Sentencia Civil 5/2026 Juzgado de Primera Instancia de Ourense nº 4, Rec. 475/2025 de 08 de enero del 2026

PRIMERO.- Petitum de la demanda.

La parte actora apoyaba su pretensión, en síntesis, en los siguientes hechos: El día 23 de julio de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictó resolución, en el asunto S/0482/13 Fabricantes de Automóviles, en la que se habría sancionado a la entidad demandada, entre otras entidades, por realización de prácticas infractoras del derecho de la competencia, consistentes en la adopción e implementación de acuerdos de fijación de precios mediante determinación de descuentos máximos y en condiciones comerciales, y en intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español de la distribución de vehículos a motor, entre las empresas concesionarias, independientes y propias del fabricante de las marcas. Ello habría tenido lugar entre febrero de 2006 y julio de 2013.

La CNMC sancionó a AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA, S.A. como empresa distribuidora de los automóviles de la marca CITROËN en España, por su participación en el cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en las áreas de gestión empresarial, postventa y marketing, desde febrero de 2006 hasta julio de 2013, coincidiendo con las inspecciones realizadas. En atención al Fundamento de Derecho Sexto de la Resolución de la CNMC, a la demandada se le sancionó de forma concreta por su participación en los intercambios de información con competidoras del Club de marcas de febrero de 2006 a julio de 2013, del Foro de Postventa desde marzo de 2010 a febrero de 2011 y de las Jornadas de Constructores desde abril de 2010 a marzo de 2011.

Manifestaron las partes actoras que habían adquirido los siguientes vehículos:

PROFESSIONAL SEC SC:en fecha 02.01.2013 el vehículo CITROEN modelo NEMO con número de matrícula NUM000, con la mercantil BURGASMOTOR, S.L. por precio de 12.249,99 euros, IVA incluido.

D. Cecilio: en fecha 28.06.2010 el vehículo CITROEN modelo C4 con número de matrícula NUM001, con la mercantil JOSE CENDÓN E HIJOS S.L. por precio de 14.336,25 euros.

D. Justo: en fecha 1-2-2006 el vehículo CITROEN modelo C4 con número de matrícula NUM002, con la mercantil JOSE CENDON E HIJOS, S.L. por precio de 13.400 euros.

D. Sergio: en fecha 22-8-2007 el vehículo CITROEN modelo X PICA EX HDI 92 con número de matrícula NUM003, con la mercantil JOSE CENDON E HIJOS, S.L. por precio de 16.907,9 euros.

En virtud de lo expuesto, la parte actora reclamaba los daños y perjuicios sufridos, más intereses, daños que se identificaban en el sobreprecio repercutido al adquirente del vehículo al haberse realizado prácticas infractoras del derecho de la competencia, señalando a través de Informe pericial, que se había aplicado un sobreprecio, pero reclamando, únicamente, el 5% en concepto de sobrecoste.

En virtud de todo lo expuesto, la parte actora solicitaba que se declarase la responsabilidad de la demandada por los daños sufridos como consecuencia del sobrecoste del vehículo adquirido, y en consecuencia se condenase a la entidad demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 612,49 euros a PROFESSIONAL SEC SC, 716,81 euros a D. Cecilio, 670 euros a D. Justo, y 845,39 a D. Sergio, más los intereses devengados desde la fecha de adquisición del vehículo hasta su completo pago, con costas.

SEGUNDO.- Contestación a la demanda.

La parte demanda se opuso a la demanda presentada, en base a los siguientes argumentos, que, en síntesis, se señalan a continuación:

Planteó la excepción de falta de legitimación activa, y la excepción de inadecuación de procedimiento, por los motivos expuestos en su contestación a la demanda.

Planteó la excepción de prescripción de la acción, manifestando que no serían aplicables en este caso las disposiciones de la Directiva 2014/104, ni las introducidas en nuestro derecho por el Real Decreto Ley 9/2017, lo que supondría la inaplicabilidad del plazo de prescripción de 5 años previsto ahora en el art. 74.1 de la Ley de Defensa de la Competencia ( LDC), por lo que continuaría rigiendo el art. 1968.2 del Código Civil ( CC), que fija el plazo de un año para la prescripción de la acción de daños. Además, señalaba la parte demandada, que el plazo de prescripción se iniciaría cuando la parte demandante hubiese conocido los presupuestos subjetivos, objetivos y causales precisos para el ejercicio de su acción, lo que en este caso habría ocurrido con la publicación de notas de prensa sobre las sanciones impuestas por la CNMC, a partir de finales de julio de 2015. Por tanto, el plazo de prescripción aplicable sería el de un año del art. 1968.2 del CC, y se habría agotado ya cuando llegó el último día previsto para la trasposición de la Directiva 2014/104, el 27 de diciembre de 2016, o incluso cuando alguna entidad como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), habría publicitado la existencia de la resolución para que quien se considerase perjudicado pudiese ejercitar las acciones correspondientes. Por último, exponía que la demandante no había interrumpido ese plazo prescriptivo de manera oportuna.

Además de la excepción mencionada, la parte demandada también alegaba que las conductas sancionadas por la CNMC no demostraban que las conductas investigadas hubiesen producido un incremento del precio de venta de los automóviles al comprador final, y que, de haberse producido algún daño, este se habría repercutido aguas abajo por la parte actora. Exponía la parte demandada que, en todo caso, se habría tratado de meros intercambios de información entre los partícipes y no de un cártel de fijación de precios o de reparto de cuotas de mercado. La información intercambiada no se habría referido a precios de venta de vehículos y, aunque la CNMC habría señalado que alguna de las conductas sancionadas podría influir en el precio final de venta, no se habría llegado a demostrar que eso hubiese ocurrido, siendo que cualquier intercambio de información se habría producido a nivel del mercado mayorista de distribución de vehículos por lo que, de nuevo, no habría afectado al mercado minorista, en el que la actora habría adquirido su automóvil. De tal modo, cualquier efecto de ese intercambio se habría producido solamente en el mercado mayorista, y así lo habría confirmado la propia CNMC al situar la restricción o falseamiento del juego de la competencia en el mercado de la distribución mayorista de automóviles (sic). Por otra parte, manifestaba que la infracción sancionada lo habría sido únicamente "por objeto", de manera que se habría considerado apta para restringir o falsear el juego de la competencia, pero no se habrían llegado a determinar sus concretos efectos, con lo que no se podría afirmar que hubiese dado lugar a un incremento (o disminución) coordinado de los precios de venta al público de vehículos.

También manifestaba que no se acreditaba, por la entidad actora, la concurrencia de los presupuestos de responsabilidad propios del régimen jurídico de responsabilidad extracontractual en los que apoyaba su petición, como era la existencia del daño, la responsabilidad o culpa, y el nexo causal entre ambas.

En cuanto al elemento del daño, manifestaba la parte demandada que no se acreditada la existencia de daño derivado de la infracción, pues las conductas sancionadas por la CNMC no demostraban que las conductas investigadas hubiesen producido un incremento del precio de venta de los automóviles al comprador final. A su vez, exponía que no serían aplicables las presunciones de daños introducidas en la LDC por la norma de trasposición de la Directiva 2014/104, como tampoco sería posible una interpretación (de la normativa anterior) conforme a esa Directiva ni la aplicación de la doctrina ex re ipsa.

También entendía que no concurría nexo causal entre infracción y lesión, alegando para ello que la infracción sancionada lo habría sido únicamente "por objeto", de modo que no existía una relación acreditada entre la infracción sancionada y la producción de un daño.

Por último, también se oponía a los intereses solicitados, al entender que los mismos eran improcedentes, al haber calculado los intereses a abonar desde la fecha de adquisición del vehículo.

TERCERO.- Hechos controvertidos.

Los hechos controvertidos fueron, principalmente, la determinación de si se había producido un daño cuantificable (sobrecoste) en la adquisición del vehículo por la parte actora. También se discutió la existencia de nexo causal entre la infracción y el daño, así como lo intereses aplicados.

La CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO, con independencia de que la misma haya sido o no impugnada, debe ser concretada y fijada en la presente resolución, toda vez que se fijó de forma errónea en la demanda al no sujetarse a lo dispuesto en los art. 251, 252, y concordantes de la LEC, por lo que en aplicación de dichos preceptos la cuantía será EL IMPORTE MAYOR RECLAMADO, por lo que en el presente caso la CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO ES LA DE 845,39 EUROS, pues coincide con el interés económico, no pudiendo añadirse el importe de los intereses devengados de forma concreta al no haberse concretado ni liquidado los mismos, y no pudiendo considerase indeterminada, toda vez que el presente procedimiento es un procedimiento verbal por razón de la cuantía, siendo que la misma se identifica con el importe peticionado en la demanda, tal como ha confirmado ya el Tribunal Supremo y, también, entre otras, la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Así, ha señalado el Auto del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2022 que la acción ejercitada, de daños ocasionados por una conducta contraria al Derecho de la competencia (antitrust), se apoya en la previa declaración de infracción por resolución firme de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMyC) de fecha 23 de julio de 2015, con el efecto previsto en el art. 9 de la Directiva 2014/104.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que el Decreto de admisión a trámite no fija la cuantía del procedimiento, sino que únicamente establece como cuantía la señalada en la demanda, siendo que la misma podrá posteriormente ser impugnada, o corregida por el órgano jurisdiccional si su determinación no se ajusta a la norma, como fue el caso, cuando su determinación correcta pueda tener incidencia en materia de costas y/o recurso de apelación, aunque no suponga un cambio de procedimiento.

Antes de analizar las cuestiones objeto de debate, resulta necesario analizar las excepciones de fondo planteadas por la parte demandada.

CUARTO.- Excepción inadecuación de procedimiento, excepción de prescripción de la acción y excepción de falta de legitimación activa.

- EXCEPCIÓN PROCESAL DE INADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTO.

Alega la demandada en su escrito de contestación a la demanda la inadecuación del procedimiento seguido, señalando que, por razón de la materia, deberían seguirse los trámites del Juicio Ordinario en lugar de los del Juicio Verbal.

La excepción ha de ser rechazada, por ser el Juicio Verbal por razón de la cuantía del procedimiento el trámite adecuado a seguir, según han confirmado ya el Tribunal Supremo y, también, entre otras, la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Así, ha señalado el Auto del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2022 que la acción ejercitada, de daños ocasionados por una conducta contraria al Derecho de la competencia (antitrust), se apoya en la previa declaración de infracción por resolución firme de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMyC) de fecha 23 de julio de 2015, con el efecto previsto en el art. 9 de la Directiva 2014/104.

El ejercicio de estas acciones de reclamación de cantidad supone la evaluación de las repercusiones económicas de la conducta anticompetitiva y toma como punto de partida la decisión de la CNMyC.

En ese examen pueden incidir cuestiones ciertamente complejas, pero todas dirigidas a la cuantificación del daño, sin que la mayor o menor complejidad pueda erigirse en un criterio para seguir una vía procesal u otra.

Lo preponderante (exclusivo) en la demanda es la cuantificación del daño ("reclamación de cantidad"), por lo que la cuantía de lo reclamado debe regir para la elección del procedimiento a seguir conforme al art. 249.1.4º LEC. Y en el asunto que examinamos será el juicio verbal.

La ausencia de un trámite de audiencia previa y la limitación de los recursos, no supone merma de derechos a las partes. Además, este procedimiento, más económico y ágil, se acomoda a los principios de efectividad y equivalencia que establece la propia Directiva 2014/104 en su artículo 4:

"De acuerdo con el principio de efectividad, los Estados miembros velarán por que todas las normas y los procedimientos nacionales relativos al ejercicio de las acciones por daños se conciban y apliquen de forma que no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de la Unión al pleno resarcimiento por los daños y perjuicios, ocasionados por una infracción del Derecho de la competencia. De acuerdo con el principio de equivalencia, las normas y procedimientos nacionales relativos a las acciones por daños derivados de infracciones de los artículos 101 o 102 del TFUE no serán menos favorables a las presuntas partes perjudicadas que los que regulan las acciones nacionales similares por daños causados por infracciones de la normativa nacional" (sic).

Por su parte, el Auto nº 190/2023 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, dispone que "Resuelta así por nuestro Tribunal Supremo la cuestión del cauce procesal para dilucidar pretensiones como la ejercitada en este proceso, aunque no se trata de Jurisprudencia en sentido estricto, además de la coincidencia de esta Sala con el planteamiento que lleva a cabo el Tribunal Supremo, no podemos obviar, por razones de seguridad jurídica, la función unificadora que lleva a cabo el Alto Tribunal en la interpretación e integración del ordenamiento jurídico (sic)".

Por tanto, en atención a la cuantía del presente procedimiento, los trámites adecuados son los del Juicio Verbal, procedimiento seguido por el juzgado.

- EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

Se alegó por la demandada como motivo de oposición, el de la prescripción de la acción deducida en la demanda, alegando que el plazo de prescripción era de un año en los términos establecidos en el art. 1968.2 del Código Civil para las obligaciones del art. 1902, lo que determinaba que tendría como dies a quo para su cómputo la fecha de la publicación de notas de prensa sobre las sanciones impuestas por la CNMC, a partir de finales de julio de 2015. Por tanto, el plazo de prescripción aplicable sería el de un año del art. 1968.2 del CC, y se habría agotado ya cuando llegó el último día previsto para la trasposición de la Directiva 2014/104, el 27 de diciembre de 2016, o incluso cuando alguna entidad como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), habría publicitado la existencia de la resolución para que quien se considerase perjudicado pudiese ejercitar las acciones correspondientes. Por último, exponía que la demandante no había interrumpido ese plazo prescriptivo de manera oportuna.

A este respecto habrá de señalarse que tal como ha confirmado la STJUE de 22 de junio de 2022, asunto C-267/20, las disposiciones de la Directiva 2014/104 sobre prescripción de la acción de reclamación de daños, recogidas en su art. 10, son de carácter sustantivo, lo que conllevaría el sometimiento de las normas nacionales de trasposición a los límites del art. 22.1 de la misma Directiva. Señala tal STJUE que en este contexto, procede señalar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, a diferencia de los plazos procesales, el plazo de prescripción, al conllevar la extinción de la acción judicial, se refiere al Derecho material, ya que afecta al ejercicio de un derecho subjetivo que la persona afectada ya no podrá invocar de manera efectiva ante un tribunal (véase, por analogía, la sentencia de 8 noviembre de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión, C-469/11 P, EU:C:2012:705, apartado 52), por consiguiente, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 66 y 67 de sus conclusiones, procede considerar que el artículo 10 de la Directiva 2014/104 es una disposición sustantiva a efectos del artículo 22, apartado 1, de dicha Directiva (sic).

Ahora bien, esto no implica que el nuevo plazo de prescripción de la acción de reclamación de daños, surgido de la trasposición de la Directiva, sea inaplicable al supuesto de ejercicio de acciones derivadas de infracciones del derecho de la competencia producidas y agotadas antes incluso de la publicación de la propia Directiva. La STJUE de 22 de junio de 2022 ha señalado que, cuando el plazo de prescripción de la acción fijado por la normativa nacional anterior a la trasposición de la Directiva 2014/104, no se había agotado antes de la llegada de la fecha límite para dicha trasposición, que era el 27 de diciembre de 2016, resulta ya de aplicación el nuevo plazo. A tal efecto, recoge que toda vez que consta en el caso de autos que la Directiva 2014/104 fue transpuesta al ordenamiento jurídico español cinco meses después de que expirara el plazo de transposición previsto en su artículo 21, ya que el Real Decreto-ley 9/2017, que transpone esta Directiva, entró el vigor el 27 de mayo de 2017, ha de verificarse, para determinar la aplicabilidad temporal del artículo 10 de dicha Directiva, si la situación de que se trata en el litigio principal se había consolidado antes de que expirara el plazo de transposición de la misma Directiva o si continuaba surtiendo sus efectos tras la expiración de ese plazo. A tal efecto, habida cuenta de las particularidades de las normas de la prescripción, de su naturaleza y de su mecanismo de funcionamiento, en particular en el contexto de una acción por daños ejercitada a raíz de una resolución firme por la que se declara la existencia de una infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia, procede examinar si, en la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2014/104, a saber, el 27 de diciembre de 2016, se había agotado el plazo de prescripción aplicable a la situación de que se trata en el litigio principal, lo que implica determinar el momento en el que comenzó a correr ese plazo de prescripción (sic).

Por tanto, para ver qué plazo de prescripción es aplicable a la acción de daños ejercitada aquí, el general del art. 1968.2 del CC o el específico y más moderno del art. 74.1 de la LDC, habrá que entrar a determinar en qué momento se situó el dies a quo que implicaba el inicio de la prescripción.

La STJUE de 22 de junio de 2022, la cual fija una doctrina en esta materia, responde a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas en relación con las reclamaciones de daños derivadas del denominado "cártel del camión", en el que la infracción del derecho de la competencia finalizó el 11 de enero de 2011, y las acciones de daños también fueron ejercitadas después de la expiración del plazo de trasposición de la Directiva 2014/104.

En primer lugar, hemos de partir de lo fijado en la propia STJUE de 22 de junio de 2022, cuando dice "Pues bien, por lo que se refiere al momento a partir del cual comenzó a correr dicho plazo de prescripción, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en la materia aplicable ratione temporis, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular el modo de ejercicio del derecho a solicitar la reparación del daño resultante de una infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE , incluyendo las relativas a los plazos de prescripción, siempre que se respeten tanto el principio de equivalencia como el principio de efectividad, principio este último que exige que las normas aplicables a los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el efecto directo del Derecho de la Unión confiere a los justiciables no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de marzo de 2019, Cogeco Communications, C-637/17 , EU:C:2019:263, apartados 42 y 43) [...]

Es igualmente cierto que, cuando un órgano jurisdiccional nacional debe resolver un litigio entre particulares, incumbe a dicho órgano jurisdiccional, en su caso, interpretar las disposiciones nacionales de que se trate en ese litigio, en la medida de lo posible, a la luz del Derecho de la Unión y, más concretamente, de la letra y de la finalidad del artículo 101 TFUE , sin proceder, no obstante, a una interpretación contra legem de esas disposiciones nacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2021, Whiteland Import Export, C-308/19 , EU:C:2021:47, apartados 60 a 62).

A este respecto, procede recordar que una norma nacional que fija la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de prescripción, la duración y las condiciones de la suspensión o de la interrupción de este debe adaptarse a las particularidades del Derecho de la competencia y a los objetivos de la aplicación de las normas de este Derecho por las personas afectadas a fin de no socavar la plena efectividad de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de marzo de 2019, Cogeco Communications, C-637/17 , EU:C:2019:263, apartado 47).

En efecto, el ejercicio de las acciones por daños por infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia exige, en principio, que se realice un análisis fáctico y económico complejo ( sentencia de 28 de marzo de 2019, Cogeco Communications, C-637/17 , EU:C:2019:263, apartado 46).

También ha de tenerse en cuenta que los litigios relativos a infracciones del Derecho de la Unión en materia de competencia y del Derecho nacional en esa misma materia se caracterizan, en principio, por una asimetría de información en detrimento de la persona perjudicada por la infracción, como se recuerda en el considerando 47 de la Directiva 2014/104 , lo que hace que sea para el perjudicado más difícil obtener la información imprescindible para ejercitar una acción por daños que para las autoridades de competencia recabar la información necesaria para ejercitar sus prerrogativas de aplicación del Derecho de la competencia.

En este contexto, procede considerar que, a diferencia de la norma aplicable a la Comisión, que figura en el artículo 25, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, según la cual el plazo de prescripción para la imposición de sanciones comenzará a contar a partir del día en que se haya cometido la infracción o, respecto de las infracciones continuas o continuadas, a partir del día en que haya finalizado la infracción, los plazos de prescripción aplicables a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión no pueden empezar a correr antes de que haya cesado la infracción y de que la persona perjudicada tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de la información indispensable para ejercitar su acción por daños. En caso contrario resultaría prácticamente imposible o excesivamente difícil ejercitar el derecho a solicitar una indemnización (sic)".

Por tanto, para garantizar la salvaguardia de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos por el Derecho de la Unión y para propiciar que su ejercicio no sea prácticamente imposible o excesivamente difícil, en materia de reclamación de daños derivados de infracciones del derecho de la competencia, habrá que tener en cuenta que el ejercicio de las correspondientes acciones requerirá de complejos estudios fácticos y económicos. A ello habrá que atender a la hora de determinar en qué momento podrían o habrían podido razonablemente los perjudicados tener un conocimiento de los datos indispensables para poder ejercitar sus acciones. Esos datos los clarifica la STJUE de 22 de junio de 2022 cuando señala que "De ello se deduce que la existencia de una infracción del Derecho de la competencia, la existencia de un perjuicio, la relación de causalidad entre ese perjuicio y la infracción y la identidad del autor de ésta forman parte de los elementos indispensables de los que la persona perjudicada debe disponer para ejercitar una acción por daños (sic)". A tales datos añade otro en su apartado 70, en el que se refiere al conocimiento de la duración exacta (sic) de la infracción.

En el caso del "cártel del camión", cuando fue dictada la resolución sancionadora de las infracciones del derecho de la competencia, que era la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2016 (Asunto AT.39824 Camiones), se emitieron las correspondientes notas de prensa, de las que se hicieron eco los medios de comunicación. Lo mismo ha sucedido en este caso del "cártel del coche" con la resolución de la CNMC de 23 de julio de 2015, según resulta de la documentación acompañada a la contestación a la demanda. No obstante, la STJUE de 22 de junio de 2022 ha considerado que las publicaciones de notas de prensa en los medios de comunicación no pueden determinar en general el comienzo del plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones de daños por los perjudicados. Señala dicha STJUE en relación con esta circunstancia que "Como ha señalado el Abogado General, en esencia, en los puntos 125 a 127 de sus conclusiones, primero, los comunicados de prensa contienen, en principio, información menos detallada sobre las circunstancias del asunto de que se trate y sobre las razones por las que un comportamiento restrictivo de la competencia puede calificarse de infracción, que los resúmenes de las decisiones de la Comisión, publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea, que, según el artículo 30 del Reglamento n.º 1/2003, deben mencionar los nombres de las partes y el contenido principal de la decisión en cuestión, incluidas las sanciones impuestas.

Además, los comunicados de prensa no están destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros, en particular las personas perjudicadas. Constituyen, en cambio, documentos breves destinados, en principio, a la prensa y a los medios de comunicación. Por lo tanto, no puede considerarse que exista, por parte de las personas perjudicadas por una infracción del Derecho de la competencia, un deber general de diligencia que los obligue a llevar un seguimiento de la publicación de tales comunicados de prensa (sic)".

De tal manera, podemos considerar que es doctrina del TJUE que las simples notas de prensa, relativas a las sanciones impuestas por infracciones del derecho de la competencia, no tienen la virtualidad suficiente como para determinar el inicio del plazo de prescripción para el ejercicio de acciones de reclamación por los daños derivados de dichas infracciones. Ello, por dos motivos fundamentales: primero, porque las notas de prensa y las consiguientes noticias no suelen contener todos los detalles que un perjudicado necesita conocer para ejercitar su acción y, segundo, porque, en cualquier caso, a ningún perjudicado le puede ser exigible un deber de diligencia que le obligue a llevar un seguimiento de las publicaciones de notas o comunicados de prensa. De hecho, como podemos observar en la resolución de la CNMC de 23 de julio de 2015, uno de sus contenidos esenciales, en relación con el posible ejercicio de acciones de daños por los perjudicados, es el de las fechas en que los sancionados participaron en la infracción, fechas que son distintas para cada uno de esos más de 20 infractores (páginas 102 a 104 de dicha resolución). Es obvio que ni en la nota de prensa emitida en su día por la CNMC, ni tampoco en las noticias que la siguieron, constan la mayor parte de datos esenciales que cualquier perjudicado necesitaría conocer para ejercitar su acción. Se menciona la identidad de los sancionados y se ofrece un pequeño resumen de la conducta infractora, pero no se concretan las marcas que cada infractor comercializaba, no se refieren los datos temporales de participación de cada infractor, y no se dan detalles acerca de en qué consistieron en concreto las prácticas anticompetitivas, entre otros extremos.

En base a lo expuesto, la mencionada STJUE consideró que, en el caso del "cártel del camión", el plazo para la prescripción de las acciones de daños solamente podía entenderse iniciado a raíz de la publicación del resumen de la Decisión de la Comisión Europea en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), lo que tuvo lugar el 6 de abril de 2017 (ver apartados 71 y 72 de la STJUE).

El problema, en el caso que aquí nos ocupa, es que, a diferencia de las Decisiones de la Comisión Europea, las resoluciones de la CNMC no son objeto de publicación en ningún diario oficial. Ciertamente, esas resoluciones se anuncian y se cuelgan en la propia página web de la CNMC (www.cnmc.es), pero si, tal como señala el TJUE, no se le puede exigir a los ciudadanos en general un deber de diligencia que implique un seguimiento de las notas y comunicados de prensa relativos a determinados hechos, mucho menos se les puede exigir que entren a diario en todas las páginas web de todos los entes y organismos públicos para hacer un seguimiento de las decisiones que adoptan o de los expedientes que están tramitando.

Por el motivo anterior, no resulta aplicable al caso la sentencia del TJUE de fecha 18 de abril de 2024, relativa al plazo de prescripción de acciones basadas en daños derivados de la infracción de la competencia, pues en dicha sentencia se hace referencia a las decisiones de la Comisión Europea, las cuales se publican en un Diario Oficial, a diferencia de lo que ocurre en supuestos como el presente, señalando la citada sentencia en su párrafo 66 que "corresponde al juez nacional que conoce de la acción por daños determinar el momento a partir del cual puede considerarse razonablemente que la persona perjudicada tuvo conocimiento de dicha información".

Por otro lado, tampoco se puede pretender que los anuncios realizados en determinadas webs y en ciertos medios de comunicación por algunos despachos de abogados, o incluso por la propia OCU, puedan fijar el inicio de ningún plazo de prescripción. En primer lugar, porque, evidentemente, ninguno de tales anuncios fue insertado en un diario oficial, de tal modo que se asegurase que tuviese la necesaria difusión entre la ciudadanía en general. En segundo lugar, porque no consta que ninguno de tales anuncios fuese acompañado de la información objetiva esencial (en el sentido exigido por el TJUE), que cualquier posible perjudicado medio necesitaría para plantearse la posibilidad real de ejercitar una acción de daños. En tercer lugar, porque tales anuncios no dejan de ser una suerte de comunicaciones interesadas, en el sentido de que quien los hace lo que pretende es captar la atención de personas que, de algún modo, puedan después aportarle beneficios, bien por contratar sus servicios (a cambio de la correspondiente retribución), bien por contribuir a su mayor presencia o relevancia en la sociedad (a cambio de afiliaciones o contribuciones). Al tratarse de comunicaciones interesadas, ni van acompañadas de todos los datos esenciales referidos, ni tampoco los datos ofrecidos son totalmente objetivos, pues más bien se anuncia una facilidad en el acceso a una compensación que no se corresponde con las dificultades reales con que se encuentran este tipo de reclamaciones.

Además, también es preciso tener en cuenta que cualquiera de los anuncios, noticias y publicaciones referidos, fueron realizados cuando la resolución de la CNMC de 23 de julio de 2015 ni siquiera era firme. En este sentido, hay que recordar que la mayor parte de los infractores sancionados presentaron recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y, posteriormente, recurrieron en casación las Sentencias dictadas por dicha Sala ante el Tribunal Supremo. Las STS, Sala 3ª, resolviendo esos recursos de casación, se fueron dictando a lo largo del año 2021. Con esto, sería también excesivo exigir a los ciudadanos en general no sólo la obligación de estar al tanto de la difusión de los datos objetivos necesarios para el posible ejercicio de una acción de daños, aun a falta de publicaciones en diarios oficiales, sino exigírselo incluso aunque la resolución de la que esos datos podían resultar no es firme y podría estar sujeta a la posibilidad de ser anulada, en todo o en parte, o modificada en sus contenidos esenciales, por una Sentencia.

No obstante, es preciso admitir que hay otro principio de general aplicación, tanto en el Derecho español como en el europeo, como es el de seguridad jurídica, lo que hace necesario establecer cuál sería el hecho o circunstancia que determinaría el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de daños que pueden ejercitar los que se consideren perjudicados por los hechos sancionados por la CNMC. Se trata de un hito que no es fácil de fijar, puesto que, al igual que las resoluciones de la CNMC, las Sentencias que resuelven los recursos intentados contra la misma tampoco son objeto de publicación en diarios oficiales.

La reciente Sentencia dictada por el TJUE en fecha 4 de septiembre de 2025 en el asunto C-21/24 «NISSAN», sobre el momento que ha de tenerse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo de prescripción, señaló lo siguiente:

"67. En estas circunstancias, procede considerar que, en la medida en que el juez que conoce de una acción por daños solo está vinculado por la declaración de la existencia de la infracción de que se trate cuando la resolución de la autoridad nacional de competencia sea firme, no puede estimarse razonablemente que la persona perjudicada haya tenido conocimiento de la información indispensable para ejercitar la acción por daños sobre la base de dicha resolución y, por tanto, el plazo de prescripción no puede empezar a correr antes de que dicha resolución haya adquirido firmeza.68. Se debe precisar que, en el presente asunto, esta interpretación no queda desvirtuada ni por las modalidades de suspensión o de interrupción del plazo de prescripción ni por las relativas a la suspensión del procedimiento ante el juez que conoce de una acción por daños, tal como constan en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia."

"74. Precisado lo anterior, se ha de señalar que el requisito relativo al conocimiento de la información indispensable para el ejercicio de una acción por daños a raíz de una resolución de una autoridad nacional de competencia no solo exige que dicha resolución adquiera firmeza, sino también que esa información indispensable que resulte de la resolución firme se haya hecho pública de manera adecuada.

75. A este respecto, para que pueda considerarse razonablemente que la persona perjudicada dispone de la información indispensable para el ejercicio de la acción por daños a partir de la fecha de publicación de una sentencia mediante la que se haya conferido firmeza a la resolución de la autoridad nacional de competencia de que se trate, es preciso que dicha sentencia sea publicada oficialmente, que sea de libre acceso para el público en general y que la fecha de su publicación figure de manera clara en ella."

En atención a lo expuesto, habrá de estarse al momento de la firmeza de la resolución de la CNMC adoptada el 23 de julio de 2015, que se publicó en el sitio de Internet de dicha autoridad el 15 de septiembre de 2015, para que el plazo de prescripción de la acción pueda empezar a correr.

Lo anterior lleva consigo la necesidad de resolver cuál es el momento exacto en el que se considera que la resolución de la CNMC devino firme. En este sentido, estableció la Audiencia Provincial de Ourense, Sección 1ª, Sentencia 308/2025 de 25 abril 2025 que "La firmeza de la resolución de la CNMC de 23 de julio de 2015 es necesaria para que el perjudicado pueda beneficiarse de la irrefutabilidad de la constatación de la infracción y para poderse aprovechar de la presunción iuris tantum de la existencia de una infracción del derecho de la competencia.Sin olvidar que la responsabilidad de todas las marcas participantes en el cártel es solidaria, por lo que la interrupción de la prescripción por cualquiera de ellas beneficia o perjudica a todas ellas. Por todo lo expuesto el dies a quo para la demandada (AUDI) es la fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo resolviendo el recurso (20 de abril de 2021 ), por cuanto tampoco podemos olvidar que la Resolución dictada es de 6 años antes".Añadiendo la referida Sentencia que "En el caso de autos, toda vez que ninguna de las marcas del grupo Volkswagen recurrieron la resolución de la CNMC, siendo eximidas del pago de la multa que les correspondía en aplicación del artículo 65 de la LDC , la resolución no adquirió firmeza frente a ellos hasta la última sentencia del Tribunal Supremo que resolvió los recursos interpuestos contra las sentencias de la Audiencia Nacional, por cuánto aun cuando ellos no hubieran interpuesto dichos recursos, lo cierto es que dichas resoluciones podrían haber estimado los recursos de casación y anular las sentencias de la Audiencia Nacional.Todos los recursos que se interpusieron por las marcas contra la resolución de la CNMC afectaban a los hechos que la resolución de 23 de julio de 2015 consideraba acreditados, las marcas en su recurso cuestionaban no solo su participación en el cartel sino la propia existencia del cártel, de tal forma la estimación del recurso de casación interpuesto por cualquiera de esas marcas hubiera o podría haber dado lugar a que la conducta descrita no se considerará cártel (independientemente de que en el caso de Audi no se hubiera presentado recurso, por cuanto se hubiera visto beneficiado por la resolución que se dictara). De tal forma, si no existía la certeza de que se tratara o no de un cártel, o si no existía la certeza de que la conducta suponía o no una infracción o si la misma había afectado o no al mercado, es evidente que ninguno de los perjudicados habría podido ejecutar la acción follow on (incluido los compradores del vehículo Audi)."

Por ello, habrá de considerarse, que el momento a tener en cuenta será el de la firmeza de la sanción impuesta por la CNMC para todos los infractores, lo que vendrá determinado por el dictado de la sentencia judicial firme dictada para cada infractor por el TS resolviendo los recursos de casación sobre la materia, salvo para aquellas entidades que no recurrieron la decisión de la CNMC, respecto de las cuales, tal como señaló la AP de Ourense, habrá de estarse al dictado de la última de las sentencias del TS para que la decisión no recurrida, en esos casos, pueda entenderse firme.

Determinado el dies a quo, es preciso determinar cuál es la normativa aplicable para saber el plazo prescriptivo o bien el plazo de 1 año previsto en el artículo 1968.2 del Código Civil o bien el plazo de 5 años resultante de la transposición de la directiva europea y recogida ahora en el artículo 74.1 de la LDC.

Tal como señaló la referida Sentencia de la Audiencia provincial de Ourense "Conforme a la ya mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de julio de 2022, las disposiciones de la Directiva sobre prescripción de la acción de reclamación de daños son de carácter sustantivo, determinando que cuando el plazo de prescripción de la acción fijado por la normativa nacional anterior a la transposición de la directiva 2014/104 no se había agotado antes de la llegada de la fecha límite para dicha transposición(que era el 27 de diciembre de 2016) resulta ya de aplicación el nuevo plazo: "(48)toda vez que consta en el caso de autos que la Directiva 2014/104 fue traspuesta al ordenamiento jurídico español 5 meses después de que expirara el plazo de trasposición previsto en su artículo 21, ya que el Real Decreto-Ley 9/2017 , qué traspone esta Directiva, entró en vigor el 27 de mayo de 2017, ha de verificarse, para determinar la aplicabilidad temporal del artículo 10 de dicha Directiva, si la situación de qué se trata en el litigio principal se había consolidado antes de que expirara el plazo de trasposición de la misma Directiva o si continuaba surtiendo sus efectos tras la expiración de este plazo.(49) A tal efecto, habida cuenta de las particularidades de las normas de la prescripción, de su naturaleza y de su mecanismo de funcionamiento, en particular en el contexto de una acción por daños ejercitada a raíz de una resolución firme por la que se declara la existencia de una infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia, procede examinar sí, en la fecha de expiración del plazo de trasposición de la Directiva 2014/104 , a saber, el 27 de diciembre de 2016, se había agotado el plazo de prescripción aplicable a la situación de que se trata en el litigio principal, lo que implica determinar el momento en el que comenzó a correr ese plazo de prescripción".

De tal forma que para determinar si el plazo de prescripción aplicable a la acción de daños ejercitada es el general del artículo 1968.2 del Código Civil o el específico y más moderno del artículo 74.1 de la LDC debe determinarse con anterioridad en qué momento se situó en el dies a quoque implica el inicio de la prescripción. Nuevamente, la sentencia de 22 de julio de 2022 es la que fija doctrina en una materia directamente relacionada con el asunto aquí expuesto (el denominado "cártel del camión" en el que la infracción del derecho de la competencia finalizó en enero de 2011 y las acciones de daños también fueron ejercitadas después de la expiración del plazo de trasposición de la Directiva 2014/104 ). De la literalidad del fallo cabe interpretar que la directiva es aplicable a una acción ejercitada con posterioridad a la entrada en vigor del Real decreto ley de 27 de mayo de 2017. Se trata por lo tanto de la aplicación de la nueva norma una situación jurídica no consolidada, que nació bajo una norma anterior pero que en el momento de entrada en vigor de la norma de transposición aún no había finalizado. En el supuesto de autos el plazo de prescripción no comienza a correr hasta después de la publicación de la norma española de trasposición por lo cual esta última sería aplicable.

En conclusión, debe estarse al plazo de prescripción de 5 años del artículo 74.1 de la LDC , y por lo tanto la acción aquí ejercitada no puede considerarse prescrita."

A su vez, la citada STJUE de 4 de septiembre de 2025, asunto "Nissan", señaló que "76. En el presente asunto , CP ejercitó la acción por daños en marzo de 2023 a raíz de una resolución de la CNMC adoptada el 23 de julio de 2015, que se publicó en el sitio de Internet de dicha autoridad el 15 de septiembre de 2015 y que adquirió firmeza por lo que respecta a Nissan mediante una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2021.

77. Por otro lado, del auto de remisión se desprende que el sitio de Internet en el que se publican las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles es el del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) del Consejo General del Poder Judicial, que constituye, en esencia, una base de datos de jurisprudencia de libre acceso para el público en general.

78. En consecuencia, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, puede considerarse razonablemente que, en la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo por la que adquirió firmeza la resolución de la CNMC en 2021 , CP tuvo conocimiento de toda la información necesaria para ejercitar la acción por daños.

79. Por tanto, como resulta de los apartados 76 a 78 de la presente sentencia, en la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2014/104 , a saber, el 27 de diciembre de 2016, no solo no había expirado el plazo de prescripción, sino que ni siquiera había comenzado a correr.

80. Así pues, la situación controvertida en el litigio principal no se había consolidado antes de que expirara el plazo de transposición de dicha Directiva, de modo que, en el presente asunto, su artículo 10 es aplicable ratione temporis y la acción por daños de CP no parece haber prescrito."

Teniendo en cuenta el caso concreto, se trataría de un plazo de prescripción no agotado antes de la expiración del límite temporal para la trasposición de la Directiva 2014/104, el 27 de diciembre de 2016, con lo que, de acuerdo con la doctrina de la STJUE de 22 de junio de 2022, asunto C-267/20, resulta aplicable el plazo de prescripción fijado en la norma de trasposición, es decir, el de 5 años previsto por el art. 74.1 de la LDC.

En conclusión, no hemos de estar en este litigio al plazo de prescripción de un año del art. 1968.2 del CC, sino al de 5 años del art. 74.1 de la LDC; por lo que la acción aquí ejercitada no puede ser considerada prescrita.

En virtud de todo lo expuesto, se desestima la excepción planteada.

- EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA.

La parte demandada señalaba que, al haberse adquirido los vehículos en los años 2006, 2007, 2010, y 2013, los mismos se habían adquirido fuera del periodo en el que se intercambió la única información que habría permitido afectar a los precios, por lo que habrá de hacerse precisiones y consideraciones al respecto.

Sobre esta cuestión se pronunció en reiteradas ocasiones, entre otras, la Audiencia Provincial de Pontevedra en su sentencia de fecha 11 de enero de 2024, cuando señaló que "Obsérvese que, al abordar la caracterización del mercado (hecho II, apartado 2, págs. 19 y 20), la resolución describe el vínculo entre los tres ámbitos, y, especialmente, entre la venta de vehículos nuevos y el servicio postventa, en los siguientes términos:

"Las mercantiles incoadas recién citadas realizan la distribución mayorista (venta del producto al concesionario) de los automóviles de sus respectivas marcas, que serán distribuidos a nivel minorista (venta al cliente final) por su Red oficial de concesionarios mediante un esquema de distribución selectiva. Cada fabricante establece su red oficial de venta de vehículos, compuesta por la red principal de concesionarios exclusivos, a quienes confiere la responsabilidad directa de la venta y posventa bajo contrato. Las redes oficiales formadas por fabricantes, distribuidores, concesionarios, subconcesionarios y talleres autorizados constituyen el principal canal de ventas y reparación de los vehículos nuevos, así como de los recambios originales. Sólo el 20-25% de las piezas son fabricadas directamente por los fabricantes de automóviles, mientras que el 75-80% son compradas a proveedores independientes, actuando los fabricantes de vehículos como ensambladores y distribuidores de dichas piezas a los concesionarios. Actualmente el margen bruto sobre las piezas por parte del fabricante de vehículos es del 60-65%, por lo que constituyen una parte fundamental en la generación de valor para las Redes de concesionarios.

[...] La distribución de los automóviles, incluyendo la mayorista al concesionario y la minorista al cliente final, mediante los esquemas de distribución selectiva a través de las Redes oficiales de concesionarios, se plantea y planifica de un modo único incluyendo la venta de un vehículo y la prestación de un servicio de posventa de los mismos, pues las marcas a través de sus Redes oficiales de concesionarios venden a sus clientes una solución integral de movilidad duradera en el tiempo integrada por la venta de un producto (el vehículo) y la prestación de los servicios necesarios para su buen funcionamiento (servicios de posventa).

El cliente final de la venta de un vehículo nuevo o usado se fideliza gracias a las políticas comerciales de posventa. Las marcas son directas competidoras por ganar a los clientes finales de sus Redes de concesionarios, que no sólo adquirirán un automóvil de una marca, sino que recibirán servicios de posventa por los talleres pertenecientes a dicha Red, existiendo una integración estratégica total entre las actividades comerciales de venta y posventa."

Asimismo, al abordar los hechos acreditados comunes a las tres tipologías de foros de intercambio de información, se indica que estos intercambios de información confidencial, realizados bajo un criterio "quid pro quo", comprendían gran cantidad de datos, tales como (i) la rentabilidad y facturación de sus correspondientes Redes de concesionarios en total y desglosado por venta de automóviles (nuevos y usados) y actividades de posventa (taller y venta de recambios); (ii) los márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus Redes de concesionarios, con influencia en el precio final de venta fijado por éstos ; (iii) las estructuras, características y organización de sus Redes de concesionarios y datos sobre políticas de gestión de dichas Redes; (iv) las condiciones de sus políticas y estrategias comerciales actuales y futuras de marketing de posventa; (v) las campañas de marketing al cliente final; (vi) los programas de fidelización de sus clientes; y (vii) las políticas adoptadas en relación con el canal de venta externa y las mejores prácticas de la gestión de sus redes. Todo ello como parte de un acuerdo complejo, en el que se subsumen múltiples acuerdos de intercambio de información comercialmente sensible (hecho III, págs. 26 y 27).

En respuesta a las alegaciones de las marcas de que los foros de intercambio de información no presentaban un vínculo de complementariedad en el marco de un plan global encaminado a un objetivo único, y que el período afectado, el contenido de los intercambios, los métodos empleados y el objetivo de las intercambios no presentan suficiente grado de identidad para apreciar la existencia de una infracción única y continuada, como tampoco los efectos producidos y diferenciados para cada esquema de información, la resolución de la CNMC razona (FD 4.6, pág. 62):

"Esta Sala no puede compartir la alegación común a las marcas, y aprecia la existencia de una continuidad en la infracción, dado que de los hechos acreditados se desprende que existía un claro propósito inicial y renovado de intercambiar periódicamente información comercial sensible con el objeto de restringir y falsear la competencia en el mercado.

La Sala de Competencia entiende que el hecho de que los intercambios de información se hubieran realizado en el marco de foros distintos (Club de Marcas, Foro de Directores de Posventa y Jornadas de Constructores) no impide apreciar la unidad de la infracción, puesto que ha quedado acreditado que tales intercambios de información estratégica relativos a cifras, márgenes y resultados de las redes de concesionarios de las marcas y actividades de posventa, se realizaron en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, utilizando con la misma finalidad infractora similares métodos, constituyendo una vulneración de los artículos 1 de la LDC y 101 del TFUE .

[...] Un examen global del conjunto de los hechos acreditados pone de manifiesto claramente que los intercambios de información se realizaron no como conductas autónomas sino de forma conectada entre sí, en términos de objetivos, partícipes, métodos y operativa empleada, al objeto común de eliminar la incertidumbre con respecto a resultados, actuaciones y estrategia de la política comercial y de posventa de las marcas participantes en el cártel.

Ha quedado también acreditado que los intercambios de información entre los directivos de marketing de posventa eran conocidos por el resto de directivos de las empresas partícipes del Club de marcas. Asimismo, constan referencias a ambas consultoras, URBAN y SNAP-ON en el contexto de reuniones del Club de marcas

Se debe concluir, por tanto, que ha quedado suficientemente acreditado el carácter único y continuado de la infracción constituida por el intercambio de información realizado a través de los tres esquemas de intercambio reseñados, cada uno de los cuales estaba destinado a hacer frente a una o varias consecuencias del juego normal de la competencia, y que contribuyeron, mediante una interacción, a la realización del conjunto de los efectos contrarios a la competencia buscados por las marcas partícipes, con la colaboración de las dos consultoras incoadas, en el marco de un plan global encaminado a un objetivo único."

En el presente caso, por lo tanto, y en aplicación del criterio expuesto, si bien es cierto que la resolución de la CNMC no impone la misma sanción a todos los participantes, sino que delimita su responsabilidad en función de diferentes criterios, entre los que se encuentra la duración de la participación en cada foro de intercambio, también lo es la existencia de permeabilidad o conexión entre los mismos y entre las empresas participantes, por lo que teniendo en cuenta la participación de la entidad demandada en el Club de marcas desde febrero de 2006 hasta julio de 2013, resulta procedente declarar su responsabilidad en la fecha en que se adquirieron los vehículos objeto de autos.

Por lo expuesto desestimo la excepción planteada.

QUINTO.- Supuesto de autos.

Teniendo en cuenta la complejidad de la materia a analizar, resulta necesario empezar el análisis señalando una breve relación de los hechos que dieron lugar a la sanción de la CNMC, para después pasar a analizar la normativa aplicable al caso, y, en consecuencia, examinar la concurrencia de los requisitos necesarios para derivar responsabilidad en la actuación de la parte demandada.

Empezando por el breve relato de hechos, ha de partirse de que en la Resolución de 23-7-2015, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 1 LDC la cual se refiere a una infracción única y continuada del artículo 1 LDC, se sancionaba a los destinatarios de la Decisión figurando entre los sancionados la entidad demandada, por su participación en, según página 25 de la Resolución:

1.- Intercambios de información comercialmente sensible sobre la estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus Redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013, fecha de la realización de las inspecciones citadas. En estos intercambios habrían participado 20 empresas distribuidoras de las marcas AUDI, BMW, CHEVROLET, CITROËN, FIAT- LANCIA-ALFA ROMEO, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, CHRYSLER-JEEP-DODGE, SAAB, SEAT, SKODA, TOYOTA y VW, con la colaboración de SNAP-ON desde noviembre de 2009.

2.- Intercambios de información comercialmente sensible, sobre sus servicios y actividades de posventa, así como respecto a sus actividades de marketing en España desde marzo de 2010 hasta, al menos, agosto de 2013. En tales intercambios de información habrían participado 17 empresas distribuidoras de marcas de automóviles, en concreto, las de las marcas AUDI, BMW, CHEVROLET, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW, LEXUS, MERCEDES, MITSUBISHI (esto es, B&M; en los elementos probatorios que constan en el expediente se identifica por la citada marca), PORSCHE y VOLVO, con la colaboración de URBAN desde 2010.

3.- Intercambios de información comercialmente sensible relativa a las condiciones de las políticas y estrategias comerciales actuales y futuras con respecto al marketing de posventa, campañas de marketing al cliente final, programas de fidelización de clientes, las políticas adoptadas en relación con el canal de Venta Externa y las Mejores Prácticas a adoptar por cada una de las citadas marcas, con ocasión de las denominadas "Jornadas de Constructores", en los que habrían participado 14 empresas distribuidoras de las marcas de automóviles que participaban en los anteriores intercambios de información, en concreto, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HYUNDAI, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VW, LEXUS, RENAULT, SAAB y VOLVO, desde abril de 2010 a marzo de 2011.

Estos intercambios de información confidencial comprendían, por tanto, gran cantidad de datos, tales como (i) la rentabilidad y facturación de sus correspondientes Redes de concesionarios en total y desglosado por venta de automóviles y actividades de posventa; (ii) los márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus Redes de concesionarios; (iii) las estructuras, características y organización de sus Redes de concesionarios y datos sobre políticas de gestión de dichas Redes; (iv) las condiciones de sus políticas y estrategias comerciales actuales y futuras de marketing de posventa; (v) las campañas de marketing al cliente final; (vi) los programas de fidelización de sus clientes.

Todo ello forma parte de un acuerdo complejo, en el que se subsumen múltiples acuerdos de intercambio de información comercialmente sensible, participando 14 del total de las marcas incoadas, en concreto, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HYUNDAI, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA y VW en los tres foros de intercambio; CHEVROLET, HONDA, KIA, LEXUS, RENAULT, SAAB y VOLVO en dos de ellos y MITSUBISHI, MERCEDES, CHRYSLER y PORSCHE, en uno de ellos.

Además, como se expone en la página 27 de la Resolución, los intercambios de información confidencial abarcaban datos relativos a rentabilidad, facturación de redes de concesionarios, márgenes comerciales, política de remuneración, estructura y organización de sus concesionarios, condiciones de estrategias comerciales, marketing al cliente final, fidelización, etc.

Dicha Resolución fue recurrida, dictándose sentencia por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2019 , desestimando el recurso contra la Resolución, imponiendo la multa de 4.415.116 euros, por apreciar la comisión de la infracción al considerar que intercambiaron información con otras empresas fabricantes e importadoras de vehículos de motor en España, información determinada en su fundamento de derecho 7 que viene a establecer que "que varias empresas, que representaban un alto porcentaje del mercado afectado (en torno al 91%) actuaron con un plan preconcebido, único y homogéneo, participando en intercambios de información, que además se mantuvieron, de forma periódica y durante un periodo prolongado de tiempo y que versaron sobre datos recientes y actualizados, con alto nivel de desagregación y homogeneización, entre otras muchas otras materias, referidos a estrategias de red y organización empresarial (folios 54 a 56 expediente administrativo),sobre las rentabilidades de las redes ( folios 1273 a 1279), reducción de costes y de stocks de vehículo nuevo y usado (informe interno reunión de 14 de octubre de 2008, folios 47 a 51), sobre descuentos y sobre precio franco fábrica que aplica cada marca en factura a sus concesionarios y rápeles ( correo de Honda de 19 de septiembre de 2011- folios 1104 y 1105-), y sobre el sistema de retribución de los concesionarios y en concreto sobre el peso, en términos porcentuales asignado a la retribución fija y variable a los concesionarios (cuantitativa en términos absolutos y relativos, cualitativa, así como otros aspectos como el Rápel Almacén ola prima calidad de taller);sobre el sistema de bonus, la financiación de las campañas, sobre los sistemas de verificación de objetivos, sobre financiaron de los vehículos adquiridos por los concesionarios, elaborándose para ello un fichero Excel denominado "Comparativa Sistema de Remuneración", en el que se incluía un casillero a rellenar por cada una de las Marcas (folio 8373 y 620 a 626 y folios 5.442 a 1564 y 12.209 del expediente administrativo). En abril de 2012 las marcas intercambiaron las cifras de los márgenes comerciales que imputan a sus redes comerciales. (folio 10.029 y reunión de 19 de abril de 2012- folios 2237 a 2340 y 10.270y 15.232-15233), véase también folios 14.443 a 15464 y correo de 12 de septiembre de 2012 remitido sobre remuneración en VN de la R2, folio 15.479 y folio 15.313 expediente administrativo).

Constan también acreditados intercambios de información sobre las exigencias de capital social y circulante mínimos exigidos para los nuevos contratos firmados por las marcas y sus concesionarios (folios 8742 a8744 del expediente), sobre rápeles cuantitativos de postventa (folios 1471 a 1478 y folio 1104 en el que se indica: "... nosotros en Honda hacemos un descuento en factura del 11% y luego el dealer puede conseguir 2,5%en rápeles al trimestre); sobre ofertas comerciales, desglosadas por modelos y descuentos ( folio 15435) ,sobre intereses de financiación de stocks (folio 12.209), sobre facturación de accesorios (folio 8719) y sobre campañas de chapa y mecánica con detalle de precios venta al público de parachoques, parabrisas y faros y descuentos en motores de arranque, turbo y alternador, desagregado por modelos (folios 1647 a 1657).

También han quedado acreditados intercambios sobre acciones para mejora de la rentabilidad y la tesorería (folios 597y 598), sobre facturación de postventa de recambios, de talleres, de talleres mecánicos, de chapa y pintura, de recambios externos y sobre número de concesionarios (correo electrónico de VW a destinatarios ocultos de 8 de mayo de 2012 adjuntando cuadro comparativo de facturación de postventa de 2011 a febrero de 2012)y folios 1647 y siguientes del expediente administrativo)".

Esta resolución fue recurrida, dictándose finalmente STS de fecha 17-5-2021 que desestima el recurso del recurrente, analizando en su fundamento cuarto la base del recurso de casación, consistente en "La controversia casacional se centra en determinar si el intercambio de determinada información entre empresas fabricantes y distribuidoras de automóviles constituye una restricción por objeto, como entendió la resolución administrativa sancionadora, o si, como defienden las recurrentes, en atención a la naturaleza dela información intercambiada, que, en su alegato, no versaba sobre precios, no existen elementos suficientes para poder apreciar la existencia de una infracción por objeto, por tratarse de una conducta legítima, en tanto que justificada por las circunstancias concurrentes en el momento en el que se llevó a cabo y por la ausencia de un análisis riguroso por parte de la CNMC de los diferentes aspectos apuntados en la STJUE reseñada", y apoya lo determinado por la Sala de Competencia estableciendo que "Si bien es habitual que las partes de un acuerdo de intercambio de información estratégica y sensible se conduzcan con discreción, esta Sala de Competencia entiende que el presente expediente reúne elementos probatorios e indiciarios suficientes de que, mediante una conducta coordinada entre empresas competidoras, se ha producido tal intercambio bajo unas exigencias de reciprocidad entre las empresas partícipes, con el objeto de sustituir conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas, disminuyendo la incertidumbre sobre elementos clave de sus políticas comerciales y con aptitud para determinar su comportamiento en el mercado".

Entre el 20 de abril y el 1 de diciembre de 2021, el Tribunal Supremo dictó 13 sentencias confirmando las multas impuestas por la CNMC a varias empresas que participaron en el cártel de los fabricantes de automóviles. En concreto, estos fallos desestimaron los recursos de casación presentados por las empresas sancionadas contra las sentencias anteriores de la Audiencia Nacional, que desestimaban sus recursos en esta instancia.

En cuanto a la normativa aplicable al caso concreto de autos, se ejercita en este procedimiento una acción de reclamación de cantidad como consecuencia del ejercicio de la acción de daños y perjuicios derivados de una decisión de la CNMC sobre práctica restrictiva de la competencia, acción de reclamación de daños derivada del que se viene denominando "cártel del coche", de las llamadas acciones follow on, la cual se fundamenta en la resolución de 23 de julio de 2015 de la CNMC, dictada en el asunto S/0482/13 Fabricantes de Automóviles.

En esta resolución fue sancionada la entidad demandada, entre otras entidades, por la realización de conductas cuyas consecuencias resume del siguiente modo en sus páginas 83 y 84: "Esta Sala considera que nos encontramos ante un intercambio información que encaja plenamente en las características de acuerdo colusorio restrictivo de la competencia descritas en las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal. Como consecuencia de la información intercambiada, los participantes conocían las principales cifras y resultados económicos obtenidos por sus competidores en los mercados de venta (nuevos y usados) y postventa (taller y venta de recambios), los beneficios por departamentos en importes totales y en porcentaje, las cifras de gastos (en porcentaje y en total), así como el beneficio neto antes de impuestos, (en porcentaje y en total) y los márgenes comerciales de la Red de concesionarios de las marcas participantes en el intercambio.

Es indudable, a raíz de cuanto se ha señalado, que el tipo de información aquí intercambiada debe ser considerada información estratégica de las empresas, por lo que su puesta en conocimiento al resto de competidores rompe con la lógica empresarial y quebranta las normas básicas del correcto funcionamiento competitivo del mercado.

De la documentación obrante en el expediente del que trae causa la presente resolución, se concluye que las partes llevaron a cabo las conductas descritas, siendo prueba inequívoca de ello el contenido de los correos electrónicos obtenidos en las inspecciones, las anotaciones manuscritas de las empresas, las reuniones entre competidores, la información proporcionada en las contestaciones a los requerimientos de información, la información proporcionada por el solicitante de clemencia y la acreditación de otro tipo de conductas llevadas a cabo por las empresas incoadas que suelen ser características de las conductas habituales constitutivas de un cártel, como es la ocultación deliberada de los acuerdos ilícitos.

Pese a que el intercambio de información sensible como la acreditada y en las circunstancias analizadas en este expediente constituye un supuesto de restricción de la competencia por su objeto y ello es por sí suficiente para apreciar el ilícito administrativo y determinar las responsabilidades correspondientes, también ha quedado probado que la conducta ha ocasionado efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado, al provocar una artificial disminución de la incertidumbre de las empresas en relación a la política comercial de sus competidoras y una correlativa disminución de la competencia durante los años en los que se produjeron los intercambios de información analizados (sic)".

La participación de las entidades sancionadas en la conducta infractora tuvo lugar entre febrero de 2006 y julio de 2013.

Esta resolución de la CNMC fue recurrida en vía judicial y fue confirmada por la Audiencia Nacional (SAN), Sala de lo Contencioso-Administrativo, y, en última instancia por el STS, Sala 3ª.

Por tanto estamos ante una acción ejercitada tras la entrada en vigor de la Directiva 2014/104, "relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea", y también tras la trasposición de dicha Directiva al derecho interno español mediante la reforma operada en la LDC por el Real Decreto Ley 9/2017; pero se refiere esa acción a unos hechos que ocurrieron con anterioridad a tales novedades normativas. Ello plantea la duda acerca si es posible la aplicación al caso de estas nuevas normas y de los criterios orientadores que resultan de la Directiva.

El punto de partida viene determinado por el art. 22 de la Directiva 2014/104, que excluyó la aplicación retroactiva de las disposiciones sustantivas derivadas de ella, y excluyó también la aplicación del resto de disposiciones derivadas de ella (las de carácter procesal), a acciones ejercitadas antes del 26 de diciembre de 2014. Consecuentemente, la disposición transitoria 1ª del Real Decreto Ley 9/2017 vedó la posibilidad de aplicar retroactivamente las modificaciones introducidas en la LDC por su art. 3, que son las que se consideran de carácter sustantivo. De tal manera y en principio, habría que estar en este litigio únicamente al art. 1902 del CC, sobre responsabilidad extracontractual por daños, y a la jurisprudencia que ha ido modulando su interpretación, y no podrían ser aplicadas las nuevas normas de la LDC derivadas de la Directiva 2014/104.

En virtud de lo expuesto, la normativa aplicable al caso concreto será el art. 1902 del CC (responsabilidad extracontractual).

Por último, resta por analizar los requisitos de la acción ejercitada (infracción, daño cuantificable, y nexo causal).

En primer lugar, en relación con la existencia de la infracción, la infracción consistió en una infracción única y continuada del artículo 1 LDC, en base a la cual las entidades sancionadas intercambiaron información confidencial y, por tanto, gran cantidad de datos, tales como (i) la rentabilidad y facturación de sus correspondientes Redes de concesionarios en total y desglosado por venta de automóviles y actividades de posventa;(ii) los márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus Redes de concesionarios; (iii) las estructuras, características y organización de sus Redes de concesionarios y datos sobre políticas de gestión de dichas Redes; (iv) las condiciones de sus políticas y estrategias comerciales actuales y futuras de marketing de posventa; (v) las campañas de marketing al cliente final; (vi) los programas de fidelización de sus clientes.

Tal como señala la SJM nº 2 de Valencia de 1 de abril de 2019, en el llamado "Cartel de camiones", y que resulta totalmente aplicable al presente caso por la materia y normativa recogida, "no debemos olvidar que se ejercita una acción del Art. 1902 CC, que requiere la acreditación de una acción ilícita o negligente, unos daños efectivos y una relación de causalidad. De estos extremos, resulta claro para este Juzgador que se da la acción ilícita siendo el objeto de discusión el daño efectivo. Los daños, en abstracto se presumen, y la relación de causalidad entre acción y daños es obvia. Sin embargo, fuera de que se considere que hay daño en abstracto, a los efectos del Art. 1902 CC, se debe probar el daño efectivo, que es el que se traduce económicamente, y cuya cantidad que se reclama debe de ser probada (...)".

La STJUE de 14 de diciembre de 2000, asunto C-344/98, anterior en el tiempo a la Directiva 2014/104 y a sus normas de trasposición al ordenamiento jurídico español, por lo que puede ser tenida en cuenta en el caso que nos ocupa, independientemente de que la infracción del derecho de la competencia de que aquí se trata haya ocurrido antes o después de la existencia y vigencia de aquella legislación (Directiva y normas de trasposición), establece que las normas contenidas en los Tratados Comunitarios en materia de juego de la competencia en el mercado (hoy en día arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE), producen efectos directos en las relaciones entre particulares y crean directamente derechos en favor de los justiciables que los órganos jurisdiccionales nacionales deben tutelar (sic), y que todas las autoridades de los Estados miembros, incluidos los órganos jurisdiccionales, han de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Derecho comunitario y de abstenerse de las que puedan poner en peligro la realización de los objetivos del Tratado (sic). A consecuencia de ello, cuando la Comisión Europea haya adoptado alguna Decisión en materia de defensa de la competencia, los órganos jurisdiccionales nacionales están vinculados por los hechos en ella descritos; en concreto, señala la STJUE: cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncian sobre acuerdos o prácticas que ya han sido objeto de una Decisión de la Comisión, no pueden dictar resoluciones que sean incompatibles con dicha Decisión [...] (sic).

Como de la garantía y protección de derechos reconocidos en los Tratados Comunitarios se trata, el mismo efecto ha de ser predicado de las resoluciones que, sobre la defensa de la competencia en el mercado, hayan adoptado los organismos internos de los Estados, pues de lo contrario tales derechos podrían resultar burlados. Esto mismo lo reconoce actualmente el art. 75.1 de la LDC el cual señala que la constatación de una infracción del derecho de la competencia por una autoridad de la competencia española o de un órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional español (sic).

La resolución de la CNMC señaló que esa infracción tuvo influencia en el precio de venta de automóviles a los compradores finales, al contrario de lo que sostenía la parte demandada. Así, dice la CNMC en la página 25 de su resolución que entre los partícipes en el cártel se produjeron intercambios de información comercialmente sensible, entre otros extremos, sobre la remuneración y márgenes comerciales a sus Redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles (sic). Además, en la página 27 insiste la CNMC en que la información confidencial intercambiada por los infractores comprendía gran cantidad de datos, entre los que destaca los relativos a los márgenes comerciales y política de remuneración ofrecida por las marcas a sus Redes de concesionarios, con influencia en el precio final de venta fijado por éstos; ello incluía, el peso, en términos porcentuales, asignado a retribución fija y variable a los concesionarios, conceptos incluidos en cada una de las tipologías de retribución, sistema de bonus, financiación de campañas, sistemas de verificación de objetivos y financiación de los vehículos adquiridos por los concesionarios (sic). Es decir, confirma la CNMC que parte de los datos confidenciales intercambiados influyó en la fijación del precio final de venta de los vehículos por parte de los concesionarios, que son quienes los introducen en el mercado minorista.

Pero, es más, las STS que desestimaron definitivamente el recurso intentado por los fabricantes sancionados, confirmó que las prácticas anticompetitivas sancionadas afectaron a los precios de venta de automóviles a los compradores finales. Señalando que gran parte de la información compartida entre las empresas del automóvil se referían a la remuneración y márgenes comerciales de las redes de concesionarios que incorporaba datos relativos a elementos y variables de los precios con influencia en el precio final de venta. No debe olvidarse que la información no pública referida a los márgenes comerciales con los que se opera sirve para conformar el precio final. Así, el incentivo ligado a la retribución variable (cumplimiento de objetivos, rappel de regularidad etc...) integra el precio y se presenta como el elemento competitivo principal entre los concesionarios de automóviles. De modo que el intercambio de información sobre dichos márgenes permite conocer a las empresas el precio final que se puede fijar y los márgenes de maniobra existentes, disminuyendo la competencia en el mercado (sic).

Estableció el TS, en sus sentencias dictadas al efecto, que se trataba de un acuerdo entre competidores, que por la propia lógica de su carácter fraudulento para otros competidores, los consumidores y para el interés general, se hacía con ocultación y que tenía por finalidad afectar al mercado de cualquiera de las formas posibles, pero siempre buscando el beneficio de los cartelistas y en detrimento del interés general (sic). Es decir, cualquier influencia de la infracción en el mercado de automóviles tuvo que serlo en beneficio de los infractores y en perjuicio de los intereses de los que acudían a ese mercado, esto es, los compradores.

A todo lo anterior se une otro hecho especialmente relevante, constatado por la CNMC, y es que los infractores que participaron en el cártel sancionado copaban prácticamente el 100% del mercado de automóviles en España (página 24 de la resolución). De esta manera, es impensable que otros fabricantes de automóviles no implicados en el cártel pudiesen tener influencia suficiente en ese mercado, como para impedir la repercusión de las prácticas infractoras en los precios finales de venta.

Con todo ello, podemos concluir que las conductas infractoras de la competencia influyeron en el precio final de venta de automóviles, y que esa influencia benefició a los infractores, y perjudicó a los compradores de automóviles, perjuicio que, en estas circunstancias, se tuvo que traducir necesariamente en el pago de un precio superior al que correspondería en caso de no existir la infracción.

Por tanto, en virtud de todo lo expuesto, concurre el primero de los requisitos del art. 1902 del CC (infracción), necesario para poder continuar con el análisis del resto de los presupuestos generadores de responsabilidad extracontractual.

El segundo y tercero de los presupuestos a analizar serán el daño y nexo causal. La parte actora deberá acreditar y probar la concurrencia de ambos requisitos, siendo ello un presupuesto necesario para el éxito de la acción por la parte actora.

La SAP de Barcelona Secc 15ª 64/2020 de 13 de Enero explicó, en un caso similar al presente, donde no era aplicable la Directiva de Daños, que "La sentencia recurrida señala que la jurisprudencia ha venido considerando que, como regla general, corresponde al actor la carga de acreditar, de manera real y efectiva, el daño que reclama. Sin embargo, como excepción, la jurisprudencia también estima correcta la presunción de la existencia del daño cuando se imputa al demandado la comisión de un ilícito del que, necesaria y normalmente, se desprenderán daños efectivos. Es la doctrina de los daños ex re ipsa que ha sido reconocida como vigente, según la resolución apelada, en todos los ámbitos de la responsabilidad extracontractual. Cita en apoyo de esa tesis la doctrina establecida por la STS 651/2013, de 7 de noviembre (cártel del azúcar)".

Aunque algún sector doctrinal pueda llegar a considerar la aplicación automática del daño en las acciones privadas de defensa de la competencia, ésta no es la posición ni determinada en el régimen previo a la Directiva, ni tras la Directiva. De hecho, en la propia Directiva, y tras ello, en la reforma de modificación de la LDC, se determina una presunción de daño, iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Por tanto, incluso en el régimen actual se presume iuris tantum, pero admite prueba en contrario, no aplicándose automáticamente dicha acreditación del daño. Por todo lo anteriormente expuesto, deberá de acreditarse por el demandante que se ha producido dicho daño en el cartel correspondiente y la relación de causalidad entre la acción y el daño.

Hay que tener en cuenta que en el cartel que nos ocupa se estableció una conducta consistente en fijación de criterios de gestión en redes de concesionarios, y en el intercambio de información de gestión empresarial en la venta y postventa de automóviles, siendo por ello en principio los principales afectados dichos concesionarios, y siendo un daño indirecto el causado a los reclamantes, debiendo quedar debidamente acreditada la relación de causalidad y el daño producido a éstos.

En este caso de cartel de coches, debemos de acudir a los indicios que conllevan a acreditar la existencia de daño, puesto que existen múltiples indicios, claros y manifiestos, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, como son la existencia de un cartel de tal envergadura de 2006 a 2013 (7 años), la entidad de las personas jurídicas afectadas, la pluralidad de entidades afectadas, el importe de los precios de los productos sobre los que se realizaba el cartel, la cuantía de las multas establecidas, y la información de la CNMC, que en todo caso refiere un cartel, como se expone en la página 27 de la Resolución, consistente en que los intercambios de información confidencial abarcaban datos relativos a rentabilidad, facturación de redes de concesionarios, márgenes comerciales, política de remuneración, estructura y organización de sus concesionarios, condiciones de estrategias comerciales, marketing al cliente final, fidelización, etc.

En concreto, según la página 70 de la Resolución, se determina que esta conducta consistente en intercambios de información es concretamente apta, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe, para restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado de la distribución mayorista de automóviles; siendo este mercado mayorista el principalmente afectado, en todo caso dichos acuerdos disminuyeron la rivalidad entre las empresas partícipes en dichos intercambios, y se concretaron asimismo en el mercado de distribución minorista vinculado, operado por los concesionarios (página 73), afectando por ello a los consumidores y usuarios adquirentes finales.

Así, en la página 93 de la Resolución se determina en cuanto al alcance, que "Teniendo en cuenta las conductas colusorias analizadas en este expediente, el mercado geográfico se extiende, respecto a las prácticas realizadas en relación con las marcas incoadas, a todo el ámbito nacional, lo que debe tomarse en consideración a la hora de valorar los efectos de la práctica sobre otros operadores económicos (operadores presentes en la distribución minorista, talleres oficiales o independientes) y, especialmente, sobre los consumidores y usuarios perjudicados por las conductas realizadas". Esta fijación del alcance es la que determina el daño y la relación de causalidad, que, aunque no de manera directa, sí se establece claramente de manera indirecta en relación con la compra de vehículos por los consumidores y usuarios y adquirentes finales.

En la página 92 de la Resolución se determina que "En este sentido, la conducta no se ha materializado en una fijación explícita de precios o cantidades por parte de los partícipes si bien no cabe duda de que constituye un intercambio de información periódica, detallada, sensible y estratégica, con identificación de las marcas, sobre márgenes comerciales y políticas de retribución de las redes de concesionarios para eliminar incertidumbres sobre la evolución del mercado y asegurar su estabilidad, lo que se traduce en una significativa restricción de la competencia en la fijación de los precios finales y en la determinación de las condiciones comerciales de los automóviles distribuidos por las respectivas redes de concesionarios, así como de los servicios posventa prestados en ellos".

La demandada alegaba que no se acreditaba dicho daño sobre la parte demandante, ya que dicha conducta no afectaba realmente al precio siendo intercambio de información que no afectaba a éste, pero dicha alegación genérica decae por su propio peso, por cuanto dicha alegación se contrarresta con lo determinado por la Resolución de la CNMC y las sentencias de la AN y TS, en relación con lo determinado por la propia Resolución que determina que aunque sea una infracción por objeto, los participantes conocían las principales cifras y resultados económicos obtenidos por sus competidores en los mercados de venta (nuevos y usados) y postventa (taller y venta de recambios), los beneficios por departamentos en importes totales y en porcentaje, las cifras de gastos (en porcentaje y en total), así como el beneficio neto antes de impuestos, (en porcentaje y en total) y los márgenes comerciales de la Red de concesionarios de las marcas participantes en el intercambio.

Como se determina en la página 72 de la Resolución, se considera acreditado que los intercambios de información objeto del presente expediente, por su propia naturaleza y a la vista de las circunstancias en las que se produjeron, reducen o incluso eliminan la incertidumbre sobre variables estratégicas y generan e incrementan la probabilidad de que las empresas partícipes alineen sus estrategias comerciales, en lugar de competir en el mercado; así, dichos intercambios conllevaron una restricción de la competencia en la fijación de los precios finales y en la determinación de las condiciones comerciales de los automóviles distribuidos por las respectivas redes de concesionarios, así como de los servicios posventa prestados en ellos, y esto conlleva de manera clara a una afectación de los precios como estrategia comercial principal, quedando acreditado dicho daño en el precio final, y la relación de causalidad entre dicho cartel del Club de Marcas y el daño causado sobre los precios como dicha estrategia comercial principal.

Asimismo, la Resolución con mención de conclusiones del Abogado General de 11-12-2014 en C-286/13 y STJUE de 19-3-2015 que resuelve el mismo asunto, sostiene en este procedimiento que, conforme a la información disponible en el expediente, concluye la concurrencia de efectos contrarios a la competencia de la conducta infractora que, habiéndose producido en el mercado de distribución mayorista de vehículos por las principales marcas presentes en el mismo, disminuyeron la rivalidad entre las empresas partícipes en dichos intercambios, y se concretaron asimismo en el mercado de distribución minorista vinculado, operado por los concesionarios. Los intercambios producidos incluyeron la comunicación a las competidoras de los planes y acciones comerciales presentes y futuros de las marcas participantes respecto a la venta y posventa a través de sus redes de concesionarios y talleres oficiales, así como las políticas retributivas a dicha red de distribución, con efecto en la homogeneización y fijación de las condiciones y planes comerciales presentes y futuros de las marcas de automóviles imputadas. Los intercambios desvelaron información confidencial y estratégica sobre la organización de las respectivas redes comerciales de las marcas, datos fundamentales para diferenciarse de sus competidores y rivalizar efectivamente en el mercado de distribución, con el consiguiente perjuicio para la competencia.

Por tanto, con base en la Resolución de la CNMC y a las ST AN y STS, y el tiempo (7 años), los sancionados en cuanto al cartel consistente en estrategia de distribución comercial, los resultados de las marcas, la remuneración y márgenes comerciales a sus Redes de concesionarios con efecto en la fijación de los precios de venta de los automóviles, así como en la homogeneización de las condiciones y planes comerciales futuros de venta y posventa de los automóviles en España desde, al menos, 2004, hasta julio de 2013, ("Club de Marcas"), la importancia de las multas por su cuantía, la pluralidad de afectados derivado de las múltiples ventas de dichos vehículos en España y el efecto producido consistente en fijar condiciones y planes de las marcas, homogeneizándolos, en relación, como no puede ser de otra manera, con carácter principal sobre los precios, al margen de cualquier variable sobre los mismos, sin acreditarse de ninguna manera salvo alegación genérica de la demandada, considerando además que la parte demandada ostenta una disponibilidad probatoria conforme 217 LEC (que no utiliza debidamente al realizar una pericial que sustenta en primer lugar que no hay acción, que no hay daño y que en su caso la cuantificación es 0 o muy cercano al 0) con una serie de datos arbitrarios, sin ser claros y precisos, se considera probado el daño causado por dicho cartel demandado y la relación de causalidad entre la acción y el daño.

Todos los indicios anteriormente mencionados quedan refrendados con la conclusión obvia consistente en que es difícil creer que un cartel de tal envergadura como el sancionado que afecta al Club de Marcas, consistente en un intercambio de información sobre los precios (plan comercial actual y futuro sobre las ventas) por medio de dichas conductas (antijurídicas según se determina por el propio TS), junto con otros dos carteles sancionados relativos a la postventa y al marketing, y junto con otras Resoluciones de la CNMC coetáneas a ésta en relación con el cartel de concesionarios, no incida en los precios de una manera clara y manifiesta. En este sentido, las exposiciones previstas en la Guía Práctica de la Comisión establecen que la realización de un cartel por los autores conlleva una exposición y un riesgo de sanción que supone por tanto que mediante dicha infracción se procedería a obtener sustanciales beneficios. Esta evidencia empírica ha sido desarrollada también jurisprudencialmente tanto en la STS Alemán de 23-9-2020, como en la reciente sentencia del cartel de los sobres de 3-2-2020 de la Sección 28 de Madrid.

De este modo, resultó acreditado la existencia del daño y el nexo causal, que, junto con el elemento también acreditado de la acción o infracción, conforman la responsabilidad extracontractual objeto de autos, sin perjuicio de que ello por sí solo no dará lugar a indemnización alguna si no se logra efectuar una suficiente cuantificación del daño, pues no puede confundirse la existencia del daño con su cuantificación, tal como expuso la AP de Pontevedra en su sentencia de fecha 17 de enero de 2024.

SEXTO.- Cuantificación del daño.

Una vez determinada la existencia de dicho daño, y relación de causalidad (la acción en sí misma queda acreditada por la Resolución de la CNMC), resulta necesario proceder a la cuantificación del daño.

Tal como viene recogiendo nuestra jurisprudencia, las dificultades probatorias, inherentes a la materia, no pueden determinar que la demanda pueda resultar sin más desestimada cuando se haya constatado la efectiva existencia de daños y el problema estribe en su cuantificación. Por esa razón, en último extremo se habilita al órgano jurisdiccional para que lo cuantifique por estimación. En el bien entendido que esa previsión normativa no puede ser interpretada en términos que impliquen la supresión de toda exigencia de esfuerzo probatorio razonable a las partes. Pero lo que no es exigible es que el esfuerzo probatorio que se exija a las partes sea desmesurado. Si ese esfuerzo probatorio se ha hecho, aunque sus resultados puedan ser discutibles (o así se lo parezcan al órgano jurisdiccional), los problemas de cuantificación no se pueden trasladar a las reglas de la carga de la prueba para desestimar la demanda y está plenamente justificado que el órgano jurisdiccional fije la cuantía del daño por estimación.

El problema deriva de poder probar meras hipótesis, de manera que en sustancia se tratará de hacer un juicio de inferencia lógico que ponga en relación los hechos ilícitos que se imputan a la parte demandada y la situación ideal (e imaginaria) en la que se encontraría la parte actora de no haber existido ese hecho. Ese juicio de inferencia se apoyará en máximas de la experiencia humana adquirida, es decir, en reglas del conocimiento humano que permitan justificar adecuadamente ese juicio de inferencia.

Estableció la Audiencia Provincial de Pontevedra en su reciente Sentencia nº 18/2024, de fecha 17 de enero de 2024 que "Como señala el considerando 45 de la Directiva, la cuantificación del perjuicio en casos de infracción del Derecho de la competencia puede constituir un obstáculo significativo para el éxito de la acción de daños y, por tanto, para la eficacia del sistema, pudiéndose comprometer los principios de efectividad y equivalencia, tal como razona también el considerando 46, y reitera la Guía Práctica en su párrafo 2, con cita de las sentencias Manfredi y Courage. Precisamente el entendimiento de que el principio de efectividad, y la necesidad de incrementar la seguridad jurídica, se veían comprometidos en acciones de esta clase, es por lo que se estimó conveniente la difusión, con carácter indicativo, no vinculante, antes de la Directiva, de los principales métodos y técnicas para cuantificar el perjuicio, según expresa la Comunicación de la Comisión de 13.6.2013, así como de otros instrumentos de lo que comúnmente se considera soft law, (como el borrador de guía de cuantificación elaborado por la CNMC). No obstante, debe subrayarse que la cuantificación del daño es una tarea diferente a la determinación de la existencia misma del daño, y de la existencia de sobrecostes indemnizables.

Las dificultades en la cuantificación del daño en los ilícitos anticompetitivos también fueron subrayadas por el TS en la sentencia Azúcar II, (651/2013, de 7 de noviembre ), cuya interpretación las SSTS de 14 de junio de 2023 han clarificado definitivamente. La intrínseca dificultad de recrear escenarios hipotéticos justifica una mayor amplitud del arbitrio judicial en la cuantificación del concreto perjuicio, entendido en forma legítima como ejercicio de estimación; facultad judicial que ya estaba reconocida en el ordenamiento patrio, al amparo del art. 1902, antes de la Directiva de daños.

El TS exigió, en conocida expresión utilizada en la sentencia del cártel del azúcar, que el demandante debía recrear un escenario hipotético ofreciendo una hipótesis probable, técnicamente fundada, basada en datos razonables y no erróneos.Con carácter general, al actor que demanda una indemnización por haber sufrido un perjuicio, en el caso, en forma de sobreprecio, al adquirir el vehículo, le corresponde la prueba de cuantificar su importe, siquiera de forma aproximada, con el empleo de una opinión técnica basada en un método generalmente aceptado, que ofrezca un resultado plausible. En Derecho de la competencia esta afirmación general suele matizarse fundamentalmente con base en el carácter suasorio de las acciones de daños, en el marco general de la protección del bien superior que supone asegurar la libre competencia en el mercado, como objetivo de las políticas de la UE. Con todo, si la ausencia de cuantificación responde pura y simplemente a la inactividad de la parte actora, resulta procedente un pronunciamiento desestimatorio de la pretensión.Pero si el actor ha realizado un esfuerzo razonable de cuantificación, la desestimación de los criterios propuestos por la parte demandante no debe conducir inexorablemente a la íntegra desestimación de la demanda.

Si la demandante no atiende suficientemente la carga de probar el perjuicio, resulta legítimo en infracciones de esta clase, caracterizadas por la enorme dificultad probatoria y por la dificultad de acceso a las fuentes de prueba, que el tribunal identifique un método de valoración razonable, según un criterio jurisprudencial consolidado, de conformidad con la exigencia de los principios comunitarios de efectividad y equivalencia. La estimación judicial es un remedio subsidiario, que sólo se abre cuando resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil ofrecer una aproximación de parte.

El cártel de los fabricantes de automóviles presenta singularidades evidentes en relación con otros supuestos de conductas anticompetitivas de las que ha conocido la jurisdicción. Debe reconocerse que en la decisión sancionadora no se alude a una expresa colusión sobre precios, brutos o finales, aunque la prolijidad de los datos intercambiados entre los cartelistas tenía potencialidad para incidir en aspectos clave para la determinación de los precios, (páginas 25-26 de la decisión). Tampoco resulta irrelevante la indagación de si las tres conductas tipificadas en la decisión incidieron en la formación de los precios, de forma que éstos resultaran más altos que los que hubieran existido en situación de libre concurrencia, o que hubieran compensado descensos derivados de la situación de crisis que afectó al sector. La enorme dificultad en hallar una medida justificada sobre las variaciones de los precios en el caso no puede pesar exclusivamente sobre los demandantes, a quienes no resulta exigible que demuestren los beneficios que obtenía el cártel con sus intercambios de información, tanto más cuanto que se trata de consumidores en su mayoría personas físicas, que afrontan individualmente el litigio en una situación de asimetría de información difícilmente soslayable, incluso acudiendo a los nuevos medios preparatorios del proceso. El hecho de que en el caso se apunte a que el vehículo se destinaba a la actividad comercial de taxi no introduce ningún elemento nuevo que deje sin efecto dicha consideración. Otro elemento que puede resultar relevante, en una proporción que se desconoce, es la posible incidencia del cártel de los concesionarios, (resolución de la CNMC de 28 de mayo de 2015), que coincidió parcialmente en el tiempo, (con algunas variables según las marcas y las zonas geográficas afectadas), en la determinación del precio final al consumidor.

Por ello, la cuantificación pericial en estos casos resulta extraordinariamente difícil. No se está ante la dificultad natural de recrear un escenario sin infracción, sino ante la convicción de que en el cártel de los fabricantes de automóviles concurren circunstancias muy singulares, que dificultan alcanzar una "mejor estimación". En el caso del cartel de los fabricantes de automóviles la aportación de mejores estimaciones por los demandantes resulta todavía más compleja, dado que los perjudicados resultan ser habitualmente consumidores o, en todo caso, personas físicas, que accionan por los daños causados por la adquisición de un solo vehículo. La cuantía de los litigios puede convertir en desproporcionado el esfuerzo de dotarse de un dictamen completo y correctamente fundado, tanto en relación con el acceso a los datos, como en cuanto al empleo de métodos de valoración que exigen de conocimientos especializados, en poder de peritos especialmente cualificados cuyos servicios resultan inasequibles en términos relativos. La inexistencia de un sistema procesal de acciones colectivas eficaces constituye otra característica más de estos litigios, que hace entrar en juego consideraciones ligadas al principio comunitario de efectividad, aunque parcialmente pueda compensarse este efecto acudiendo a la acumulación objetiva y subjetiva de pretensiones. Como aprecia la SAP de Madrid, 32ª, de 21.7.2023 , la jurisprudencia del TS ha seguido también criterios de extrema flexibilidad para determinar el umbral del esfuerzo probatorio mínimo exigible al actor, (cfr. SSTS 924 , 925 , y 927/2023, de 12 de junio , y 940/2023, de 13 de junio ). La situación de asimetría informativa entre las partes permite también acudir al principio de facilidad probatoria, lo que traslada al demandado la carga de ofrecer un criterio alternativo de cuantificación que pueda resultar convincente.

Pero ello no puede llevar a la conclusión de que el demandante quede en todo caso exonerado de ofrecer un modelo de estimación del perjuicio.Si ello fuera así, el papel de la jurisdicción resultaría irrelevante, sustituible por cualquier instancia administrativa que automáticamente asignara una cifra de perjuicio a todos los demandantes, sin necesidad de ponderar circunstancia alguna. Un pronunciamiento de esta clase en sede judicial resultaría incompatible, tanto con los fines propios de la jurisdicción, como con el derecho de defensa de los demandados. Justificada la existencia del daño, representado por un perjuicio económico producido por el sobreprecio del producto adquirido, le es exigible al actor aportar un criterio de cuantificación apoyado en una opinión técnica que pueda estimarse mínimamente razonable. El criterio que persigue la regulación de las acciones de daños es el del pleno resarcimiento del perjudicado. La cuantificación de las indemnizaciones debe basarse en criterios empíricos, fundados sobre una base científica, con resultados posibles de contrastar.

La determinación de la indemnización se encuentra, además, limitada por la prohibición de que el perjudicado no obtenga una sobrecompensación que dé lugar a un enriquecimiento sin causa, y también se impone al acreedor un deber general de minorar el daño, consideraciones que están en la base de la admisión de la excepción de repercusión del perjuicio.

En términos procesales, las normas de distribución de la carga de la prueba, ( art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), matizan el rigor del principio dispositivo con la combinación del principio de facilidad probatoria, en un contexto natural de asimetría informativa entre la víctima y el infractor. Como venimos repitiendo, la cuantificación del perjuicio generalmente exigirá un costoso informe de carácter técnico-científico, sometido a rigurosas exigencias metodológicas, según explicita la Guía Práctica, cuya obtención por un particular, en un proceso aislado, por una reclamación relativamente pequeña, puede resultar antieconómica, pero ello no justifica omitir total y absolutamente todo esfuerzo probatorio. Sólo en el caso en el que este umbral del esfuerzo probatorio razonable se haya superado, resulta legítimo que el tribunal identifique un método de valoración razonable,en línea con la exigencia de los principios comunitarios de efectividad y equivalencia. La cita de la STS de 651/2013, de 7 de noviembre , en el apartado cuarto de su penúltimo fundamento jurídico resulta pertinente para apoyar esta afirmación. En suma, sólo si el demandante ha agotado los esfuerzos exigibles para su determinación, resulta legítimo que el tribunal proceda a la cuantificación del perjuicio mediante la fórmula de la valoración judicial".

En cuanto al papel de las periciales en este tipo de procesos, viene estableciendo nuestra doctrina jurisprudencial, que las periciales de las partes, a través de las cuales pretenden cuantificar el daño, no pueden cumplir una función que vaya más allá de suministrar al órgano jurisdiccional esas "máximas de la experiencia humana adquirida" a través de las cuales poder hacer lo más adecuadamente posible ese juicio de inferencia lógica a que nos hemos referido. Si embargo, no sustituyen el juicio del juez por el del perito, sino que su finalidad será la de conformar el criterio que se ha de formar el juez, y que constituirá en estos casos la esencia de su juicio. A ello se refiere la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando dispone que las periciales se valorarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica (artículo 348). La función del juez no consistirá, por tanto, en elegir qué pericial le ha parecido más convincente, en los casos en los que existan diversas y con conclusiones enfrentadas, sino en argumentar cómo las mismas han ayudado a conformar su propio criterio sobre la máxima de la experiencia que la pericial ha pretendido aportar al proceso. En virtud de ello, la valoración debe ser conjunta y tomando como referencia, más que el medio probatorio en sí mismo, el discurso argumental que el juez esté asumiendo como propio, esto es, el propio juicio de inferencia que al tribunal le parezca más lógico.

El art. 348 de la LEC dispone que "el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica". En los casos en que, como ahora, existen informes contrapuestos, las resoluciones de los tribunales han ido identificando los diversos aspectos que los jueces podrán considerar para conformar su decisión: la cualificación y especialización de cada perito, su objetividad, credibilidad y prestigio, las concretas operaciones periciales realizadas para la emisión del informe, la metodología seguida para su confección, la correlación entre lo que se debate en el proceso y se informa, las reacciones y aclaraciones vertidas en el acto del juicio a las preguntas formuladas y la fundamentación y coherencia del dictamen pericial.

Debe insistirse en que solo es posible estimar, no medir con certeza y precisión, cómo habría sido probablemente el hipotético escenario sin infracción. De ningún método puede decirse que en todos los casos sería más adecuado que otros. Cada uno de los métodos descritos tiene sus propias características, ventajas e inconvenientes, que pueden hacerlo más o menos adecuado para estimar el perjuicio sufrido en unas circunstancias concretas. En particular, se diferencian en el grado de sencillez de aplicación, en el grado en que se basan en datos que resultan de interacciones reales del mercado o en supuestos basados en teoría económica y en la medida en que tienen en cuenta otros factores distintos de la infracción que puedan haber afectado a la situación de las partes.

En el mismo sentido, la sentencia de la AP de Valencia de 23 de enero de 2020 estableció que "El informe pericial que tenga por objeto la cuantificación del perjuicio derivado de la infracción, en el escenario de dificultad probatoria apuntado, tiene que partir de una hipótesis razonable y técnicamente fundada en datos contrastables y no erróneos".

Nuestro Tribunal Supremo señaló la importancia de la cualificación del perito, su conocimiento del mercado afectado, el método elegido y la fundamentación de sus conclusiones. Sin perjuicio de los soportes necesarios para justificar su opinión técnica sobre lo controvertido, y de la complejidad inherente a las cuestiones examinadas, lo que debe aportarse al Tribunal son sus conocimientos aplicados al caso (derivados de sus máximas de experiencia) que permitan el resarcimiento del daño, de acuerdo con lo que constituye su función en el proceso judicial, esto es, aportar los conocimientos científicos, técnicos o prácticos que requiere el asunto sometido a la decisión de los jueces. Ello no implica una exigencia en términos de certeza cuando tal certeza no es posible, pero si una justificación completa y adecuada en términos de probabilidad.

Respecto del contrainforme aportado por el responsable del daño, no bastará que se limite a cuestionar la exactitud y precisión del informe que se rebate, sino que habrá de justificar una cuantificación alternativa mejor fundada. La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013, rechazó el contrainforme elaborado por la demandada en aquel proceso porque "parte de bases inaceptables, como son las de negar la actuación del cártel, negar las subidas concertadas de precios y negar por tanto la existencia de sobreprecio".

En el presente caso, el informe pericial de la parte actora elaborado por la economista Dª. Catalina, combinaba un método diacrónico comparativo (método antes-después) con un método auxiliar no comparativo (método de interpolación lineal), y en atención a ambos métodos, calculaba una media ponderada entre la media de los métodos comparativos y el perjuicio calculado con el método de interpolación lineal. Si bien la citada pericial efectuaba un análisis simple y limitado para calcular el sobrecoste que decía repercutido en el consumidor final (parte actora), al mismo se acompañaban los datos oficiales de las revistas especializadas en la materia sobre precios de venta de vehículos, analizando y confeccionando la perito su propia base de datos, para poder efectuar el cálculo correspondiente, sin poder ampliar el informe a otros datos mayores y variables que pudieron influir en los precios de los vehículos durante el periodo colusorio, al carecer de los mismos ante la falta de cooperación real de las entidades que participaron en el cartel, de ahí que quepa dar validez, aunque no plena, al citado informe, debiendo considerarse que la perito firmante efectuó un esfuerzo suficiente para analizar la existencia de sobrecoste en el presente caso, siendo válidas las explicaciones al efecto efectuadas por la perito en el acto del plenario, y con los datos de los que disponía.

Lo anterior no puede ser predicable del otro informe aportado por la parte actora, elaborado por la perito Sra. Soledad, la cual utilizaba el método de interpolación lineal llegando a la conclusión de que el sobrecoste aplicado al caso concreto había sido el seleccionado entre una horquilla del 10% y un 15%, sin que para llegar a dicho resultado hubiese analizados precios de transacción o datos públicos y privados. Dicha pericial de la parte demandante reproducía la decisión de la CNMC, teniendo en cuenta el periodo de duración del cartel para cada marca de vehículos y la participación en el cartel, y estableciendo una horquilla basada en datos o porcentajes obtenidos de otros informes que estudiaron o analizaron carteles anteriores, dedicándole, al cálculo del sobrecoste concreto, unas pocas páginas, carentes de datos relevantes y necesarios para poder convertir el método utilizado en un método apto para efectuar el cálculo de sobrecoste. No recreaba, la perito, una situación hipotética a través de un método estimativo para recrear el escenario contrafactual, ni utilizaba datos, ni públicos ni privados, sobre los que construir el modelo, ni tampoco efectuaba una comparación con otros mercados comparables.

En un supuesto similar, en el que el único informe aportado a autos por la parte actora fue semejante al referido en el presente caso, la AP de Pontevedra en su sentencia de fecha 17 de enero de 2024 señaló que "No se emplea, por tanto, ningún método de cuantificación del daño. Ni siquiera se acude a metaestudios sobre el funcionamiento de los cárteles, que justificaran un determinado porcentaje de sobreprecio, y que pudieran aceptarse en una "primera oleada" de litigación. No existe el menor intento de recrear una situación hipotética a través de un método estimativo para recrear el escenario contrafactual. No se describe el mercado afectado, (ni los factores determinantes de la demanda ni de la oferta), ni se hace referencia a otros mercados comparables, ni se hace esfuerzo alguno para seleccionar variables que puedan resultar significativas para formular una propuesta de regresión econométrica; resulta también significativo que no se aporte ningún dato, ni público ni privado, de partida sobre el que construir el modelo. Y tampoco se ofrece la más mínima justificación de por qué no se acude a los métodos desarrollados por la ciencia económica o por la práctica jurídica. Y sobre ello, como decimos, el dictamen parte de un dato erróneo, que vicia todo su contenido, pues la decisión no fija porcentaje de sobreprecio alguno.

En este estado de cosas, la Sala considera que el demandante no ha realizado esfuerzo alguno para cuantificar el daño, lo que le inhabilita para reclamar la activación de la estimación judicial".

Es por ello que en el presente caso, el esfuerzo probatorio y la decisión que se tome en el presente caso, lo será en virtud de la pericial confeccionada por la perito Sra. Catalina, pues a diferencia de resoluciones anteriores en donde no se estimaba suficiente el referido informe pericial, por basarse únicamente en una técnica de interpolación lineal, o, por utilizar un método comparativo sin aportar con el informe los datos que se habían tenido en cuenta a la hora de efectuar el cálculo o análisis del sobrecoste, ello sí se hizo en el presente caso, por lo que puede concluirse que la parte actora efectuó un esfuerzo probatorio suficiente que puede permitir, sin dar total validez a su informe, que se pueda llevar a cabo una estimación judicial del daño.

En cuanto al informe pericial de la parte demandada, elaborado por la entidad OXERA, el mismo utilizaba un método diacrónico temporal, señalando que de existir un sobrecoste el mismo sería estadísticamente insignificante.

El hecho de que el perito no acudiese al acto de la vista para ratificar su informe no impide que tal informe pueda ser calificado de informe pericial, pues no es necesario su ratificación para que surta dicho efecto, siendo posible que en los Juicios verbales ni siquiera se solicita la celebración de vista, lo cual no resta validez a los informes aportados, siempre, como se dirá a continuación, que reúnan los requisitos necesarios para ello. Cosa distinta es que su contenido no quede lo bastante explicado para contrarrestar la prueba desplegada por la parte contraria.

En el informe aportado a autos firmado por su autor, el perito juró/prometió "ante las leyes, que ha actuado y en su caso actuará con la mayor objetividad posible" en aplicación del artículo 335 LEC. De esta manera, la prueba podrá ser valorada no sólo como documental sino como pericial. Así se constató en STS de 11 de enero de 2012 cuando dispuso que "Una de las preocupaciones del legislador con respecto a la prueba pericial es la relativa al control de la imparcialidad del perito. Para ello, y junto a unos mecanismos que son propios de la pericial de parte -tacha del perito- y otros mecanismos que son propios de la pericial de designación judicial-abstención y recusación del perito- ha incluido un mecanismo común a toda pericial, cual es el juramento o promesa de decir verdad, que aparece recogido en el art. 335.2 LEC (LA LEY 58/2000) en los términos literales siguientes: "Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que puede favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumpliere su deber como perito".

Este juramento o promesa de decir verdad es un requisito formal que opera tanto sobre la dimensión objetiva de la pericia, referida a la aplicación de conocimientos o técnicas objetivas, cuanto sobre la dimensión subjetiva, referida a la opinión o criterio del propio perito ( SAP Álava, de 24 de julio de 2006). Además, se extiende al conocimiento de «las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito» ( art.335.2 LEC previniendo al perito frente a los delitos de falso testimonio ( arts. 459 y 460 CP de cohecho ( art.421 CP (LA LEY 3996/1995)) y negociaciones y actividades prohibidas a peritos ( art. 440 LEC) .

En la práctica forense este juramento se suele incluir en el encabezamiento del dictamen pericial, y es importante que sea así, pues es sabido que, con la LEC, tanto el dictamen emitido por perito designado a instancia de parte cuanto el dictamen emitido por perito de designación judicial no precisa de «ratificación» para desplegar eficacia probatoria.

En base a lo expuesto, el informe pericial de la parte demandada, si bien efectuaba una cuantificación alternativa del daño, sin embargo, partía de la premisa de inexistencia de sobrecoste, llegando a la conclusión de que en caso de existir el mismo, dicho sobrecoste sería insignificante. Dicha cuantificación efectuada por la parte demandada adolece de defectos que impiden que pueda servir de base para efectuar el cálculo del sobrecoste, pues su análisis se centraba en que las conductas colusorias por las que la entidad demandada fue sancionada no fueron susceptibles de generar daño alguno, cuando, como ya se expuso al analizar la existencia del daño e infracción en el Fundamento anterior, tanto la CNMC como el TS confirmaron que alguna de esas conductas causó daños por su influencia en la fijación de los precios finales de venta de automóviles. En base a lo expuesto, no se pueden acoger las conclusiones a las que se llegaba en el citado informe pericial, pues en lugar de intentar explicar por qué el daño ocasionado sería cuantitativamente inferior al denunciado por la demandante, centraba su análisis en negar su existencia, en contra de los pronunciamientos ya expuestos, y sin aportar ningún hecho nuevo o relevante que pudiese justificarlo.

Como señaló la SAP de Valencia de 16 de diciembre de 2019, aplicable al caso por tratar una cuestión similar, como era la valoración o cuantificación del daño en relación con el llamado cartel de camiones, esta postura no se compadecía con su mejor posición en que se hallaba el demandado en relación con las fuentes de prueba. Con invocación de la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera -cfr. STS de 21 de octubre de 2014-, la anterior resolución concluyó que la postura defensiva de la parte demandada contravenía la doctrina ex re ipsa, en cuya virtud se activaba una presunción de daño, cuando éste ha de deducirse "necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas".

Partiendo de todo lo expuesto, en cuanto a la valoración de la pericial de la parte demandada, pudo concluirse que la misma no se ajustaba a la realidad, puesto que se basó en una negación general de la pericial de la actora, y de la existencia de sobrecoste, efectuando, a su vez, una cuantificación que partía de la premisa de inexistencia de daño, señalando el mismo como insignificante, incurriendo en defectos que ya fueron señalados con anterioridad al realizar su análisis. De modo que habrá de concluirse que, si bien, el informe pericial de la parte actora puede ser criticable en base a que tampoco se pudo concluir que el informe contemplase realmente la recreación de un escenario hipotético que, de forma razonable, dibujase la anatomía de un mercado sin infracción, basándose en ciertos datos estadísticos y de estudios científicos, pero sin llegar a representar el escenario hipotético de un mercado español de vehículos sin cártel, sin embargo, teniendo en cuenta la valoración conjunta de la prueba practicada, habrá de reconocerse la validez de la pericial de la actora en el difícil camino de fijar un perjuicio, realizando un esfuerzo probatorio suficiente, con independencia del método utilizado y elegido para elaborar su informe, y sin perjuicio de que, atendiendo a los criterios que se han venido fijando jurisprudencialmente, y a lo señalado al realizar una valoración crítica del mismo, proceda una disminución del porcentaje señalado en la citada pericial.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013 rechazó, como criterio de cuantificación, las decisiones "salomónicas", exigiendo al órgano de instancia justificar su decisión.

Pues bien, a la hora de analizar el supuesto, se ha tomado en consideración las siguientes circunstancias: a) La naturaleza del cártel; b) las características del mercado de automóviles (altamente cíclica); c) la heterogeneidad del producto final con la enorme posibilidad de variantes que inciden en el precio de venta de cada vehículo; d) la dificultad probatoria (tanto en lo que concierne a la información disponible como a la elección y desarrollo de un método adecuado de cuantificación) y el desequilibrio en la posición de las partes para rechazar el argumento de daño cero a que se refirió la parte demandada, cuando negaba cualquier sobreprecio, daño o incidencia de la conducta infractora en el comportamiento del mercado, o la eventual incidencia de crisis económica y la ausencia de datos para valorar sus efectos en el amplio periodo de cartelización.

A ello hay que añadir que en el informe Oxera se indica que en el 93% de los cárteles considerados existe sobreprecio, apuntando a una variación positiva hasta el 10%; la naturaleza de la infracción y su duración; y que el criterio de la estimación judicial del daño opera ante la insuficiencia de prueba por parte de la actora, lo que justifica la concesión del mínimo de la horquilla calificada como sobreprecio.

En virtud de los parámetros y porcentajes señalados, y teniendo en cuenta las dificultades que presenta la cuantificación de los daños en supuestos como el aquí analizado, en el que, como dificultad añadida, se ha apreciado la inaptitud de los dos dictámenes periciales aportados a los fines pretendidos, por el presente juzgado se venía aplicando el porcentaje del 10% sobre el precio de adquisición (precio acreditado mediante la documentación acompañada a autos) a la hora de calcular el sobreprecio, sin embargo, a partir de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense de fecha 8 de enero de 2025, y posteriores, se opta por cambiar el porcentaje aplicado por este juzgado, sustituyéndolo por el señalado por la Audiencia Provincial de Ourense (5%), a efectos de evitar mayor litigiosidad y recursos de apelación innecesarios, así como para unificar el mismo criterio para todos los afectados, con independencia de que su resolución pueda ser recurrible o no.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la indemnización se fija en los siguientes importes: 716,81 euros a D. Cecilio, 670 euros a D. Justo, 845,39 a D. Sergio, y 506,19 euros a PROFESSIONAL SEC SC, pues al tratarse de un vehículo adquirido por una persona jurídica, no puede incluirse el importe correspondiente al IVA, al ser el mismo deducible para la entidad adquirente, que supone el 5% del precio de compra real. Se tiene en cuenta lo abonado en concepto de impuestos aplicables al precio, puesto que, al fijarse los mismos en un porcentaje, el sobrecoste ha determinado también el pago de una cantidad superior por ese concepto, salvo para la entidad comandante por los motivos expuestos.

En virtud de todo lo expuesto a lo largo de la presente resolución, se estima la demanda interpuesta por D. Cecilio, D. Justo, y D. Sergio, al haberse solicitado en la demanda el abono del 5% del importe de adquisición objeto de autos.

A su vez, se estima parcialmente la demandainterpuesta por la entidad PROFESSIONAL SEC SC,condenando a la entidad demandada al abono del importe de 506,19euros.

SÉPTIMO.- Intereses.

El artículo 1.108 del Código Civil dispone que si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daño y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y falta de convenio, en el interés legal.

Los intereses integrarán el daño susceptible de indemnización, tal como se señala en la jurisprudencia del principio de indemnidad del lesionado por una práctica anticompetitiva, así en la STS, 1ª, 8 de junio de 2012, "Azúcar I", FJ 18, se señaló que "En definitiva, el pago de los intereses legales no ha sido impuesto a la recurrente por el Tribunal de apelación por el hecho de haber incurrido en mora, sino por haber sido calificada su deuda indemnizatoria como de valor, en el sentido de directamente relacionada con el poder adquisitivo de la moneda. Los intereses constituyen uno de los medios de corregir los rigores nominalistas y de acercarse a la íntegra reparación del daño con la satisfacción determinada por la idea de una real equivalencia. Dicho criterio no es ajeno a la jurisprudencia - sentencias 601/1992, de 15 de junio, 1068/1998, de 21 de noviembre, 655/2007, de 14 de junio, entre otras -, que se ha servido de él para atender a las fluctuaciones del valor adquisitivo del dinero, incluso las producidas durante la tramitación del proceso".

La Sentencia del TJUE de 13 de julio de 2006, afirmó que los perjudicados no sólo debían poder solicitar la reparación del daño emergente, sino también del lucro cesante, así como el pago de intereses.

Respecto a su devengo y el momento a partir del cual se generan, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2012 (ROJ: STS 5462/2012-ECLI:ES:TS:2012:5462) afirmó que "... el pago de los intereses legales no ha sido impuesto a la recurrente por el Tribunal de apelación por el hecho de haber incurrido en mora, sino por haber sido calificada su deuda indemnizatoria como de valor, en el sentido de directamente relacionada con el poder adquisitivo de la moneda. Los intereses constituyen uno de los medios de corregir los rigores nominalistas y de acercarse a la íntegra reparación del daño con la satisfacción determinada por la idea de una real equivalencia. Dicho criterio no es ajeno a la jurisprudencia, sentencias 601/1992, de 15 de junio, 1068/1998, de 21 de noviembre, 655/2007, de 14 de junio, entre otras, que se ha servido de él para atender a las fluctuaciones del valor adquisitivo del dinero, incluso las producidas durante la tramitación del proceso".

Por todo lo expuesto, procede la condena al abono de dichos intereses desde la compra de los vehículos objeto de autos.

OCTAVO.- Costas.

Estimándose la demanda interpuesta por D. Cecilio, D. Justo, y D. Sergio, las costas se imponen a la entidad demanda, STELLANTIS ESPAÑA, S.A., sin que quepa apreciar mala fe ni temeridad en la actuación de la parte demandada.

Estimándose parcialmente la demanda interpuesta por la entidad PROFESSIONAL SEC SC,ha de señalarse que la regla del art. 394.2 de la LEC no resulta de aplicación en un supuesto como el presente, a la vista de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en su Sentencia nº 91/2023, considerando contrario a la tutela judicial efectiva una distribución de costas procesales entre un consumidor y un banco cuando ello podría producir un efecto disuasorio contrario al perseguido por la legislación sobre derechos de consumidores y cláusulas abusivas pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino a los consumidores de promover litigios por cantidades moderadas, doctrina totalmente aplicable al caso, al encontrarnos en un procedimiento en donde las partes son el consumidor demandante que ha sufrido un daño (parte débil del proceso), y el infractor demandado (la parte fuerte) que es condenado a pagar menos de lo que inicialmente se le reclamaba, teniendo en cuenta que el perjudicado es un consumidor.

De esta forma, y en relación con el principio de efectividad en el pago de las costas del proceso, cuando la regla general pueda implicar que el consumidor asuma al menos una parte de ese pago, hay pronunciamientos del TJUE como su Sentencia de 16 de julio de 2020, asunto C-224/19, en la que se consideró que se oponían a un régimen que permitía que el consumidor cargase con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le eran restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen creaba un obstáculo significativo que podía disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales.

En los procedimientos como el presente, donde debido a su complejidad el consumidor se ve en la necesidad de reclamar el daño a través de un procedimiento judicial donde resulta, sino imprescindible, necesario, acudir a un letrado y a un informe pericial para acreditar la cuantía objeto de reclamación, para conseguir que se aplique la estimación judicial del daño, pues para ello se exige haber intentado la prueba pericial en donde se observe que se ha realizado un esfuerzo probatorio para determinar el daño, se generan unos gastos cuantiosos en relación con la indemnización que puede aspirar a obtener que, en caso de no obtener una Sentencia íntegramente estimatoria de su pretensión, pueden dar lugar a que, aun logrando que se le reconozca como perjudicado y que se condene a la entidad demandada, el resultado del litigio no le resulte económicamente satisfactorio, produciendo un efecto disuasorio contrario al perseguido por la Directiva 2014/104 y su legislación de trasposición al ordenamiento interno español.

En virtud de todo lo expuesto, estimándose parcialmente la demanda, las costas se imponen a la entidad demanda STELLANTIS ESPAÑA, S.A., sin que quepa apreciar mala fe ni temeridad en su actuación.