tampoco consta su efectiva recepción, y del que debe predicarse las mismas garantías de recepción que respecto del correo remitido por vía electrónica.

En este sentido se ha pronunciado la SAP Asturias, Sección 4ª, de 25 de septiembre de 2024 cuando señala:

"....Y, en términos de normalidad, a falta de demostración de cualquier circunstancia técnica, o de otra naturaleza, que haya impedido la efectiva recepción de ese correo, ha de presumirse que ésta se produjo, sin que, a la postre, pueda dejar de significarse lo paradójico que resulta que la apelante insista en la bondad de un requerimiento cursado con una carta ordinaria como la que tiene aportada, y, al propio tiempo, pretenda negar cualquier efecto a otra comunicación que presenta, como poco, las mismas garantías de su efectiva recepción."

Por todo ello, se está en el caso de entender vulnerado el derecho al honor del demandante por extinción de la deuda y mantenimiento de sus datos en el fichero de solvencia patrimonial una vez producida tal circunstancia, en los términos del art. 7.7 de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en tanto que la permanencia de su inclusión en una relación de morosos por deuda inexistente es claro que afecta a su crédito comercial y menoscaba, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 2-04-2001, la estima o aprecio de los demás, disminuyendo la confianza de quien con el mismo contrate, pues como a su vez indica la S.T.S del Pleno de 24 de abril de 2009, la inclusión en un registro de morosos, erróneamente, sin que concurra veracidad, es una intromisión ilegítima en el derecho al honor, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación.

Lo anterior lleva a estimar la demanda declarando esa intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor del demandante, condenando a la demandada a realizar los trámites necesarios para eliminar los datos del actor anotados a su instancia en el fichero ASNEF -pues no se ha acreditado que hubiera sido anotado en cualquier otro-, dado que la entidad demandada asegura haber cancelado sus datos, pero no lo acredita.

TERCERO.-En materia de costas, estimada la demanda, las causadas, de conformidad con lo establecido por el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, serán de cuenta del demandado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,