Sentencia Civil 135/2025 Juzgado de Primera Instancia de Lugo nº 2, Rec. 381/2024 de 19 de febrero del 2025

PRIMERO.-La parte actora en el presente procedimiento ejercita una acción de indemnización por daños y perjuicios derivada por la que reclama a la demandada la cantidad de 2.157,65 euros. Efectúa dicha reclamación debido a los daños sufridos en su vehículo marca Volvo, matrícula NUM000, el día 27 de octubre de 2022 cuando encontrándose debidamente estacionado en una zona habilitada para ello frente al campo de fútbol de As Gánadras (Lugo), concretamente en la calle Lavanao, frente a una finca titularidad de la demandada, cuando un rama de un árbol perteneciente a dicha finca se precipitó sobre el citado vehículo, siendo los daños tasados en 2.157,65 euros.

El demandado, sin negar la titularidad del vehículo ni el hecho acecido, indica que el vehículo adverso no se encontraba estacionado en lugar habilitado para ello, sino en el interior de la finca de su propiedad. Además señala que en todo caso el valor de reparación supera el valor venal del vehículo.

SEGUNDO.-De entrada, debemos señalar que la demandante funda adecuadamente su acción el art. 1908.3º CC, que establece un sistema de responsabilidad objetiva cuando impone a los propietarios de árboles la obligación de indemnizar los daños causados por su caída en sitios de tránsito, salvo que dicha caída haya sido ocasionada por fuerza mayor. Es decir, prescinde de la culpa o negligencia como hecho constitutivo de la acción de responsabilidad.

El art. 1 908 .3° del Código Civil, recoge un criterio de responsabilidad extracontractual específico respecto del genérico establecido en el art. 1.902 del mismo texto y caracterizado por contener una exigencia específica de diligencia, complementando lo dispuesto en los arts. 390 y 391 CC . Más concretamente, el precepto introduce una responsabilidad objetiva atenuada o, mejor, una aplicación de la responsabilidad por riesgo, con un "plus" en la inversión de la carga de la prueba, al eximir solo de responsabilidad caso de fuerza mayor, cuya alegación y prueba corresponde al "deudor", al ser causa extintiva de la obligación, que figura identificada -no obstante los matices doctrinales- con el "caso fortuito" (con la matización de que aquél supone un suceso extraño u obstáculo "externo", al círculo de actividad del deudor) en el art. 1105 CC ., concebidos inicialmente en función del arts. 1104 CC . (como excedente de la diligencia), y que para producir el efecto de liberar al deudor de cumplir la prestación debida o de hacer cesar la obligación de responder, exige la concurrencia de determinados requisitos puestos de manifiesto reiteradamente por la jurisprudencia: a) Un hecho causante imprevisible, dentro de la normal previsión que las circunstancias exigen (de ahí que se hable de imprevisibilidad "relativa", pues no cabe exigir una previsión que exceda de las facultades normales del hombre medio, o "exorbitante"), o que, previsto sea inevitable, insuperable o irresistible. b) Que no sea debido a la voluntad del presunto deudor ("ajenidad", como ausencia total de negligencia en la causación del evento). c) Que haga imposible el cumplimiento de la obligación ( arts. 1182- 1184 CC. ) o impida el nacimiento de la que puede sobrevenir con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1093, 1902 y ss. CC . d) Que exista una relación de causa a efecto entre el resultado y el evento que lo produjo.

En todo caso, el primer presupuesto para desencadenar la responsabilidad es la atribución al demandado de una acción u omisión determinadas que en el supuesto enjuiciado, se identifica en primer lugar con el hecho de la propiedad de la finca de la que, según el actor, procedía la rama del árbol cuya caída provocó el accidente. Pues bien, el análisis de la prueba practicada ha de concluirse que es a la actora, a quien cumple acreditar la titularidad dominical de la demandada, y en este sentido existe en apoyo de su pretensión, el expreso reconocimiento por parte de D Carlos Manuel de aquella titularidad, efectuada en la contestación a la demanda.

El artículo 1908.3º del Código Civil en que se sustenta la demanda, establece "Igualmente responderán los propietarios de los daños causados, entre otros supuestos, por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor", habiendo sido interpretado este precepto del Código Civil por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde la conocida sentencia de 17 de marzo de 1998, en el sentido de que no basta para excluir la responsabilidad del propietario del árbol, la prueba sobre su actuación diligente, sino que es preciso demostrar que no concurrió fuerza mayor ( S.T.S. de 19 de junio de 2003), siendo doctrina jurisprudencial reiterada que la responsabilidad que establece el artículo 1908.3º del Código Civil, tiene carácter objetivo o cuasi objetivo, siendo su única causa de exención la fuerza mayor ( SS de la AP de La Coruña de 11 de septiembre de 2015 y de la AP de Logroño de 26 de abril de 2016).

En cuanto al argumento utilizado por la representación de la parte demandada, esto es, que el accidente origen de la presente reclamación ocurrió en un lugar que no era de tránsito, dicha alegación debe ser rechazada, en cuanto que la mera aportación del plano catastral de la finca, sin otra prueba, por ejemplo pericial, nada indica sobra la propiedad ni sobre la situación del vehículo. Desvirtuada en todo caso por el atestado levantado al efecto por la Policía local , en donde se ubica la presencia del vehículo en las inmediaciones de la finca y que la rama del árbol caída sobre el vehículo procedía de dicha finca.

Por consiguiente, en aplicación de lo dispuesto en el artº. 1908-3° en relación con lo dispuesto en el artº 1902 Cc, procede estimar la responsabilidad del demandado en la causa del accidente, al establecer dicho precepto una responsabilidad de matiz objetivo.

TERCERO.-La cuantía indemnizable será la señalada en el presupuesto de reparación, al no haberse acreditado que fuese superior el valor en venta del automóvil, sin que hubiera sido contradicha por la contraparte, salvo sus meras manifestaciones en la contestación a la demanda. De modo que el perjudicado tiene derecho a obtener el importe de la reparación del automóvil, necesaria para restablecerlo a la situación anterior al momento de producirse el siniestro. En consecuencia, procede etimar la cantidad a indemnizar en 2.157,65 euros.

CUARTO.-Conforme al artículo 394 LEC en los procesos declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.

Al estimarse la demanda presentada, se condena a la demandada al pago de las costas.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,