Sentencia Civil 260/2025 Juzgado de Primera Instancia de Ourense nº 7, Rec. 1005/2021 de 13 de junio del 2025

PRIMERO. -Interpone demanda la parte actora en ejercicio de acción de reclamación de cantidad, a consecuencia del impago de las cuotas de la comunidad por parte de la demandada que ascienden a un total de 2.669 euros, más la cantidad de 22,65 euros en conceto de gastos e reclamación extrajudicial, más los intereses legales.

La parte demandada se encuentra en situación procesal de rebeldía.

SEGUNDO. -Se hace preciso recordar que la declaración de rebeldía de la parte demandada no exime a la parte actora de la acreditación de los hechos sobre los que se sustenta su pretensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 496 de la LEC.

Tal y como determina la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Málaga, en sentencia 154/2022 de 11 Mar. 2022, rec. 892/2021 a fin de establecer la eficacia probatoria del certificado de deuda emitido por el secretario-administrador de la comunidad, en conjunción con el acta de junta ordinaria de propietarios, cuando son documentos aportados con la demanda y que constituyen el único elemento probatorio que justifica la reclamación dineraria actora, que "el certificado de deuda emitido por el secretario administrador de la comunidad no es un documento que, por sí mismo, justifique la prueba de la existencia de la deuda que en él se refleja, como una suerte de prueba tasada, sino que es un documento que ha de ser valorado, con arreglo al principio de la libre valoración de la prueba por el Tribunal, en concurrencia con los demás medios de prueba (...) siendo el medio probatorio natural más idóneo para cumplir tal finalidad el acuerdo de la junta de propietarios aprobatorio de la deuda posteriormente documentada en el certificado del administrador de la comunidad".

A todo ello se debe unir la circunstancia de rebeldía del codemandado Sr. Cornelio, que, de acuerdo al artículo 496.2 de la LEC , no puede ser considerada ni como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, lo que ha sido interpretado por la doctrina jurisprudencial como que la rebeldía no significa oposición, sino, simplemente, una actitud pasiva que no implica aceptación ni tampoco oposición, con lo que subsiste en la actora el onus probandi, no quedando eximida ésta de realizar actividad probatoria para acreditar los hechos en que funda su petición de acuerdo al principio de la carga de la prueba del art. 217 LEC . Pero lo que sí le aprovecha en esa carga probatoria es la actitud pasiva del demandado rebelde ante la falta de impugnación de su actividad probatoria, de tal forma que si la prueba que despliega contiene datos que confirman la petición del demandante, no es dable exigirle a éste un plus probatorio mayor.

En acreditación de los hechos sobre los que sustenta su pretensión la actora ha acompañado a la demanda acta de la Junta General Ordinaria de 15 de noviembre de 2017 en la que se aprueba la liquidación de la deuda de la parte demandada, que en ese instante ascendía a la suma de 1.469 euros.

Si bien se interpuso demanda en reclamación de dicha suma turnada al Juzgado de Primera Instancia nº1 de Ourense, se dictó decreto al amparo de lo determinado en el artículo 237 de la LEC de caducidad de la instancia, lo que no impide que se vuelva a reclamar al equivaler a un desistimiento, ex artículo 240 del mismo cuerpo legal.

Se acompaña, además, certificación emitida por el administrador de la comunidad, firmada por el presidente.

También se ha incorporado al sistema de gestión procesal copia del acta de la Junta General Extraordinaria de 26 de marzo de 2019 en el que se liquida la deuda de la demandada que, hasta ese momento alcanzaba los 2.669 euros, así como la de las respectivas Juntas en las que se observa la aprobación de las cuotas comunitarias de 15 euros al mes para los ejercicios de mayo en delante de 201, hasta octubre de 2015, de 20 euros desde noviembre de 2015 hasta junio de 2016, 60 euros hasta septiembre de 2018 y, finalmente,100 euros desde octubre de 2018 en adelante.

Por lo tanto, la parte demandante ha cumplido con la carga de la prueba que le incumbe sin que de contrario se haya adverado su pago.

También de las cantidades satisfechas en concepto de gatos de reclamación extrajudicial, a través de certificación emitida por correos, por importe de 22,65 euros, lo que conlleva a la íntegra estimación de la demanda, con correlativa condena a la demandada a abonar la suma de 2.691,65 euros.

TERCERO. -La cantidad objeto de condena devengará los intereses legales, de conformidad con los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil desde la fecha de la interpelación judicial.

CUARTO. -Dispone el artículo 394 de la LEC, que, en los procesos declarativos, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,