Sentencia Civil 475/2024 Juzgado de Primera Instancia de Gijón nº 4, Rec. 1078/2023 de 19 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Se ejercita acción interesando se declare indebida la inclusión realizada en los ficheros ASNEF-EQUIFAX - entre el 8 de septiembre de 2022 y el posterior 16 de noviembre de 2023 - y EXPERIAN desde el 9 de septiembre de 2022 y el 16 de noviembre de 2023, por una discutida deuda de 595, 92 € (documento nº y siguientes); deuda cuya existencia se niega, como se niega también haber recibido requerimiento y/o notificación previa a la inclusión.

Así, dado el tiempo de duración del alta y las consultas realizadas, se interesa la cantidad de 12.000 € en concepto de daño moral; al no cumplirse los requisitos de la inclusión, con base en las previsiones de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de 26 de marzo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen; en relación con la citada doctrina de la Sala Primera del T.S desde su sentencia de 22 de diciembre de 2015.

Por parte de la demandada se muestra oposición centrada en el cumplimiento por su parte de los requisitos legales para la válida inclusión en el fichero; teniendo en cuenta la procedencia del concepto o débito, dada la desatención por la hoy actora de las obligaciones de pago derivadas del contrato que lo vinculaba a la financiera (documental nº 2 y siguientes de la contestación).

En último extremo, impugna la demandada la cantidad que es objeto de reclamación, al no corresponderse a un concreto y acreditado perjuicio que la inclusión en los ficheros hubiera irrogado a la actora; de manera que, cumpliendo tal inclusión con los requisitos legales, ninguna vulneración supone del derecho reconocido en el artículo 18 de la CE, y ningún daño procede reparar.

SEGUNDO.-Expuesto lo que antecede hemos de valorar la prueba practicada (limitada a la documental y la respuesta al requerimiento a Vodafone y los oficios) para concluir que, en el caso de autos, no resulta acreditada la existencia de una deuda cierta, teniendo como tal la que no es legítimamente discutida por el prestatario de los servicios contratados.

En efecto, hemos de partir de la doctrina del Tribunal Supremo donde se aborda el tema objeto de esta litis, señalando, en primer lugar, la trascendencia que tiene para los derechos fundamentales, como es el honor, la inclusión de los datos personales en alguno de los denominados "registros de morosos ", con lo que se habrá de estar a una rígida observancia de las exigencias de la normativa de protección de datos de carácter personal, las cuales se contienen en el artículo 29.4 de la Ley de Protección de Datos Personales , que dispone: "sólo podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de 6 años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos", siendo el precepto citado desarrollado por los artículos 38 y siguientes del RD 1720/2.007, de 21 diciembre (LA LEY 13934/2007) , por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LO 15/1.999, de 13 diciembre (LA LEY 4633/1999) , de Protección de Datos de Carácter Personal; conforme al citado art. 38 sólo será posible la inclusión en esos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible;

b) Que no hayan transcurrido 6 años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico;

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponde al cumplimiento de la obligación, con advertencia de que, caso de no producirse el pago en el término previsto para ello, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a fichero relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, extremo éste que resulta del art. 39 del Reglamento, señalando el art. 43 de este mismo texto legal que: "El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los arts. 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común, de modo que "Será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos si hubiere facilitado para su inclusión en el fichero en los términos previstos en la LO 15/1.999 de 13 de diciembre (LA LEY 4633/1999) ".

Terminando, así, con el presupuesto relativo a la certeza de la deuda, en sentencia (de 20 de febrero de 2023) la sección 6ª de nuestra AP recuerda que "como dice la STS de 25 de abril de 2019 cuando se trata de ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias, la deuda debe ser, además de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca, indudable. Por tal razón, no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. Cuando la deuda es cierta, líquida, vencida y exigible se cumple con el principio de calidad de los datos sancionado en el precepto, de modo que el acreedor podrá cederlos al titular del fichero."

En el caso de autos, la conducta de la demandada supone un uso torticero del fichero, toda vez que, según resulta de la documental (documento nº 4 de la demanda y su propia respuesta al requerimiento acordado en el acto de la audiencia previa), la deuda fue en todo momento discutida, y la discusión viene impuesta por la actitud de la arrendadora del servicio, renuente a la portabilidad interesada; con lo que el hecho de haber acudido a la publicidad del registro, antes que a la reclamación judicial de la deuda cuya exigibilidad resultaba, cuando menos, dudosa, supone una flagrante vulneración del derecho fundamental.

TERCERO.-Declarada la indebida intromisión en derecho fundamental de la parte actora, es preciso examinar si procede la indemnización de 12.000 euros reclamados por ella en concepto de perjuicios de imagen y vulneración del derecho al honor derivado de la inclusión de la misma en el fichero de morosos.

Frente a las genéricas afirmaciones de la demandada, la doctrina - recogida, por ejemplo, en sentencia de nuestra AP (sección 4ª) de 5 de octubre de 2022 - con relación al alcance de la indemnización - así también. el TS en sentencia previa de 21 de junio de 2018 - señala:

"i) El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 , que entró en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010 y que es la aplicable dada la fecha de los hechos, dispone que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma". Esta Sala ha declarado en STS de 5 de junio de 2014, rec. núm. 3303/2012 , que dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, "a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso ( sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre , y núm. 12/2014, de 22 de enero )". Se trata, por tanto, "de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental delart. 18.1 de la Constitución , ha de atender a los parámetros previstos en elart. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio".

(ii) También ha afirmado la Sala que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico.

Como declara la sentencia de esta Sala núm. 386/2011, de 12 de diciembre "según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril de 2003) no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la CE como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se convierte la garantía jurisprudencial en un acto meramente ritual o simbólico incompatible con el contenido de los artículos 9.1 , 1.1 . y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego ( STC 186/2001 , FJ8)" ( STS 4 de diciembre 2014, rec. núm. 810/2013 ).

(iii) La inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD, sería indemnizable en primer lugar la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas.

Para valorar este segundo aspecto afirma la sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero, que ha de tomarse en consideración la divulgación que ha tenido tal dato, pues no es lo mismo que solo hayan tenido conocimiento los empleados de la empresa acreedora y los de las empresas responsables de los registros de morosos que manejan los correspondientes ficheros, a que el dato haya sido comunicado a un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan consultado los registros de morosos.

También sería indemnizable el quebrante y la angustia producida por las gestiones más o menos complicadas que haya tenido que realizar el afectado para lograr la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados".

Así también la sección 7ª de nuestra misma AP en reciente sentencia de 18 de enero de 2023.

Conforme a los antedichos criterios, valorando el lapso de tiempo por el que se mantuvo la inscripción desde las respectivas fechas de alta y baja (8 de septiembre de 2022 a 16 de noviembre de 2023 y 9 de septiembre de 2022 a 16 de noviembre de 2023), el número de ficheros a los que se llevó la publicidad y la cantidad de consultas que sobre los mismos se verificaron (en total de 17), se considera prudente la cantidad de 8.000 €; la cual se verá incrementada con el interés legal ex artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del CC.

CUARTO.-En cuanto a las costas causadas hemos de seguir el criterio sentado, entre otras en sentencias como la de sección 7ª de la AP de Asturias de 20 de mayo de 2024, razonando que "la moderación del importe de la indemnización que, según criterios de prudente arbitrio rebaja la cuantía respecto de la cantidad interesada en la demanda, no supone, como pretende el recurrente, una estimación parcial, sino sustancial de la demanda que conlleva la condena en costas (ex artículo 394 LEC ), por lo que el recurso también debe ser desestimado en el extremo que interesa su no imposición", criterio que comparte el Juzgador.

Vistos los preceptos legales citados y cualesquiera otros de general y pertinente aplicación, pronuncio el siguiente