Sentencia Civil 16/2026 Juzgado de Primera Instancia de Ourense nº 7, Rec. 779/2025 de 23 de enero del 2026

PRIMERO. -En el presente se ejercita por la actora acción fundada en la existencia de responsabilidad extracontractual derivada de los daños personales sufridos por la menor de edad Sandra el día 25 de julio de 2024 cuando se encontraba como invitada a una comunión en el que se había organizado, junto al banquete de celebración, una actividad lúdica contratada a DIRECCION000, consistente en la colocación de hinchables en el exterior del recinto, en los que la menor sufrió una caída ocasionándole lesiones para las que invirtió un total de 27 días de curación, de los que dos fueron de perjuicio personal particular muy grave y el resto moderados por los que reclama la suma de 1.794,35 euros, más intereses legales.

En el instante de ocurrencia del hecho la actividad se encontraba asegurada en OCCIDENTGCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS

La parte contra la que se dirige el proceso se opone y manifiesta que se cumplió toda la normativa atinente, tanto al personal, como a los elementos lúdicos, habiéndose producido la caída de forma fortuita.

SEGUNDO. -Funda su acción la parte actora en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, sobre responsabilidad extracontractual, así como en los artículos 1101 y ss del mismo cuerpo legal.

Dispone el artículo 1902 del Código Civil que, el que por acción u omisión cause un daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 185/2016 de 18 Mar. 2016, rec.424/201, establece que, "a la luz de los datos normativos y la muy nutrida doctrina jurisprudencial que, durante la última década, ha establecido esta Sala sobre las expresadas cuestiones [entre muchas, SSTS 462/2006, de 10 de mayo (Rec. 3104/1999 ), 645/2007, de 30 de mayo (Rec. 80/2000 ), 1070/2007, de 16 de octubre (Rec. 3816/2000 ), 788/2008, de 24 de julio (Rec. 1813/2001 ), 791/2008, de 28 de julio (Rec. 3409/2001 ), 1200/2008, de 16 de diciembre (Rec. 1683/2000 ), 149/2010, de 25 de marzo (Rec. 1018/2006 ), 385/2011, de 31 de mayo (Rec. 2037/2007 ), 979/2011, de 27 de diciembre (Rec. 1736/2008 ), 816/2011, de 6 de febrero de 2012 (Rec. 977/2008 ), 566/2015, de 23 de octubre (Rec. 2213/2013 ), y 639/2015, de 3 de diciembre (Rec. 558/2014 )], las tesis esenciales al respecto pueden enunciarse como sigue:

1. La creación de un riesgo, del que el resultado dañoso sea realización, no es elemento suficiente para imponer responsabilidad (objetiva o por riesgo), ni siquiera cuando la actividad generadora del riesgo sea fuente de lucro o beneficio para quien la desempeña. Se requiere, además, la concurrencia del elemento de la culpa (responsabilidad subjetiva), que sigue siendo básico en nuestro Derecho positivo a tenor de lo preceptuado en el artículo 1902 CC, el cual no admite otras excepciones que aquellas que se hallen previstas en la Ley. El mero hecho de que se haya producido el resultado dañoso, realización del riesgo creado, no puede considerarse prueba de culpa -demostración de que «faltaba algo por prevenir»-, puesto que ello equivaldría a establecer una responsabilidad objetiva o por el resultado, que no tiene encaje en el artículo 1902 CC.

2. La apreciación de la culpa es una valoración jurídica resultante de una comparación entre el comportamiento causante del daño y el requerido por el ordenamiento. Constituye culpa un comportamiento que no es conforme a los cánones o estándares de pericia y diligencia exigibles según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. El mero cumplimiento de las normas reglamentarias de cuidado no excluye, por sí solo, el denominado «reproche culpabilístico».

3. El riesgo no es un concepto unitario, sino graduable, que puede presentarse con diversa entidad; y ello tiene relevancia para la ponderación del nivel de diligencia requerido. No cabe considerar exigible una pericia extrema y una diligencia exquisita, cuando sea normal el riesgo creado por la conducta causante del daño. La creación de un riesgo superior al normal -el desempeño de una actividad peligrosa- reclama, empero, una elevación proporcionada de los estándares de pericia y diligencia. La falta de adopción o «agotamiento» de las más exigentes medidas de cuidado en su caso requeridas justifica atribuir responsabilidad (por culpa o subjetiva) por los resultados dañosos que sean realización del mayor riesgo así creado: que sean objetivamente imputables a esa culpa en el desempeño de la actividad peligrosa.

4. El carácter anormalmente peligroso de la actividad causante del daño -el que la misma genere un riesgo extraordinario de causar daño a otro- puede justificar la imposición, a quien la desempeña, de la carga de probar su falta de culpa. Para las actividades que no queda calificar de anormalmente peligrosas, regirán las normas generales del artículo 217 LEC. Del tenor del artículo 1902 CC, en relación con el artículo 217.2 LEC , se desprende que corresponde al dañado demandante la carga de la prueba de la culpa del causante del daño demandado. No será así, cuando «una disposición legal expresa» ( art. 217.6 LEC) imponga al demandado la carga de probar que hizo cuanto le era exigible para prevenir el daño; o cuando tal inversión de la carga de la prueba venga reclamada por los principios de «disponibilidad y facilidad probatoria» a los que se refiere el artículo 217.7 LEC.

5. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 386 LEC , el tribunal podrá imputar a culpa del demandado el resultado dañoso acaecido, cuando, por las especiales características de éste y conforme a una máxima de la experiencia, pertenezca a una categoría de resultados que típicamente se produzcan (sean realización de un riesgo creado) por impericia o negligencia, y no proporcione el demandado al tribunal una explicación causal de ese resultado dañoso que, como excepción a aquella máxima, excluya la culpa por su parte".

Por otro lado, tal resolución parte de la base, en atención al apartado sexto del artículo 217 de la LEC, de la existencia de una disposición legal expresa que establece unos criterios de distribución específicos sobre la carga de la prueba, y de este modo cita el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, conforme al cual:

«Los prestadores de servicios serán responsables de los daños y perjuicios causados a los consumidores o usuarios, salvo que prueben que han cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del servicio».

Y señala que "el citado artículo 147 LGDCU ha de aplicarse con cautela, a falta de doctrina jurisprudencial establecida al respecto, dada la inconcreción con la que está descrito su supuesto de hecho: que lo aproxima al carácter de un principio general, modulable en atención a la naturaleza del servicio de que se trate; al modo empresarial, o no, de su prestación; y al rol que en ésta desempeñe un usuario típico. Y deberá ponderarse si el evento dañoso acaecido evidencia, o no, un defecto -un déficit de la seguridad que legítimamente cabía esperar- del servicio prestado; y tener presente «la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio»: así lo prescribe el apartado 7 del artículo 217 LEC, también para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del mismo artículo.

7º) El artículo 11 LGDCU , tras disponer que «los bienes y servicios puestos en el mercado deben ser seguros», establece que «se consideran seguros los bienes o servicios que, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duración, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas, o únicamente los riesgos mínimos compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un elevado nivel de protección de la salud y seguridad de las personas».

TERCERO. -Del examen conjunto de la práctica de la prueba cabe concluir, en atención a la jurisprudencia examinada y la acción ejercitada, la responsabilidad de la mercantil encargada de la organización del ocio en la comunión a la que la menor lesionada asistió como invitada y por derivación, su entidad aseguradora.

De su resultado y a instancia de la propia declaración prestada por uno de los dos monitores presentes el día de los hechos, Don Jenaro, se puede concluir la responsabilidad de la entidad en su producción.

Este último declaró en el plenario que era el encargado de controlar todo lo relacionado con los hinchables instalados y la merienda que debían proporcionar a los menores que ese día acudieron a celebrar la comunión.

En particular debía revisar que no accedieran a los hinchables con algún objeto que pudiera malograrlos, así como que una vez se encontraran en su interior, no se hicieran daño. Debía, además, junto con su compañera, que realizaba los servicios de animación, preparar y organizar lo concerniente a la merienda contratada.

Manifestó no disponer de una lista con la identificación de los menores, pero sí del número de los asistentes, así como que la caída se produjo en el instante en el que se estaba proporcionando la merienda a los niños para lo que fueron colocados en mesas ubicadas en el interior del local y separadas del resto de adultos que acudieron al evento.

Señaló que la merienda se comenzó a dar una vez así lo ordenaron los padres que allí se encontraban y se encargaron de que los menores acudieran al interior de las instalaciones.

De este modo el control llevado a cabo fue deficitario y se incurrió en una omisión de las funciones, que según el propio monitor relató en la vista, su compañera y él tenían encomendadas, de un lado si debía proceder a comprobar que los niños no accedieran dentro de los hinchables con algún objeto, así como que no sufrían ningún daño, esta acción no se llevó a término con al menor accidentada, lo que, además, estuvo bajo su control, dado que se produjo en el momento en el que los niños se encontraban en el interior merendando, habiendo declarado que si bien no conocían la identificación de los asistentes, sí dispongan de una lista del número de invitados por lo que se colocaron un número correlativo de sillas, de forma tal que hubiera sido fácilmente constatable.

La declaración vertida en el acto del juicio relativa a que cuando se percató de la caída la menor se encontraba en compañía de un adulto que estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, además de absolutamente novedosa, entra en amplia contradicción con la versión esgrimida de que no vio la caída dado que se encontraba en el interior del local y una vez salió ya había más personas que se había percatado del hecho, con lo que difícilmente pudo observar que solo estaban presentes los anteriores.

A mayor abundamiento, y si bien se desconoce el número exacto de asistentes, tratándose de una comunión seguramente existiera una insuficiencia de personal facilitado por la mercantil codemandada para el evento, así como la lista de los concretos asistentes debidamente identificados, en aras de un mayor control, lo que, según relató el testigo, no fue facilitado.

Y a estas consideraciones no empece que los hinchables se encontraran en perfecto estado, estuvieran homologados y hubieran pasado las correspondientes inspecciones técnicas, por cuanto la responsabilidad no deriva de estos últimos, que, por otra parte, no se ha cuestionado en la demanda.

Todo ello conduce a la declaración de responsabilidad extracontractual de la mercantil y de su aseguradora, que debe por ende pesar con la obligación solidaria de indemnizar a la parte demandada en la suma de 1.794,35 euros, como indemnización por las lesiones sufridas por la menor.

CUARTO. -De conformidad con lo estipulado en el artículo 20 de la LEY de contrato de seguro CATALANA OCCIDENTE deberá satisfacer los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de seguro, desde la fecha del siniestro el 25 de julio de 2024, que son apreciables de oficio, en tanto y a la vista de lo determinado en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, la otra codemandada deberá asumir el pago de los intereses legales desde la reclamación extrajudicial.

QUINTO. -Dispone el artículo 394.1 de la LEC que, en los procesos declarativos las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación