Sentencia Civil 115/2024 Juzgado de Primera Instancia de Gijón nº 4, Rec. 263/2023 de 12 de abril del 2024

PRIMERO.-Ejercita la representación procesal de la demandante acción por la que solicita se declare indebida las inclusiones realizadas en el fichero EXPERIAN BADEXCUG y EQUIFAX, desde las muy concretas fechas del 4 de diciembre de 2022 en el primer caso, y 7 de diciembre del mismo mes, en el segundo; negándose haber recibido requerimiento y/o notificación previa a una inclusión que se habría mantenido a posteriori de las sentencias, de 8 de febrero de 2022 del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Gijón, y de 18 de mayo de 2022 de la sección 7ª de la AP, declarando el carácter usurario del contrato del que derivaba la deuda por la se realiza la inscripción, tras resultar un saldo en favor del Sr. Luis Manuel de 2.391 €.

Así, se interesa la cantidad de 4.000 € en concepto de daño moral, dado el tiempo de duración del alta - hasta el 18 de enero de 2023, en el caso de EQUIFAX y hasta el 15 del mismo mes, en el caso de EXPERIAN - las consultas realizadas (hasta 18), y la denegación de un crédito al actor por la financiera de El Corte Inglés.

Todo ello, por no cumplirse los requisitos de la inclusión, con base en las previsiones de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de 26 de marzo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen; en relación con la citada doctrina de la Sala Primera del T.S desde su sentencia de 22 de diciembre de 2015.

Por parte de la demandada se muestra oposición centrada en el cumplimiento por su parte de los requisitos legales para la válida inclusión en el fichero; teniendo en cuenta la procedencia del concepto o débito, dada la desatención por la hoy actora de las obligaciones de pago derivadas del contrato de financiación firmado con aquella.

En último extremo, impugna la demandada la cantidad que es objeto de reclamación, al no corresponderse a un concreto y acreditado perjuicio que la inclusión en los ficheros hubiera irrogado a la actora; de manera que, cumpliendo tal inclusión con los requisitos legales, ninguna vulneración supone del derecho reconocido en el artículo 18 de la CE, y ningún daño procede reparar.

SEGUNDO.-Expuesto lo que antecede hemos de valorar la prueba practicada (limitada a la documental y los oficios a los que dieron contestación las gestoras de los ficheros) para concluir que no es discutida la relación contractual, aun sin prueba de la misma y/o de la deuda a que se refiere la contestación; como tampoco lo es el hecho de las dos sentencias que culminaron la reclamación del actor frente a la financiera por el carácter usurario del interés remuneratorio incluido en el importe del débito (documental nº 3 a 7 del escrito de demanda).

Siendo así, resulta que es doctrina constante de nuestra propia Audiencia Provincial (de la que es muestra la sentencia de su séptima sección de 6 de junio de 2019) aquella conforme a la cual "los datos que se incluyan en estos registros de morosos han de ser ciertos y exactos. Pero no basta con el cumplimiento de esos requisitos para satisfacer las exigencias del principio de calidad de los datos en este tipo de registros. Hay datos que pueden ser ciertos y exactos sin ser por ello pertinentes, pues no son determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados, entendida como imposibilidad o negativa infundada a pagar la deuda".

De esta forma, aun cuando pudiéramos hablar de una deuda - a reclamar a través de los cauces procedimentales que el ordenamiento jurídico ofrece a quien es acreedora - no cabe hablar en ningún caso de una deuda cierta, que justifique la opción por el alta en el fichero de solvencia, como medida de presión alternativa a la reclamación judicial.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, como reitera la actora en el trámite de conclusiones y pese a lo manifestado por la demandada, la indebida inclusión cuya declaración se interesa - hecho determinante de la vulneración del derecho fundamental que genera la obligación de indemnizar - es la producida desde del 4 de diciembre de 2022 en el primer caso, y 7 de diciembre del mismo mes hasta las fechas de la cancelación antes referidas.

Volviendo así sobre la doctrina del Tribunal Supremo, en ella se aborda directamente el tema objeto de esta litis, señalando, en primer lugar, la trascendencia que tiene para los derechos fundamentales, como es el honor, la inclusión de los datos personales en alguno de los denominados "registros de morosos ", con lo que se habrá de estar a una rígida observancia de las exigencias de la normativa de protección de datos de carácter personal, las cuales se contienen en el artículo 29.4 de la Ley de Protección de Datos Personales , que dispone: "sólo podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de 6 años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos", siendo el precepto citado desarrollado por los artículos 38 y siguientes del RD 1720/2.007, de 21 diciembre (LA LEY 13934/2007), por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LO 15/1.999, de 13 diciembre (LA LEY 4633/1999), de Protección de Datos de Carácter Personal; conforme al citado art. 38 sólo será posible la inclusión en esos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible;

b) Que no hayan transcurrido 6 años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico;

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponde al cumplimiento de la obligación, con advertencia de que, caso de no producirse el pago en el término previsto para ello, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a fichero relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, extremo éste que resulta del art. 39 del Reglamento, señalando el art. 43 de este mismo texto legal que: "El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los arts. 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común, de modo que "Será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos si hubiere facilitado para su inclusión en el fichero en los términos previstos en la LO 15/1.999 de 13 de diciembre (LA LEY 4633/1999) ".

Terminando, así, con el presupuesto relativo a la certeza de la deuda, en más reciente sentencia (de 20 de febrero de 2023) la sección 6ª de nuestra AP recuerda que "como dice la STS de 25 de abril de 2019 cuando se trata de ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias, la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable. Por tal razón, no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. Cuando la deuda es cierta, líquida, vencida y exigible se cumple con el principio de calidad de los datos sancionado en el precepto, de modo que el acreedor podrá cederlos al titular del fichero."

Es por ello que, al margen de la diversa interpretación que las parte realizan sobre la exigencia del requisito del requerimiento, procede la declaración de la indebida intromisión en el derecho fundamental del artículo 18 de la CE que se pretende en la demanda.

TERCERO.-Lo dicho más arriba obliga a declarar la indebida intromisión en derecho fundamental de la parte actora, siendo preciso examinar si procede la indemnización de 4.000 euros reclamados en concepto de perjuicios de imagen y vulneración del derecho al honor derivados de la inclusión de la misma en el fichero de morosos.

Lo anterior, partiendo del dato acreditado del importante número de consultas efectuadas, y el período de las altas, mantenidas, como argumentamos más arriba aun después de alcanzar firmeza la sentencia que declara el carácter usuario del préstamo del que deriva la deuda, realidad no desconocida por la entidad que omite toda gestión para poner fin al daño derivado de la inclusión por ella promovida.

Recogemos, a estos efectos, la doctrina que cita la sentencia de nuestra AP (sección 4ª) de 5 de octubre de 2022, con relación al alcance de la indemnización a conceder acudiendo a la del TS de 21 de junio de 2018, con cita de la de 26 de abril de 2017, señala:

"i) El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010 y que es la aplicable dada la fecha de los hechos, dispone que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma". Esta Sala ha declarado en STS de 5 de junio de 2014, rec. núm. 3303/2012, que dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, "a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso ( sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero )". Se trata, por tanto, "de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental delart. 18.1 de la Constitución, ha de atender a los parámetros previstos en elart. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio".

(ii) También ha afirmado la Sala que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico.

Como declara la sentencia de esta Sala núm. 386/2011, de 12 de diciembre "según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril de 2003 ) no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la CE como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se convierte la garantía jurisprudencial en un acto meramente ritual o simbólico incompatible con el contenido de los artículos 9.1 , 1.1 . y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego ( STC 186/2001, FJ8)" ( STS 4 de diciembre 2014, rec. núm. 810/2013).

(iii) La inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD, sería indemnizable en primer lugar la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas.

Para valorar este segundo aspecto afirma la sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero, que ha de tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que solo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos.

También sería indemnizable el quebrante y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados".

Así también la sección 7ª de nuestra misma AP en sentencia de 18 de enero de 2023.

Conforme a los antedichos criterios, se considera procedente la cantidad interesada; la cual se verá incrementada con el interés legal ex artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del CC.

CUARTO.-En cuanto a las costas causadas y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394. 1 y 2 de la LEC, la íntegra estimación de la demanda supondrá que se impongan a la demandada las derivadas de esta primera instancia.

Vistos los preceptos legales citados y cualesquiera otros de general y pertinente aplicación, pronuncio el siguiente